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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

El error conceptual del Dr. Óscar Latorre

El Dr. Óscar Latorre, ex juez y exfiscal General del Estado, habría alegado – en su cuenta de Facebook – que se siente jurídicamente inseguro, como que el fundamento de su renuncia, y entre otras afirmaciones, hizo referencia al “… profundo dolor que me produce cuando agentes fiscales que estuvieron a mi cargo y a quienes respeté y admiré por sus innegables virtudes personales, hayan sucumbido a la tentación de aparecer como inmisericordes perseguidores de supuestos funcionarios corruptos, pero prescindiendo por completo de los antecedentes del caso, de la realidad incuestionable que rápidamente afloró y de la legislación penal vigente…”.

Creo que Latorre, a pesar de su vasta trayectoria, está equivocado, porque la seguridad jurídica de los ciudadanos, los abogados y nuestros clientes, en última instancia, no depende del humor del Ministerio Público. Cuando menos, no debiera ser así.

Los agentes fiscales, son nada más que nuestra contraparte, cuando actúan de acusadores y nosotros de defensores, y del mismo modo en que ellos procuran condena, nosotros absolución. Con la misma energía y – quizás – con la misma convicción.

Es cierto que la lucha es tremendamente desigual, porque – en la conciencia colectiva – ellos defienden la verdad y nosotros defendemos al malo. Porque, además, ellos forman parte de una institución poderosa, con recursos económicos y humanos infinitamente superiores a los de cualquier abogado.

Pero, para equilibrar esta desigual lucha, la Ley ha tenido sabiduría suficiente al disponer la separación del Poder Judicial y el Ministerio Público, encargando la decisión de la controversia a un “tercero, imparcial e independiente”, extraño a los intereses y pasiones en conflicto.

Los jueces, tienen como función principal ejercer el control de la investigación desarrollada por los agentes fiscales y son ellos mismos quienes deben evaluar el resultado de dicha investigación, luego de celebrarse la audiencia preliminar, a cuyo término deben decidir si se han reunido (o no) elementos suficientes para sostener la acusación, con solvencia y seriedad, en un Juicio Oral y Público, y si así lo estimara, el caso será nuevamente sometido a examen ante un Tribunal oral compuesto por tres jueces,  para que éstos decidan, finalmente,  la suerte del  procesado.

El juez penal, según el Art. 42 del Código Procesal Penal, debe “…actuar como juez de garantías…”, es decir, debe controlar que durante la  etapa de investigación y debate preliminar, se respeten todos los derechos del procesado, garantizándole un “debido proceso legal”.

Durante la investigación debe garantizar la libertad individual y la seguridad jurídica del procesado, y al concluir, no solamente debe limitarse a controlar su resultado. Su responsabilidad es mayor, pues debe determinar si la conducta que se atribuye a aquel que se persigue penalmente, se adecua o no a alguna norma de prohibición contenida en la ley, y si los medios probatorios que ofrece el Ministerio Público permiten sostener – razonablemente – que el hecho existió, y que aquel es autor.

Es cierto, que todo lo señalado precedentemente es el reflejo de lo que establecen la Constitución, los Tratados Internacionales y el Código Procesal Penal, y es cierto también, que en la realidad los hechos no se presentan así.

En la realidad, el agente fiscal es “compañero de trabajo” de los jueces, y porque éstos están convencidos que comparten la responsabilidad de “perseguir el delito y castigar a los delincuentes”, se han olvidado de su verdadera función en el sistema judicial.

Se han olvidado que a ellos les toca controlar, y no convalidar errores, arbitrariedades o abusos. Les toca juzgar y no condenar.

Se han olvidado de que la existencia de defensores marca la diferencia entre un sistema democrático y uno autoritario, y fundamentalmente, que la labor de estos no puede ser reducida al cumplimiento de una mera formalidad con el propósito de disfrazar el verdadero rostro de un Poder Judicial al servicio del Ministerio Público.

Aquel juez que no escucha las alegaciones de un defensor, que no controla las actuaciones de la Fiscalía, que decreta la prisión del imputado sin que se cumplan los mínimos requisitos impuestos por la Constitución Nacional y las leyes, no es juez, es un remedo y una burla.

