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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

No hay derecho

Cuestión de repasar, con paciencia, las planillas colgadas en la web ministerial para encontrar estas bellezas administrativas. ¿Dónde está la calidad del gasto, preguntamos? La irracionalidad del gasto público arrasa con cualquier cálculo de recursos. Hay ministerios y entes que son verdaderos pozos sin fondo en donde desaparecen ingentes masas de dinero que al ciudadano le cuesta demasiado aportar y al Estado muy pocos segundos para dilapidar. No hay derecho.

Hace poco menos de un año, el ministro de la Función Pública acusó a los legisladores de estafar a la ciudadanía con el aumento escandaloso de salarios a funcionarios del Poder Legislativo. La reacción corporativa fue inmediata y las consecuencias para el ministro derivaron en un silencio autoimpuesto de allí en adelante. En una palabra: el Parlamento le cerró la boca a un ministro del Poder Ejecutivo. ¿Qué había hecho el funcionario? Simplemente señalar la irracionalidad en la asignación de salarios a funcionarios. En total, el Congreso tiene 1.758 administrativos para atender a 80 diputados y 45 senadores. Dichos funcionarios cobran diferentes salarios que cómodamente atraviesan los G. 35 millones mensuales por conceptos tales como sueldo básico, gastos de representación, plus por responsabilidad, bonificación, adicionales varios, viáticos, subsidio familiar, etc.

Cuando al responsable de la SFP se le ocurrió colocar la lupa sobre este festival de auto asignaciones, por poco no lo linchan públicamente amenazando con interpelarlo y retirarle su confianza. A partir de allí, el ministro nunca volvió a hablar de estafa y hasta ensayó una tibia disculpa para desviar del cuello el hacha de verdugo que ya empuñaban los “honorables”. Nosotros no hablaremos de estafa, pero sí de irracionalidad. Una pregunta sencilla: ¿Dónde entran, en un edificio calculado para no más de 500 ocupantes, los 1.758 funcionarios más los 125 legisladores además de visitantes, si todos coincidieran el mismo día?

Ya ocurrió y el resultado fue vergonzoso. Este sería el método empírico para hacer un cálculo de gasto vs. eficiencia. Veamos ahora el método matemático. Si dividimos los 1.758 funcionarios del Congreso entre los 7 millones de habitantes del país, llegamos a la conclusión de que el costo de mantener a un funcionario del Congreso se reparte entre 4.000 ciudadanos. En comparación, el Parlamento Europeo, que legisla para 500 millones de ciudadanos de la UE y tiene 7.580 funcionarios, reparte ese peso a razón de un funcionario por cada 70.000 habitantes de Europa. Alguien calculó mal. ¿Nosotros o los europeos?

Hoy, la Ministra de Educación no puede justificar la creciente cantidad de supernumerarios que comienzan a caerse de las planillas de personal. El MEC tiene 4.825 funcionarios administrativos y un número difícil de calcular de funcionarios docentes. Pero tomando al azar cualquier nombre entre estos últimos, encontramos que hay algunos que prestan servicios en seis instituciones al mismo tiempo y dando 9 materias diferentes. Cuestión de repasar, con paciencia, las planillas colgadas en la web ministerial para encontrar estas bellezas administrativas. ¿Dónde está la calidad del gasto, preguntamos?

Lo hemos dicho y lo sostenemos. La irracionalidad del gasto público arrasa con cualquier cálculo de recursos. Hay ministerios y entes que son verdaderos pozos sin fondo en donde desaparecen ingentes masas de dinero que al ciudadano le cuesta demasiado aportar y al Estado muy pocos segundos para dilapidar. No hay derecho.

 

http://www.5dias.com.py/44339-no-hay-derecho

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

6 comentarios en “No hay derecho

  1. Fueron 23 senadores

    El senador colorado Nelson Aguinagalde está imputado por el desvío de tres mil millones de guaraníes presupuestados para la construcción de aulas y baños en su tiempo de gobernador de Alto Paraná. Cuando se habla de desvío de dinero ya sabemos su destino. En el 2014 Aguinagalde acumuló hasta diez juicios. La prensa publicaba con frecuencia los presuntos hechos irregulares que desangraban al erario.

