En ocasión de la ceremonia de asunción al mando del nuevo presidente argentino Mauricio Macri, nuestro primer mandatario, Horacio Cartes, a más del saludo protocolar, tuvo la oportunidad de escuchar la halagüeña propuesta que le hizo su anfitrión con relación a los proyectos hidroenergéticos binacionales que su gobierno tiene intenciones de llevar a cabo con nuestro país.
Básicamente, el interesante combo de proyectos hidroeléctricos esbozado por el Presidente de la Nación Argentina se centra en tres proyectos: el aumento de potencia de la usina de Yacyretá con el agregado de tres turbinas más a las veinte ya existentes, la maquinización del Brazo Aña Cua para maximizar la capacidad de generación de la usina, y la largamente postergada construcción de la usina hidroeléctrica de Corpus.
En el siglo por delante, el interés estratégico de Argentina y Brasil, así como el de nuestro país, coincidirán en las represas hidroeléctricas binacionales existentes y en las que pudieran construirse sobre el río Paraná en el futuro, tal como manifiesta ser la plausible intención del presidente Macri. Como nuestros dos vecinos y socios son los que más necesidad de energía eléctrica tienen y tendrán, y dado el tremendo potencial hidroenergético desperdiciado que aún arrastra en sus entrañas el caudaloso río Paraná, ellos tendrán siempre la mira puesta en su máximo aprovechamiento. Pero la geografía ha puesto en manos del Paraguay la llave que guarda el acceso a esa inmensa potencial riqueza. Aunque solo tenga que volver a “poner el agua” –como arguyeron algunos vendepatrias paraguayos en el año 1973–, sin el aporte de ese vital insumo que nos pertenece por mitad, no habría represa ni electricidad en todo el trayecto compartido del río Paraná con nuestro país desde Salto del Guairá hasta Paso de Patria.
Lamentablemente, en tan favorable contexto geopolítico trinacional, nuestro país ha sufrido una colosal estafa por parte de Brasil en Itaipú, y de Argentina en Yacyretá. Todo porque el dictador Alfredo Stroessner, con sus adláteres Enzo Debernardi y Raúl Sapena Pastor, entre otros, antepusieron su codicia personal a su deber de patriotismo, entregando por chauchas y palitos a nuestros taimados socios la mitad de la rica e inagotable mina que en justo derecho correspondía y corresponde al pueblo paraguayo a perpetuidad. Obviamente, a cambio de suculentos sobornos de millones de dólares, que ciertamente le sirvieron al tirano para sostenerse en el poder por 20 años más, y a sus lacayos y descendientes disfrutar hasta nuestros días de la fortuna mal habida.
Mientras tanto, la nación paraguaya se ve obligada a sufrir esa vergonzosa expoliación hasta el presente. Esto, por causa de que los gobernantes que se sucedieron después del dictador no tuvieron el patriotismo de enmendar esa vil entrega de nuestra soberanía energética, repudiando, como corresponde, los inicuos tratados de conformidad con la ley internacional que nos ampara. Hasta hoy prefieren seguir aceptando las colosales coimas que las autoridades brasileñas y argentinas les pasan disimuladas como “ayudas sociales”, a libre disposición de los directores generales paraguayos de las binacionales, que las canalizan al Presidente de la República para la “distribución” correspondiente tal como lo hacía Stroessner en su tiempo.
El gobierno del presidente Cartes debe utilizar sus dos años y medio que le restan en el poder para colocar la solución de la problemática de Yacyretá como su mayor prioridad, especialmente la deuda que le imputan a la EBY, en razón de que con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nada se ha avanzado para arreglar el descomunal desbarajuste financiero registrado en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante 20 años de discrecional administración argentina.
Peor aún, en vez de insistir en la revisión del Anexo C del Tratado, asunto central al ordenamiento administrativo de la entidad, los actuales negociadores paraguayos vendepatrias han salido –otra vez– con un parto de los montes, con el protocolo de una supuesta paridad de gestión, cuando ese punto ya está claramente definido en el Tratado y solo debe exigirse ponerlo en práctica sin negociación alguna. Atendiendo al espantoso grado de corrupción de que han hecho gala en los últimos 30 años los gobiernos de Argentina y Paraguay (todavía no se puede calificar por dónde va a ir el de Macri y por dónde termina el de Cartes), la situación de los intereses del Paraguay en las represas adicionales más arriba citadas que podrían construirse en el Paraná es absolutamente incierta. Las mismas conllevan el riesgo de que el Paraguay sea nuevamente estafado, en este caso por el Gobierno argentino.
Efectivamente, Stroessner firmó los dos tratados porque su visión política le permitió percibir que la represa de Itaipú, primero, y la de Yacyretá, después, iban a representar miles de millones de dólares en efectivo, que tanto los ladrones brasileros en su momento como los argentinos después se embucharían creando millonarios en forma ilícita, porque todos los trabajos, contratos y concesiones que se hicieron durante la construcción de estas dos represas tenían sus abultados porcentajes para ser adecuadamente distribuidos entre funcionarios gubernamentales y empresarios.
Las espectaculares coimas que se pueden conseguir si es que se lanzan obras públicas del tamaño que mencionamos representan un grave peligro para los intereses del Paraguay en el río Paraná. Las empresas constructoras internacionales corruptas y corruptoras saben esto y ya sobrefacturan sus servicios en forma adecuada para mantener contentos a aquellos ladrones de cuello blanco que deben decidir las cosas. El peligro es entonces que ante el atractivo de coimas por valores estratosféricos, políticos afines y funcionarios del gobierno de Horacio Cartes comiencen a presionar para que, sin más ni más, accedamos a la construcción de esas represas a pesar de no estar nada claras las cuentas con Argentina.
Tan duro y humillante sometimiento que nuestros corruptos gobernantes siguen consintiendo en las binacionales debe terminar. Y, por lo que se ve hasta ahora, terminará, no por la venal voluntad de los mismos, sino mediante un firme reclamo público de la ciudadanía. Itaipú y Yacyretá deben convertirse en una causa nacional, para que el Paraguay reciba los beneficios que en justo derecho le corresponden en ambos emprendimientos hidroeléctricos.
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Cuantificando el robo
De acuerdo a datos proporcionados por Itaipú el país recibió del tesoro brasileño hasta el 2015, como compensación, unos US$ 2.944.459 millones. Una media de US$ 2,95 por unidad por la cesión de 995.774.000 de megavatios hora de energía.
Entre octubre de 1984 y octubre de 2015, informaba el conocido experto ingeniero Axel Cid Ayala, las transferencias al Estado paraguayo en concepto de royalties, compensación, utilidad de capital, resarcimiento de las cargas de administración y supervisión, sumaban en total US$ 8.429.950.000. Dividiendo la cifra por 995.774.000 megavatios hora, resultaba en US$ 8,46 el valor unitario de cada unidad de energía cedida obligatoriamente al Brasil.
– Es importante destacar que en el mercado mayorista cada megavatio hora cuesta unos US$ 85.
Los entendidos estiman que si el costo de la energía en el punto de entrega al mercado mayorista brasileño fuese US$ 51 el megavatio hora:
– US$ 44 tarifa Itaipú,
– US$ 4 tarifa de repase y
– US$ 3 tarifa de transporte, la diferencia sería de US$ 34.
Multiplicado por 35 millones de megavatios hora, la energía garantizada paraguaya cedida, la cifra representaría unos US$ 1.190 millones que Paraguay debiera recibir por su energía garantizada excedente.
