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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Los ochenta mil de antes y un privilegiado de ahora

Es la primera vez en casi tres décadas de democracia en el Paraguay que un gobierno se ve empeñado en transparentar todo lo concerniente a la nómina de funcionarios públicos. Presiento, a raíz del paso irreversible del tiempo, que será el legado más importante –sino el único– de la administración Cartes.

En las semanas que transcurrieron, decenas de administradores de la cosa pública trabajaron más de lo que hubieran querido para cumplir con el requerimiento del Poder Ejecutivo de saber con exactitud cuántos y quiénes eran esos cuantos que ingresaron como funcionarios públicos desde el año 2003. El trabajo bastó para confirmar lo que ya todos sabíamos con respecto al Estado: es amorfo, lento, poco eficiente y con un promedio de baja calidad en sus recursos humanos.

Por supuesto que el relevo de datos sirvió como propaganda para el actual gobierno, a tal punto de vanagloriarse de un número efímero de disminución de personal bajo su administración. Seamos sinceros, el millar de funcionarios despedidos en la era Cartes no es lo importante en la radiografía espantosa de un Estado que nos cuesta demasiado, sino la tragedia que significaron para el tesoro público los prebendarios gobiernos de Duarte Frutos, Lugo y Franco, responsables políticos del ingreso de más de ochenta mil personas a la función pública, cantidad solo comparable a la nómina de los 34 años de Stroessner en el poder. Nada puede justificar tamaña desproporción en la conformación del sector público, ni siquiera el crecimiento demográfico que tuvo el Paraguay.

Esta horda de ochenta mil funcionarios públicos se asemeja a esas arrasadoras nubes de langostas, que como plagas que son, devoran todo a su paso. Hombres y mujeres atados al presupuesto público ahondaron el déficit fiscal y el de infraestructura, hasta llegar al paroxismo de que todo el dinero que se recauda va a sueldos y otros gastos rígidos de mantenimiento de un gigante casi inservible.

Alguno que lea este comentario y que forme parte de los ochenta mil, se sentirá ofendido. Cuanto lo siento, aquí no hay tiempo para medir individualidades o decir que este es más bueno que el otro. Menos hay tiempo para pedir disculpas a la gente que, sin rubor en sus mejillas, aceptó un cargo público sin estar capacitado para función alguna, a sabiendas de que su única y triste “cualidad” era la papeleta de afiliación a su partido político.

Este gobierno ha hecho lo que ninguno en el pasado. Ha ofrecido los números duros de una función pública alejada de su cometido de servir al pueblo que le paga por rubros tan llamativos como “presentismo” o “responsabilidad en el cargo”. Y ha hecho un esfuerzo por transparentar los puestos de trabajo en las emblemáticas binacionales Itaipú y Yacyretá, disminuyendo las cantidades de trabajadores al mínimo requerido, propiciando en casi todos los casos concursos de oposición para contratar al personal técnico necesario. Un verdadero logro para un país en donde es costumbre pedir trabajo por teléfono, sin ninguna cualidad más que el amiguismo.

Lamentablemente la cruzada de Horacio Cartes se ve embarrada por un zoquete mal parido. Uno solo bastó para que este gobierno caiga en la peor de las contradicciones sobre su política de transparencia de los cargos públicos. El diario Última Hora publicó hace unos días que el hijo de la flamante presidenta de la Corte Suprema de Justicia fue nombrado sin concurso en la Itaipú. Conozco las internas de la Binacional porque trabajé allí, también sin concurso alguno, y sé que es casi imposible que alguien ingrese a la entidad sin el consentimiento directo del propio presidente de la República. Sé también que la hidroeléctrica es el refugio favorito de los “hijos de”, porque allí trabajan por lo menos doscientos hijos y parientes de ministros de la Corte, senadores, diputados, gobernadores, fiscales, jueces y otros altos funcionarios del Gobierno. Ahora se sumó uno más. Y uno solo basta para saber que este gobierno también tiene sus paniaguados y protegidos; esos que necesitan un lindo lugar de trabajo, porque tal vez sean incapaces de poder sobrevivir si no fuera por la mano protectora del Estado. O de los amigos en el poder.

