estás leyendo...
HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Preocupante inseguridad

Solo en los últimos días, los hechos delictivos que se han vivido en el país nos muestran un panorama alarmante. En Pedro Juan Caballero, dos sicarios ultimaron a balazos a un funcionario municipal de Zanja Pytã e hirieron gravemente a otro; en Filadelfia, Chaco, encapuchados mataron al encargado de una sucursal de la Cooperativa Fernheim; una comerciante de Fernando de la Mora fue asaltada por dos maleantes en la vía pública; el gerente de una firma importadora fue despojado, también a balazos, de una mochila en un concurrido supermercado de Asunción; el local de la principal planta avícola del país, en Capiatá, fue asaltado por cuatro delincuentes. Y para colmo de los colmos, el propio viceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, fue despojado de varias armas que estaban en su vehículo.

Estos robos a mano armada ocurrieron a plena luz del día y son solo algunos de los cometidos cotidianamente en todo el país. La tan mentada sensación de inseguridad es bien comprensible. No es el resultado de una psicosis colectiva, como lo pretende el ministro del Interior, Francisco de Vargas, sino nace de la experiencia sufrida por las numerosas víctimas del narcotráfico, de las bandas de atracadores, de los “peajeros” y de los delincuentes motorizados, entre otros. Entre ellas hay que incluir a los familiares y a los amigos de quienes experimentaron en carne propia la violencia y el despojo.

Los comercios enrejados, las casas con muros electrificados, la difusión de las cámaras de seguridad y la abundancia de guardias privados revelan que la Policía Nacional no se ha mostrado eficiente a la hora de prevenir la comisión de delitos contra la vida y el patrimonio. Muchas personas tratan de protegerse por sus propios medios, pero hay quienes no pueden hacerlo, como los campesinos desposeídos por los abigeos y los peatones asaltados por los “peajeros”.

El Presidente de la República suele invocar las estadísticas del Ministerio del Interior para desmentir que la inseguridad sea uno de nuestros grandes males sociales. Aparte de que ellas pueden ser fácilmente manipuladas, hay que atender que muchos delitos no son denunciados por las víctimas por temor, por no haber una comisaría policial en las cercanías o hasta por creer que los agentes del orden público están confabulados con los malvivientes. Hay policías que están a sueldo de narcotraficantes o que brindan datos a sus compinches no uniformados para que den sus golpes o eludan una persecución. Otros holgazanean en las oficinas, rapiñan cuanto pueden o hacen de guardia en alguna vivienda, por orden del comisario remunerado. Por supuesto, también hay policías honestos y preocupados por cumplir con su función de resguardar el orden y la integridad de las personas y sus bienes.

Lo que le ocurrió al propio viceministro de Seguridad Interna ilustra la situación reinante: unos “tortoleros” sustrajeron tres fusiles y una pistola de su camioneta blindada, de uso oficial exclusivo, que dejó estacionada frente a la casa de su madre, tras despedir a sus custodios. El hecho de que las armas fueran recuperadas le habría dado una “gran tranquilidad” al citado funcionario, algo que la gente no puede sentir por culpa de funcionarios desaprensivos como él. Es de esperar que este robo pase a engrosar las estadísticas del Ministerio del Interior, y que sus autoridades no sigan sosteniendo que la inseguridad es solo una “sensación” de la ciudadanía.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/preocupante-inseguridad-1443996.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

15 comentarios en “Preocupante inseguridad

  1. MENONITAS DE RÍO VERDE
    Andrés Granje
    Los colonos Menonitas de Río Verde piden al gobierno nacional que ponga fin a la inseguridad en la región, es decir en ese fatídico triangulo compuesto por zonas del Primer y segundo departamento de Concepción y San Pedro respectivamente, en ese territorio donde rige el terror y la inseguridad han sido capturado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) muchos compatriotas y colonos menonitas y en la actualidad cuatro ciudadanos permanecen en mano de sus captores dos paraguayos y dos menonitas, tiene privados de su libertad al suboficial de policía Edelio Morínigo (923 días de secuestro), a los colonos menonitas Abrahán Fehr (524 días) y Franz Wiebe Boschman (170 días), y a Félix Urbierta (92 días).
    Los colonos menonitas dijeron tener mucho miedo e inseguridad y en repetidas ocasiones durante sus manifestaciones a miembros de la prensa reafirmaron la angustia que padecen en la actualidad, porque si bien dicen que aman el Paraguay esta inseguridad creciente y ser en los últimos tiempos el blanco predilecto y escogido de los irregulares del EPP, les obliga a pedir la ayuda del estado para que garanticen su seguridad, señalaron la reducción del horario laboral como consecuencia de la inseguridad mencionando que ya no pueden trabajar en horario nocturno a pesar de estar en plena etapa de cosecha. Señalaron como una posibilidad cierta que puedan dejar el Paraguay con el dolor en el alma por esta difícil situación que pasan.
    Si bien reconocen que esta posibilidad, la de dejar el país, no es tarea fácil pues tienen muchos compromisos, deudas que honrar, cultivos que levantar, maquinarias y tierras que vender, más el cariño acumulado por años de trabajo en la zona pesan, sin embargo es cierto igualmente que no pueden seguir viviendo en medio de la incertidumbre y la inseguridad de no tener garantías de ninguna laya por parte del gobierno, nadie de manera formal conversan con ellos a pesar de todo lo que generan económicamente para el país y tienen igualmente una visión crítica con relación a la irrelevante presencia de las Fuerzas de Tareas Conjuntas en la región, pues a pesar de la presencia de esta fuerza igual se suceden en las narices de los militares los secuestros y atentados.
    En efecto, que pobre papel el que le toca hacer a la Fuerza de Tarea Conjunta, están allí, en la zona roja, se les dotó de todos los elementos para el combate, sin embargo su incidencia es mínima y prácticamente nula, puesto que los ataques, secuestros y perjuicios para los colonos y ganaderos con la quema de maquinaria y destrucción de cultivos se suceden sin solución de continuidad sin que ellos intervengan para evitar, perseguir y detener a los atacantes. Tres años es tiempo suficiente para que los responsables del gobierno nacional evalúen el accionar de esta fuerza, evalúen, saquen conclusiones y tomen decisiones ya sea decretando su extinción o reforzando su estructura operativa para que tengan resultados sobresalientes en el campo.