Por esto, a pesar del respeto que merece el criterio de Latorre, creo que está equivocado. La seguridad (o la inseguridad jurídica) no depende de uno o varios agentes fiscales, depende de uno o varios jueces. Se trata de un error conceptual, que – creo – merece ser señalado.

Jorge Vasconcellos

http://www.adndigital.com.py/index.php/impreso/columnistas/14203-el-error-conceptual-del-dr-oscar-latorre

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

Un comentario en “El error conceptual del Dr. Óscar Latorre

  1. ¿Qué espera la Fiscalía?

    La Fiscalía anunció que hoy definirá si abre o no una investigación penal a Noyme Yore, titular del Ministerio de la Defensa Pública; y a Germán Fatecha, director de Infraestructura de esa institución, por diversas irregularidades cometidas. Las evidencias han sido exhaustivamente presentadas por este diario y justifican una enérgica intervención del Ministerio Público.

    Parientes y operadores políticos contratados con jugosos sueldos y obras concedidas a empresas fantasma o de dudosa solvencia técnica y financiera son algunas de las documentadas denuncias publicadas desde hace semanas. Los datos corresponden a fuentes oficiales que pueden ser consultadas por cualquier agente fiscal. Así las cosas, resulta inexplicable la demora del Ministerio Público en comenzar una investigación rigurosa. Se aguardan dictámenes que luego son postergados, mientras el caso podría enfriarse y termina como muchos otros semejantes, en la nada.

    Lo preocupante es que no se trata solo del Ministerio de la Defensa Pública. En general, la Fiscalía no muestra la agilidad ni la energía que su crucial función exige. Es una institución lenta, burocrática y rutinaria que está lejos de cumplir cabalmente sus propósitos. Un ejemplo en este sentido es el hecho de que la Fiscalía no logre, a pesar de la acumulación de indicios, llevar a la cárcel al menos a algunos de los muchos funcionarios públicos acusados de corrupción.

    Directores de entidades o ex ministros exhiben sin pudor un nivel de vida que nunca podrían explicar con sus salarios o remuneraciones, pero la Fiscalía se ha mostrado hasta ahora incapaz de probar inobjetablemente la responsabilidad de estas personas en malversaciones, sobornos o desvío de fondos.

    La impunidad es la regla en la administración pública y ésta es una realidad que el Ministerio Público tiene la obligación de revertir en el corto plazo, demostrando que es verdaderamente un instrumento al servicio de los intereses de la sociedad y no un grupo de cómplices dispuestos a hacer la vista gorda ante las irregularidades y delitos a cambio de favores o retribuciones.

    No servirán de mucho los esfuerzos por transparentar el sector público, por establecer mejores mecanismos de control y por incorporar nueva tecnología que desaliente a los deshonestos si el Ministerio Público y la Justicia no hacen su parte. Mientras los corruptos no sean castigados con la cárcel y sean despojados de los bienes y recursos adquiridos a costa del patrimonio público no se cambiará de raíz el modelo clientelista y prebendario que aún subsiste en el Estado.

    Si la impunidad –surgida de la negligencia o de la complicidad de quienes deben combatir a los corruptos– continúa reinando en nuestro Estado y sociedad jamás se alcanzará el país libre y justo con el que soñamos. La Fiscalía debe dar un basta a las dilaciones y a las actitudes timoratas y actuar con la mayor firmeza en defensa de los intereses de la sociedad.

    El soborno, el tráfico de influencias y una variedad de irregularidades constituyen no la excepción sino la norma en muchas de las oficias gubernamentales, a nivel nacional, departamental o municipal. Al Ministerio Público le cabe un rol protagónico en la lucha a estos flagelos. Es de esperar que se noten señales inmediatas de la voluntad de romper una inercia que vuelve ineficaz a la Fiscalía. Entre estas señales debe figurar una decidida intervención en el caso del Ministerio de la Defensa Pública.

    http://www.lanacion.com.py/2016/02/15/que-espera-la-fiscalia/

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    Publicado por Anónimo | 16 febrero, 2016, 9:33 am

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