– El doctor Jeffrey Sachs, en su Informe Final, asume que el precio mayorista de la electricidad en Brasil es de US$ 85 el megavatio hora y que el servicio de la deuda significa US$ 31,2 por cada megavatio hora. El costo de operación calcula en US$ 12,1 por cada megavatio hora y la transmisión en US$ 4,4 el megavatio hora.
Restando a la tarifa mayorista el costo del servicio de la deuda, de operación y de transmisión corresponden a Paraguay, en concepto de compensación y royalties, US$ 37,230 (85 – 31,2 – 12,1- 4,4 = 37,230) por cada megavatio hora.
Explica el doctor Sachs que el país, en el 2012, apenas recibió US$ 14,410 (US$ 9,350 por compensación y US$ 5,060 por royalties).
Sigue explicando el célebre científico: “dado que Paraguay exportó 32.205.000 megavatios hora al Brasil, la diferencia entre US$ 37,230 y US$ 14,410 equivale una pérdida de rentas para Paraguay de US$ 748,6 millones solamente en 2012” (ABC Color, p. 2, 18 de diciembre 2013).
– Las cifras señaladas (US$ 1.190 millones y US$ 748,6 millones), por la cesión obligatoria de la energía paraguaya, representarían, en una década, US$ 11.900 millones en el primer caso. En el otro, US$ 7.486 millones.
Por tanto es inaceptable, como política de Estado, mantener el statu quo en Itaipú. Los bonos soberanos, que endeudarán hasta mediados del siglo XXI a generaciones de compatriotas, no se corresponden con una nación cuya principal riqueza industrial –como el cobre en Chile y el petróleo en Venezuela– es su hidroelectricidad.
Es menester que el derecho de adquisición de las Partes, de la energía no utilizada, ya sea efectivizada por la ANDE como se comprometiera en la Declaración Conjunta del 25 de julio de 2009. Corresponde también que los órganos de administración de la entidad binacional se empeñen en conseguir la mitad de la energía adicional a la garantizada como establece el Tratado de Itaipú de 1973.
El resto es accesorio, inútil y hasta innecesario.
Por Juan Antonio Pozzo Moreno
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/cuantificando-el-robo-1441378.html
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Cartes debe realizar cambios en Yacyretá
Los directivos paraguayos de Yacyretá siguen manejando la binacional en forma ineficiente, arbitraria, desprolija, con muy poca transparencia, y con alta influencia “politiquera”.
El resultado esta a la vista; en más de dos años de negociaciones del Anexo C del Tratado, no lograron nada, los argentinos siguen violando el Tratado y manejando a sus antojos la binacional, tanto en el aspecto técnico como financiero. Los nombramientos innecesarios de políticos, pagos irregulares, comisionados en instituciones municipales, despilfarro en obras en ciudades que están fuera del área de influencia de la EBY, etc, etc.
Es muy llamativa la tolerancia y la paciencia del Pdte. Cartes para seguir mantenido en sus respectivos cargos a los directivos de Yacyretá, a sabiendas que sus pésimas administraciones y nulos resultados afectan negativamente a su Gobierno y por ende al país.
El Pdte. Cartes debe animarse y realizar cambios en el cuadro directivo de Yacyretá, que imprima un nuevo rumbo a la binacional, de manera que pueda salir a flote, y que con certeza traerá beneficios al Paraguay.
Ing. Ramón Montanía Fernandez
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Paraguay necesita directores patriotas en las binacionales
El director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Abog. Juan Schmalko, cobra mensualmente 100.544.840 guaraníes, en tanto que cada uno de los miembros del Consejo de Administración –Ing. Carlos Arrechea, Federico Schultz, Emilio Cubas, Ing. Gustavo Samaniego y ahora la Dra. Sheila Abed– percibe 86.184.253 guaraníes. Estas sumas, en verdad, no se compadecen en absoluto con la escala salarial vigente en el sector público. La remuneración mensual del presidente de la República, incluyendo el gasto de representación, asciende a 37.908.800 guaraníes y es la más elevada del Presupuesto nacional, salvo el caso de los embajadores, cuya retribución en dólares puede superar la del titular del Poder Ejecutivo, según el costo de vida de los países en que residan.
Los jerarcas de la EBY viven entre nosotros, razón de más para que sus ingresos mensuales sean astronómicos para una población trabajadora en la que muchos ni siquiera ganan el salario mínimo.
Es comprensible, en consecuencia, el temor que produjo la reacción de los sindicalistas de las binacionales que se opusieron cuando el Poder Ejecutivo ordenó dar a conocer públicamente todos los salarios, con el argumento de que ello pondría en riesgo su seguridad: ganan tanto que sus abultados bolsillos muy bien pueden ser una tentación para cualquiera.
Lo mismo que en la Itaipú Binacional (IB), la relación allí existente entre las tareas realizadas y los ingresos mensuales está muy por encima de la que se observa en los órganos del Estado. Se trata de un apetecible destino para ganar mucho, trabajando poco. Y, para peor, el desempeño de nuestros representantes en las entidades binacionales hasta ahora ha sido de lo más deplorable para los intereses del Paraguay.
Esta calamitosa historia viene de lejos. Algunos funcionarios jubilados de Itaipú refieren que desde los tiempos en que el Ing. Enzo Debernardi fungía como director general paraguayo, quienes recalaban en la binacional como afortunados nuevos funcionarios recibían de sus superiores jerárquicos paraguayos inmediatos una enigmática advertencia: “Este es otro Paraguay; olvídese del Paraguay que usted conoce”. Con pocas excepciones, los primeros funcionarios con cargos ejecutivos designados en las mismas fueron escogidos por los directores generales paraguayos: Enzo Debernardi en Itaipú y Zoilo Rodas Ortiz en Yacyretá. El primero de ellos se llevó consigo a sus colaboradores de mayor confianza que venían trabajando bajo su administración en la ANDE, como los ingenieros Fidencio Tardivo y Carlos Facetti, entre otros. Por su parte, al no estar al frente de ninguna institución en el momento de ser designado por el presidente Stroessner como director paraguayo de Yacyretá, el ingeniero Rodas Ortiz no pudo darse el gusto de escoger a sus colaboradores principales, tanto para el Consejo de Administración como para la propia dirección ejecutiva de la novel entidad binacional. Se tuvo que contentar con los que le fueron impuestos por el dictador, por alguno de sus ministros más influyentes o por la media docena de generales que constituía el primer anillo militar del dictador. Así, fueron designados, como director técnico, el ingeniero Juan B. Brítez Caballero –nieto del general Bernardino Caballero– como director de Coordinación; el ingeniero Laureano Sosa, a instancias del Centro de Ingenieros Colorados, como director Administrativo; el ingeniero Andrés Ribeiro, funcionario de la ANDE, a propuesta del ingeniero Enzo Debernardi, por ser hombre de su plena confianza; y así por el estilo.
Con el tiempo, fueron ocupando cargos de directores, en Yacyretá, Joaquín Rodríguez, Ángel María Recalde, Carlos Cardozo Florentín, Elba Recalde, Miguel Fulgencio Rodrígez, Enrique Cáceres, y el actual, Juan Alberto Schmalko; y por Itaipú pasaron Salvador Gulino, Miguel Luciano Giménez, Federico Zayas, Jorge Ayala Kunzle, Víctor Bernal, Ramón Romero Roa, Carlos Mateo Balmelli, Gustavo Codas, Efraín Enríquez Gamón, Franklin Boccia, y el actual James Spalding.