    En la sesión ordinaria del jueves 20 de mayo estuvieron 38 senadores presentes. Se necesitaban 25 votos para el desafuero de Aguinagalde a fin de que rinda cuentas ante la justicia. Se obtuvieron 23.

    No es la primera vez, ni será la última conforme con la calidad moral de los parlamentarios, que se impide a la justicia investigar a un ciudadano por hechos de corrupción.

    En la mencionada sesión hubo siete abstenciones. Es un derecho que tienen los senadores y diputados. Pero cuando se trata de la acción judicial en un caso de delito común, la abstención se convierte en complicidad con el supuesto delincuente. Está en el mismo nivel de los que votaron a favor del imputado.

    En este como en otros casos, los senadores violaron la Constitución Nacional para favorecer a un colega en apuros.

    El artículo 191 “De las inmunidades” expresa: “Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el de su cese, salvo que fuese hallado en flagrante delito que merezca pena corporal…”

    Está por encima de cualquier interpretación que senadores y diputados tienen inmunidad “por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones”. Nada más. ¿De dónde sacan los senadores que Aguinagalde está imputado por sus opiniones? ¿No leyeron el expediente que les remitió la justicia? ¿No vieron que el supuesto delito lo cometió cuando todavía no era senador y que la lesión de confianza no está amparada por la Constitución?

    Los senadores que rechazaron el desafuero, junto con los abstencionistas, ensanchan el camino para que el Parlamento se convierta en el refugio seguro de ciudadanos que han delinquido. En la antigua Grecia, los criminales hallaban amparo en los templos.

    De todos modos, la sesión del 19 de mayo dejó un hecho enteramente plausible, esperanzador: hubo 23 senadores preocupados porque el país salga de esta infernal corrupción. Es poco 23, pero es posible que otros políticos se vayan sumando al resto de las personas honestas.

    Amparar al delincuente, desde cualquier órgano del Estado, dejarlo en la impunidad, hacer que siga su vida como si nada hubiera hecho, es empujar al país hacia mayores dificultades.

    El caso de Aguinagalde, como otros similares, le pone a la ciudadanía en la total indefensión; no tiene a quiénes acudir cuando las mismas autoridades, nombradas o electas, están al frente de las irregularidades, en constante atropello a la Constitución Nacional y a la ética.

    El parlamentario que huye, o le hacen huir de la justicia, nos dice que acepta su responsabilidad en los hechos que la justicia quiere investigar. Si fuese inocente que demuestre la falsedad de la acusación. Lo más natural sería que procurase que la justicia, lo antes posible, resuelva el caso y pueda volver a presentarse ante la opinión pública sin ningún resto de sospecha.

    No se puede creer en la inocencia de quienes, a toda costa, buscan evitar la investigación judicial. Y para más, echando mano a una acción inconstitucional como la de mentar un fuero que no les alcanza; un fuero que se limita a la función parlamentaria. Y este no es el caso de quien, siendo gobernador, habría delinquido según las documentadas denuncias.

    Reitero: lo positivo de este feo asunto son los 23 senadores que votaron contra la corrupción. Dios quiera que pronto sean más.

    Por Alcibiades González Delvalle

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/fueron-23-senadores-1486428.html

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    Publicado por Anónimo | 7 junio, 2016, 8:55 am
  2. Escrachar públicamente a los ladrones

    La declaración jurada de bienes que la Constitución exige a todos los que reciben remuneraciones del Estado nunca sirvió a los fines que se pretendieron al imponerla. Se trata de una herramienta de control que se emplea en todas partes, para que, en caso de sospecha fundada de corrupción o enriquecimiento ilícito, sirva de referencia e información para el proceso a que diera lugar. Aquí, en el Paraguay, la convertimos en otro trámite más, tan mecánico e inane como presentar currículum o llenar formularios.

