El momento de Yacyretá y, sobre todo, de Paraguay

Tras las recientes declaraciones de Humberto Schiavoni, nuevo director argentino de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y, por ende, director ejecutivo, se confirma que el Gobierno de Mauricio Macri arrancó su gestión en la hidroeléctrica con una línea totalmente diferente, en comparación con la administración de los Kirchner.

Lo más básico que se puede esperar es que el mandamás rioplatense quiera convertir a la EBY en una empresa rentable y que Argentina sea bastante beneficiada con sus resultados. Que termine más beneficiada que Paraguay es justamente lo que nuestras autoridades tienen que tratar de evitar, si realmente buscan una participación ecuánime en el emprendimiento binacional.

El director Schiavoni manifestó de entrada que la deuda de la EBY con el Tesoro argentino está “distorsionada”. Puede parecer una frase escueta, pero en realidad es un gran avance para los intereses paraguayos si se tiene en cuenta que –en la última etapa de la administración de Cristina Fernández– el planteo principal era que el pasivo estaba compuesto por los aportes que hizo el país vecino para la construcción de la central, de aproximadamente USD 6.300 millones, más los intereses y actualizaciones que dejaban el monto total en torno a los USD 18.000 millones para el 2013, y que aumentó a USD 20.000 millones en los últimos meses de 2015, según las propias palabras del director paraguayo Juan Schmalko.

Schiavoni también remarcó que la represa de Corpus Christi, así como cualquier otro nuevo emprendimiento hidroeléctrico binacional, no forma parte de Yacyretá y, por ende, no se puede encarar bajo sus condiciones. Añadió que no se puede avanzar en esto hasta no haber solucionado el dilema de la EBY. Esto deja la cancha ideal para que Paraguay analice y redefina sus estrategias. Seguir planteando férreamente en la revisión del Anexo C (que se deben reanudar en breve), lo mismo que se planteó con el equipo de Fernández significará entrar con miopía a jugar el partido más importante que tendrá el país de aquí a los próximos años.

La necesidad (crisis) actual de Argentina es energética y por eso importa energía (en todas sus formas) de varios países del continente. Es previsible que busque la manera de generar energía hidroeléctrica limpia, renovable y, sobre todo, barata. Para ello precisa tener buenas relaciones con Paraguay de cara a las futuras obras. Además, nosotros también necesitaremos las centrales de Corpus e Itacorá-Itatí en el largo plazo. Es el momento para que el Gobierno paraguayo sea inteligente en sus acciones y piense en el futuro, no en un éxito político para dos o tres años.

Por Miguel Benítez

http://www.ultimahora.com/el-momento-yacyreta-y-todo-paraguay-n957206.html

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52 comentarios en “El momento de Yacyretá y, sobre todo, de Paraguay”

  1. Traidores en acción

    Por Óscar Germán Latorre

    Desde hace años venimos soportando que los políticos hagan lo que les conviene política o económicamente. Y, para ello, no hay Constitución ni ley que no pueda ser pisoteada. Los cambios de postura son constantes y diariamente vemos cómo en el Congreso Nacional los legisladores usurpan potestades que no les corresponden, tienen injerencia en otros poderes del Estado, cuando no surgen noticias de los abusos de poder que frecuentemente realizan para asignarse beneficios que ofenden a toda la ciudadanía.

    Nuestro sistema electoral vigente no permite que los electores elijan a los candidatos de su preferencia sino a través de las listas sábanas, en las que lamentablemente se infiltran verdaderos energúmenos, gente absolutamente incapaz, analfabetos funcionales que irónicamente luego serán quienes presenten los proyectos de ley y las sancionen.

    Creo que aun las payasadas pueden ser absorbidas, pero cuando por razones políticas se busca perjudicar claramente los intereses de la República, los ciudadanos no podemos permanecer impasibles, dejando que unos bárbaros, mentirosos y descarados quieran boicotear un acuerdo largamente anhelado por el Paraguay para definir con la República Argentina diversas cuestiones relacionadas a la Entidad Binacional Yacyretá.

    Quienes ayer ejercían el gobierno y, en tal carácter, estaban negociando acuerdos con la Argentina son los mismos que hoy afirman que el reciente acuerdo entre Paraguay y Argentina no puede ser aprobado por violentar nuestra soberanía energética y resultar contrario a los intereses económicos de nuestro país.

    Precisamente, en publicaciones periodísticas de agosto de 2011, el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, manifestaba que “…la construcción del brazo Aña Cuá de la represa Yacyretá significará sustanciales beneficios para el país…” y que “aplaude la iniciativa de la futura construcción de la obra complementaria de la EBY, haciendo hincapié en los beneficios que traerá al país, como la generación de puestos de trabajo, entre otros…”. Los invito a leer detenidamente esas publicaciones reveladoras de la total falta de seriedad de algunos políticos: http://www.ultimahora.com/lugo-y-cristina-anunciaran-licitacion-obras-ana-cua-el-miercoles-n454716.html; http://www.ultimahora.com/lugo-asegura-que-obras-ana-cua-traeran-importantes-beneficios-paraguay-n455273.html; http://misionesonline.net/2011/08/15/cristina-y-lugo-anunciaran-la-construccion-de-ana-cua/; http://www.noticiasdel6.com/ampliar.php?id=81523; http://www.cadena3.com/post_ampliado.asp?sector=81&categoria=20&post=82702; http://www.paraguay.com/nacionales/lugo-y-cristina-fernandez-haran-anuncio-de-licitacion-del-brazo-ana-cua-62660.

    En aquel tiempo el negociador principal por la República del Paraguay era Miguel López Perito, que ocupaba el cargo de secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Pues es ese mismo López Perito, actual senador, el que hoy se pasea por los medios de prensa para cuestionar el acuerdo Cartes-Macri, en virtud del cual la deuda de la EBY con la República Argentina, que asciende a US$ 19.000 millones, quedó reducida a US$ 4.500 millones, es decir, US$ 14.500 millones menos que lo que había sido acordado por el gobierno de Fernando Lugo sobre una deuda de tan solo US$ 15.000 millones.

    Pero el cuestionamiento del senador López Perito no se agota en la reducción de la deuda, sino también cuestiona las obras a ser introducidas en el brazo Aña Cuá, olvidando que la negociación por él encabezada logró el mismo acuerdo, pero con el reconocimiento de una deuda mayor.

    Obviamente, no se trata de un problema de memoria, sino sencillamente de que algunos senadores hacen prevalecer sus intereses políticos por sobre el bienestar general de la nación. Solo así se explica la actitud de estos senadores que amenazan con rechazar el anexo a poco de ser presentado a consideración del Senado.

    La gente se moviliza para reclamar mejoras salariales, condonación de deudas o por cuestiones que no afectan el interés general y permanecen durante días o semanas en las plazas presionando a los legisladores para que atiendan sus reclamos.

    Lo sorprendente es que en este caso –en el que no cabe duda que existe una caradurez, hipocresía y hasta perversidad en quienes amenazan con rechazar el acuerdo con la Argentina– no existe ni siquiera un mínimo comentario en las redes sociales y las plazas están vacías.

    Y lo que aquí estoy planteando no ofrece ningún margen para la discusión porque los números son claramente favorables y la hipocresía de algunos legisladores ha sido puesta al desnudo con las publicaciones de los distintos medios de prensa, que cada ciudadano debería conocer para poder juzgar la calidad y la confiabilidad de nuestros políticos.

    Lamentablemente estamos en una época electoral y de seguro alguien me dirá que soy un mercenario al servicio de Horacio Cartes, que sucumbí ante su billetera. Pero lo que es materia de este comentario es simplemente reproducir y recordar a todos lo que ayer sostenían algunos políticos como favorable y conveniente para el Paraguay y hoy, con otro escenario político, amenazan con rechazar un acuerdo que inevitablemente deberá llegar algún día, siendo imposible conocer en qué términos se hará.

    O no se entiende lo que está pasando o existe una indiferencia que tarde o temprano nos destruirá.

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  2. El Gobierno está rifando la soberanía nacional
    13 SEPTIEMBRE, 2017
    Mañana jueves, simultáneamente en Asunción y en la localidad fronteriza argentina de Ituzaingó, será lanzada oficialmente la licitación pública internacional para la maquinización del vertedero del embalse ubicado en la margen derecha del limítrofe río Paraná, correspondiente al brazo del mismo conocido como Aña Cua. Según anunciaron las autoridades de la binacional, el llamado estará compuesto de dos componentes contractuales: uno, para las obras civiles, y el otro, para la provisión del equipamiento electromecánico.

    Ante los justos cuestionamientos de sectores ciudadanos en el sentido de que primero debe darse la aprobación por el Congreso de la nota reversal correspondiente al Acta de Entendimiento firmada por los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri el pasado 4 de mayo, el director paraguayo de la entidad, Ángel María Recalde, sostuvo que tal requisito constitucional no es necesario porque la iniciativa ya fue autorizada con anterioridad por el Consejo de Administración de la EBY. “No hace falta ningún acuerdo”, sostuvo en una comunicación con un medio radial. Informó también que la obra requerirá unos US$ 520 millones para la instalación de tres turbinas, con una potencia instalada total de 270 MW, con lo que la potencia de la central hidroeléctrica binacional tendrá un aumento del 10 por ciento.

    Por su parte, técnicos del sector eléctrico paraguayo sostienen que la maquinización de Aña Cua, además de no estar contemplada en el Tratado, traería pocos beneficios económicos al Paraguay.

    Adicionalmente, los expertos sostienen que el costo unitario de potencia instalada, llamativamente, casi doblaría al de instalaciones hidroeléctricas similares construidas en países de la región: Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia.

    Más allá de las ponderaciones de beneficio-costo para el Paraguay, lo más preocupante es la decisión del presidente de la República, Horacio Cartes, de autorizar el inicio de trámites burocráticos para implementar el proyecto antes de que el Senado de la República se expida sobre la nota reversal del acuerdo bilateral suscrito en el marco de la revisión del Anexo C del Tratado, referente a la clarificación de las cuentas de la EBY.

    Al respecto, el Senado de la República no debe aprobar lo acordado por ambos mandatarios en razón de que el mismo está viciado de nulidad, pues no se ajusta a la métrica establecida en el Tratado para el efecto, sino a procedimientos administrativos y financieros arbitrariamente establecidos por el Gobierno argentino desde el inicio de la construcción de la represa, como si ella fuera una empresa argentina y no un joint venture binacional, estrictamente sujeta a las regulaciones acordadas por las Altas Partes contratantes.

    Sobre el tema, el ingeniero Orlando Valdés, presidente de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico del Paraguay (AISEP), señaló: “La gestión en la entidad, hasta la fecha, no se ajusta al Tratado de Yacyretá y su administración económico-financiera se basa en el Decreto Nº 612/86 de la República Argentina, disposición interna de este país, que no fue perfeccionada por la EBY ni por los demás órganos constitucionales del Paraguay. Por este documento –y otras medidas administrativas unilaterales– se establece que los recursos necesarios para el funcionamiento de la EBY dependan del presupuesto general de gastos de la Nación argentina, en total oposición a lo dispuesto en los documentos bilaterales que indican que la venta de energía es la fuente genuina de sus recursos económicos”.

    En síntesis, el Acta de Entendimiento acordada por el presidente Horacio Cartes con su par, Mauricio Macri, lo que hace es convalidar integralmente la sistemática violación del Tratado por parte del Gobierno argentino, comenzando con el Decreto 612/86 y siguiendo con la aplicación de la Nota Reversal de enero de 1992, no aprobada por el Senado paraguayo y, por tanto, ilegal, pero que la Argentina ha venido aplicando hasta ahora en sustitución del Tratado, incluso para la simulada revisión del Anexo C del mismo.

    En retrospectiva, queda claro que lo que el gobierno de Horacio Cartes ha hecho es repetir el antipatriótico intento de sus predecesores Andrés Rodríguez (con Raúl Alfonsín) y Nicanor Duarte Frutos (con Néstor Kirchner), de introducir en el recinto del Congreso Nacional el presente griego de la convalidación de todo lo actuado en la EBY desde su inicio. ¿Qué motivación diplomática, o incentivo indebido, pudieron tener estos dos presidentes paraguayos para prestarse a tan antipatriótica entrega de soberanía a nuestro socio de la otra margen del Paraná? Con tan vil precedente de sumisión a los designios de los gobernantes argentinos, ¿cómo es que el presidente Horacio Cartes viene ahora a aceptar tan infame compromiso? Al abdicar de su responsabilidad como Jefe del Estado, y aceptar acuerdos violatorios del Tratado que perjudican gravemente los intereses nacionales, solo cabe sospechar que lo hace por interés personal y de la claque gobernante.

    En este sentido, desde el inicio de las conversaciones para la revisión del Anexo C del Tratado, a fines del 2014, nuestro diario ha venido sosteniendo que ese alto cometido debía ser realizado con absoluta transparencia, no dentro del hermetismo de cuatro paredes, como lo fue. En el transcurso de más de tres años, nuestro Gobierno ocultó sistemáticamente los detalles de la marcha de las negociaciones, tal como lo habían hecho en su época los negociadores de los Tratados de Itaipú y Yacyretá por instrucciones del dictador Alfredo Stroessner, con los nefastos resultados que hasta hoy perjudican gravemente al pueblo paraguayo.

    Desde la intentona del fallido “Preacuerdo Técnico”, pergeñado por el actual director de la EBY, ingeniero Ángel María Recalde, a instancias del presidente Nicanor Duarte Frutos, quedó claro que el verdadero objetivo de los mandamases de turno, paraguayos y argentinos, no era tanto el “saneamiento” de Yacyretá –al decir del presidente Néstor Kirchner–, sino la maquinización del Brazo Aña Cua, con el consiguiente festín de coimas para las autoridades de ambas márgenes, como sucedió a lo largo de la construcción de la represa principal, y por lo que le valió el mote de “monumento a la corrupción” que le adjudicó el expresidente Carlos Menem.

    Tal vez el presidente Horacio Cartes y sus adláteres estén esperanzados en el apetitoso mordiscón que Nicanor Duarte Frutos y los suyos no pudieron dar porque en la ocasión el Senado de la República se lo impidió. Para no sufrir igual revés, Cartes y los suyos han optado por el atajo de los hechos consumados, ninguneando al Congreso.

    Así como los ciudadanos y las ciudadanas se alzaron firmemente contra la enmienda que por vía inconstitucional este mismo grupo en el poder intentó llevar adelante como una topadora sin freno, así también ahora deben manifestarse públicamente para impedir este nuevo despojo a nuestra soberanía en beneficio de nuestros insaciables socios en las empresas binacionales.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/el-gobierno-esta-rifando-la-soberania-nacional-1631430.html

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  3. Viola tres principios el Acta sobre Yacyretá

    Por Ing. Orlando Valdés

    El Anexo “C” del Tratado de Yacyretá previó que sus disposiciones sean revisadas 40 años después de la fecha de entrada en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros componentes, el grado de amortización de las deudas contraídas por Yacyretá para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países (ANDE y EBISA), estableciendo de esta manera el criterio de proporcionalidad para la distribución de los costos asociados a la construcción de la represa binacional entre las Altas Partes Contratantes, el Paraguay y la Argentina.

    El 27 de Marzo del 2014 se cumplieron los 40 años, fecha que habilita a las partes a revisar las disposiciones contenidas en el Tratado.

    La gestión de la entidad, hasta la fecha, no se ajusta al Tratado de Yacyretá y su administración económico/financiera se basa en el decreto N° 612/86 de la República Argentina, disposición interna de este país, que no fue perfeccionada por la EBY, ni por los demás órganos constitucionales del Paraguay. Por este documento y otras medidas administrativas unilaterales se establece que los recursos necesarios para el funcionamiento de la EBY dependan del presupuesto general de gastos de la Nación Argentina, en total oposición a lo dispuesto en los documentos bilaterales, que indican que la venta de energía es la fuente genuina de sus recursos económicos.

    Estos procedimientos, unilateralmente aplicados y que no están previstos en las disposiciones legales de carácter bilateral, producen una ruptura conceptual con respecto a la definición del Tratado en lo referente a la constitución de una entidad binacional, la EBY, que se sustenta sobre la base de la producción y venta de energía hidroeléctrica, no sobre transferencias desde los Tesoros de las Altas Partes Contratantes. Los sucesivos gobiernos paraguayos, hasta la fecha, permitieron la aplicación de facto de esta forma de administración de la binacional

    La aplicación de nuevas normas y/o reglamentos, con el objetivo de institucionalizar el funcionamiento de la EBY, mediante actas, preacuerdos etc., debe considerarse como principio rector del tratamiento justo de los derechos legítimos que le corresponden a las Altas Partes Contratantes en su carácter de copropietarias y deben respetar el criterio de proporcionalidad en la distribución de todos los costos, conforme a lo establecido explícitamente en el propio Tratado, sobre la base de la demanda relativa de la producción de energía eléctrica de la central.

    El Acta de Entendimiento 2017, que será utilizada como base para la elaboración de notas reversales para la modificación de lo dispuesto en el tratado, reconoce como válida la aplicación en Yacyretá de la Nota Reversal de 1992 , del decreto N° 612/86 de la República Argentina y de otras ordenanzas de carácter interno de la Argentina, con lo cuales alteraron la fuente de recursos de la EBY al sustituirla por transferencias desde el Tesoro Argentino, maniobra que la convirtió en una institución más del gobierno argentino.

    Además, el Acta de Entendimiento no aplica las bases económicas y financieras del Anexo “C” del Tratado y no considera el criterio de proporcionalidad que se consagró en ese instrumento, parte constitutiva del Tratado, según el cual los costos deben ser asumidos en proporción al consumo de cada Alta Parte Contratante, con esto se atribuye indebidamente al Paraguay, vía tarifa, deudas que no son de su responsabilidad.

    Es indudable que los criterios abordados en el Acta de Entendimiento no respetan en esencia tres criterios: la copropiedad de la Represa, la reciprocidad y la proporcionalidad en la distribución de costos sobre la base de la distribución relativa de la demanda de energía hidroeléctrica producida por Yacyretá.

    Consideramos que la Contraloría General de la República debe certificar el monto anunciado como deuda de la EBY y que no debe utilizar única y exclusivamente documentación argentina, porque eso podría resultar muy perjudicial para los intereses nacionales.

    La tarifa futura de la energía hidroeléctrica de Yacyretá, de haberse aplicado el Anexo “C” del Tratado vigente para las próximas tres décadas sería de USD 12/MWh, por debajo del precio de USD 20/MWh que tendrá la energía de Itaipú a partir del año 2023. El establecimiento de un precio de USD 37/MWh para las próximas tres décadas, en base al Acta de Entendimiento, establecerá incentivos concretos para que el Paraguay no demande la energía que necesite desde Yacyretá sino desde Itaipú, preservando la producción de energía para la necesidad de Argentina.

    No se debe iniciar ninguna obra en la binacional hasta tanto la misma sea devuelta plenamente al cauce institucional, porque está en riesgo la soberanía de la República del Paraguay sobre los recursos energéticos disponibles en el Río Paraná.

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  4. Razones para revisar el Acta de Entendimiento (IV)

    Por Ing. Orlando Valdés

    Tratando de resumir lo publicado en nuestras anteriores columnas, insistiremos en señalar que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ha sido manejada, inclusive continúa en todos estos años, como una empresa más del Estado argentino.

    El origen de esta situación es la aplicación del Decreto 612/1986, documento interno del gobierno del vecino país que carece del reconocimiento de la entidad binacional.

    Mediante el decreto de referencia habilitaron una cuenta en el Presupuesto General de Gastos de la Nación Argentina para la construcción del proyecto. Estos recursos, provenientes del Tesoro argentino, una vez aprobados, fueron remitidos para su aplicación al director ejecutivo argentino de la entidad binacional.

    Inicialmente esta modalidad no generó grandes inconvenientes, hasta que se inició la etapa de generación de recursos propios por parte de la entidad binacional.

    Todo indica que en el año 1992, ante la inminente entrada en operación de las máquinas de la central se iniciaron las negociaciones con vistas a manejar los recursos financieros que produciría la central y a la vez, en lo posible, reducir al mínimo los beneficios a los que la República del Paraguay pudiera acceder, especialmente por el concepto de Territorio Inundado, en un 80% para el Paraguay y el 20% para la Argentina.

    Todo indica que la metodología encontrada fue la Nota Reversal de 1992 mediante la cual postergaron por diez años el pago de los beneficios a las partes; al Paraguay le concedieron una ínfima parte. Esta situación fue impuesta fuera de lo establecido en el tratado y del anexo C.

    El documento también estableció que nuestro país, a través de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) contribuyera al pago de la compensación por cesión, obligación exclusiva de la parte que se beneficiaba con la energía cedida, en este caso la Argentina.

    La devolución de los diez años no pagados de las compensaciones paraguayas fu postergada por 15 años más, período después del cual serían abonadas en ocho cuotas anuales, iguales y sin intereses. De esta manera, evitaron pagar en un 100% a nuestro país las compensaciones, en todos los conceptos, consagrados por el tratado.

    En el año 2004 venció el plazo para el pago en día de las compensaciones, según lo establecido en la Nota Reversal del 9 de enero de 1992, compromiso que una vez más no fue cumplido.

    La metodología aplicada para que la entidad binacional continúe siendo administrada a través del Presupuesto General de la Nación Argentina fue la de “retener a cuenta de pago de las deudas”, los recursos propios de la entidad, concretándose así un vaciamiento artificial de la misma.

    Los pagos por cesión de energía que fueron realizados figuran en los registros del Ministerio de Hacienda como deuda de Yacyretá con el Tesoro argentino, salvo demostración documental en contrario.

    Los recursos provenientes de la venta de la energía producida en Yacyretá y retirada por EBISA para venta en el SADI, a través de CAMMESA, son absorbidos en su totalidad por el Tesoro argentino y administrados por ella.

    Los únicos recursos que CAMMESA remitió a Yacyretá, a través de EBISA, son los provenientes por la prestación de Servicios Complementarios, de los cuales fueron también descontados montos para el pago de royalties a las provincias de Misiones y Corrientes, así como para pagos por el uso de las líneas de transmisión de TRANSENER y otros conceptos más. En la práctica, EBISA nunca pagó por la energía que retiró de Yacyretá hasta la fecha.

    El Acta de Entendimiento recientemente firmada tiene la intención de legalizar esta violación de todo lo establecido en el Tratado de Yacyretá y en sus documentos complementarios, y seguir con la apropiación indebida de la parte paraguaya en la central hidroeléctrica binacional.

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  5. Razones para revisar el Acta de Entendimiento (III)

    Por Ing. Orlando Valdés

    En el item 9 del Acta de Entendimiento se establece el proceso de compensación a realizarse para la cancelación del saldo de las deudas de la ANDE por retiro de energía, 6% del total en 20 años y la cancelación del préstamo del banco de la Nación Argentina, adjudicada a la ANDE, para la integración del capital de Yacyretá. Es oportuno aclarar que de los 50 millones de dólares comprometidos, el desembolso fue de solo 10 millones de dólares.

    Uno de los aspectos que necesita ser transparentado es la tarifa que fue utilizada para el cálculo de la deuda de la ANDE con la binacional, recordemos que la tarifa impuesta por la rechazada Nota Reversal de 1992 insertaba en su composición el pago por el concepto “Cesión de Energía”, razón por la cual la ANDE se negó a pagar dicho monto, a lo largo de todos estos años; sin embargo, fue honrando sus compromisos mediante el pago de una tarifa estimada que no contempla el pago indebido, para la ANDE, del concepto cesión.

    Por declaraciones públicas realizadas por empleados de la EBY se podría concluir que se liquidó la factura de la ANDE, a un precio que incluye el pago por “Cesión de Energía”, lo cual es absurdo. También se debe identificar al organismo del estado paraguayo que aprobó que la ANDE se apropie de los beneficios que corresponden al Paraguay en “Razón de Territorio Inundado”. Este ítem da pie al no pago en efectivo de los beneficios al Paraguay.

    En el punto 10 del Acta se puede visualizar indirectamente cual será el costo real de la energía de Yacyretá para los argentinos, que nada más es la resultante de aplicar el numeral IX – Revisión (17,5 US$/MWh). La tarifa ficticia, generada con la no aplicación de la cláusula Revisión, perjudicial para el Paraguay, por los próximos treinta años, será de 36 US$/MWh.

    También establece la aplicación de limitaciones para los gastos de inversión relacionadas con las afectaciones producidas por la entidad, en el 10 %, con esto no será posible recuperar el ferrocarril y otras obras pendientes, situación no prevista en el Tratado y sus documentos complementarios.

    En el punto 13 se obliga a la ANDE a ponerse límites para el retiro de su parte de la producción de la central, que ya no deberían existir considerando que la demanda del Paraguay es del orden de los 3.500 MW y 17.000 GWh/año, varias veces superior a la disponibilidad paraguaya en la EBY. Aquí entra a trabajar la elevada tarifa creada artificialmente para este fin y se complementa con este punto.

    En el punto 14 se percibe la aparente intención de obligar a que las partes cumplan sus compromisos, en especial al gobierno argentino; sin embargo la redacción es muy vaga, ya que no hace referencia a que institución es la responsable por los pagos por la energía de Yacyretá, si EBISA, vía Tratado, o el gobierno argentino vía decreto 612/1986, como funciona hoy. Tampoco define penalización alguna para la empresa o al gobierno que incumpla con lo establecido, que en realidad, solo afectaría al Paraguay.

    Construir nuevas obras utilizando el flujo de caja no está previsto en el Tratado de Yacyretá, además técnicamente no está recomendada instalar más unidades generadoras en el brazo principal sin la construcción del embalse de compensación, tampoco es posible la alteración del proyecto Yacyretá, como lo sería la construcción de una nueva central en el Brazo Aña Cua, no previsto en el Anexo “B” de tratado, sin el consenso amplio de la sociedad paraguaya a través de sus representantes, que si es autorizado deberá incluir la participación real de empresas paraguayas en un 50 % del total de las obras, incluyendo administración, financiación, mano de obra, materiales , etc.

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  6. Razones para revisar el Acta de entendimiento (II)

    Por Ing. Orlando Valdés (*)

    El punto 5 del Acta de Entendimiento se refiere al pago en concepto de compensación por “Territorio Inundado”. Al respecto, la actualización del monto debería realizarse con base en el año 1994, fecha de inicio de la operación de la central. Esta deuda se originó debido a la falta de pago de esta parcela por parte de las entidades compradoras, ANDE y Ebisa. Ambas entidades deben honrar sus deudas en función al criterio de proporcionalidad, es decir 94% Ebisa y 6% ANDE.