Del modo relatado más arriba se establecieron las verdaderas “nomenklaturas” primigenias en ambas entidades binacionales, con siderales sueldos, comparados con los que percibían nominalmente entonces las altas autoridades del Estado paraguayo, incluido el Primer Mandatario. Obviamente, esto ocurría en la margen paraguaya del río Paraná como exacta réplica de lo que ocurría en el lado brasileño y argentino.
Había, por supuesto, una intención estratégica oculta en cuanto a los móviles de semejante prodigalidad salarial. Tanto las autoridades brasileñas como las argentinas, conociendo la escandalosa impronta corrupta que el dictador impuso como método de conservación del poder, sigilosamente armaron la maquinaria burocrática con la que pensaban expoliar al Paraguay de por vida. Necesitaban para eso cooptar de alguna manera camuflada a los funcionarios paraguayos de todos los niveles de la administración de las usinas, de modo que a ninguno de ellos se le ocurriera denunciar públicamente el inicuo sometimiento a que estaban expuestos nuestros compatriotas por parte de sus pares brasileños y argentinos. Entonces, no encontraron ninguna mejor herramienta para eso que el soborno disfrazado en forma de altísimos salarios, solo comparables con los de Wall Street o de las grandes corporaciones transnacionales.
Perversos como eran en sus fines, tales burocracias expoliadoras tenían un código propio de la mafia: al menor indicio de delación de la conspiración contra los inalienables derechos de nuestro país por parte de algún funcionario paraguayo patriota, sería drásticamente castigado por el tirano. El funcionario que tuviera la valentía de denunciar el sistemático robo de la energía generada en las usinas por parte de Brasil o Argentina mediante alteraciones en las planillas de los registros, o cualquier otra anormalidad perjudicial a los intereses paraguayos, iría a ser sancionado con la desvinculación ipso facto como funcionario de la entidad. Perdería su sueldazo.
Llegó la hora de que esa antipatriótica actitud por parte de los funcionarios paraguayos de las binacionales cambie. Es necesario que desaparezca ese “otro Paraguay” que existe en Itaipú y en Yacyretá. Si no, Brasil y Argentina seguirán robándonos a su gusto en ambas usinas hidroeléctricas.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/paraguay-necesita-directores-patriotas-en-las-binacionales-1445046.html
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¿Una necesidad política, económica o simple moda?
Por Luis María Fleitas Vega (*)
En artículos anteriores –“Crisis energética (5). La ANDE, una empresa inviable” (29/03/2009); y “Pobreza energética (2). Creación del ministerio de energía y la liberalización del sector” (16/08/2009)– ya sosteníamos que cualquier empresa que pretenda prosperar debe tener un margen de rentabilidad razonable. Si la misma pierde el 30% de su producción (normalmente el margen de renta), corre serio riesgo de desaparecer del mercado.
Sin embargo, los monopolios subsidiados por el Estado, como el caso de la ANDE, subsisten por una necesidad política, por presión sindical o por una idea perimida donde se lo pone al Estado como el gran papá, que todo lo soluciona. “Es una empresa estratégica”, es un “patrimonio del Estado”, es un “patrimonio histórico del pueblo”; en fin, tantos eslóganes como grupos sociales, partidos o cofradías exista.
Las empresas del Estado, al no estar a ritmo de mercado, necesariamente sucumben por los mismos vicios que todos conocemos: corrupción, clientelismo político, nepotismo, prebendarismo y otras lacras del estatismo. El mal se reproduce en casi todos los países de economía dirigida y centralizada, especialmente en los socialistas, donde el gran empleador es el Estado.
Hasta aquí nada nuevo bajo el sol. Vayamos a lo concreto. ¿Es necesaria la creación de un ministerio de energía y minas? Pongamos a consideración algunos hechos que aparecieron en estos 6 o 7 años que justifican y refuerzan nuestra tesis de la época:
1. Según reportes oficiales de la Itaipú Binacional, en el año 2015 ingresaron al Estado paraguayo, vía Ministerio de Hacienda, 653,47 millones de dólares americanos, distribuidos de la siguiente manera: 250,51 millones por royalties; 360,18 millones por energía cedida y 42,77 millones por resarcimiento y utilidad a la ANDE. El monto total corresponde a ingresos genuinos aportados al Ministerio de Hacienda por parte de solo una de las dos hidroeléctricas binacionales. No poseemos aún los de Yacyretá que están atrasados y siempre son difíciles de precisar.
2. Sumados los ingresos de Yacyretá y la Central Acaray, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el sector energético es uno de los que más aportan al fisco. No mencionaremos los ingresos tributarios (impuestos a la importación, exportación, IVA, IRP, tasas, etc.) sino los industriales, es decir, aquellos que se dan por la venta de un bien o un servicio.
3. Según datos, también oficiales (Balance energético nacional, MOPC), las mermas eléctricas del 2014 fueron de 3.637.400 MWh; es decir, una energía equivalente al consumo industrial y comercial, juntos. Esta cifra del 37% de merma en todo el sistema eléctrico nacional es una calamidad. ¿Qué empresa aguantaría en el mercado tamaña cifra?
4. El Sistema Interconectado Nacional (SIN) es un enmarañado de cables constituido por la generación, la transmisión y la distribución. En las primeras dos fases, todos los años se habla de récord de producción mundial, nacional, eficiencia, etc. Nadie habla de la última fase, distribución. Y el silencio se debe a la vergüenza o al temor. Reconocer la ineficiencia de la ANDE puede costar caro a sus administradores. En la distribución está la pérdida técnica y el robo. En la distribución están los grandes negociados: la poda, los cambios de transformadores, las reparaciones tercerizadas, las ampliaciones; en fin, la coima y el “negocio de los muchachos”. Si la distribución se vuelve eficiente, se disminuyen las pérdidas técnicas y el robo social, el dolo político o de los grandes ladrones industriales de la energía; acaba el negocio.
5. Por otra parte, si aparece un ministerio de energía y minas que tenga el poder político de manejar los “gastos sociales”, acaba el negocio de la “propaganda política” financiada por las binacionales. Este segmento es el único que no ingresa al fisco porque conforma una especie de “responsabilidad social” de las hidroeléctricas y es de exclusiva disponibilidad del ejecutivo. Con los “gastos sociales” se construyen viviendas sociales, viaductos, se reordena el Mercado 4, empedrados en municipios amigos, pozos artesianos a los correligionarios. En fin, obras rápidas, bien construidas, sin mucha burocracia y, lo más importante, inauguradas a tiempo y sin mucha participación de los “muchachos”, como lo serían en los ministerios.
6. Estos argumentos sociopolíticos tienen un gran fundamento económico, pero los últimos, a seguir, tienen un argumento geopolítico. En toda Latinoamérica creo que el Paraguay es uno de los pocos países que no tienen un ministerio de energía, tiene un escuálido Viceministerio, un coronel que se presenta en los foros internacionales a negociar con generales.
7. Si el decreto firmado por el Presidente fuese refrendado por el ministro del área, es decir, de energía, se cortarían las alas a los “virreyes” de Itaipú y Yacyretá. Se reportan directamente al Presidente, ¡ni siquiera al administrador propietario de las mismas, es decir, la ANDE! En 42 años de historia de Itaipú y Yacyretá jamás escuche que sus directores se reporten, mucho menos, al viceministro de minas y energía, hoy, su jefe político.
En conclusión. Si estos argumentos aún no convencen a los políticos y administradores del sector, es porque el estado actual les conviene. Pero recordemos que son una minoría. El gran perdedor es el pueblo que debe soportar esas pérdidas de la ANDE que llegan, aproximadamente, a US$ 250 millones al año. Les conviene también a los líderes sindicales que defienden a su parentela incrustada en el Estado; a los negociados de las “firmas de los amigos”, a la “clientela del partido”, a la línea de Compañía Lorito conformada por “correligionarios” que no pagan su cuenta. En fin, en pocas palabras, dejar así como está beneficia a unos pocos, pero perjudica al resto del país.
(*) Especialista en Protección Eléctrica. Ingeniero Agrónomo. Msc en Planificación y Conducción Estratégica Nacional.
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A ojo de buen cubero
Por Juan Antonio Pozzo Moreno
Lo empleamos para expresar que una cosa está hecha a bulto. Los cuberos o fabricantes de cubas no tenían posibilidad de medir exactamente la capacidad de la cuba que fabricaban, las hacían una por una y su capacidad no era exactamente igual en cada cuba. Sólo un buen cubero tenía una cierta habilidad para calcular aproximadamente las capacidades de las cubas procedentes de diferentes lugares.
En efecto, haciendo un parangón con los negociadores paraguayos que consintieron el Tratado de Itaipú de 1973 –en realidad un contrato de concesión por cincuenta años de la energía paraguaya– obviando reflexivos estudios, a bulto, se adecuaron a los intereses de Itamaratí.
Tampoco le dieron importancia los congresistas del oficialismo limitándose a asentir las proposiciones del ocasional socio condómino.
En vez de un tratado, que pudiera formalizar el pacto de Foz de Yguazú rubricado en 1966 por los cancilleres de Paraguay y Brasil, ratificaron la concesión durante medio siglo de la principal riqueza industrial del Paraguay: la mitad de la producción energética de Itaipú.
Para la irresponsable cesión, los representantes paraguayos, sin mucho ruido, fabricaron “cubas” no paraguayas sino brasileñas.
Al respecto, el general Víctor Segovia Ríos en el prólogo de “Itaipú, una victoria bien brasileña”, editado en el año 2011, nos refresca la memoria al señalarnos que “El más célebre de los paraguayos vendepatrias es sin lugar a dudas el expresidente de la República Cándido Bareiro, quien con su ministro de Relaciones Exteriores, José Segundo Decoud, entregaron campantemente a Bolivia la mitad de nuestro Chaco, en octubre de 1879, apenas cinco meses después de haberlo recuperado del dominio argentino mediante el justiciero Laudo Hayes, entrega finalmente impedida mediante el patriotismo de los miembros del Congreso nacional que se negaron a ratificar el ignominioso tratado”.
Sigue memorando el general Segovia Ríos “Un siglo después… apareció en el escenario nacional un digno émulo: Alfredo Stroessner, el gran traidor que contra la voluntad del pueblo paraguayo entregó al Brasil la soberanía paraguaya en el estratégico emprendimiento energético binacional de Itaipú, aceptando el leonino Tratado que a su gusto y paladar redactaron los brasileños para exclusivo provecho de su país, en grave detrimento de los legítimos intereses paraguayos. Así como Bareiro tuvo a su canciller Decoud como lacayo, Stroessner lo tuvo al ingeniero Enzo Debernardi como el suyo”. En su Informe final, las conclusiones de célebre economista Jeffrey Sachs confirma el despojo: detalló con precisión y exactitud la medida del fraude en Itaipú. El estudio del experto del Columbia Vale Center, a disposición de las autoridades nacionales, es la antítesis del vai vai (a la ligera, superficialmente) o del impreciso ojo del buen cubero. Porque en los tiempos que nos toca vivir la sola intuición ya no es suficiente.
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Itaipú y Yacyretá, intereses vitales que deben defenderse con patriotismo
Sin duda, el mayor infortunio existencial del Paraguay fue la inicua guerra contra la Triple Alianza, porque no solo exterminó a nuestra nación en lo que fue el primer genocidio de la historia y desmembró nuestra heredad, sino que desde entonces no faltaron paraguayos traidores de lesa patria que desde las alturas del poder, a cambio de pingües sobornos para provecho personal y de sus adláteres, no hesitaron en rifar los intereses nacionales a favor de gobiernos de países limítrofes que fueron y serían usurpadores de nuestra soberanía.
Así, en el siglo pasado apareció el general Alfredo Stroessner, quien prevalido de su omnímodo poder dictatorial, entregó a discreción de Brasil y Argentina un filón vital de nuestra soberanía territorial en Itaipú y Yacyretá. Y lo hizo movido por la codicia, tanto de poder como de dinero, secundado por sus adláteres, Raúl Sapena Pastor como canciller y Enzo Debernardi como negociador jefe del leonino Tratado por el que el Paraguay renunció irrevocablemente a su primordial derecho de administración paritaria de la usina binacional y al precio justo para el excedente de su electricidad, a ser vendida preferentemente a su socio en el emprendimiento hidroenergético igualitariamente compartido bajo la modalidad comercial de un joint venture.
La expectativa de los miles de millones de dólares a ser embuchados en Itaipú por el dictador y sus paniaguados –popularmente conocidos después como los “barones de Itaipú”– no moderó la codicia del autócrata, quien a continuación firmó con el Gobierno argentino el Tratado de Yacyretá, un calco del de Itaipú, con el agregado de una u otra cláusula irrelevante en cuanto a la salvaguarda de los derechos del Paraguay en la usina hidroeléctrica binacional. Para frustración del dictador y sus acólitos, aquí los directores argentinos del ente no tuvieron la largueza de los brasileños en cuanto a coimas y sobrefacturaciones, al menos en el tiempo en que el dictador permaneció en el poder. Les tocó a sus sucesores en el Gobierno de la República y a sus paniaguados alzarse con la fortuna mal habida que la demora en la construcción del “monumento a la corrupción” privó al déspota abultar sus faltriqueras.
Casi medio siglo ha transcurrido desde que Stroessner hipotecó nuestra soberanía energética en las usinas hidroeléctricas binacionales sin que ninguno de los gobernantes de la República que le sucedieron se haya plantado ante los gobiernos de Brasil y Argentina exigiendo el fin de la anacrónica explotación colonialista de que nuestro país es víctima en las mismas, en un tiempo en que en el mundo globalizado ya no se aceptan tales prácticas confiscatorias de soberanía. Y no lo hicieron ni lo hacen hasta ahora, no por falta de oportunidad ni de instancia de justicia internacional a la que recurrir, sino porque, al igual que el dictador, han optado por los sobornos y las sobrefacturaciones para beneficio de la gavilla, en vez de defender nuestro vital interés nacional en esos emprendimientos.
En este sentido, el pueblo paraguayo le votó a Horacio Cartes para presidente de la República atraído por su promesa de “nuevo rumbo” en la conducción política de la República. Uno de los cambios más deseados por la ciudadanía era el de la errática y claudicante política exterior de los sucesivos Gobiernos en lo concerniente a los abusos financieros cometidos por las autoridades brasileñas y argentinas en perjuicio de nuestro país en Itaipú y Yacyretá. La otra preocupación pública relacionada con la diplomacia como primera línea de defensa de nuestros intereses hacia afuera era la concerniente al mal trato que venimos sufriendo gratuitamente dentro del Mercosur.
La primera decepción ciudadana en tal sentido se dio con la histórica reculada del presidente Horacio Cartes de su promesa de salvaguardar la dignidad de la Nación ante la agresión diplomática y comercial que sufrió nuestro país por haber ejercitado su derecho soberano de destituir a un presidente de la República por mal desempeño en el cargo, de conformidad con la Constitución. Su reprobable claudicación enfrió la confianza pública en la integridad de su patriotismo como gobernante. Con esa brecha de credibilidad entre sus palabras y sus acciones, el público empieza a creer cada vez menos en la sinceridad del Primer Mandatario en cuanto a sus intenciones en lo concerniente a su política exterior en defensa de los intereses nacionales en Itaipú y Yacyretá.
Aunque para muchos paraguayos cada pieza de argumentación acerca de las intenciones del Gobierno en las negociaciones con la Argentina sobre Yacyretá (la revisión del Anexo C del Tratado, la clarificación de la deuda de la entidad, el pago de compensaciones a nuestro país, obras futuras, etc., etc.) tiene algún sentido, la mayoría cree que en la ESTRATEGIA pergeñada por el Gobierno no hay un objetivo claro enderezado a exigir a la Argentina el cumplimiento del Tratado. No se ve en la política del presidente Horacio Cartes un plan de negociación firme y coherente.
En ese sentido, nuestro diario cree fundamental que, para resolver el problema del Paraguay en Yacyretá, nuestro Gobierno asuma una táctica consistente. La imprudente receptividad a las propuestas argentinas, como la NR 6/14 de cogestión y otras similares que puedan venir por parte del Gobierno argentino, por ejemplo, debe ser revertida.
Es preciso insistir en que el statu quo en Yacyretá no va a ser removido con declaraciones diplomáticas espirituosas, sino con pulso firme y visión de estadista. El presidente Cartes debe cumplir con sus promesas electorales y no ceder un milímetro en la defensa del interés nacional.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/itaipu-y-yacyreta-intereses-vitales-que-deben-defenderse-con-patriotismo-1453063.html
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El 2023 y el “Anexo C” del Tratado de Itaipú Binacional
Por Ing. Orlando Valdés (*)
Como sabemos, en el año 2023 caduca el plazo de 50 años que acordaron sus negociadores en 1973 para que sean “revisadas” las disposiciones del Anexo C del tratado de Itaipú, documento que define las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la hidroeléctrica paraguayo-brasileña.
El Art. VI del documento en cuestión establece que “las disposiciones del presente anexo serán revisadas después de transcurrido un plazo de cincuenta años, a partir de la entrada en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por la Itaipú para la construcción del aprovechamiento y la relación entre potencias contratadas por las entidades de ambos países”.
¿Cuáles son los puntos más relevantes que deberán revisarse en esa ocasión?
En primer lugar, la forma de definir la tarifa. Actualmente la tarifa de la binacional está influenciada muy fuertemente por las obligaciones financieras de la entidad, tanto es así que más del 70% del valor de la tarifa está destinado para el pago de la deuda que fuera contraída para su construcción.
El objeto de la “revisión es “establecer una nueva forma de tarifar la producción de energía de la binacional, ya que se considera que luego de 50 años de la firma del tratado, la deuda contraída debería estar totalmente saldada y por lo tanto el pago de la misma dejaría de influir en la composición de la tarifa.
Para asegurar que la deuda esté cancelada en ese periodo y de esa forma permitir que cada Alta Parte usufructúe a plenitud y a bajo costo la producción de la central hidroeléctrica, se estableció la cláusula por la cual se considera “la relación entre las potencias contratadas” por las entidades compradoras de ambos países, a los efectos de que cada socio asuma el saldo de la deuda, si aún la hubiere, en la proporción en que la utilizó en el periodo establecido de 50 años.
Para el 2023, la deuda de Itaipú Binacional podrá ser cero o tener aún un saldo que deberá ser cubierto por las Altas Partes como dijimos, conforme a la proporción en que cada parte utilizó la energía.
¿Qué pasaría si el saldo de la deuda fuera cero para el 2023?
La estructura tarifaria de la binacional estaría compuesta básicamente de los siguientes rubros:
– Costo de operación y mantenimiento de la central.
– Recursos necesarios para el pago de beneficios a las Altas Partes contratantes.
– Recursos para la renovación de los equipos e instalaciones.
– El monto del saldo, positivo o negativo, de la cuenta del ejercicio anterior.
Se puede afirmar que para este caso la tarifa de la binacional será igual para cada Alta Parte.
¿Qué pasaría si el saldo de la deuda no fuera cero para el 2023?
La estructura tarifaria de cada Alta Parte contratante incluirá el rubro pago de deudas, pero con valores diferentes, en función a la proporción de la utilización de la energía por cada Alta Parte, en el periodo de 50 años de vigencia del Tratado.
Es así que la tarifa para las partes será diferente, dependiendo de la proporción de saldo de la deuda a ser pagada par cada una de las partes, así quien más utilizó pagará más y viceversa.
La estructura tarifaria, una para cada Alta Parte, estaría compuesta básicamente de los siguientes rubros:
– Costo anual de operación y mantenimiento de la central.
– Recursos necesarios para el pago de beneficios a las Altas Partes contratantes.
– Recursos para el pago de la deuda restante en la proporción utilizada (XX %).
– Recursos para la renovación de los equipos e instalaciones.
– El monto del saldo, positivo o negativo, de la cuenta del ejercicio anterior.
Se puede afirmar que para este caso la tarifa de la binacional será diferente para cada Alta Parte.
Con absoluta seguridad podemos afirmar que al cumplirse el plazo para la revisión del Anexo C caducan todos los criterios establecidos inicialmente en ella y se asume que cada Alta Parte dispone libremente de su 50% de energía correspondiente.
El concepto de “energía cedida” quedará automáticamente eliminado, dejando al libre albedrío de las partes, o del mercado, la fijación del precio de la energía a ser vendida por cualquiera de las Altas Partes que no la requiera.
Como se puede observar, la “revisión” del Anexo C a los 50 años de la firma del tratado de Itaipú Binacional significa en realidad la recuperación plena de la soberanía energética en dicha binacional, ya que no existirán deudas contraídas para su construcción pendientes de ser pagadas, y si las hubiera se las realizará conforme al porcentaje de utilización de cada Alta Parte contratante.
Así de sencillo y claro es lo que se tendrá que hacer en el año 2023 en la Itaipú Binacional.
Y ya que estamos con el tema del Anexo C, es importante resaltar que los negociadores del Tratado de Yacyretá, en el caso del Anexo C de la misma, lograron un menor tiempo para la recuperación plena de la soberanía energética en dicha binacional, solo 40 años.
Este plazo se cumplió en la binacional Yacyretá hace dos años, hasta ahora nadie de los bien pagados directivos habla de este tema, se manifiestan sobre temas periféricos, hablan de desorden, de disparates, de buena onda, de perjudicar a cientos de familias, del Anexo A, pero no hablan ni tangencialmente en ninguno de los centros de poder de la recuperación de la soberanía energética en Yacyretá, que se logrará mediante la correcta aplicación del Anexo C del Tratado de Yacyretá. Cómo harán esta tarea deben explicar los directivos de la EBY a la población paraguaya que, aunque no parezca, está atenta al desenlace de esta situación que afecta la soberanía nacional.
