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Opaci: otra gran estafa al pueblo

Otro gran negociado que pasa desapercibido en medio del cúmulo de barbaridades que se perpetran en la Administración Pública es el de las licencias de conducir automotores o “registros”, según se la conoce comúnmente.

Según cálculos que se efectúan con base en las cifras oficiales, el año pasado se registraron casi 1.700.000 automotores terrestres, comprendiendo todas sus variedades. Si se estimara un mínimo de dos registros de conducir por cada unidad de estas, y se multiplicase por los veinte mil guaraníes que Opaci recibe por cada carné, entonces se tendrían unos 68.000 millones de guaraníes de recaudación cada año, plata dulce, sin contraprestación de ningún tipo a las comunas, mucho menos, por supuesto, a la ciudadanía.

Según el último informe oficial, del año 2010, sin embargo, sus ingresos fueron solo de 22.000 millones.

Por otra parte, se sabe que las municipalidades del interior consideran la expedición de registros un rubro de ingreso económico más. No toman exámenes de aptitudes, no exigen certificados médicos, no controlan los antecedentes personales, nada. Se trata de un mero trámite. En realidad, por consiguiente, también es plata dulce para ellos y para Opaci.

Desde el reconocimiento de la personería jurídica de esta extraña organización en el año 1965, se le dio la atribución de percibir una parte de la tarifa de expedición de registros de conducir. Desde entonces nadie sabe para qué sirvió la Opaci, pues no existen rastros de que cumpla ninguno de los objetivos declarados en su estatuto. Excepto el de recaudar, naturalmente.

La promulgación de la Ley Nº 5016/2014 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial” y la creación de su autoridad de aplicación: la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) no innovó nada en esta materia. Ahora, mediante una resolución, el director ejecutivo de esta entidad decide que “A partir del 1 de abril del 2016 todas las municipalidades del país deberán expedir las licencias de conducir de conformidad con el Modelo Unificado, aprobado por la ANTSV”.

Lo hace en virtud de la atribución que le otorga el Art. 5º de su ley orgánica, la cual establece: “Son autoridades de reglamentación, aplicación y ejecución de la presente Ley la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y supletoriamente los organismos nacionales y municipales involucrados en la temática vial, citados en el Artículo 7º de la presente Ley, atendiendo a las circunstancias de cada caso”.

¿Dónde está metida la Opaci en todo esto? Aparece en el Art. 15, inc. i de dicha ley, donde cita las funciones de la ANTSV: “Coordinar con las Municipalidades, a través de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), el otorgamiento de la Licencia de Conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas”.

Todo lo cual lleva a preguntar: ¿Qué clase de organismo es la Opaci? Si se mira la cita que de ella hace la ley, se diría que es de naturaleza pública. Pero si se lee su definición, expresada en el Art. 1º de su estatuto: “La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, en adelante Opaci, es la Asociación de carácter nacional de las municipalidades del país, en conformidad con el art. 171, in fine, de la Constitución Nacional, de utilidad pública y sin fines de lucro”, resulta que parece ser de índole no gubernamental.

Para hacer más confuso todo, en su estatuto se declara expresamente que la asociación a Opaci es voluntaria. Es decir, si eventualmente a alguna municipalidad no le interesara pertenecer o continuar perteneciendo a Opaci, no debería tener ningún inconveniente. Excepto a la hora de tener que expedir registros de conducir, para lo cual no podrá prescindir de ella. Entonces, ¿es o no obligatoria la asociación?

Si todas las municipalidades están asociadas a la Opaci (con la reciente excepción de la de Tobatí, que acaba de renunciar), y dependen de ella para el trámite de los registros, parece obvio que, en realidad, posee atribuciones de imperatividad fiscal, propias de un organismo público creado para recaudar. O sea, se trata de un híbrido.

Ninguna confusión ni conflicto legal de estos, en realidad, les interesa mucho a los miembros de estos organismos ni a los legisladores que redactaron las leyes citadas, simplemente porque entidades como Opaci hace tiempo están manejadas por claques de políticos inescrupulosos enchufados a las tetas de la recaudación tributaria, haciéndose millonarios a costa de la exacción sistemática. En este caso, disfrutan de un sistema inteligentemente orquestado: “Nadie va a armar un escándalo por 20.000 guaraníes”, habrán argüido. Y hasta ahora tuvieron plena razón.

La médula viciosa no radica en los veinte mil guaraníes, evidentemente, sino en la gran estafa al pueblo que se esconde detrás de estas aparentemente pequeñas cantidades. Para peor, acaban de crear una nueva fuente de ingreso: un “test psicofísico”, precondición para el otorgamiento del registro de conducir, que también monopolizará Opaci, cobrando treinta mil guaraníes por el “servicio”.

Nótese, además, que quienes manejan Opaci son siempre las mismas personas, lo cual, de por sí, habla muy claro de qué clase de “asociación” se trata.

Los cerebros de la “tragada” seguramente ya pasaron a comandar las acciones de ANTSV, al menos en lo que respecta a los ingresos provenientes de las licencias de conducir. Para saber por qué funciona este “fatazo” hay que tener en cuenta, sabiendo cómo se manejan estos negociados en nuestro país, que el actual presidente de Opaci, Ricardo Núñez (irregularmente reelecto después de haber perdido la condición de intendente municipal), es hermano de un diputado por la ANR (Óscar) y de un tal “Bachi” Núñez, del que se dice funge de “asesor político” del presidente Cartes; se trata, por consiguiente, de tres personas muy cercanas al poder fáctico.

Es una lástima cómo todos los organismos creados en nuestro país con orígenes legítimos y nobles objetivos expresados en sus leyes orgánicas o estatutos acaban pudriéndose en manos de políticos astutos, ladrones de cuello blanco, con una voracidad propia de tiburones, muy hábiles para enviciar a muchos otros funcionarios e ir conformando con ellos verdaderas gavillas de corruptos. En Opaci tenemos otro buen ejemplo de estos procesos.

Es imperdonable que el presidente Horacio Cartes, quien prometió al país un “nuevo rumbo” cuando se postuló al cargo, continúe prestándose a que personas de su “primer anillo”, como le dicen, continúen campantemente robándole dinero al pueblo. Y si a él no le interesa corregir la irregularidad, como debiera, a la luz de todas las pruebas existentes, es para preguntarse para qué sirve la oposición política en una democracia.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/opaci-otra-gran-estafa-al-pueblo-1450154.html

 

 

 

 

 

 

 

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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10 comentarios en “Opaci: otra gran estafa al pueblo

  1. Terminar con el robo de Opaci a los contribuyentes

    La Cámara de Senadores examinará hoy el proyecto modificatorio de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, ocasión en la que volverá a tener la posibilidad de eliminar el adefesio jurídico denominado Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), entidad particular que se define a sí misma como asociación sin fines de lucro pero que tiene el indebido privilegio de recaudar más de veinte mil millones de guaraníes anualmente ejerciendo una gestión pública, es decir, sacando dinero a las personas que gestionan licencias de conducir y a las que realizan transferencias de inmuebles. Más flagrante ilegalidad, imposible.

    Lo que cobra Opaci bien podría calificarse como un robo descarado si no fuese porque la misma ley de referencia, actualmente bajo examen de los senadores, le otorga inexplicablemente atribuciones de coordinar con las municipalidades del país “el otorgamiento de la licencia de conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas”. En primer lugar, qué tiene que ver una entidad privada ejerciendo ilegalmente una gestión pública, y segundo, las municipalidades de todo el país tienen suficiente capacidad de ejercer esas funciones sin el auxilio de la Opaci. Es evidente que tal autorización es solo para dar un “rebusque” a los amigos del poder, para distribuir luego las ganancias entre los cuates.

    De más está decir que este texto fue introducido artificiosamente para que la entidad particular posea un respaldo jurídico que le justifique continuar cobrando sus millonadas anualmente, sin hacer absolutamente nada a cambio. Porque Opaci no coordina nada, no contribuye con nada, no realiza tareas de servicio público, no financia obras provechosas para los municipios de donde extrae su dinero. Nada de nada. Como se ha dicho, Opaci puede desaparecer mañana mismo y nadie se dará cuenta de su ausencia.

    Excepto, naturalmente, los que se están enriqueciendo ilegalmente con el producido de sus exacciones, entre quienes está, en primer término, un grupo de políticos que responde al movimiento del presidente Cartes encabezados por su asesor “político” Basilio “Bachi” Núñez, y que, gracias a esta influencia, consiguió sostener dicha organización hasta ahora.

    Porque, en efecto, como se recordará, la Cámara de Senadores ya suprimió la mención a Opaci en el texto de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, aprobando el proyecto presentado en su oportunidad por la senadora Blanca Lila Mignarro, pero una mayoría cartista de la Cámara de Diputados la volvió a meter. El negociado paga bien y obtiene votos. “Bachi” encabeza el “clan Núñez”, de Villa Hayes, junto con dos hermanos. A este elenco se suman otros actores, todos vinculados de una u otra forma al oficialismo, como la intendente de Ybicuí, María del Carmen Benítez (pareja del diputado del mismo signo político, Ever Rivas), en cuyas manos los Núñez depositaron ahora su confianza para manejar la Opaci.

    No hay mucho más que decir acerca de la repugnante podredumbre que todo esto exhibe y significa.

    El caso está ahora en poder de los senadores, quienes tienen en sus manos el remedio para esta situación. Si votan por la supresión de Opaci como entidad con atribuciones para percibir tasas y contribuciones, pondrán las cosas en el lugar correcto en que debe estar. Que el “clan Núñez” y sus compinches continúen con su Opaci si quieren, pero ya en el carácter privado que estatutariamente define su organización, carácter del que nunca debió salir. Que sea una organización no gubernamental dedicada al servicio de ayuda a las municipalidades, si lo desea, pero que obtenga sus fondos económicos por medios lícitos, sin meterle las manos en el bolsillo por la fuerza a nadie.

    Si así sucede, se verá cuánta vocación de servicio tienen realmente los políticos cartistas que actualmente manejan la entidad. Lo más previsible es que estos vividores, privados de las tetas de las que ahora maman tan alegremente, disuelvan su organización o desaparezcan de ella abandonándola a su suerte. Las municipalidades del país no perderán nada con esto; al contrario, no tendrán que hacer de pasamanos de dinero de los contribuyentes a la cuestionada entidad que fue creada en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner para tener un tentáculo más para el sometimiento del pueblo a la tiranía.

    Por consiguiente, el Poder Legislativo debe asumir su responsabilidad en el tema y enderezar lo que está torcido. Los senadores deben ratificarse y excluir la mención de la Opaci en la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, con lo cual habrán prestado un señalado servicio a la decencia y a los contribuyentes estafados por una institución podrida ordeñada por un grupito de políticos inescrupulosos.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/terminar-con-el-robo-de-opaci-a-los-contribuyentes-1576673.html

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    Publicado por Anónimo | 25 marzo, 2017, 7:57 am
  2. Opaci y los ladrones

    La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) impunemente volverá a meter la mano en los bolsillos de los propietarios de automotores de todo el país durante el año que se inicia. Así lo han decidido los legisladores –senadores y diputados– dejando transcurrir exprofeso el año pasado sin sancionar la ley que desvincule a esta entidad privada de deberes y obligaciones que son propios del Derecho Público.

    En efecto, en virtud del Art. 15, inc. i) de la Ley Nº 5016/14, el Congreso le concedió –vaya a saber por cuánto– a Opaci el privilegio de hacerse con un porcentaje del total que las municipalidades de la república perciben por cada licencia de conducir que expide. En resumen, se trata de una prerrogativa ilegal e inexplicable si se tiene en cuenta que la entidad beneficiada no es del ámbito público y que nadie sabe qué aporta.

    Esta organización actualmente está siendo manejada por un grupito político al que se lo denomina “el clan Núñez”, de Villa Hayes, pertenecientes al Partido Colorado, actualmente oficialista. Uno de los Núñez del clan acaba de ser designado “asesor político” con rango de ministro por el presidente Cartes, lo cual explica cómo es que tal “organización”, siendo particular, logra mantenerse en la cresta de la ola de la recaudación ilegal en las barbas de la opinión pública.

    Hay un poderoso motivo para su existencia: se estima que las “utilidades” que percibe Opaci anualmente, solo en este rubro tributario, es de más de sesenta mil millones de guaraníes, que nadie sabe adónde van ni entre quiénes se reparten.

    ¿Qué hace Opaci con tanto dinero? NADA. Pese a todo, esta organización, existente desde tiempos de Stroessner (1965), se presenta en sus estatutos como “de asociación voluntaria”, lo que constituye una descarada mentira, porque las municipalidades están obligadas a cobrar un adicional en cada trámite de licencia de conducir automotores, y entregar los importes resultantes a la Opaci. Nada allí es voluntario.

    Lo peor de todo es que, en ocasión de la sanción y promulgación de la Ley Nº 5016/2014 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial” y la creación de su autoridad de aplicación, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), los legisladores no solamente no aprovecharon la oportunidad para ignorar a esta entidad en el texto legal y obligarle así a asumir y cumplir realmente su definición de “asociación voluntaria”, de índole no estatal, sino que sostuvieron la ambigüedad de su estatus legal al volver a mencionarla en el artículo citado.

    La máxima autoridad en materia de tránsito, creada por esa ley, tampoco hizo nada por excluir a esta entidad privada (“ONG”, como la llaman algunos) de la red pública que se creó y que rige en materia de tránsito.

    Ya nos imaginamos con qué intención se creó este híbrido, hace ya más de medio siglo, porque conociendo cómo funcionaba el régimen stronista, su objetivo fue constituirse en otra fuente de ingresos “para los muchachos”, para estos buitres políticos eternamente hambrientos a los que el pueblo debe alimentar con sus contribuciones, aunque sea en forma extorsiva, como es en este caso.

    Desde 2014 tenemos una Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), entre cuyas funciones están las mismas que se otorgaron a Opaci, en lo referente a licencias de conducir. No obstante, declinaron esta responsabilidad suya para continuar dando de mamar a los chupasangre de esa organización privada.

    En numerosas ocasiones expresamos nuestra opinión acerca de la manera como la politiquería destruye instituciones y robustece en los deshonestos la turbia idea de que la vía más fácil y rápida para enriquecerse es siempre la corrupción. Cobrándose 20.000 aquí, 10.000 allá, sumándose “gastos administrativos” y con mil y una astucias similares, se van robando pequeños montos que, cobrados a todo el mundo, acaban formando montañas de dinero.

    La Opaci debe ser suprimida. A las municipalidades no les beneficia en nada. Por el contrario, les saca dinero a los contribuyentes de sus ciudades y se lo lleva a los bolsillos de unos tipos que ni las conocen.

    Los legisladores deben tomar en serio esta cuestión; no deben proteger a los chupasangre porque son de su partido. Juraron lealtad a su pueblo, a la república y a su Constitución, de modo que, respetando ese juramento, los honestos que existen entre ellos deberían comenzar a regularizar la administración pública, defendiendo los derechos ciudadanos al suprimir toda fuente de robo.

    Podrían dar un paso al frente comenzando por sacar a Opaci de la lista de recaudadores públicos. Eso podría animarles a tomar otras decisiones similares que nos conduzcan a un país más decente.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/opaci-y-los-ladrones-1554316.html

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    Publicado por jotaefeb | 11 enero, 2017, 10:17 am
  3. Opaci, rápido; escuelas, que esperen

    El 12 de mayo, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que declara en situación de emergencia la infraestructura de los centros educativos públicos y subvencionados, y permite que tanto el Ministerio competente como los gobiernos departamentales y municipales puedan obviar el procedimiento licitatorio para construirlos, mantenerlos y equiparlos. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa el 1 de junio y lo mismo hizo la de Senadores el 11 de agosto. Seis días más tarde, el proyecto de ley volvió a la Cámara de origen, sin que hasta hoy ella haya ratificado su versión ni aceptado los cambios introducidos por los senadores.

    Pasaron así más de cinco meses desde que se solicitó la declaración de emergencia y más de uno desde que el proyecto de ley se halla de nuevo en estudio de los diputados, pero hasta la fecha no ha sido sancionada la ley, de solo nueve artículos, que serviría para remediar cuanto antes un dramático estado de cosas. Está en juego incluso la vida de los alumnos que asisten a escuelas y colegios ruinosos.

    La demora de los diputados no obedece, como podría suponerse, a que las modificaciones dispuestas por los senadores sean tan importantes como para requerir un minucioso análisis. En efecto, ellas solo se limitan a que las rendiciones semestrales de los gobiernos departamentales y municipales se presenten en audiencia pública y también ante las Comisiones de Cuentas y Control del Congreso, y a que los contratos incluyan una cláusula penal para casos de incumplimiento en la ejecución de las obras. La reticencia de los diputados, que ya han postergado por consenso la sanción de la ley en cuatro ocasiones, tiene que ver, más bien, con la repugnante politiquería que contamina la tarea legislativa en perjuicio del interés general.

    “Aquí estamos entre políticos que no solo están pensando en el proyecto de ley en sí, sino en la próxima campaña electoral”: lo dijo sin ninguna vergüenza el diputado y rector de la Universidad Nacional de Pilar (PLRA), Víctor Ríos, al referirse al temor de sus colegas colorados de que el ministro de Educación y Cultura, Enrique Riera, emplee los fondos destinados al cumplimiento de la ley en las elecciones internas previas a las generales de 2018, dado que sería uno de los eventuales candidatos del “cartismo” a la presidencia de la República.

    Debe entenderse, entonces, que, si al principio aprobaron con relativa rapidez el proyecto de ley, fue solo porque hasta ese momento no tenían al ministro por un aspirante a la primera magistratura, y que en los últimos meses se produjeron hechos nuevos, ajenos a la emergencia educativa, que les indujeron a sabotear el proyecto de ley. Si los diputados de la ANR, a los que ahora deben sumarse los liberales, creen que los fondos podrían ser desviados, entonces debieron haber establecido los mecanismos de control suficientes al aprobar la iniciativa. Tampoco les satisfacen, por lo visto, los agregados por los senadores, de modo que estudiantes de todo el país deberán seguir exponiéndose, por tiempo indeterminado, a que, por culpa de la indignante politiquería, se desplomen sobre sus cabezas los techos o las paredes de numerosos centros educativos. Ahora afirman que se ocuparán del proyecto de ley a fines de octubre, una vez que el ministro Riera responda varios pedidos de informes sobre licitaciones para construir y reparar aulas de escuelas públicas.

    Huelga realizar la penosa comparación de que la ley que le concedió a la ONG llamada Opaci la facultad de meter la mano en los bolsillos de los contribuyentes, gracias a que en la Cámara Baja está representado el clan Núñez que maneja dicha entidad, fue tratada con mayor celeridad y sin inconveniente alguno. En realidad, lo único que los diputados –sobre todo los de la ANR– pretenden es enviar al ministro –y de paso al presidente Cartes– el inequívoco mensaje de que él no goza de sus simpatías como eventual candidato.

    Por lo que se ve, a nuestros senadores y diputados la educación pública y la subvencionada les importan mucho menos que el funesto electoralismo en el que están sumidos durante todo el periodo legislativo. En palabras del diputado Ríos: “Comprendo la importancia de la educación, pero también la preocupación de mis colegas que ya piensan en el 2018, y también pienso en el 2018”. Estas impúdicas declaraciones lo pintan de cuerpo entero, como uno de los tantos politicastros responsables, por acción u omisión, de la ignorancia y de la pobreza que castigan al país. Es una vergüenza que personajes de esta índole sigan dictando leyes.

    La juventud debe identificar con claridad a quienes ponen sus intereses personales por encima de los de la comunidad educativa. Utilizar a los estudiantes como rehenes para enviar ciertas “señales” al ministro de Educación o al titular del Poder Ejecutivo es una bellaquería que debe ser castigada hoy con la repulsa ciudadana y mañana con el voto. Esta clase de políticos debe recibir un cachetazo electoral en las próximas elecciones.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/opaci-rapido-escuelas-que-esperen-1522919.html

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    Publicado por Anónimo | 30 septiembre, 2016, 5:25 am
  4. Hay “Cierto olor a podrido”
    25 septiembre, 2016
    .
    Cirilo Ibarra Enciso.
    “Cierto olor a podrido” es el título de una novela del sacerdote y escritor español José Luis Martín Vigil. Esa expresión, en este momento se les presenta a varios lectores del diario ABC Color al observar la incesante campaña del matutino contra la OPACI.

    Sí, es indudable que algo huelo mal, porque se nota que existen cuestiones particulares, tal vez intereses particulares, porque los ataques apuntan a los hermanos Núñez de Villa Hayes (Basilio, Ricardo y Oscar).

    Pero los periodistas, pese a ser instados por sus jefes a buscar el desprestigio de la OPACI, deberían entender que los hombres pasan, la institución se queda y por sobre todo, deberían saber que las mentiras tienen patas cortas. Publican medias verdades, difunden datos falsos con el solo objetivo de pedir la eliminación del antiguo gremio que aglutina a las municipalidades.

    Esta historia comenzó hace como dos años, cuando el diario denunció la supuesta venta de una propiedad municipal, en la ribera del río Paraguay y acusa a los Núñez como presuntos responsables (hasta hoy ninguno es procesado, pese al reiterado pedido del diario).

    Curiosamente ese inmueble se encuentra frente al Riacho San Francisco, en la jurisdicción de Limpio, y ese terreno sería propiedad del dueño de ABC Color, Aldo Zuccolillo.

    ¿Qué proyecto se le truncó a Zuccolillo en esa zona? ¿Había interés del veterano empresario en el terreno de Villa Hayes? Y si algo de eso hay, ¿Qué tiene que ver la OPACI? Ésta no tiene la culpa de lo que supuestamente hicieron sus entonces dirigentes.

    Una de las recientes publicaciones del matutino, a nombre de Juan Jara, señala que la OPACI “usurpa” funciones de las 250 municipalidades al recaudar los impuestos por la transferencia de inmuebles y operaciones de crédito, específicamente hipotecas.

    Se supone que una persona que se jacta de periodista, debe estar informada mínimamente. La OPACI, en sus oficinas de Bienes y Raíces, lo que brinda es un servicio solicitado por los mismos municipios. Y los impuestos percibidos corresponden en su totalidad a las municipalidades donde se realizan las transacciones.

    Agrega Juan Jara que “la ONG, mediante un simple acuerdo con el Colegio de Escribanos del Paraguay, recibe los recursos genuinos municipales”. Increíble el escuálido y raquítico conocimiento de este “periodista”, porque el acuerdo con los escribanos es al solo efecto de que estos manejen los documentos y datos que deben presentar en el momento de presentarse a pagar los impuestos.

    Y para no entrar en más detalles de la absurda publicación de ABC, que hasta difunde un facsímil totalmente informal para dar un “viso” de seriedad a su “gran” noticia, hay que destacar que el servicio de OPACI es muy importante para los municipios y los escribanos. Si no fuera por ésta tarea, un notario debería trasladarse hasta una Municipalidad más alejada del país, tal vez para pagar un 50.000 guaraníes por la transferencia de un inmueble, que no es grande o que no tiene un gran valor.

    Por favor ABC Color… instruya mejor a sus periodistas y basta de utilizarlos, aprovechando la ignorancia de algunos.

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    Publicado por Anónimo | 27 septiembre, 2016, 7:32 am
  5. Opaci quiere seguir rapiñando a los contribuyentes

    La Cámara de Diputados, por una gran mayoría de sus miembros, se ratificó en que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), una corrupta persona jurídica de Derecho Privado creada en 1964 y controlada desde hace diez años por el clan Núñez, de Villa Hayes (uno de los cuales es asesor del presidente Horacio Cartes), siga percibiendo ilegalmente un arancel por la expedición o renovación de licencias para conducir vehículos en los municipios de la República. Podrá hacerlo porque los arts. 15 y 30 del proyecto de ley le facultan a organizar, implementar y supervisar el Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, ejerciendo por delegación las funciones de dicho Registro. Esta última facultad no está contemplada en la Ley N° 5016/14 vigente, con lo que la anómala situación actual se agravaría al ser formalizada.

