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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Una más del Parlamento

La sociedad paraguaya se aggiorna rápidamente en materia de democracia. Las redes sociales empujan formidablemente a ello. De todos los estratos sociales, la gente es más consciente, si ahora mismo se está llamando a la formación de un grupo que buscará la condena de quienes arrojan basuras desde sus vehículos a la vía pública. Un mal endémico asociado a generaciones y generaciones de paraguayos jóvenes y viejos, que tiran la “latita” o la botellita de plástico, por la ventanilla como si tal cosa, sin importarles un corno, la mala imagen que dejan de la civilidad y del país sucio y maleducado.

Pero en fin. Las cosas mejoran.

Donde no mejoran nada y donde aparentemente va a ser difícil lograr que esta gente se ponga a tono con los tiempos que corren es en el Parlamento: A lo largo de los años de este nuevo periodo, una veintena de sus miembros, cometió todo tipo de trapisondas, hablamos de delitos graves, serios, que constituyen una burla a la ciudadanía y que parece que no tendrán fin, hasta que se vayan de una buena vez estos “legisladores” y llegue una nueva camada, quiera Dios, más consciente de los cambios que se están produciendo en el mundo y que requieren de autoridades más solidarias y comprensivas de los problemas sociales del país.

El mal Parlamento ocasiona múltiples daños a la democracia y al intento de arreglar el país. Ahora surgió una denuncia, nuevita, formulada por el titular del Consejo de la Magistratura, Enrique Riera. De acuerdo a lo que dijo, los intentos de mejorar la Justicia, seguirán cayendo en saco roto, debido a la ley que sacaron el año pasado, donde obligan al Consejo a incluir en las ternas a los fiscales y magistrados que están ejerciendo en el cargo por el que concursan. Es decir, se deja de lado el exigente sistema de puntajes puesto en vigencia, trabajosamente, por el mencionado estamento, para dar luz verde a quienes figuran muy atrás en la lista de calificaciones.

La prensa recogió ejemplos de casos concretos mencionados por Riera.

“Días atrás, el órgano elaborador de ternas para cargos judiciales informó que dos magistrados en busca de su confirmación integraron sus respectivas ternas, a pesar de no reunir los méritos.

Se trata de Javier Aurelio Ferreira Garcete, juez de Paz de San Lázaro, quien tiene una denuncia de la misma Corte Suprema de Justicia por haber otorgado un permiso a un menor sin la autorización de los padres.

El otro magistrado que, según el Consejo, integró la terna exclusivamente mediante la citada ley es Cenen Luis Casco Oviedo, miembro del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Guairá y Caazapá.

El juez fue denunciado por prevaricato por el diputado Eusebio Alvarenga Martínez, debido a que el magistrado declaró nula la proclamación de su candidatura”.

Las autoridades del Consejo adelantaron finalmente que se vendrán más casos y que ellos tendrán que ponerlos en las ternas, lo informarán, pero no tienen otra cosa que hacer, mientras la ley esté vigente.

¿Qué hicieron los parlamentarios?  Violentar todo. Entrar por la ventana. Estropear el trabajo de otra gente que quiere hacer bien las cosas. Y ensuciar nada menos que una tarea que busca poner las cosas en su lugar…¡¡¡en la Justicia¡¡¡

Que terrible. Lo peor es que posiblemente no tengan redención. Y habrá que soportarlos aun un buen par de años más.

 

http://www.adndigital.com.py/index.php/impreso/editorial-impreso/15216-una-mas-del-parlamento

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

5 comentarios en “Una más del Parlamento

  1. Volvieron los “parásitos” para aportar… ¡Nada!

    Después de 70 días de injustificables vacaciones, los diputados y senadores se reunieron ayer… ¡para nada! El primer día de “trabajo” lo destinaron a abordar temas intrascendentes y a postergar los importantes. Los primeros chutaron para más adelante cuestiones como Fonacide, el desbloqueo de las listas sábanas y un proyecto que busca prevenir ilícitos en ámbitos del deporte. Los segundos aprobaron algunas desafectaciones de propiedades municipales, para luego dar por terminada la sesión por falta de quórum. A estos sujetos pareciera que “no les entra bala”. Les importa tres pepinos la crítica ciudadana y de la prensa a la gestión que realizan, absolutamente mediocre, por decir lo menos.Actúan como autómatas, es decir, como muñecos que están ahí para completar el paisaje del Congreso, sin embargo están siempre listos para extender la mano, con la palma hacia arriba, a la espera de recibir algún “incentivo”. La casta de privilegiados reanudó así sus funciones, confirmando lo que son: vulgares parásitos del Estado.