    Uno de los objetivos de la Nota Reversal de 1992 fue el de postergar los beneficios de la República del Paraguay, objetivo alcanzado con creces. Continuando en la misma línea, hoy se posterga nuevamente el pago por este concepto y, para empeorar, se lo incorpora como deuda de Yacyretá con las Altas Partes Contratantes, con esto la República del Paraguay se pagará a sí mismo, por dicho concepto, como mínimo el 44% o más, a través de la tarifa.

    Reiteramos que la deuda fue generada por Ebisa y es responsabilidad exclusiva de ella en un 94%, así como es responsabilidad de la ANDE el 6%, y debe ser honrada por ambas empresas en esa proporción. Es inadmisible transformarla en un pasivo de la binacional.

    Los puntos 6 y 7 se refieren al concepto compensación por “Cesión de Energía” y condiciona su pago a que la binacional disponga de fondos, sin obligar a la parte que utiliza la cesión (Argentina). También establece que los pagos por cesión serán debitados de las acreencias de la Alta Parte Contratante que la usufructúa, en este caso, del concepto “Compensación por Territorio Inundado”, lo cual altera lo establecido en el tratado y sus documentos complementarios.

    En el punto 8 no se expone con claridad la deuda de Ebisa con Yacyretá, recordemos que la misma, a pesar de tener registrado pequeños pagos por energía a la EBY, en realidad se refiere a pagos por la prestación de servicios complementarios (reserva de potencia, regulación de frecuencia, etc.) al SADI, conforme a los registros de Cammesa y documentos internos de área técnica de Yacyretá.

    Entendemos que existe una doble contabilidad para el manejo de las cuentas de Yacyretá, una del tesoro argentino, para el manejo del rubro Yacyretá del Presupuesto General de Gastos de la Nación Argentina, y otra, la de Yacyretá, en la que registran el destino los recursos proveídos por el tesoro. Recordemos que los ingresos obtenidos por la venta de la energía de Yacyretá en el SADI, ejecutada por Cammesa, son transferidos y administrados en su totalidad por el tesoro argentino.

    Ante esta situación no prevista en el Tratado de Yacyretá, por lo tanto violatoria de dicho documento, se torna más que necesario transparentar el proceso de conciliación de las cuentas entre Ebisa, Yacyretá y el Tesoro argentino.

    Es necesario, en primer lugar, divulgar los criterios y montos aplicados en la compensación realizada entre los “Aportes” del tesoro (observar los “Aportes” registrados en el balance 2012) y la deuda de Ebisa por compra de energía eléctrica.

    Verificar si en realidad existe saldo a ser cancelado a favor de Ebisa, como se expone en el Acta de Entendimiento.

    En este ítem también debe especificarse a qué se refiere la cita a la Nota Reversal de fecha 22 de abril de 1977. En principio si existieren deudas, son en un 94% responsabilidad de Ebisa y 6% de la ANDE, no de Yacyretá.

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  7. Razones para revisar el Acta de Entendimiento

    Por Ing. Orlando Valdés

    En los puntos 1 y 2 del Acta de Entendimiento se busca validar lo actuado conforme a lo establecido en el decreto N° 612/1986 de la República Argentina, que no fue perfeccionado por Yacyretá, razón por la cual viola el Tratado de Yacyretá y sus documentos complementarios.

    En el decreto en cuestión se establece que los recursos para el funcionamiento de Yacyretá provienen de los asignados anualmente en el Presupuesto General de Gastos de la Nación Argentina, y no de los pagos realizados por las empresas compradoras de la energía, en el caso argentino Ebisa, empresa designada como la responsable por el retiro de la energía de Yacyretá para su venta en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

    Visto que no fue cancelada explícitamente la aplicación del decreto, como forma de manejo financiero de la entidad, es probable que se continúe con esta modalidad de manejo de la binacional, es decir, como una empresa más del Gobierno argentino, en abierta violación del Tratado.

    En el punto 3 del Acta se cambia la figura del responsable de la deuda por “venta de energía” de Yacyretá. El Gobierno argentino se apropia de la responsabilidad de la deuda de Emprendimientos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa), sin aclarar los términos ni los criterios. El acto transgrede lo establecido en el Tratado. Con la alteración de las responsabilidades de los actores, en la binacional, de manera indebida e inconsulta, se generan conflictos en la interpretación de las responsabilidades inherentes al manejo de los recursos financieros del emprendimiento.

    No está demostrado que los recursos transferidos a la binacional por el Gobierno argentino para el pago por el concepto de “Cesión de Energía” a la República del Paraguay hayan sido debidamente descontados de la “deuda” de Yacyretá con el Gobierno argentino. No existe documentación respaldatoria al respecto, sino todo lo contrario (Balance 2012).

    En el punto 4 del documento se concuerda en que el usuario de la ANDE, a través de la tarifa, deberá pagar por el 44% de la energía eléctrica que Ebisa retiró y no abonó. El pago se hará en los próximos 30 años.

    Esta situación deviene de la no aplicación de lo establecido claramente en el Anexo “C” del Tratado de Yacyretá Numeral VII.1 – Ingresos; “El ingreso anual de los contratos de prestación de los servicios de electricidad deberá ser igual cada año al costo del servicio establecido en este Anexo” y el Numeral VII.2- “El costo será distribuido en forma proporcional a las potencias contratadas por la entidades abastecidas”, es decir Ebisa y ANDE.

    Además no se cumple con la razón de ser del Acta de Entendimiento, que es la “Revisión”, conforme establecido en el Numeral IX-Revisión, del Anexo “C”. Este numeral IX determina que el pago de los costos del emprendimiento deberá ser realizado en proporción a la energía utilizada por cada Alta Parte Contratante, en este caso Paraguay 6% y Argentina 94%. La aceptación de este texto significa que el usuario paraguayo se verá obligado a pagar el 44% de la deuda que Ebisa (no la Argentina) acumuló con Yacyretá, con reajuste.

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  8. De nuevo intentan blanquear el “monumento a la corrupción”

    Al día siguiente de que el presidente Mauricio Macri asumiera el cargo, se hicieron presentes en las oficinas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) de la ciudad de Posadas unas 200 personas que dijeron ser funcionarios de la misma, pero que jamás habían concurrido a trabajar, aunque cobraban jugosos salarios. Los que sí trabajaban quedaron desagradablemente sorprendidos, pues ignoraban que, durante más de una década, el corrupto director ejecutivo argentino de la entidad, arquitecto Óscar Thomas, fanáticamente alineado al régimen kirchnerista, los había mantenido a sueldo sin tener que concurrir a trabajar, sino apenas para cobrar sus abultados salarios. Estas personas, comúnmente denominadas “ñoquis” en la Argentina, formaban parte de la clientela política mantenida a costa de la EBY en la provincia de Misiones y también, en menor cantidad, en la de Corrientes. Se trataba de familiares y parejas de reconocidas figuras políticas de ambas provincias, y con seguridad sucedía lo mismo en la sede central de la EBY en Buenos Aires.

    Para nosotros, los paraguayos y paraguayas, no fue sorpresa el incidente ocurrido en la sede de la EBY en Posadas, acostumbrados como estamos desde siempre a ver cómo las entidades binacionales vienen siendo utilizadas por nuestros Gobiernos de turno como caja política para sostener a una vasta clientela de haraganes que cobran sin trabajar, entre la que se incluyen presidentes y miembros de seccionales coloradas de la capital y del interior, familiares de ministros de la Corte Suprema de Justicia, de legisladores y gobernadores departamentales, de jueces y fiscales, y hasta amantes y niñeras de algunos de ellos.

    Últimamente, nos toca ver también el otro lado de la moneda, consecuencia de nuestra veleidosa política: los despidos de muchos de estos privilegiados “planilleros”, como nosotros denominamos a los vividores que cobran plata del Estado sin trabajar, por el simple pecado de no alinearse a las arreadas que practica la dirigencia colorada oficialista en apoyo al delfín escogido por el presidente Horacio Cartes para sucederle en el Gobierno de la República.

    Obviamente, el costo del sostenimiento de la vasta clientela política de “ñoquis” y “planilleros” en la EBY, así como de la parte del león consignada a la libre disposición de los directores de ambas márgenes bajo el eufemismo de “gastos socioambientales”, es una bicoca comparado con los miles de millones de dólares que se embucharon los directores y consejeros, y sus patrones de turno, durante las tres décadas que duró el desprolijo proceso de construcción y puesta en marcha del complejo hidroeléctrico binacional.

    Difícilmente alguien podría haber imaginado en su momento que el monumental emprendimiento hidroenergético binacional de Yacyretá, acordado con gran expectativa hace casi medio siglo por los Gobiernos de Paraguay y Argentina para beneficio mutuo de ambas naciones, iría a convertirse en un antro de corrupción, por obra y gracia de una administración en la que desde un comienzo los representantes de una y otra margen se han confabulado para fungir más bien como cómplices para delinquir a expensas de los intereses de sus respectivos países, antes que como socios obligados a precautelarlos con honestidad y patriotismo. Tanto esto fue así que el expresidente argentino Carlos Saúl Menem, en su primera y única visita al sitio como jefe de Estado, con cruda franqueza lo calificó de “monumento a la corrupción”, como desde entonces quedó conocida la EBY.

    Con el telón de fondo de la feroz corrupción que campea a lo largo del moralmente hediondo historial de la EBY, y de la que son responsables las autoridades de ambas márgenes que se han turnado en curuvicar la administración de la misma y los gobernantes que la han consentido por complicidad u omisión, no es de extrañar que los presidentes de Argentina y Paraguay, Mauricio Macri y Horacio Cartes, estén empeñados en lograr lo que sus predecesores no pudieron gracias a la oportuna oposición del Senado de la República del Paraguay: blanquear el monumento a la corrupción, convalidando todas las fechorías cometidas en su administración por los directores y consejeros argentinos, ciertamente, pero con la presta y solidaria connivencia de sus pares paraguayos, siendo ambos Gobiernos responsables finales de la dilapidación.

    Como sostiene el ingeniero Orlando Valdés, presidente de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico Paraguayo (Aisep), el Acta de Entendimiento recientemente firmada por los mandatarios de ambos países, con la supuesta finalidad de ordenar la administración y finanzas de la EBY, en verdad tiene como objetivo blanquear las irregularidades jurídicas y administrativas cometidas por las autoridades de ambos países, en particular, las correspondientes a los últimos 20 años. “Necesitan blanquear lo que hicieron y adjudicar lo más rápido posible las obras a empresas amigas. Es como un cáncer que va a hacer metástasis con las nuevas obras”, dijo el presidente de la Aisep, al tiempo de recomendar que el Congreso rechace el acuerdo de marras y se ordene una auditoría profunda de los estados contables y los criterios utilizados para establecer los números que figuran en los balances.

    Esta es la tercera vez que, por iniciativa del Gobierno argentino y con la aquiescencia del nuestro, se busca legitimar las reiteradas violaciones del Tratado de Yacyretá. La primera se dio durante los gobiernos de Andrés Rodríguez en Paraguay y de Raúl Alfonsín en Argentina, con las tres Notas Reversales firmadas en Buenos Aires, el 9 de enero de 1992, por el embajador paraguayo Dido Florentín. Dos de ellas fueron aprobadas por el Senado paraguayo. La referida a la modificación del Anexo C del Tratado –la más lesiva a los intereses del Paraguay– fue rechazada por suerte tres años después, tras el fin del gobierno del general Rodríguez.

    El segundo presente griego del Gobierno argentino se dio bajo la administración del presidente Néstor Kirchner, cuando era presidente del Paraguay Nicanor Duarte Frutos y director de la EBY el actual titular de la misma, el ingeniero Ángel María Recalde, fanático impulsor del fatídico “Preacuerdo Técnico”, que el presidente Duarte Frutos no tuvo otra opción que retirarlo para no sufrir el chasco de su inminente rechazo en el Congreso.

    En esta tercera oportunidad, una vez más, los senadores paraguayos tienen la obligación de demostrar valor moral y patriotismo, honrando la dignidad de la República con el rechazo in limine de la nota reversal que recoge los términos del Acta de Entendimiento firmada por los presidentes Cartes y Macri, por ser, sin duda alguna, altamente lesiva para los intereses superiores del pueblo paraguayo.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/de-nuevo-intentan-blanquear-el-monumento-a-la-corrupcion-1609066.html

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  9. Plausible actitud de partidos políticos sobre Yacyretá
    Los partidos políticos más grandes de nuestro país, la ANR , el PLRA y Frente Guasu, asumieron una postura ante el “Acta de Entendimiento sobre Yacyretá”, que firmaron los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri el jueves 4 de mayo de este año.

    En lo atinente al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), su actual conducción organizó un panel en Asunción con la intención de analizar el documento y debatir acerca de sus alcances o efectos en el caso en que la Cámara de Senadores lo apruebe. El acto relevante para la opinión pública nacional, contó con la participación de especialistas del sector eléctrico nacional, cuyas exposiciones técnicas, sin lugar a dudas, sirvió al directorio del PLRA para recomendar a sus parlamentarios a impugnar el Acta en cuestión.

    Por su parte, la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana ANR, luego de una reunión ordinaria para estudiar el documento, aconsejó a sus senadores que aprueben la Nota Reversal o instrumento diplomático en el que el Poder Ejecutivo verterá el contenido del Acta de Entendimiento del 4 de mayo pasado. La ANR argumento de que el gobierno logró reducir la deuda de Yacyretá de US$ 18.000 millones a casi US$ 4.000 millones, que no hubiese sido posible sin la presencia de un gobierno colorado, sumado al entendimiento existente entre Cartes y Macri.

    El Frente Guasu también rechazó el Acta de Acuerdo de Yacyretá. La agrupación política divulgo un comunicado donde explica sus razones al rechazo del documento. Alega, entre otras cosas; que la deuda de Yacyreta es cero y el Paraguay debe disponer libremente de su energía para vender a interesados.

    A pesar de que las definiciones de las organizaciones políticas sean contrapuestas; el gesto, la actitud, en definitiva la decisión de hacer pública su aceptación o su rechazo del compromiso asumido por el presidente Horacio Cartes ante su colega argentino sobre el futuro de Yacyretá, es plausible, porque el acuerdo en cuestión tendrá serias repercusiones en la cotidianeidad de la EBY y especialmente en los intereses nacionales.

    La República del Paraguay es propietaria del 50 % de la energía de Yacyretá, que es fundamental para apuntalar los planes de desarrollo de la economía nacional.

    La solución a su caótica situación financiera, técnica y administrativa de la Entidad Binacional debe preocuparnos a todos, pero no debemos perder de vista un solo instante que el su ordenamiento económico/financiero d debe garantizarnos los mismos derechos que su socia paritaria en el condominio, así como el justo principio de la proporcionalidad que consagra el Tratado de Yacyretá.

    Ing. Ramón Montanía Fernandez
    Director revista especializada “Mundo de la Electricidad”

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  10. Yacyretá: Antes sí, ¿ahora no?
    2 junio, 2017

    En febrero del año 2011, los presidentes de Paraguay, Fernando Lugo, y Cristina Fernández de Kirchner, de la Argentina, asistieron a un acto realizado en la ciudad de Posadas en el que los directores de Yacyretá de ambos países, Fulgencio Rodríguez y Oscar Thomas, procedieron a la firma de un “Acuerdo de Voluntades” que permita desendeudar a la hidroeléctrica. Este, que no pasó de ser una expresión de deseos, consistía en la “quita” de una parte de los 15.000 millones de dólares a los que había ascendido el pasivo en aquel entonces, reduciéndolo a 6.000 millones, según lo publicado en la época por ABC Color.

    El negociador por parte del gobierno y actual senador por Avanza País, Miguel López Perito, calificaba el hecho como “un gran logro”, que de haberse concretado lo hubiera sido, por cierto. Otros, como Efraín Alegre, titular del Ministerio de Obras Públicas del gobierno luguista, no formularon la menor objeción, siendo un área de su directa competencia, al igual que su colega Rafael Filizzola, ministro del Interior, y su esposa, Desirée Masi, en consonancia con el ambiente generalera claramente favorable a la consumación del proyecto, tanto en medios políticos como periódísticos. En consecuencia, debemos preguntarnos y preguntarles, ¿Por qué ahora se oponen tajantemente a un arreglo más beneficioso para el país que el propuesto con tantas expectativas hace 6 años?

    La pregunta no es ociosa. En esta ocasiónno se obtuvo una simple manifestación de “voluntad” por parte del gobierno argentino, sino un compromiso firme, documento mediante, y una “quita” que supera con creces a la del 2011. En dicha oportunidad, Lugo y sus negociadores proyectaron sin éxito la reducción de 9.000 millones de dólares, para que la deuda se sitúe en 6.000 millones, en tanto que el “Acta de Entendimiento” suscrito entre Horacio Cartes y Mauricio Macri, a comienzos de mayo pasado, establece una disminución de 15.000 millones (de los 19.000 millones a los que ya había ascendido a la fecha), situándola en 4.080 millones, es decir, casi el 80% menos. Y aquí viene la siguiente pregunta, ¿Cómo se explica que lograr una “quita” de 9.000 millones de dólares hubiera sido un acto “patriótico” y esta, de 15.000 millones,“una traición a la patria”?

    Ambas interrogantes, básicas, elementales, deben ser respondidas por los senadores del Frente Guasu, que se pronunciaron en contra del preacuerdo, empezando por el propio Lugo, así como por el negociador de la época, López Perito, que en el presente encabeza el ala “fundamentalista” para abortar la negociación. Y desde luego por Efraín Alegre, que instruyó a sus parlamentarios a actuar del mismo modo.

    Por su parte, los colorados “Añetete” hasta el momento no se manifiestaron sobre la cuestión, y deberían hacerlo. No es un tema cualquiera, sino uno de enorme interés para la República, del cual ningún actor político puede mantenerse prescindente o, peor todavía, intentar provocar confrontaciones políticas basadas en absurdos cálculos electoralistas, frente a lo que debería tenernos unidos para, ¡por fin!, sacar rédito como nación.

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  11. El acta hipoteca nuestra energía por 30 años más

    Por Ing. Orlando Valdés (*)

    Indudablemente, para la elaboración y posterior firma del Acta de Entendimiento sobre Yacyretá no se aplicó lo que en términos generales se denomina participación ciudadana, una metodología que busca que la sociedad participe o incida en la toma de decisiones que le afecta.

    La participación ciudadana se diferencia sustancialmente de las actividades políticas, porque las acciones desplegadas desde el ámbito ciudadano no pretenden constituirse en un poder político, ni busca rivalizar con este. El resultado de esta actitud de los responsables de la elaboración del documento en cuestión es la generación de un conflicto, que con el correr de los días (esperamos que no) podría agravarse.

    Numerosos inconvenientes detectamos en el Acta de Entendimiento, y su análisis completo necesita de más columnas, incluso páginas, razón por la cual nos limitaremos hoy a destacar la increíble forma en que este documento permitirá que nuestra energía eléctrica quede hipotecada en la Argentina al menos por 30 años más.

    El numeral 13 del Acta de entendimiento establece: “En función de las instrucciones impartidas por las Altas Partes Contratantes, las entidades compradoras de los servicios de electricidad de Yacyretá deberán formalizar la entrega de los respectivos cronogramas de utilización de la energía generada, debiendo la Entidad Binacional Yacyretá arbitrar los mecanismos tendientes a dar efectivo cumplimiento a dichos requerimientos”. Sin entrar a comentar la validez del contenido de este numeral, que está debidamente reglamentado en los puntos II.2 y II.3 del Anexo C del Tratado de Yacyretá, nos situaremos en la posición de la empresa compradora de energía del Paraguay, la ANDE.

    Para elaborar un cronograma de retiro de potencia de Yacyretá por un lapso de ocho años, esta empresa debe considerar el crecimiento de su demanda de potencia y energía, la disponibilidad y los precios de dichos insumos en su sistema eléctrico.

    El crecimiento de su demanda es conocido, el precio de la potencia y de la energía de Itaipú es conocido y totalmente predecible; también el de la ya amortizada central Acaray, y ahora tomamos conocimiento del precio de la energía de Yacyretá, según los datos suministrados a través de los medios de comunicación.

    La AISEP realizo una simulación de la probable evolución de la tarifa de la energía de Yacyretá a lo largo de los próximos 30 años con base en lo establecido en el Acta de Entendimiento, y la comparó con la tarifa de Itaipú.

    Si elaboramos un gráfico con estos datos observaremos en una curva los valores de tarifa de energía esperados en Yacyretá, si aplicamos los términos establecidos en el Acta de Entendimiento; en la otra curva apuntaremos las tarifas de energía esperadas en Itaipú, y en una tercera, la resultante de la aplicación correcta de lo establecido en el Tratado luego de 40 años de vigencia de la misma.

    El resultado es adverso para la ANDE, ya que se observa un costo promedio de la tarifa en Yacyretá del orden de US$ 40/MWh en promedio, a lo largo de los próximos 30 años, con picos superiores a los US$ 50/MWh a partir del año 2023, y otros menores, pero siempre mayores a la tarifa de Itaipú.

    Con justa razón, a la luz de estos resultados, la ANDE se verá obligada a retirar mayoritariamente potencia y energía de Itaipú, hoy aproximadamente en US$ 36/MWh, ya considerando la energía adicional y otros arreglos, y a partir del 2023 estará en torno a los US$ 20/MWh o menos, por el tiempo de vida útil que le quede a dicha central.

    Es más que correcto que la ANDE, en su obligado cronograma de utilización de la energía que presente a Yacyretá privilegie el retiro de potencia desde Itaipú, por si no lo hace deberá aumentar la tarifa de la energía a sus usuarios.

    De esta singular manera, una gran parte de la energía paraguaya de la central Yacyretá quedará disponible para cesión a la Argentina. El parque generador argentino es mayoritariamente térmico, razón por la cual el artificial “aumento” de la tarifa de venta de Yacyretá no le afectará, además de que estará recibiendo por segunda vez beneficios que cobró.

    Esta situación, que perjudicará a nuestra nación, se debe a que no se aplicó en forma correcta lo establecido en el numeral IX- Revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá. Un cálculo correcto de la tarifa de la energía de Yacyretá debería dar un valor en torno a US$ 12/MWh, que permitiría que la ANDE establezca en su cronograma el retiro de toda la parte paraguaya de Yacyretá, y lo que le falte complete con la energía de Itaipú y Acaray.

    Desde luego que esto no es conveniente para la Argentina, que sin ningún rubor incumple lo establecido el Tratado y continúa corrompiendo a nuestros venales representantes para así apropiarse de nuestra energía, y a precio vil.

    Coincidimos en que Yacyretá no puede ser comparado con un supermercado; en estos negocios no se regalan productos, y tampoco se venden por debajo del precio, no se pide al cliente que pague dos veces por la misma mercadería, y a los que realizan estos actos deshonestos, los dueños del supermercado, a los responsables, los envían a la cárcel. Los dueños de este “supermercado” son el pueblo paraguayo y el pueblo argentino.

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  12. Vendepatrias

    Alfredo Stroessner, “colorado”, y su camarilla cómplice, negociaron por vil dinero, gran parte de nuestro patrimonio económico existente en la hidroeléctrica de Itaipú en 1973.

    Hoy en 2017, nuestra parte en Yacyretá, está en peligro que Argentina quiera imponernos una cuenta inexistente, aceptada ya en principio por los presidentes Cartes y Macri.

    No entraré en disquisiciones técnicas, pues los técnicos ya han demostrado fehacientemente el vergonzoso intento argentino de cobrarnos una suma carente de todo respaldo técnico contable.

    Las críticas públicas responsables están en la prensa. No en balde el presidente paraguayo lo tuvo casi secuestrado al presidente argentino Mauricio Macri durante su reciente visita al país, pues estaban decididos a reunirse para juntos oficializar el nefasto Memorándum de Entendimiento.

    Creyeron ellos que todo iba ser un hecho consumado. Y no fue así. Otra será la respuesta de la ciudadanía paraguaya, si ambos presidentes quieran cometer el delito de lesa patria. El gobierno argentino está muy endeudado y necesitado de solucionar su difícil crisis energética, y sería capaz de negociar cualquier acuerdo leonino en un mercado fácil con negociadores venales.

    Queda ahora pendiente para que nuestros congresistas, sin distinción de colores, rechacen tajantemente los términos del acuerdo.

    Los técnicos nacionales con su autorizada opinión han confirmado plenamente que la “supuesta deuda paraguaya” en Yacyretá es cero, y recomendaron no pagar ni un solo peso, por el guarismo inventado de US$ 4.048.062.974 que Argentina reclama.

    Estoy seguro que la ciudadanía toda, como salió a las calles para defender la Constitución nacional que el presidente Cartes trató de violarla, hará lo mismo ahora, si fuese necesario, para defender nuestros derechos en Yacyretá.

    Sería muy propio y oportuno tener en cuenta lo que el afamado economista estadounidense Jeffrey Sachs declaraba el 29 de junio de 2013 cuando dijo que Brasil y Argentina son expertos en “inflar el dinero”.

    Ahora estamos luchando contra la voracidad del gobierno argentino, y en su oportunidad estaremos haciendo lo mismo en contra del gobierno brasilero que podrá querer recurrir a semejante loca aventura argentina, teniendo en cuenta que la diplomacia de Itamarati ha sido siempre la de la fuerza.

    Alberto Granada

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  13. Buenas intenciones

    Por Juan Antonio Pozzo Moreno

    Sería bueno que los negociadores del Acta de Entendimiento, suscrita por los presidentes de Paraguay y Argentina el 4 de mayo de 2017, nos ilustren sobre los montos presupuestados para cada componente del Costo del Servicio de Electricidad.

    La información disponible establece en unos US$ 35 la tarifa por cada megavatio hora generado por la usina hidroeléctrica. Entonces, no sería aventurado calcular, según los datos históricos, que la EBY podría recaudar por su producto, entre el 2018 y el 2028 unos US$ 700 millones por año (20 millones MWh x US$ 35).

    Así como se presumen las cosas, y de acuerdo con los expertos, el Costo del Servicio de Electricidad –sumando los gastos de explotación, las utilidades, los resarcimientos y la compensación por territorio inundado– no debiera superar los US$ 400 millones. Entonces, es razonable pensar en que se destinará los sobrantes US$ 300 millones.

    Las alternativas son varias, desde maquinizar Aña Cua o aumentar las máquinas de la Central Hidroeléctrica o, tal vez, construir el postergado embalse de compensación. Lamentablemente, estas intenciones no se ajustan a los términos del Tratado y a la Constitución Nacional y no dejan de ser lo que son: intenciones.

    Al respecto, el vertedero Aña Cua, en territorio nacional y de acuerdo con la Constitución Nacional, solo con otro Tratado es posible concretar su maquinización.

