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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Narcotráfico y política

Ignorando el alcance de sus atribuciones, y arrojando sobre sí misma una sospechosa aureola con tufo a narcopolítica, la intendenta del municipio de Sargento José Félix López (Puentesiño), María Laude Morel (ANR), se permitió pedir el traslado de todos los policías locales,encabezados por el oficial inspector Eulalio Florentín, que el 4 de noviembre último rescataron de las garras de una turba de más de 500 personas a cuatro agentes de la Senad y a tres funcionarios del Ministerio Público que habían interceptado un cargamento de marihuana transportado por un hermano del entonces intendente interino, Francisco Sánchez (ANR).

La jefa comunal alega que los policías, que volvieron a incautar el cargamento cuando se pretendió trasladarlo en otro camión, involucraron a personas inocentes entre las más de treinta que hoy tienen orden de captura.

Los graves incidentes y el insólito pedido revelan que el narcotráfico tiene un gran peso político y socioeconómico en muchos municipios, pero también demuestran que hay agentes de la administración dispuestos a cumplir con su deber. Los hechos delictivos ocurrieron en una pequeña localidad, en la que, evidentemente, una buena parte de la población se dedica al cultivo y a la comercialización de la marihuana. Tan es así que hay incluso cooperativas que aglutinan a los productores y a los traficantes, según lo reveló a radio ABC Cardinal un jefe policial de la zona. Siendo así, el dinero sucio sería imprescindible para ganar unas elecciones comunales. No es una casualidad que entre los cabecillas de la agresiva muchedumbre hayan figurado, aparte del citado exjefe comunal interino, los exintendentes Alfredo Zabala (PLRA) y Gilberto Rojas (ANR), así como el expresidente de la Junta Municipal Justimiano Balbuena (PLRA) y el actual concejal suplente Víctor Ayala (ANR).

Parece claro que el gobierno municipal estuvo o está en manos de quienes no vacilan en proteger una actividad ilícita mediante el uso de la fuerza ni están dispuestos a tolerar que los agentes del orden público interfieran en ella. Por eso mismo, es digna de aplauso la conducta que tuvieron los miembros de la comisaría policial cuyo traslado, que en realidad sería una sanción, ahora la intendenta Morel solicita con el mayor desparpajo. Cabe imaginar las presiones y las tentaciones a las que están expuestos en su faena diaria, de modo que su actuación en el caso referido solo puede calificarse de ejemplar. El respaldo que les ha dado el fiscal de Concepción, Celso Morales, quien dispuso las detenciones de rigor, debe ser acompañado por la ciudadanía harta de que la narcopolítica sea cada vez más influyente. Es de esperar que la iniciativa de la jefa comunal sea rechazada, pues de lo contrario se habrá demostrado, una vez más, que el Estado ha sido corroído hasta la médula por la delincuencia instalada en las entidades públicas.

Por último, el gobernador de Concepción, Luis Urbieta (ANR), cuyos buenos oficios fueron solicitados para desmantelar la comisaría policial, afirmó que no intervendría “si es por una cuestión política”, por ser “algo grave”. Para él, entonces, el “narcotráfico” es sinónimo de “política”.

Aquí no se trata de una cuestión política, sino penal, de modo que el lapsus de este funcionario es bastante elocuente: dice mucho acerca de la inserción del narcotráfico en la política, tanto que el gobernador los identifica sin querer.

 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/narcotrafico-y-politica-1445253.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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20 comentarios en “Narcotráfico y política

  1. Los narcos gobiernan cada vez más al país

    Un informe emitido esta semana por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que el mercado mundial de la droga está prosperando. Se trata de una realidad que la estamos sufriendo también en el Paraguay, donde los narcotraficantes han venido permeando todas las esferas de nuestra sociedad.

    En nuestro país, los narcotraficantes comenzaron conformando bandas relativamente pequeñas, de recursos y acción limitados, en áreas geográficas reducidas. Poco a poco incrementaron su número, su organización, su poder económico y su influencia; por consiguiente, comenzaron a abarcar zonas más extensas e incrementar sus ambiciones de mayor presencia en los espacios y actividades que dirigen la marcha de la sociedad nacional, resumibles en dos palabras: economía y política.

    Allí están hoy, en todas partes, agazapados, estirando sus tentáculos hacia todos los ámbitos del Estado o de las empresas particulares desde donde pueden ejercer influencia, amedrentando, sobornando o imponiendo autoridades en puestos públicos funcionales para ellos.

    Moviéndose en el sector privado, sus cada vez mayores patrimonios les crean una dificultad: tienen que disimular sus fortunas tras actividades económicas que deben aparecer ante el público y la ley como lícitas, es decir, tienen que lavar su dinero y sus activos. Aquí es donde las sociedades anónimas que emiten acciones al portador se convierten en excelentes instrumentos para que los criminales camuflen sus bienes malhabidos. Las acciones en la sociedad empresarial que no exige llevar impresos los nombres de sus dueños (innominadas), y que, por consiguiente, pueden ser presentadas en las transacciones o asambleas por cualquier persona, son el medio ideal para ocultar la identidad de sus verdaderos propietarios.

    En la Cámara de Diputados de nuestro país se introdujo un proyecto de ley para eliminar esta figura del Derecho Comercial. Los diputados –a pesar de la firme oposición de algunos– aprobaron la eliminación de esta clase de acciones que se emiten en ciertas sociedades anónimas, pero los senadores les introdujeron cambios que tornan ineficaz la solución perseguida en el proyecto inicial. Los diputados se ratificaron en su redacción original y el proyecto volvió a la Cámara Alta, donde ahora requiere de mayoría absoluta de votos de los senadores para hacer prevalecer su posición.

    Es natural que ante este golpe a sus intereses ocultos, todos los que tienen recursos de origen ilícito escondidos tras acciones innominadas se vean amenazados por esta prohibición legal en ciernes. Entre estos, los más perjudicados serán, por cierto, los narcotraficantes. Es lógico, por tanto, que estén presionando para impedir la reforma legal y frustrar la eliminación de las acciones empresariales al portador.

    Otro tema que se debe comentar en relación con el dinero oculto es el de las “listas sábana”, instrumento –esta vez de carácter netamente político– del que se sirven los narcotraficantes para meter sus garras dentro del sistema de elección de autoridades. La “lista sábana” es la lista de candidatos que las cúpulas de los partidos políticos presenta al elector como opción cerrada, ante la cual el ciudadano debe optar por elegir a la lista completa o abstenerse de votar.

    Como sabemos muy bien los paraguayos, esas listas son encabezadas por dos o tres personajes más o menos conocidos y atrayentes del ámbito de la política partidaria, que son los que muestran la cara en las fotografías publicitarias y en boletines de voto, pero, a continuación vienen mimetizados bandidos, defraudadores y oportunistas. Estos son los agentes a los que el narcotráfico recluta, financiándoles sus campañas electorales o sobornándoles de cualquier otro modo, para que, después de ser electos y asuman sus cargos, se ocupen de defender los intereses de sus benefactores y de procurarles impunidad. Y es en esta función que muchos legisladores, empleando pretextos, hacen lo posible para impedir la modificación del régimen de acciones innominadas en las sociedades anónimas, protegiendo los intereses señalados.

    Íntimamente vinculado a todo lo anteriormente expuesto se halla el espinoso asunto del control público del financiamiento de los gastos electorales, que en todos los países decentes del mundo ocupa el centro de la atención de la justicia, por cuanto constituye un tema crucial en el equilibrio del sistema democrático.

    ¿Quiénes financian a los partidos y candidatos sus gastos de campaña electoral, como la publicidad, el transporte, los mitines y movilizaciones, etc.? En aquellos países, el origen de estos fondos es controlado con el mayor rigor y las leyes ponen límites a dichos gastos, de tal suerte que los candidatos que tengan mayores recursos económicos no dejen fuera de carrera a los menos afortunados.

    En nuestro país, con una ley de financiamiento de partidos políticos inocua, débil y poco precisa, con instituciones de control que no funcionan (generalmente adrede) y con autoridades sobornadas o pusilánimes, el control estatal real a la actividad partidaria y a la gestión de las campañas electorales no existe. De manera que el dinero del narcotráfico a organizaciones políticas y campañas electorales puede perfectamente ser disimulado tras el velo de aportes que aparecen como anónimos y voluntarios.

    El anonimato es la forma ideal de esconder todo lo que esté al margen de la ley; por eso es preciso poseer las restricciones legales que cada uno de estos casos merece; y, sobre todo, hay que tener autoridades con coraje suficiente para aplicarlas.

    De esta manera, están dadas todas las condiciones para que los “narcos” manejen la política en nuestro país. Tienen inmensos recursos económicos bien camuflados, disponen de las “listas sábana” para introducir a sus agentes operativos y las vías expeditas para financiar a candidaturas, movimientos, partidos y hasta sobornar autoridades no electivas. Más ventajas no podrían pedir.

    Ante la proximidad de nuevos comicios nacionales, la ciudadanía volverá a tener una ocasión especial para escoger a quienes van a gobernarla durante el próximo lustro. Para el efecto, debe exigir por todos los medios, especialmente manifestaciones públicas firmes y sostenidas, que se desbloqueen las “listas sábana”, el primer bastión donde se abroquelan los bandidos financiados por los narcotraficantes.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/los-narcos-gobiernan-cada-vez-mas-al-pais-1606572.html

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    Publicado por jotaefeb | 28/06/2017, 09:27
  2. El financiamiento electoral y la narcopolítica

    La Cámara de Diputados tratará hoy un proyecto de ley que extiende a los comicios internos el control estatal sobre el origen y el uso del dinero empleado en las campañas electorales. De acuerdo al mismo, que cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) examinaría también el financiamiento de las candidaturas y de los movimientos internos, para los cuales regirán las mismas prohibiciones relativas a las donaciones o contribuciones que se hagan en las campañas para las elecciones generales y municipales.

    Se trata de una iniciativa de capital importancia para procurar impedir que los recursos malhabidos influyan en la voluntad popular, dado que es sobre todo en las elecciones internas donde el crimen organizado invierte su dinero sucio para introducir sus tentáculos en el aparato estatal y cuyo resultado puede ser decisivo, más aún considerando que las listas siguen estando bloqueadas. En los dos grandes partidos, quien obtiene un buen lugar en una de ellas puede confiar en que conquistará el cargo electivo en disputa, sin necesidad de recaudar más dinero para las elecciones generales.