    La mayoría de los parlamentarios, entre los cuales muy pocos son los que desarrollan proyectos legislativos, tienen otras prioridades, que no son precisamente los problemas relativos a la salud, la educación o la pobreza. Tampoco a los que enfrenta la Ande y, en general, a los que tienen que ver con los intereses nacionales. No. A ellos nada de esto les interesa, salvo para incluirlos en sus discursos de campaña, para cazar los votos de los incautos. Lo que en verdad les mueve, lo que tienen entre ceja y ceja, son las próximas elecciones, tanto internas, como generales, aunque para estas faltan más de dos años.

    Dijimos antes y lo repetimos ahora. El Congreso Nacional es uno de los pilares fundamentales de todo sistema democrático. En teoría está compuesto por los representantes del pueblo, pero solo en teoría. En la práctica demuestran a cada instante todo lo contrario y que su “life motive” es asegurarse que en el futuro seguirán en sus puestos para continuar cosechando beneficios particulares. Una vergüenza, que plantea una auténtica paradoja: Hay que defender al Parlamento. ¿De quiénes? De los parlamentarios, que por acción u omisión minan las bases de la institución, que debiera ser el eco de resonancia por excelencia de todo cuanto interesa a la sociedad en su conjunto

    La primera sesión de ambas cámaras del año fue, pues, una pérdida de tiempo. ¿Cómo serán las que siguen? Por fuerza de obligación tendrán que expedirse en algún momento sobre temas como el juicio político a los ministros de la Corte o el proyecto de ley de desbloqueo de las listas sábanas, al menos si no quieren ser sometidos nuevamente al escrache ciudadano. Pero eso no basta en lo más mínimo y, a decir verdad, nada hace suponer que mejorarán su “rendimiento” con el correr de los meses. ¿Por qué lo harían, si son los mismos personajes que dieron sobradas muestras que “están en otra”?.

    Volvió la “casta privilegiada” del largo “descanso” de más de dos meses. Y lo hizo con los mismos vicios de siempre, con la displicencia a la que nos tienen acostumbrados, de espaldas a la realidad y a las necesidades del pueblo.

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    Publicado por Anónimo | 5 marzo, 2016, 9:53 am
  2. Es hora de que el Parlamento pague sus cuentas pendientes

    Con numerosas deudas pendientes con la ciudadanía y con la democracia, el Parlamento inicia un nuevo periodo de sesiones. Las más urgentes atañen al juicio político a algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia y a la atención al problema de la corrupción en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). El Congreso no puede seguir desentendiéndose del despilfarro de dinero en esa institución a costa de mantener en ella a sus operadores políticos. Este año tiene que acabar la vergonzosa complicidad entre los legisladores y los ministros que, por acción directa u omisión, han permitido el abuso de poder en el organismo electoral.
    La democracia se funda en los tres poderes del Estado que constituyen el Gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Del correcto funcionamiento de los tres, con interdependencia pero al mismo tiempo con autonomía, depende el proceso de construcción del bienestar de los habitantes de un país.

    Si hoy el Paraguay continúa con tantos frentes de demanda pendientes de respuestas satisfactorias es porque esos poderes no han cumplido a cabalidad el rol que les asigna la Constitución y han defraudado a los ciudadanos que hace rato esperan de ellos un compromiso efectivo y eficaz a favor de los intereses colectivos más urgentes y apremiantes.

    El Congreso, con 80 diputados y 45 senadores a los que los contribuyentes remuneran mensualmente con más de 30 millones de guaraníes, siendo que el salario mínimo de un trabajador es de apenas de 1.800.000 guaraníes, es uno de los poderes del Estado con más cuentas impagas con sus mandantes.

    Dilatando plazos mientras buscan que sus intereses sean priorizados, enfrascándose en discusiones que en nada benefician al bien común, llevando a las salas de sesiones sus internismos inter e intrapartidarios, sin que muchos produzcan proyectos de ley, viajando por el mundo con dinero del pueblo a eventos irrelevantes para el Paraguay, traficando influencias, moviendo los hilos del planillerismo, interviniendo en el Presupuesto para colocar a sus operadores políticos en instituciones públicas y cometiendo otros múltiples abusos, la gestión de los legisladores sigue retrasando al país.