    Me gusta

    Publicado por jotaefeb | 16 enero, 2017, 10:12 am
  2. Con chaleco o sin chaleco

    Que desopilantes las declaraciones del Ministro del Interior Tadeo Rojas quien prefirió acompañar una actividad partidaria antes que preocuparse por cuestiones de su competencia, como la inseguridad creciente que se tiene por todas partes y en especial el nuevo caso de intento de secuestro de dos menores menonitas en la localidad de Rio Verde, en el segundo departamento de San Pedro, zona de influencia del EPP, el Ministro contestó ante los requerimiento de la prensa “¿Qué querés que haga? ¿Qué agarre un arma, me ponga un chaleco y me pasee por la calle? Ese no es el trabajo de un ministro”, exclamó con sarcasmo y exasperación ante los insistentes requerimiento de la prensa.
    La verdad que el país vive un momento muy especial en donde la efervescencia política por una parte con frenéticas reuniones, buscando alianzas que aseguren llegar al poder o sostenerlo, lleva todo el tiempo de autoridades del Poder Ejecutivo y legislativo, descuidando sus responsabilidades al frente de los delicados cargos en los que han sido nombrados mientras se agudizan los graves problemas nacionales que es lo que en verdad preocupa a la ciudadanía. El otro componente esencial del momento que vivimos es la extrema violencia que se tiene tanto en la ciudad como en el campo, los asaltos, los robos domiciliarios, los caballos locos, los ajustes de cuenta de la mafia que ya llegó a la capital y sus alrededores, que sin embargo parece no molestar a los que mandan.
    Por eso enerva tanto la reacción desubicada y altanera del Ministro del Interior Tadeo Rojas, cuando decía si tenía que ponerse un arma , un chaleco y pasearse por la calle, no es precisamente, lo que se quiere, él está para que cumpla con la misión que se le encomendó y que el juró cumplir y hacer cumplir, generar un estado de tranquilidad y paz en el país, combatir a los grupos insurgentes como el EPP, y no que asista a mítines y reuniones políticas para pedir la reelección del Jefe de Estado Horacio Cartes, el está ahí para otras cosas, la ciudadanía que le paga su sueldo no lo quiere haciendo hurras al “líder” o juntando firmas para pedir la enmienda constitucional, tal vez si cumpliera con su deber ayudaría de mejor forma a su jefe para lograr su objetivo.
    Existen 4 secuestrados en manos del EPP, cifra antes jamás alcanzada en la historia delictiva del Paraguay, un nuevo intento de secuestro se dio en la zona de Río Verde en donde dos jóvenes menonitas estuvieron a punto de ser capturados por presuntos integrantes del EPP, sin embargo según informes de la comarca ninguna autoridad nacional y especialmente del Ministerio del Interior se acercó a saber que paso o comenzaron una investigación seria. Esta es una colectividad de gente trabajadora y progresista que cada vez más se siente desmotivada y con ganas de emigrar o por lo menos decreció bastante la intensidad en sus unidades productivas lo que no beneficia a nadie ante la ausencia de estado en la región. En estos lugares se espera que esté el Ministro del Interior y no en reuniones políticas partidarias.

    Andrés Granje

    Me gusta

    Publicado por jotaefeb | 16 enero, 2017, 10:11 am
  3. Inseguridad

    Indudablemente que uno de los mayores dramas que sufrimos todos los paraguayos es la inseguridad que aumenta día a día. Inseguridad de la que nadie se salva y que nos pone en constante peligro y miedo, porque sabemos que ni estando en nuestras casas encerrados entre rejas estamos seguros de los delincuentes y mucho menos estando en la calle, sabiendo que en cualquier momento caminando o viajando en colectivo podemos ser asaltados y ser asesinados por los viles delincuentes sin misericordia alguna.

    Este grave flagelo que nos afecta a todos es debido a la incapacidad de las instituciones. La Policía Nacional que debería ser el eslabón más fuerte para darnos la seguridad constituye totalmente lo contrario, debido al alto grado de corrupción que reina entre sus filas. No se soluciona el problema con el aumento de las fuerzas policiales y los medios a su disposición para combatir con eficacia la delincuencia, como sucedió en estos últimos años. El tema según mi entender está en seleccionar a los mejores hombres y mujeres para policías, selección que debe hacerse con un riguroso examen de ingreso que incluya principalmente: un test psicológico, origen familiar del aspirante, alta formación intelectual y física y dar especial énfasis a la ética, moral y a las buenas costumbres y si es posible copiar el modelo uruguayo, en donde solamente los jóvenes con título universitario pueden acceder a la carrera policial.

    Los policías son los que dentro de la estructura del estado se encargan de dos tareas sociales imprescindibles: la prevención de los delitos y la represión de los delincuentes, están principalmente para darnos seguridad a las personas que vivimos en el marco de la legalidad, que tengamos garantizados nuestras vidas y nuestros bienes, pero tal cosa no ocurre, no confiamos en los cuadros policiales, porque vemos que cuando se cometen actos delictivos casi siempre algún personal policial está metido.

    El nuevo rumbo, en vez de ocupar su tiempo en la reelección, algo totalmente inconstitucional, debería de preocuparse en solucionar estos graves flagelos que azotan a todo el país.

    Óscar Patricio Alonso Pérez

    Me gusta

    Publicado por Anónimo | 29 diciembre, 2016, 9:23 am
  4. Apuntes para De Vargas

    Por Mariana Ladaga

    Luisa Armoa Giménez tenía 34 años y llevaba en su vientre a su noveno hijo, con ocho meses de gestación. Su pareja salió a trabajar y quedó sola en la casa. Dos desconocidos, cuchillo en mano, la obligaron a entregar la alcancía donde guardaban los ahorros, G. 4 millones. La tomaron del cuello, la arrojaron violentamente contra la pared.

