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El avance de la delincuencia en Amambay exige medidas

El dato es alarmante y refleja la casi total ausencia del Estado en un territorio crítico: el 80 por ciento de los crímenes del año pasado en el Departamento de Amambay fueron cometidos por asesinos pagados. La Policía Nacional, en ese contexto, es una institución que no garantiza la seguridad de la vida y los bienes de las personas y, con frecuencia, se suma a la rosca delictiva por acción u omisión. La situación no será superada si es que la clase política no cambia de actitud e introduce cambios radicales en esa región donde los delincuentes son los que determinan el curso de los hechos.

El reciente caso de Denilso Sánchez Garcete, intendente electo de Capitán Bado, muestra claramente la falta de institucionalidad que reina en la región. Prófugo de la Justicia, que le acusa de lavado de dinero supuestamente vinculado al narcotráfico, no solo juró ante la Junta Municipal el sábado 19 de diciembre, sino que pidió permiso por medio de una nota.

La Policía dijo que jamás vio al imputado y los miembros de la Junta Municipal se convirtieron en cómplices del que vivió algunos meses en la clandestinidad hasta entregarse el pasado domingo a la noche en una comisaría de Capitán Bado.

Lo que sucedió en torno al caso del hermano del diputado suplente del Partido Colorado Carlos Rubén Garcete, quien hasta hace poco estuvo en la cárcel imputado por delitos conectados también al narcotráfico, exhibe con claridad la ausencia del Estado en la conflictiva zona.

Ello explica por qué la delincuencia –sobre todo la vinculada al narcotráfico– se enseñorea en el territorio amambaiense.

El dato de que el 80 por ciento de los asesinatos en esa zona son cometidos por asesinos pagados por los autores intelectuales de los crímenes evidencia la ineficacia de las instituciones de seguridad ciudadana.

La institución más frágil es la Policía Nacional. La corrupción es la norma de muchos de sus efectivos que, en vez de perseguir a los que trafican drogas, se convierten en sus aliados.

A raíz del escándalo del juramento del político con orden de captura, el comandante de la Policía Nacional Críspulo Sotelo destituyó a los que ocupaban los cargos de jefe de Policía y jefe de Orden y Seguridad del Departamento de Amambay.

Ello, sin embargo, no va a ser la solución.

El simple cambio de hombres en la cúpula de una de las instituciones del Estado en la zona es solo una forma de acallar momentáneamente a la opinión pública, pero se deja intacta toda la estructura de vinculación de los uniformados y demás funcionarios con los que detentan el poder real, en la marginalidad.

Por su nivel de delincuencia, por la ausencia de institucionalidad y por el incremento constante del poder de los que buscan conexiones políticas para conseguir impunidad, el Departamento de Amambay exige una urgente cirugía mayor por parte del Gobierno.

Si no se toman medidas urgentes, dentro de poco, la ausencia del Estado se va a convertir en un problema que afectará a todo el país.

Es necesario que el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial intervengan con todo el peso de la ley para que el Departamento de Amambay no quede totalmente en manos de los narcotraficantes y otros delincuentes.

http://www.ultimahora.com/el-avance-la-delincuencia-amambay-exige-medidas-n956950.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

Un comentario en “El avance de la delincuencia en Amambay exige medidas

  1. Instituciones podridas

    El jefe de policía del Alto Paraná, comisario Darío Aguayo pidió, unos días antes de la Navidad, que aquellas familias que tenían planes de ausentarse de ciudad, avisen a la comisaría de su barrio, de modo a que los agentes patrullen la zona y así evitar ser víctimas de ladrones.

    El pedido fue tomado prácticamente como un chiste por la mayoría, dada la desconfianza hacia los efectivos policiales. Los habitantes de esta región fueron por años testigos y víctimas de policías asaltantes, extorsionadores y secuestradores. Lamentablemente, la fama de los funcionarios públicos destacados en el Alto Paraná es que solamente vienen a esta zona para recaudar y volverse ricos lo más rápido posible. En esa lista se encuentran policías, fiscales, jueces, aduaneros, funcionarios y de cualquier otra institución con sede en la región.

    Durante todo el año 2015, los médicos del Hospital Regional se lamentaron en diferentes ocasiones sobre el colapso del Hospital Regional y del Pabellón del Traumas, con los accidentados en motocicletas. Así también las quejas de miles de ciudadanos por las molestias ocasionadas por los inadaptados que practican carreras clandestinas de motocicletas en las rutas, poniendo en peligro sus vidas y las de terceros, se manifestaron en numerosas oportunidades durante el año. Sin embargo, y a pesar de todos estos clamores, ni la policía nacional ni mucho menos la Patrulla Caminera realizaron controles para frenar la ola de muertos y accidentados. Casi al final del año se realizaron algunas tímidas intervenciones y luego desaparecieron nuevamente de las rutas.

    Sin embargo, faltando solo algunos días para fin de año, tanto la Patrulla Caminera, como los efectivos de la Policía Nacional, empezaron a realizar controles en los accesos a Ciudad del Este, en un “trabajo” conjunto, que a todas luces buscaba solamente la coima de los conductores en infracción. Es la misma práctica de siempre, montan una barrera de control, no con intención de multar ni educar o concienciar, para que se cumplan las normas de tránsito, sino al solo efecto de recaudar para las fiestas de fin de año.

    Prácticas de este tipo son las que restan totalmente credibilidad a las instituciones y permiten que las rutas sigan siendo el imperio de inadaptados e infractores que juegan con la vida de los demás. Es preocupante que las autoridades no traten de rectificar rumbos y adopten medidas para ganar la confianza de la ciudadanía, desterrando las prácticas deshonestas y a los elementos corruptos dentro de sus filas. La pérdida de credibilidad de las instituciones constituyen un peligro para la vigencia del estado de derecho, y para la misma sociedad, que se convierte en víctima de aquellos cuya misión debería ser proteger y garantizar la vida y el bienestar del ciudadano.

    http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/39604-instituciones-podridas#sthash.mKunLAu2.dpuf

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    Publicado por Anónimo | 5 enero, 2016, 5:41 am

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