    Con la renovación de la Corte, el Parlamento ha tenido una actitud especulativa que se tradujo en sucesivas postergaciones del juicio político a algunos de los miembros de la máxima instancia judicial. Consecuentemente, la esperada limpieza en su seno sigue alargándose.

    Similar conducta mantiene con respecto a los miembros del TSJE. Las irrebatibles evidencias de apañamiento de la corrupción en contra del ministro Alberto Ramírez Zambonini no han tenido el eco que la ciudadanía aguarda hace tiempo. Queda también pendiente de análisis la actitud de los demás ministros que no pueden alegar desconocimiento con respecto a los manejos turbios y discrecionales de su par.

    La no designación hasta hoy de un nuevo defensor del Pueblo se suma a la lista de irresponsabilidades parlamentarias. El muy cuestionado defensor actual ha sobrepasado largamente el periodo para el que fue designado y a esta altura está solo para mostrar a propios y extraños cuán poco aprecian los legisladores a los habitantes del país que merecen tener alguien que proteja sus intereses.

    Las grandes deudas con la ciudadanía del Parlamento esconden numerosas respuestas postergadas o ignoradas. Es hora ya de que los senadores cambien de actitud y asuman posturas claras a favor de los que han votado por ellos para que trabajen a favor del avance del país. Deben pensar que si bien el pueblo paraguayo es paciente, puede que pronto se le acabe la tolerancia con los legisladores que tan reiteradamente traicionan su voluntad.

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    Publicado por Anónimo | 4 marzo, 2016, 5:23 am
  3. Juicio político vs. reelección

    Por Miguel H. López

    Comenzó el periodo parlamentario y un tema se instala como orden prioritario en el Senado: el juicio político a tres ministros de la Corte Suprema de Justicia (Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo). El tema está pendiente desde hace más de un año y tiene como fundamento razones de mal desempeño, corrupción supuesta, tráfico de influencia presunto, etc., etc. Después de que a nadie en apariencia importara demasiado el asunto –porque en teoría no había los 30 votos necesarios que pide la Constitución Nacional–, el interés repentino tiene como telón de fondo algo que se enarbola con fuerza desde el Poder Ejecutivo y que se llama reelección presidencial.

    No significa esto que lo hayan aplazado hasta ahora para retomarlo en esta coyuntura (aunque pareciera que sí), pero hete aquí que el momento es más que propicio para empezar a especular, medrar, transar o negociar cuotas, poder, no destituciones, no juicio político, etcétera.

    Desde el Ejecutivo, que encabeza el presidente Horacio Cartes, pronto dijeron que no se meten en este debate porque “él respeta los Poderes y sus funciones”. También alegaron que la reelección “no forma parte de la agenda presidencial, por ahora”. Más allá de las declaraciones oficiales, los conciliábulos y reuniones políticas con o sin presencia de Cartes van en esa dirección.

    En este contexto, también hay que considerar el debate en torno al reciente nombramiento en Itaipú del hijo de la actual presidenta de la Corte Suprema, Alicia Pucheta de Correa.

    Todo esto, luego de que algunos políticos y leguleyos de ocasión aceitaran la idea de que en última instancia la Corte deberá opinar. Y si la Corte deberá opinar, los ministros que la integran deberán ser quienes emitan esa opinión… Y Blanco, Bajac y Garay Zuccolillo son sapos de ese pozo.

    El juicio político a los miembros de la máxima instancia judicial es impulsado institucionalmente por la Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado que Cartes rentó para ser presidente de la República.

    El ministro de la Justicia Electoral, Alberto Ramírez Zambonini, también está en esa lista, pero extrañamente en este momento no es prioridad, porque él no opinará sobre un caso eventual de discusión sobre la reelección, o por lo menos lo que diga no será vinculante.

    Así estamos. Nada es casual ni gratuito. Como suele ocurrir, principalmente en el mundo político, todo es de toma y daca, o como dirían los ingleses tit for tat.