    Los otros propósitos, también son inviables por cuanto que la EBY tiene prohibido, según el Tratado de Yacyretá, generar lucro o utilidad ya que el costo del servicio debe ser igual al costo de la producción. Es decir, que el emprendimiento binacional debe limitar su tarea a la generación de electricidad y al mejoramiento de las condiciones de navegación del indómito río Paraná.

    No obstante, siempre hay una salida: llevar la ilegítima deuda de más de US$ 4.000 millones, como corresponde, a cero y gestionar en las instancias correspondientes el cambio de la misión de Yacyretá para legalizar el lucro y completar las obras pendientes.

    Es bueno recordar, en estos inciertos tiempos en que vivimos a San Francisco de Sales.

    El sacerdote, salvando el tiempo y las contingencias, sabedor de la realidad, repetía cuando podía la frase de San Fernando de Claraval, un notable francés nacido en 1091:

    “El infierno está lleno de buenas voluntades o deseos”.

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  14. EL PRÓXIMO TEMA DE ABC
    25 abril, 2017

    Agotado su frenesí con el asunto de la “enmienda de sangre” el diario de Zuccolillo se apresta a “encamararse” fuertemente ahora de la renegociación de la deuda de Yacyretá, tema sobre el que insistirá día y noche, según su inveterada costumbre, cuando emprende una de sus mentirosas campañas, donde es preciso meter el clavo merced a un sinfín de martillazos en la cabeza y la mente de sus incautos lectores.

    Es predecible, por supuesto, que a ABC no le gustará nada el acuerdo sobre la deuda de la EBY. Empezó hace cierto tiempo ya a solicitar la difusión de los detalles del documento, pese aque el mismo estaba en plena negociación, tanto en la capital paraguaya como en Buenos Aires.

    Por supuesto también afilan las uñas para intentar desbaratarlo todo sosteniendo que se trata de “una nueva entrega de la soberanía nacional”.

    La reducción de la deuda, que es harto considerable, seguro para el diario de Zucco y sus escribas, será solamente una rebaja de chauchas y palitos, quepone al descubierto, ¡cuando no!, la “actitud claudicante del gobierno de Cartes, que de hecho es un contumaz violador de la Constitución Nacional”.

    En la era de los “pingüinos Kirchner”, bastante larga por cierto, nunca les importó el tema de la deuda de la EBY. Ellos no aceptaron ni hablar del tema, no le enviaron un solo dólar al Paraguay, no pagaron intereses, no pagaron su consumo, ni justificaron su actitud. Nada. Eso, a ABC no le importó.

    Ahora que se está por arreglar el tema, a satisfacción de ambas partes, tras una espectacular decisión política de ambos presidentes, ABC saldrá a cuestionar todo. Sobre todo protestará por qué no se logró una mayor reducción de la deuda, en una postura censurable, de quien mira todo cómodamente sentado en su poltrona y considera que todo es soplar y hacer botellas.

    Tantos años de soportar a este vetusto diario en la escena nacional, nos permite entender los retorcidos códigos de Aldo Zuccolillo Moscarda. Su afán demencialde co-gobernar, salta a la vista, lo hace por un interés crematístico desde luego, pero también porque HC le sacó la mamadera y eso es intolerable para él. Negocios turbios que ya no pueden ser y también, negocios de los otros, los millones de dólares de publicidad que la Itaipú Binacional encargaba copiosamente en las páginas de su diario.

    Todo eso murió. Y entonces murió el afecto. Y a denunciar todo, desvalorizar todo, no ver nada bueno de todo lo inmensamente bueno que se está haciendo en el actual gobierno.

    En realidad, ABC es este momento es una espina de la democracia. Capaz de cualquier cosa con tal de que su senecto propietario se sienta cómodo en su papel de gran árbitro de la República.

    El acuerdosobre la deuda de Yacyretá es un hecho. Mal que le pese a ABC. El gobierno seguirá adelante. No hay razones para detenerse.

    Aunque de pronto al diario de “Don Acero”, se le ocurra llamar a la ciudadanía “a salir a las calles a resistir a losusurpadores, a como dé lugar”.

    Personaje al que recordará la historia por su insana pretensión de ser una suerte de jefe de Estado paralelo, amparado en las sombras de su apestoso periódico.

    http://www.adndigital.com.py/el-proximo-tema-de-abc/

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  15. Yacyretá, otra vez entre gallos y medianoche

    A estar por recientes declaraciones del director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ángel María Recalde, luego de tres años de negociaciones con el Gobierno argentino, finalmente las Altas Partes Contratantes han llegado a un acuerdo para el ordenamiento económico-financiero de la entidad en el contexto de la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá. La correspondiente Acta de Entendimiento sería firmada en Buenos Aires en la primera quincena de mayo, por los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri, en ocasión de una visita del mandatario paraguayo a ese país.

    Llamativamente, el ingeniero Recalde se negó a dar precisiones acerca del documento, contrariamente a lo prometido por el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República y coordinador del equipo negociador paraguayo, Juan Carlos López Moreira, en el sentido de que una vez cerrado el acuerdo, sus términos serían puestos a conocimiento del público y de los legisladores, lo que no ha ocurrido hasta ahora. Obviamente, la preocupación de la ciudadanía está centrada en que el mismo precautele debidamente los intereses nacionales en juego en la entidad binacional. Por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de informar pormenorizadamente a la opinión pública acerca de lo acordado con las autoridades argentinas en relación con las cuestiones básicas que hacen a la problemática de la entidad binacional, tales como el monto final de su deuda consolidada, tanto con el Tesoro argentino como con el Estado paraguayo, así como con otros acreedores y, concomitantemente, los créditos a favor por la electricidad entregada a EBISA y ANDE desde el inicio de operación de la primera unidad generadora.

    Los términos del acuerdo a que nuestro país llegue con la Argentina en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) son de crucial importancia para la salvaguarda de nuestros intereses en ambas binacionales y en futuros proyectos hidroenergéticos sobre el río Paraná, atendiendo que desde el comienzo de operación de la usina, Brasil y Argentina tienen concertada una alianza energética cuya finalidad comercial estratégica es escamotear a vil precio nuestro excedente de electricidad generada en las mismas.

    Decimos esto, porque con seguridad nuestros dos socios ya están otra vez en una oculta connivencia comercial en cuanto a la estrategia que han diseñado para la revisión del Anexo C de los respectivos tratados con nuestro país. Estrategia en la que, por cierto, buscarán mantener de alguna manera los beneficios de la inicua explotación a la que hasta ahora nos tienen sometidos, así como con relación a futuros proyectos hidroeléctricos en los que como socio indispensable no tendrán más remedio que aceptarnos, aunque como convidado de piedra hasta tanto el pueblo paraguayo reaccione exigiendo igualdad de hecho, y no de mero derecho, como en la actualidad.

    Desde antes de la entrada en operaciones de la primera turbina de Itaipú, Argentina y Brasil suscribieron un tratado de interconexión eléctrica. Construyeron en la localidad brasileña de Garabí, fronteriza con la Argentina, la estación transformadora de frecuencia (50-60 Hz) ya en previsión de un intercambio comercial en horas pico de demanda de la electricidad a ser producida por las usinas binacionales de Itaipú y Yacyretá. Para embaucarnos, cínicamente en ambos tratados incluyeron la prohibición de que los socios pudieran vender a un tercero su excedente de electricidad, pero en la práctica, en nuestra cara, y hasta ahora, ellos tranquilamente se venden la energía paraguaya entre sí, mientras nuestras autoridades miran hacia otro lado y extienden la mano para recibir las coimas disfrazadas de “fondos sociales” que les pasan sus pares de Brasil y Argentina.

    Para mayor humillación, se llevan nuestra electricidad a US$ 9/MWh y la comercializan las empresas estatales de capital mixto Eletrobrás y EBISA a US$ 80-100/MWh. Mientras tanto, nuestros pusilánimes directores generales de ambas binacionales se ufanan con los récords de generación obtenidos en Itaipú, o con la perspectiva de nuevas obras en Yacyretá.

    Más allá de la crisis política desatada en nuestro país por la intención del presidente Horacio Cartes de atropellar la Constitución Nacional para forzar su reelección, que mantiene en vilo a la ciudadanía, esta no deja de estar pendiente del acuerdo sobre la EBY, que en el contexto de la revisión del Anexo C del Tratado, firmará nuestro país con la Argentina. La preocupación de la gente se centra en el hermetismo del Gobierno nacional al respecto. Se presta a que los ciudadanos sospechen que de nuevo está en curso una infame entrega de un vital interés nacional, lo cual no se procesa gratis, sino con la obtención de ocultos beneficios para los negociadores paraguayos, proporcional con la cuantiosa fortuna en dinero contante y sonante que tienen entre manos negociar.

    Si bien la vez anterior los paraguayos y las paraguayas estaban indefensos ante las bayonetas de la dictadura, ahora la opinión pública nacional tiene libertad de expresión y puede manifestarse en todos los medios a su alcance. Si es que los negociadores paraguayos no defienden los intereses nacionales como deben, van a ser repudiados por la ciudadanía, la que en algún momento del futuro les va a exigir la rendición de cuentas ante la Justicia y la Historia.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/yacyreta-otra-vez-entre-gallos-y-medianoche-1586606.html

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  16. ¿Y la sobreelevación del embalse?

    Por Ing. Gustavo Segovia Dávalos (*)

    9.- En los puntos 1 y 2 del documento se infiere que las actualizaciones con el Factor de Ajuste del Tratado de la deuda contraída por Yacyretá con el Tesoro argentino no fueron eliminadas. Los puntos 4 y 14 lo indican claramente.

    10.- El punto 3 del documento debería decir “… al 31 de diciembre de 2016” o a la más cercana posible.

    11.- Como ya señalamos en la publicación de ABC del sábado 01 de abril, según el punto 5 del documento, el Paraguay asumió que el territorio que inunda el embalse es solo 80% paraguayo, sin que los representantes técnicos de las Altas Partes hayan realizado la obligatoria y previa verificación final conjunta y, lo que es peor, no tratarán ni considerarán la sobreelevación del embalse, mantenida como definitiva, desde febrero 2011 sobre el nivel indicado en el Tratado (cota 83,00 m), variando entre 0,50 y 1,00 metros, con la consecuente mayor inundación del territorio paraguayo y daños a las obras y al medio ambiente.

    El porcentaje debe ser mayor que ese 80% y nada se sabe de la responsabilidad y resarcimiento por las consecuencias negativas de esa sobreelevación en nuestro territorio, que es el más afectado por tratarse de zonas más bajas que la del otro lado, ni del aumento de la Compensación por Territorio Inundado debido a la consecuente mayor inundación del Paraguay.

    Además, en el Punto 5 a), la actualización de la Compensación por Territorio Inundado debe hacerse tomando como base la fecha del 1 de setiembre de 1994, día en que se hizo el llenado parcial del embalse y comenzó la operación de la central y no el 31 de diciembre de 2015.

    12.-En cuanto al punto 6, referente a la Compensación por Cesión de Energía, debe verificarse y aclararse si ese monto de 3.598 dólares por GWh cedido es con o sin el factor de ajuste del Tratado. Si ese monto ya incluye la aplicación del factor de ajuste del Tratado estamos ante un enorme retroceso si se lo compara con lo establecido actualmente en el Tratado.

    13.-El documento no menciona nada sobre la revisión del Anexo “C”, teniendo en cuenta el grado de amortización de las deudas y principalmente con referencia a la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países.

    Según la prensa, el material que publicaron como borrador de “Acta de Entendimiento” se trata de un documento base enviado por Paraguay a Buenos Aires en el marco de las negociaciones de revisión del Anexo “C” del Tratado de Yacyretá. Si esto es verdad, Paraguay estaría aceptando o, peor aún, proponiendo los términos de ese documento. Si así fuere, estamos ante un hecho indignante y preocupante, puesto que es mucho más favorable a la Argentina que a nuestro país porque compromete la soberanía y los intereses paraguayos en el proyecto.

    Finalmente, se reitera que la conciliación de las deudas de la Entidad Binacional Yacyretá es una condición necesaria pero no suficiente para iniciar nuevas obras. También es necesario que, antes de lanzar la licitación de cualquiera de esas obras que la Argentina desea realizar para paliar su crisis energética, la revisión “acordada” del Anexo “C” sea formalizada en cualquiera de sus formas (Notas Reversales u otros documentos binacionales) y termine el proceso con la aprobación del Congreso.

    (*) Exasesor del Consejo de Administración y exjefe de obras complementarias de la EBY.

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  17. Las omisiones

    Por Ing. Gustavo Segovia Dávalos (*)

    La experiencia histórica con la Argentina nos enseña que el documento que se firme debe ser lo más claro, detallado y objetivo posible para evitar tergiversaciones e interpretaciones ambiguas en su implementación y aplicación en el futuro.

    También se debe evitar que el Acta de Entendimiento que se firmará sea utilizada en forma similar a las sucesivas actas… que se firmaron desde el 2003 entre presidentes y ministros, en las que el documento firmado era ratificado solo por decretos de los correspondientes Poderes Ejecutivos (algunos de ellos ni siquiera fueron ratificados por decretos) sin pasar por el Congreso a pesar de que se requería de ese procedimiento para su aplicación.

    El borrador del Acta de Entendimiento publicado por la prensa menciona que, considerando que el Tratado dispone la revisión de su Anexo “C” a los 40 años de su celebración, los presidentes acordaron establecer pautas, concertar criterios, impulsar obras y sentar bases sobre diferentes cuestiones relativas al proyecto; sin embargo, se omiten y ni se mencionan temas de fundamental importancia para el Paraguay y para el funcionamiento de la propia EBY, y se generan dudas e imprecisiones en otros asuntos, como por ejemplo:

    1.- Pleno ejercicio de la libre disponibilidad de la energía paraguaya para su venta a terceros, pero dándole preferencia a la Argentina solo en el caso de igualdad de precios.

    2.- Se debe establecer el cobro de sanciones, multas e intereses cuando los beneficios indicados por el Tratado no se pagan regularmente en tiempo y forma, así como también se debe establecer claramente el pago mensual de los cuatro conceptos.

    3.- Se debe definir el pago a Yacyretá por los servicios técnicos que el SADI (Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica) requiere de las máquinas de Yacyretá, que son: Reserva Operativa de Potencia, Reserva de Potencia a Corto Plazo, Servicio de Regulación Primaria de Frecuencia, Regulación Secundaria de Frecuencia, y otros.

    Por estos servicios técnicos CAMMESA paga a EBISA, pero EBISA no transfiere estos ingresos a Yacyretá. Asimismo, se deben realizar estudios del monto total no transferido por estos conceptos desde el inicio de generación de la central hidroeléctrica para considerarlos en la contabilidad de Yacyretá como acreencias.

    4.- Se deben tomar acciones para ejecutar las obras e instalaciones eléctricas que faltan en la central hidroeléctrica, adicionales al equipamiento existente, para que nuestro país pueda retirar el total de la energía que le corresponde por Tratado.

    5.- Al cumplimiento de los compromisos de Yacyretá, conforme a los términos del Anexo “C” del Tratado, así como a las obligaciones emergentes del acuerdo en negociación, no le será aplicada ninguna regulación o normativa interna de los países que restrinjan el ingreso previsto y facturado mensualmente por la EBY a las entidades compradoras. Esto debe quedar bien claro y explícito en el Acta de Entendimiento. Actualmente Yacyretá, en su operación, en los procesos financieros y en la prestación de los servicios eléctricos, está funcionando más por la normativa interna de la Argentina que por el Tratado.

    6.- Anexo “C”. Numeral VI. “Conservación del Valor Real”: La fórmula de ajuste de la Planilla 2 debe ser adecuada debido a que las estadísticas de la OEA no incluyen más las cotizaciones del petróleo. Se podría adoptar, por ejemplo, las cotizaciones del crudo ligero de Arabia Saudita y verificar su incidencia en los valores o montos de los beneficios de Paraguay y Argentina afectados por el Factor de Ajuste (Utilidades, Resarcimiento, Compensación por Cesión de Energía, Compensación por Territorio Inundado) para corregirlos. Hasta ahora no se sabe cómo se está usando esa fórmula de ajuste con la falta de uno de sus componentes.

    El Acta de Entendimiento instruye la aplicación de la Planilla 2 del Anexo “C” sin que esta haya sido corregida (conforme a lo mencionado precedentemente) por una Nota Reversal como corresponde. De ahí que se generan dudas sobre la correcta aplicación de este Factor de Ajuste.

    7.- No se establece ningún acuerdo, instrucción o bases para la reglamentación del Anexo “C”, conforme al Numeral VIII.1; ni para la conformación y activación efectiva del Comité de Comercialización, órgano que sería el encargado de hacerlo.

    8.- Anexo “C”. Numeral II.2 y II.3. “Condiciones de Abastecimiento”: Teniendo en cuenta que según el Tratado, el Costo del Servicio de Electricidad es determinado en forma anual, y especialmente la experiencia histórica, las condiciones actuales y las previsiones futuras del Sector Energético (íntimamente ligado al Sector Económico), en particular del mercado hidroeléctrico con variaciones sustanciales en el corto plazo, se debe disponer de Cronogramas de Utilización de Energía y Contratos que abarquen menores lapsos de tiempo, por ejemplo, en forma anual, tal como lo tiene y con el procedimiento de Itaipú. No se considera conveniente establecer Cronogramas de Utilización por periodos de ocho años, como lo indica actualmente el Anexo “C”, puesto que el mercado eléctrico puede sufrir variaciones sustanciales en periodos de tiempo más cortos.

    En el Punto 13 del Acta de Entendimiento no se aclara nada al respecto.

    (*) Exasesor del Consejo de Administración, ex jefe de Obras Complementarias de la EBY.

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  18. Se deben sanear las cuentas de Yacyretá

    Si hay algo que decirle con certeza al presidente Mauricio Macri en ocasión de su visita hoy a nuestro país, es que se ha acabado la paciencia del pueblo paraguayo en cuanto a seguir tolerando la flagrante violación del Tratado de Yacyretá por parte de la Argentina. Reconocemos el derecho que puede tener el país vecino de poner primero su propio interés en la EBY, pero, al mismo tiempo, reclamamos que la Argentina respete nuestros intereses cumpliendo el Tratado. Desafortunadamente, eso no se ha dado en la EBY, por lo que consideramos llegada la hora de que se pongan las cosas en su lugar, arreglando las cuentas de conformidad con lo establecido en el Tratado. Tramposamente, desde el inicio de los trabajos preliminares para la construcción de la represa, los Gobiernos que se han sucedido en la Argentina se han arrogado la facultad de violar impunemente el Tratado, al tiempo de tratar de imponer al Paraguay la aceptación lisa y llana de los hechos consumados. Esta visita del presidente Macri puede ser histórica si es que en su conversación privada con el presidente Cartes se aviene, como corresponde, a sanear las cuentas de la EBY, acertadamente calificada como “monumento a la corrupción” por su antecesor Carlos Saúl Menem.

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  19. Conciliar intereses comunes en el río Paraná

    Se anuncia que el presidente Horacio Cartes participará hoy de la II Reunión Binacional de Ministros y Gobernadores de la Frontera Común de Paraguay y Argentina, a desarrollarse en la ciudad de Encarnación los días 10 y 11 del corriente. De ella participaría también el presidente de Argentina, Mauricio Macri, con lo que el evento sería rubricado con una Cumbre presidencial, en la que ambos mandatarios podrían discutir temas de interés relevantes para ambos países. Prioritariamente, para nuestro país los mismos tienen que ver con el arreglo de cuentas en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), incluidos la revisión del “Anexo C” del Tratado, el pago de las compensaciones por territorio inundado e infraestructura ferroviaria inutilizada por el embalse; la cancelación de la deuda que el Estado argentino mantiene con el nuestro por cesión de electricidad, las recurrentes trabas fronterizas al comercio binacional, la libre navegación en la Hidrovía y facilidades de acceso a puertos argentinos para embarcaciones con bandera paraguaya; el combate al crimen organizado transnacional, en particular, lo concerniente al contrabando y el narcotráfico.

    Por tal razón, la ocasión no podría ser más propicia para profundizar la integración binacional entre ciudades fronterizas a las que solo separan nuestros ríos limítrofes, mientras les unen desde siempre sentimientos históricos de hermandad, vínculos sociales, comerciales, culturales y hasta familiares. Y ningún otro par de ciudades vecinas, paraguaya y argentina, podrían ser más emblemáticas en tal sentido que Encarnación y Posadas, que como precarios “pasos” jalonaron la marcha de los misioneros jesuitas, quienes, de la mano de San Roque González de Santa Cruz, atravesaron el río Paraná para ir a fundar los 33 pueblos de indígenas sobre las márgenes del río Uruguay, algunos de los cuales son hoy florecientes ciudades de la provincia homónima de Misiones, Argentina.

    La ausencia de ese necesario magnetismo geopolítico aglutinador generado por la integración política, social, económica y cultural de ciudades limítrofes es la causa por la que hasta ahora nuestros dos países no hayan podido sacar mayor provecho de la cercanía geográfica que les beneficia.

    Aunque geográficamente pequeño, Paraguay comparte con Argentina y Brasil recursos naturales estratégicos de mutua pertenencia: los ríos Paraná y Paraguay. Esto quiere decir que, dependiendo de la capacidad diplomática y patriotismo de sus gobernantes, el Paraguay tiene la posibilidad de mover a Buenos Aires y Brasilia más cerca de sus preferencias.

    Sin embargo, en el juego de intereses entre países no hay altruismo de por medio, por lo que los gobernantes paraguayos no deben esperar conseguir que Argentina y Brasil atiendan, sin más ni más, sus reclamos por la justa repartición de beneficios en las binacionales que corresponde.

    Así las cosas, el primer paso que los gobernantes paraguayos deben dar con relación a las usinas hidroeléctricas binacionales es renunciar categórica y definitivamente a los sobornos, disfrazados de “gastos sociales”, con los que sus pares de turno de ambos países socios han venido sobornándolos desde un comienzo. Sería una estupidez geopolítica que el Gobierno de un país renunciara a una importante ventaja estratégica que le proporciona otro al bajo costo de sobornar a sus gobernantes de turno. Eso es, exactamente, lo que viene sucediendo con nuestro país en las usinas hidroeléctricas binacionales.

    Mientras tanto, el pueblo paraguayo se lamenta por una injusticia imputable mucho más a los corruptos de casa que a los malvados corruptores argentinos y brasileños, quienes, al menos, tienen el beneficio de la duda, por cuanto con su crimen están beneficiando a sus países, y no perjudicándolos, como los gobernantes paraguayos.

    Está claro, entonces, que la clave para aspirar a la paridad de derechos y beneficios en las binacionales pasa por exigir a nuestros corruptos gobernantes que renuncien definitivamente a las coimas. ¿Cómo pretende el presidente Horacio Cartes atraerse la buena voluntad diplomática de sus homólogos de Argentina o Brasil para poner fin a las estafas cometidas contra el Paraguay en las binacionales si continúa con la mendicante actitud de coimero de sus predecesores?

    Sin embargo, hay un atisbo de luz a la salida del túnel del “monumento a la corrupción”. Hasta ahora, el Gobierno del presidente Horacio Cartes mantiene firme su posición de que no habrá acuerdo para ninguna obra adicional en la EBY –dentro o fuera del Tratado– hasta tanto no se clarifiquen las cuentas y se proceda a la revisión del Anexo C del Tratado, como está estipulado en el mismo. Esta firmeza de encomiable postura gubernamental patriótica debe ser mantenida a toda costa. Es bueno reiterar esto ante ciertas declaraciones contradictorias del coordinador de políticas energéticas del Gobierno, el señor Juan Carlos López Moreira, que van a contramano de la postura asumida públicamente por el Gobierno nacional con relación a las conversaciones que viene manteniendo ambas partes para ordenar las cosas en la EBY.

    A pesar de una cierta desconfianza con que la ciudadanía observa el cansino andar de las negociaciones del Gobierno con la Argentina, la gente espera que el presidente Cartes cumpla su palabra de no dar un paso atrás en su decisión de no permitir la realización de ninguna obra adicional en el ámbito de la EBY antes de poner en orden las cuentas en los libros de la binacional.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/conciliar-intereses-comunes-en-el-rio-parana-1536688.html

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  20. El decreto Nº 612/86

    Por Ing. Orlando Valdés (*)

    Como decíamos en la nota anterior, los pilares que sustentan la deplorable situación financiera de la Entidad Binacional Yacyretá son los decretos 3.450/76 y 612/86 de la República Argentina. Ambos documentos presentan características diferentes; en la nota anterior nos referimos al decreto 3.450/76 y en la presente nos referiremos al decreto 612/86.

    Este decreto, en sus considerandos, dice: “Que el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1983 aprobado por la Ley 22.770 prevé que el Estado Nacional proveerá del Tesoro Nacional los recursos para la cancelación de los intereses financieros y comerciales, así como las sumas necesarias para cubrir el déficit operativo de la Entidad Binacional Yacyretá”.

    “Que dado el carácter binacional del proyecto Yacyretá, es necesario que todo aporte o subsidio que se otorgue sea considerado como un préstamo a la Entidad, tal como establece para los fondos energéticos el decreto Nº 3.450/79”.

    “Que es menester determinar las condiciones bajo las cuales el Estado Argentino otorgará dicho préstamo”.

    “Que es conveniente sujetar a tales condiciones todos los aportes ya realizados en 1983 y a los a realizar en el futuro a la entidad binacional con recursos provenientes del Tesoro Nacional”.

    Luego de los considerandos se lee: “El Presidente de la Nación Argentina decreta: Artículo 1º) Destínase en calidad de préstamo a la Entidad Binacional Yacyretá los recursos provenientes del Tesoro Nacional otorgados hasta el presente y los que se otorguen en el futuro, de acuerdo a los montos consignados y a consignar en las leyes de Presupuesto General de la Nación de cada periodo.

    Artículo 2º) Los recursos a los que se refiere el artículo 1º) serán utilizados para ejecutar el programa de obras contenidas en el Anexo “B” del tratado de Yacyretá que no fueran totalmente cubiertos por los Fondos Energéticos y para afrontar el pago de las obligaciones financieras contraídas por la Entidad Binacional Yacyretá, que no pudieran hacerse efectivas con recursos generados internamente por la nombrada Entidad”.

    El Artículo 4º) establece que “Las sumas que la Entidad Binacional Yacyretá restituya, incluidos los respectivos intereses, ingresarán al Tesoro Nacional”.

    Y en el Artículo 5º) establece que “El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, arbitrará las normas complementarias requeridas para la aplicación del presente decreto”.