    Unas horas después, a raíz de la hemorragia producida por los golpes y el shock, falleció el bebé. Más tarde, y tras relatar a los funcionarios lo ocurrido, Luisa también pereció. No hubo testigos y poco se sabe de los autores.

    Por otro lado, Darío Ramón González Silvero, cobrador, fue secuestrado un domingo. Le envió un mensaje de audio vía WhatsApp a su hermana pidiéndole que junte 20.000 dólares porque lo tenían secuestrado agentes de la Senad y de la Policía Nacional, que si no pagaba lo matarían. Su cuerpo flotó tres días después en el río Monday. Tenía al menos cuatro balazos en la cabeza. Dos brasileños están siendo buscados por el crimen. Nadie aclaró aún si hubo o no policías involucrados.

    Ireneo Amarilla tenía una casa de empeños en Hernandarias. Un sábado, sicarios le dispararon un tiro en la cabeza y huyeron a bordo de un taxi hasta Ciudad del Este, donde se enfrentaron a balazos contra dos policías. El suboficial Freddy Jara falleció en consecuencia y fue herido el suboficial Carlos Ruiz Díaz. Los malvivientes asaltaron a un sacerdote, se llevaron su auto y terminaron en Presidente Franco. Allí subieron a dos mototaxis y cruzaron a Brasil. Según los investigadores, Ireneo fue testigo de otro asesinato, ocurrido años antes, y por eso habrían ordenado su muerte.

    Son solo tres violentas historias de las tantas que se dan en Ciudad del Este, en esta urbe peligrosa, insegura, donde se pierde la vida por un celular, por una alcancía familiar, donde hay que circular con lo indispensable. Y nunca se sabe, al cruzarse con policías, si se trata de los buenos o de los malos.

    Está visto que es urgente mejorar los sistemas de prevención y represión de delitos. Según cifras oficiales, en Alto Paraná hay solo 475 policías por turno en las calles, para una población de 900.000 habitantes. En las comisarías no hay vehículos, chalecos antibalas y, muchas veces, tampoco hay ánimo suficiente.

    Desde el Ministerio del Interior, manejado por el “inamovible” Francisco de Vargas, se repite que los índices de inseguridad descendieron, que estamos bien. Siendo así, las cosas están muy lejos de mejorar.

    Me gusta

    Publicado por Anónimo | 23 octubre, 2016, 6:45 am
  5. Inseguridad creciente y los niños de la calle
    11 SEPTIEMBRE, 2016 ⋅
    Es evidente que la inseguridad crece día a día. Lo dicen las estadísticas, lo percibimos y padecemos todos los ciudadanos. No se trata solo de los grandes crímenes; tampoco es solamente un problema de las zonas del país donde reinan las mafias y las bandas armadas. Se trata de la delincuencia callejera cada vez más frecuente y más violenta.
    El incremento de la delincuencia constituye uno de esos problemas que, si no se atienden a tiempo, acaban por convertirse en incontrolables y de muy difícil solución. Tenemos ejemplos cercanos que lo confirman. Lo vemos ocurrir en las favelas de Brasil, en las villas de Argentina, donde el fenómeno es de más larga data, y ahora lo estamos viendo crecer y multiplicarse de forma alarmante en nuestro país.

    Todos sabemos donde están los orígenes del problema: los chicos de la calle, por supuesto sin estudios que los capaciten para integrarse a un trabajo digno, condenados a la marginalidad y expuestos a la droga, a la prostitución, a la influencia y autoridad de mafias pequeñas y grandes en barrios dominados por los traficantes.

    La gran mayoría de estos chicos, más tarde o más temprano, acaban por pasar por las cárceles que, tal como están en la actualidad, son más bien universidades del delito que centros de rehabilitación. Nada de esto es una novedad, todo ello viene ocurriendo desde hace años, sin que por desidia, por falta de conciencia o por desinterés se tomen medidas correctivas.

    La imprevisión, la incapacidad de detectar y resolver a tiempo los problemas es, por desgracia, una de las más generalizadas características de la política paraguaya. Pocos políticos piensan más allá de la próxima elección y menos aún tienen la preparación suficiente para evaluar las consecuencias de largo plazo que tendrá un problema actual.

    Sin embargo, hay imprevisiones que se pueden solucionar con algo de voluntad, esfuerzo y dinero en un plazo razonable de tiempo. En cambio, la imprevisión en materia de delincuencia transforma el delito en un problema crónico y estructural en el que, de hecho, una franja importante de la población se gana la vida directa o indirectamente de alguna actividad delictiva.

    Por otra parte, cuando la delincuencia se vuelve crónica y estructural la violencia se incrementa en forma demencial y desproporcionada. Por graficarlo con un solo ejemplo: unos años atrás un motochorro simplemente robaba cuando tenía la oportunidad; hoy muchos de ellos, pistola en mano, están más que dispuestos a asesinar a su víctima si se resiste y a veces aunque no se resista.

    Como ya dije, la marginalidad infantil y juvenil está en el origen mismo del problema y ese abandono personal, esa exclusión social, está muy vinculada al problema educativo. La propia expresión “niños de la calle” implica que no están donde deben estar los jóvenes: en las escuelas y colegios.

    Así pues, en lugar de aprender en las escuelas a vivir, aprenden en las calles a sobrevivir; en lugar de formarse en los colegios para trabajar, se especializan en las prisiones en delinquir. Cuando lleguen a adultos: ¿cómo se hará para cambiar esa forma de vida?

    Esta tendencia a convertirnos en una sociedad delictiva y violenta ya está instalada en el Paraguay, pero aún es relativamente reciente y todavía no tiene en nuestro país un arraigo tan fuerte como en otros países de la región, como en el caso, que antes puse como ejemplo, de las favelas brasileñas, que son pequeños feudos controlados por bandas delictivas.