    Por supuesto que, ante estas normas decorativas, de naturaleza puramente burocrática, es comprensible que muchos funcionarios públicos, electos o designados, no le den demasiada atención. Presentan sus declaraciones –si lo hacen– cuando se les da la gana; los plazos máximos legales les tienen sin cuidado y las sanciones, ¡ni qué decir!

    Actualmente, habiendo finiquitado el período de intendentes y concejales municipales en el mes de diciembre pasado, hay todavía 77 exintendentes y 1.374 exconcejales (incluidos algunos reelectos) que no cumplieron con la obligación de justificar el movimiento de su patrimonio durante el lapso que ejercieron sus mandatos, rendición que debe hacerse ante la Contraloría General de la República, hasta el máximo de un mes de la culminación de los mismos. Esta entidad informa ahora que “analiza sanciones” para los infractores, cuando que lo que debe hacer es lisa y llanamente aplicar la ley. Su afirmación es un preludio de que todo va al “oparei”.

    Por su parte, entre los recientemente electos, se informa que los intendentes que se hallan en infracción a la Constitución y a la Ley 5033/13 son: Patricio Ayala, de Cerrito, e Ignacio Fretes, de Laureles (Ñeembucú), y Luis Francisco Mereles, de Ybyrarovana (Canindeyú), que presentaron a destiempo, todos ellos de la ANR. A estos se suman 204 concejales municipales, de diferentes partidos, que asumieron el pasado 19 de diciembre.

    Reiteramos: la cuestión de la olímpica elusión de esta obligación legal tiene su base en la completa ausencia de consecuencias para los infractores. La ley citada contempla la aplicación de multas para estas faltas, sanciones que no son leves, porque establece 200 y 300 jornales mínimos (unos 22 millones de guaraníes), y algo más grave: la eventual inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cinco años. Pero claro, como la Contraloría General nunca denunció a ningún infractor y estas sanciones jamás fueron aplicadas a alguien, no sirven siquiera para dar un ejemplo didáctico y disuadir a los remisos.

    No es que se caiga en la ingenuidad de creer que las rendiciones de cuentas formales van a detener el fenómeno de la corrupción generalizada en las municipalidades y otros organismos públicos. Se sabe de decenas de intendentes que se robaron hasta los focos de los baños antes de retirarse, que vaciaron las arcas para que sus sucesores se encuentren sin un centavo, que se hicieron millonarios malversando recursos del Fonacide, de los royalties o, directamente, de los recursos tributarios y que, pese a todo esto, presentan impecables declaraciones juradas de bienes.

    No obstante, lo que verdaderamente es de lamentar es que las normas legales pensadas para intentar controlar, vigilar, hacer más difícil la deshonestidad de los funcionarios, pasen a ser letra muerta en manos de esos mismos funcionarios y de los que tienen la atribución exclusiva de controlarlos y denunciarlos ante la justicia en caso de trasgresiones.

    En vista de que la Contraloría no cumple con su obligación y ante la posibilidad de que muchos ladrones queden impunes y encima se burlen de los ciudadanos, no queda otra alternativa que escracharlos a través de las redes sociales, y públicamente y a viva voz allí donde se los encuentre en nuestros pueblos y ciudades.

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    Publicado por Anónimo | 18 febrero, 2016, 8:19 am
  3. Si dejaran de robarnos…

    Por Susana Oviedo –

    En estos últimos dos años estamos conociendo hasta el hartazgo casos y modalidades de robo al Estado que superan la capacidad de asombro, indignación y bronca.

    Comprobamos que varias personas en cargos públicos, cuya investidura supone honorabilidad y respeto, resultaron ser viles usurpadoras de los bienes del Estado, y auténticas exponentes del latrocinio.

    Ministros de la Corte, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, diputados, senadores, y hasta el rector de la universidad pública más importante del país aparecieron involucrados en actos que van desde nepotismo hasta malversación de fondos, por citar los menos.

    Hablamos de verdaderos cultores del clientelismo político, del planillerismo institucionalizado y dilapidadores del dinero de los contribuyentes. Con ellos surgió en el país una especie de nueva clase social conformada por nuevos ricos, gracias al Estado, que costean su vida principesca, que incluye personal de servicio doméstico, con recursos públicos que desvían (roban) de sus fines genuinos. Ellos vacacionan en países europeos, en islas del Caribe o en Miami y se exhiben, desvergonzados, con todos los privilegios del nuevo poderío económico que gozan, gracias al dinero fácil que se llevan de las arcas del Estado.

    Mientras tanto, el resto de los ciudadanos que no acceden a este esquema de corrupción, padecen cortes de energía eléctrica por falta de inversión en la infraestructura de transmisión y distribución. Sufren el pésimo y deficitario trato en los hospitales públicos, normalmente desabastecidos y deshumanizados. Incluidos los privilegiados que tienen la cobertura de salud del sistema previsional (IPS), tan mala y deshonestamente administrada desde sus inicios.

    Cuántos cortes de energía se habrían evitado. Cuántos medicamentos, kilómetros de caminos de todo tiempo, puentes, escuelas con aulas decentes, hospitales equipados, viviendas de interés social, etc., etc., se dispondrían si se robara menos en las instituciones públicas.

    Cuántos pobres menos e indígenas en situación de calle y de hambre quedarían en el país, si el presupuesto de la nación se destinara íntegramente a las necesidades y áreas a que está destinado. Y si realmente se integrara a este todo lo que efectivamente ingresa al erario público.

    Si parara esta fábrica estatal que produce nuevos millonarios; si se utilizara por lo menos 50% del dinero que se presupuesta para cubrir los gastos de la nación; si causara más indignación el escandaloso robo que continúa, el Paraguay sería un país más habitable, más equitativo, menos violento y contaminado. Las autoridades rendirían cuenta de sus actos y del uso de cada guaraní que se les confía.

    Desafortunadamente, por ahora, la deshonestidad y la impunidad les marcan el ritmo.

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    Publicado por Anónimo | 17 febrero, 2016, 4:50 am
  4. Los ladrones no tienen ideologías

    La izquierda se atribuye una suerte de superioridad moral, porque promovería el cambio en favor de los humildes, mientras que sus adversarios solo buscarían perpetuar las injusticias. Los crudos hechos, sin embargo, desmienten esa arrogante presunción. No se alude aquí a las tragedias provocadas por Stalin, Mao-Tse Tung o Pol Pot en sus intentos de traer el cielo a la tierra, sino a la corrupción desaforada de los más moderados “progresistas” sudamericanos de hoy.

    La “nacionalista y popular” Cristina Kirchner, cuya familia declaró una fortuna de 7 millones de pesos cuando su marido llegó al poder en 2003, dejó el cargo con 64 millones, siendo la Presidente argentina que más se enriqueció durante su gestión. A su vez, su vicepresidente, Amado Boudou, está procesado por “negociaciones incompatibles con su condición de funcionario público”, o sea, por haber sido sobornado con el 70% de las acciones de una imprenta. La tremenda corrupción develada en el Brasil en torno a la empresa mixta Petrobras, cuantificada en unos cuatro mil millones de dólares en concepto de soborno y de lavado de dinero, no es la única que afectó a los Gobiernos “trabalhistas” de Luis Inácio Lula da Silva, primero, y de Dilma Rousseff, después. En Venezuela, por su parte, que según el informe de Transparencia Internacional (2014) ocupa el 161º lugar entre 174 países en cuanto a percepción de la corrupción, dos exministros chavistas acaban de revelar que en la última década se malversó uno de cada tres petrodólares, lo que implica que la “boliburguesía” robó o dilapidó la friolera de ¡300.000 millones de dólares!

    El informe referido dice que Ecuador y Bolivia –también en manos “bolivarianas”– ocupan los puestos 110º y 103º, respectivamente. Uruguay –gobernado por el Frente Amplio– escapa a la podredumbre, pues la 21ª posición le pone con Chile entre los dos países latinoamericanos más limpios: no es casual que tanto José Mujica o Tabaré Vázquez, como Michelle Bachelet, que no se valieron ni se valen del manto ideológico para encubrir latrocinios sistemáticos, no figuren entre los más fervientes admiradores del chavismo.

    Tampoco los paraguayos que se dicen “progresistas” son inmunes a las tentaciones del poder, como muestran los casos de Camilo Soares y de Karina Rodríguez, dirigentes del P-MAS: el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional habría sobrefacturado “coquitos” destinados a víctimas de inundaciones, delito por el que aún no puede ser juzgado a causa de las constantes chicanas de sus abogados; la exdiputada firmaba la planilla de asistencia de un asesor español ausente, hoy prófugo de la Justicia. Son pecados menores comparados con los cometidos en otras latitudes, es cierto, pero bastan para evidenciar la hipocresía de muchos supuestos abanderados de las causas populares, y restarles la autoridad moral requerida para, en verdad, combatir la descarada e impune corrupción que mina la estructura moral de nuestro país.

    De hecho, al decir del exministro Héctor Navarro, fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, “los ladrones no tienen ideología”.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/los-ladrones-no-tienen-ideologias-1452831.html

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    Publicado por Anónimo | 15 febrero, 2016, 10:45 am
  5. Planilleros y política

    El Poder Ejecutivo anunció que iniciará un proceso de depuración de funcionarios en todas las entidades dependientes y que las nóminas serán públicas. Pasaron dos semanas y hasta ahora no es mucho lo que se tiene. Apenas algunas excusas sobre la complejidad del proceso para justificar la demora.

    La nómina de funcionarios que viven del Estado sin hacer nada no es una cuestión simple. Está íntimamente conectada con el modo de hacer política que se instaló en el país pocos años después de la caída de la dictadura. Forma parte de la gestión de los partidos políticos y es el motivo por el cual en todos estos años se fueron alejando de la gente. Es parte esencial de un tipo de dirigencia acostumbrada a disfrutar de los beneficios del poder y renegar de las obligaciones que impone.

    Tocar a los planilleros en el fondo es alterar un modelo de hacer política que estuvo en funcionamiento en los últimos 20 años. Un modelo que no estaba centrado en la gente o en sus necesidades, sino en mantener atada, mediante beneficios de todo tipo, a la clientela política que asegure la continuidad de los dirigentes partidarios.

    Eso explica cómo es que un chofer de la Justicia Electoral tenga metida a toda su familia en la institución con el padrinazgo de las máximas autoridades de la institución. O que existan esposas, hermanas y madres de amigos cobrando salarios importantes sin siquiera preocuparse por llegar a sus lugares de trabajo.

    La Justicia Electoral es apenas un ejemplo. El modelo se repite a lo largo de todas las instituciones públicas. Todas, en mayor o menor grado, están plagadas de empleados que no tienen capacidades para ocupar un puesto, pero tienen credenciales para representar a la clientela política.

    Para buena parte de la dirigencia de los partidos políticos es un problema que se inicie un proceso de transparencia. Es casi una cuestión de sobrevivencia.

    En el Partido Colorado, el enojo y la incomodidad se rumían en los pasillos. Nadie se atreve a hacerlo público, pero todos aseguran que la situación perjudica las posibilidades de la ANR para el 2018. Sostienen que la derrota en las elecciones municipales a finales del año pasado fue una muestra.

    En el Partido Liberal la situación es ligeramente diferente. También existen incomodidad y molestia, pero hay sectores que están contentos. Sostienen que ayudará a equilibrar la competencia electoral de cara a las internas que vienen.

    Donde todos los dirigentes partidarios coinciden es en que implementar de golpe un proceso de saneamiento sin tomar previsiones podría dejar a todos a la vera del camino en las elecciones generales dentro de dos años. Si se destruye todo el sistema de prebendas que instalaron los partidos en el Estado, los votos podrían esfumarse.

    El proceso de depuración que plantea el Poder Ejecutivo apunta esencialmente a un cambio de modelo de hacer política. No se trata solo de sacar a operadores de la oposición para poner a personas más afines al Gobierno. Claramente eso ocurrirá, pero la cuestión de fondo es arrasar con buena parte de la dirigencia actual de todos los partidos acostumbrada a usar el Estado para sostener operadores, familiares, amigos y demás.

    El camino no será fácil y mucho menos corto. La variedad de intereses en cada una de las instituciones genera una fuerte resistencia en todos los niveles. Casi todos apuntan a alargar los procesos burocráticos para llegar a las elecciones generales de 2018 con la esperanza de que las cosas tal vez cambien y el modelo siga viviendo.

    La silenciosa disputa que se está desatando en los cimientos del estilo político generará profundas consecuencias en los procesos electorales que se aproximan. La administración Cartes lo sabe más que nadie.

    Por ahora nada todavía está definido. La contienda apenas se inicia.

    Por Osmar Gómez

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/planilleros-y-politica-1452770.html

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    Publicado por Anónimo | 15 febrero, 2016, 10:44 am
  6. El Estado servidor del ciudadano

    Horacio Cartes parece haberle declarado la guerra a los políticos “planilleristas”. Es un buen comienzo hacia el Estado servidor casi perfecto que acabamos de describir. Pero el Presidente debe tener en cuenta, también, que hacer anuncios y declaraciones de ese tipo generan expectativas y demandan hechos concretos. Ojalá esté trabajando ya, y en serio, en lo segundo.
    Cuando la Ministra de Justicia firmó un convenio con la Secretaría de la Función Pública, la idea central era apuntar a cambiar, mediante un proceso de transformación que necesariamente deberá ser gradual, el concepto de “funcionario público” por el de “servidor civil”. Esto implica una novedad. Significa que dos agencias del Gobierno se ponen de acuerdo para que las futuras incorporaciones de personal del Estado vengan dotadas de una nueva misión: servir al ciudadano.

    Parece increíble que haya que hablar de estas cosas, cuando en el mundo del siglo XXI y en las sociedades desarrolladas el Estado es un instrumento de servicio público, no de solución de apetencias personales.

    En el Paraguay estamos empezando, por lo que podemos comprobar, a hacer los primeros palotes en ese sentido. Y no es que este concepto de servidor público haya sido concebido siglos atrás. En realidad, es relativamente nuevo. Cuando Bill Clinton llegó a la presidencia de EEUU en 1993, encargó a su vicepresidente, Al Gore, un análisis del Estado norteamericano con vistas a introducir algunas reformas. El resultado del estudio lo tuvo en seis meses y un año después se embarcó en un proceso de reformas avanzando hacia la idea de una “administración pública gerencial” en la que el demandante de servicio sea el “cliente” que requiere la misma atención que se le daría en un centro comercial: rápida, eficiente y barata. Como resultado de las reformas, hoy Estados Unidos tiene en el empleo público el 14% de su población económicamente activa (OCDE, 2012) después de desprenderse de 275 mil funcionarios. ¿Tener menos empleados públicos es mejor? No siempre. Noruega, por ejemplo, y siempre según la misma fuente, tiene el 29% de su PEA ubicado en el Estado. ¿Es por eso el Estado noruego menos eficiente? Veamos. En la publicación anual “The Global Competitveness Report 2011-2012”, realizada por el Foro Económico Mundial, en la cual se analiza la competitividad comercial, demográfica y creativa de 142 economías, Noruega se encontraba en el puesto 16. Para 2015, había saltado al puesto número 11. El país muestra los más altos estándares en calidad de vida y el ciudadano se siente asistido por el Estado mediante la instauración del concepto “servidor público-cliente” que se desarrolla en un medioambiente de atención tipo “one stop shopping center” de servicios públicos que le ahorra tiempo y dinero y le resuelve todas sus necesidades a satisfacción, desde pagar un impuesto hasta operarse de la vesícula.

    Horacio Cartes parece haberle declarado la guerra a los políticos “planilleristas”. Es un buen comienzo hacia el Estado servidor casi perfecto que acabamos de describir. Pero el Presidente debe tener en cuenta, también, que hacer anuncios y declaraciones de ese tipo generan expectativas y demandan hechos concretos. Ojalá esté trabajando ya, y en serio, en lo segundo.

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    Publicado por Anónimo | 15 febrero, 2016, 10:25 am

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