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    Publicado por Anónimo | 3 marzo, 2016, 8:23 am
  4. La Corte debe evitar que jueces denunciados sean confirmados

    Una trampa legal contenida en la Ley N° 5336/15 obliga a los miembros del Consejo de la Magistratura a incluir en las ternas a los jueces, fiscales o defensores públicos que pretendan su confirmación en el cargo, a pesar de que los mismos no reúnan los méritos para seguir ocupando dichas funciones, al haber sido denunciados por delitos o irregularidades. La Corte Suprema de Justicia es la que finalmente decide cuál de los candidatos propuestos quedará en función y puede evitar que los cuestionados sean nombrados nuevamente, siempre que estos sean debidamente identificados, pero la solución de fondo es resolver cuanto antes una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley, que está pendiente en la Sala Constitucional de la Corte.
    Un juez del Guairá y Caazapá, Cenen Luis Casco Oviedo, denunciado por prevaricato, y otro juez de San Lázaro, Concepción, Javier Aurelio Ferreira Garcete, acusado de haber otorgado un permiso de menor sin autorización de los padres, son los dos primeros que han sido incluidos en las ternas para ser confirmados en sus cargos, a pesar de que los propios integrantes del Consejo de la Magistratura reconocen y asumen que los mismos no reúnen los requisitos indispensables para continuar en sus funciones.

    La Ley N° 5336/15 obliga a los miembros de dicho Consejo a incluir en las ternas los nombres de los magistrados, fiscales o defensores públicos denunciados o cuestionados, que buscan hacer rekutu.

    Dicha ley modifica a la Ley N° 1634/00, “Que establece el procedimiento para la confirmación de los magistrados del Poder Judicial”, y sostiene en su artículo 4°: “El Consejo de la Magistratura deberá incluir en la terna al magistrado o funcionario que pretenda su confirmación”.

    La modificación de la ley fue promovida y defendida por los gremios de agentes fiscales y magistrados, con el argumento de que favorece a la independencia de los operadores de Justicia, pero en contrapartida abre las puertas a que muchos jueces y funcionarios que han sido denunciados o procesados por delitos o irregularidades en el ejercicio de sus funciones puedan figurar libremente en las ternas, con la posibilidad de ser nuevamente confirmados y sigan en sus cargos.

    Es decir, se trata de una trampa legal que favorece la continuidad de la corrupción en el Poder Judicial, y que impide su limpieza y transparencia.

    El propio presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Riera, anunció que estos dos primeros casos constituyen solo el preámbulo de varios casos más de magistrados y funcionarios sin méritos, que están pidiendo su confirmación en los cargos, y que en el órgano no pueden realizar la tarea de filtrar a estos candidatos cuestionados, porque la Ley 5336/15 les prohíbe.

    Lo máximo que pueden hacer ante la situación es señalar el hecho al enviar las ternas, adjuntar los antecedentes de los candidatos cuestionados, para ver si los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que son quienes deben decidir finalmente, autorizan o no la confirmación de los menos indicados.

    Dejar la situación al parecer final de los miembros de la Corte no es lo más indicado. Lo ideal es que los candidatos denunciados ya no figuren en las ternas. Para ello hace falta resolver una acción de inconstitucionalidad que fue planteada por el Consejo de la Magistratura contra la Ley 5336/5, porque la normativa viola la igualdad de condiciones para acceder a los cargos públicos, garantizada por la Constitución. Dicha acción está pendiente de resolución en la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Sería conveniente resolverla, si realmente se busca avanzar en la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial.

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    Publicado por Anónimo | 2 marzo, 2016, 6:41 am
  5. La culpa no es del chancho
    Jorge Vasconcellos

    Un informe sobre uno de los factores que producen morosidad judicial, elaborado por la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, fue presentado, hace pocos días, en un acto que ha servido para que los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, responsables de esa dependencia, pongan en evidencia una serie de aspectos, que no deben pasar desapercibido.

    El primero es el propósito – casi desesperado – de trasladar la responsabilidad o culpa de la mora judicial a abogados defensores, públicos o privados, a quienes se atribuye el carácter de “chicaneros”, olvidándose deliberadamente que (si existieren) las chicanas solo puede prosperar cuando los jueces permiten, por complicidad o por incapacidad.

    Deliberadamente se olvida el informe, que la autoridad que representa al Estado en el sistema judicial es el Juez. La ley atribuye a él la dirección del proceso. Es de negados intelectualmente, torpes o mentirosos, pretender que el fracaso de la gestión judicial sea responsabilidad de quienes carecen de poder de decisión (real y jurídico), de poder de resolución y decisión en las contiendas judiciales.

    La Auditoría de Gestión Judicial arroja resultados equivocados, porque utiliza métodos ineficaces para evaluar el resultado de la gestión de los juzgados, sencillamente porque procura maquillar los verdaderos motivos de una gestión judicial ineficiente.