    La violencia callejera no ha tenido tiempo de consolidarse hasta ese punto en nuestro país y aún podrían diseñarse y ejecutarse políticas efectivas para corregirla; pero para ello tenemos también un problema educativo: muy pocos son nuestros políticos lo bastante formados e informados para tomar conciencia de la gravedad del problema y, en consecuencia, no hay voluntad política de encontrar soluciones.

    Por Rolando Niella

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/inseguridad-creciente-y-los-ninos-de-la-calle-1517501.html

    Me gusta

    Publicado por Anónimo | 14 septiembre, 2016, 8:20 am
  6. Combatir la delincuencia tanto en el campo como en las áreas urbanas

    El pacto social para vivir en armonía establece como uno de los roles del Estado velar por la seguridad de las personas y sus bienes. Los ciudadanos pagan sus impuestos y acatan las normas para que el poder les garantice seguridad y servicios para que pueda desenvolverse sin contratiempos en la sociedad.

    El Estado, en cada momento coyuntural, es gerenciado por un Gobierno compuesto por los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, tal como establece el artículo 3 de la Constitución Nacional. Por eso, es equivocado considerar que el Gobierno es solamente el Poder Ejecutivo.
    Desde esta perspectiva, el problema de la inseguridad que reina en el Paraguay atañe al Ejecutivo y a las instituciones creadas para velar por el normal desarrollo de la vida de personas e instituciones –Ministerio del Interior y Policía Nacional, en primer lugar–, pero también al Poder Judicial, para que persiga y castigue a los delincuentes, y al Poder Legislativo, a cuyo cargo está gestionar la aprobación de las leyes que protejan los intereses individuales y colectivos.
    La falta de seguridad efectiva y la sensación de que es así aumentan, entre otras causas, porque las instituciones de la República actúan con irresponsabilidad al no asumir en plenitud la necesidad de aunar esfuerzos para combatir a los delincuentes, desde la convicción de que obrando como corresponde defienden a los habitantes del Paraguay y, por lo tanto, se blindan a sí mismos.
    A esta altura, ya casi no hay regiones ajenas a expresiones de la violencia de los marginales, si bien es cierto que la zona Norte de la Región Oriental es la más golpeada por el Ejército del Pueblo Paraguayo y los narcotraficantes.
    En general, en las áreas rurales, las personas se encuentran indefensas y sufren las consecuencias de la inseguridad. Una de ellas es su impacto en la producción agrícola-ganadera, que afecta indistintamente a pequeños y grandes propietarios de tierra. Es imposible trabajar en paz si existe la amenaza de que los implementos agrícolas van a ser quemados o si, cada tanto, aparecen bandas armadas que roban lo que encuentran a su alcance.
    Los gremios de grandes productores han alzado, una vez más, su voz para reclamar al Gobierno –es decir, a los tres poderes del Estado– mayor presencia y eficacia en sus acciones contra los violentos. La Policía Nacional es hoy un factor muy débil, sin el suficiente equipamiento ni la fuerza moral necesaria para cubrir el vasto territorio y velar por el cumplimiento de las leyes.
    El Poder Judicial tampoco es eficiente. El poder del dinero inclina la balanza de la Justicia hacia los que cuentan con el respaldo de suficientes razones económicas. La Federación de Cooperativas del Paraguay (Fecoprod) sigue reclamando al Gobierno mayor esmero por la seguridad en el campo.
    El Gobierno tiene que oír las peticiones, dejar de lado su desidia, abordar interinstitucionalmente el problema y dar respuestas a los campesinos y empresarios que viven hoy en medio de la incertidumbre y el peligro.

    http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/

    Me gusta

    Publicado por jotaefeb | 7 mayo, 2016, 7:31 am
  7. Premiar la inutilidad

    Como un verdadero héroe, el jefe de Policía de Alto Paraná, Darío Aguayo, fue condecorado por los concejales departamentales. Es cierto que quienes hacen algo extraordinario, más allá de la obligación inherente a las funciones que desempeñan, merecen un reconocimiento. Sin embargo, en este caso, por más que se busque algún mérito cuesta mucho encontrarlo.
    Tal parece que los políticos se olvidan de su función de representar a la ciudadanía y a poco tiempo de asumir se convierten en férreos defensores de otras autoridades, dándole blindaje a los corruptos o, como en este caso, rendir pleitesía sin merecimiento alguno a un funcionario.
    El décimo departamento es una de las zonas más violentas a nivel país. Con frecuencia se reportan crueles asesinatos, violentos asaltos, entre otros hechos punibles. En muchos sectores, los pobladores no pueden salir a las calles a la noche por el asedio de motochorros. Proliferan los casos de robo de vehículo y la inseguridad se siente a flor de piel en diferentes sectores, donde la ciudadanía debe vivir encerrada por la acción de los delincuentes.
    A todo eso se debe sumar la extrema precariedad de las sedes policiales, sin patrullera, sin comida ni combustible. En varios distritos recurren a donaciones hasta para prestar servicio a la comunidad.
    En los últimos días se vinieron publicando las preocupaciones de los pobladores de Minga Guazú, que viven asediados por delincuentes, motochorros y abigeos. En ese contexto, con qué criterio podría otorgársele una condecoración al jefe de Policía, Darío Aguayo.
    Cabe preguntarse en qué país viven los concejales departamentales, a quiénes representan estos señores y en nombre de quiénes otorgan reconocimientos de esta índole. Lo que deberían estar haciendo, los representantes departamentales es exigir resultados, gestionar más infraestructura, hacer y promover proyectos para reducir la criminalidad en el departamento y fomentar iniciativas que contribuyan a devolver la sensación de seguridad a la población.

    http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/43344-premiar-la-inutilidad#sthash.z3vHRgTK.dpuf

    Me gusta

    Publicado por jotaefeb | 16 abril, 2016, 7:00 am
  8. Cambiar estrategias para reducir creciente amenaza del terrorismo

    La inseguridad derivada de la presencia de grupos de delincuentes dedicados a sembrar el miedo, crear un ambiente de desconfianza entre los vecinos, chantajear a la población –sean ricos o pobres– y hasta secuestrar y matar, exige del Gobierno del presidente Horacio Cartes una reacción contundente en varios frentes. Por un lado, con políticas sociales y económicas que garanticen el ejercicio de los derechos ciudadanos y, por otro lado, con políticas de seguridad y justicia que, bajo el imperio de la ley, logren erradicar de una vez por todas los focos de violencia que impiden la convivencia ciudadana y la actividad económica legal.