    Inspira suspicacia, pues, que el TSJE, por boca de su presidente, Jaime Bestard, sea renuente a verificar el origen y el uso de los fondos utilizados en los decisivos comicios internos, so pretexto de falta de tiempo y de autonomía de las organizaciones políticas. Si debe combatir hoy la influencia que pueda ejercer el crimen organizado en las elecciones nacionales, no hay motivo valedero para que se niegue a hacer lo mismo en las internas. A la hora de pugnar por un escaño o por un cargo uninominal, estas pueden ser determinantes, atendiendo el considerable peso que aún tiene el “voto cautivo”. La mafia lo sabe, de modo que es en los comicios internos donde apuesta por conseguir la mayor cantidad de candidatos.

    La palabra mafia, de origen italiano, se aplica hoy a cualquier organización clandestina de criminales, desde las pandillas que se dedican a la venta de crack en los barrios de ciudades y pueblos, hasta el crimen organizado transnacional, como el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, que ha extendido sus tentáculos al Paraguay y perpetró hace poco el espectacular asalto a la empresa Prosegur en Ciudad del Este; pasando por los narcotraficantes, contrabandistas, falsificadores y lavadores de dinero sucio de los que está lleno el país. Por eso, es de suponer que son inmensos los recursos con los que puede financiar a los políticos en su afán de ir contando con agentes en las esferas de poder y ganar impunidad.

    Para combatir a una organización criminal, el Estado cuenta con la Policía, la Fiscalía y la Justicia. Sin embargo, cuando logra infiltrarse, manipula esas instituciones y acaba por adueñarse de los tres Poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con lo que el propio Estado termina por convertirse en una gran mafia en su conjunto, un narcoestado.

    Bajo el Gobierno del presidente Horacio Cartes, las mafias se han venido fortaleciendo en el Paraguay, pues se han incrementado las grandes operaciones delictivas. Parlamentarios, ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia, jueces, fiscales, jefes de la Policía Nacional, militares y caciques políticos de todos los colores, juntos con sus parientes y amigos, se enriquecen robando al Estado y proporcionando cobertura operativa a la actividad de los sindicatos criminales transfronterizos y protección legal a los capos mafiosos que los controlan.

    Esta fusión de las instituciones estatales con el crimen organizado transnacional ha hecho que en el Paraguay se haya borrado la línea divisoria conceptual entre agentes públicos y agentes de la mafia. A modo de ejemplo, cabe recordar que el exjefe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Luis Rojas llegó a afirmar que el 70% de sus agentes estaba involucrado con la mafia del narcotráfico. Que se sepa, ningún fiscal reaccionó, ninguno de los bandidos fue entregado a la Justicia, ni mucho menos enviado a la cárcel, de modo que siguen siendo los mismos que hoy están “combatiendo” el narcotráfico en nuestro país.

    En el Paraguay, el crimen organizado se ha convertido en un verdadero problema político que amenaza con socavar los cimientos del orden constitucional de la República. Ya no es solo un problema a ser atendido por la Policía, la Fiscalía y la Justicia, como lo demuestra el hecho de que el fogón que atiza el caldero de la mafia está localizado nada menos que en el propio Parlamento. No pocos de los diputados y senadores que ocupan actualmente sus bancas han dado indicios de que han accedido a ellas de la mano de la “narcopolítica”, el tentáculo de la mafia que, valiéndose del nefasto expediente político de las “listas sábana” y de la falta de control del financiamiento de las campañas electorales internas, infiltra a sus leales en este Poder del Estado para que, en connivencia con el Ejecutivo o contando con su indiferencia, amparen a la mafia que se ha hecho dueña de la República. Por esta razón, todo indica que ese oprobioso sistema no se desmontará fácilmente, de modo que los mafiosos –ellos mismos o a través de sus secuaces financiados– continuarán copando espacios en el Parlamento y en otros órganos electivos.

    En 2014, la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del propio Senado produjo un informe presentado por el senador Arnaldo Giuzzio en una sesión plenaria de ese cuerpo legislativo, que identificó a varios legisladores con posibles vínculos con el narcotráfico, como los diputados colorados Freddy D’Ecclesiis, Magdaleno Silva (hoy fallecido), Bernardo Villalba y Marcial Lezcano, el entonces diputado suplente Carlos Rubén Sánchez (“Chicharõ”) y la exdiputada y hoy “parlasuriana” Concepción Cubas de Villaalta. Este informe fue remitido por el Senado a la Fiscalía, donde, como era de esperar en toda investigación que involucre a políticos y legisladores, duerme una larga siesta.

    Solo una vigorosa reacción de los ciudadanos y las ciudadanas puede impedir que el crimen organizado continúe infiltrándose y manteniendo a sus operadores en el Congreso y otras instituciones fundamentales. Para ello, mediante manifestaciones públicas firmes y perseverantes, deben lograr que se elimine el repugnante régimen de “listas sábana” y que exista un efectivo control del financiamiento político, para desalojar a los personeros del crimen organizado que sientan sus reales en los Poderes del Estado.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/el-financiamiento-electoral-y-la-narcopolitica-1596679.html

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    Publicado por jotaefeb | 24/05/2017, 08:38
  3. Narcotráfico en Mercosur

    Por Susana Oviedo
    En la reunión que mantuvieron la semana pasada los presidentes de Argentina y Paraguay, acompañados de algunos de sus ministros y de los gobernadores de la frontera común que comparten ambos países, se reconoció que un tema como el narcotráfico hacía como ocho años que no se trataba como un asunto bilateral prioritario.

    Un par de días antes, la prensa regional informaba con gran despliegue el escandaloso caso de la banda desbaratada en Itatí, provincia argentina de Corrientes, con la detención del intendente de esta ciudad, policías y, en total, 22 personas involucradas en el tráfico de drogas. Los titulares hablaban de que 80% de la droga provenía de Paraguay y que desde diciembre último se incautaron ocho toneladas de marihuana en Itatí.

    Está de más decir que sin la complicidad local de la policía y las instituciones involucradas en el control del paso fronterizo, la mercancía no llegaría hasta allí y otros puntos de la región. El lunes, en plena ruta 2, en la ciudad de Itauguá, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) persiguieron y detuvieron a un camión que transportaba más de 74 kilos de marihuana (en panes), provenientes de Bolivia y que –dijeron– tenía por destino el Brasil, vía Ciudad del Este.

    Un largo recorrido en el curso del cual deben sortear varios puestos de control, por lo que se ve, completamente permeables al dinero del narcotráfico.

    De hecho, en el caso desbaratado el lunes, aparece implicado un policía retirado y quién sabe cuántos otros del servicio activo lo estarán.

    La ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrrich, anunció una serie de acciones conjuntas que realizarán los sistemas de seguridad de su país con los del Paraguay para combatir este robusto negocio ilícito que funciona campante intra Mercosur y que –según frecuentes casos– trasciende la región y llega a otros mercados de todos los continentes.

    No hay que perder de vista que el 70% de los paraguayos presos en las cárceles del mundo lo están por tráfico de drogas. Algunos en lugares tan distantes como Turquía, China o Corea.

    Cuando las propias autoridades reconocen que por más de ocho años dos países vecinos dejaron de reunirse específicamente para abordar problemas transfronterizos como el narcotráfico, es fácil comprender por qué esta actividad creció tanto que cooptó a autoridades locales, regionales y nacionales. Cobró estado de narcopolítica.

    Ya no solo financia campañas electorales y candidatos, sino que tiene plena participación en la misma política. Coloca a sus propios candidatos para llegar a las instancias del Estado, proteger sus actividades, ampliar la producción y actuar con impunidad.

    Por eso, además de Argentina y Paraguay, también Brasil, Bolivia y Uruguay deben unirse con urgencia al abordaje conjunto de este asunto y afrontar los años de carta blanca que se otorgaron a los narcos de la zona.

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    Publicado por Anónimo | 25/03/2017, 07:48
  4. Desidia del Gobierno ante el problema del narcotráfico

    El intendente, el viceintendente y el jefe de la comisaría de Itatí, localidad argentina situada frente a la paraguaya de Itá Corá, en el sur del departamento de Ñeembucú, fueron detenidos hace unos días por participar presuntamente en el tráfico de marihuana que ingresa masivamente desde el Paraguay, según destacan los medios de prensa argentinos. Se recordará que Ignacio Fretes (ANR), intendente de Laureles, municipio situado también en la misma zona del Ñeembucú, se dio por detenido en noviembre último tras el hallazgo de 611 kilos de marihuana en una camioneta de su propiedad, ocupada por dos subordinados suyos.

    Al respecto, cabe mencionar que el cura párroco de Laureles y Cerrito, Ismael Obregón, declaró que el narcotráfico ha ido tomando las localidades de ese departamento. “Es zona fronteriza y pasan muchas cosas, pero nadie denuncia”, afirmó el citado religioso.

    En junio de 2014, los hermanos paraguayos Lorenzo y Arnaldo Cubilla fueron detenidos en Buenos Aires con un cargamento de 3.500 kilos de marihuana originado probablemente en San Pedro del Paraná, en donde el primero de los nombrados llegó a presidir un club deportivo. Los mismos fueron considerados como los “reyes de la marihuana” por la prensa argentina, que les dedicó profusos espacios por la magnitud de sus operaciones. En ese mismo municipio del departamento de Itapúa, en noviembre de 2016, la Policía Nacional halló abandonados 217 kilos de marihuana primero y 2.578 después, sin que ningún narcotraficante fuera capturado.

    En tren de aportar otros antecedentes, dos años antes la Gendarmería argentina había incautado en Paso de los Libres (Corrientes) 8.500 kilos del estupefaciente que eran transportados desde el Paraguay a Chile en un camión apenas camuflado. Nada se supo de la investigación entonces anunciada sobre “la complicidad de policías paraguayos y chilenos para poder cruzar la droga a su antojo”. En lo que a nuestros compatriotas respecta, esa complicidad no sería en absoluto sorprendente, sin excluir la de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El anterior titular de esta última institución, Luis Rojas, llegó a afirmar que el 70% de sus agentes estaban involucrados de alguna manera con los delincuentes, aunque nunca adoptó ninguna medida para sanear esa institución.

    Estos episodios muestran que los narcotraficantes no operan solo en el nordeste de la Región Oriental y que no proveen únicamente al mercado brasileño. Como puede constatarse, también están instalados en el sur, en localidades relativamente pequeñas, en las que en los últimos años se han construido viviendas lujosas que guardan vehículos de gran porte. Los pobladores saben a qué se dedican sus dueños, pero temen hablar, según se desprende de las palabras del sacerdote antes citado, quien también señaló que en Laureles siempre hay visitas de gente desconocida. El asesor jurídico de la Municipalidad local, Miguel Sinecio Ortiz, dio otra explicación al decir que allí “se valora a la gente con mayor capacidad económica”, lo cual favorecería al crimen organizado. En otras palabras, se abren las puertas a personas que inexplicablemente se enriquecen de la noche a la mañana. Es probable que ambos tengan parte de razón, es decir, que tanto el miedo como la pérdida de valores hagan que los narcotraficantes se sientan cómodos y no solo en dicha localidad, sino también en otras de Ñeembucú, Misiones e Itapúa. Lo seguro es que el crimen organizado mata y envilece porque soborna a quienes deben combatirlo y goza de la protección de personajes instalados en los tres poderes del Estado, como reconoció una vez el propio presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez (ANR). Tras esta alarmante revelación, una “Cumbre de Poderes” en el Palacio de López concluyó el 3 de noviembre de 2014 con el formal anuncio, por parte de la Presidencia de la República, de “la implementación efectiva e inmediata de acciones para desarticular las organizaciones criminales, impedir que el narcotráfico siga infiltrándose en los poderes fácticos, públicos y privados, incluyendo partidos políticos”.

    Como siempre ocurre, después de esa pomposa declaración no se han tenido noticias de alguna acción espectacular contra el crimen organizado. Por el contrario, desde entonces se sucedieron los hechos antes mencionados, a los que deben sumarse, entre tantos otros relacionados con el tráfico de drogas, el sangriento asesinato del “empresario” de frontera Jorge Rafaat y el de un allegado del delincuente Jarvis Chimenes Pavão, cometidos por el crimen organizado en junio de 2016 y en enero de este año, respectivamente.

    O sea que, como era de esperar, el compromiso asumido en las más altas esferas de la República no fue más que puro blablá. No impidió, por cierto, que sigan ocupando sus bancas los diputados colorados Freddy D’Ecclesiis, Bernardo Villalba y Marcial Lezcano, acusados en la Cámara Alta por la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, también en noviembre de 2014, de tener vínculos con dicha actividad delictiva, ni que la diputada colorada Cristina Villalba, considerada la “madrina” del presunto autor intelectual de la muerte de nuestro periodista Pablo Medina y de Antonia Almada, siga gozando de la confianza del presidente Cartes, hasta el punto de que llegó a presentarla al papa Francisco. Todo sigue igual, salvo que Chimenes Pavão ya no guarda “reclusión” en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, tras descubrirse, al cabo de mucho tiempo, que ocupaba una celda demasiado lujosa y que vivía como un rey, lugar desde el que probablemente seguía ganando mucho dinero sucio.

    Avergüenza enterarse, en fin, de que bandas de compatriotas disputen a tiros el control de alguna villa miseria del Gran Buenos Aires para proveerla del estupefaciente de origen paraguayo. Según estadísticas conocidas, solo en lo que va del año los organismos de seguridad de la Argentina decomisaron 32.000 kilos de marihuana en localidades que limitan con el Paraguay, que actualmente es el principal proveedor de dicha droga en la región.

    ¿A quién pedir socorro si el narcotráfico se ha infiltrado en todas las esferas del Gobierno? La ciudadanía no debe permanecer indiferente ante la desidia del gobierno del presidente Horacio Cartes para enfrentar este grave problema, que envenena a nuestra sociedad, en especial al sector joven, al tiempo de proyectar una pésima imagen de nuestro país al exterior.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/desidia-del-gobierno-ante-el-problema-del-narcotrafico-1575540.html

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    Publicado por Anónimo | 25/03/2017, 07:48
  5. Combate al narcotráfico

    De forma preocupante en los últimos tiempos se van sucediendo horrendos crímenes en nuestra región que tienen el sello característico del narcotráfico. De hecho, se sabe que históricamente toda la zona fronteriza ha sido dominada por el tráfico de drogas y padrinos que se asentaron aquí y gozaron de la protección de las instituciones encargadas de combatirla.
    Desde la época de la dictadura, los carteles de las drogas utilizaron el Alto Paraná para el transporte, abastecimiento y distribución de drogas ilícitas. En tiempo de democracia no fue diferente, cambiaron los padrinos y se fortalecieron otros tipos de organizaciones delictivas, pero el narcotráfico siguió campante. Muchos poderosos narcos gozaron y gozan de la protección policial, fiscal y judicial, cuando no política. De hecho no se explica que cantidades industriales de drogas paraguayas sean incautadas en territorio brasileño, todo esto no puede darse si no se tiene algún tipo de protección de las autoridades.
    La fiscalía de Ciudad del Este tiene que aclarar fehacientemente, en qué circunstancias supuestamente una orden de una fiscal fue adulterada para que un acusado de tráfico de drogas, quien pese a sus antecedentes continúa libre, sea desvinculado de un intento de homicidio. La víctima sobrevivió e identificó plenamente al autor del atentado. Publicaciones periodísticas señalan que el oficio de la fiscal en cuestión habría sido modificada a cambio del pago de una fuerte coima. Llamativamente, solo después de que el caso gane estado público, la agente denunció la supuesta falsificación.
    Esto demuestra que los grandes traficantes siguen manejando instituciones y funcionarios públicos. Por años, la policía resguardó la casa del famoso narcotraficante Tomás Rojas y había toda una dotación de uniformados a su servicio.
    El narcotráfico se ha fortalecido tanto en el país que ya tiene hasta sus voceros en el Parlamento Nacional, llegando inclusive algunos a ocupar cargos electivos. Sería iluso pensar que esta podredumbre instalada en toda la estructura del Estado y de la sociedad paraguaya pueda ser combatida y erradicada. Pero cuando las instituciones encargadas de perseguir a los delincuentes, se ponen al servicio de éstos, se pone en peligro la vigencia del Estado de derecho y de las instituciones de la República. Experiencia se tienen de países donde el narcotráfico destruyó a las instituciones y que terminaron costando vidas y recursos, sembrando terror y violencia en la sociedad. Los macabros hallazgos de cadáveres en nuestra jurisdicción deben ser un llamado de alerta, para evitar que este flagelo llegue a pudrir nuestra sociedad. Puede ser que todavía estemos a tiempo.

    http://www.vanguardia.com.py/2017/02/11/combate-al-narcotrafico/

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    Publicado por jotaefeb | 14/02/2017, 11:14
  6. Narco podría ampliar influencia en política y economía de la región

    La visita de personas relevantes a la celda de un jefe narco no es una anécdota sino la reafirmación de la inserción de este poder en la política, la economía y la cultura.

    ¿Cuánta presencia podría tener el narcotráfico en el financiamiento de campañas nacionales?

    El poder narco consigue lo que en términos de secuestros se describe como el “síndrome de Estocolmo”, congela a su sociedad damnificada e incluso gana su temerosa simpatía. Quizás a esto responda que con absoluta naturalidad y a veces con más asiduidad que los propios encargados de la lucha antidrogas, los abogados de narcos están presentes en los espacios mediáticos.

    Desde los ’80 en adelante, el fenómeno del narcotráfico ha empezado a cambiar el mapa folclórico y cultural latinoamericano. Primero narcotraficantes, luego sencillamente “narcos” los grandes operadores del negocio del tráfico de estupefacientes pasaron a convertirse en personajes de leyenda viva, dueños de regiones, dueños de voluntades oficiales y privadas, confrontados nada menos que con las políticas de seguridad del país más poderoso del mundo, los Estados Unidos.

    El libro de Jaime Massardo y Alberto Suárez, “América Latina, Mosaico Cultural” (París-2005) contiene un dato patético: “Si se le pidiera hoy en día a un transeúnte en París, Boston, Tokio o Lagos citar a un colombiano conocido, es probable que pensaría en Pablo Escobar antes que en el premio Nobel Gabriel García Márquez. Esta repentina notoriedad mundial de los comerciantes latinoamericanos de sustancias psicotrópicas ilegales, de las ‘mafias’ del ‘narcotráfico’, es en gran parte el resultado de los importantes cambios políticos y económicos que han sucedido en América Latina durante los últimos veinte años”.

    NINGÚN DEBATE EN EL CONGRESO

    La reciente detención en Asunción de referentes del poderoso Cartel de Sinaloa ha sido un triunfo de la política antidrogas del Gobierno pero al mismo tiempo un dato tan inquietante como cuando se detecta un cáncer temprano. Es temprano, pero es cáncer.

    Para que se tenga una idea sobre este poderoso cartel, vale citar que, según la DEA, en México conviven ocho carteles de la droga que son representativamente importantes. De tales organizaciones criminales, el narco de Sinaloa representa el 76 por ciento de la droga que ingresa a los Estados Unidos, proveniente de su vecino país.

    Estos son datos suficientes para pensar en el futuro que nos espera si la clase política no se sienta a dialogar sobre medidas que contrarresten este riesgo, esencialmente con el control al financiamiento de la política.

    Durante los últimos tres años la vida del Congreso estuvo centrada en su versus con el Poder Ejecutivo y nunca destinó un debate profundo al problema narco que amenaza como una serpiente a la democracia paraguaya. Inocencia de unos, irresponsabilidad de otros termina siendo un todo funcional.

    Sea como fuera, preocupa a las autoridades y al Gobierno de los Estados Unidos esta novedad y actualmente se destinan importantes esfuerzos para conocer hasta dónde Sinaloa pudo haber accedido con sus tentáculos.

    Los carteles de la droga no tienen problemas con gobiernos que no ejercen resistencia y pueden pasar desapercibidos, sin provocar turbulencias, pero cuando los procesos de intercepción –como en este caso– molestan pueden ser protagonistas de hechos importantes que provoquen incluso conmoción en la gobernabilidad.

    EL EPP Y LA MARIHUANA

    De acuerdo con los reportes de la base de datos de la ONU, el Paraguay es el segundo país mayor productor de marihuana en América Latina, después de México, que es el primero. No tenemos mayores informaciones acerca del volumen de producción de cannabis de México, pero se trata de un país que tiene 15 veces más habitantes que Paraguay y que es casi 5 veces mayor en superficie geográfica.

    La Secretaría Antidrogas (Senad) cree que la producción anual de marihuana picada y prensada, que es como se la comercializa, anda por las 30.000 toneladas. Supone que la superficie cultivada oscila entre las 4.000 y 6.000 hectáreas, principalmente en los departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro, Canindeyú y Alto Paraná. Casualmente, cuatro de esos cinco departamentos son limítrofes con el Brasil, que es el principal comprador de la marihuana paraguaya según todas las evidencias.

    El valor comercial de la marihuana que produce al año el Paraguay es nada más y nada menos que 2.700 millones de dólares, al precio de 90.000 dólares la tonelada. Es decir, 200 millones de dólares más que el valor factura de toda la soja exportada por nuestro país en el 2013.

    ¿Cómo es posible que, con todos estos datos, principalmente el que certifica la radicación de grandes cultivos en la zona donde funciona el EPP, se pueda creer que tal organización vive de su ideología justiciera? Todo lleva a suponer que en realidad vive de proteger el narco-negocio de la región.

    UNA VECINDAD QUE NOS CONDENA

    El Brasil es el principal comprador de la marihuana paraguaya, según técnicos de la Senad, pues lleva el 80%. Por algo los departamentos donde tradicionalmente se cultiva la droga son limítrofes o cercanos a ese país. El segundo comprador más importante es la Argentina, a donde va a parar el 10% de lo que sale del país, y el 10% restante va a Chile y a otros países.

    Centrados en la región, debemos ser estrictos en considerar que si existe un norte paraguayo narco-activo, si existen ajusticiamientos con ametralladoras .50, de guerra (mientras nuestra Policía los persigue con pistola), si un zar narco está preso en una celda de Asunción, es por una sencilla razón: somos vecinos del país que consume y baraja las grandes cartas del financiamiento y distribución de la mercadería ilícita: el Brasil.

    Nada de lo que ocurre en el Norte del Paraguay ocurriría si el destino de la ruta de la droga no fuera Brasil.

    Lo que habría que preguntarse a continuación es: ¿se comprometerá Brasil como se comprometió alguna vez y hasta ahora el Gobierno de los Estados Unidos con el acompañamiento de la lucha antidroga en los países de origen?

    El Brasil no puede seguir observando los acontecimientos del Paraguay, generados con financiamiento de su país, con delincuentes de su país y con drogas destinadas a su país, con la actitud de un cura que administra los pecados ajenos.

    Hablemos con la verdad: la escala del potencial de fuego narco es ostensiblemente superior a las posibilidades de la Policía Nacional. Solo en dos camionetas. La de los asesinos y la del asesinado en Pedro Juan Caballero había más poder de fuego que en todos los destacamentos policiales juntos del Amambay. Entonces. ¿Qué podemos esperar de la Policía más que el temor de enfrentarlos?

    Brasil debe asumir su real responsabilidad en este asunto. Y Paraguay debe instalarse con mayor amor propio, separando de sus responsabilidades las responsabilidades foráneas.

    Sería interesante que –a continuación– el Brasil colabore con el Paraguay con el financiamiento de la lucha antidrogas, tal como otro gran “consumidor” los Estados Unidos lo hace, porque en las condiciones actuales es difícil que con el arsenal y la tecnología propias de nuestro país se pueda provocar el fin de esta batalla.

    Por Augusto Dos Santos

    http://www.lanacion.com.py/2016/12/19/narco-podria-ampliar-influencia-en-politica-y-economia-de-la-region/

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    Publicado por Anónimo | 23/12/2016, 08:07
  7. Narcoabandono del Estado
    29 septiembre, 2016 0 3

    En una complaciente entrevista presentada por un canal de televisión de la capital, el acusado de ser autor moral del asesinato del periodista Pablo Medina, Vilmar “Neneco” Acosta, justificaba que en la zona fronteriza la mayoría de la población, según el, se dedica al cultivo de la marihuana “por el total abandono del Estado”.
    Vilmar Acosta llegó a la política de la mano del movimiento Vanguardia Colorada, liderado en ese entonces, por el ex vicepresidente Luis Castiglioni y Javier Zacarías Irún.
    Fue electo intendente de Ypejhú (Canindeyú) en el año 2010 y estaba por terminar su periodo, preparándose para la reelección cuando fue acusado de ser el autor moral del asesinato del periodista Medina y huyó de su pueblo. Entonces, “Neneco” era autoridad ejerciendo una función administrativa dentro de la estructura del Estado. La pregunta que corresponde por lo tanto es: ¿qué hizo él por su comunidad para superar ese abandono del cual habla?
    Se sabe que Acosta llegó a utilizar hasta el edificio de la sede municipal para almacenar cargamentos de marihuana. Por lo tanto, no cabe duda de que tendrá que justificar que los pobladores se dediquen al cultivo de la droga. De hecho, de un tiempo a esta parte es una vergonzosa realidad en nuestro país que las campañas políticas para acceder a cargos públicos, para administrar la República son financiadas con dinero del narcotráfico.
    Pero, más allá de las justificaciones del exintendente, recluido en Tacumbú, lo que llama la atención es la “muletilla” que utilizan muchos intendentes y gobernadores para justificar su inutilidad, señalando el “abandono del Estado” como la causa de los males de sus respectivas comunidades, demostrando su total desconocimiento de lo que significa el Estado y de su rol como administradores (intendentes, gobernadores, concejales, diputados, etc.).
    Se impone así la noción de que el Estado es un ente que tiene que proveer todo y del que hay que esperar las soluciones a todos los problemas. De hecho, una de las funciones del Estado es buscar el bienestar de los habitantes, pero eso se materializa a través de la gestión de los administradores de sus instituciones.
    Entonces, no es el Estado el que abandona. Son las autoridades inútiles las que no tienen idea de cuál es su función al acceder a un cargo y ni siquiera intentan salir de su zona de confort para realizar las gestiones y poner en marcha los proyectos necesarios para sacar a sus comunidades del atraso y el abandono.

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    Publicado por Anónimo | 29/09/2016, 07:44
  8. Competencia desleal de la narcopolítica
    09 Sep 2016

    El debate suscitado por la absurda propuesta, de una bancada minoritaria del Senado, de suspender la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte del país, notablemente, ha desembocado en un debate razonable, cuya primera conclusión es contraria a la propuesta: lo que hace falta es invertir más en el Norte, no solo en la lucha contra el EPP, que no hay que limitarla al grupo así autoproclamado, sino al narcoterrorismo, que es una aproximación al problema más amplia, pero mucho más precisa, porque la realidad indica que los grupos que tienen histórico control y dominio de la fuerza en la región comenzaron con el tráfico de frontera y, más específicamente, con el narcotráfico.

    Como ha sucedido en otras latitudes, por compartir el uso y abuso del terror y la violencia los narcos han terminado asociados con los grupos paramilitares y secuestradores, aliados en los medios y los fines para que tales industrias del crimen prosperen.

    El narcoterrorismo ha sido el concepto que ha primado para calificar la situación en el Norte, en la primera cumbre de poderes que ha producido este debate, tras un amplio respaldo ciudadano, en la región, en la opinión pública nacional y en gremios tanto empresariales como laborales.

    El resultado de esta primera reunión ha sido altamente favorable, ya que ministros de la Corte, legisladores y representantes de organizaciones del Estado que están en la lucha contra la delincuencia han podido intercambiar criterios, ver cómo cooperar, ajustar las leyes necesarias para permitir mayor eficiencia en la lucha contra el narcoterrorismo y sus secuelas. La otra conclusión es que hay que mantener constantes reuniones para sincronizar los esfuerzos de las instituciones que, como manda la Constitución, deben ejercer el poder del Estado.

    Muchos políticos y referentes sociales de los que se llenan la boca hablando contra la inseguridad y el fracaso en la lucha contra el EPP, tienen mucha tolerancia, y algunos hasta complacencia, en relacionarse, defender y hasta contar con referentes con justificadas sospechas de estar en el narcotráfico o con los paramilitares. No es casual que el término narcopolítica haya sido acuñado por la ciudadanía y sea ya de uso corriente.

    Como muchos justifican los secuestros con los niveles de pobreza o descontento social, como si se hicieran en nombre de los pobres, cuando los más pobres –como se aprecia a simple vista– son los principales damnificados. No hay mejor forma de fomentar la violencia que justificarla.

    La violencia política ha llegado a niveles sórdidos de ejercer el poder por la vía del crimen, asesinando a autoridades elegidas por el voto popular, a candidatos con posibilidades de ganar elecciones, a contendientes o denunciantes de los narcocriminales, para instalar, por el descarte vía asesinato, a sus propios candidatos.

    Es el sonado caso de Wilmar “Neneco” Acosta.

    La narcopolítica se ha instalado hasta en las cárceles, como estamos viendo con estupor, donde un narco ha organizado un golpe –y hecho asesinar a los guardiacárceles que lo frustraron– y ha pretendido evitar el traslado de prisión ordenado por el Gobierno, con ayuda de un juez y de autoridades pusilánimes.

    Se impuso la autoridad del Gobierno y el juez narcodefensor ha sido sancionado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Funcionaron las instituciones.

    El poder del narcotráfico entra en la política cada vez más desembozadamente, adquiriendo cada vez más influencia, convirtiéndose en una competencia desleal para los políticos que no cuentan con los millonarios recursos que produce la plata dulce; avanza sin controles, sin límites para la financiación del proselitismo, por leyes complacientes y falta de controles institucionales.

    Es el otro territorio en que también debe realizarse la lucha contra el narcoterrorismo, a nivel legislativo, para impedir mediante leyes y con controles la plata dulce en la política, y a nivel de los partidos políticos, para impedir que el narcofinanciamiento imponga el narcopoder del dinero sobre la democracia del voto, la plutodemocracia sobre la democracia, la bandas delincuenciales por encima de los partidos políticos.

    En fin, se está haciendo lo correcto, el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado, en lugar de guasuapi, el francotiradorismo de la politiquería que solo busca sacar provecho propio, sin contemplar el interés nacional, aprovechando coyunturas.

    http://www.lanacion.com.py/2016/09/09/competencia-desleal-la-narcopolitica/

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    Publicado por Anónimo | 09/09/2016, 05:34
  9. Cortar corrupción que da poder a narcotraficantes encarcelados

    En varias ocasiones se denunció la anomalía de que algunos presos, principalmente procesados por crímenes como lavado de dinero y vinculados a investigaciones sobre narcotráfico, permanecían recluidos en las llamadas celdas vip, provistos de cuantiosos lujos y privilegios, desde donde seguían manejando impunemente sus operaciones delictivas.
    En los últimos años hubo varios casos revelados a través de la prensa. En junio de 2015 se mostró que los procesados por narcotráfico, Tomás Rojas Cañete, alias Toma’i, y Carlos Caballero, alias Capilo, gozaban de celdas vip, el primero en la cárcel de Tacumbú y el segundo en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, con libre acceso a teléfonos celulares y conexiones a internet, entre otros privilegios.
    En julio de 2015 se denunció que el entonces recluso Rubén Sánchez Garcete, alias Chicharõ, diputado suplente del Partido Colorado por Amambay, procesado por lavado de dinero, había llegado a montar libremente un puesto comando en su celda de Tacumbú, desde donde dirigía personalmente, a través de equipos de comunicación conectados a internet, la campaña electoral de su hermano, Denilso Sánchez, en las internas de la ANR, celebrando su victoria electoral como precandidato a intendente municipal de Capitán Bado, y luego como intendente electo, a pesar de ser también en su momento un prófugo de la Justicia.
    Acerca del capo Jarvis Chimenes Pavão, condenado en Paraguay por lavado de dinero y en Brasil por narcotráfico, se han conocido testimonios de que el mismo seguía manejando sus operaciones desde la cárcel, pero aun así las recientemente divulgadas imágenes de su lujosa celda y los detalles revelados acerca de cómo las autoridades carcelarias le permitían disponer de todos los privilegios han causado sorpresa, indignación y alarma en la ciudadanía, ya que muestran el gran nivel de penetración del narcotráfico en las estructuras del Estado.
    Resulta difícil de creer que las más altas cúpulas del Gobierno no sabían que un poder criminal paralelo opera desde adentro de las cárceles, con la abierta complacencia y complicidad de quienes debían ejercer los controles para evitarlo.
    Ya en enero de 2015, la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios anunció que se iban a desmantelar las celdas vip en Tacumbú, algo que evidentemente no se cumplió.
    De todos modos, es plausible que al fin se haya tomado la decisión de desalojar a Chimenes Pavão de su privilegiado alojamiento, pero el simple cambio del lugar de reclusión o la sustitución de algunos altos funcionarios no soluciona el problema. Hay que cortar de raíz la corrupción que le da poder a los narcos en las cárceles.

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    Publicado por Anónimo | 12/08/2016, 14:26
  10. ¿Qué celebraron?

    Denilso Sánchez Garcete, más conocido como Chicharõcito, organizó una fiesta popular por su retorno a Capitán Bado, donde fue electo intendente municipal a pesar de ser procesado, estar prófugo y detenido después. La fiesta tuvo “calor popular” gracias a la abundancia de cerveza y asado gratis.
    Digamos que una parte de la población pudo haber estado contenta de verdad, ya que el intendente ganó con más del 50% de los votos frente a otros candidatos en una elección evidentemente desigual en el aspecto financiero.

    Sin embargo, en el festejo “del pueblo” estuvieron también tres diputados: Marcial Lezcano, Freddy D’Ecclesiis y Óscar Tuma, todos colorados. ¿Qué tenían ellos que celebrar con el intendente y la familia Sánchez Garcete?

    Dirán que la justicia no encontró nada malo hasta ahora en la conducta de los Sánchez Garcete (los tres hermanos procesados y detenidos por lavado de dinero), pero ya sabemos que por esa vía no se encontrará nada. Faltaría entonces recurrir a las Comisiones de Investigación de las Cámaras, donde ya surgieron algunas aristas sobre el tema cuando se averiguó sobre el asesinato del colega Pablo Medina y su acompañante.

    Juan Francisco Elizeche decía en la Convención Nacional Constituyente de 1992 que es necesario que estas comisiones investiguen también “la conducta de los miembros del Congreso, en caso, por ejemplo, de sobornos o de la posibilidad de recibir algún tipo de orientación desfavorable a los intereses del país, y que no pueda prima facie ser comprobada ni demostrada como una cuestión de interés público. Es muy frecuente el caso de sobornos a diputados y senadores para conseguir ciertas y determinadas leyes o regalías a cambio de prebendas de cualquier tipo”.

    Yo creo que hay ciudadanos que piensan exactamente igual hoy a lo que pensaba en 1992 el convencional Elizeche, porque en realidad cabe preguntarse ¿por qué fueron a celebrar tan lejos los tres diputados?

    ¿No bastaba con aplaudir desde sus curules con un breve discurso? ¿O enviarles un mensaje por WhatsApp?

    Si se sospecha de que los hermanos Sánchez Garcete andan en algo turbio, ¿por qué han de estar totalmente limpios sus padrinos políticos? Pregunto.

    Por Edwin Brítez

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/que-celebraron-1505369.html

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    Publicado por Anónimo | 06/08/2016, 07:01
  11. Tolerancia cómplice para permitir la narcopolítica en el Paraguay

    Pese a la gravedad del problema del narcotráfico y narcopolítica que tenemos en Paraguay, el Gobierno –compuesto por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial– no ha dado aún claras señales de voluntad para combatir lo que representa un peligro para la gobernabilidad del país.

    Muchas veces, cuando se habla de Gobierno, se cree que solo atañe al Poder Ejecutivo. Esa es una idea equivocada, cuando no intencionalmente maliciosa, de aquellos que pretenden eximirse de responsabilidades y cargar todo el peso de la responsabilidad de gobernar al presidente de la República y los que dependen de él en la estructura del poder.
    La Constitución, en su artículo 3, dice expresamente: “El Gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control”.
    Por lo tanto, en el narcotráfico, hay responsabilidades específicas para cada sector. Y nadie puede desentenderse de las mismas, tal como los poderes del Estado –por acción o por omisión– lo han venido haciendo. Por eso se ha llegado a un grado tal que hoy el narcotráfico y sus brazos largos se han infiltrado en las esferas de las instituciones públicas desde las que operan con impunidad, además de blindar a delincuentes.
    El caso del ex intendente de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta Marques acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Pablo Medina y de su asistente Antonia Almada–, es la más clara evidencia de lo lejos que había llegado ya el narcotráfico al colocar como cabeza de un gobierno local a un narcotraficante.
    A esa situación se llegó porque las autoridades a las que correspondía combatir la delincuencia del narcotráfico habían dejado de cumplir sus funciones e incluso se habían vuelto cómplices de un delincuente. Aquí han estado directamente involucrados miembros de la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), así como fiscales y jueces.
    Los partidos políticos también tienen su cuota de participación en el avance de la narcopolítica, al dar luz verde a candidatos de dudosa trayectoria en la sociedad. De haber habido un control de calidad de los que se postulaban para los diversos cargos locales y nacionales, las nucleaciones políticas hubieran sido filtros importantes para evitar que los narcos tengan mayor poder. Es obvio que la permisividad no era inocente: conllevaba el propósito no declarado de contar con fondos provenientes del mundo de las drogas para las campañas electorales.
    Esa tolerancia cómplice se da también con los parlamentarios que no han querido extirpar de su seno los cuerpos extraños emparentados con el universo del narcotráfico. Si hay un narcotráfico que ha ganado terreno considerable en el país es porque el Gobierno –los tres poderes del Estado– le ha dado vía libre para crecer y desarrollarse. Por ello, es necesario revertir el actual panorama.

    http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/

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    Publicado por jotaefeb | 24/07/2016, 07:35
  12. Idealización del crimen

    Hace poco más de un mes recorría en las redes sociales fotos de una llamativa fiesta de cumpleaños, por la pomposidad de la celebración. La ambientación era temática así como el atuendo del agasajado, que imitaba características propias de los personajes de la serie “El Señor de los Cielos”, que representa la historia de un poderoso narcotraficante mexicano. La excentricidad de la fiesta no llamaría la atención si no fuera porque el agasajado está sospechado de tener vinculaciones con el narcotráfico y que llamativamente hace ostentación de poder y riqueza en la zona fronteriza, sin que hasta ahora ninguna institución del Estado o organismo investigador lo haya molestado.

    Los más sanguinarios cárteles que hacen parte de los crímenes de México y Colombia, y cuyas historias nos llegan en serie de televisión son muy similares a la vida que ostentan poderosos criminales contrabandistas, narcotraficantes, y matones del país, sobre todo en las ciudades fronterizas, donde estos personajes crearon verdaderos imperios y tienen a su servicio a los funcionarios públicos que deberían encargarse de investigarlos y combatirlos.
    Gracias a la corrupción, la impunidad y la terrible degradación moral en nuestro país existe una suerte de idealización de los crímenes y cada vez más grupos intentan copiar a los grandes mafiosos. Los criminales ya no operan ocultos, al contrario ostentan públicamente lujo y poder en las ciudades donde están asentados. Además de sembrar terror y miedo se apoderan de todos los ciudadanos para hacerlos parte de banda, compran fiscales, jueces y policías para operar a sus anchas. El nivel de degradación moral es tal que muchos se enorgullecen de ser narcotraficantes.
    La sociedad como tal no puede hacer la vista gorda y endiosar a los mafiosos. A la vista están la terrible experiencia y el alto costo social que tuvieron que pagar los países que permitieron que las organizaciones delictivas acumulen fuerza y poder. Cuando se trastocan los valores y los organismos del Estado se ponen al servicio de los criminales, la sociedad va camino directo a la autodestrucción.
    Son llamados de atención, señales de alerta que debe mover a la sociedad a analizar hasta dónde se están destruyendo los valores y de qué manera se puede reencausar a la sociedad para que este terrible flagelo no siga contaminando a nuestra sociedad.

    http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/46671-idealizacion-del-crimen

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    Publicado por jotaefeb | 24/07/2016, 07:34
  13. No se debe permitir que Paraguay se convierta en un “narco Estado”

    El reciente asesinato del capo narco Jorge Rafaat ha sido el mayor atentado criminal, por el empleo de potentes armas de guerra en una zona muy poblada, revelando el modo en que el narcotráfico se ha hecho dueño de amplios territorios, actuando con total impunidad ante la inacción de las fuerzas de seguridad.
    La situación de verdadero terror que vivieron los pobladores de Pedro Juan Caballero, Amambay, cuando decenas de sicarios con potentes armas de guerra asesinaron al capo narco Jorge Rafaat Toumani, en medio de una infernal balacera que se extendió durante más de media hora, revela el gran crecimiento del poder del narcotráfico y el crimen organizado en el país.
    Aunque los atentados criminales en la zona fronteriza ya no constituyen una novedad, sí resulta significativa la magnitud de esta batalla campal, librada en un sector céntrico de la ciudad, provocando el generalizado pánico de los pobladores, y con un poder de fuego desplegado por los criminales como solo se acostumbra ver en las películas de acción, incluyendo el uso de una potente ametralladora antiaérea para acribillar el vehículo blindado en que circulaba la víctima.
    Llama la atención principalmente la falta de rápida respuesta de las fuerzas de seguridad, a pesar de que el ataque se produjo a muy poca distancia de una comisaría y de otra importante dependencia policial, despertando una vez más las conjeturas de que las autoridades policiales acceden a conceder una especie de zona liberada para este tipo de fechorías, o que no acuden al pedido de auxilio de los pobladores por saberse en desventaja ante el poder de fuego de los criminales.
    El narcotráfico y el crimen organizado crecen ante la debilidad y la vulnerabilidad de las instituciones democráticas. Hasta ahora, las autoridades y los miembros de la clase política no han demostrado una verdadera conciencia cívica y patriótica para oponerse decididamente, y muchos sucumben fácilmente a la tentación de hipotecar el futuro de sus hijos y de su país a cambio de percibir el dinero sucio, manchado de sangre. De este modo, permiten que con mucha facilidad el Paraguay avance a convertirse en un narcoestado o en un Estado fallido, como lamentablemente ha ocurrido con otras naciones del continente.
    Es urgente reaccionar y poner freno al narcotráfico, antes de que sea muy tarde. Para ello urge aprobar leyes que permitan detectar, perseguir y confiscar el dinero y los bienes de los narcotraficantes y sobre todo transparentar los fondos que financian la política.
    El senador Robert Acevedo, electo presidente del Congreso tras una controvertida negociación política, enfrenta un desafío particular por ser oriundo de la zona del Amambay y tener que desacreditar definitivamente las acusaciones que lo vinculan al negocio narco. Como el resto de la clase política, deberá demostrar con hechos una real voluntad para influir en el cambio. Serán también una mayor conciencia y una activa movilización ciudadana las que nos ayudarán a no caer presa del terror criminal.

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    Publicado por jotaefeb | 06/07/2016, 08:38
  14. Pérdida de soberanía

    Este fin de mes se cumple el permiso de 180 días del intendente de Capitán Bado Denilso Sánchez, alias “Chicharõcito”, recluido en la cárcel de Tacumbú por la sospecha de integrar una banda que se dedica al lavado de dinero y al narcotráfico. El procesado incluso había asumido el cargo, estando prófugo de la justicia y hasta ahora los concejales de esa ciudad no movieron un dedo con intenciones de apartarlo del cargo.

    Es lo que ocurre cuando los criminales van ganando terreno, tras pasarse de exitosos empresarios, empiezan a ocupar cargos en comisiones vecinales y clubes deportivos hasta escalar en las instituciones públicas. Cuando los criminales llegan al poder ningún cuerpo político se animará a hacerles frente porque sería como enfrentar la propia muerte. En cualquier país serio, la simple sospecha de la comisión de un hecho punible destituye o hace renunciar a un servidor público. En este caso está procesado, con serios indicios en su contra, estuvo prófugo, está recluido y nadie se anima siquiera intentar sacarlo del cargo.
    Este es el peligro de dejar el terreno libre a los grupos criminales, que se apoderan primero de un cierto territorio y luego de toda una comunidad. Tal es el caso que la localidad de Naranjito’i, distrito de Itakyry, donde la Senad había descubierto que todos los pobladores se dedicaban al cultivo de marihuana, ningún agente policial, docente, padre de familia se animó a denunciar. Todos se convirtieron en cómplices y si bien lograban sobrevivir gracias a este trabajo ilegal, los verdaderos beneficiados fueron los mafiosos que acrecentaron su capital y extendieron sus tentáculos.
    Cuando el Estado pierde soberanía sobre su territorio imperan los grupos criminales, que son los que imponen sus códigos y someten a toda una sociedad. En nuestro país es preocupante la impunidad de los traficantes, quienes con su poder económico someten a los funcionarios públicos y así consiguen protección y luego completan el círculo acaparando el poder político, no solamente imponiendo candidatos sino también ocupando cargos públicos. Una verdadera bomba de tiempo para toda la sociedad y el estado de derecho.

    http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/45097-perdida-de-soberania

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    Publicado por Anónimo | 12/06/2016, 08:15
  15. Más irritantes privilegios de legisladores

    Como no hay bastantes agentes de policía para proteger a la población, el presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez; el ministro del Interior, Francisco de Vargas; y el comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, se reunieron para deliberar sobre la conveniencia de reducir o no el número de custodios que tienen los legisladores o si es preferible aumentar el de ingresantes en la Academia de Policía. Aún no han tomado ninguna decisión al respecto, pero la ciudadanía puede preguntarse por qué es preciso, por ejemplo, que el presidente de la Cámara Baja, Hugo Velázquez (ANR), sea protegido por cuatro agentes de policía, los diputados Víctor Ríos (PLRA), Asa González (PLRA), Celso Kennedy (PLRA) y Celso Maldonado (PLRA) por tres; los diputados Amado Florentín (PLRA), Eusebio Alvarenga (PLRA), María Carísimo (PLRA), Ramón Duarte (Frente Guasu), Alsimio Casco (ANR) y Clemente Barrios (ANR) por dos; y los diputados Enrique Pereira (ANR), Walter Harms (ANR), Purificación Morel (ANR) y Celso Troche (ANR), por uno. ¿Por qué ellos gozan del privilegio de tener guardaespaldas uniformados, y por qué unos más que otros? Cuesta creer que la seguridad de sus personas y de sus bienes se halle más amenazada que la de sus colegas y que la del común de los ciudadanos. Sin contar que, según asiduos asistentes de las Cámaras, estos policías –muchos de ellos oficiales de carrera– son utilizados como simples ordenanzas por los legisladores, para llevarles sus portafolios, para servirles tereré, etc. ¡Una verdadera vergüenza!

    Se ignora el criterio de la asignación de los guardias, así como la razón por la que algunos cobran de la Cámara Baja una bonificación por “servicios especiales”, previa solicitud escrita del diputado protegido. Pero, sobre todo, lo que cabe preguntarse es si realmente los legisladores requieren contar con una protección especial. Tal vez sea necesaria en casos excepcionales, pero la asignación de uno o más agentes de policía no puede depender del mero pedido del interesado. El ministro del Interior dijo que “en el futuro hay que trabajar probablemente por un protocolo (sic)”, lo que significa que hoy no existe ninguna normativa que rija la cuestión. Los parlamentarios ya tienen demasiados privilegios como para que sea necesario poner a su servicio a guardias uniformados, que deberían estar más bien en las calles para defender a la gente y perseguir a los malhechores. Si creen que su vida y su patrimonio están en peligro, que contraten una seguridad privada con los voluminosos recursos que perciben del Estado como dieta.

    Y aquí cabe indagar también si la Cámara de Diputados necesita la custodia permanente de noventa agentes de policía. Se trata de una de esas prerrogativas irritantes que quiebran el principio de igualdad.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/mas-irritantes-privilegios-de-legisladores-1452178.html

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    Publicado por Anónimo | 12/02/2016, 07:49
  16. Tampoco nos importa

    Las declaraciones hechas por el gobernador de Canindeyú, Alfonso Noria, son de una inmoralidad ofensiva y vejatoria. Las hizo durante una conversación con radio ABC Cardinal, y a la pregunta de si tiene en cuenta que muchas personas a las que pide ayuda económica para sus campañas son sospechosas de ser narcotraficantes, respondió que se acercan a ellas para pedir votos y no para preguntarles a qué se dedican: “Nosotros no llegamos a la casa de las personas para preguntar a qué se dedican, si usted es narcotraficante. Nosotros solo pedimos que nos acompañen. Nosotros solo queremos el voto”.

    Hemos perdido la noción de lo que está bien y de lo que está mal. La gente no diferencia entre la actitud honesta y la actitud delictiva. O, también es posible, y muchísimo peor, saber cuál es la diferencia, pero no le importa. Sin entrar a considerar si el gobernador de Canindeyú tiene relaciones o no con el narcotráfico, sin juzgar si es dueño de una inmensa fortuna mientras su sueldo como gobernador es de doce millones de guaraníes, lo que dijo sería suficiente, en cualquier país del mundo democrático, para que se iniciaran todos los trámites legales para su destitución.

    Meses atrás, en Cataluña, se descubrió que el antiguo presidente de la Generalitat, considerado algo así como “el padre de la nación catalana”, Jordi Pujol, cobraba a las empresas una comisión del 3% por cada concesión de una obra pública. De esa comisión, ilegal, desde luego, una parte iba a sus cuentas en el paraíso fiscal de Andorra y otra iba para financiar las actividades de su partido. Sus distendidos paseos en compañía de su esposa por las callejuelas del pueblo en que tiene una maravillosa casa de campo se han convertido en un ir y venir a los tribunales donde debe intentar explicar el origen de su fortuna en la que también han colaborado activamente todos sus hijos. Pues bien, ese 3% que en nuestro medio suena a una miseria en comparación a las coimas que se acostumbran pedir y pagar, ha generado un escándalo mayúsculo con consecuencias funestas. Por lo pronto su partido, Convergencia Democrática Catalana, ha sido desguazado y ahora sus herederos políticos se las están viendo en figurillas para relanzarse con un nuevo nombre y así echar una capa de arena sobre lo que pretenden que se olvide.

    Esta es la manera en que reacciona un sistema político en el que las instituciones funcionan y donde la gente tiene conciencia que los actos de corrupción ponen en peligro no solo la democracia de la que disfrutan en este momento –el periodo democrático más prolongado de su historia– sino también su bienestar y todas las conquistas que han logrado en cuarenta años de libertad.

    La impasibilidad con que la gente asiste a hechos como el protagonizado por el gobernador de Canindeyú, que lastimosamente no es único, sino uno más entre muchos otros, más que incomprensible, es sorprendente. Aunque tengamos un sistema democrático representativo, el país lo construimos entre todos. También podemos destruirlo entre todos. Podemos hacerlo por acción y también por omisión. La forma en que se manejan los políticos nos está llevando a lo que se llama un “Estado fallido”, vale decir, un Estado (o un país) en el que no funcionan sus instituciones y cada ciudadano queda al libre arbitrio de lo que se le pueda ocurrir a cualquier hijo de vecino porque no hay leyes, no hay sanciones, no hay política de educación pública, de sanidad pública. En síntesis, no hay nada. ¿Que no puede suceder? Pregunten en Naciones Unidas cuántos Estados fallidos hay en África y en algunas regiones de Asia. Se pueden llevar una desagradable sorpresa.

    Políticos como este gobernador nos están robando el país; se están llevando a manos llenas no solo el dinero, sino sobre todo la decencia, el concepto de que se debe vivir y actuar dentro de la legalidad, no porque podemos recibir un castigo, sino porque estas son las reglas de la convivencia pacífica, de la solidaridad entre todos. Se actúa bien porque está bien hacerlo de ese modo y nada más.

    Lo que ha dicho Alfonso Noria es ofensivo, es vejatorio, es insultante, es doloroso. Es grave que a los políticos no les importe el origen del dinero para sus campañas, pero mucho más grave es que a nosotros tampoco nos importe.

    Por Jesús Ruiz Nestosa

    http://www.abc.
    com.py/edicion-impresa/opinion/tampoco-nos-importa-1447174.html

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    Publicado por Anónimo | 28/01/2016, 15:38
  17. Se deben investigar los bienes de Noria

    “El gobernador Alfonso Noria Duarte, con apoyo de otros actores políticos de Canindeyú, montó una ASOCIACIÓN CRIMINAL, que llevó finalmente a un esquema de enriquecimiento ilícito que le permite llevar un estilo de vida en total desacuerdo con sus ingresos. Además, permite inferir que, cuando menos, estaría causando un grave perjuicio al erario público departamental…”.
    Es lo que dice el rotundo informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que se constituyó tras el asesinato de nuestro corresponsal Pablo Medina y de la joven Antonia Almada, y que fue presentado en junio del 2015. El documento fue entregado posteriormente al Ministerio Público, que por fin ahora comenzó a ocuparse del tema ante la notoriedad que cobró el caso. Debió hacerlo mucho antes, considerando la jerarquía del órgano que la formuló y los serios indicios de que Noria Duarte aumentó notablemente su patrimonio durante el ejercicio de la función pública.

    Entretanto, y por iguales motivos, la Contraloría General de la República debe ejercer las facultades que le otorga la Ley N° 5033/13, en caso de que el gobernador haya presentado su declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de haber asumido el cargo. Entre otras cosas, le autoriza a investigar la veracidad del contenido de la declaración (art. 4°), inspeccionando libros, cuentas bancarias, documentos, facturas y “otros elementos” que estén en su poder o en el de otras personas físicas o jurídicas, incluidos funcionarios públicos (art. 9°). En este caso, la última disposición puede resultar muy útil, ya que el gobernador habría formado una “asociación criminal” con otros políticos del departamento.

    La CBI reveló, entre otras cosas, que el denunciado vive en un inmueble de 5 ha valuado en tres millones de dólares, en tanto que en el Chaco posee uno de 20.000 ha: el primero está a nombre de su madre, y el segundo a nombre de su hermana. Como se suele recurrir a testaferros para ocultar los bienes mal habidos, la referida ley prevé que, ante la necesidad de ampliar las investigaciones sobre el patrimonio de terceras personas, la Contraloría les pida informes o documentos y que acceda a archivos, papeles, registros o cajas de seguridad (art. 12). También esta norma resultaría aquí provechosa, dado que la CBI sostuvo que “se enriquecen ilícitamente tanto él (Noria Duarte) como sus familiares más cercanos y sus ‘asociados’ comerciales”. La Contraloría también debería investigar quién es el verdadero dueño de la Constructora 8 de Diciembre, que “siempre ganó licitaciones y ha hecho obras en la Gobernación”, según el gobernador. Concejales departamentales opositores denunciaron varias veces que las obras que se le adjudicaron nunca fueron realizadas o estuvieron sobrefacturadas.

    En fin, el trabajo debería resultarle fácil al órgano constitucional de control si decide, como corresponde, actuar de oficio ante un informe oficial. Noria Duarte sostiene que a los políticos les importa el voto y no quién lo emite ni quién les acompaña “para llegar”. En otras palabras, estaría dispuesto a comprarlo, acaso con el dinero donado por narcotraficantes.

    La Contraloría tiene una brillante oportunidad para demostrar que no es un organismo de papel cuando se trata de personajes influyentes con padrinos poderosos, y que no está solo para perseguir a ladrones de gallinas y bicicletas.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/se-deben-investigar-los-bienes-de-noria-1445550.html

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    Publicado por Anónimo | 21/01/2016, 13:38
  18. El microtráfico y la violencia

    El jefe regional del departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional subcomisario Alexis Sanabria, dijo que uno de los principales objetivos de su gestión será combatir al microtráfico, una modalidad delictiva que está destruyendo a los jóvenes de nuestra sociedad. Según Sanabria el microtráfico es la base para que los jóvenes se conviertan en ladrones e incluso en homicidas.

    Según la policía existen zonas perfectamente identificadas en donde operan los microtraficantes, que están ubicados en varios barrios de Ciudad del Este y de Presidente Franco, principalmente. “Los adictos empiezan a vender sus cosas, a robar las pertenencias de la casa, hasta que los padres los echen del hogar. Ante la necesidad de conseguir su ración de droga, salen a robar por la calle e incluso llegan a matar a sus víctimas”, explicó.

    El tráfico y consumo de drogas es un problema de extrema gravedad, porque siempre van ligados a otros delitos mucho más graves, que van minando la estructura social. Es preocupante que en nuestra sociedad aumente cada vez más el consumo de estupefacientes, principalmente entre los jóvenes. Es por ello que el problema debe ser encarado con la debida seriedad, involucrando a todas las instituciones y organizaciones sociales, porque además de la represión, es necesario desarrollar una campaña de educación y concienciación, para evitar que más jóvenes vayan cayendo en drogadicción o en el tráfico.

    Analistas locales y nacionales habían advertido que el agravamiento de la crisis económica en la región puede incidir también en el aumento de la criminalidad y la delincuencia. Coincidentemente en los últimos tiempos se viene notando un incremento progresivo de asaltos y hechos violentos, en diferentes zonas del departamento y principalmente en la zona metropolitana de Ciudad del Este.

    Es importante que los organismos de seguridad desarrollen una decidida campaña de represión y combate contra todo tipo de tráfico y actividades ilegales. Al mismo tiempo, nuestras autoridades deben urgentemente reaccionar para encontrar respuestas y opciones para el sector juvenil, que necesita de orientación, educación, acompañamiento y sobre todo de fuentes de trabajo dignas.

    En una sociedad sin oportunidades laborales y de educación, la venta de droga se convierte en una peligrosa alternativa no solo de jóvenes, sino también adultos, muchos de ellos jefes de familia, quienes terminan truncando su vida para siempre.

    http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/40238-el-microtr%C3%A1fico-y-la-violencia#sthash.NStzry4N.dpuf

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    Publicado por Anónimo | 21/01/2016, 13:37
  19. El PLRA, sinónimo de las malas noticias

    El PLRA, el principal partido de oposición, viene siendo noticia hace tiempo. No por sus posiciones políticas en temas claves del país sino por el comportamiento cuestionable de sus representantes en diversos estamentos.

    El liberalismo, de coraje actuación durante el stronismo, era el partido con mayor fuerza electoral para enfrentar al Partido Colorado en la posdictadura. No pudo ganarle una sola elección presidencial pero sí logró posicionarse en el Parlamento, en las gobernaciones y municipios. Pero desde esos espacios de poder en vez de trabajar con transparencia, honestidad y eficacia, fue una mala copia de los peores vicios del Partido Colorado.

    En el breve tiempo que dirigió los destinos del país, tras el juicio político a Fernando Lugo y la asunción del vicepresidente Federico Franco, empeoró la imagen y el PLRA ya no puede flamear la bandera de la honestidad.

    Gracias a la construcción del poder electoral, sigue siendo el primer partido de oposición, aunque para llegar a la presidencia de la República y el municipio de Asunción tuvo que relegar su espacio para convertirse en apoyo clave por su capacidad de movilización, infraestructura y ejército que no tiene otro partido de oposición. De hecho, la victoria de Fernando Lugo (2008) y de Mario Ferreiro (2015) fue posible gracias a la alianza con el PLRA.

    MALAS NOTICIAS. A las decenas de denuncias contra liberales que ocuparon cargos públicos, por tener en cuenta este último tramo, valen destacar tres temas: escándalos de corrupción en la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Justicia Electoral. Desde mediados del año pasado, el PLRA es el punto de mira por la corruptela de sus dirigentes.

    Estos tres casos demuestran que no honran al partido. En la Contraloría y en la Defensoría ejercen los roles secundarios desde donde podían cuestionar y corregir los desmanes presupuestarios de sus titulares. Pero no: la subcontralora Nancy Torreblanca, quien renunció ante su inminente destitución vía juicio político, no solo hizo la vista gorda al carnaval de estafas en viáticos y sobresueldos de la era de Óscar Velázquez, sino además creó un negocio paralelo de juez y parte para lucrar desde el organismo de control.

    La Defensoría del Pueblo, quizá una de las instituciones más nobles del Estado, es una más en la lista de desmanes del uso del dinero público. El perpetuo titular Páez Monges tiene serios cuestionamientos en su gestión, denunciados por la prensa, pero nunca alertados por el subdefensor liberal Édgar Villalba, de gestión gris y cómplice por acción u omisión.

    El caso más emblemático sin dudas es el de Alberto Ramírez Zambonini, ministro de la Justicia Electoral. Desde que estalló el caso Manuel Radice y sus esposas planilleras mantenidas, el magistrado está en el ojo de la tormenta.

    Ramírez Zambonini es el ministro más antiguo y está en el cargo desde la creación del TSJE en 1992. Es uno de los tres arquitectos del sistema electoral, muy eficaz, pero muy corrupto. En grosera connivencia con los partidos políticos el TSJE fue construyendo esa maquinaria insaciable del despilfarro del dinero público. El caso Radice es el súmmum de este privilegiado modelo prebendario, clientelar y discriminador.

    Ramírez está imputado por este escándalo y con un juicio político en ciernes que será ejecutado cuando su partido ya no pueda defenderlo.

    Otro affaire liberal en el TSJE es la denuncia contra el diputado Gustavo Cardozo, otro que resolvió sus finanzas personales con dinero público. El parlamentario admitió que ubicó en la Justicia Electoral a su esposa Íngrid, a la hermana de su esposa, Ema Engelwart y a su sobrina Violeta Martínez Cardozo. Todas ellas ingresaron con el cargo de asesora. Obviamente no trabajan.

    Siguiendo con el golpe al partido, un intendente liberal fue recientemente imputado por lesión de confianza. Horacio Ortiz, de Ypané, está bajo la lupa fiscal porque habría malversado fondos del Fonacide que recibió en el periodo pasado. Son G. 1.700 millones que debían ser destinados a educación de forma exclusiva y se presume que el jefe comunal gastó gran parte del dinero en obras y salarios.

    Fonacide, otra caja grande ideada para paliar el déficit educativo, y que va a los bolsillos de los intendentes impunemente.

    EL DESAFíO. El PLRA no puede permanecer en silencio ante estos escándalos. Ya no convence su discurso de que los colorados son peores o que hay persecución política de la Justicia.

    Si quiere ser alternativa en el 2018, debería empezar a mirarse y corregir sus errores, extirpar sus tumores.

    De lo contrario, deberá conformarse con el papel segundón que ya viene haciendo para los cargos clave.

    Una lenta agonía de un partido que por el apetito voraz de su dirigencia dejó escapar la oportunidad de ser alternativa electoral.

    ¿Tendrá tiempo para reivindicarse?

    Por Estela Ruíz Díaz

    http://www.ultimahora.com/el-plra-sinonimo-las-malas-noticias-n959806.html

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    Publicado por Anónimo | 19/01/2016, 06:23
  20. Cuando no importa nada

    Por Juan Carlos Lezcano F.

    “A nosotros solo nos importan los votos”. Esa fue la respuesta que dio el gobernador de Canindeyú, Alfonso Noria, cuando en ABC Cardinal se le preguntó si alguna vez investigó a sus colaboradores políticos, entre los que estaba hasta no hace mucho Vilmar “Neneco” Acosta Marques.

    Noria no negó en momento alguno su cercanía con el hombre señalado como narcotraficante y autor intelectual del asesinato del corresponsal de ABC Color Pablo Medina y hasta reconoció que tiene numerosas fotos con el exintendente de Ypejhú.

    El gobernador, que de humilde profesor pasó a millonario, según revela el informe de una comisión del Congreso, no denunció siquiera una sola vez el actuar de los narcotraficantes en el departamento de Canindeyú. “No es mi función”, dijo.

    Noria no es sino un ejemplo más de cómo a la clase política paraguaya no le importa absolutamente nada las vías que se utilicen para cumplir con las ansias de ocupar un cargo que le permita acceder a un poco de poder.

    Todo, acompañado del silencio cómplice de sus partidarios.

    Sobre el gobernador de Canindeyú pesa una denuncia de supuesto enriquecimiento ilícito presentada ante la Fiscalía de Lavado de Dinero por la Comisión Bicameral de Investigación que había sido instaurada poco después del asesinato de Medina. A pesar de ello, en filas del Partido Colorado decidieron mantener el silencio y el Tribunal de Conducta de la ANR no ha abierto siquiera un sumario contra Noria, mucho menos se han planteado la posibilidad de expulsarlo a pesar de este proceso y de las innumerables denuncias que lo señalan como supuesto protector de narcotraficantes. “No podemos basarnos en suposiciones”, defendió el presidente electo de este partido, Pedro Alliana.

    Ya nada puede extrañar de un partido que expulsó de sus filas a “Neneco” por haber abandonado su cargo y no por las denuncias que pesan en su contra por narcotráfico y asesinato. Es decir, que si Acosta Marques no se hubiera fugado, probablemente seguiría contando hasta hoy con el apoyo del esqueleto partidario colorado.

    Y después repiten hasta el cansancio que buscan la renovación del partido.

    Mirando estas realidades, resulta hasta fácil entender el porqué personajes vinculados al crimen organizado, corrupción, estafa y hasta lamentables hechos de abuso sexual siguen enquistados en los partidos políticos paraguayos y gozando del apoyo de los correligionarios que cada vez que pueden lanzan loas en su honor.

    Al fin y al cabo, lo único que realmente importa no es la preparación, la idoneidad o cuando menos la ética intachable, sino la capacidad de aportar económicamente para que el partido (el que sea) pueda llegar a sus objetivos electorales.

    Los tribunales de conducta son lentos para actuar ante denuncias graves, pero rápidos contra quienes no acataron las disposiciones de la claque de turno.

    Si realmente persiguen el bien de la ciudadanía, las cúpulas partidarias deben tomar con urgencia medidas para limpiar sus filas de personas moralmente cuestionables o vinculadas al crimen organizado. Una ley de financiamiento político, por ejemplo, es un paso clave en esto.

    Mientras no lo hagan, que Dios (o el destino o el ser superior en el que crea usted y esté suficientemente calificado) nos salve del camino a un país en el que el crimen reine cada vez más.

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    Publicado por Anónimo | 18/01/2016, 05:08

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JUSTICIA A LA MEDIDA

El TSJE tuvo que  fallar en un caso, en el que una persona le solicitaba que dijera si era legal o no la candidatura de Peña por uno de los movimientos colorados, ciertamente Peña  sigue siendo afiliado al PLRA, y aún que se afilió, de manera forzada el 31 de octubre del año pasado, no había cumplido aún el año de permanencia como colorado, ni tampoco había renunciado a su afiliación de liberal. El juez saca una resolución kafkiana, dice a los efectos legales por una ley del año 1996, una persona no puede tener 2 afiliaciones simultáneas, pero aquí está lo kafkiano: “para los efectos legales valdrá la última”, dice en su fallo dado conocer, con ese criterio es más o menos lo siguiente: “la bigamia está prohibida en el Paraguay pero para los efectos legales valdrá el último de los matrimonios”. Evidentemente sí a los efectos legales se prohíbe una cosa determinada, a los efectos legales lo único que puede hacerse, es acatar lo que manda la norma y no inventar una ficción jurídica, por la cual una persona con una doble afiliación puede continuar un cargo determinado o puede aspirar a una representación por un partido político.

Todo mal, una justicia cada vez más entregada al poder político, a la que teme mucho menos en su condición de tal, la justicia a los políticos, y este fallo que lógicamente se escribe en un capítulo kafkiano de la historia política y jurídica paraguaya.

BFB

JUSTICIA A LA MEDIDA II

Ahi una resolución también, de la Corte Suprema de Justicia que dio al grupo de prensa de Cartes, para que puedan dar la boca de urna en el transcurso de los comicios del próximo día domingo, esto es una antesala a un caos, si anteriormente se había establecido que la boca de urna, solo podía darse solo a 60 minutos después de haber concluido el acto comicial, ahora vamos a tener una guerra de bocas de urnas el próximo domingo. Cada uno de los sectores de medios estará diciendo quién va adelante, y que estará buscando finalmente con eso manipular la voluntad de los electores que aún no se han decidido porque candidatura abrazarse en ese momento, ciertamente la Corte no ayudó para nada a la pacificación de los espíritus y al cumplimiento de las normas, si la norma dice que no se puede hacer algo por una situación determinada, que es la de buscar la tranquilidad antes de unos comicios y durante los comicios, en el caso de las boca de urnas, esta resolución de la Corte, lo único que augura es mayor conflictividad, y porqué no lamentandonos posteriormente hechos de violencia.

BFB

PARAGUAY TUTELADO

Una cuestión importante del ámbito de la relación internacional, la cancillería paraguaya a través de su vicecanciller Gonzalez, llamó la atención a Hugo Rodríguez, representante de la embajada de los EE.UU., que un twitter, auguro que unas elecciones sean llevadas con transparencia y justicia el proximo dia domingo y al mismo tiempo estuvo en favor de la homilía del Mon. Ricardo Valenzuela, eso hizo que el gobierno paraguayo le llamara la atencion al representante diplomático y le dijera que se está involucrando en cuestiones internas del país. Muchas de las cuestiones internas del país no podrían haber sido resueltas solo por nosotros, o a través de nuestras instituciones, en mucho de los casos, esto que alguno denominan “democracia tutelada” no se hubiera podido llevar adelante de la manera como se llevó, sin la abierta intromisión de poderes extraños al país, que han tenido que poner en el cauce, la locomotora de la democracia en el sitio correcto, el Paraguay todavía lamentablemente con las instituciones que tiene, con la manera en que los poderes del estado administran la cosa pública, la forma irrespetuosa del trato a la Constitución y a las normas, no permiten de que nosotros nos valgamos por nosotros mismos para administrarnos. El dia que los paraguayos tengamos una Justicia confiable y seria, un poder Legislativo ampliamente consolidado, en términos de representación popular, y un poder Ejecutivo que tema y respete a la Constitución, en ese momento, cualquier intromisión en asuntos internos, tendria que llamarnos la atención, el escándalo mayor de la política paraguaya es la manera en que hemos construido nuestras instituciones y el escaso respeto que tenemos a las normas legales.

BFB

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