Por Clari Arias

http://www.lanacion.com.py/2016/02/25/los-ochenta-mil-de-antes-y-un-privilegiado-de-ahora/

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

3 comentarios en “Los ochenta mil de antes y un privilegiado de ahora

  1. Un descarado robo legalizado

    Es realmente increíble que en el Paraguay sigamos soportando situaciones claramente violatorias de la Constitución y las leyes, que son expuestas a la luz pública y que, pese a su evidente ilegalidad, continúan vigentes ante la indiferencia general.

    Los paraguayos son expoliados no solo a través de los sobornos que se exigen para acelerar un trámite, de los sobrecostos que derivan de licitaciones amañadas o de la lisa y llana malversación de fondos. También ciertos instrumentos formales, como la propia ley y los contratos colectivos de trabajo del sector público, son utilizados para meter impunemente la mano en el bolsillo de los contribuyentes en beneficio de ciertos aprovechados.

    El grave problema es que las víctimas del saqueo cotidiano se hallan indefensas ante el contubernio entre los políticos jerarcas de organismos estatales, los dirigentes sindicales y los propios legisladores de turno. Las pobres víctimas no están organizadas como lo están sus victimarios, los privilegiados empleados estatales y de las empresas públicas; tampoco tienen estrechos lazos con el poder político, como los tiene, por ejemplo, el clan que maneja la Opaci desde hace años. Esto explica por qué el ciudadano común continúa abonando –muchos sin siquiera saberlo– el seguro social de los funcionarios de Petropar, o aceptando que los de la ANDE paguen solo la mitad de su consumo de energía eléctrica; o que siga pagando cada año 20.000 guaraníes a una organización no gubernamental –la mencionada Opaci– para obtener la licencia de conducir, para citar solo algunos de los numerosos casos similares.

    Los leoninos contratos colectivos de trabajo que sustentan las prebendas del personal de las citadas empresas públicas fueron homologados por la Secretaría de la Función Pública, pese a que violan flagrantemente el principio constitucional de igualdad ante la ley. El art. 17 de la Ley Nº 375/56, que establece el seguro social, dispone que la cuota mensual de los trabajadores sea del 9% de sus salarios, y la de los empleadores del 14%, calculado sobre los salarios de los primeros: la norma no distingue entre trabajadores y empleadores del sector privado y del público, pero ocurre que, en el caso de Petropar, al empleador –es decir, nosotros los ciudadanos– ilegalmente se le impone pagar la cuota correspondiente al trabajador.

    En el caso de la ANDE, como ninguna normativa autoriza al ente a fijar una tarifa diferenciada a favor de sus funcionarios, el escandaloso contrato colectivo de trabajo en que ella se funda viola el principio del Derecho Público de que la validez de las actuaciones de las órganos estatales depende de que sean autorizadas por la ley. No puede haber derechos adquiridos contra ella y menos uno que supone tener un trato preferencial frente a los usuarios que no trabajan en la ANDE y que, en consecuencia, están subsidiando el consumo de los que tienen ese privilegio.

    En cuanto a la Opaci, el art. 15º, inc. i) de la Ley Nº 5016/14 jamás debió otorgarle a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la facultad de coordinar con las Municipalidades el otorgamiento de la licencia de conducir a través de una organización del Derecho Privado, como lo es la Opaci, que mal puede percibir dinero alguno en concepto de arancel. Pero, en el colmo de la caradurez y demostrando una ignorancia supina de la ley, María del Carmen Benítez, intendenta de Ybycuí y presidenta interina de la Opaci –ante el pedido de permiso de su titular, Ricardo Núñez, uno de los integrantes del clan Núñez, de Villa Hayes–, informa ahora que desde el 1 de marzo la entidad bajará de 20.000 a 10.000 guaraníes el arancel que cobra por los registros de conducir, como si con ello se subsanara la flagrante ilegalidad que conlleva dicho acto.