    La situación que está viviendo nuestro país y, especialmente la zona Norte, exige profundas transformaciones en la forma de abordar el problema. Así como están actuando las autoridades, queda claro que solo es posible el fracaso.
    La inseguridad reinante y la imagen externa visiblemente deteriorada del país no solo son obstáculos para la inversión extranjera directa, sino fundamentalmente para la vida de las familias que habitan la región.
    Los largos años de conflicto han afectado a la vida familiar y social de la población. Las bases de la construcción de una sociedad democrática se asientan en la existencia de lazos de confianza e identidad en la población, lazos que actualmente están resquebrajados. Las comunidades afectadas desconfían de sus propios vecinos y de las instituciones públicas.
    En muchos casos, los mismos organismos públicos se han encargado de corroer la ya deteriorada confianza en la Justicia. En múltiples ocasiones, la población ha manifestado sus denuncias sobre los excesos cometidos por la Policía y la Fiscalía.
    Una situación como esta no solo contribuye a la desafección política, sino que inclusive genera aversión hacia las instituciones públicas, destruyendo un pilar básico de la cohesión social y la democracia: la confianza en las instituciones públicas.
    Además del impacto político y social de la inseguridad, el impacto económico no es menor. En general, cuando se hace referencia al tema económico, la preocupación se centra en los grandes inversores, olvidando al sector campesino y, especialmente, a los pobres.
    No cabe duda de que las repercusiones internacionales de la muerte de dos ciudadanos alemanes afectarán la imagen externa del país. No obstante, es necesario recordar que la región afectada también está poblada con familias que buscan vivir honesta y dignamente del resultado de su trabajo. Una situación como esta disminuye las oportunidades económicas, poniendo restricciones a la reducción de la pobreza.
    El Estado ausente, tanto en términos sociales y económicos como de seguridad y justicia, es la principal causa del problema que está viviendo el país. Esta situación exige respuestas rápidas, integrales y eficientes de corto y largo plazos.

    http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/

    Me gusta

    Publicado por jotaefeb | 2 abril, 2016, 6:42 am
  9. El problema de la inseguridad

    Es el caso de los llamados “motobandis” o “motochorros” que causan verdadera zozobra en barrios y ciudades periféricas. Representan un verdadero flagelo porque a la Policía le resulta casi imposible, ya no atraparlos, sino tan siquiera perseguirlos debido a la velocidad con que huyen y la posibilidad que tienen de internarse entre el tráfico o perderse en cualquier calle.

    El modus operandi es generalmente el mismo: mientras el conductor mantiene el motor en marcha, el acompañante armado con un puñal, un revólver o a mano limpia despoja a las víctimas de sus pertenencias o ingresa a un local comercial donde se apropia del contenido de la caja. En cuestión de segundos, los delincuentes huyen del lugar.

    Con frecuencia, dado que el golpe se basa en la sorpresa y en la rapidez, los “motobandis” primero atacan físicamente a la víctima antes de concretar el robo para evitar cualquier tipo de reacción. Operan en la vía pública y en estaciones de servicio o comercios similares en las principales ciudades del país.

    Este tipo de asaltos es un quebradero de cabeza para las autoridades, especialmente considerando la asombrosa proliferación de biciclos en nuestras ciudades. Además, fuera de algunas confusas grabaciones de cámaras de seguridad, no se puede saber mucho de los “motobandis”, quienes por lo general perpetran los robos con los rostros cubiertos por gorros y lentes oscuros.

    Por eso, atendiendo a la cantidad cada vez mayor de estos robos y de la violencia a menudo fatal que emplean los delincuentes, es necesario diseñar algún tipo de estrategia que ponga freno de inmediato a esta variante criminal en ascenso.

    El “mapa de la inseguridad” permite observar también que el departamento de Amambay es el que registra los niveles de violencia criminal más elevados. En esa parte del país se verificaron el año pasado al menos 119 homicidios dolosos. Le sigue el departamento de Alto Paraná, que tuvo 89 asesinatos durante el 2015. Estos números se asocian claramente a la condición de zonas fronterizas de estos departamentos.

    Los sicarios y los asesinatos por encargo son un subproducto de la actividad de las mafias del narcotráfico y el contrabando. No solamente es la frontera el puente ideal para el tráfico de drogas y armas al mercado brasileño o europeo, sino que además, dadas sus características –inexistencia de controles, corrupción generalizada de la fuerza pública y la justicia, permeabilidad de las instituciones y autoridades al dinero sucio–, es también un refugio adecuado para delincuentes y elementos indeseables procedentes de uno y otro lado del límite internacional.

    Nada más fácil para los traficantes o asaltantes que cometer el delito y cruzar de inmediato al otro lado de la frontera y perderse irremediablemente de sus perseguidores. Mientras no exista una estrecha coordinación de la Policía y la Fiscalía paraguayas con sus contrapartes brasileñas, la frontera continuará siendo un territorio de libre tránsito para los criminales.

    El problema de la inseguridad

    Me gusta

    Publicado por Anónimo | 3 marzo, 2016, 8:45 am
  10. Frenar los índices de violencia e inseguridad

    Hace más de tres años, el ministro del Interior, Francisco de Vargas declaraba que no “hay fiesta sin permiso”. Esto al explicar que las zonas donde hay delincuencia es porque hay permisividad de los uniformados destinados a prevenirlos. Sin embargo, hasta la fecha no hay cambios importantes en los lugares más conflictivos y violentos del país.