    Cualquier usuario del servicio de justicia, sea abogado, litigante, testigo o parte de un proceso, sabe perfectamente que las audiencias judiciales llevadas a cabo en el Poder Judicial paraguayo, no son tales, son apenas una parodia. Saben y les consta a quienes concurren a dichas audiencias, que en el 95% de ellas el juez está ausente, y sabe igualmente, que las actas que las documentan enuncian una falsedad cuando dicen “…estando presente S.S., en su Sala de Audiencias y Público Despacho …”, cuando la realidad es bien distinta.

    Las audiencias se desarrollan sin la presencia del juez. Ni siquiera los secretarios del Juzgado están presente, y en algunos casos, tampoco los agentes fiscales, quienes envían a sus asistentes para que “ratifiquen” los requerimientos presentados por escrito, con anterioridad.

    Abogados, estudiantes de derecho, jueces, magistrados, agentes fiscales y funcionarios judiciales, saben que el Art. 250 del Código Penal, dice: “…El funcionario facultado para elaborar un documento público que, obrando dentro de los límites de sus atribuciones, certificara falsamente un hecho de relevancia jurídica o lo asentara en libros, registros o archivos de datos públicos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa…”.

    Lo sabe, o por lo menos, se supone que debe saberlo también el director de la oficina de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, de la Corte Suprema de Justicia. Se supone también, que sabe perfectamente que una “audiencia” no se puede, o mejor dicho no se debe, llevar adelante sin la presencia del juez, y que el acta que certifique la presencia de un juez ausente, es la prueba documental más clara de la comisión del delito de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, que se transcribe en párrafo anterior.

    Si la Corte pretende un informe de Auditoría de Gestión, serio, confiable y cuyos resultados puedan servir efectivamente para combatir la mora judicial, debe enviar a sus funcionarios a realizar controles aleatorios y sorpresivos en los distintos juzgados para que verifiquen el modo en que se llevan a cabo las audiencias. Pero ello no ocurre, ni ocurrirá, porque a la Corte no le interesa, en realidad la calidad del servicio de justicia que se presta. Le interesa nada más sacudirse de responsabilidades y atribuir a los demás la culpa de su propia ineficiencia, y no podría ser de otro modo, pues la misma Corte no podría salvar con éxito un examen de Auditoría de Gestión Judicial, cuando no puede exhibir con satisfacción, ni siquiera una audiencia celebrada en esa instancia, con motivo de la tramitación de causas judiciales.

    La verdad sea dicha, la mora judicial tiene distintas causas, entre las que indudablemente pudiera incluirse la conducta procesal obstructiva desarrollada por los abogados defensores, pero esa no es la única, ni la principal. A pesar de ello, la Corte insiste en omitir los otros factores, que comprometen su propia responsabilidad.

    La Auditoria de Gestión Judicial debiera revisar las audiencias celebradas en los expedientes auditados, y verificar cuantas se han llevado a cabo el mismo día, en el mismo Juzgado y a la misma hora, para constatar que hay Juzgados que celebran hasta más de tres audiencias en simultaneo, dependiendo de la cantidad de dactilógrafos con que cuente. Y todas ellas “…encontrándose presente S.S. en su sala de audiencias y público despacho…”, como si el juez tuviera omnipresencia divina, y pudiera estar en varios lugares al mismo tiempo.

    Las audiencias, por otro lado, son una gran pérdida de tiempo, un enorme desgaste para los abogados y motivo de frustración para todos los usuarios del sistema de justicia, porque la dinámica del debate, que no podría llevar más de media hora de extensión, se convierte en una tediosa y aburrida sesión de dictado, en la que los litigantes deben compadecerse del pobre funcionario que hace las veces de dactilógrafo, dictando lenta y pausadamente sus manifestaciones, para que – finalizada la parodia – lleven el acta al juez, quien luego de leerla rápidamente, dará instrucciones para que se redacte la resolución.

    Los principios procesales de la inmediación y la inmediatez han sucumbido. Han sido derrotados por la cultura del papel. Los burócratas han triunfado sobre la eficiencia, y han encontrado en la Auditoria de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia un formidable aliado, que confunde su propio rol y disfraza la realidad, porque no entiende, o no quiere entender, que la responsabilidad es de los magistrados, no de los abogados, o como expresa el dicho popular, la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer.

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    Publicado por Anónimo | 1 marzo, 2016, 6:25 am

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