    Es alentador, por tanto, que la senadora Blanca Mignarro haya presentado un proyecto de ley que modifica la norma citada para que “la Opaci deje de robar a la gente”. Por de pronto, las Municipalidades harían bien en disolver esa herencia de la dictadura o, en todo caso, abandonarla en masa, pues el art. 171 de la Constitución solo dice que “podrán asociarse”, y no que deban hacerlo obligatoriamente. Pero es mucho más lo que pueden hacer los legisladores en este tema para eliminar estos robos escandalosos amparados en ilegales convenios colectivos de trabajo o en leyes inconstitucionales.

    De la Secretaría de la Función Pública no es mucho lo que se puede esperar, ya que carece de fuerza coercitiva y es bamboleada al ritmo que marcan los políticos en el candelero pese a depender directamente de la Presidencia de la República.

    Tampoco es mucha la esperanza que pueda abrigarse en la Defensoría del Pueblo, que hasta ahora no ha pasado de ser una figura decorativa. Esta institución podría lucirse en estos casos concretos, sobre todo cuando el art. 10, inc. 11, de su ley orgánica le otorga la atribución de proponer “la modificación de las normas y los procedimientos implementados en los órganos del Estado o de las conductas de sus funcionarios, cuando estas violaren los derechos de las personas”.

    Ante esta deprimente situación, y si realmente desea impedir que se le siga robando, se impone que la sociedad civil se organice, se informe y reclame sus derechos en todas las formas posibles, frente a quienes se enriquecen a costa de ella mediante todo tipo de artimañas.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/un-descarado-robo-legalizado-1456654.html

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    Publicado por Anónimo | 28 febrero, 2016, 9:54 am
  2. ¡Burócratas y corruptos!

    Ellos dejaron de trabajar hace mucho tiempo, sin embargo perciben regularmente sus salarios, aguinaldos, mal llamadas vacaciones y, en algunos casos, hasta cobran por “horas extras”. Ellos tienen autos importados, casa propia dotada de todas las comodidades y vacacionan en el exterior. Ellos pueden disfrutar de ese estilo de vida porque además del sueldo que cobran sin trabajar, que no les alcanzaría para todo aquello, también obtienen ingresos que se les pasa bajo la mesa. Ellos muchas veces hasta tienen “cuotas” para nombrar en la función pública a familiares, amantes y amigos. Ellos incluso pueden hacer tambalear y tumbar a sus jefes de turno. Son casi tan poderosos como los políticos influyentes. Dicen representar a sus asociados, a los trabajadores, que nunca ven mejoras en sus condiciones de vida. Ellos no son sindicalistas, como dicen. Son vulgares burócratas, integrantes de una casta privilegiada y corrupta, de la que debe liberarse el movimiento obrero.

    El tema viene al caso porque en la víspera se produjo el despido de Estela González, eterna dirigente gremial del Instituto de Previsión Social (IPS) y más de uno pegó el grito al cielo, alegando los fueros sindicales que la protegen, así como su antigüedad de 29 años. Sin embargo, eso no le da derecho a planillear en el ente, en donde ni siquiera marcaba su tarjeta de asistencia. Y cuando se le preguntó la razón por la cual no cumplía con dicha obligación, como lo hacen todos los que realmente trabajan, se limitó a decir que le eximieron de dicho deber, sin más argumentos.

    Para desgracia de los asalariados, en el movimiento sindical abundan los González, quienes, como tantos políticos, están atornillados a sus sillones y no le dedican un minuto de su tiempo a velar por los intereses de los que en teoría representan. Si alguna vez lo hicieron, eso ya es prehistoria. Mal pueden defender a sus antiguos compañeros si desde hace años ya no viven ni trabajan como ellos. Estos solo forman parte de la clientela que les asegura perpetuarse al frente de sus respectivas organizaciones, porque para ellos sí existe la reelección…indefinida.