    El decreto Nº 612/86 establece como fuente de financiamiento el “Tesoro Nacional”, fuente diferente a la establecida en el decreto anterior, también en el cuerpo del decreto 612/86 no se determina ningún monto como ya entregado en carácter de préstamo a Yacyretá, así como tampoco ningún cronograma de desembolso futuro de recursos financieros para la atención de los requerimientos de Yacyretá.

    Podríamos decir que por vía de este decreto se habilitó una cuenta corriente cuyos fondos serán consignados, según reza en el documento, “en las leyes de Presupuesto General de la Nación de cada período”.

    Ya en el Artículo 5º), el Decreto establece que “El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, arbitrará las normas complementarias requeridas para la aplicación del presente decreto”, y no menciona a la Entidad Binacional Yacyretá. Recordemos que en el anterior decreto, el Nº 3.450/79, figura explícitamente “que el gobierno argentino acordará con la Entidad Binacional Yacyretá” las normas complementarias requeridas para la aplicación del decreto.

    En los registros de la entidad binacional no existe documentación alguna que vincule a la binacional con las condiciones establecidas en el decreto 612/86 de la nación argentina.

    Recordemos que para la aceptación de las condiciones establecidas en el decreto 3.450/76 fue necesaria la correspondiente autorización del Consejo de Administración a los directores, para la firma del contrato correspondiente. Este paso no fue realizado con el decreto 612/86.

    Podemos decir que las transacciones económicas y financieras realizadas con los recursos provenientes del decreto 612/86 no pueden ser asociadas a la binacional porque ésta no emitió documento alguno que la comprometa con las mismas. Con esto queda evidenciado el manejo unilateral, sin control ni autorización binacional, de estos fondos, en abierta violación al tratado y sus documentos complementarios.

    En la próxima nota nos referiremos a las consecuencias de esta situación, hasta hoy vigente, en la Entidad Binacional Yacyretá.

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  21. Preocupante e indignante propuesta sobre Yacyretá

    Por Ing. Gustavo Segovia Dávalos

    Un diario capitalino, en fecha 08.10.16, publicó declaraciones del jefe del gabinete Civil de la Presidencia, Sr. Juan Carlos López Moreira, integrante del equipo negociador de Yacyretá y actual coordinador de política energética del Ejecutivo, en las que plantea que el Gobierno de nuestro país utilice el monto de la Compensación por Territorio Inundado que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) adeuda a nuestro país para reducir el monto de la deuda de la EBY con Argentina.

    Si la información es correcta y sin ambigüedad de interpretaciones del periodista (ojalá que no sea así), esas declaraciones serán motivo de indignación y de gran preocupación para toda la ciudadanía, especialmente de aquellos que estuvieron en el proyecto desde el inicio y fueron testigos de cómo el agua del embalse iba inundando y afectando paulatinamente el territorio paraguayo, con sus zonas agrícola-ganaderas, viviendas, comunidades y ciudades, línea del ferrocarril, caminos, líneas eléctricas, industrias, y otras afectaciones territoriales, sociales y ambientales; muchas de las cuales aún no fueron solucionadas como la relocalización del ferrocarril y el pago de las expropiaciones de varias propiedades afectadas por el embalse.

    Cualquiera que haya sido testigo o, por al menos conociera en detalle todo ese daño y el sacrificio territorial, social y ambiental del Paraguay, no haría esas declaraciones y mucho menos proponerlo en una mesa de negociación.

    Este resarcimiento por el territorio Inundado en el lado paraguayo por el embalse de Yacyretá corresponde al Paraguay, en justicia y en derecho, cuyo “monto total” (igual al monto de la compensación + la actualización) no puede ser objeto de negociación. Si existiesen razones importantes y convenientes que justifiquen ese aporte paraguayo y si existiese paridad podría estudiarse la posibilidad de negociar solo “la actualización” de la compensación pero no el “monto total”. Esas actualizaciones se hacen con el Factor de Ajuste (FA) del Anexo “C” del Tratado.

    Además, se debe tener en cuenta, entre otras cosas, que:

    -El monto de casi US$ 1.000 millones aún no está bien determinado y sería mayor. En este caso, no se puede hacer una conciliación de cuentas (como se propone) con montos que no son definitivos y que pueden variar.

    -No se conocen los valores de los parámetros utilizados en la fórmula de cálculo de la compensación, puesto que existían discrepancias entre nuestro país y Argentina, especialmente en el valor de la “Inversión Inmovilizada de la Obra”, que es el parámetro que más incide en el monto de la compensación.

    -No está claro a qué periodo corresponde el monto mencionado.

    -El monto que recibió el Paraguay debe ser verificado, puesto que en el limitado periodo en que se enviaron notas de la EBY al Ministerio de Hacienda sobre los conceptos discriminados de las remesas, estas eran estimaciones provisorias, que se hicieron de acuerdo con la Nota Reversal (NR) de 1992.

    -No está definido el porcentaje de territorio inundado en cada país con la Cota 83,00 del embalse, el cual debe ser objeto de una medición conjunta, binacional, siguiendo los criterios internacionales de diseño de obras hidroeléctricas (que aún no se realizó y no se conocen los motivos). El territorio inundado en Paraguay es mayor que el 80% considerado actualmente. La última verificación se hizo hace 27 años (en 1989). En el mismo artículo publicado, técnicos del sector energético opinaron con total acierto que “lo que no se mide, no se controla”.

    -Y si consideramos la sobreelevación del embalse de más 0,50 metros desde febrero 2011, violando lo establecido en el Tratado de Yacyretá; el área inundada será aún mayor que lo que se obtenga con la Cota 83,00.

    -Tampoco se conoce qué tratamiento se le está dando a esa sobreelevación del embalse y a sus consecuencias y responsabilidades. Da la impresión de que se opta por cerrar los ojos ante esa realidad.

    También en el mismo artículo se menciona que “el equipo negociador de Argentina reclama que Paraguay no aportó dinero para la construcción de la hidroeléctrica”. Parece que este es el “pretexto” más fuerte que utilizan los argentinos para la conciliación de cuentas en la negociación. Esto es una falacia de los argentinos para engañar a la opinión pública, especialmente a aquellos que solo tienen un conocimiento superficial del tema.

    Al respecto, debemos considerar que por la nefasta NR del 92 (aplicada por la Argentina en forma arbitraria, unilateral e ilegal y no aprobada por el Congreso) se aplicó el “diferimiento del cobro del 80% de los beneficios que correspondían al Paraguay. Este “diferimiento” era por 10 años (desde el inicio de la generación en 1994 hasta el 2004, pero no se sabe si continúa aplicándose debido al desorden y desprolijidades financieras existentes, además impone un periodo de gracia de 15 años (hasta 2019) amortizándose con posterioridad en ocho años (hasta 2027) en cuotas iguales sin intereses, ni sanciones, ni multas por incumplimiento o atraso en los pagos. Solo están sujetos a la actualización con el Factor de Ajuste indicado en el Anexo “C” del Tratado.

    El 20% restante del monto de los beneficios al Paraguay supuestamente debe pagarse al contado, pero todos sabemos de los atrasos y falta de pagos de este monto.

    Se sugiere al equipo negociador que haga un cálculo del total diferido a nuestro país y de cuánto significa, en términos financieros, este diferimiento de manera similar a las condiciones de los créditos del Gobierno argentino a la EBY para aclarar el engaño del equipo negociador argentino. Este diferimiento del pago significa un aporte en dinero del Paraguay a la EBY.

    La propia NR del 09.01.92 en su Punto 3 dice: “Con el objeto de cooperar con el financiamiento del proyecto, el pago … será diferido … ”.

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  22. Negociación sucia en Yacyretá

    A estar por las recientes declaraciones a la prensa del jefe del Gabinete Civil de la Presidencia y coordinador de las negociaciones con el Gobierno argentino para la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, Juan Carlos López Moreira, nombrado además ahora coordinador del Sector Energía de nuestro país, el Gobierno del presidente Horacio Cartes baraja la posibilidad de que Paraguay subvencione parte de la deuda que la entidad tiene con el Tesoro argentino renunciando a los US$ 900 millones que ella le debe por el 80 por ciento de su territorio inundado por el embalse de la represa.

    “Lo que yo creo que tenemos que hacer es si Yacyretá debe US$ 4.800 millones y Argentina o Yacyretá nos debe US$ 900 millones, compensemos la deuda. En vez de US$ 4.800 millones quedar en US$ 3.900 millones si es que se toma esa decisión ‘O USAR PARA GASTOS SOCIALES’” (las mayúsculas son nuestras), expresó el citado funcionario.

    Dos cosas cabe deducir de lo dicho por el señor López Moreira. La primera, que la mira del Gobierno del presidente Horacio Cartes está más centrada en el diseño de una ingeniería financiera para privar al Estado paraguayo de un importante crédito a que tiene indiscutible derecho, con el pretexto de disminuir graciosamente la deuda que la entidad binacional tiene con el Tesoro argentino, o en su defecto, diluirlo dentro del barril sin fondo de la corrupta administración de la binacional. Esto, para obtener el retorno de al menos una parte de la importante suma bajo la modalidad de “gastos sociales”, cliché con el que se disfrazan sobornos encubiertos para gobernantes y adláteres de una y otra margen, tanto en Yacyretá, como en Itaipú.

    La otra, que la tal intención del presidente Cartes es la verdadera razón por la que hasta ahora su Gobierno no impulsa la búsqueda de un acuerdo para la revisión del Anexo C del Tratado, y así acabar con el statu quo explotador prevaleciente en la usina binacional en perjuicio de nuestro país.

    Por el Tratado, Paraguay no tiene ninguna responsabilidad financiera legal por las deudas que ese “monumento a la corrupción” tiene en su haber. Nuestro país, en verdad, es acreedor, pues la Argentina nos debe actualmente más de US$ 121 millones por la energía que le cedemos a la vil tarifa de solo US$ 9,89 por cada MWh. En qué cabeza entra, entonces, que tenga que renunciar a cobrarle a su deudor, a menos que quiera hacerlo por “filantropía”, al decir del canciller brasileño Serra en su poco feliz afán por desvirtuar los legítimos derechos del Paraguay en Itaipú.

    La llamativa declaración del señor López Moreira ha intrigado al público paraguayo. Ella sugiere que tal vez la directiva del presidente Cartes al equipo negociador paraguayo sea efectivamente acordar con el Gobierno argentino la condonación de dicha deuda, a cambio de que al menos parte de la misma retorne al bolsillo del gobierno de turno camuflada como “gastos sociales”.

    Es harto sabido que en tal sentido el mecanismo utilizado por los gobiernos de Argentina y Brasil para sobornar a las autoridades paraguayas se centra en la metáfora de que “del mismo cuero sale la correa”. Vale decir, no de las arcas de sus países, sino de la del pobre país mendigo que comparte con ellos formidable fortuna. Entonces, la artimaña del presidente Cartes en la negociación con los argentinos conduce a hacer que los US$ 900 millones que Yacyretá o la Argentina le debe al Paraguay, en vez de ingresar a las arcas del Estado bajo control fiscal presupuestado, pase al bolsillo discrecional del Gobierno de turno para financiar su sostenimiento en el poder mediante el clientelismo político.

    Así se explica, entonces, que a casi tres años de cumplirse el plazo para negociar la revisión del referido Anexo no se haya avanzado hacia ningún acuerdo en tal sentido. Mientras tanto, nuestra Cancillería y el equipo negociador del Gobierno se pasan engañando a la opinión pública sobre la razón por la que no se avanza en las conversaciones con las autoridades argentinas, habida cuenta de que tal situación solo le favorece a nuestro vecino, perjudicando al nuestro, pues prolonga el statu quo explotador que le permite llevarse por chauchas y palitos más del 70 por ciento de la electricidad que nos pertenece.

    Ante tan ominosa posibilidad en ciernes, el Senado y el pueblo paraguayos no deben aprobar la Nota Reversal de “Cogestión” subrepticiamente negociada con el Gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una de sus cláusulas establece que las autoridades de cada país tendrán competencia exclusiva para atender los intereses de la entidad binacional en sus respectivas márgenes. Siendo la Argentina la que se lleva más del 90 por ciento de la electricidad producida en la misma, sus autoridades serían las encargadas de consolidar a su entera conveniencia las cuentas de la binacional, como nos sucediera en Itaipú.

    Menos aún debemos permitir el eventual canje del crédito a favor que nuestro país tiene por territorio inundado, al mero efecto de rebajar la deuda de Yacyretá, o para convertirlo en rubro destinado a “gastos sociales”, como lo insinuó el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira.

    Podríamos estar ante un nuevo negociado en ciernes, al que los ciudadanos y las ciudadanas, así como los legisladores patriotas que aún queden, se deben oponer terminantemente.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/negociacion-sucia-en-yacyreta-1528737.html

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  23. Romper el statu quo en Yacyretá

    Hace unos días el embajador argentino en Paraguay, Eduardo Zuain, al ser consultado por nuestro diario sobre una probable fecha para la próxima reunión de la comisión que tiene a su cargo la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, respondió que no había nada. El diplomático añadió que ni siquiera había recibido todavía alguna directiva del Gobierno de Mauricio Macri orientada a definir la compleja situación planteada en la binacional.
    Esto a pesar del “buen ambiente” y la “buena predisposición” tantas veces proclamados por los representantes de ambos países. Lo concreto es que hasta ahora, transcurridos 27 meses y algo más desde el inicio de las negociaciones entre las Altas Partes, el avance ha sido casi nulo.

    Y eso que la palabra “avance” es la que más veces han repetido los negociadores luego de cada reunión. Sin embargo, los resultados de las tratativas están a la vista y dicen otra cosa, aunque –pese a su dudosa conveniencia– nos hayan querido presentar la cogestión administrativa en la EBY, acordada con la modificación del Anexo “A”, como uno de esos “avances”. Por algo, la nota reversal firmada en octubre de 2014 tuvo que ser nuevamente retirada del Congreso por el Ejecutivo para evitar su rechazo.

    Como es sabido, el objetivo principal de las negociaciones iniciadas con Argentina en 2014 era sanear las cuentas de la entidad para tornarla viable económica y financieramente, no sin antes regularizar los procesos de comercialización de la energía generada por la central binacional, que hasta el momento se rige por las condiciones establecidas en la ilegal nota reversal de 1992.

    En cuanto a la inflada deuda que se imputa a Yacyretá, la discusión para cerrar el acuerdo está centrada en la eliminación de unos US$ 2.000 millones en concepto de actualizaciones que figuran en los balances, teniendo en cuenta que de los casi US$ 18.000 millones de los que se hablaba inicialmente ya hubo una “quita” aceptada por los argentinos de casi US$ 10.000 millones de intereses, lo cual, de hecho, no correspondía, según lo estipulado en el tratado, que solo habla de aportes de capital.

    Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las versiones y los montos también varían según los escenarios que se plantean, pero siempre supeditados a la voluntad de los socios, que son en definitiva los que marcan la pauta, a juzgar por los “avances”, que hasta ahora solo han sido expresiones de deseos.

    En la realidad nada de eso se ha concretado y podemos afirmar con total seguridad que estamos en el mismo lugar que hace dos años, cuando se inició este proceso.

    En su momento el recordado Dr. Gustavo De Gásperi ya había presagiado que la posición argentina sería la de mantener el statu quo en Yacyretá y los hechos le están dando la razón. La pregunta que surge es ¿por cuánto tiempo más lo permitirán nuestras autoridades?

    Por Cristian Cantero

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/romper-el-statu-quo-en-yacyreta-1498255.html

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  24. Yacyretá y Julio De Vido

    El famoso Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, y, en tal condición, máximo exponente oficial argentino en la Entidad Binacional Yacyretá, tenía un secretario (ministro) de Obras Públicas, José López, al que hace algunos días apresaron cuando intentaba esconder en un convento unas maletas con nada menos que casi nueve millones de dólares, en distintas divisas, en efectivo.

    Otro funcionario al servicio muy personal de De Vido, Ricardo Jaime, está preso desde el 2 de abril de este año, en la penitenciaría de Ezeiza, procesado por presuntos hechos ilícitos en las compras de trenes usados a España y Portugal, que realizó en su condición de secretario de Transporte en el régimen de Néstor Kirchner. Hoy tiene el dudoso honor de ser llamado, popularmente, “el primer preso kirchnerista”.

    El mismo Julio De Vido, actualmente diputado por la provincia de Buenos Aires y acusado de corrupción –aunque bien blindado hasta ahora por sus fueros parlamentarios–, era considerado el jefe de la banda de “ingenieros de los negocios kirchneristas”. En lo que al Paraguay toca, como hecho de corrupción no es sino un caso nada sorprendente ni cosa del otro mundo. Aquí tuvimos y continuamos teniendo muchos De Vido, López y Jaimes. Sin embargo, el asunto es que De Vido fue el peso pesado argentino más fuerte en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), calificada –con toda razón– como “monumento a la corrupción” por el expresidente del vecino país, Carlos Menem.

    En efecto, debería preocuparnos seriamente que un tipo como De Vido y su grupo de secuaces, durante todo el tiempo que transcurrió desde la finalización de las obras de la represa de Yacyretá hasta la derrota electoral de su última protectora, Cristina de Kirchner, el año pasado, fueron los que comandaron las gavillas encargadas de los negocios y negociados de la represa. Era nuestro interlocutor natural en todo lo que concerniera a la explotación de esa central hidroeléctrica. Entre él y nuestros negociadores se cocinaron todos los acuerdos formales y no formales que acabaron por agravar nuestra situación como copropietarios de la entidad binacional. Es normal, entonces, suponer que gran parte de lo que nos esquilmaron a los paraguayos en Yacyretá descanse ahora en la caja de ahorros de esa banda, porque va apareciendo dinero negro transportado en enormes valijas en poder de exfuncionarios y allegados kirchneristas, y el último pillado con las manos en la masa es ahora José López, justamente mano derecha de De Vido.

    En enero de este año, Ángel María Recalde fue designado director general paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá. Se mostró muy satisfecho de su nombramiento, declarando que tuvo una “agradable sorpresa para ocupar tan elegante cargo”. Desde luego, él sabrá mejor que nadie cuán “elegante” es el cargo y cuántas cosas podrían hacerse con él, porque ya lo ocupó interinamente durante dos años, puesto en el mismo por el entonces presidente, fanático kirchnerista paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, oportunidad en la que Recalde, seguramente, tuvo que tratar directamente con Julio De Vido y, quién lo dice, aprendido o recibido mucho de él.

    Lo importante de considerar para nosotros, en este momento, es que en marzo del año pasado se cumplieron cuarenta años de la vigencia del Tratado de Yacyretá, lo que hizo posible la renegociación del Anexo “C” de dicho convenio; es decir, una ocasión propicia para que los paraguayos obtengamos la posición que nos corresponde en un negocio que, hasta el momento, solamente ha favorecido a la Argentina y, particularmente, a los funcionarios superiores que lo administran.

    Sobre el tema, la mesa de negociaciones del Anexo “C” ya está instalada desde el año pasado y sus resultados son nulos hasta ahora. Con el ritmo que siguen las tratativas, no sería extraño que nunca se llegue a un consenso entre ambas partes interesadas porque todas las violaciones cometidas a los términos originalmente convenidos en el Tratado favorecen a la Argentina.

    Desde que la represa hidroeléctrica Yacyretá inició el proceso de generación de energía, en el año 1994, el Paraguay recibió 1.117,4 millones de dólares al 2014 en calidad de excedentes. Los expertos estimaron, sin embargo, que aun con los descuentos pertinentes debió haber percibido unos 9.000 millones. Pero si se ajustara todo a las tarifas por electricidad que se pagan actualmente en la región, los dólares deberían alcanzar, por lo menos, unos 23.000 millones.

    Con estas cifras, es obvio que nuestro país está perdiendo inmensa cantidad de dinero en la explotación conjunta de la represa, donde los que realmente mandan, política y administrativamente hablando, son los argentinos, por cuanto ellos “pusieron la plata y el Paraguay solamente el agua”, según la famosa falacia que los brasileños emplean para, a su vez, esquilmarnos en Itaipú.

    Hasta ahora, a los argentinos les fue todo muy fácil y sencillo, porque los cobardes o corruptos directores y consejeros que fueron designados por los sucesivos presidentes paraguayos nunca movieron un dedo para reclamar con la energía que otorgan la razón y el derecho los intereses nacionales conculcados. Fueron simples títeres manejados por nuestros socios condóminos y no funcionarios paraguayos patriotas pagados por el pueblo para defender como corresponde a nuestro país.

    Obviamente, es inevitable maliciar que esta actitud tan servil y complaciente con los consocios habrá tenido su precio, muy interesante en cifras y muy “elegante” en otras ventajas.

    Ahora que Julio De Vido y sus ayudantes de campo están bajo la lupa de la justicia argentina, alentamos la esperanza de que salgan a luz algunos de los muchos trapos que se ensuciaron en Yacyretá a lo largo de esta década de kirchnerismo. Hasta este momento, la policía del vecino país no puede allanar la residencia del exministro De Vido, por causa de que una mayoría de votos de diputados peronistas lo está impidiendo, con el pretexto de los “fueros parlamentarios” (algo que nosotros también entendemos muy bien cómo funciona). Tal vez pronto se abran esas puertas selladas llenas de misterios y nos hallemos con algunas sorpresas convenientes a nuestros intereses nacionales.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/yacyreta-y-julio-de-vido-1490957.html

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  25. Pontificar para confundir

    Por Ing. Orlando Valdés (*)

    Con relación a una reciente publicación de que existiría una diferencia de unos US$ 2.000 millones para cerrar un acuerdo en Yacyretá, entendemos que esta cifra sería el reajuste que Argentina pretende aplicar a los aportes realizados. Al respecto, en una anterior columna estimábamos el monto del compromiso del Paraguay a los cuarenta (40) años de vigencia del tratado, sin considerar el reajuste. En esta ocasión, con el fin de medir su impacto en los cálculos, realizaremos la misma operación, incluyendo también como compromiso el reajuste defendido por Argentina, es decir, los aproximadamente US$ 2.000 millones.

    Así, tenemos US$ 5.500 millones por aportes, más US$ 2.000 millones por reajustes, más US$ 1.000 millones por territorio inundado al Paraguay, más una estimación de US$ 800 millones como previsión para el pago de Asuntos Contractuales Pendientes (ACP). Esto nos da como resultado una deuda total estimada de US$ 9.300 millones.

    A este valor debemos descontar la deuda que Ebisa tiene con Yacyretá del orden de los US$ 2.600 millones y tendremos como resultado US$ 6.700 millones, el nuevo monto al que debe aplicarse lo establecido en la Cláusula IX – Revisión, del Anexo C.

    Aplicando las proporciones correspondientes concluiremos que la responsabilidad de nuestro país (6%) sobre el saldo de los compromisos asumidos por la EBY es de unos US$ 402 millones mientras que la de Argentina (94%) es de US$ 6.298 millones. El monto correspondiente al Paraguay puede ser cancelado sin problemas mediante el canje de la deuda que la EBY mantiene con el Paraguay por territorio inundado y aun quedará crédito a favor del Paraguay.

    Además, siguiendo la última pontificación hecha a través de los micrófonos de ABC Cardinal, publicada en ABC Color el 11/06/2016, es verdad que primero debe arreglarse el monto que será asumido como compromiso financiero por la binacional con el Gobierno argentino; sin embargo, la afirmación según la cual “no podemos, como país, hacer que se aplique el Anexo C porque estaríamos teniendo montos siderales que pagar por la energía, si bien no es todavía en un volumen importante, porque una vez que se termine la línea de 500 KV, que va a venir de Yacyretá hacia la zona metropolitana, podremos retirar hasta el 50% de la energía disponible para nosotros en la central, y si se llegase a aplicar ese Anexo C, va a ser prácticamente impagable la tarifa para el Paraguay” es absolutamente equivocada.

    Esta afirmación es muy llamativa, ya que en principio mezcla, fuera de lugar, temas técnicos con aspectos financieros, probablemente para confundir a las autoridades nacionales y la población en general, luego hace su remate con una vergonzosa amenaza al sostener que la aplicación de la Cláusula IX- Revisión del Anexo C tendría consecuencias negativas sobre la tarifa de Yacyretá para nuestro país.

    Es evidente el olvido, que no es casual, del empleado de Yacyretá de lo que claramente establece el Anexo C, Cláusula-IX, Revisión del Tratado, cuya aplicación demostramos más arriba, que establece que a los 40 años de la firma del Tratado los saldos de los compromisos contraídos por la EBY para la construcción de la represa deben revisarse y que cada Alta Parte cancelará el saldo de la deuda que existiere, en la proporción en que cada país utilizó la energía en ese periodo.

    La futura tarifa de Yacyretá, luego de la aplicación de la Cláusula IX – Revisión, deberá estar exenta de cualquier parcela para pago de deudas contraídas para la construcción del emprendimiento. Quien afirme lo contrario, especialmente siendo empleado de la binacional, estaría cometiendo, como mínimo, un acto de deshonestidad intelectual, en directo perjuicio de la República del Paraguay.

    (*) Presidente de la Aisep.

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  26. Yacyretá: ocultan y pontifican

    Por Ing. Orlando Valdés (*)

    Según informes proporcionados recientemente por el ministro secretario, Juan Carlos López Moreira, a través de los medios de prensa, el saldo de la deuda de Yacyretá con el Gobierno argentino, aplicando una quita del 100% a los intereses y actualizaciones, sería de unos US$ 5.500 millones. Reconoció también que esta no es la única deuda de la hidroeléctrica, citando como ejemplo la falta de pago por compensación por territorio inundado a ambos gobiernos, que según nuestras estimaciones, a la fecha, estaría en torno a los US$ 1.200 millones, correspondiendo US$ 1.000 millones al Paraguay y US$ 200 millones a la Argentina.

    Si bien el ministro no se refirió a otra deuda, es indudable que está en conocimiento de la controversia entre la EBY y el grupo Eriday-UTE, la que comportaría un compromiso del orden de los US$ 800 millones, monto que puede variar de acuerdo con el resultado del arbitraje en proceso.

    Por otra parte, también divulgaron los medios escritos en estos días que Ebisa estaría arrastrando una deuda del orden de los US$ 2.600 millones por la energía que retiró de Yacyretá y que la misma estaría aumentando en el orden de los US$ 800 millones a US$ 900 millones por año.

    Sin entrar a cuestionar los valores informados, por ser estimativos, realizaremos una simulación de cómo afectaría a estos montos la aplicación de la Cláusula IX-Revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, que imperativamente establece que luego de transcurridos 40 años de vigencia del Tratado de Yacyretá, cada Alta Parte Contratante del Tratado de Yacyretá deberá cancelar la totalidad de la deuda de la entidad en la proporción en que utilizó la producción de energía de la binacional.

    Sumando las deudas mencionadas más arriba, es decir, con el Gobierno argentino, más las deudas por compensación por territorio inundado, más el valor estimativo relativo al arbitraje en proceso, totalizamos una deuda estimada de US$ 7.500 millones. A este monto le restaremos la deuda que mantiene Ebisa con la EBY, de US$ 2.600 millones, operación tras la cual quedaría como deuda total de la EBY la suma de US$ 4.900 millones.

    Según los registros de la binacional, desde el inicio de la operación de las unidades generadoras de Yacyretá hasta la fecha, la producción energética de la central fue utilizada en la siguiente proporción; 6% Paraguay y 94% Argentina. Aplicado estos porcentajes a la deuda total estimada de Yacyretá obtenemos que el compromiso de pago de Argentina por la deuda de Yacyretá es de aproximadamente US$ 4.606 millones. La responsabilidad del Paraguay sobre la deuda es de US$ 294 millones.

    Considerando que Yacyretá debe al Paraguay en torno a US$ 1.000 millones en concepto de compensación por territorio inundado, es posible descontar de este monto el compromiso de pago del Paraguay de US$ 294 millones y con el saldo arreglar las deudas de la ANDE con el Banco de la Nación Argentina y por consumo de energía, que sumados no superan los US$ 200 millones. En conclusión, a la fecha es Yacyretá la que le debe al Paraguay, aún después de pagar su parte (6%) del pasivo pendiente de la entidad binacional. En el peor de los casos, si no se obtuviere la quita de las actualizaciones, el efecto de esta en el monto a ser pagado por el Paraguay es siempre ínfimo, esto debido al casi nulo consumo de la ANDE de la energía de Yacyretá a lo largo de todos estos años.

    Considerando lo expuesto, sería interesante que el grupo de empleados de la Cancillería y de Yacyretá impulsen con mayor dinamismo la aplicación de lo que establece el Anexo C y dejen de insistir en la aplicación de las modificaciones que fueron propuestas para el Anexo A, que en nada favorece al país y, en realidad, se constituye en un elemento distractor para retardar o distorsionar la aplicación del Anexo C, por motivos probablemente inconfesables.

    Resulta muy llamativo el hecho que las autoridades de la binacional, lado paraguayo, pontifiquen en el sentido de que debe encontrarse un monto de la deuda que sea factible de pagar con la tarifa.

    Pareciera que aún no quedó claro, a los empleados de la binacional por lo menos, que una vez aplicado lo establecido en el Anexo C, la futura tarifa no deberá incluir ninguna parcela en concepto de pago de deuda. Resulta alentador el hecho que el ministro secretario Juan Carlos López Moreira haya denunciado recientemente ante la opinión pública nacional que durante el proceso de negociación de la novación, en el año 2006, los empleados paraguayos difundieron profusamente que los montos considerados eran exclusivamente el capital de la deuda, a pesar de que incluían los intereses.

    También es oportuno recordar que nunca fue informado sobre la documentación respaldatoria del Decreto 612/86 de Argentina. Ambos hechos, muy relevantes en el manejo financiero de la binacional, permanecieron ocultos en la EBY, probablemente de las autoridades nacionales y con seguridad, de la población en general.

    El Gobierno nacional a cargo del presidente Horacio Cartes debería informar a través de su ministro secretario, en su carácter de negociador, acerca de los temas atinentes a la Entidad Binacional Yacyretá, como ya lo hiciera recientemente, sobre cómo quedaría la situación financiera de Yacyretá luego de la aplicación de la Cláusula IX -Revisión del Anexo C, para tranquilidad de la población paraguaya.

    (*) Presidente de la Aisep.

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  27. Un día de furia en Yacyretá

    Por Florentín Gómez del Puerto (*)

    Corría el gobierno de Fernando Lugo cuando Simeón Benítez (presidente de seccional de San Patricio) y John Ramírez (presidente de seccional de Santiago, Misiones), ambos funcionarios de la EBY que prestaban servicios en el sector de medioambiente, recibieron la notificación para desalojar sus viviendas. Inmediatamente como secretario general del Sinatray, al que estaban afiliados, viajé a Asunción con el fin de entrevistarme con el director, Lic. Enrique Cáceres Rojas, sobre el asunto. Fui recibido por la señorita Carrillo (secretaria), la que luego de consultar al director me avisó que no podía recibirme.

    Le dije a la secretaria que le dijera al Sr. director que si él no tenía tiempo para escuchar los reclamos de los trabajadores, yo no estaba dispuesto a perder mi viaje, de casi 400 km, y que sabría cómo hacerme escuchar.

    Inmediatamente acudí a la redacción de ABC Color a presentar mi denuncia, que al otro día se publicó con destaque, en la que yo preguntaba , entre otras cosas, por qué perseguían a los trabajadores que realmente trabajaban y que ocupaban las viviendas que por ley les corresponde.

    Agregaba entonces por qué no les sacaban las viviendas al ministro de la Sicom, Augusto dos Santos, o al Ing. Carlos Arrechea, que en ese momento tenía dos viviendas de la EBY en su poder y que su único cargo era el de presidente de la seccional de Ayolas, o al monseñor Mario Melanio Medina, que tiene su radio San Roque en una vivienda de la EBY, entre otros.

    A las 22:00 de ese día recibí el llamado del ministro de la Sicom, Augusto dos Santos, y entre saludos y bromas, ya que somos amigos de mucho tiempo, me dijo que la vivienda que él ocupaba la devolvió a la EBY el día en que asumió el cargo de ministro (mintió, porque su sobrino Atilio Irala vivía ahí para cuidarla y en la que Dos Santos se quedaba cuando visitaba Ayolas). Le contesté de la siguiente forma: “Amigo, vos me conocés bien, a mí no me importa a quién de Uds. otorgan las viviendas de la EBY, toda vez que no toquen a los trabajadores, quienes son realmente los que tienen derecho a ocuparlas. El ministro habló con el director de ese asunto y se solucionó el impasse.

    Traigo esto a colación, porque hace una semana tuvimos en Ayolas lo que yo considero un acto de terrorismo de Estado: el desalojo de una humilde profesora, llamada Fátima Gamarra, que fue incluso funcionaria durante tres años de la EBY por el famoso procedimiento O.C. (Orden de Compra) y que cayó en la desgracia porque no contaba con un padrino político, razón por la cual fue despedida por Schmalko (Juan). Sin embargo, lo que realmente indignó fue la aparatosidad del desalojo: 17 patrulleras que trajeron de todo el departamento, 60 policías, incluidos cascos azules, a las 7:00, hora de entrada de las criaturas a la escuela que queda frente a la vivienda, a las que convirtieron en involuntarios testigos del bochornoso espectáculo, en medio de escenas de pánico y llanto. Un operativo absurdo, hasta parecía que iban a apresar al Chapo Guzmán. Un derroche de “valentía” y prepotencia de policías y oficiales de justicia que no se ve en el norte combatiendo al EPP.

    Tanta indignación me causó esto razón por la cual vuelvo a preguntar hoy por qué no rescatan las tres viviendas de Yacyretá en poder el consejero Carlos Arrechea? ¿Acaso no le basta una para vivir? ¿Por qué continúan, incluso en los otros ejemplos que di en aquella oportunidad, ocupadas esas viviendas de la EBY? ¿Por qué existen particulares y funcionarios que poseen más de una casa de la EBY? ¿Por qué la prioridad de desalojo recae sobre los despedidos y/o jubilados? Además, las viviendas desalojadas están abandonadas, llenas de malezas, que lo único que sirven es como criadero de mosquitos Aedes.

    Espero que el presidente de la República, Horacio Cartes Jara, tome cartas en el asunto, porque tanto Fátima Gamarra como Florentín Gómez del Puerto y otros somos tan dueños de Yacyretá como es él.

    (*) Exdirigente sindical de Yacyretá e Itaipú.

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  28. No entienden o se desentienden

    No entienden o se desentienden del Tratado de Yacyretá. Nos referimos a las autoridades paraguayas y específicamente al director de la Entidad Binacional (EBY), Ing. Angel María Recalde. Preguntado el miércoles último si la posibilidad de que nuestro país venda libremente la energía que le pertenece en la usina figuraba también en la agenda de los negociadores, Recalde contestó que esa es una cuestión que aún no será discutida.

    Pero no se detuvo ahí, porque traspuso hasta los límites del sentido común al añadir que el tratamiento de este caso en el ámbito binacional dependía de la atención de ciertas condiciones; por ejemplo, el arreglo de la deuda imputada a la EBY, o la que tiene la ANDE con el Banco de la Nación Argentina, de la EBY con la ANDE, de la ampliación del actual parque generador de la central, de la reparación de sus actuales unidades, etc.

    Atendidos esos “requisitos”, según Recalde, se buscará “un acuerdo” que le permita a nuestro país “negociar lo que “a su criterio” corresponda de la energía que le corresponde” sic.

    Apuntaba igualmente que hoy es “automático” el hecho de que Argentina aproveche el excedente paraguayo y que incluso “paga por ello”.

    Una cuidadosa lectura del Art. XIII del Tratado nos permite concluir que nuestras autoridades prefieren desentenderse, porque la propiedad paraguaya sobre la mitad de la energía no está en discusión, luego no necesitamos acuerdo alguno con nuestro socio para disponer de ese patrimonio. Además, según ese mismo artículo, Argentina solo goza del “derecho preferente”, no del exclusivo.

    Insistamos y no nos cansaremos de hacerlo, el artículo de referencia establece, como finalidad u objeto del Tratado, que la energía producida por Yacyretá debe distribuirse “en partes iguales” entre nuestro país y Argentina.

    El hecho que se apropien “automáticamente” del excedente paraguayo en Yacyretá no justifica nada y mucho menos lo legaliza. Además, en homenaje a la verdad, ¡Argentina no paga! Acaso el Sr. Recalde se olvida de que Hacienda informaba que el Gobierno del vecino país abonó la semana pasada el saldo de la deuda acumulada en 2014, así como un pequeño anticipo correspondiente al año pasado de una liquidación que también debe ser cuestionada oficialmente por Paraguay.

    Por Ramón Casco Carreras

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/no-entienden-o-se-desentienden-1483724.html

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  29. Situación financiera del ente Yacyretá

    Por Ing. Orlando Valdés (*)

    La Entidad Binacional Yacyretá es una empresa pública internacional por ser un organismo creado con un objeto específico, ajustado a un régimen internacional, con autonomía de medios, autonomía de poderes y puede prestar servicios a particulares.

    Los compromisos financieros de la Entidad Binacional Yacyretá, según como es presentado por las autoridades de la binacional, están sustentados, en gran medida, en los decretos 3450/79 y 612/86 de la República Argentina.

    En su artículo primero, el Decreto Nº 3450/79 establece “Destínase en calidad de préstamos a la Entidad Binacional Yacyretá recursos pertenecientes a los Fondos Nacionales de Grandes Obras Eléctricas y El Chocón –Cerros Colorados – Alicopa, por el equivalente en pesos de los importes anuales estimativos que en dólares estadounidenses a continuación se consignan:

    “La suma de los desembolsos establecidos, en el documento, para el periodo 1979 al 1990, totalizan 2.635.000.000 dólares estadounidenses.

    Por Resolución 98/80, de la reunión ordinaria Nº 32, realizada en Buenos Aires en fecha 23 de julio de 1980, el Consejo de Administración de la Entidad Resuelve:

    1. Tomar conocimiento del Decreto Nº 3450 del Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina, de fecha 28 de diciembre de 1979.

    2. Autorizar al director ejecutivo y al director ejecutivo adjunto a suscribir oportunamente el correspondiente contrato de préstamo.

    3. Comuníquese a quien corresponda y cumplido archívese.

    De esta manera, cumpliendo con su característica de empresa pública internacional y con requisitos exigidos en virtud de lo establecido por el Art. 22 incisos h) e i) del Reglamento Interno de la Entidad, la Binacional Yacyretá reconoce y asume los compromisos establecidos por el gobierno argentino en el decreto de referencia.

    Ya con relación al Decreto número 612/86, se puede leer en su artículo primero cuanto sigue:

    “Destínase en calidad de préstamo a la Entidad Binacional Yacyretá los recursos provenientes del Tesoro Nacional otorgados hasta el presente y los que se otorguen en el futuro, de acuerdo a los montos consignados y a consignar en las leyes de Presupuesto General de la Nación de cada periodo”.

    Obsérvese que el Decreto de 612/86 no establece monto alguno a ser otorgado en carácter de préstamo a la binacional. Por otra parte, el Consejo de Administración de la binacional, en su carácter de empresa pública internacional, no emitió ninguna resolución por la cual asuma este decreto como un compromiso de ella, condición establecida en el Reglamento Interno de la entidad binacional.

    Salvo se exhiba la resolución correspondiente, es posible considerar que los montos establecidos como préstamos del Gobierno argentino a la entidad, y que están registrados bajo el título de Decreto 612/86, no podrían ser asumidos como compromisos de la binacional.

    Esperamos que las autoridades de la Cancillería, de la ANDE o de la propia EBY, se pronuncien sobre este tema, si no lo hacen, se estaría confirmando de que no existe el documento correspondiente por el cual el Consejo de Administración reconoce el Decreto 612/86 como válido para cálculo de sus compromisos de pago.

    Es importante destacar que los principales valores que incrementan la deuda de la entidad binacional están registrados bajo el rubro Decreto 612/86, al año 2010 del orden de los US$ 9.130 millones, con los intereses y reajustes incluidos.

    Los negociadores tienen la palabra.

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  30. Diputados instan a Cartes conformar calificado equipo técnico para renegociar Yacyretá

    La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara de causa nacional la “Renegociación del Tratado de Yacyretá”, con la intención de instar a que se acelere el proceso y llegar a un acuerdo con el Gobierno Argentino, en vista de que el plazo ya feneció marzo del 2014.

    Calificado equipo técnico. En el documento de declaración de interés a “la Renegociación del Tratado de Yacyretá”, que fue aprobado por la Cámara de Diputados en la última sesión de la Cámara Baja, se insta al Poder Ejecutivo a conformar un “calificado equipo técnico de negociación destinado a renegociar y defender con patriotismo los altos intereses nacionales determinados por dicho Tratado”.

    “Es importante que la Cámara de Diputados haga suya la manifestación de interés, para declarar de interés nacional y convertir, inclusive, en una causa nacional, la renegociación del citado tratado”, declaró el diputado Dionisio Amarilla (PLRA-Central), proyectista de la normativa que fue aprobada sobre tablas.

    A pesar de que el 27 de marzo de 2014 venció el plazo de los 40 años para revisar los anexos, el tema sigue pendiente. “En el Anexo A se establece la estructura orgánica que administra la Entidad Binacional Yacyretá. En los 40 años nunca hemos podido tener el privilegio de tener un Director Ejecutivo; en el Anexo E se establecen las obras que tenían que ser encaradas, sin embargo, hay obras complementarias por ejecutar; aún no hemos resuelto la problemática de la indemnización por territorio inundado”, precisó.

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  31. Cartes debe ordenar auditoría en Yacyretá

    Por Ing. Ramón Montanía (*)

    La auditoria que está llevando adelante el Gobierno argentino a la administración del Arq. Óscar Thomas en Yacyretá es una señal contundente e inequívoca de que el presidente Macri no está dispuesto a “encubrir” las irregularidades cometidas por los administradores anteriores de la entidad binacional.

    Los medios de prensa del vecino país están publicando innumerables hechos irregulares cometidos por el Arq. Thomas como director de la EBY, durante sus doce años de mandato.

    El presidente Horacio Cartes debe emular a su colega argentino, haciendo lo mismo, ordenando la auditoría de los manejos de los recursos de la EBY por parte de los directivos paraguayos, con mayor énfasis a las administraciones que compartieron los doce años ininterrumpidos de gestión del Arq. Thomas en la Entidad.

    Si el presidente Cartes ordena una auditoría en Yacyretá, así como está haciendo su par argentino, demostrará al pueblo paraguayo que su intención de combatir la corrupción es verdadera, que no es solo promesa, y que ya no está dispuesto a proteger ni encubrir a los sinvergüenzas que perjudican al país y a su propio gobierno.

    Actuando de esta manera Cartes ganará credibilidad y consideración de la ciudadanía en general, que hace bastante tiempo clama por un país más decente, donde terminen la corrupción, la impunidad, los privilegios indebidos y los abusos del poder.

    (*) Director de la revista Mundo de la Electricidad.

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  32. Auditar gestión de Schmalko y Recalde en Yacyretá

    Al asumir el cargo, el presidente Horacio Cartes designó a Juan Schmalko como director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Tras su confirmación en el cargo por el Senado de la República, su par argentino, el ahora investigado por corrupción por el nuevo gobierno de ese país, Óscar Thomas, anunció sin pelos en la lengua que había puesto US$ 130 millones a la libre disposición del nuevo director paraguayo. Para muchos, tal declaración pareció insólita, por más acostumbrados que estuvieran los paraguayos a ver que las autoridades responsables de velar por los intereses del país en las entidades binacionales fungieran más como cómplices que como socios de sus pares brasileños y argentinos, en detrimento del interés nacional. Más tarde, el arquitecto Thomas aclaró que, en contrapartida, las nuevas autoridades paraguayas de la entidad le habían autorizado a disponer libremente de US$ 350 millones para el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de las estropeadas turbinas de la central hidroeléctrica que por más de 10 años habían estado operando en condiciones inadecuadas de nivel de embalse de la represa, irónicamente bajo la dirección del ahora imputado por corrupción en su propio país.

    Como trascendió después por boca de algunos consejeros paraguayos de la entidad, la contrapartida de la coima para el nuevo Gobierno paraguayo pretendida por el arquitecto Thomas ascendía en realidad a unos US$ 500 millones, que serían cargados obviamente a cuenta de la EBY; de los que US$ 200 millones se destinarían a la construcción de una nueva línea de transmisión de 500 kV en el lado argentino y el resto para la reparación de las turbinas dañadas. De haber prosperado esa inicua iniciativa, Paraguay hubiera cargado con el costo del 50 por ciento de esa infraestructura eléctrica argentina, alegremente, como si fuera un zonceraité, como calificara el expresidente de la República Luis Ángel González Macchi a la tenencia de un auto robado en Brasil.

    De cualquier manera, ahora que el gobierno de Mauricio Macri está destapando el “Caldero del Diablo” –como era conocido el proyecto Yacyretá en la Argentina desde los tiempos de la dictadura militar– corresponde, para la política de transparencia que predica el presidente Horacio Cartes, que el señor Juan Schmalko aclare a la opinión pública en qué utilizó los US$ 130 millones puestos a su libre disposición por su corrupto par argentino, hoy a punto de pisar la cárcel por sus trapisondas en la EBY.

    Es más, el uso indiscriminado –robo, sería la palabra correcta– de fondos de la EBY durante el gobierno de los Kirchner y bajo la dirección del arquitecto Óscar Thomas, recientemente revelado por una auditoría contable y jurídica ordenada por el nuevo Gobierno argentino, obliga política y moralmente al presidente Horacio Cartes a ordenar una auditoría equivalente a la efectuada por el gobierno de Macri en la margen paraguaya de la EBY, habida cuenta de que las mismas irregularidades detectadas en el lado argentino han tenido su réplica en el lado paraguayo, aunque sin la generosidad de los que en la arrebatiña se han llevado la parte del león, metafóricamente hablando.

    Los primeros informes hechos públicos dan cuenta de que fueron detectadas irregularidades en convenios que favorecían a agrupaciones barriales, asociaciones civiles, organismos de seguridad y vigilancia, entes provinciales y fundaciones creadas exprofeso para recibir fondos de la EBY. Aunque no se han precisado montos, la investigación habla de “decenas de millones de dólares” que se repartían entre los beneficiados por el vasto esquema de corrupción montado por el arquitecto Óscar Thomas durante su larga administración bajo los gobiernos de los esposos Kirchner.

    Aunque esta revisión de cuentas fue ordenada por el ministro de Energía del actual Gobierno argentino, Juan José Aranguren, y se limita obviamente a hechos delictivos detectados en esa margen, de la misma no son ajenas las autoridades paraguayas –entre ellas, el director designado y en espera de confirmación parlamentaria, Ángel María Recalde– como contraparte que son de todo lo que se hace y se deja de hacer en la EBY. Curiosamente, al ser consultadas al respecto, las autoridades paraguayas de la misma adujeron desconocer tal auditoría, con la aclaración de que eso correspondía a una decisión unilateral de cada país.

    Por otra parte, llama la atención que siendo la administración de las usinas hidroeléctricas binacionales una modalidad de joint venture, cualquier irregularidad administrativa que afecta a la misma debe ser investigada conjuntamente, salvo que el ingeniero Ángel María Recalde y sus consejeros ya estén admitiendo la vigencia de la nota reversal de cogestión aún no aprobada por el Parlamento nacional, como lo hizo con la NR-92 –no aprobada por el Congreso paraguayo– con la implementación del Plan de Terminación de Yacyretá (PTY), con el que el ahora incoado Óscar Thomas inició su nefasta administración de la usina binacional, hasta sumirla en la debacle actual.

    Esta es una razón más para desconfiar de la honestidad de propósitos, tanto éticos como de patriotismo, del ingeniero Recalde en términos del interés nacional hipotecado en la EBY y que debe ser rescatado a toda costa en esta oportunidad. Es también razón de Estado y de Gobierno que el presidente Horacio Cartes proceda a emular a su homólogo argentino ordenando a su vez una auditoría contable y jurídica en cuanto al manejo de los recursos de la EBY en el lado paraguayo. Como le será difícil determinar con propiedad desde dónde comenzar la revisión de gestiones de los administradores paraguayos del ente, lo mejor que puede hacer es empezar a auditar la gestión de todos y cada uno de los ciudadanos que fungieron como directores paraguayos durante la gestión del arquitecto Óscar Thomas, incluidos Juan Schmalko y el renominado en el cargo, el ingeniero Ángel María Recalde.

    Al mismo tiempo, el Senado de la República debe diferir la confirmación del mismo hasta tanto se haga la auditoría de referencia. O, al menos, hasta que concluya la que se está llevando a cabo en la Argentina sobre la gestión del arquitecto Thomas, parte de ella compartida con el que en un tiempo fuera su par paraguayo, Ángel María Recalde.

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  33. Falta información vital sobre deuda de Yacyretá

    Por Ing. Orlando Valdés (*)

    Las recientes declaraciones del director ejecutivo, de nacionalidad argentina, de Yacyretá, Humberto Schiavoni, en las cuales admite que la actual deuda de la binacional es producto de distorsiones y que los montos no reflejan la realidad, porque “hubo una duplicación de muchos conceptos e incumplimientos en los pagos”, comienzan a iluminar este tema, que ya no admite ningún tipo de dilación para su total esclarecimiento, ante la opinión publica paraguaya y argentina.

    Según el director ejecutivo, la “deuda histórica” que reclama el Tesoro argentino es de US$ 18.000 millones, del cual el capital aportado fue de US$ 6.000 millones y que unos US$ 10.000 millones son los intereses y otros US$ 2.000 millones las actualizaciones.

    Agregó que las distorsiones se dieron en los cálculos “porque ahí hay intereses sobre intereses y sobre actualizaciones” y existe “incumplimientos a su vez del Gobierno nacional de algunos pagos”, dijo.

    Si bien estas afirmaciones son alentadoras, ya que confirman el mal manejo de las cuentas de la binacional, aún es necesario que la población acceda a una información que es decisiva para la determinación correcta de la deuda pendiente de la binacional.

    El dato requerido es si las ilegales “Notas de Crédito”, inventadas por la Secretaría de Energía de la Argentina, como forma de pago por el consumo de energía de Yacyretá, con cargo a EBISA, fueron utilizadas para el “pago” de los intereses y ajustes obtenidos en los cálculos, realizados de manera incorrecta, para así llegar al valor final de U$$ 18.000 millones.

    Si las “Notas de Crédito “fueron utilizadas, como parte de pago es fácil concluir que los amañados cálculos de los intereses y los ajustes, en realidad alcanzaron valores del orden de los U$$ 30.000 millones. Llegamos a este valor considerando que el valor de la energía no pagada hasta la fecha por EBISA, ronda los U$$ 12.000 millones.

    En caso de comprobarse que esta forma de compensación o pago, no previsto en ningún documento oficial de la EBY, fue realizado y considerando que en ningún momento se procedió a estructurar la forma de pago de los aportes realizados por la Secretaria de Hacienda de la argentina, evidentemente estaríamos ante una maniobra mediante la cual se procedió al “pago” (licuación) de la deuda de EBISA con Yacyretá, utilizando como herramienta los intereses sobre intereses espurios aplicados a los aportes.

    En la binacional existe un reducido grupo de profesionales, que desde hace varios años vienen manejando este tema, con especializaciones que abarcan el área de ingeniería, economía y contabilidad.

    En realidad se podría decir, históricamente han manejado en forma exclusiva el tema financiero con los argentinos en la binacional.

    Estos profesionales podrían responder esta interrogante, más aún teniendo en cuenta que ocuparon posiciones estratégicas en la entidad binacional, inclusive llegando a ocupar los cargos de subjefe financiero y secretario del Comité Ejecutivo en forma simultánea y, además, bajo el mandato de varios directores paraguayos.

    Confiamos en que estos funcionarios actuarán con su mayor buena fe, en el sentido de informar por los medios o vías correspondientes la composición detallada de la deuda de Yacyretá con el Gobierno argentino.

    A pesar de que la responsabilidad en Yacyretá de la República del Paraguay, por el saldo de la deuda; a) con el gobierno argentino; b) con el Paraguay y la Argentina por territorio inundado y; c) con los contratistas, es del 6%, conforme lo establece el Anexo C, no dejaremos de reclamar la debida transparencia en los actos que se realicen en la binacional en nombre del pueblo paraguayo y argentino.

    Rogamos al señor Presidente de la República, don Horacio Cartes Jara, sus mejores oficios para aclarar esta situación con el fin de llevar sosiego a la población, que sigue expectante esperando el desenlace de las actuales negociaciones, de transcendental importancia para el futuro de nuestro país.

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  34. Por qué no a la “cogestión” en la entidad Yacyretá

    Por Ing. Orlando Valdés (*)

    Porque significa para la República del Paraguay asumir la corresponsabilidad plena de la fraudulenta administración ejercida por los funcionarios argentinos de la binacional durante los 42 años de ejercicio de la Dirección Ejecutiva, en abierta violación del Tratado de Yacyretá y sus documentos complementarios, que establecen claramente la alternancia cada cinco años de gestión.

    Continuar insistiendo en la aplicación de la cogestión y otros absurdos, mediante la modificación del Anexo A, significa aceptar las truculentas acciones que fueron alentadas desde la Dirección Ejecutiva y que llevaron a la binacional a su prefabricada crisis financiera.

    Existe responsabilidad personal de los consejeros, directores, secretarios de comité, secretarios de consejo, jefes y subjefes de departamentos, ya sea financiero, técnico, administrativo, asesoría jurídica y del Plan de Terminación de Yacyretá (PTY), designados por el Gobierno paraguayo para ejercer funciones en la binacional.

    Los delitos cometidos se dieron por omisión y/o por connivencia, en los procesos de corrupción que se gestaron de diferentes formas, bajo la gestión del director ejecutivo, y van desde permitir la violación sistemática de lo establecido en el tratado y/o la participación en los amañados concursos para la ejecución de las obras.

    Estas personas deberán ser denunciadas, como lo establece el tratado, ante la justicia paraguaya, luego de que sean saneadas, una a una, las dependencias para que paguen por sus actos y devuelvan lo sustraído.

    La cogestión plena en la binacional podrá darse luego de la entrada en vigencia del Anexo C revisado, ocasión en que las deudas pendientes de pago con; a) el Gobierno argentino; b) por asuntos contractuales pendientes (litigio con las constructoras) y c) con las Altas Partes por compensación en razón de territorio inundado estén debidamente canceladas.

    La forma de cancelación de estas cuentas está claramente indicada en el propio Anexo C, hoy caduco, donde se establece que los saldos de dichos compromisos deberán ser asumidos totalmente por las Altas Partes contratantes, en la proporción en que hayan utilizado la producción energética de la binacional, criterio más que justo, ya que quien más utilizó, más pagará y viceversa.

    Al Paraguay, por lo retirado hasta la fecha, le corresponde pagar el 6% del total del saldo de la deuda. El restante 94% de la deuda es responsabilidad exclusiva de la República Argentina.

    El nuevo escenario financiero previsto para la binacional, luego de los 40 años de vigencia del tratado, que ya debió estar vigente desde hace dos años, permitirá nuevos acuerdos, partiendo de la libre disponibilidad de la energía perteneciente a cada Alta Contratante y de la deuda cero.

    El Gobierno de la República del Paraguay, hoy a cargo del presidente Horacio Cartes Jara, no debería permitir la realización de ninguna obra en el tramo compartido del río Paraná, así como debe evitar la modificación del Anexo A, hasta tanto se resuelvan satisfactoriamente la revisión y la aplicación del nuevo Anexo C . La nación paraguaya así lo demanda.

    (*) Presidente de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico Paraguayo (Aisep).

    orlandovaldes@outlook.com

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  35. Crisis vs. oportunidad

    Por Axel Benítez Ayala, (*)

    Sun Tsu (500 aC) ya nos instruía que “… el general que gana una batalla hace muchos cálculos en su cuartel, considera muchos factores antes de que esta se libre. El general que pierde una batalla hace pocos cálculos en su cuartel, considera pocos factores antes de que esta se libre. Muchos cálculos llevan a la victoria, pocos cálculos llevan a la derrota …”; por lo que el arte de la estrategia está íntimamente ligado desde la antigüedad al estudio de todos los escenarios posibles.

    Desde el año pasado, el propio Ejecutivo promueve la realización de talleres de liderazgo en los que el “top end del liderazgo norteamericano, John Maxwell”, se cansó de repetir a la selecta audiencia (mayoritariamente funcionarios públicos, muchos con cargos directivos) reproducida por los medios, ante la pregunta obligada: ¿Cuáles son las claves motivadoras para lograr el objetivo final? “… Trabajo en equipo, no se puede hacer esto solo. Visión, uno tiene que saber adónde quiere ir, tener un plan. Capacitación, hay que capacitar a la gente. Intencionalidad, uno debe permanecer enfocado, ser continuo; es un trabajo de todos los días hasta que se convierte en modo de vida. Y, finalmente, las personas …”.

    Quizás sea muy pronto para que estas sabias enseñanzas hayan sido internalizadas por los líderes de nuestro equipo negociador internacional, quienes tratan de llevar adelante la revisión por los 40 años del Anexo C, pactado en el Tratado de Yacyretá; una renegociación estratégica para el país, ya que no solo sentará las bases de nuestro próximo desafío similar con el Tratado de Itaipú (2023); sino también la oportunidad para integrarnos al contexto regional o, en caso de perderla por simples dádivas, a seguir excluidos del Mercosur real por nuestros vecinos. “Es como si el Paraguay fuera una gran rotonda, donde todos los proyectos regionales solo pegan la vuelta”, advertía hace unos años una colega del sector.

    El tema es complejo, dentro de la geopolítica regional, donde se mueven profundos intereses estratégicos, no solo comerciales, por sobre los de “un buen ambiente o de la simple buena fe” de los gobiernos de turno; pero no por ello imposible. En este buen ambiente de negociación, cuando los intereses son comunes, la energía (entre otros) juega un papel estratégico fundamental, ya que es bien sabido que “sin energía no hay desarrollo”. Así como se deben negociar principios para luego ajustar posiciones. Si esto no es comprendido, los resultados son obvios y están a la vista.

    Abordando un poco más el tema, podemos observar que todos nuestros vecinos atraviesan en el presente una crisis energética de variados componentes, pero con el mismo resultado y producto (energía); pero analizaremos puntualmente el caso de Argentina, ya que “lo urgente prima sobre lo importante”, si lo vemos a través de Yacyretá.

    Para el nuevo gobierno argentino la energía es una prioridad. Por ello, primero reordenó la casa y elevó de simple secretaría a ministerio este sector y, tratando de paliar la alta demanda inminente de la energía eléctrica (EE) que venía siendo impulsado por una ola continua y creciente de calor, que estalló el 12/02/2016, con máximos históricos de potencia (25.380 MW) y energía (524 GWh) del SADI para un día hábil.

    Se debió recurrir, en carácter emergencial, a la importación de energía eléctrica, a pesar de los cortes rotativos dispuestos y realizados (< 5% del pico de la demanda) entre otras medidas.

    Cabe añadir que en el 2015 Argentina importó un total de 1.702 GWh, de los cuales solo el 6,6% provino de la ANDE de nuestro país, ya que en la EBY le cedimos unos 7.361,5 GWh, suficientes para atender el 5,4% de la demanda total del SADI (136.415 GWh, equivalentes a unas 10 veces nuestra demanda nacional ANDE).

    Sin embargo, la parte argentina de la EBY también nos informa que la producción de este primer bimestre del 2016 fue de unos 3.600 GWh, de los cuales la ANDE solo retiró unos 579,76 GWh (15.8% o 400 MWm). Quizás ello explica por qué Argentina dilata el tema, aunque subliminalmente ya lo han expresado “primero la energía; luego el resto”; reflejo de la realidad actual del vecino país y muy diferente a nuestra posición negociadora.

    Su canciller Susana Mabel Malcorra (ingeniera eléctrica y exjefa de Gabinete de la ONU) expresa en su propio portal que durante los primeros 100 días de su gestión: “… sobresalieron los acercamientos bilaterales con los países vecinos de Argentina: Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, sobre todo en asuntos comerciales y de integración en materia energética y de transporte, obras de conectividad …”.

    Sin hacer juicio de valor alguno sobre el rol de la ANDE, ni de nuestra Cancillería en este contexto; ya que es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo; cabe acotar que en los dos últimos años, la producción de nuestra central Acaray fue superior a los 1.000 GWh, de los cuales se “exportó” a Ebisa de Argentina solo alrededor del 12%, en promedio.

    Nuestro Sistema Interconectado (SI/ANDE 2015), según mis cálculos (ya que la ANDE no provee información adecuada en tiempo y forma) fue abastecido en un 74,9 de fuente Itaipú, más un 18,4% de fuente Yacyretá y un 6,7% de fuente Acaray. De esos aproximadamente 14.170 GWh totales demandados anualmente por la ANDE en el 2015 (1.620 MW-medios o MWm); o sea, las pérdidas totales oficiales del SI/ANDE (25% admitidas en la Memoria Anual); se llevaron todo el aporte de las fuentes EBY (18.4%) más Acaray (6.7%).

    Sin embargo, escuchamos decir a través de la prensa, que la ANDE alega falta de inversión en el SI/ANDE ante los últimos siniestros ocurridos en la estación de Lambaré y en la de San Lorenzo; a pesar de que cuenta actualmente con unos 5.000 MVA de Potencia instalada en alta tensión (AT), de los cuales solo el 51% en media etnsión (MT- 23 KV), para atender una demanda real de poco más de 1.220 MWm facturados.

    La propia Memoria Anual ANDE admite un factor de carga del 58%. La Itaipú, a través de su propio director ejecutivo paraguayo (James Spalding), confirmó que la ANDE este 2016 contrataría solo unos 1.300 MWm. Entonces el problema de la ANDE es la falta de inversión (eficaz) o de gestión.

    El siniestro del 18/02/2016, 23:30, en la estación San Lorenzo se produjo coincidentemente, el mismo día, pero horas después de que se alcanzara el pico récord de la demanda nacional, casi unos 3.000 MW; sumada la exportación adicional continua a la Argentina de unos 70 MW por la estación Guarambaré. Debido este siniestro Clorinda se quedó sin energía por un tiempo menor a una hora.

    ABC Color publico el día 08 de este mes lo siguiente: “Según reportó el Ing. Miguel Ángel Báez, jefe de operaciones del departamento de Despacho de Cargas de la ANDE, exportaron al vecino país un total de 9.158 megawatts/hora (MWh) … Haciendo los cálculos estimativos en función a la tarifa, por esta operación la ANDE debió facturar unos US$ 5 millones, … y en este momento incluso se está utilizando toda la potencia disponible de Yacyretá para Paraguay, que ronda los 650 MW”.

    La pregunta obligada es si esos montos logrados por la exportación de energía emergencial a la Argentina cubren los costos del siniestro ocurrido. No hago juicio de valor si esa exportación por la Estación de Guarambaré fue la causante del siniestro en la Estación de San Lorenzo, a pesar de que estas estaciones están interconectadas, ya que la ANDE no publicó o desconozco el informe técnico oficial respectivo.

    Podemos observar que Argentina, en este contexto, según nos informa Cammesa, importó el “minimum (minimorum)” de energía eléctrica de la ANDE (Paraguay), la pregunta obligada es por qué, ya que es el único país de la región que cuenta con genuinos excedentes hidroenergéticos de toda la región de manera sustentable. ¿Por qué Argentina debió importar energía de origen térmico (por ende más cara) de otros vecinos en una situación emergencial? ¿Por qué esta coyuntura de crisis energética no fue aprovechada para renegociar favorablemente la EBY, entre otros, tal como lo hizo Bolivia y/o Chile en su oportunidad? Los logros de ENDE (Bolivia) en obras y comercialización están disponibles en Internet.

    Michael Porter nos define claramente: “La ventaja competitiva es cualquier característica de una empresa que la distingue del resto y la sitúa en una posición superior para competir”. ¿Cuál es nuestra principal ventaja competitiva como país en este contexto? Justamente es la energía que producimos y no consumimos y por ende cedemos a nuestros socios condóminos. Este concepto lo entendió muy claramente el prestigioso economista Jeffrey Sachs en su trabajo ““Leveraging Paraguay Hydropower for Sustainable Economic Development“; en el que presagia un rol fundamental para nuestra energía en esta década; si negociamos adecuadamente nuestros excedentes.

    El gran maestro Osho nos enseñaba que “solo un gran problema, una gran crisis, hace pensar al hombre en el cambio, ya que así es como nos han educado”; por lo que el momento es hoy para convertir la crisis energética actual en oportunidad; donde la energía juega un rol estratégico en dicha negociación. Bolivia así lo entendió y muy bien, sacando réditos concretos de esta ventaja competitiva este 2016, negociando energía con Argentina.

    Hay muchos porqués y muy pocas respuestas, pero de lo expuesto se puede deducir que el problema es más interno que externo; más de negociación que de comunicación; ya que estaríamos repitiendo lo ya citado precedentemente por John Maxwell.

    Muchos de los lectores opinaran que es mayor mi crítica a mi aporte; pero les recuerdo (aunque está publicado en internet) que en el 2010; presente en el IX SESEP del CIGRE, capítulo PY, sin pena ni gloria un trabajo innovador titulado “Conveniencia de Intercambiar Energías Excedentes Renovables por Combustibles Líquidos; Caso Paraguay – Argentina” entre otros, paper (de la tesis de maestría), que me tocó disertar con cierto éxito en algunos congresos internacionales de la región; pero que a nivel nacional lastimosamente fue ignorado; fiel al mensaje bíblico de que “nadie es profeta en su tierra”.

    Creo que no es el momento de buscar culpables en el sector (que los hay y muchos), sino de producir sinergias, no más prueba y error para que se puedan capacitar las autoridades de turno (legos en el sector); independiente de las ideologías políticas que siempre existirán. Parafraseando al papa Francisco, “primero la patria; luego mi negocio”. Las respuestas más que del propio Ejecutivo deben provenir primero del sector energético local, como parte integrante y protagónico de nuestra sociedad.

    (*) Ing. electricista y electrónico por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (1984). Máster en Administración y dirección de empresas (2000), UA-Paraguay. Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel-UFRJ-Brasil.

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  36. La vigencia plena del Anexo C es impostergable

    Por Ing. Orlando Valdés (*)

    La Cláusula IX del caducado Anexo C del Tratado de Yacyretá establece que “las disposiciones del presente anexo serán revisadas después de transcurrido un plazo de cuarenta años, a partir de la entrada en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por la binacional Yacyretá para la construcción del aprovechamiento y la relación entre potencias contratadas por las entidades de ambos países”.

    El Anexo C establece en una de sus disposiciones la forma de calcular la tarifa de la energía producida por Yacyretá durante los primeros 40 años de vigencia del Tratado. Con posterioridad a esos 40 años de vigencia el documento debe ser revisado y para eso establece dos parámetros que deberán ser considerados para la determinación de la tarifa de la energía que genere la central hidroeléctrica paraguayo/argentina.

    La nueva forma de calcular la tarifa de Yacyretá considerará el grado de amortización de la deuda, que en principio ya debería ser cero, y sí así no lo fuere, deberá tenerse en cuenta la relación de potencias o energía consumida por las Altas Partes contratantes, a fin de que en esa proporción cada socio de la binacional se responsabilice por el saldo restante.

    Deuda cero

    Así las cosas, queda claro que después de cuarenta años de la firma del Tratado de Yacyretá cada alta parte acordará un Anexo C, en el cual la premisa de partida es que la deuda de la Entidad Binacional Yacyretá contraída para su construcción deberá ser cero.

    Como se puede observar, la simple aplicación de lo establecido en el artículo IX en el Anexo C solucionaría toda la vergonzosa situación en que se encuentra la binacional Yacyretá, secuela de décadas de sistemática violación del Tratado y de sus documentos complementarios, propiciada por todos los que fueron designados para gestionar dicho emprendimiento.

    Trataremos de ejemplificar cómo afectaría a las finanzas de la binacional la correcta aplicación de lo establecido en el numeral IX del Anexo C. Consideraremos que el saldo de la deuda a ser pagada por los préstamos realizados para su construcción es de 1.000 millones de dólares.

    El Anexo C establece que si hubiere saldo de la deuda, la misma deberá ser asumida por las Altas Partes contratantes en la proporción a la cantidad que utilizaron en el periodo de 40 años de vigencia del tratado.

    Como el Paraguay consumió en ese periodo aproximadamente el 10% de la producción total y el 90% la Argentina, la distribución de la deuda quedaría de la siguiente manera: Paraguay: 100 millones de dólares; Argentina: 900 millones de dólares.

    Estos valores ya no deberán incidir en el precio de la energía, y si así se decidiere hacer, cada 50% de la producción será incrementado en la proporción en que cada alta parte adeude a los acreedores de la binacional.

    El Paraguay, si así lo decide, aumentará la tarifa de su 50% de energía en lo necesario para pagar sus 100 millones de dólares, en el plazo que se decida.

    La Argentina podrá hacer lo mismo, solo que considerando los 900 millones de dólares correspondientes a su deuda. Es importante recordar que esta metodología de cálculo de la tarifa debió aplicarse desde hace dos años.

    Este ejemplo es aplicable a la deuda de la binacional, por ser el criterio establecido en el Anexo C, cualquiera sea el monto final de ella.

    Las combinaciones o alternativas de solución a la actual situación de la deuda de la EBY con el Gobierno de Argentina son varias; sin embargo, todas tienen un punto en común, la necesidad de que Argentina asuma su responsabilidad por el hecho de haber utilizado para su desarrollo el 90% y más de la energía producida por la binacional Yacyretá.

    Sin este sinceramiento por parte de nuestros socios en el emprendimiento no será posible llegar a ningún acuerdo, porque se estaría violando una vez más el Tratado de Yacyretá y se estaría obligando a varias generaciones de paraguayos a pagar por la energía utilizada por Argentina para el desarrollo de su pueblo. Esta situación es injusta e inadmisible y no existe ninguna razón para que los paraguayos, todo el pueblo paraguayo, admitan que esto suceda.

    Mientras el Anexo C revisado no esté en plena vigencia, el Gobierno de la República del Paraguay no debe permitir la elaboración de ningún proyecto y mucho menos la ejecución de ninguna obra compartida sobre el río Paraná. La población paraguaya debe estar atenta a los acontecimientos que guardan relación con Yacyretá, esto porque es de público conocimiento que todas las administraciones de la entidad, salvo contadas excepciones, han sido y siguen siendo entreguistas.

    (*) Presidente de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico Paraguayo (Aisep).

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  37. Imperdonable desperdicio
    En su reciente encuentro en Buenos Aires, los presidentes Mauricio Macri y Horacio Cartes acordaron llegar a alguna solución inicial en el tema Yacyretá en la primera quincena de abril próximo. “La predisposición para que tengamos el momento final, para que estemos todos conformes, creo que estamos cada vez más cerca”, expresó en su particular estilo el Primer Mandatario paraguayo, al tiempo de resaltar la “extraordinaria predisposición” del Gobierno del país socio en la entidad binacional.

    El Primer Mandatario paraguayo podría fallar en el perentorio plazo acordado para su objetivo de llegar a un acuerdo inicial sobre el tema, pero aunque así sea, comprobó algo importante: la política exterior argentina ha cambiado. Macri prometió cambio, y está dispuesto a cumplirlo.

    La era Kirchner dejó a la Argentina con una masiva deuda pública que vencerá durante los cuatro años de gestión del actual presidente. A criterio de expertos en la materia, el Gobierno argentino necesita financiamiento internacional de corto plazo de al menos US$ 20.000 millones para alcanzar un acuerdo con sus acreedores, y para evitar una devaluación y más alta inflación. A más de eso, necesita con urgencia paliar como sea el agudo déficit de electricidad que mantiene en zozobra a la gente, sobre todo en el Gran Buenos Aires, donde se concentra gran parte de la población del país.

    Desde que asumió el poder, con una visión realista Macri ha impulsado una serie de medidas institucionales, legales y diplomáticas destinadas a recomponer el aparato productivo nacional, concertar acuerdos con los acreedores foráneos y frenar el despilfarro estatal para arreglar la casa. En ese orden de cosas, ha puesto paños tibios a la controversia con Gran Bretaña relegando el histórico reclamo de soberanía sobre las islas. En el mismo sentido, ha concertado un principio de acuerdo con los tenedores de fondos buitre (que ya tiene la aprobación de los diputados y ahora está en el Senado), reabriendo la posibilidad de acceso a créditos internacionales para salir de la insolvencia que aqueja al país y así impulsar de nuevo el crecimiento económico.

    Aunque el gobierno kirchnerista puso en marcha una serie de ambiciosos proyectos energéticos destinados a paliar la aguda escasez de electricidad por la que atraviesa el país, como la central nuclear de Atucha III y las represas hidroeléctricas de Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en la austral provincia de Santa Cruz, ellas están virtualmente paralizadas.

    De ahí que especialistas del sector eléctrico paraguayo den como un hecho que, de cara al incierto futuro energético que afronta el vecino país, las autoridades argentinas tratarán de alguna manera de avanzar hacia un rápido acuerdo con el Gobierno paraguayo para destrabar el impasse surgido en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), paso previo para viabilizar el aumento de su capacidad de generación mediante el agregado de más turbinas en la central y en el brazo Aña Cua.

    Si a esto se agrega un acuerdo para lanzar lo antes posible una licitación pública internacional para construir Corpus, la perspectiva de contar con electricidad abundante, barata y segura, es una opción realista al alcance del gobierno del presidente Macri.

    Una muestra concreta del realismo de la actual política exterior argentina con relación a nuestro país es su promesa de levantar las arbitrarias restricciones impuestas por el gobierno kirchnerista a la navegación por la hidrovía Paraguay-Paraná a los buques de bandera paraguaya, así como la facilitación de accesos portuarios indispensables para nuestro comercio exterior y el fin de las trabas al comercio fronterizo.

    Otra señal positiva de cambio en la relación bilateral es el pago de la deuda atrasada que tiene con nuestro país, por la cesión de nuestra parcela de electricidad generada en la usina hidroeléctrica binacional.

    Tomado en su conjunto, el clásico realismo geopolítico que el presidente Macri está demostrando en su política exterior y nuestra condición de socio indispensable para cualquier emprendimiento hidroenergético binacional en el río Paraná, hace posible pensar que ambos gobiernos avanzarán rápidamente hacia un acuerdo mutuamente satisfactorio y equitativo en la EBY. No ya en una negociación entre amo y siervo, como virtualmente nos consideraban los gobiernos argentinos anteriores, sino entre pares, con iguales derechos y obligaciones.

    Argentina necesita desesperadamente electricidad, y Paraguay tiene la palanca para darle una gran mano en la crítica coyuntura en que se encuentra, teniendo en cuenta que a través de otras opciones le llevará más tiempo salir de la crisis y le será más costosa. Cada día que pasa, la Argentina desperdicia miles de kilovatios que se llevan las aguas del río Paraná hasta el Atlántico, sin ningún provecho para nadie. Sería de la mayor conveniencia para ese país que el presidente Macri considere en forma positiva las condiciones de Paraguay, que no son extorsivas ni mucho menos, sino justas.

    Demasiado tiempo que estamos regalando nuestra electricidad a precio ridículo. Es momento de ponerse de acuerdo sobre una cuestión de alcance estratégico que mucho más importa a Argentina que a Paraguay. Dada la total predisposición del Gobierno paraguayo de avanzar rápidamente hacia un entendimiento en la crisis de cogestión en la EBY, con un enfoque realista en los mutuos intereses allí en juego, el presidente Macri tiene en sus manos la oportunidad de revertir en cuatro años la década perdida por el gobierno de los Kirchner en la EBY.

    El trato denigrante y ofensivo que en tal lapso hemos soportado en la usina hidroeléctrica binacional ha contribuido para erosionar seriamente nuestra creencia en la buena fe de nuestros socios en el emprendimiento hidroenergético binacional.

    Por lo tanto, es de esperar que el gobierno del presidente Macri nos devuelva la confianza mutua que debe existir entre dos naciones hermanas asociadas en igualdad de condiciones en emprendimientos estratégicos permanentes, y se proceda de inmediato a corregir el imperdonable desperdicio de energía hidroeléctrica que está ocurriendo en el río Paraná.

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  38. Una historia de nunca acabar

    Por Ing. Oscar Gómez Varela (*)

    Comienza una nueva ronda de negociaciones por Yacyretá con Argentina y van cuántas ya… Hay cuestiones fundamentales que debemos conocer todos los paraguayos, porque si no se aclaran antes será un fiasco monumental.

    1. En Argentina ya no existe la entidad que era contraparte de ANDE, Agua y Energía, se privatizó totalmente para el manejo del tema eléctrico, esto indica que han cambiado las bases de nuestro acuerdo anterior.

    2. El Dr. Carlos Menem, expresidente argentino, dijo alguna vez que Yacyretá era un monumento a la corrupción (¡cierto!), pero lo que no dijo después es que su hermano a veces o su sobrino en otras se llevaban de la entidad fuertes sumas de dinero sin firmar papel alguno. Porque desde luego sobre el cobro de “coimisiones” no se firman recibos.

    Si en la entidad hay algún paraguayo que tenga en las venas sangre y no agua, puede certificar la verdad de lo que estoy diciendo.

    3. El Dr. Domingo Cavallo vino aquí a tratar de imponernos la peregrina idea de que Argentina no pondría más fondos ni garantías, eso lo hizo porque en la época de Menem este caballero era ministro y a Yacyretá la querían regalar a la Enron, una firma norteamericana de aventureros que finalmente quebró en forma espectacular. Si se hubiera procedido a entregarle a esta empresa, ¿se imaginan la suerte que le hubiera tenido Yacyretá?

    Con esos tres ejemplos ya se tienen suficientes argumentos para cambiar totalmente el rumbo de las negociaciones con Argentina hoy. No es aceptable seguir con los mismos términos del tratado que firmamos por anticuado y fuera de época.

    Estamos en condiciones de poner lo que a Paraguay le corresponde, para ser socios realmente igualitarios en los emprendimientos que vienen de acá para adelante por la sencilla razón de que si así se procede. La energía es nuestra, la debemos manejar nosotros y el precio debe ser el del mercado.

    El presidente dijo ayer que el número del personal paraguayo dobla el de la Argentina en la entidad, pero es bueno decirle a este señor que ese es el pequeño analgésico que nos dan para tener, entre otras cosas, a los oportunistas que pululan en Yacyretá.

    No se busca el escándalo, pero hay muchas soluciones para defender nuestros intereses en la entidad, es cuestión de consultar con los mejores y veremos cuál es el camino a elegir.

    En una próxima entrega nos referiremos al cuento de que no se puede conseguir beneficios en la generación de la energía tanto Yacyretá como en Itaipú. Hay que decir que Brasil construyó el Aeropuerto de Foz, la refundación de Foz, la ruta Foz-Guaira, el puente que conecta Guairá-Paraguay con Guairá-Brasil, las rutas que van de San Pablo a Campo Grande, a Curitiba y a Porto Alegre, se ensancharon puentes y se colocó concreto asfáltico de 20 cm de espesor, todo esto se hizo cargándole la cuenta a Itaipú.

    Del lado paraguayo se hizo la ruta Ciudad del Este-Salto del Guairá, aparte de un buen sueldo de directores, parientes o amigos en los puestos de nuestro lado y otras entreguitas por pequeñas cosas que se hacen. Lindo acuerdo, ¿qué tal?

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  39. Líneas estratégicas para buscar la solución

    Por Ing. Óscar A. Gómez V.

    Con el nombramiento provisorio del Ing. Ángel María Recalde en un puesto que ya ocupó, sujeto a la aprobación del Congreso de la República, es oportuno que se diga algunas cosas referentes a este tema fundamental. De la actuación del Ing. Recalde nos ocuparemos al final de este artículo.

    Lamentablemente la actuación de la mayoría de nuestros funcionarios del más alto nivel en los cargos directivos de Yacyretá e Itaipú ha sido una desgracia para nuestro país. Nunca se defendió los verdaderos intereses del Paraguay y, sin temor a equivocarnos, las dos centrales son el más grande activo que tiene nuestro país, pero los paraguayos no lo hemos cuidado como corresponde.

    De acuerdo con la tasación del Banco Mundial, las dos centrales son de un valor del orden de unos 100.000 millones de dólares y que mediante la “patriótica acción” de los funcionarios, que en la mayoría de los casos actuaron con auténtico desdén para defender los intereses de nuestra República, no fueron bien resguardados.

    Cuando uno critica algo, la obligación del que critica es:

    1. Decir la verdad.

    2. Plantear soluciones posibles para que haya un cambio de rumbo necesario e indispensable.

    La contratación del economista de prestigio internacional, el Sr. Jeffrey Sachs, por parte de nuestro país fue muy buena, pero la acción no fue completada. La energía no es solamente Itaipú, es también Yacyretá, nuestras penurias en ésa central son absolutamente evidentes debido al mal manejo.

    Tuve la oportunidad de comentarle al exministro de Hacienda, el Sr. Manuel Ferreira, que fue muy acertada la contratación del técnico. No obstante, si se hubiera pensado en el premio nobel de Economía del año 2001, el Sr. Joseph Stiglitz para Yacyretá, la situación habría sido muy diferente.

    Una solución posible

    Paso a esbozar una solución que se podría aplicar en Yacyretá, es importante que se entienda que el arreglo de cuentas en Yacyretá será largo y complicado, pero esto no debe ser un impedimento para que se realicen otras labores en el río Paraná. Se debe plantear y seguir discutiendo sobre Yacyretá con Argentina, pero se tiene que saber que este país no tiene apuro sobre el esclarecimiento de esa deuda, ya que la energía de esa central prácticamente es manejada por la Argentina. Como se dice en el lenguaje popular: lo hecho, hecho está. Y ese es nuestro problema.

    La diferencia de criterio con la Argentina en Yacyretá no puede ser obstáculo para que se realicen otros emprendimientos, incluyendo también a Brasil, tales como:

    a) La maquinación de Yguazú.

    b) La construcción de la central en el vertedero Aña Cua del río Paraná en Yacyretá.

    c) Finalización de la construcción del desvío de aguas del embalse de Yacyretá hacia nuestro territorio para riego, en Paraguay esa obra se conoce como obra del “Puente Canal“, que permitiría regar más de 150.000 hectáreas para agricultura en nuestro país.

    d) La construcción de dos grandes centrales sobre el río Paraná, con turbinas horizontales.

    Todas estas obras, si son ejecutadas, representan casi el 80% de todo lo que es Itaipú, vale decir alrededor de 11,2 millones de MW/h.

    Nos ocupamos ahora de la actuación del Ing. Ángel María Recalde. Este profesional defiende su “brillante gestión” tratando de convencernos de que el acuerdo era bueno para los intereses paraguayos, enorme cinismo hay en este punto.

    Pagar la deuda por unos 42 años a un precio irrisorio no tiene justificativo, se pretendía que el precio sea de 17 US$/MWh. Mientras la energía en Itaipú hoy cuesta 44 US$/MWh y puede imaginarse el paraguayo cuánto costará de aquí a 40 años, agregando además de lo que Paraguay podría disponer, que sería solamente de 5.825 de MW/h.

    Hay que hacer saber a los que no saben todavía, que éste señor cumplía órdenes del inefable Nicanor Duarte Frutos, aliado de los Kirchner, que quiso actuar como canciller desde su puesto de embajador en Buenos Aires.

    Quiero dejar constancia de que los valores técnicos los obtuvimos mediante discusiones con el Ing. Carlos M. Cardozo y bueno es que se diga que esto debe debatirse en el más alto nivel técnico y político para sacar una conclusión positiva para el país.

    (*) Especialista en temas energéticos

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  40. Señor juez

    Por Juan Antonio Pozzo Moreno

    No hay mayor honor que se le pueda conferir a una persona como la autoridad para juzgar y sentenciar, aplicando las leyes a otras personas. Aunque jurídicamente son un órgano judicial, los jueces o magistrados son considerados habitualmente como funcionarios públicos estatales integrantes del Poder Judicial.

    La concepción de juez encuentra justificación racional en la experiencia, conocimientos, destreza, capacidad, sensibilidad e identidad adquiridos en el desempeño de la labor de impartir justicia.

    Es ideal que el Poder Judicial, con el propósito de la prestación del servicio público de justicia a la ciudadanía, se encuentre en manos de los más calificados y más valientes jueces con experiencia.

    Lamentablemente, en nuestro Poder Judicial este ideal sigue siendo una utopía. La mayoría de los jueces que lo integran faltan conscientemente a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su injusticia.

    No caben dudas de que la peor falta de un juez es prevaricar en la sentencia de un juicio. Una muestra de ello se observa en el Acuerdo y Sentencia Nº 280 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de junio de 2011. En efecto, los magistrados Antonio Fretes, Alicia Pucheta de Correa y Miguel Óscar Bajac declararon inaplicable la Ley 1161/97 que, según decían, no podía prevalecer sobre los Tratados de Itaipú y Yacyretá. Es más, el contralor general se encontró de pronto con que la Sala Constitucional también derogó de facto el Artículo 238, inciso 4, de la Constitución Nacional, que le otorgaba la fiscalización de las cuentas nacionales de Itaipú y Yacyretá.

    La reacción ante tamaño desaguisado no se hizo esperar. ¿Habrán sobornado a los miembros de la Corte Suprema de Justicia?, editorializó ABC Color el 24 de junio de 2011. Pero las indignidades superan la imaginación, los vástagos y parientes de los que se pronuncian sobre los intereses nacionales, con sentencias fraudulentas, pululan en las nóminas de las entidades binacionales.

    Jueces valientes

    Sin embargo, encontramos que los magistrados brasileños, jueces y fiscales, son excepcionalmente valientes. Desconectados de los avatares políticos, actúan con libertad y soberanía. Están por sobre la política y solo temen no ser lo suficientemente justos que puedan poner en riesgo su majestad. Es importante destacar que el vecino país, profundamente inficionado por la corrupción, sostiene su gobernabilidad gracias a sus incorruptibles jueces.

    Al respecto, Francisco, el 18 de junio de 2014, durante una audiencia, exhortó al Consejo Superior de la Magistratura italiana a seguir el ejemplo de los magistrados Vittorio Bachelet y Rosario Livatino.

    Livatino fue asesinado por la mafia y está en proceso de beatificación. Por otro lado, Vittorio Bachelet estuvo al frente del Consejo Superior de la Magistratura en tiempos muy difíciles, siendo víctima del terrorismo durante los llamados “años de plomo”.

    Estos jueces, señaló el Santo Padre, fueron leales a las instituciones y valientes al defender la justicia y la persona humana. Ambos ofrecieron un testimonio ejemplar del estilo propio del fiel laico cristiano; leal a las instituciones, abierto al diálogo, firme y valiente cuando se trataba de defender la justicia y la persona humana.

    Las normas jurídicas

    Francisco también recordó que las normas jurídicas están destinadas a tutelar la libertad e independencia del magistrado para que pueda cumplir con las necesarias garantías su importante y delicada tarea para así responder adecuadamente al encargo que la sociedad les confía, manteniendo una imparcialidad irrebatible.

    Jueces independientes

    Para el Santo Padre, la independencia del magistrado y su objetividad de juicio requieren una aplicación atenta y puntual de las leyes vigentes. La certeza del derecho y el equilibrio de los diversos poderes de una sociedad democrática encuentran su síntesis en el principio de legalidad, en nombre del cual el magistrado actúa. Del juez, advirtió, dependen decisiones que repercuten no solamente en los derechos y los bienes de los ciudadanos, sino que atañen a su misma existencia.

    Prudencia

    Afirmó el Sumo Pontífice que entre las cualidades intelectuales, psicológicas y morales del magistrado se destaca la prudencia, que no es una virtud para quedarse quieto, para decir que soy prudente y me paro. ¡No!, exclamó, es una virtud de gobierno para sacar adelante las cosas, la virtud que lleva a sopesar con serenidad las razones de derecho y de hecho que deben estar en la base del juicio.

    Se tendrá más prudencia cuando se posea un equilibrio interior capaz de dominar el influjo derivado del carácter propio, del propio punto de vista, de las propias convicciones ideológicas.

    Lo que la sociedad espera de sus magistrados

    Francisco señaló que la sociedad espera mucho de la magistratura italiana, sobre todo en un contexto como el actual que se caracteriza, entre otras cosas, por la aridez progresiva del patrimonio de valores y de la evolución de las estructuras democráticas.

    Finalmente, los exhortó a no decepcionar las legítimas expectativas de la gente y a esforzarse siempre en ser “un ejemplo de integridad moral para toda la sociedad”.

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  41. La electricidad que Argentina necesita pasa por arreglar antes las cuentas en Yacyretá

    Aunque el mantenimiento del statu quo que le favorece en la usina hidroeléctrica binacional de Yacyretá es una necesidad para la Argentina, al mismo tiempo no deja de serle un perjuicio, porque le impide ampliar la capacidad de generación de la usina mediante la terminación de la presa de compensación de Itacorá-Itatí, prevista en el Tratado, la maquinización del brazo Aña Cua y la instalación de turbinas generadoras adicionales en la central existente, mientras el Gobierno paraguayo se mantenga firme –como corresponde– en su posición de no acceder a ninguna obra de ampliación hasta tanto el Gobierno argentino acepte transparentar las cuentas en la entidad binacional.

    Es más perjudicial aún si el impasse impide que ambos socios acuerden la construcción de la represa de Corpus, que representaría para la Argentina un aumento de su capacidad de generación eléctrica equivalente a lo que para Brasil representa actualmente su segunda mayor usina hidroeléctrica después de Itaipú, la de Belo Monte, sobre el río Xingú, en el estado de Pará, cuya primera turbina acaba de entrar en operación.

    La Argentina se debate en aguda crisis en cuanto a suministro de electricidad a sus habitantes, la que, sumada a la desaceleración de su crecimiento económico, obliga al gobierno del presidente Mauricio Macri, al sector privado productor y al pueblo entero a ajustarse el cinturón. Mientras tanto, en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) las autoridades argentinas siguen dilatando el arreglo de cuentas indispensable para sanear la administración del ente binacional, de conformidad con los mecanismos previstos en el Tratado.

    La pertinacia del Gobierno argentino en dilatar una avenencia que ponga fin al caos administrativo y financiero implantado por sus representantes es una estrategia más perjudicial para ellos que para nosotros, habida cuenta de la desproporción existente entre la necesidad de electricidad en ambos países y la capacidad de generación del vital insumo universal.

    Desde que entró en operación la usina binacional, la estrategia del Gobierno argentino se centró en apropiarse de la máxima cantidad posible de energía paraguaya, al mínimo precio. Para ello se valió de un mecanismo muy sencillo pero eficaz: el encubierto soborno de las autoridades paraguayas, a nivel nacional y operacional, en forma de salarios estratosféricos para el personal paraguayo destacado en la administración binacional, y en supuestos programas de “asistencia social” por cientos de millones de dólares para los gobernantes de turno, que nunca ingresaron a las arcas fiscales y de cuyo destino ninguno de ellos dio cuenta jamás. A propósito, es de conocimiento público por declaración del exdirector ejecutivo argentino, Óscar Thomas, que el actual gobierno de Horacio Cartes recibió US$ 130 millones a libre disposición apenas asumido el poder. ¿En qué se invirtió ese dinero, más allá de una que otra ayuda a sectores populares carenciados estruendosamente publicitados? Nadie sabe.

    Con semejante recuento de venalidad y falta de patriotismo por parte de nuestros gobernantes de los últimos tiempos, con toda razón la ciudadanía desconfía que esta vez también, tanto en Yacyretá como en Itaipú, el Gobierno esté de nuevo rifando los intereses nacionales allí comprometidos. Refuerza esta desconfianza pública la llamativa prioridad y urgencia que el gobierno del presidente Horacio Cartes está dando a la Nota Reversal 6/14 de cogestión, convenida entre gallos y medianoche por el canciller Eladio Loizaga y su par argentino del anterior gobierno de ese país. Contradictoria iniciativa que choca de frente con el objetivo inicial de las conversaciones bilaterales: la revisión del Anexo C y la puesta en orden de la caótica administración unilateral de la usina binacional por parte de los argentinos.

    Este enfoque de desconfianza pública en las verdaderas intenciones del gobierno del presidente Cartes en cuanto al arreglo de cuentas en la EBY no es un error de percepción de la ciudadanía. En efecto, los pasos dados hasta ahora por los negociadores paraguayos en lo que aparenta ser la estrategia del Gobierno nacional no solo fallan en capturar todo el cuadro del despelote existente en la binacional, sino que se tornan además perniciosos, pues la excesiva receptividad que demuestra nuestro gobierno a las propuestas de los argentinos conlleva el peligro de que el Presidente de la República y sus adláteres estén mirando solo sus intereses personales transitorios y no los de la nación.

    La desaceleración del crecimiento económico de la Argentina se ve agravada por el agudo déficit de electricidad que le afecta, con una demanda de alrededor de 23.900 MW, según Cammesa, órgano administrador del sistema eléctrico argentino, lo que le obliga a importar electricidad de Brasil y Uruguay para atenderla en horas pico. Por tanto, le urge aumentar su capacidad de generación. Y la opción más a mano que tiene el gobierno es agregar otras turbinas a la represa de Yacyretá, sea en la propia central o maquinizando el brazo Aña Cua, sin excluir la construcción del embalse de compensación a la altura de Itacorá-Itatí, prevista en el tratado, con el agregado de más turbinas generadoras.

    Mientras tanto, Paraguay está con ventaja, porque le sobran más de 40.000 millones de MW de electricidad por año para exportarla a Brasil y Argentina, pese a la seria crisis de infraestructura eléctrica por la que pasa actualmente.

    Por tanto, en la maraña de detalles que conforma el enredo de la EBY, la mira del Gobierno paraguayo debe estar puesta en un arreglo completo y definitivo de las cuentas y en precautelar que se nos pague puntualmente LO QUE VALE nuestra electricidad. Esa es la seguridad que debe garantizarnos el nuevo Anexo C que se convenga.

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  42. ¡La universidad nacional también!

    Por Ing. Ramón Montanía Fernández (*)

    El director argentino de Yacyretá, Humberto Schiavoni confirmó, hace unos días, que se está realizando una auditoría técnica y administrativa sobre los contratos de reparación de las turbinas firmados con la Voith, cuyo monto estaría por encima de los 200 millones de dólares americanos. El funcionario argentino dijo que “los trabajos de la Voith están siendo auditados por la Universidad Nacional de la Plata, de donde han salido los mejores profesionales de ingeniería”.

    El servicio que ofrece la Universidad de la Plata a Yacyretá tiene un alto costo para la entidad binacional. Nadie duda de la capacidad de los profesores de la Universidad de la Plata para realizar este tipo de trabajo altamente técnico, pero para que haya mayor transparencia en la auditoría “sobre los contratos de reparación de las turbinas firmados con la Voith“, también deben participar las universidades paraguayas, que forman igualmente excelentes profesionales, altamente capacitados para realizar el mencionado trabajo.

    Profesores y estudiantes de las facultades de Ingeniería y de la Politécnica de la UNA deben ser convocados por Yacyretá para participar como representantes de nuestro país en la auditoría técnica, en idénticas condiciones que la Universidad de la Plata.

    De esta manera se estaría dando una excelente oportunidad y la importancia que se merecen a los profesionales compatriotas, además el resultado de la auditoría será altamente creíble y no tendrá objeciones.

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  43. ¡Auditoría profunda en Yacyretá!

    Por Ing. Ramón Montanía Fernández (*)

    El director argentino de Yacyretá, Humberto Schiavoni, confirmó una auditoría técnica y administrativa sobre los contratos de reparación de las turbinas firmados con la Voith.

    Muy plausible la postura del nuevo director argentino de la entidad binacional, porque un administrador responsable, que quiere cumplir bien con “sus deberes”, lo primero que tiene que hacer es conocer cómo y en qué gastaron el dinero de la empresa que va a dirigir y accionar de inmediato si hubo malversación, de manera que los responsables puedan responder ante la justicia de sus hechos ilícitos.

    La impunidad debe ser cero para los corruptos es la única manera de desalentar las acciones de los sinvergüenzas que tantos daños causaron a Yacyretá.

    Por consiguiente, la auditoría en Yacyretá debe ser en todos los niveles y a todas las administraciones que se sucedieron. Es decir, también debe incluir a las administraciones de Schiavoni y Recalde, pues ambos ya fueron, en su momento, directores de la binacional.

    No hay que olvidar que Recalde compartió la dirección de Yacyretá con Óscar Thomas, uno de los más cuestionados directores argentinos que le tocó padecer a la EBY.

    La prensa nacional llegó a publicar violaciones del Tratado que cometieron ambos directores para favorecer a una determinada empresa consultora, con un proyecto de más de 5.000.000 de dólares, que ni siquiera llegó a funcionar.

    El hecho también fue denunciado ante la Contraloría y el funcionario paraguayo de la entidad, el Ing. Aldo Ríos, que descubrió las irregularidades del contrato, “como premio a su excelente trabajo”, fue destituido de su cargo.

    Como se verá, para que la auditoría tenga cierto grado de credibilidad, la Contraloría paraguaya es la que debe realizar una profunda revisión de todo lo actuado en Yacyretá, incluyendo a todas las administraciones.

    Caso contrario se corre el serio riesgo de que se convierta en simple acto de “maquillaje” y encubrimiento que la ciudadanía rechazará rotundamente.

    (*) Ing. Ramón Montanía Fernández, director de la revista especializada Mundo de la Electricidad. Exconsejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

    direccion@mundoelectricidad.com.py

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  44. Macri puede reparar un daño histórico cometido en Yacyretá

    Esperanzadoras son las expresiones vertidas por el nuevo director argentino de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Humberto Schiavoni, en el sentido de reconocer que la deuda de la institución con Argentina ha sido distorsionada y que se corregirán las cifras de la misma. Estas declaraciones deben ser entendidas en el marco de la política de recomposición de las relaciones exteriores del vecino país, que viene impulsando con bastante éxito su nuevo presidente. En efecto, corregir un perjuicio histórico sufrido por el Paraguay en materia de vinculación energética y finalizar la negociación pendiente del Anexo C del Tratado de Yacyretá depende hoy, casi exclusivamente, de la voluntad del ingeniero Mauricio Macri.

    Durante el mes que está por comenzar se cumplirán dos años del plazo establecido por el Tratado de Yacyretá para la renegociación de su Anexo C. Los adelantos en la materia, sin embargo, han sido prácticamente nulos. En gran medida, por la falta de determinación del Gobierno argentino, entonces encabezado por la señora Cristina Fernández de Kirchner –como en su momento por su esposo Néstor– de ajustar la exorbitante deuda que la entidad mantiene con el Tesoro del vecino país.

    Esta semana, sin embargo, se dio un paso alentador. El nuevo director argentino de la EBY, Humberto Schiavoni, admitió que deben eliminarse “todas las distorsiones que el transcurso del tiempo ha proyectado sobre la ecuación económica financiera de Yacyretá”. En efecto, esa desfiguración se debe, en principalísima medida, a la exorbitante deuda que, hasta la manifestación de estos dichos del alto funcionario argentino, el vecino país atribuía a la entidad, haciéndola superar los 18.000 millones de dólares, mientras que Paraguay, basado en precisos cálculos formulados con justificación técnica, sostiene que el monto se reduce a un tercio de esa descomunal cifra.

    Como bien dijo el señor Schiavoni, y así lo ratifican hechos que son de público conocimiento, el nuevo presidente argentino, el ingeniero Mauricio Macri, está desplegando ingentes esfuerzos tendientes a recomponer las relaciones bilaterales de su país con sus naciones vecinas. Es meritorio este esfuerzo de otorgarle un enfoque más constructivo a la vinculación diplomática que Buenos Aires mantiene con sus socios de la región y sus aliados del resto del mundo.

    Esto pudo percibirse hace poco, cuando los cancilleres de Argentina, Susana Malcorra, y del Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, mantuvieron un encuentro que precedió a la reunión de Macri con Tabaré Vázquez, en Colonia, destinada a superar altas rispideces existentes entre Buenos Aires y Montevideo bajo las presidencias del matrimonio Kirchner, como el dragado de ríos compartidos.

    Paraguay no está reclamando, en el ámbito de la EBY, más de lo que le corresponde en estricta justicia, a saber: plena cogestión, pago puntual por la cesión de energía no consumida, adecuación de la deuda a su monto justo, y feliz término de las negociaciones del Anexo C. El Gobierno argentino no debería olvidar que Paraguay ha puesto el 80% del territorio inundado por el embalse de la represa para que su país pueda gozar de mayor producción de la energía eléctrica que perentoriamente precisa para su consumo interno, y que el precio del producto al que nuestro país es forzado por el tratado a venderlo y/o cederlo es irrisorio si se lo compara con las sumas manejadas en el libre mercado.

    En tanto y en cuanto estos presupuestos no se cumplan, el Gobierno paraguayo debe mantenerse inalterable en su posición de no avanzar en la construcción de nuevas obras de aprovechamiento hidroeléctrico, ni en Yacyretá ni mucho menos en el remanido plan de Corpus. Sin embargo, ahora parece ser que con el nuevo espíritu vigente desde la llegada del ingeniero Macri a la Presidencia un entendimiento mutuamente provechoso será alcanzado en breve.

    http://www.ultimahora.com/macri-puede-reparar-un-dano-historico-cometido-yacyreta-n970360.html

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  45. Las implicancias del “blindaje jurídico”

    La Contraloría General de la República, bajo el amparo de la Constitución Nacional, está obligada a realizar una auditoría completa a las diferentes cuentas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), afirmó el abogado Walter Cardozo, integrante de la Comisión para el Cumplimiento del Tratado de Yacyretá (ABC Color, 16 de febrero de 2016).

    Demandó Cardozo sobre la necesidad de identificar que los aportes y los préstamos sean autorizados por leyes con ratificación parlamentaria. Mencionó además –según examen de la Contraloría al Preacuerdo firmado por Ángel Recalde cuando era director– que el 95% de los reclamos argentinos no tienen aprobación del Congreso paraguayo.

    Advierte la Comisión, que el Plan de Terminación de Yacyretá (PTY) quebrantó el Tratado al descartar la construcción del embalse de compensación impidiendo duplicar la potencia de la Central a más de negar a la comunidad de Ayolas la posibilidad de erigirse en importante puerto fluvial.

    ¿Juristas cómplices?

    El 26 de diciembre de 1997, los ministros de la Corte Suprema de Justicia hicieron lugar a la medida de urgencia solicitada por los abogados de Yacyretá, Itaipú y ANDE. Los ministros suspendieron los efectos de la Ley 1161/97, que obligaba a los funcionarios de las binacionales a informar y enviar documentación al Congreso y la Contraloría a través de la ANDE.

    En julio de 2008, ABC Color informaba que “casi diez años después la Corte seguía sin expedirse sobre el fondo de la cuestión con la cual se evitó transparentar las binacionales”. Itaipú estaba representado por el abogado Anastacio Acosta Amarilla; Yacyretá, por Aníbal Scappini, y la ANDE por Marcos Amarilla Lesme. La acción fue patrocinada por los doctores Juan Carlos Mendonca y José Antonio Moreno Ruffinelli.

    La tesis que la ley atacada atentaba contra el artículo 36 de la Constitución, que consagra la inviolabilidad del patrimonio documental de las personas, resultaba “particularmente grave por varias razones: a) le obliga a la ANDE y a los directores y consejeros paraguayos a disponer, exhibir y entregar un patrimonio que no es suyo sino de las personas jurídicas de derecho internacional, Itaipú y Yacyretá; b) pretende que ese patrimonio, al que solo se puede acceder mediante orden judicial, sea entregado y puesto a disposición en forma directa por quienes no están facultados constitucionalmente para ello”.

    Sin embargo, “no vieron” los abogados de las binacionales que el artículo 36 de la CN, sobre la inviolabilidad del patrimonio documental de las personas, se refiere taxativamente a las personas físicas o jurídicas del derecho privado y no a los organismos y entidades estatales o en los que exista participación estatal.

    Años más tarde, el 4 de junio de 2011, el mismo matutino daba a conocer que las Cámaras del Congreso, sus comisiones investigadoras, los parlamentarios, a título personal, así como la Contraloría ya no podrían solicitar los informes a las binacionales Itaipú y Yacyretá a través de la ANDE. Es que después de casi catorce años, la Sala Constitucional de la Corte, con los votos de Antonio Fretes, Alicia Pucheta de Correa y Miguel Óscar Bajac, declararon inaplicable la Ley 1161/97 “Que reglamenta las obligaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)”.

    La insólita decisión, incompatible por donde se lo mire con los intereses nacionales, editorializó ABC Color, el 24 de junio de 2011, con el título “¿Habrán sobornado a miembros de la Corte Suprema de Justicia?”.

    El diario se refería al Acuerdo y Sentencia Nº 280 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 1161/97.

    Parte del editorial expresaba: “Con los trastocados fundamentos normativos de su sentencia, lo que ha venido a establecer la Sala Constitucional es algo así como el reconocimiento de la existencia de dos nuevos estados independientes, las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, en las que las cuentas nacionales de las mismas no deberán ser informadas al Poder Legislativo ni a la Contraloría General de la República … El Congreso no puede ejercer ninguna acción en la materia. El contralor general se encuentra con que la Sala Constitucional de hecho ha derogado el Art. 283 inciso 4 de la Constitución, que le otorgaba la fiscalización de las cuentas nacionales de las entidades Itaipú y Yacyretá”.

    Todo ello demuestra que los acuerdos, con indumentaria de “tratados”, no son más que fraudulentas concesiones alentadas por nuestros juristas para complacer a los que siguen rapiñando al Paraguay.

    Por Juan Antonio Pozzo Moreno

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/las-implicancias-del-blindaje-juridico-1454545.html

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  46. Los buitres sobrevuelan Yacyretá

    Sorprendió a la opinión pública paraguaya la sugestiva reciente declaración del canciller Eladio Loizaga en el sentido de que la prioridad del Gobierno del presidente Horacio Cartes con relación a la situación de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) era la aprobación por el Congreso de la nota reversal de cogestión firmada con el Gobierno argentino. Dio a entender que la misma es casi una condición sine qua non para avanzar en la revisión del Anexo C del Tratado.

    Lo expresado por el ministro de Relaciones Exteriores nos lleva a la conclusión de que la política de negociación del Gobierno de Cartes con la Argentina sobre la hidroeléctrica binacional configura una estafa intelectual al pueblo paraguayo que, de buena fe, ha creído que el Primer Mandatario gobernaría realmente con honestidad y patriotismo, conforme había prometido solemnemente ante la tropa formada del Regimiento Escolta Presidencial en junio del 2014, en ocasión de un aniversario de creación de la unidad. Este principio de traición de lesa patria ensayado por el Gobierno es urticante para el sentimiento nacionalista del pueblo paraguayo, por dos razones. La primera es la confirmación de que el presidente Cartes no dice la verdad al pueblo cuando proclama que la prioridad de su Gobierno son la clarificación de la deuda de la EBY y su rebalanceo tarifario, y el pago al Paraguay de las compensaciones por los perjuicios ocasionados por el embalse de la represa antes que la maquinización del Brazo Aña Cua y otras obras concomitantes, incluida la represa de Corpus.

    La segunda, la reconfirmación de tal engaño: a estar por lo dicho últimamente por su canciller, la prioridad de su Gobierno no es la revisión del Anexo C del Tratado –como corresponde–, sino la aprobación por el Senado de la República de la nota reversal de cogestión, supuestamente igualitaria, pero que al condicionar la autoridad de decisión administrativa y financiera de la entidad a la cantidad de electricidad que se lleva cada margen, a la postre las autoridades argentinas se quedarán con la parte del león, el 90 por ciento del poder de decisión en la conducción de la EBY, como hasta ahora. Será un cambio para no cambiar nada, excepto perpetuar el statu quo que le posibilita a la Argentina apropiarse indebidamente de nuestra electricidad a tarifa irrisoria, a cambio de sobornos encubiertos como “ayuda social”, que para el Gobierno de Cartes fue de US$ 130 millones, a estar por declaraciones del entonces director ejecutivo argentino, Óscar Thomas.

    Lo que más preocupa a la ciudadanía con relación a los intereses nacionales en juego en la EBY es que no son solo buitres argentinos los que permanecen posados en la cima del “monumento a la corrupción”, oteando Aña Cua desde las alturas. También cuervos paraguayos, no menos carroñeros que sus congéneres de la margen opuesta, sobrevuelan el atractivo sitio. Del entorno de Cartes –y diputados y senadores vendepatrias–, desde la sombra están presionando para que nuestro país acepte todo lo que a la Argentina le conviene y propone en Yacyretá, cuando que la línea de acción patriótica que corresponde en este viejo asunto es una auditoría general de las cuentas, volverlas bien claras, establecer responsabilidades en ambos países y en adelante cumplir a rajatabla con lo que dice el Anexo C del Tratado.

    Ocurre, sin embargo, que a los ladrones de cuello blanco del Paraguay que se enriquecieron robando a mansalva en la construcción, reparación, mantenimiento, obras de infraestructura, etc., etc., de la represa, les importa un bledo lo pasado. Ellos ya cobraron las coimas o las sobrefacturaciones. Para seguir con el mismo sistema es que insisten en Aña Cua y, por qué no, Corpus. El país entero, no solo el Gobierno y los diputados y senadores patriotas, deben oponerse firmemente a que continúe el latrocinio en Yacyretá. Cada paraguayo, cada paraguaya, en el lugar en que se encuentre, rico o pobre, joven o adulto, debe crear conciencia pública de firme oposición a que otra vez vuelvan a tener éxito los buitres paraguayos vendepatrias que nos vienen traicionando desde hace 40 años en Itaipú y Yacyretá, y que están queriendo que se acepten la novación, la cogestión y otros “caramelitos” para distraer a la ciudadanía del grandioso robo que están pergeñando en su imaginación.

    Como dijo en estos días el respetado técnico compatriota, exconsejero de la EBY, Ing. Ramón Montanía, difícilmente habrá transparencia en la revisión de las cuentas si la realizan los mismos funcionarios que están o estuvieron involucrados en la administración de la entidad. Sostuvo que de ningún modo se debe implementar una novación de la deuda de la entidad con el Tesoro argentino, ya que eso equivaldría a hipotecar nuestra energía, como se pretendió en el preacuerdo de 2006. También enfatizó que el Paraguay tiene que ser firme en lo concerniente a las nuevas obras que los argentinos quieren ejecutar a como dé lugar, la maquinización del brazo Aña Cua y la instalación de nuevas turbinas en la central. “Indudablemente son obras que deben ejecutarse, pero una vez revisado y actualizado el Anexo C del Tratado, donde deben definirse la fijación de la tarifa de la energía eléctrica, los contratos de comercialización, el pago de compensaciones y el manejo equitativo del dinero por la venta de la energía”, sostuvo el ingeniero Montanía.

    El Paraguay debe exigir la revisión de las cuentas de Yacyretá tras estos 40 años de inicua explotación colonialista de la Argentina antes de iniciar conversaciones para cualquier acuerdo en la binacional relacionado a otros aprovechamientos hidroeléctricos de las aguas del río Paraná.

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  47. Paren el mundo, que yo me apeo

    Por Juan Antonio Pozzo Moreno

    La frase corresponde al célebre actor, humorista y escritor estadounidense Julius H. Marx, conocido como Groucho Marx, fallecido en 1977. Como la estupidez humana no tiene límites, a veces somos tentados a tirar la toalla, parar el mundo para abandonarlo lo más rápido posible.

    Esta es la sensación que se percibe cuando se procura negociar o lidiar con los argentinos, en particular con los porteños. Complicados, verborrágicos, exagerados, ansiosos, de interior difuso y efusivo de fachada, tratan de aparentar seguridad y optimismo.

    Lo sentimos tan extraño a pesar de los indisolubles vínculos que el hidalgo Juan de Garay, el 11 de junio de 1580, al mando de una expedición procedente de Asunción del Paraguay, estableciera al refundar Buenos Aires.

    Acompañado de 66 mancebos paraguayos, 1.500 indios guaraníes, una mujer llamada Ana Díaz, numerosos vacunos, caballos, ovinos y aves de granja, consiguió el conquistador resucitar la abandonada ciudad, hoy capital de la República Argentina. Hasta hoy día, esforzados paraguayos, con su energía, no paran de construir este retoño que ilumina el Río de la Plata, emporio de cemento y vidrio, aunque con alma aspamentosa y exagerada, como el que “hace un tango”.

    No se explica, hasta ahora, cómo las autoridades de este hermano país no puedan conciliar intereses comunes con Paraguay, una nación que le demostró y le brinda su afecto.

    Los ejemplos argeles y el costo del emprendimiento

    A los argentinos les encanta ejercer el control sobre el majestuoso río Paraná, no como una carretera fluvial provechosa entre vecinos, sino como una tranca conforme al humor del portuario de turno.

    En Yacyretá es más de lo mismo –-construida por su exclusiva iniciativa, en provecho de los dos países–, la cuestión es aún más harto complicada. Exprimen toda su producción, excepto una ínfima porción “donada” al socio indigente, pero igual se quejan. Los requechos de Misiones y Formosa tampoco son suficientes. Mucho menos, el enorme territorio paraguayo inundado al represarse el indómito Paraná.

    La producción de la usina hidroeléctrica ya pagó con creces el costo del emprendimiento binacional. Entre tanto, la deuda debiera ser cero y la tarifa, de acuerdo con la fórmula del Anexo “C”, no debiera sobrepasar los US$ 30 por cada unidad eléctrica o megavatios hora. Igual tarifa correspondería como compensación.

    Entonces, las consecuencias serían ganar o ganar, lo que demuestra que no hace falta llegar al extremo de Luis Arce, ministro boliviano de Economía, quien oportunamente señalara: “Si entrara una tercera más (si no se paga), ahí podemos tomar algunas medidas…”. Se refería al cierre de las válvulas del gas exportado a la Argentina. “El hecho de que nosotros podamos cerrar válvulas… puede tener un efecto mucho más grave en la economía argentina”, concluyó el ministro.

    Esta idea de cortar la energía a un socio comercial que no respeta la alternancia, infla la deuda y cambia a su arbitrio los términos del acuerdo, no es mala idea, toda vez que la coraza moral del portavoz del reclamo del pueblo sea inexpugnable.

    De otro modo, solo resta parar al mundo para apearse.

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  48. Otra vez los vendepatrias al acecho

    Si bien fueron –como siempre– los negociadores argentinos los ideólogos del leonino “Preacuerdo Técnico” de Yacyretá firmado por el inepto presidente Nicanor Duarte Frutos y su homólogo argentino Néstor Kirchner en 2006, el entonces director paraguayo de la entidad binacional, ingeniero Ángel María Recalde, fue su principal articulador e impulsor. Como es sabido, mediante la astuta cláusula de “novación” introducida en dicho acuerdo por los negociadores argentinos, el Paraguay insólitamente cedía a la Argentina la mitad de la electricidad generada en la usina ¡por 43 años!, a una tarifa irrisoria que aseguraba su fatal bancarrota a perpetuidad. El documento no llegó a ser tratado por el Senado porque, ante su inminente rechazo por los legisladores, precavidamente fue retirado por el Poder Ejecutivo. Pero el vendepatria Nicanor Duarte Frutos, atraído por la piñata en ciernes, implementó por un decreto ilegal la parte del Preacuerdo relacionado con el “Plan de Terminación de Yacyretá” (PTY), como también lo hizo con gran beneplácito el gobierno de Néstor Kirchner, para concluir la represa que ya estaba a medio terminar. Festín de cientos de millones de dólares que se embucharon burócratas de alto coturno de ambos gobiernos y empresarios mafiosos con ellos asociados en ambas márgenes.

    Todo estaba dispuesto para que tras el coronamiento del “monumento a la corrupción” –al decir del expresidente argentino Carlos Menem– se pasara al proyecto de maquinización del brazo Aña Cua para continuar la francachela de coimas y despilfarros a cuenta de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Pero la sensata falta de aprobación por el Senado paraguayo tuvo el efecto de disuadir de la perpetración de esta nueva arrebatiña por millones de dólares de las ya maltrechas finanzas de la EBY. Cabe recordar al respecto que inicialmente los consultores internacionales habían estimado el costo de la maquinización en unos US$ 150 millones, pero al tiempo de concertarse el “Preacuerdo” el entonces ministro de Obras Públicas del Gobierno de Nicanor Duarte Frutos, José Alberto Alderete, ya hablaba de que la obra costaría alrededor de US$ 350 millones; un sobrecosto verdaderamente astronómico, buena parte del cual iría a parar al bolsillo del ministro, del presidente y del resto de la gavilla.

    Cuando la ciudadanía esperaba que el presidente Horacio Cartes cambiara el rumbo antipatriótico de la política exterior del Paraguay en las usinas hidroeléctricas binacionales mediante una firme estrategia de negociación que permitiera poner fin al expoliador statu quo arbitrariamente impuesto por nuestros socios tanto en Itaipú como en Yacyretá, hete aquí que, sorpresivamente, de entrada nombró como embajador ante el gobierno de Cristina Fernández nada menos que al expresidente Nicanor Duarte Frutos, el principal responsable de la fracasada vil entrega de nuestra soberanía en la usina binacional, para que este impulsara de nuevo al más alto nivel el fallido preacuerdo, justo cuando se cumplía el plazo de 40 años para la revisión del estratégico Anexo C del Tratado.

    Aunque el expresidente Duarte Frutos ha renunciado a su cargo como embajador –el que nunca debió tener–, la nominación del ingeniero Recalde como nuevo director paraguayo de la EBY viene a reconfirmar que la intención del presidente Cartes no es poner fin al infame statu quo impuesto allí por los negociadores argentinos, sino reflotar a como dé lugar el apetitoso enjuague financiero visualizado por los bribones de turno de ambas márgenes con el proyecto de maquinización del brazo Aña Cua, cuyo costo será cargado a la postre a espaldas de la ya quebrada EBY. Todo indica que al Primer Mandatario paraguayo le interesa más impulsar el proyecto Aña Cua que revisar –como se debe– el Anexo C y exigir el pago de las deudas pendientes del ente binacional por la electricidad paraguaya consumida por la Argentina en los últimos años, así como el resarcimiento que corresponde por territorio nacional inundado y los 100 kilómetros de vía férrea inutilizados por el embalse de la represa.

    El espejito con que esta vez se procura engañar al pueblo es la cantinela ya anticipada por el exembajador Duarte Frutos apenas asumió su cargo en Buenos Aires; vale decir que el nuevo “Preacuerdo” no incluiría la cláusula de la “novación”, airadamente rechazada en su oportunidad por la ciudadanía. Cantinela que ya ha empezado a repetir su antiguo patrocinador, ahora nuevamente a cargo de la dirección de la entidad binacional. De hecho, la exclusión de la fatídica cláusula de referencia no subsana la lesión al interés nacional de avanzar con la ejecución de nuevas obras en la usina binacional, o fuera de ella, sin antes completar la revisión del Anexo C del Tratado y, concomitantemente, la verdadera deuda de la entidad binacional.

    Así las cosas, ante la disimulada intención del Gobierno nacional de volver a reencauzar la antipatriótica iniciativa de reflotar el infame “Preacuerdo” del expresidente Nicanor Duarte Frutos, el Senado de la República debe alzarse como firme línea final de resistencia en cuanto a la intransigente defensa del interés nacional en la EBY. Emulando a aquel glorioso Senado de 1879 que rechazó el infame Tratado Decoud-Quijarro, suscrito por el Gobierno del presidente Cándido Bareiro por el que el Paraguay cedía a Bolivia la mitad del actual Chaco paraguayo a cambio de supuestas ventajas comerciales, traducidas como sobornos disfrazados, nuestros senadores del presente deben rechazar con toda firmeza la versión maquillada del preacuerdo de 2006 impulsado por el expresidente Nicanor Duarte Frutos y su lacayo Ángel María Recalde.

    Las actuales autoridades han prometido que ningún nuevo emprendimiento hidroenergético binacional con la Argentina sería concretado sin antes revisar el Anexo C del Tratado y las cuentas de la EBY a la luz de la transparencia garantizada por este crucial instrumento contractual. Deben cumplir su promesa o pasarán a la historia como traidores a la Patria.

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  49. No tiene ambiente

    La frase fue dicha por el coronel Ramón L. Paredes para descalificar al probo y enérgico ministro del Interior Eduardo Torreani Viera, a quien correspondía suceder como presidente provisional al malogrado mariscal José Félix Estigarribia. Paredes formaba parte de los grandes “electores”, indisciplinados oficiales, que tenían en vilo a los cuarteles y a los políticos (PAMPLIEGA, Amancio. Misión cumplida. 1984).

    A más de siete décadas, aunque en escenarios y funciones diferentes y por motivos disímiles, el enunciado es perfectamente aplicable al reiterado director interino de Yacyretá: Ángel María Recalde no tiene ambiente.

    Las razones son sencillas.

    Al configurar con base en la ilegal Nota Reversal de 1992 el Preacuerdo del año 2006 y como curioso método de pago recurrir a la figura de la Novación fue de por sí un grave desacierto, atribuible a Recalde, que comprometía por 42 años la libre disponibilidad de la energía paraguaya en Yacyretá.

    Igualmente, fue nocivo para las arcas fiscales que Petropar, durante su presidencia, haya planteado un financiamiento sobre el 40% del volumen de operaciones (por ejemplo 90.000.000 de litros de gasoil) a 15 años de plazo y 2% anual y que el 60% restante sea cancelado a partir de los 120 días de entrega del suministro (ABC, 5 octubre 2004). Por otro lado, la ordenanza que establece zonas para el estacionamiento tarifado y controlado de la ciudad fue como mínimo desagradable para los automovilistas asuncenos, un golpe al bolsillo. La minuta del concejal Ángel Recalde fue aprobada en mayoría y elevada a la Intendencia Municipal. El conductor, pese a tener patente de Asunción, deberá abonar el 50% del costo que se establezca en concepto de estacionamiento, luego de las dos primeras horas durante las cuales el servicio será gratuito. Pero tal vez lo más grosero constituya el hecho de querer cobrar estacionamiento al que tiene la patente de Asunción (ABC, 8 de junio de 2015).

    Lo más preocupante, según especialistas del sector eléctrico, son los antecedentes de su gestión en el año 2006 al tratar de forzar la aprobación del malogrado preacuerdo. Temen que su presencia sea aprovechada para blanquear la entrega de energía a la Argentina como se viene dando hace 20 años. En el Congreso, partidos de la oposición adelantan que no darán su acuerdo (ABC, 26 de enero de 2016).

    Finalmente, para el ingeniero Axel Cid Ayala, exdirector de Energía del Viceministerio de Minas y Energía, su designación refleja cuál será la línea del Gobierno paraguayo que apuntaría a desempolvar el preacuerdo en la negociación con Argentina. “Me hubiera gustado que sea alguien idóneo, capaz de crear sinergias, con ideas nuevas, no más de lo mismo”, señaló Axel.

    Definitivamente, Recalde no tiene ambiente.

    Por Juan Antonio Pozzo Moreno

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/no-tiene-ambiente-1448388.html

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  50. Macri y el sacudón paraguayo en la EBY

    Más de 40 años del acuerdo para la construcción de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), más de 20 años de la operación de la primera unidad generadora, casi dos años desde que se empezó a revisar el Anexo C del Tratado y parece que Paraguay recién está despertando de su modorra. Y cuando digo que “parece despertar” es porque de verdad quiero darle el beneficio de la duda al Gobierno y quiero creer que las cosas van a cambiar, ya que a todo el pueblo paraguayo, sin distinción de ideologías o partidos políticos, le conviene que funcione bien la hidroeléctrica de una vez por todas. No obstante, falta ver más señales que solo cambio de nombres.

    El pedido de renuncia a Juan Schmalko (que tenía un cargo político) y la designación de un técnico, Ángel Recalde, como nuevo director paraguayo de Yacyretá, es apenas un manotazo de ahogado en un problema mucho más profundo. También hubo cambios a nivel administrativo y no se descartan modificaciones en el Consejo de Administración.

    ¿Hacía falta que asuma Mauricio Macri la presidencia argentina para que Paraguay entienda lo que se juega en el emprendimiento binacional? ¿Hacía falta que los argentinos coloquen técnicos en su lado de la EBY para que Paraguay imite la decisión? ¿Era necesaria la movida del país vecino para entender que una empresa de alto nivel técnico no tiene que ser un mitin partidario? ¿El director argentino de Yacyretá tenía que pedir transparencia para que aquí reaccionen?

    Siempre es positivo colocar a profesionales del área al frente de una institución energética. Sin embargo, no puedo evitar pensar que lentamente Argentina está imponiendo su agenda en la represa, como lo hizo en casi medio siglo. Por algo todo lo que está exigiendo Macri, directa e indirectamente, aquí lo están haciendo sin poner reparos. No hay que olvidar que el presidente argentino es un empresario, cuya ley primera es obtener las mayores ganancias con los menores egresos posibles. Esa regla, aplicada a la hidroeléctrica, sería llevar la mayor cantidad de energía a su país al menor costo. Se debe tener cuidado.

    El Gobierno Nacional tiene que tener bien clara la película y mejorar su estrategia para la revisión del Anexo C del Tratado. Recalde, cuestionado en el pasado por su primera gestión en Yacyretá, ahora tiene la obligación de quitarse el estigma del preacuerdo de Nicanor Duarte Frutos si es que desea contar, no solo con el respaldo del Senado, sino también con el apoyo ciudadano. Debe ser transparente en sus gestiones, replantear sus propuestas para las negociaciones y rodearse de especialistas en la materia, no de personas que solo quieren beneficios económicos.

    Es hora de que la situación cambie. Ojalá el sacudón de Macri sea más beneficioso que perjudicial para Paraguay, aunque esto ya dependerá exclusivamente de nuestras autoridades.

    Por Miguel Benítez

    http://www.ultimahora.com/macri-y-el-sacudon-paraguayo-la-eby-n963222.html

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  51. Una fórmula sencilla

    Por Juan Antonio Pozzo Moreno

    a. La fórmula, aparte de simplificar, sirve para resolver un problema. Al formular manifestamos algo de forma clara y precisa, es común expresamos sobre alguna cuestión con una fórmula.

    Al respecto, el Anexo “C” del Tratado de Yacyretá define las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la usina. Determina tarifa de energía para cubrir:

    El 12% de utilidad sobre el capital integrado; la carga financiera de los préstamos; la amortización préstamos; US$ 166 GWh resarcimiento; la compensación territorio inundado; los gastos de explotación; los montos negativos o positivos de la cuenta ejercicio anterior.

    La compensación por la energía cedida quedaba bajo responsabilidad del tesoro argentino.

    La Nota Reversal de 1992, que reemplaza al Anexo “C” para vender por debajo de la tarifa la energía, al no ser aprobado por la legislatura paraguaya es ilegal.

    No obstante, para seguir funcionado Yacyretá propició un abusivo endeudamiento:

    – Año 2005: US$ 11.579.000.000 Argentina US$ 10.885.000.000 Otros US$ 694.000.000 Capital: US$ 4.688.000.000 US$ 10.885.000.000 Interés: US$ 6.197.000.000

    – Año 2006, preacuerdo (en millones US$): 4.688 + 694 + 836 (PTY, Plan Terminación) = 6.218 Sistema pago deuda en base a: 20.000.000 MWh año

    – MI (Margen Izquierda) 10.000.000 MWh x US$ 17 = US$ 170.000.000 MD (Margen Derecha) 1.650.000 MWh x US$ 17= US$ 28.050.000 Cancelación en 42 años (2006-2048): 8.350.000 MWh x US$ 17 = US$ 141.950.000 US$ 141.950.000 x 42 = US$ 5.961.900.000

    – Año 2012 (En millones US$): Aportes: 5.300 16.520 Ajustes, intereses: 11.220 b. Ingeniero Orlando Valdez

    Cálculo en US$:

    1) Deuda con el Gobierno argentino (GOA) y acreedores financieros. Considerando solo el capital: 6.168.275.000 (5.805.279.000 + 362.966.000).

    2) Deuda total facturada Ebisa con EBY: 8.757.176.693. Pagado en efectivo: 1.373.978.375. Pagado con papeles, por reintegro ventas y recupero: 3.859.736.900 Saldo deudor 3.523.461.418

    3) Conciliando las cuentas en US$ Restando a la deuda de la EBY con el GOA (y acreedores financieros) la deuda de Ebisa con la Binacional, la EBY debe: 2.644.813.582 (6.168.275.000 – 3.523.461.418) c. Ingeniero Germán Eugenio Escauriza Casabianca

    El 27 de marzo de 2014, señala la fecha en que debieron verificarse los registros de la EBY con respecto a la deuda conforme lo estipula el Anexo “C”, numeral IX.

    La fórmula para resolver el problema y definir las responsabilidades de las Altas Partes Contratantes con relación al pasivo de la central hidroeléctrica Yacyretá es: “El que más contrató, paga más; el que menos contrató, paga menos”.

    d. ABC Color, fuente Yacyretá

    Si en 20 años, 1984 – 2014, el SADI argentino recibió 260.884.801 (94,2%) megavatios hora y el SINP paraguayo 16.262.968 (5,8%), una vez conciliadas las cuentas, la responsabilidad de cada socio –establecido en el Anexo “C”, numeral IX, del Tratado de Yacyretá– cae de maduro.

    juanantonio@gmail.com

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  52. La cogestión paritaria

    Los brasileños manejan Itaipú y los argentinos Yacyretá. No obstante, la alternancia en la dirección ejecutiva está prevista en el Tratado de Yacyretá. Una alternancia de papel, ignorada por la Argentina, dueña de facto de la entidad binacional.

    Por otro lado, la cogestión paritaria en Itaipú es una entelequia; solo existe en la imaginación. Brasil no está dispuesto a compartir nada que pudiera obstaculizar su objetivo histórico de apropiarse indebidamente de Itaipú. Las direcciones ejecutivas técnica y financiera, según Nota Reversal de 1973, aseguran –entre otros– que las cuentas con la Eletrobrás, aunque totalmente honradas, sean abonadas puntillosamente.

    La igualdad en la administración de las centrales hidroeléctricas, uno de los puntos planteados al Brasil en 2008 y conseguido con Argentina mediante una Nota Reversal entre gobiernos en 2014, es una ilusión que no se compadecen con la realidad y que, según el filósofo Edgar Morin (Los siete saberes del conocimiento), induce al error.

    Las respuestas a esta inquietud solo sirvieron, al igual que la “caja china”, para distraer la atención de numerosos incautos, entre los que revistan ciertos “comentaristas expertos”, algunos de ellos funcionales al poder.

    La pírrica gestión de nuestros directores y consejeros, “preocupados” por el cometido disparejo en las binacionales, está profusamente documentada. Sin embargo, la sencilla solución sería el cumplimiento del espíritu de los acuerdos, del tal modo que los paraguayos consigan administrar, como corresponde, las direcciones técnica y financiera o encabecen la dirección ejecutiva de la margen izquierda.

    Al no producirse la cogestión paritaria o participación conjunta de todas las personas implicadas en el gerenciamiento de las empresas binacionales, se rompe el objeto y el fin de los acuerdos de aprovechamiento conjunto, en igualdad de derecho y obligaciones.

    Además, se ataca la buena fe, que la Convención de Viena del Derecho de los Tratados establece como causal de nulidad.

    A pesar de un contexto geopolítico favorable, nuestro país ha sufrido una descomunal estafa por parte de Brasil en Itaipú y de Argentina en Yacyretá, principalmente porque nuestros gobernantes de turno antepusieron su codicia personal a su compromiso de servir a la patria.

    Mediante ello, nuestros astutos socios se apropiaron indebidamente de la mitad de su inagotable riqueza que corresponde, para siempre, al pueblo paraguayo. Todo, a cambio de millonarios sobornos que los entregadores y sus descendientes no tienen empacho en disfrutar.

    Nuestros socios necesitan imperiosamente de toda la electricidad que pudieran generar las binacionales hidroeléctricas. En las décadas transcurridas Paraguay aprovechó menos del 7% de la totalidad de la producción.

    No obstante, para mantener la odiosa asimetría es menester el control absoluto de las centrales hidroeléctricas. Y la pregunta cae de maduro: ¿es posible, con estas condiciones, la alternancia o la cogestión paritaria?

    Es más: ¿apagarán sus luces nuestros ocasionales socios condóminos para devolvernos nuestra energía, sostén de sus economías?

    Por Juan Antonio Pozzo Moreno

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