    En el Alto Paraná, los asaltos se convirtieron en hechos comunes y frecuentes. Todos los días hay asaltos pequeños y grandes, y los delincuentes cada vez actúan con más violencia, jugando a matar a sus víctimas.

    Esta vez, el martes a la noche, un joven de 22 años fue acribillado por delincuentes por no entregarle su motocicleta. Hasta ayer nadie había sido detenido. Es así que todos los días se producen asaltos en los barrios periféricos de Ciudad del Este, ciudades vecinas, y en algunos casos con saldos fatales.

    Paralelamente en la región prosperan todo tipo de actividades ilícitas que aumentan los índices de criminalidad y violencia. En ese sentido es innegable el incremento del microtráfico de drogas en la región, que a su vez tiene otros delitos conexos como los asaltos y las muertes por encargo. Si vamos a ceñirnos a las expresiones del ministro del Interior, éstos delincuentes tienen “permiso” de quienes deben combatir la criminalidad, porque no hacen nada para evitar dicha delincuencia.

    No obstante, aunque los uniformados tuviesen la voluntad de batallar contra la delincuencia, es poco lo que pueden hacer porque no cuentan con los recursos. Tal es el caso de la comisaría de Minga Guazú, donde desde hace dos meses no disponen de patrullera. Es la realidad de muchas comisarías de esta zona del país, sobre todo las del interior del departamento, donde el abandono es mayor y los uniformados no tienen siquiera comunicación telefónica, y menos una patrullera para ofrecer seguridad a la población.

    El jefe de policía Darío Aguayo y el director de la cuarta zona policial Alcides Sanabria, son los responsables de la seguridad en el departamento. Son quienes tienen que dar respuestas a la sociedad, haciendo más eficiente la labor policial y devolver la tranquilidad y la seguridad a la población. Los índices de violencia se acrecientan cuando se siente el vacío de las instituciones responsables. Es momento de dar respuestas efectivas.

    http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/41208-frenar-los-%C3%ADndices-de-violencia-e-inseguridad#sthash.oxxqbH95.dpuf

    Me gusta

    Publicado por Anónimo | 15 febrero, 2016, 4:42 am
  11. Gobierno de Cartes sigue en déficit en materia de seguridad

    Encuestas y sondeos de opinión acerca del desempeño del gobierno de Horacio Cartes revelan que un foco de preocupación central de la ciudadanía es la seguridad. La percepción que tiene la población, a juzgar por los resultados de estas consultas, es que la inseguridad se ha incrementado en los últimos meses.
    La ciudadanía permanece inerme ante una ola delictiva que no solo no se ha frenado sino que por momentos parece estar aumentando. Asaltos a empresas y comercios y robos domiciliarios o en la vía pública –protagonizados por los llamados “motobandis”, que actúan con extraordinaria violencia– son cosas de todos los días en Ciudad del Este y distritos vecinos.

    Las autoridades nacionales hasta el momento han hecho poco y nada por impulsar una depuración profunda de los cuadros policiales, una condición ineludible para recuperar la confianza de la ciudadanía y elevar los niveles de eficiencia de la institución. Una Policía atravesada de venalidad y corrupción, con una formación mediocre, nunca estará en condiciones de combatir con efectividad a la delincuencia.
    Como en muchos otros campos, tampoco en materia de seguridad ciudadana se conoce cuál es la hoja de ruta, el plan del gobierno, los objetivos que persigue y cómo piensa alcanzarlos. O no existe una visión estratégica en este punto o, si existe, no se logra comunicarla y difundirla en la población. Así las cosas, se tiene la impresión de que el gobierno opera solo reaccionando ante los acontecimientos, sin tomar la iniciativa ni emprender cambios que exigen coraje y firmeza. De esta manera, siempre irá a la zaga de los hechos, sin capacidad de anticiparse a ellos o atenuar sus efectos.
    Un plan de seguridad debería abarcar tres elementos cruciales. En primer lugar, mejorar la calidad de la formación técnica y ética de los policías. La instrucción que reciben los agentes es deficiente de cara a las tareas que impone el presente. Quizás alcance para el control de maleantes menores, pero los policías carecen de las herramientas intelectuales y profesionales para hacer frente a una delincuencia cada vez más refinada y compleja. En segundo lugar, la Policía debe cambiar su relación con la ciudadanía. Será muy difícil vencer por ejemplo al crimen organizado –verdadero flagelo en muchas partes de nuestro país– sin la cooperación entre las fuerzas de seguridad y la población. Finalmente, nada de esto será posible sin un combate radical a la corrupción interna. Ni el plan mejor diseñado podrá derrotar la inseguridad si el material humano responsable de llevarlo a la práctica está corrompido.
    Es tiempo que el Gobierno tome el toro por las astas y se introduzcan cambios significativos, ni que eso tenga que implicar la destitución del ministro del Interior, quien hasta el momento solo ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias.

    http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/

    Me gusta

    Publicado por Anónimo | 11 febrero, 2016, 7:25 am
  12. Violencia en la frontera

    Hiroyuki Sato, un comerciante mayorista de origen japonés, se convirtió en la novena persona asesinada en forma violenta en Pedro Juan Caballero en las últimas semanas. Dos desconocidos que viajaban a bordo de una motocicleta dispararon varias veces sobre la víctima, quien se encontraba verificando trabajos de jardinería frente a su residencia.

    Sato era un conocido empresario de la capital del Amambay y formaba parte de la asociación japonesa de ese departamento. Esta colectividad, que se apresta a celebrar los 60 años de la migración al país, manifestó su preocupación por lo acontecido y anunció que acudirán hasta la embajada de Japón para que reclame justicia en este caso. Más allá de las motivaciones de los asesinos, lo cierto es que Pedro Juan Caballero y la zona fronteriza están viviendo una nueva ola de violencia brutal.