    Por aquello de que la mejor defensa es el ataque, la “sindicalista” cargó contra las autoridades del IPS, afirmando que existe un notorio aumento de muertes por mala praxis y que incluso algunos médicos se suicidaron dentro del Instituto, que de ser cierto, la convierte automáticamente en cómplice y encubridora, por no denunciar hechos tan graves que estaban en su conocimiento.

    Estela González es indefendible. Ella, al igual que sus pares de otros gremios, no tiene derecho alguno de usurpar cargos que bien pueden ser ocupados por compatriotas que necesitan y están dispuestos a honrarlos con dedicación y esfuerzo. Son una lacra social y unos traidores al movimiento obrero, el cual tiene la imperiosa necesidad de barrer con ellos, como requisito indispensable para conquistar las condiciones de vida que se merece todo ser humano.

    http://www.adndigital.com.py/index.php/impreso/editorial-impreso/14850-burocratas-y-corruptos

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    Publicado por Anónimo | 26 febrero, 2016, 6:14 am
  3. La siesta del funcionario…

    El profesor y periodista José Luis Simón, cuando conducía un programa de radio, tenía por costumbre dirigirse a cualquier funcionario que iba a entrevistar con este apelativo: “servidor público”, en lugar de llamarlo ministro, director, consejero, ingeniero o doctor.

    Lo hacía con intencionalidad, buscando poner claramente el acento en el verdadero sentido y valor de quienes cumplen una función desde el Estado, para bien de la sociedad, y a cambio de una remuneración que se cubre con recursos públicos.

    Recordé esto, el otro día, cuando quedé totalmente desconcertada por la respuesta que me dio un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, ante quien cometí el “grave error” de llamarlo un sábado, a las 14.58, para requerirle confirmación sobre la fecha de una actividad que nos había adelantado se llevaría a cabo en Asunción.

    “¡No te voy a decir!”, respondió este, luego de un largo silencio. “¿Pero, por qué?”, le pregunté, pensando que se trataba de una broma.

    –¡PORQUE ESTOY DURMIENDO LA SIESTA!–, espetó, fastidiado.

    Quedé tan descolocada, que automáticamente le dije: “Disculpe!”, y corté.

    Después de sentirme culpable unos minutos, por haberle interrumpido en tan envidiable actividad un sábado, a las 14.58, y provocarle un gran pirevai (malhumor), empezó a darme vueltas en la cabeza lo ocurrido: “En 26 años de periodismo es la primera vez que un funcionario me trata así. Y eso que lo busqué para precisar sobre una actividad organizada por la dependencia a su cargo. Además, el dueño de la información es el público, no él. Entonces, ¿solo de lunes a viernes podemos recurrir a este y otros funcionarios?

    “Si así lo entienden ellos, ¿entonces por qué no autorizan a sus subalternos para que estos proporcionen la información, o por qué no la institucionalizan canalizándola a través de la oficina de Prensa o Comunicación, en este caso, de la Cancillería?

    “¿Acaso lo que hacemos los periodistas, intentando obtener todos los datos con relación a un tema, para procesarlos e informar a la sociedad con precisión, no es también un servicio público para el que no existen horario ni fin de semana?

    “Por otro lado, si el funcionario no quiere que se le moleste un fin de semana, menos aún de siesta, ¿por qué no apaga o pone en silencio el teléfono? En fin, creí que los diplomáticos eran más amables…”.

    Esperemos que no suceda nada que requiera que llamemos a este funcionario un sábado, durante su siesta, porque ya sabemos cuál será su respuesta; y roguemos porque el canciller no quiera emularlo.

    Por Susana Oviedo

    http://www.ultimahora.com/la-siesta-del-funcionario-n969715.html

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    Publicado por Anónimo | 25 febrero, 2016, 4:51 am

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