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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Por la condena

Cada tanto este diario acostumbra hacer un recuento de los procesos penales a políticos, altos funcionarios y otras personas de la fauna local que ostentan cierto poder.

En su mayoría se trata de causas por presuntos hechos de corrupción como coimas –generalmente registradas con cámaras ocultas– o desvíos de millonarias cantidades de dinero destinadas a los sectores más vulnerables, como indígenas o comunidades campesinas. Son (presuntos) delincuentes de guantes blancos, ni más ni menos.

Haciendo un repaso de este tipo de publicaciones en los últimos años, podemos ver cómo la lista de procesos a políticos fue creciendo considerablemente, en gran medida porque las mismas caras se repiten año tras año. Sus procesos se alargan, se dilatan y, en la mayoría de los casos, terminan con extinciones, prescripciones o con exiguas condenas. Aún son muy pocos los casos donde la Justicia paraguaya sancionó ejemplarmente a los corruptos.

No hay que perder de vista ciertas situaciones positivas, motivadas directamente por la salida de la ciudadanía a las calles: ahora mismo hay cuatro parlamentarios activos procesados en casos de corrupción, algo impensable algunos años atrás.

Uno de ellos, el diputado colorado José María Ibáñez, está procesado por hacer figurar como funcionarios del Congreso a tres empleados de su quinta personal. De esta forma, el legislador se ahorró tener que abonar salarios a sus caseros y dejó que el Estado se haga cargo del pago. Ibáñez ya pidió perdón a la ciudadanía y ofreció devolver todo el dinero para evitar un juicio oral y ser beneficiado con una salida alternativa que lo deje sin antecedentes penales.

Ojalá este año descubramos si la misma justicia que mantiene a más de 12.000 personas presas en todo el país –casi el 80 por ciento de ellas aún sin condena– es igual de implacable cuando se trata de un diputado como Ibáñez o un senador como Enzo Cardozo, acusado por el desvío de más de 70.000 millones de guaraníes destinados a la asistencia de comunidades agrícolas durante su gestión como ministro de Agricultura.

Esperemos que estos casos y los del senador Víctor Bogado y el diputado Óscar Núñez no sigan el mismo camino que los procesos a otros políticos, quizás un poco más viejos, como Juan Carlos Bottino, ex gobernador de Ñeembucú, o Juan Martínez, ex intendente de Lambaré. Ambos fueron procesados hace más de siete años y ni siquiera enfrentaron aún un juicio oral y público.

El gran desafío de la Justicia paraguaya este 2016 es demostrar que está a la altura de los nuevos tiempos. Si en los últimos tres años la transparencia y las imputaciones a parlamentarios y ex ministros fueron la constante, este año debe ser el de las condenas a todos aquellos políticos que engrosan las secciones judiciales de los diarios.

Por Fernando Boccia

http://www.ultimahora.com/por-la-condena-n956949.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

Un comentario en “Por la condena

  1. Maldita impunidad

    Si el año 2015 se destacó por el destape de numerosos casos de corrupción, tanto pública como privada, el 2016 debería concluir como el del combate frontal, impiadoso, al flagelo de la impunidad. Es ésta la que alienta a que todos los días aumente la cantidad de corruptos y también la que fomenta la inseguridad que tan fuerte nos golpea. Total, basta con que los delincuentes y criminales de los más variados pelajes manejen correctamente “el arte de distribuir” las sumas adecuadas a los funcionarios que corresponde, sean estos magistrados, agentes del Ministerio Público o altos jefes policiales, para seguir disfrutando en libertad el fruto de lo robado o, peor aún, continuar delinquiendo campantemente. Eso sí, deben ser bandidos de alto vuelo, peces gordos, porque los chicos son los que pagan todos los platos rotos, sobre poblando la totalidad de nuestras cárceles.

    A lo largo del año pasado se hicieron públicos no pocos escándalos, que en el sector público tuvieron como principales escenarios a la Comandancia de la Policía Nacional, con el tema de los combustibles, la jefatura de Policía del Departamento de Amambay, de donde “desaparecieron” más de 250 kg de cocaína, la Contraloría General de la República, la Universidad Nacional y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), entre otros. En ámbitos privados fuimos testigos de casos muy sonados como la megaevasión de impuestos perpetrada por numerosas empresas y, más recientemente, el millonario lavado de dinero por parte de conocidos bancos que operan en el sistema financiero.

    ¿Y cuál fue el resultado de éstos y otros destapes? Ninguno. El excomandante Francisco Alvarenga no pisó la cárcel ni un segundo. Su brazo ejecutor, el suboficial Roberto Osorio, lo hizo por algunos meses, pero ya está libre. Del jefe de Policía de Amambay nadie recuerda ni su nombre. El excontralor Rubén Velázquez Gadea y su “secretaria vip”, Liz Paola Duarte, siguen gozando de la “dolce vita”. El exrector de la UNA, Froilán Peralta, tras un par de meses en Tacumbú, está en su casa. Lo mismo sucede con el sinvergüenza de Alberto Ramírez Zambonini, con el agravante de que éste sigue siendo ministro del TSJE, y la banda de planilleros que ingresó de su mano a dicha institución, entre ellos los hermanos del presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez (h).

    Los empresarios del caso de la megaevasión continúan con sus vidas normalmente y los banqueros, seguramente veranean en Punta Del Este, después de contar los muchos billetes que acumularon durante el fantástico año que tuvieron en el 2015, no así sus mandos medios, 18 funcionarios en total, que fueron imputados por el Ministerio Público.

    Como olvidar que la comisión del Senado conformada para investigar la denuncia que hizo esa cámara contra varios diputados, por el supuesto vínculo de éstos con el narcotráfico, nada aportó al respecto, ni que los denunciados siguen ocupando sus bancas muy cómodos, al igual que los senadores Arnaldo Giuzzio y Arnoldo Wiens, quienes se reunieron con el conocido narcotraficante Ezequiel de Souza en la sede de la Senad, donde guarda reclusión, y mantuvieron en secreto el contenido de lo conversado, que grabaron íntegramente.

    En fin, estas son solo algunas muestras de esa tremenda lacra que nos castiga con furia, llamada impunidad. Un mal que para cualquier país y cualquier sistema de gobierno constituye un obstáculo insalvable que impide todo posible desarrollo.

    Los paraguayos debemos poner nuestro mayor empeño en hacer del 2016 el año de combate a esta infamia. Hacer de esto una verdadera causa nacional, para que los magistrados judiciales y agentes fiscales que encubren a los delincuentes y criminales, sin importar del ámbito que fueren, sean inmediatamente separados de sus cargos y se les aplique la ley con todo rigor. Y que esto represente, al fin!, el inicio de la necesaria renovación de nuestra putrefacta Justicia.

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    Publicado por Anónimo | 5 enero, 2016, 5:39 am

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