    Lamentablemente, la frontera seca con el Brasil se ha convertido en el campo de acción de bandas criminales y narcotraficantes que utilizan este lugar prácticamente como una “zona liberada” o “tierra de nadie”. No solamente es la frontera el puente ideal para el tráfico de drogas y armas al mercado brasileño o europeo, sino que además, dadas sus características –inexistencia de controles, corrupción generalizada de la fuerza pública y la justicia, permeabilidad de las instituciones y autoridades al dinero sucio–, es también un refugio adecuado para delincuentes y elementos indeseables procedentes de uno y otro lado del límite internacional.

    Las bandas criminales mejor organizadas del Brasil –Comando Vermelho y Primer Comando Capital (PCC)– han echado sus bases en las áreas fronterizas, especialmente con Paraguay y Bolivia.

    Para que tenga eficacia la acción de las fuerzas de seguridad en el combate a este flagelo deben concurrir varios factores. En primer lugar, es fundamental una estrategia compartida con el Brasil. Nada más fácil para los traficantes o asaltantes que cometer el delito y cruzar de inmediato al otro lado de la frontera y perderse irremediablemente de sus perseguidores. Mientras no exista una estrecha coordinación de la Policía y la Fiscalía paraguayas con sus contrapartes brasileñas, la frontera continuará siendo un territorio de libre tránsito para los criminales. En segundo término, es de crucial importancia emprender una radical depuración de la Policía, del Ministerio Público y de la Justicia en la zona.

    El crimen organizado transnacional prospera y se expande a la sombra de la corrupción de los funcionarios públicos y de las autoridades. Sin un saneamiento drástico en las instituciones mencionadas no se lograrán victorias decisivas contra los delincuentes y el río de sangre seguirá corriendo en la frontera.

    Abolir esa suerte de “industria del sicariato” que se ha instalado en la frontera debe ser una de las prioridades de la Policía Nacional. Hoy todavía el problema tiene una escala manejable, pero es evidente que va en aumento perjudicando no solo a las víctimas directas y a sus familias, sino también a la economía de la zona. La inseguridad es un factor que ahuyenta a las inversiones. El atraso económico está vinculado con frecuencia a este flagelo. Para construir una sociedad más libre y próspera es indispensable actuar con la mayor energía contra el crimen organizado. Nadie puede prosperar en una atmósfera donde se respira el miedo, la corrupción y la sospecha.

    Las ofensivas policiales o las acciones punitivas del Estado siempre serán medidas paliativas o puntuales. La solución de fondo exige además vigorosos planes y programas de expansión económica, generación de empleo y extensión de los servicios públicos. A la par que se persigue a los delincuentes, es indispensable construir la paz.

    http://www.lanacion.com.py/2016/01/31/violencia-en-la-frontera/

    Me gusta

    Publicado por Anónimo | 2 febrero, 2016, 10:13 am
  13. Que dejen de afirmar que inseguridad es “apenas una sensación”

    Desde el inicio del año, ya se registraron nuevamente varios hechos delictivos en nuestra región, cometidos por los facinerosos. Y para colmo de los colmos, el propio viceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, fue despojado de varias armas que estaban en su vehículo, hecho por el cual finalmente fue obligado a renunciar.

    La mayoría de los robos a mano armada ocurrieron a plena luz del día y son solo algunos de los cometidos cotidianamente en todo el país, ya que muchos siquiera atinan a denunciar. La tan mentada sensación de inseguridad es bien comprensible. No es el resultado de una psicosis colectiva, como lo pretende el ministro del Interior, Francisco de Vargas, sino nace de la experiencia sufrida por las numerosas víctimas del narcotráfico, de las bandas de atracadores, de los “peajeros” y de los delincuentes motorizados, entre otros. Entre ellas hay que incluir a los familiares y a los amigos de quienes experimentaron en carne propia la violencia y el despojo.
    Los comercios enrejados, las casas con muros electrificados, la difusión de las cámaras de seguridad y la abundancia de guardias privados revelan que la Policía Nacional no se ha mostrado eficiente a la hora de prevenir la comisión de delitos contra la vida y el patrimonio. Muchas personas tratan de protegerse por sus propios medios, pero hay quienes no pueden hacerlo, como los campesinos desposeídos por los abigeos y los peatones asaltados por los “peajeros”.
    El Presidente de la República suele invocar las estadísticas del Ministerio del Interior para desmentir que la inseguridad sea uno de nuestros grandes males sociales. Aparte de que ellas pueden ser fácilmente manipuladas, hay que atender que muchos delitos no son denunciados por las víctimas por temor, por no haber una comisaría policial en las cercanías o hasta por creer que los agentes del orden público están confabulados con los malvivientes. Hay policías que están a sueldo de narcotraficantes o que brindan datos a sus compinches no uniformados para que den sus golpes o eludan una persecución. Otros holgazanean en las oficinas, rapiñan cuanto pueden o hacen de guardia en alguna vivienda, por orden del comisario remunerado. Por supuesto, también hay policías honestos y preocupados por cumplir con su función de resguardar el orden y la integridad de las personas y sus bienes.
    Lo que le ocurrió al exviceministro de Seguridad Interna ilustra la situación reinante: sustrajeron tres fusiles y una pistola de su camioneta blindada, de uso oficial exclusivo, que dejó estacionada frente a la casa de su madre, tras despedir a sus custodios. Es de esperar que las autoridades encargadas de ofrecer seguridad no sigan sosteniendo que la inseguridad es solo una “sensación” de la ciudadanía y tomen cartas en el asunto, o de lo contrario, que renuncien y permitan trabajar a personas quizás mejor preparadas, para enfrentar el auge de la delincuencia.

    http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/

    Me gusta

    Publicado por Anónimo | 29 enero, 2016, 5:04 am
  14. Necesidad impostergable

    En coincidencia con su antecesora Sheila Abed, la nueva ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, tiene como prioridad la construcción de cárceles en Ciudad del Este, Emboscada y otros lugares. El proyecto es muy plausible, y solo cabe desear que lo antes posible se obtengan los 115 millones de dólares que se necesitarían para al menos reducir en gran medida el hacinamiento que sufren unos 13.000 reclusos en todo el país, salvo aquellos que por un privilegio indebido ocupan las “celdas vip”.