    Una organización no gubernamental (ONG) no puede intervenir en el manejo de un registro público ni asumir una tarea propia del Estado, como lo es la de recaudar tributos. Ella es indelegable por su propia naturaleza, de modo que las disposiciones referidas serían tan aberrantes como si se diera intervención a una empresa de seguridad privada en las Fuerzas Armadas y delegara en ella la defensa del territorio nacional.

    Ciertamente, se podrá alegar que los escribanos cobran tributos, pero debe aclararse que se limitan a actuar como agentes de retención, transfiriendo periódicamente al Estado las sumas ingresadas. La Opaci, en cambio, es un parásito de las municipalidades, ya que se queda con todo el dinero que recibe, que el año pasado alcanzó la friolera de 17.000 millones de guaraníes solo en concepto de renovación de licencias, sin que las municipalidades que la conforman reciban ningún beneficio. La integran voluntariamente, tal como lo dice el art. 2° de sus estatutos, pues el art. 171 de la Constitución establece que ellas “podrán asociarse”. Pero si los municipios no reciben beneficio visible de esta participación en la Opaci, puede pensarse entonces que quienes se benefician de los multimillonarios fondos son los intendentes.

    Como la rapaz iniciativa –en caso de que fuera convertida en ley– no podrá obligar a las municipalidades a integrar la Opaci, el Registro será incompleto en muchos casos, en la medida en que haya gobiernos comunales que, con toda razón, tengan el tino de no formar parte de una ONG que ha venido robando descarada y públicamente a los contribuyentes y que, de hecho, hace lo que el art. 170 de la Ley Fundamental les impide a las entidades públicas, es decir, “apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades”. La Opaci se queda con el dinero que debería estar en las arcas municipales respectivas, sin que los concejales puedan ejercer el menor control sobre su destino.

    La intendente de Ybycuí, María del Carmen Benítez, anunció en febrero último, en su carácter de presidente interina de la Opaci, la reducción de 20.000 a 10.000 guaraníes el costo del arancel que cobra por los permisos para conducir. Lo hizo tras las publicaciones periodísticas sobre el descomunal derroche de las sumas irregularmente cobradas, confiando, seguramente, en que la ciudadanía agradezca tan generoso desprendimiento. No hay por qué darle las gracias, dado que una ONG mal puede cobrar un arancel, cualquiera sea su monto.

    Por lo demás, como una tasa solo debe cubrir el gasto administrativo, la cobrada ilícitamente por la Opaci habría estado superando largamente ese límite. Su monto es fijado mediante una ordenanza votada por la Junta Municipal y promulgada por la Intendencia, pero resulta que la Opaci dispone, por sí y ante sí, cuánto hay que pagar, arrogándose una atribución que carece de todo sustento legal.

    Huelga apuntar que esta entidad de Derecho Privado, según la califica el art. 1° de sus estatutos sociales, no está prevista en la Ley Orgánica Municipal, pero aún así mete la mano en el bolsillo de la gente. En efecto, según el art. 3°, sus fines son promover la cooperación entre las municipalidades y su coordinación con las entidades estatales y no estatales, fortalecer la autonomía de las municipalidades y promover tanto su perfeccionamiento institucional como la participación ciudadana. Según el proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja, la ONG estará directamente vinculada con la Agencia Nacional de Tránsito, dándole así un carácter gubernamental, ajeno a los fines de su creación.

    La Opaci no ha estado nunca al servicio de las municipalidades ni de los vecinos, sino al de la claque insaciable allí instalada. Pero, más allá de una cuestión de hecho tan escandalosa, la de fondo es que ninguna ley puede conferir a las entidades privadas una facultad inherente a las públicas. Así lo entendió el Senado en junio último, al privar a la ONG de la potestad que viene ejerciendo, sin que ningún instrumento jurídico le permita quedarse con el dinero abonado por los conductores de vehículos. Los diputados, entre quienes figura el procesado Óscar Núñez, miembro del célebre clan que se enriquece con la situación, pretenden regularizar el robo, dándole un ropaje legal.

    Es inexplicable, por cierto, que la mayoría de las administraciones municipales insensatamente siga consintiendo el despojo de sus ingresos, tanto que puede suponerse que su silencio responde a que una parte importante de lo recaudado por la Opaci termina en los bolsillos de los intendentes. O de los concejales, por eso no protestan.

    Este robo legalizado debe terminar. Por las razones jurídicas y morales apuntadas, los senadores deben rechazar con firmeza la inicua pretensión de algunos de que la Opaci continúe teniendo abusivamente a los contribuyentes como su vaca lechera.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/opaci-quiere-seguir-rapinando-a-los-contribuyentes-1521745.html

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    Publicado por Anónimo | 27 septiembre, 2016, 7:32 am
  6. LA MALDAD ENVENENA Y MATA
    Alguien dijo que la maldad envenena y mata. Si ese problema es solo de uno, hasta se puede entender como pasable, pero si se utiliza, por ejemplo, para hacer que otros cometan equivocaciones, es más grave. En este caso sería lo que pasa con el diario ABC Color, que habría instado a su corresponsal de Encarnación a realizar una publicación que denota una vez más el odio de la gente del matutino hacia la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).
    Ahora al parecer llega al colmo de “motivar” a los intendentes a decir lo que ABC quiere y no lo que ellos desean. Ocurrió en Encarnación, donde supuestamente el intendente Luis Yd dijo que va iniciar los trámites para salir de OPACI.
    Si es verdad la declaración del jefe comunal, habría que avisarle que nadie puede salir de donde no está. La Municipalidad de Encarnación no es socia del gremio y resulta difícil creer que el intendente no sepa eso.
    Pero el corresponsal de ABC no conforme con eso, informó que se comunicó también con el intendente de Cambyretá, Javier Pereira y también le hizo incurrir en el mismo error, porque supuestamente comentó que desea salir de la OPACI. La Municipalidad de Cambyretá tampoco es socia de la referida organización.
    Sin embargo, se nota también que el intendente de Encarnación se encuentra un tanto “perdido”, porque se refirió igualmente a la OPACI destacando que supuestamente no defiende los intereses comunales en el caso de la firma del Decreto Nº 5.775, “Por el cual se modifican los valores fiscales y se rectifica la base imposible de los impuestos inmobiliarios”.
    No sabe que la reacción de esa entidad municipalista no se hizo esperar. De inmediato convocó a los intendentes para tratar el tema con el propio presidente de la República, Horacio Cartes. Pero el jefe de Estado se estaba ausentando del país en ese momento (viajaba a México), pero dejó instrucciones al ministro de Hacienda, Santiago Peña, para hablar con los intendentes sobre los alcances del Decreto.
    Se hizo la reunión y teniendo en cuenta la premura del tiempo, no pudieron participar todos los intendentes del país, pero ahí estuvo la OPACI representando a todos. El ministro Peña reconoció algunos errores cometidos en la elaboración del referido Decreto, entre ellos el hecho de no haberse dado participación a los municipios en la preparación de dicho documento. Hasta pidió disculpas a los intendentes y a las autoridades de la OPACI, que tiene representantes de las municipalidades de todos los departamentos del país. “Hago mea culpa y pido disculpas a todos”, dijo el ministro Peña en esa reunión.
    Tras largos debates y diversas consideraciones, en los que los participantes expusieron todas sus inquietudes, el ministro Peña se puso a disposición de los intendentes para aclarar las dudas que puedan tener. Y subrayó que las puertas del Ministerio están y estarán abiertas para todos los intendentes que quieran acercarse inclusive hasta su oficina para tratar cada caso en particular, “porque cada municipio tiene una realidad distinta”, enfatizó.
    Un periodista de ABC estuvo en el referido encuentro, pero sus compañeros no se informan bien y hacen campaña contra una cincuentenaria institución, dando rienda suelta a una actitud que refleja resentimiento, frustración, odio, impotencia y rencor, entre otras cosas.

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    Publicado por Anónimo | 4 septiembre, 2016, 3:54 pm
  7. El Congreso ampara el robo de la Opaci

    La organización no gubernamental Opaci es, como se sabe, una entidad híbrida creada en el año 1964 con la finalidad de asociar a las municipalidades del país para encarar proyectos de interés común. Nunca sirvió a esa finalidad. Acabó siendo un feudo copado por unos cuantos políticos sinvergüenzas que se volvieron multimillonarios mediante el recurso de sustraer a cada municipalidad una comisión por cada registro de conducir expedido, suma que comenzó siendo de cinco mil guaraníes, y trepó a 20.000 de un solo golpe, en 2011.

    Desde el 2006, esta asociación es manejada por un clan de políticos colorados que opera desde Villa Hayes, encargados de distribuir la “torta” de Opaci, tarea en la que habrán demostrado mucha habilidad, porque ni los intendentes de otros signos políticos les cuestionan, señal inequívoca de que están satisfechos con la porción que les toca.

    En resumen, la Opaci no presta ningún servicio a nadie, ni a la ciudadanía ni a las municipalidades; no coopera para el fortalecimiento institucional de las comunas ni se encarga de iniciativas para la educación cívica; existe solamente para percibir los 20.000 guaraníes anuales por cada registro de conducir que le fluye en un tranquilo ordeño que le provee de unos 41.000 millones cada año, como mínimo, por cuanto esta cifra es la de su presupuesto.

    El 17 de marzo pasado, modificando la ley de tránsito, la Cámara de Senadores retiró a la Opaci la atribución de controlar la base de datos de las licencias de conducir, con lo que, de promulgarse la norma, esta inútil entidad debería desaparecer para siempre. Pero los senadores demoran la remisión de este proyecto a la Cámara de Diputados y, entretanto, Opaci continúa succionando alegremente fondos que podrían ser muy útiles para encarar y salvar múltiples falencias de las que municipalidades medianas y pequeñas adolecen desde tiempo inmemorial, como la ineficacia de su régimen de recaudación tributaria y la de sus juzgados.

    Lamentablemente, pues, esta dilación de la Cámara de Senadores está permitiendo que los ladrones de Opaci continúen recaudando y, al mismo tiempo, les están dando todo el tiempo del mundo para que muevan sus piezas en el tablero de la maniobra política, para sobornar diputados o amenazarles con retirar apoyos para las próximas elecciones, arma letal con la que juegan los que, en el mundo político, disponen de los recursos indispensables para financiar campañas.

    Si es que las personas que ya recibieron provecho, o las que están interesadas en beneficiarse de algún modo con esta inútil y éticamente inaceptable entidad llamada Opaci, lograran éxito en una o ambas cámaras del Congreso y llegaran a conseguir que se la conserve, con el pretexto que fuese, concretarán el triunfo más abierto y desvergonzado que la corrupción política haya logrado en el ámbito de su institucionalización, en estos últimos tiempos.

    Visto esto, lamentablemente, solo cabe pensar que la Cámara de Senadores, al dilatar el trámite, ampara el robo a la ciudadanía que Opaci continúa perpetrando.

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    Publicado por jotaefeb | 27 abril, 2016, 10:13 am
  8. Poner fin al cobro ilegal de Opaci

    Se informa que los senadores que debaten un nuevo proyecto de ley general de tránsito y seguridad vial considerarán la posibilidad de eliminar la atribución concedida por la Ley Nº 5016/14 (Art. 15, Inc. i) a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), para que esta entidad no gubernamental perciba veinte mil guaraníes por cada licencia de conducir expedida en todas las municipalidades de la República, privilegio que le da una ganancia estimada de más de 60.000 millones de guaraníes anuales, aunque en sus balances declaran “solo” unos 22.000 millones.

    Al mismo tiempo, la senadora liberal Blanca Lila Mignarro presentó un proyecto de ley para eliminar directamente el cobro por Opaci de la suma mencionada, por carecer dicha atribución de soporte legal.

    Esta barbaridad del cobro se originó en el mismo momento de la creación de esta organización en tiempos de la dictadura, en 1965, cuando se le otorgó personería jurídica. En esa época el país vivía bajo un régimen autocrático y arbitrario, en que se hacía lo que mandaba el dictador Alfredo Stroessner, y a nadie se le ocurría discutir y, mucho menos, intentar interponer contra esa decisión algún recurso judicial, como por ejemplo una acción de inconstitucionalidad.

    Es por eso que, desde hace medio siglo, una entidad que no es de carácter público percibe fondos públicos. Aunque el caso es aún peor, porque la Opaci no brinda ningún servicio en contraprestación de lo que recibe. Servicio que, de todos modos, no le sería posible prestarlo sin una ley especial, como establece el Art. 158 de la Constitución vigente.

    La Ley Nº 5016/14 no crea ningún servicio para la Opaci, en los términos del artículo constitucional citado; se limita a establecer que su función es coordinar con las municipalidades del país “el otorgamiento de la licencia de conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas”. Hay que entender claramente que la expresión “en su caso” significa, poco más o menos, “si se le antoja”.

    De modo que, desde el reconocimiento de la personería jurídica de esta extraña organización, en el año 1965, la misma está apropiándose de mucho dinero de las municipalidades. Y, al menos, desde la sanción de la Constitución de 1992, son los legisladores los que están permitiendo que se la viole abiertamente, atendiendo que su Art. 170 establece que “Ninguna institución del Estado, ente autónomo, autárquico o descentralizado, podrá apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades”. ¡Qué sorprendente resulta que lo que la Constitución les prohíbe a las entidades públicas, los legisladores le conceden a una entidad que no es pública!

    Pero, continuando su marcha al margen de la ley, la Opaci –manejada por el cuestionado “clan Núñez”, de Villa Hayes, cercano al presidente Horacio Cartes– anuncia que la suma de 20.000 guaraníes que venía percibiendo por cada registro bajará ahora a 10.000 guaraníes. Esa rebuscada medida no disminuye la flagrante ilegalidad de dicho cobro.

    Con motivo de las discusiones sobre una nueva ley general de tránsito y la presentación de la legisladora Mignarro, en estos momentos los senadores tienen la excelente oportunidad para resolver esta contradicción legal y eliminar el problema, derogando expresamente la atribución irregularmente concedida a la Opaci, de tal modo que esta organización permanezca en el marco jurídico natural de las asociaciones privadas y, tal como dice su estatuto, que cada Municipalidad decida si quiere o no asociarse con ella. Pero, tratándose de una institución parásita que ha venido transitando fuera de la ley, la ciudadanía agradecerá su extinción.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/poner-fin-al-cobro-ilegal-de-opaci-1463675.html

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    Publicado por Anónimo | 22 marzo, 2016, 3:34 pm
  9. ¿Habrá ladrones en la Opaci?

    A la pervivencia de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) hay que darle una solución definitiva. De una vez por todas se la define como entidad particular sin fines de lucro, y entonces se rige exclusivamente por las reglas del Derecho Civil y no adquiere ninguna atribución propia de entidades públicas, o se la convierte en entidad estatal con ley orgánica propia o insumida dentro de otro organismo ya existente, por ejemplo, en el ámbito administrativo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

    Lo que no debe suceder es que continúe siendo un híbrido, que en su estatuto se define como asociación particular, de carácter voluntario, pero que en la práctica una ley la convierte en receptora obligatoria de dinero proveniente de tasas por servicios municipales, con lo que la ubica en la esfera de las entidades de carácter estatal. En síntesis, una situación perfecta para los contubernios en los que se rifa el dinero del contribuyente sin mayor control, como está sucediendo.

    Legalmente hablando, Opaci es un adefesio jurídico; aunque esto es lo de menos, porque en último caso se le puede poner remedio modificando su estatus o haciéndola desaparecer, transfiriendo sus atribuciones actuales a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV). Al final de cuentas, según el Art. 15, Inc. i) de la Ley Nº 5016/14, “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, el único “trabajo” de la Opaci es coordinar con las municipalidades del país “el otorgamiento de la Licencia de Conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas”. Pero está visto que si desapareciera la entidad, nadie se daría cuenta. Por el contrario, varias municipalidades –que hoy están procurando su desafiliación a la misma– mucho agradecerían.

    Volviendo a la situación actual, la labor mencionada atribuida a la Opaci bien la podría realizar la misma ANTSV, sin complicarla inútilmente encargándola a la averiada entidad, a la que ni siquiera todas las municipalidades están asociadas, aunque se las quiera obligar a hacerlo por imperio de esta rarísima disposición legal que convierte ladinamente a una entidad particular en agente gubernamental de percepción de tributos.

    Para empeorar su condición de entidad ambigua, oscura, posiblemente más irregular de lo que es habitual en nuestro país, se conoce ahora que en algún momento, hace mucho tiempo, formalizó un acuerdo particular con el Colegio de Escribanos del Paraguay mediante el cual estos profesionales retienen un impuesto municipal sobre las transferencias inmobiliarias y le remiten su recaudación directamente a Opaci.

    Es difícil calificar esta connivencia mediante la cual dos entidades no gubernamentales administran fondos públicos a su antojo, a través de “acuerdos” entre ellas. Se trata de una demostración clarísima de abierta usurpación de atribuciones exclusivas del poder gubernamental. En el pasado año 2015 Opaci recibió, en este concepto, se calcula mal que mal unos 17.000 millones de guaraníes, actualmente desaparecidos en el agujero negro de la entidad, pues jamás llegaron a las municipalidades asociadas ni figuran depositados en alguna entidad financiera.

    Basilio “Bachi” Núñez, principal protector del adefesio, expresidente de la entidad y asesor muy cercano del presidente Horacio Cartes, se permitió contar el chiste de que las propias municipalidades no desean que se les transfiera inmediatamente las retenciones impositivas. “Algunas nos piden (a Opaci) que guardemos esa plata hasta fin de año para pagar los sueldos y aguinaldos”, declaró. Pero, ¿dónde, en qué agujero guardan el dinero? ¿Y cuándo lo transfieren? ¿Y a quiénes lo hacen? No hay registro de nada de esto. Además, cada Municipalidad tiene su propia cuenta en los bancos y, entonces, ¿por qué dejar que otra entidad le guarde su dinero?

    En otro rubro, la Opaci declara haber ingresado en sus arcas, el año pasado, unos 22.000 millones de guaraníes, aunque se puede dar por verídico que bien pudo haber sido el doble o el triple de esa suma, recaudación que, agregada a las demás, debe constituir el botín que alimenta las cajas de ahorro de algunos “amigos”, de muchos “correlí”, financiando operadores electorales y demás aves rapaces que suelen reunirse alrededor de estas fuentes de comida rápida, fácil y abundante. Porque, ¿a qué puede destinar semejantes sumas de dinero una organización que no hace nada por las municipalidades, por el desarrollo comunal, por el bienestar de los vecinos?

    Se trata, por consiguiente, de una entidad que, empleando el pretexto de la disposición constitucional que autoriza a las municipalidades a asociarse para promover proyectos e iniciativas de interés común, se define en esos términos y, con un enjuague seudolegal, se convierte en perceptora y cajera “mau” de miles de millones de dinero de los recursos públicos.

    Está bien, por supuesto, que algunas municipalidades se asocien para desarrollar juntas proyectos costosos y amplios; pero no necesitan hacerlo para otorgar registros de conducir; una tarea tan sencilla no amerita sujetarse a un turbia organización de entidad incierta, como Opaci. Esto solo puede despedir un nauseabundo olor a corrupción.

    ¿Hasta cuándo el Gobierno la sostendrá en esas condiciones? En este momento la respuesta es dudosa, porque un clan de políticos de apellido Núñez, que guarda estrecha amistad con el Presidente de la República, se apropió de la Opaci hace muchos años, manejando sus fondos a gusto y paladar. Por este motivo tan sencillo, actualmente no hay muchas esperanzas de que se aclare el panorama con esta entidad administrativamente híbrida, jurídicamente irregular y de clara naturaleza parasitaria, en cuyo interior debe estar sucediendo cualquier cosa, ya que hasta ahora parece tener la enorme ventaja y el gran privilegio de no estar controlada por nadie.

    No puede ser que para un caso así de irregular no exista una institución estatal que intervenga, investigue y, si hay fraudes de por medio, envíe a la cárcel a los ladrones por más amigos del Presidente que sean.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/habra-ladrones-en-la-opaci-1455128.html

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    Publicado por Anónimo | 24 febrero, 2016, 9:48 am
  10. Esos monstruos que crean

    Nos pasa a todos. Fila, caja, cajero, pago, y nos sentimos en regla. El registro perforado, la boleta doblada y guardada, y a otra cosa. El problema es que acabamos de pagarle a la municipalidad un dinero que irá a parar a una ONG que hasta hoy no tiene control.

    Es la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal u Opaci, por sus siglas, creada en la década del 60 y transformada en ONG en 1997.

    Sus socios, los municipios, nos cobran en su nombre por registros de conducir, habilitaciones de vehículos y hasta transferencias de inmuebles.

    Es uno de esos monstruos engendrados con un discurso, pero convertidos en la práctica en una simple caja recaudadora. Su presidente, Ricardo Núñez, nos dijo esta semana en la 730 AM ABC Cardinal, que el año pasado recaudaron casi 17.000 millones de guaraníes, aunque evitó aclarar que eso fue solo por los registros, ya que en realidad la ONG por diversos conceptos recaudó casi 42.000 millones. Al preguntarle qué daban a cambio de ese dinero, aseguró que “capacitaban” a los municipios para la expedición de los registros.

    Cualquiera que conozca mínimamente cómo funcionan algunas municipalidades se dará cuenta de que esta es una tomadura de pelo. En la gran mayoría de los municipios, para obtener un registro solo es cuestión de cumplir un ritual burocrático mínimo y pagar.

    Por cada registro que se renueva, Opaci recibe 20.000 guaraníes, que se deben multiplicar por los cientos de miles de registros que son renovados anualmente, para dimensionar una parte de este negocio.

    ¿Y el Estado? La Contraloría pudo haber auditado el manejo de este dinero, pero históricamente hizo la vista gorda, como lo admitió su propio asesor jurídico Diego Marcet, quien asegura que al recibir dinero público de las municipalidades, se puede verificar la gestión fiscal y patrimonial.

    ¿Pero por qué entonces tiene tanto poder? “Sus representantes son políticos, que hacen lobby permanente en el Congreso”, ensaya como respuesta el senador Eduardo Petta, que se compromete a trabajar para intentar acabar con el superpoder que otorga ahora a Opaci, a través de ese lobby, la nueva Ley de Tránsito y Seguridad Vial.

    La ley vigente da la potestad a Opaci de ser la intermediaria de coordinación con los municipios, para expedir los registros de conducción. Es decir, una ley nacional que establece privilegios para convertir a una ONG en supervisora de las municipalidades

    Un negocio que mueve miles de millones y que tiene en los hermanos Núñez a las cabezas visibles desde el 2006. Basilio, el asesor del presidente Cartes, fungía como asesor de Opaci hasta hace un tiempo con una dieta de G. 12 millones al mes.

    Ahora apareció en el firmamento el nombre de una empresa, Inventa SA, a la que Opaci adjudicó en setiembre del año pasado la potestad de realizar tests psicofísicos a los interesados en obtener sus registros. Consultado sobre esta empresa, el presidente de Opaci dijo que no recordaba quiénes eran sus representantes, en coincidencia con la misteriosa desaparición de la noticia de la adjudicación a la empresa del portal oficial de la organización.

    En definitiva, un Frankenstein que huele muy mal, y que a diferencia de la novela de Mary Shelley no creo que termine con la autoinmolación del monstruo.

    Por Guillermo Domaniczky

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/esos-monstruos-que-crean-1451016.html

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    Publicado por Anónimo | 7 febrero, 2016, 4:04 pm

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