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Balance del Ministerio Público

Los números del Balance presentado por Díaz Verón, no deben ser considerados con ligereza, por el contrario, deben movernos al análisis y reflexión, para concluir si efectivamente, como pretende, se han obtenido logros en la gestión de representación de la sociedad ante el Poder Judicial, o son el reflejo de la inoperancia, la ineficiencia y la inercia, que se pretende ocultar.

Para evaluar la gestión del responsable de la Institución que “…representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado…” (Art. 266 C.N.), a partir de los datos difundidos, debemos tomar las cifras publicadas años anteriores, compararlas con las actuales, y a partir del resultado obtenido, llegar a conclusiones válidas, que podrán – finalmente – calificar la labor desarrollada.

Según el informe en cuestión, durante el año 2015, han ingresado al Ministerio Público “más de 135.000 causas”, realizándose más de 1.470 juicios orales, obteniéndose condena en más de 1.200 de ellos.

La primera conclusión que se desprende de estos números, es que apenas el 1% (uno por ciento) del total de casos ingresados durante el año, fueron sometidos a Juicio oral y público; y nada más que el 0,88% (cero coma ochenta y ocho por ciento), concluyó con condenas.

Sin embargo, si tomamos los números de los años anteriores, hemos de arribar a conclusiones aún más desalentadoras, ya que las cifras correspondientes a los mismos conceptos, determinan niveles alarmantes de ineficiencia.-

La administración del actual Fiscal General, que arranca con su designación en el mes de noviembre de 2011, tiene acumulado un total de 374.554 causas ingresadas durante los años 2012, 2013 y 2014.

En los años 2012 y 2013, se registra la finalización de 79.797 causas (aunque la página web no se aclara en modo de finalización), y 108.658 causas en trámite, y durante el año 2014, se realizaron 1.280 juicios orales, con 221 condenas y 995 absoluciones, concluyendo además, por otras vías, un total de 3.681 causas.

Las cifras publicadas por el Ministerio Público, evidencian, que además de la gran cantidad de causas penales que ingresan anualmente al sistema, hay un gran número de ellas que no son resueltas, sea por los trámites normales (juicios orales), como por las vías alternativas de solución del conflicto penal (criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento, etc.).

El número de causas acumuladas, que vienen arrastrándose año tras año, refleja que Díaz Verón, no ha ejercido una influencia positiva en la gestión del Ministerio Público, ni ha contribuido de modo a que la Institución se ponga a la altura de las necesidades de la sociedad.

Tanto el “principio de oportunidad” que consagra el Código Procesal Penal, como el “principio del derecho penal mínimo”, al que se adscribe el Código Penal, no tienen cabida y vigencia en un Ministerio Público que ha optado por seguir con la vieja y superada regla que “el principio de legalidad” impone, es decir, perseguir todos los hechos punibles, sin importar en absoluto cual sea el nivel de su importancia, impacto social, o gravedad del hecho.

Mientras el Ministerio Público se dedica a perseguir ladrones de gallinas (Villarrica, oct/2015), se pone al servicio de usureros llevando a juicio a deudores por haber emitido cheques en garantía contra cuentas Bancarias canceladas, o persigue a insolventes desempleados por incumplimiento del deber legal alimentario, y conductores “sospechosos” de conducir en estado de ebriedad, nada hace a la investigación y persecución de los grandes delincuentes. Prueba elocuente de ello es que en el país, sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, no se haya iniciado siquiera una tímida investigación sobre hechos escandalosos que han motivado la detención y procesamiento de sus dirigentes por la Justicia Norteamericana, a pesar de que en varios países de la región – también – se han iniciado procesos judiciales.

Mientras nuestras autoridades, encargadas del nombramiento del Fiscal General del Estado, no asuman con responsabilidad su misión constitucional, seleccionando candidatos con el perfil adecuado para ejercer tan alta dignidad, seguiremos procurando (como hasta ahora) modificar las leyes para privilegiar la morosidad judicial, celebrando la entrega de perseguidos por la justicia extranjera, sin juicio de extradición y reclamando reciprocidad en la violación de la ley internacional.

Si seguimos en la misma senda, volvernos ser testigo del inexplicable viaje al exterior, del Fiscal General del Estado, encabezando una comitiva policial para trasladar a un extraditado, suponiendo – posiblemente – que cuando le toque el turno a Nicolás Leoz, recibirá la visita de la  Sra. Loretta Linch, Fiscal General de los Estados Unidos.

Peor aún, si persistimos en la búsqueda de un Fiscal General con el mismo perfil que el actual, podemos estar seguros que seguiremos acumulando causas penales en trámite, sin concluirlas, y consecuentemente, el balance de fin de año reflejará los mismos los resultados negativos.

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

4 comentarios en “Balance del Ministerio Público

  1. Vergonzosa injerencia política en la Justicia

    Aunque podemos felicitarnos por los importantes avances que ocurrieron en el país después de más de dos décadas de vivir sin dictadura y con respeto a las libertades públicas, hay resabios de un régimen que nos sometió y mató nuestros sueños por demasiado largo tiempo. Uno de estos viejos vicios que se resisten a desaparecer es la injerencia de la política en la administración de Justicia.

    La bancada de senadores liberales dio a conocer ayer un comunicado en el que pide que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) remueva de su cargo a la fiscala Brígida Aguilar por haber imputado por lesión de confianza al intendente de Ypané, el también liberal Horacio Ortiz.

    El mal uso de un alto número de intendentes y gobernadores del dinero recibido del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) es alarmante, especialmente por la impunidad en la que se han amparado hasta ahora quienes dilapidaron cifras millonarias que debían ser destinadas exclusivamente a la educación de sus regiones respectivas. La gran mayoría ni siquiera presentó rendición de cuentas ante la Contraloría, a pesar de eso nuevamente se candidata para recibir más plata este año.

    Uno de los primeros en ser investigados fue Ortiz y la fiscala Aguilar actuó con seguridad y firmeza, no solamente imputándolo junto con la administradora del municipio, Elva Corvalán, por lesión de confianza, sino que dictó orden de captura en contra de ambos y pidió al juez de la causa que les decretara la prisión preventiva, la cual tenía asidero legal puesto que el delito del cual se les acusa tiene una expectativa de pena de unos 10 años de cárcel.

    Hay suficientes argumentos válidos para adoptar esta medida, ya que Ortiz y Corvalán están acusados del desvío de 1.850 millones de guaraníes del Fonacide y es tan cierta la acusación que ambos ofrecieron una fianza de 4 mil millones de guaraníes para salvarse de la prisión y tener medidas alternativas, entre las que se incluye no poder acercarse al local municipal de Ypané.

    La presión de los liberales de la zona fue tan intensa que el lunes pasado la fiscala Aguilar no tuvo más remedio que inhibirse de la causa; pero no contentos con eso, ahora los senadores del PLRA, encabezados por Fernando Silva Facetti, de manera absolutamente desembozada pretenden presionar al JEM para que eche a Aguilar del Ministerio Público con la excusa de que ha incurrido en mal desempeño de sus funciones.

    Una de las bases fundamentales del Estado de Derecho es la independencia de los poderes del Estado, algo que la clase política representada en el Legislativo sigue sin querer respetar. Si cada vez que un fiscal o un juez actúa de manera que contravenga intereses políticos, corre el riesgo de quedarse sin trabajo, estaremos condenados a retroceder a épocas nefastas que no queremos volver a vivir.

    http://www.adndigital.com.py/index.php/impreso/editorial-impreso/12504-vergonzosa-injerencia-politica-en-la-justicia

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    Publicado por Anónimo | 24 enero, 2016, 2:35 pm
  2. ¡Renuncias de verdad!

    Parecía que en este país nunca se iba a dar el caso de una renuncia formal e indeclinable de un funcionario público a su cargo y sus ganancias.

    Y de pronto, gracias a la poderosa protesta estudiantil y a la publicación de los diversos fatos de un rector y varios decanos, se dieron 306 renuncias en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

    De ese dramático modo, la institución pasó a ahorrar 1.355 millones de guaraníes al mes.

    Pero como estas renuncias respondieron a una situación especial, no pueden ser tomadas como un signo ineluctable de que la vieja aversión a las renuncias a los cargos rentados ha llegado a su fin.

    No es así, lastimosamente.

    En casi todos los diarios, sin pausa casi, salen las trapisondas diversas de gente como los diputados.

    En los mismos papeles salen las pruebas irrefutables de la ineptitud de algunos figurones que asisten al espectáculo de un país que se hunde (literalmente) atornillados a sus sillones y con sus ingresos mensuales asegurados por la indiferencia de quienes podrían sacudirles las posaderas a patada limpia, y la indignación aguada e inofensiva de una población que soporta todo, aún consciente de la estafa que eso representa.

    En el Poder Judicial, una de las ministras gasta anualmente cerca de 300 millones de guaraníes solo en combustibles para los cuatro autos que le son proveídos por el Estado.

    En una sociedad más decente, al publicarse la denuncia, la ministra habría tomado uno de estos caminos: salir al paso de la acusación, si es inocente. O, renunciar al cargo, si es culpable. Pero no.

    Y en vez de esas candorosas posibilidades que barajé, la señora se aseguró la continuidad en el cargo hasta que la parca diga basta.

    En el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el ministro liberal radical auténtico Alberto Ramírez Zambonini está capeando unas denuncias de fomento del planilleo y otras travesuras.

    Ya salió un defensor oficioso que asegura que nadie puede sacarlo del cargo de ministro, pues si bien hay una denuncia, debe haber también una presunción de inocencia.

    Okey, digamos que está bien.

    Pero, ¿no ocupa Alberto Ramírez Zambonini un cargo para el cual no está habilitado, por carecer del título de doctor?

    Es peor aún: ¿no incurrió el ministro Ramírez Zambonini en un delito severo cuando alguien le escribió la tesis doctoral, y luego resultó que él ni sabía sobre qué versaba la tesis?

    Como puede verse en este breve aunque incompleto desfile, el frente antirenuncia sigue firme.

    Por Moneco López

    http://www.ultimahora.com/renuncias-verdad-n956685.html

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    Publicado por Anónimo | 7 enero, 2016, 8:47 am
  3. Por la condena

    Cada tanto este diario acostumbra hacer un recuento de los procesos penales a políticos, altos funcionarios y otras personas de la fauna local que ostentan cierto poder.

    En su mayoría se trata de causas por presuntos hechos de corrupción como coimas –generalmente registradas con cámaras ocultas– o desvíos de millonarias cantidades de dinero destinadas a los sectores más vulnerables, como indígenas o comunidades campesinas. Son (presuntos) delincuentes de guantes blancos, ni más ni menos.

    Haciendo un repaso de este tipo de publicaciones en los últimos años, podemos ver cómo la lista de procesos a políticos fue creciendo considerablemente, en gran medida porque las mismas caras se repiten año tras año. Sus procesos se alargan, se dilatan y, en la mayoría de los casos, terminan con extinciones, prescripciones o con exiguas condenas. Aún son muy pocos los casos donde la Justicia paraguaya sancionó ejemplarmente a los corruptos.

    No hay que perder de vista ciertas situaciones positivas, motivadas directamente por la salida de la ciudadanía a las calles: ahora mismo hay cuatro parlamentarios activos procesados en casos de corrupción, algo impensable algunos años atrás.

    Uno de ellos, el diputado colorado José María Ibáñez, está procesado por hacer figurar como funcionarios del Congreso a tres empleados de su quinta personal. De esta forma, el legislador se ahorró tener que abonar salarios a sus caseros y dejó que el Estado se haga cargo del pago. Ibáñez ya pidió perdón a la ciudadanía y ofreció devolver todo el dinero para evitar un juicio oral y ser beneficiado con una salida alternativa que lo deje sin antecedentes penales.

    Ojalá este año descubramos si la misma justicia que mantiene a más de 12.000 personas presas en todo el país –casi el 80 por ciento de ellas aún sin condena– es igual de implacable cuando se trata de un diputado como Ibáñez o un senador como Enzo Cardozo, acusado por el desvío de más de 70.000 millones de guaraníes destinados a la asistencia de comunidades agrícolas durante su gestión como ministro de Agricultura.

    Esperemos que estos casos y los del senador Víctor Bogado y el diputado Óscar Núñez no sigan el mismo camino que los procesos a otros políticos, quizás un poco más viejos, como Juan Carlos Bottino, ex gobernador de Ñeembucú, o Juan Martínez, ex intendente de Lambaré. Ambos fueron procesados hace más de siete años y ni siquiera enfrentaron aún un juicio oral y público.

    El gran desafío de la Justicia paraguaya este 2016 es demostrar que está a la altura de los nuevos tiempos. Si en los últimos tres años la transparencia y las imputaciones a parlamentarios y ex ministros fueron la constante, este año debe ser el de las condenas a todos aquellos políticos que engrosan las secciones judiciales de los diarios.

    Por Fernando Boccia

    http://www.ultimahora.com/por-la-condena-n956949.html

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    Publicado por Anónimo | 6 enero, 2016, 5:02 am
  4. Vergüenza para jueces paraguayos

    El año pasado, el Poder Judicial del Perú dictó 13.307 condenas por delitos de corrupción, entre las que se destacan las que afectaron a un exjuez, a una agente fiscal y a dos exalcaldes. En el mismo lapso, el del Paraguay dictó una condena por lesión de confianza contra el expresidente del Instituto Nacional del Indígena, Rubén Quesnel, y otra por igual motivo contra la exsecretaria de Acción Social, Judith Andraschko, tras largas dilaciones. Se trata de los pocos fallos condenatorios emitidos en la última década por delitos contra el erario.

    El Perú tiene una población cuatro veces mayor que el Paraguay, así que las causas penales serán más numerosas. Con todo, la comparación es lo bastante elocuente como para afirmar que el desempeño de nuestra magistratura es una verdadera vergüenza en lo que hace a la lucha contra la mayor lacra del país. El cotejo sirve para ilustrar hasta qué punto la impunidad es favorecida por la inoperancia de quienes deben aplicar la ley a los delincuentes de guante blanco. No la aplican por negligentes, por cobardes o por venales, permitiendo así que la corrupción prospere.

    Actualmente, se encuentran imputadas unas doscientas personas que ejercieron o ejercen la función pública, incluidos exministros y a legisladores en ejercicio, sin que en muchos casos se haya podido realizar la audiencia previa al juicio oral y público debido a las chicanas reiteradas que los jueces permiten y no sancionan.

    La corrupción no disminuirá mientras el Código Penal sea letra muerta para quienes saquean el erario, tanto desde el sector público como desde el privado. Si persiste a tan gran escala es porque los jueces no cumplen con su obligación de proteger a la sociedad de los facinerosos. Desde luego, tampoco la Contraloría General de la República y el Ministerio Público cumplen a cabalidad con sus cometidos, pero está visto que el propio Poder Judicial falla rotundamente a la hora de combatir la corrupción. A lo largo de estos años, el Consejo de la Magistratura no ha servido para filtrar a los sinvergüenzas en el proceso de selección de los postulantes, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no ha servido para apartarlos del cargo que ensucian. Hay quienes deberían ocupar una celda y no un despacho judicial. Se diría que en este país ningún juez ha cometido nunca el delito de prevaricato, ya que nadie ha ido a parar en la cárcel por haber vendido una sentencia. A lo sumo, alguno ha sido enviado a su casa para disfrutar de las rentas generadas por el dinero mal habido. Bien se sabe que el narcotráfico –tan ligado a la corrupción– es una notable fuente de ingresos para quienes deben impartir justicia.

    Este país ya no puede soportar que la Corte Suprema de Justicia esté integrada por ministros que, entre otras cosas, practican el nepotismo y carecen de honorabilidad por haber mentido ante el Senado. No tenemos un Poder Judicial respetable y nos merecemos uno que conceda a cada quien lo suyo. Lo que a los corruptos les corresponde es la pena prevista en la ley, aplicada por un magistrado probo. Urge una depuración a fondo de la magistratura para expulsar a los indolentes, los timoratos y los corruptos. Los estudiantes universitarios dieron un admirable ejemplo de lo que se puede hacer, pacíficamente, cuando fracasan todas las instancias de control, y a este paso no tardará para que la ciudadanía también exprese su inquietud y exija, mediante manifestaciones públicas, que fiscales, jueces y magistrados cumplan con su deber o vayan a sus casas.

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    Publicado por Anónimo | 6 enero, 2016, 5:01 am

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@cucho_vbp Basta de culparle al árbitro. Capaz no fue excelente su arbitraje, pero Brasil nos superó en todo.
@BernardoFarina Paraguay sufrió un Golpe de Estadio (en San Pablo)
@Perreski Lo más preocupante no es que hayamos terminado octavos. Lo preocupante es q después de cada victoria Chiqui tiene un exceso de confianza.

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