    El Presidente de la República habría impartido una “orden contundente” en el sentido de destrabar el proceso licitatorio para llamar a una licitación pública. Por de pronto, los fondos que se requieren no están previstos en el presupuesto nacional vigente, de modo que habría que buscar la forma de conseguirlos antes de iniciar el procedimiento de contratación. En última instancia, habrá que recurrir a un crédito internacional, aunque ello implique un mayor endeudamiento, que en este caso sería admisible dada la gravedad de la situación reinante en el sistema carcelario, que fue graficada acertadamente por la anterior ministra con la palabra “polvorín”.

    Es intolerable que las condiciones de reclusión sean inhumanas y que después se pretenda la readaptación social de los condenados y de los procesados, que por cierto comparten el mismo espacio, en contra de lo dispuesto por la Constitución. Esta también dice que los reclusos deben hallarse en “establecimientos adecuados”, lo que resulta a todas luces desmentido por la dolorosa realidad. Aquí están en juego los derechos humanos, de los que también gozan quienes están privados de su libertad, por si haga falta subrayarlo. La penitenciaría de Tacumbú, la principal del país, alberga a unos cuatro mil reclusos, pese a que su capacidad real llega solo a 1.500. Es una verdadera vergüenza, a la que se debe poner fin cuanto antes.

    La ministra Bacigalupo está en lo cierto cuando afirma que se deben buscar soluciones de fondo para reducir los niveles de violencia e inseguridad y que se deben emplear medidas alternativas a la pena carcelaria. Toda vez que estas medidas se apliquen adecuadamente y no para favorecer a delincuentes famosos, a recomendados y poderosos, como ocurre hoy día. Lo que sucede es que las políticas públicas que deberían implementarse al respecto no tendrán un efecto inmediato, ni mucho menos. Entretanto, la sociedad debe ser protegida mediante la pena privativa de libertad, como también lo manda la Constitución, sin que ello implique, en absoluto, que quienes la agredan deban estar espantosamente hacinados, viviendo como animales.

    La dramática situación penitenciaria es de larga data y tiende a agravarse cada vez más, de modo que la prioridad mencionada es de la mayor urgencia. El Poder Ejecutivo tiene ahora la voluntad de poner manos a la obra; así que resta esperar consiga los fondos necesarios y que, una vez obtenidos, la maquinaria administrativa trabaje con una eficiencia y una honestidad mucho mayor a las acostumbradas. Que ya no existan “cárceles fantasmas” como las que se creaban en las planillas para desviar los recursos públicos.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/necesidad-impostergable-1443997.html

    Me gusta

    Publicado por Anónimo | 13 enero, 2016, 6:55 am
  15. De cárceles, robos y discursos repetidos

    A la par del crecimiento de la población penitenciaria y el hacinamiento en las cárceles, las estadísticas de la misma Policía Nacional señalan que también hubo un aumento de la cantidad de robos.

    Actualmente hay más de 12.000 presos en todo el país, 78% de ellos sin condenas, y paralelamente los robos en Paraguay en el 2015 aumentaron en un 19% en relación al año anterior. Las cifras, que fueron difundidas por el mismo Estado, dejan bien claro una cuestión simple, pero difícil de reconocer: con encarcelar a más personas no se logra disminuir las tasas de criminalidad.

    Estos números también revelan cómo el sistema penitenciario, que duplicó su población penitenciaria en los últimos cinco años, sigue un único camino hacia el colapso, mientras que las políticas de seguridad tampoco logran mantener seguras las calles.

    Al ser consultado sobre este aumento de la cantidad de robos, días atrás el subcomandante de la Policía esgrimió la siguiente explicación: “El gran problema por el cual muchas veces alzamos nuestra voz de protesta es que enseguida recuperan su libertad delincuentes, muchas veces con antecedentes inclusive, cuando son puestos a cargo de la Justicia”.

    El comisario Luis Marecos también señaló que otro factor del aumento de la delincuencia son “los jóvenes que no quieren trabajar”. Este último dato no fue apoyado por ninguna estadística o hecho que permita suponer que es real.

    La supuesta rapidez con la que los detenidos recuperan su libertad no es un argumento nuevo. Desde hace años, quizás décadas, los jefes policiales de turno se quejaron de la celeridad de los jueces al liberar a los delincuentes.

    La nueva ministra de Justicia llegó con un anuncio importante: la construcción de más cárceles, entre ellas una prisión de máxima seguridad en Presidente Hayes en el plazo de dos años. Carla Bacigalupo también recurrió a un discurso harto conocido: una de las causas principales del hacinamiento en las cárceles es el abuso total de la prisión preventiva de parte de jueces.

    Por un lado, nos dicen que los jueces liberan muy rápido a los detenidos y, por otro, cuestionan que tanta gente sea encarcelada como medida preventiva. Lo peor es que hace años escuchamos los mismos argumentos desde ambas instituciones.

    La solución a la inseguridad y el hacinamiento en las cárceles deberá, necesariamente, comprometer a todos los poderes del Estado para atacar todos los factores de la criminalidad. Una frase atribuida (erróneamente) a Albert Einstein nos puede servir: “Locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”.

    Por Fernando Boccia Torres

    http://www.ultimahora.com/de-carceles-robos-y-discursos-repetidos-n958616.html

    Me gusta

    Publicado por Anónimo | 13 enero, 2016, 6:53 am

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

clima ✓

Click for Asunción, Paraguay Forecast

impresos ✓

abcCOLOR

ULTIMA HORA

LA NACIÓN

EXTRA

POPULAR

CRÓNICA

ADN

5días

VIÑETAS ✓

Nicodemus Espinosa

Melki Melgarejo Valiente

Carlos Sosa Sanabria

A %d blogueros les gusta esto: