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Disputas en la Justicia

La feria judicial está en plena vigencia y esto permite dar una tregua a las negociaciones en el ámbito político que por lo general apuntan a controlar la Justicia.

Este año particularmente será muy movido en ese sentido. En el Parlamento, por ejemplo, por tercera vez consecutiva la discusión se centrará en el juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia. Hace dos años se planteó en la Cámara de Diputados una acusación contra los ministros Víctor Núñez, César Garay, Miguel Bajac y Sindulfo Blanco. El primero de ellos optó por renunciar.

Sin embargo, esta es la hora que se sigue en una indefinición con respecto a los otros tres, lo cual resulta muy perjudicial para el sistema de Justicia.

La Cámara de Senadores tiene la obligación de dar una respuesta a esta situación ya sea rechazando la acusación o promoviendo la remoción. Que tres ministros estén con el “cháke” encima, lo único que hace es generar un clima de inestabilidad en ese nivel, lo que redunda en el andamiaje judicial.

El 2016 también trae como novedad el vencimiento del mandato del actual fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Se desconoce si está interesado en el rekutu, pero todo más bien apunta a que intentará potenciar su figura para aspirar a un lugar en el Parlamento a través del Partido Colorado.

El cargo de fiscal general del Estado es uno de los más apetecidos por los políticos debido a que su labor como jefe del órgano encargado de perseguir la delincuencia tiene un alcance nacional. Controlar el Ministerio Público es tener el poder y es por ende, el sueño de todos los políticos.

Por tradición, ese cargo constituye un cupo del presidente de la República, lo que finalmente termina restando fuerza al que ocupa la silla de jefe del Ministerio Público.

El Consejo de la Magistratura tampoco escapa a esta situación y los movimientos gremiales, en silencio, ya se preparan para elegir a los representantes de los abogados. El consejero Juan Ramón Bueno Jara buscará su reelección y aparece como su contrincante Claudio Bacchetta, hermano del senador Enrique Bacchetta, quien lidera otro de los movimientos de peso en el gremio.

La explicación del porqué tan temprano ya están activando (las elecciones serían recién en diciembre) está en la aparición de un grupo de jóvenes adherentes de Horacio Cartes que testarán su fuerza política en esta ocasión para representantes de los abogados, con la candidatura del fiscal Ariel Martínez, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales e hijo del ministro de Defensa Diógenes Martínez.

Este grupo se identifica como Iniciativa Republicana, pero en el ámbito mediático se lo conoce como “La Camporita”, en alusión a aquella agrupación política argentina “La Campora” que apoyaba a los Kirchner. Aparecen como líderes el actual procurador Roberto Moreno y el asesor jurídico de la Presidencia, Sergio Godoy.

Lo positivo es que todo esto va a generar un nuevo debate sobre una verdadera reforma judicial a la cual no se pudo llegar aún. Lo negativo es que la discusión puede caer en saco roto –una vez más– si persisten los intereses sectoriales políticos, lo cual redundará en un perjudicial statu quo de la Justicia.

Por Osvaldo Cáceres Encina

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/disputas-en-la-justicia-1445053.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

2 comentarios en “Disputas en la Justicia

  1. Suspicaz lentitud judicial que blinda a políticos investigados

    Una clara evidencia de la condenable dependencia del Poder Judicial del factor político en el Paraguay la constituye la sospechosa lentitud con que son tramitados, por ciertos magistrados, los legajos de políticos acusados de hechos de corrupción por el Ministerio Público. Mientras este infamante vínculo no sea cortado de raíz, la supuesta independencia de la Justicia continuará siendo una mera enunciación constitucional sin sustento en la realidad. Si se busca construir un verdadero estado de derecho es indispensable que las causas seguidas contra políticos investigados avancen de manera significativa hasta emitir las sentencias que reparen el orden administrativo alterado por líderes y funcionarios venales.

    No es sorprendente –aunque sí condenable– que los abogados que defienden a políticos acusados de corrupción abusen del derecho echando mano a todo tipo de chicanas para dilatar los procesos judiciales que se siguen contra sus defendidos. Lo que levanta sospecha y causa justa indignación es que los jueces que tienen bajo su jurisdicción los legajos respectivos no adopten las medidas necesarias para evitar que las causas sigan su curso y la justicia sea finalmente hecha, sobre todo en aquellos casos en que está en juego la integridad del patrimonio que pertenece al conjunto del pueblo paraguayo. Y esto vale tanto para simples magistrados como para los integrantes del máximo tribunal de la República: la Corte Suprema de Justicia.

    En este sentido, no deja de ser llamativo, y también causa de legítima suspicacia por parte de la opinión pública, que los casos seguidos en el ámbito jurisdiccional contra personeros tanto del oficialismo como de la oposición lleven un ritmo tan poco acorde con los tiempos que una verdadera Justicia ha de tomar.

    Algunos ejemplos emblemáticos los constituyen las causas del diputado José María Ibáñez, estancada desde hace dos años; del senador Víctor Bogado por la denominada “Niñera de oro”, y del diputado Óscar Núñez. En el flanco liberal se destacan igualmente los dosieres del senador Enzo Cardozo, el ex ministro de Obras Públicas Salyn Buzarquis, el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral Alberto Ramírez Zambonini y su asesor in péctore Manuel Radice; así como ex funcionarios de la administración de Fernando Lugo: el entonces titular de la Senavitat Gerardo Rolón Pose, y el de la Secretaría de Emergencia Nacional Camilo Soares.

    En la práctica, esto supone que la “independencia” del Poder Judicial que es formalmente consagrada por el artículo 248 de la Constitución Nacional no constituya más que una mera enunciación retórica, sin prácticamente sustento alguno en la realidad. Basta que alguien se encuentre encumbrado en una posición política de privilegio o tenga los contactos con el poder de turno que sean del caso, para que la balanza de la Justicia se incline hacia el lado de la lentitud, lo cual, en los casos que nos ocupan, pueden entenderse como impunidad y complicidad con la corrupción.

    Con una Justicia de esta laya, es muy difícil que el Paraguay avance no solamente en la construcción de un verdadero “Estado Social de Derecho” declarado por la Ley Fundamental de la Nación, sino también en la conformación de una seguridad jurídica que permita atraer la inversión extranjera que el Gobierno tanto declara estar comprometido en promover.

    Mientras los corruptos o los sospechados de corrupción continúen contando a su favor con la complicidad de la magistratura, será casi imposible –por no decir un sueño– dejar de seguir ocupando el afrentoso podio de los países más corruptos de las Américas, en el que desde hace ya demasiado tiempo el Paraguay se encuentra debido, entre otras causas, a la vinculación de un Poder Judicial ilegalmente dominado desde los más elevados ámbitos del poder político.

    http://www.ultimahora.com/suspicaz-lentitud-judicial-que-blinda-politicos-investigados-n963596.html

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    Publicado por Anónimo | 3 febrero, 2016, 9:50 am
  2. Justicia inepta o cómplice

    El exministro del Interior Walter Bower (ANR) –procesado por torturas infligidas a dos oficiales de policía–, el expresidente de la Copaco Magno Candia (ANR) –procesado por no ejecutar una garantía hipotecaria en favor de la empresa–, el extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional Camilo Soares (PMAS) –procesado por la sobrefacturación de “coquitos”–, el senador Enzo Cardozo (PLRA) –procesado por la apropiación ilícita de fondos del Ministerio de Agricultura y Ganadería– y los legisladores Víctor Bogado y José María Ibáñez (ambos de la ANR) –procesados por estafa y cobro indebido de honorarios– tienen en común que tratan de lograr la extinción de sus respectivas causas penales mediante el ejercicio abusivo del derecho a la defensa, en otras palabras, recurriendo a chicanas. Tanto es el abuso en cuanto a recusaciones de fiscales y jueces que en casi todas ellas aún falta realizar la audiencia preliminar para que se resuelva si habrá o no un juicio oral.

    Los delitos imputados a quienes deshonraron o aún deshonran la función pública son diversos, lo mismo que su filiación partidaria, pero todos vienen recurriendo a las mismas argucias para que no caiga sobre ellos el peso de la ley. Confían en que las constantes chicanas de sus abogados les libren de una justa condena, gracias al paso del tiempo y a la indolencia judicial, alentada acaso por adecuada coima. Se saben culpables y solo buscan que prescriba la acción penal, algo que, por cierto, sería imposible en el caso de Bower, pues está acusado de haber cometido un crimen de lesa humanidad, cuya persecución penal es imprescriptible, según el art. 5º de la Constitución.

    La conducta procesal de estos caraduras les delata de cuerpo entero y, de hecho, desvirtúa la presunción de inocencia de la que deberían gozar. Se burlan abiertamente de la Justicia, ante la indiferencia cómplice de los jueces y de los tribunales. Solo el magistrado Pedro Mayor Martínez creyó oportuno multar a Soares por trabar la causa, pero sin que la medida disciplinaria haya alcanzado a sus defensores, encabezados por el abogado Álvaro Arias, presidente del Tribunal Electoral del PLRA.

    Los chicaneros deben ser sancionados de acuerdo al reglamento disciplinario del Poder Judicial, modificado por la Acordada Nº 961/15. El art. 4º ordena a los jueces y miembros de los tribunales que sancionen al abogado litigante de mala fe o que ha ejercido abusivamente el derecho, so pena de incurrir en una falta grave. Por lo demás, según los arts. 24 y 27, los chicaneros cometen una falta grave, que debe ser castigada con la suspensión en el ejercicio de la profesión hasta un año o con la casación de la matrícula. Por si hiciera falta, el art. 114 del Código Procesal Penal dice que cuando se compruebe la mala fe o se litigue con temeridad, los jueces podrán sancionar con hasta cien días multa en casos graves o reiterados y, en los demás casos, con hasta cincuenta días multa o apercibimiento. Si los referidos encausados lograran sus propósitos, no será por falta de normativas aplicables a su impudicia, sino por la negligencia o la complicidad de los juzgadores.

    Por otra parte, es llamativo el silencio que sigue guardando el Colegio de Abogados ante unas maniobras escandalosas realizadas en unos procesos abiertos con motivo de graves hechos punibles acaecidos en el desempeño de la función pública. Es indignante que siga tolerando calladamente el ejercicio aberrante del derecho a la defensa.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/justicia-inepta-o-complice-1445252.html

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    Publicado por Anónimo | 19 enero, 2016, 6:15 am

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