(*) Presidente de la Aisep
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El Salto del Guairá
Por Juan Antonio Pozzo Moreno (*)
El doctor Richard Niland, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Strathclyde de Glasgow, Escocia, Reino Unido, en su pasada visita a nuestro país quedó sorprendido por “la forma de actuar de la Historia”, según nos señalaba en una de sus últimas misivas. Niland ya no encontró vestigios de las cataratas del Salto del Guairá, motivo de sus trabajos de investigación, pero tuvo ocasión de tomar conocimiento de que la valerosa dama irlandesa Alicia Elisa Lynch, entonces del Reino Unido, resultaba ser su compatriota.
Richard, un dedicado estudiante, con deseos de escribir “sobre un tema totalmente desconocido en el mundo anglófono”, llegó hasta el Paraguay para conocer más sobre los saltos, únicos en su clase, sumergidos hoy en el lago de Itaipú por decisión de los gobiernos brasileños.
No solo el agua
La ocasión fue propicia para señalar que el Paraguay no solo puso el agua del río Paraná en Itaipú. Además del Salto del Guairá perdió su selva Atlántica, su fauna y más de treinta poblaciones nativas que hoy pululan las periferias urbanas.
El Salto del Guairá es de Paraguay
Cuando por exigencias de Brasil, por el Protocolo Moreno-Mangabeira de 1930, se reabrió la demarcación de la frontera, ya delimitada según el Tratado de 1872, la intención brasileña no era otra que salvar la omisión para incluir en su territorio las cataratas del Salto.
Solución a la presión de la demanda
Los técnicos brasileños, por aquel tiempo, consideraban el extraordinario potencial del Salto del Guairá como la solución a su demanda energética. Sin embargo, la redemarcación fronteriza de facto nunca concluyó. Las categóricas afirmaciones técnicas que el territorio nacional estaba definido por el ramal Norte de las altas cumbres del Mbaracayú demostraban fehacientemente que las principales cataratas del Salto estaban en continente paraguayo.
Invasión brasileña
No pudiendo torcer la lógica, en mayo de 1965, Brasil invadió con sus fuerzas armadas Puerto Renato, territorio paraguayo, para apropiarse por la fuerza del Salto del Guairá, pero la oportuna intervención del canciller norteamericano Dean Rusk, quien propició una mesa de negociaciones, originó el 22 de junio de 1966 el Acta Final de Foz de Yguazú. En el documento quedaron establecidos la explotación conjunta del río Paraná y el reparto equitativo de la producción. La energía no usada por Paraguay sería adquirida por un precio justo.
Un costo sin precedentes
Sin embargo, el acuerdo despojó al Paraguay del Salto del Guairá. De propietario, con la sola anuencia de los gobiernos, se decidió en el Acta Final que el Salto era un condominio de Paraguay y Brasil. Cabe acotar que el Congreso Nacional nunca tuvo velas en este entierro.
Prisionero geopolítico
Es así que, por imperio de la fuerza, Paraguay se convirtió en prisionero geopolítico de su socio. No obstante, por “la forma de actuar de la Historia”, fuera de todo contexto, se constituyó en socio indispensable de sus poderosos vecinos en la explotación del potencial hidroenergético del caudaloso río Paraná. Es notable cómo el destino puso en manos del país una poderosa herramienta para su desarrollo, aunque hasta ahora desaprovechada a causa de sus corrompidos dirigentes.
Entonces, es menester liberarnos de este trágico infortunio en las próximas elecciones presidenciales. Llegó la hora de elegir a la persona confiable para dirigir los destinos de la nación. Un candidato empeñado en orientar la política hacia el bien común y con suficientes condiciones para hacer valer nuestros derechos soberanos en Itaipú y en Yacyretá.
Finalmente, Richard Niland, en este año, tiene previsto volver al Paraguay, un país por el que siente vivas simpatías. “Con todo lo que encontré en los periódicos, en sus libros, en la conversación y en testimonios vivos de los Saltos, creo que tengo mucho para hacer … algo bien fino sobre los Saltos en la literatura y en la Historia”.
Richard, compatriota de madama Lynch, tiene mucho que abundar sobre la poco conocida historia del Paraguay.
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Importancia estratégica de las hidroeléctricas
Por Juan Antonio Pozzo Moreno (*)
El desarrollo está condicionado a la electricidad, no se puede conseguir avance posible sin la energía eléctrica. En los conflictos que asuelan a la humanidad, cuyo epicentro se encuentra hoy en el Medio Oriente, la escasez de agua, de alimentos y la falta de electricidad, unidos al desarraigo constituyen la mayor crisis humanitaria del mundo actual. La muerte de miles de inocentes, en su mayoría niños y ancianos, ocasiona serios problemas migratorios a los países centrales a los que el Santo Padre, al término del vía crucis romano, reclamó mayor solidaridad.
El problema no es reciente, data de tiempos atrás, no obstante salió de madre cuando el Estado Islámico en Irak (EI), en abril de 2013, se unió con Al-Nusra para conformar el Estado Islámico en Irak y Siria (ISIS).
Más adelante, en junio de 2014, ISIS creó un califato en el que Abu Bakr al-Baghdadi se autoproclamó como el califa Ibrahim, con inusitadas pretensiones de reeditar los límites históricos, de hace unos cinco siglos, del Imperio Otomano.
Para los analistas de seguridad de Londres y Bagdad, el control de las presas y ríos se ha convertido en esta guerra desalmada como una importante estrategia para el Estado Islámico que podría ser decisivo en el resultado del conflicto en Irak y en Siria.
Mientras para otros especialistas, en Bagdad todo lo relacionado con ríos, canales, presas hidroeléctricas y plantas de desalación constituyen objetivos militares en una región semiárida con extrema escasez de agua.
Aseguran que la lucha será por el control del agua, principal objetivo estratégico de todos los grupos que operan en Irak. El que controla el agua en Irak tiene el control sobre Bagdad. Evidentemente, el agua es el factor gobernante en este conflicto.
Pavorosamente, los islamitas controlan la mayor parte de los ríos Tigris y Éufrates, de los que se sustentan todo Irak y gran parte de Siria.
Por todo ello, constituyen objetivos militares la presa de Hadiza, en la provincia iraquí de Al Anbar, con sus infraestructuras hidroeléctricas sobre el Éufrates. Con su dominio, el Estado Islámico puede administrar la mayor parte de la electricidad de la nación.
Como estrategia de protección, la fuerza aérea de Estados Unidos atacó posiciones del Estado Islámico próximas a la represa de Hadiza. La represa suministra agua a millones de iraquíes y es el segundo mayor generador hidroeléctrico de Irak, por lo que su captura por los yihadistas podría suponer un desastre humanitario. La pérdida de control o cualquier inundación podría causar serias catástrofes a miles de ciudadanos iraquíes.
Pero la osadía yihadista, los más radicales del Islam político, no tiene parangón. Pudieron mantener bajo su control la represa de Mosul, la principal de Irak, durante diez días hasta que fueron expulsados por una fuerza mixta iraquí y kurda el pasado agosto de 2014. ISIS logró así apoderarse de la infraestructura crítica del país con suficiente capacidad para bloquear el flujo de electricidad y controlar el acceso a los suministros de agua del que dependen las personas.
Cabe señalar que la ofensiva aérea marcó la reanudación de la intervención militar de Estados Unidos en Irak luego de que el presidente Obama ordenara el fin de la misión y el retorno de las tropas a fines de 2011, luego de ocho años del inicio de la invasión de 2003 para derrocar a Saddam Hussein.
En una carta enviada al Congreso, Obama dijo que las operaciones serán limitadas en su alcance y duración, según sea necesario para “retomar y establecer el control” en la zona de la presa.
Estas lecciones de la historia, en este mundo globalizado, comprometen a nuestras autoridades a ser más cuidadosas con la seguridad de las represas hidroeléctricas.
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¿Realidad o ficción?
Por Ramón Casco Carreras
Cuando un periodista opta por la ficción y descarta los hechos o tan solo pespuntea su reportaje o crónica con hebras de su imaginación, se expone a un par de riesgos de extraordinaria relevancia: la pérdida de la objetividad que esperan sus lectores y la erosión progresiva de su credibilidad que, en definitiva, es el capital genuino con que cuenta en el singular mercado en el cual trabaja.
Cuando un jefe de Estado, nos referimos a las actuaciones del presidente Horacio Cartes en París (noviembre de 2015) y Nueva York (abril de 2016) en un asunto tan sensible como el cambio climático, cae e incluso recae en la equivocación de desplazar la realidad con la fantasía o de presentar, para colmo de males ante un foro globalizado, como realizaciones meras expresiones de deseos, las consecuencias para él y para el país que lo votó son impredecibles.
El 30 de noviembre del año pasado, en la jornada de apertura de la cumbre sobre el cambio climático en París, Cartes sostenía que “somos uno de los pocos países que consume 100% (energía) de fuente limpia y renovable”. Tan convincente fue o tan incauta era su audiencia que, cuatro días después, la agencia francesa de noticias AFP publicaba que nuestro país encabezaba la lista mundial en materia de energías de baja emisión de carbono.
El viernes último, en esta oportunidad en Nueva York, en la cumbre de mandatarios para la firma del acuerdo que lograron el año pasado en París, el titular del Ejecutivo paraguayo, además de comprometerse a enviar “inmediatamente” el documento al Legislativo nacional, reveló una vez más algunos meandros de su fecunda imaginación.
“En el paraguay seguiremos trabajando en la producción de energía eléctrica limpia y renovable a través de las más importantes represas hidroeléctricas del mundo, la Itaipú, que nos pertenece en condominio con el Brasil y Yacyretá, que compartimos de modo igualitario con la Argentina”, dijo ante la audiencia presente en la sede de las NN.UU., así como ante la mundial que en ese momento veía y escuchaba a través de las agencias internacionales de noticias y de los enviados especiales de diarios, canales de TV y radioemisoras de varios países.
Volvamos a exhibir, al menos las aristas, del complejo a la vez simple poliedro que es el sector Energía de nuestro país. Viceministerio de Minas y Energía. Balance Energético Nacional de 2014. Consumo final de energía: electricidad, 17,9%. Derivados del petróleo, 37,7%. Biomasa (leña, carbón vegetal, residuos agro-forestales y alcoholes incluyendo el destinado a mezclas con gasolinas), 44,4%.
En el segundo caso, si bien ya evitó mencionar el ciento por ciento de energía limpia y renovable, al destacar el renglón menos importante de la estructura del consumo final de energéticos e incluso ignorar a los más inquietantes, como los derivados del petróleo y de la inexorable deforestación de nuestro territorio, la intención mágico/propagandística del gobierno Cartes quedó pornográficamente expuesta.
Finalmente, admitamos nuestra coincidencia con Cartes, que tanto en Itaipú como en Yacyretá, la República del Paraguay, por el derecho nacional e internacional, es propietaria, en condominio y por partes iguales de ambas represas, así como de su producto, la energía eléctrica, y que el fin o propósito de esos instrumentos jurídicos es la división de la energía por partes iguales (artículos XIII de uno y otro documento).
Sin embargo, luego de 43 años en Itaipú y 42 en Yacyretá, la realidad sigue siendo diamentralmente opuesta, porque a pesar del propósito o finalidad de ambos instrumentos, una realidad “justificada” hasta con pueriles excusas, consentidas obviamente por nuestros gobiernos de turno, la República del Paraguay pudo –en todos los sentidos– acceder a menos del 10% de la producción de ambas usinas y nunca al justo precio, en rigor ni a un precio siquiera, por el cuantioso excedente que tuvo y tiene en ambas hidroeléctricas.
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Pedido de disculpas
Por Juan Antonio Pozzo Moreno
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En Brasil
En el vecino país no se salvan de la justicia ni políticos ni empresarios. La clave es “su independencia”, afirmaba recientemente en Infobae Darío Mizrahi. Durante muchos años, señalaba Darío, la justicia brasileña funcionó de manera diferente al estar “plagada de los peores vicios de la política, y era impensable que pudiera actuar como lo viene haciendo en las últimas causas”.
Al superar la justicia la insalvable barrera, que otorgaba rienda suelta a la corrupción, los bandidos públicos y privados están con la barba en remojo al llegar el momento de rendir cuentas de sus trapisondas.
Al respecto, en un mea culpa sin precedentes, la empresa Andrade Gutiérrez, la segunda mayor constructora del país, hizo público el 9 de mayo de 2015 un “pedido de disculpas” por los sobornos en Petrobras y fraudes al Estado.
Por las sobrefacturaciones de obras para estadios del Mundial de Fútbol de 2014 se comprometió a devolver 1.000 millones de reales, unos US$ 287 millones.
En su manifiesto por un “Brasil mejor”, la megaconstructora, con aparente humildad, admite delante de la sociedad brasileña sus errores y dice que está dispuesta a reparar los daños causados al país y a su propia reputación. Todo ello días antes de que el Senado vote por la apertura del impeachment a la presidenta Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas.
En Paraguay
Mientras, la justicia en Paraguay se debate en juicios a magistrados prevaricadores quienes tratan de demostrar su inocencia como gato panza arriba. Los que debieran sostener al Estado, marcando las pautas de convivencia social, están inmersos en el fango grosero de la corrupción, repetitiva circunstancia que comparte con funcionarios públicos u otras autoridades gubernamentales corrompidas.
El persistente atavismo, desde la Guerra Guasu, que apela a la seguridad nacional para justificar la entrega de nuestra soberanía energética en Itaipú y en Yacyretá, también afecta a nuestros jueces. Sin embargo, en sus casos no es el temor de poner en peligro la seguridad de la patria sino sus descomunales bolsillos profundos.
Metidos en todo, desde incluir en las nóminas estatales a sus parentelas hasta la impertinente mentira para continuar en sus bien remunerados cargos, destruyen el estado de derecho, prostituyen con su mal ejemplo la meritocracia y arrastran a la juventud con sus vicios obnubilados por el poder de facto.
Agregaba Darío Mizrahi, en Infobae, que los jueces están en condiciones de aplicar la ley y la Constitución de modo republicano e igualitario. Su formación técnica, la poca dependencia de favores políticos y las garantías constitucionales –solo pueden perder el cargo por sentencia judicial definitiva e inapelable, pudiendo ser removidos por comprobado interés público– les permite actuar con un alto grado de independencia, afirma.
¿Y nuestra justicia? Es hora de que nuestros magistrados, como muestra inicial de su independencia, dejen de blindarse jurídicamente. En particular a aquellas empresas binacionales hidroeléctricas y junto con la Contraloría General de República se esmeren en desentrañar los recónditos contratos de Itaipú, cuya inflada deuda hipoteca hasta el año 2023 el futuro del país.
En Yacyretá pareciera misión imposible. No obstante, la esperanza no se desvanece.
Pero lo cierto es que esta ola moralizadora regional no vino para detenerse, sino para transparentar la gestión pública. Sería bueno que nuestros magistrados, en sintonía con los tiempos actuales, se despojen de sus actuaciones históricas y se animen a ponerse los pantalones largos.
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¿Socios o cómplices en las binacionales?
En su oportunidad, tanto la Contraloría General de la República del Paraguay (CGR) como el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) se han declarado competentes para auditar la administración de la usina hidroeléctrica binacional de Itaipú, cada uno en su respectiva margen y a un solo efecto: la transparencia de la gestión cumplida por sus autoridades. Sin embargo, en el lado paraguayo, cuando la CGR anunció su resolución de auditar el paquete de gestión de las autoridades nacionales allí destacadas para velar por los intereses de la República, no pudo hacerlo porque existe una acción de inconstitucionalidad promovida por la ANDE, que sigue vigente, con el argumento de que la entidad binacional no es parte del Estado paraguayo, y que, por lo mismo, escapa a la jurisdicción de leyes e instituciones de la República. Este fallo –que debe ser corregido– sentó una nefasta jurisprudencia de supranacionalidad, contraria al principio de soberanía inalienable del Estado paraguayo sobre su territorio y sus recursos naturales aportados para un joint venture comercial con otro Estado socio en pie de absoluta igualdad en cuanto a aportes, derechos, obligaciones y beneficios.
Así, la auditoría de la gestión del ente binacional en la margen paraguaya del río quedó truncada. La razón de la oposición del Poder Ejecutivo a que se audite la gestión de las autoridades nacionales de la entidad era muy clara: desde sus inicios las binacionales se convirtieron en coto de caza de los gobernantes deshonestos de turno. Estos, a cambio de suculentos sobornos encubiertos como “ayudas sociales” obsequiados por los brasileños, hasta hoy no han tenido el patriotismo de acabar con ese statu quo explotador que nos dejó como nefasta herencia el dictador Alfredo Stroessner, y que frustró la única e histórica oportunidad para que el Paraguay impulsara su desarrollo.
En el lado brasileño sucedió lo mismo. Cuando el TCU se declaró competente y se dispuso a auditar la gestión de las autoridades brasileñas en la binacional, saltó a interponerse para trabarla con medidas judiciales Eletrobrás, una empresa mixta de capital privado (nacional y extranjero) y estatal que administra el mercado eléctrico mayorista del país. Con una mayoría accionaria del Estado de 53,99 por ciento cotiza en las bolsas de São Paulo, Madrid y Nueva York, donde dolosamente se presenta como la propietaria de la usina hidroeléctrica de Itaipú, con la finalidad de valorizar indebidamente sus acciones, y sin que jamás nuestras autoridades –ni el presidente de la República, Horacio Cartes; ni el director general paraguayo, James Spalding, o los anteriores– hayan reclamado semejante ultraje a la soberanía y dignidad de nuestra Nación. Precisamente ahora, la Bolsa de Nueva York suspendió la negociación de las acciones de Eletrobrás debido a que sus balances no fueron aprobados a tiempo por posibles falsedades.
Según publicaciones de la prensa del vecino país, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, se propone ahora hacer lo mismo que hizo su homólogo argentino Mauricio Macri en Yacyretá, que dispuso el relevo del director ejecutivo, arquitecto Óscar Thomas –quien estuvo al frente de la binacional por más de una década bajo el gobierno de los Kirchner– y ordenó de inmediato una auditoría administrativa y financiera de su gestión.
Es decir, el presidente Temer estaría dispuesto a remover del cargo al director general de Itaipú, Jorge Samek, quien también lleva más de 10 años al frente de la binacional y es un incondicional del PT. Por de pronto, ya ha dispuesto el relevo de dos miembros del Consejo de Administración: Jaques Wagner y Giles Carriconde Azevedo. Todo indica que el flamante Primer Mandatario tendría también decidido abrir la profunda “caja negra” de la binacional mediante la intervención del TCU con una auditoría de gestión para dejar al descubierto los manejos financieros de la misma, cuyo control estuvo por más de 13 años a cargo del anterior partido de gobierno, el PT.
La mira del TCU estaría puesta sobre los miembros del Consejo de Administración, habida cuenta de que hace unos meses la presidenta Dilma Rousseff se vio obligada a remover del mismo a João Vaccari Netto, extesorero del PT, hoy en la cárcel por su participación en el escándalo de corrupción en Petrobras. La justicia brasileña sospecha que había un flujo de información entre el Consejo y la Eletrobrás, teniendo en cuenta que el extesorero estuvo 11 años como consejero del ente binacional.
De concretarse la intervención del TCU y comprobarse las irregularidades financieras y administrativas que se sospechan, estaríamos frente a una profecía extrañamente autocumplida; el exabrupto lanzado por uno de los ministros brasileños que negociaban con el gobierno de Fernando Lugo reivindicaciones en Itaipú. “¿Quieren que seamos socios o cómplices en Itaipú?”, habría inquirido molesto el ministro de Lula en la ocasión.
En cuanto a lo que patrióticamente debiera esperarse del gobierno del presidente Horacio Cartes es que haga causa común con su homólogo brasileño, disponiendo igualmente una auditoría en el lado paraguayo, a fin de que la CGR pueda colaborar con el TCU abriendo también la “caja de Pandora” de Itaipú en la margen paraguaya, demostrando así con hechos su rimbombante retórica por la transparencia de la gestión pública en el Paraguay.
Sin embargo, lo más probable es que se haga el desentendido, rascándose la cabeza y mirando hacia cualquier parte para no levantar la alfombra que cubre la enorme montaña de basura tóxica que se esconde debajo de ella en la binacional. De hecho, esa fue su actitud al no acompañar al presidente Macri en su afán de lavar la cara al “monumento a la corrupción” Yacyretá, disponiendo también una auditoría de las gestiones de los directores paraguayos cómplices del arquitecto Thomas. Para disimular la innegable complicidad de las autoridades paraguayas en la entidad, mandó a su casa al director paraguayo Juan Schmalko, pero colocó en su lugar a otro corresponsable de la corrupción en Yacyretá: el impulsor del Plan de Terminación de la usina, eufemismo con que los argentinos nos enchufaron en la práctica la Nota Reversal del 9 de enero de 1992 que mutiló el Tratado y desencadenó la debacle que hasta ahora no tiene visos de solución: el ingeniero Ángel María Recalde.
Si el nuevo gobierno del Brasil resuelve auditar Itaipú y el presidente Cartes no hace lo mismo en el lado paraguayo, estará demostrando la hipocresía de su Gobierno en cuanto a su reiterado compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción. Su señal sería la de cómplice, antes que de socio.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/socios-o-complices-en-las-binacionales-1482269.html
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Hora de hacer las cuentas
Desde la firma de los tratados que dieron lugar a la construcción de Itaipú y Yacyretá hemos estado oyendo hablar una y otra vez de “energía para el desarrollo”. La contradicción resultante es clara: mientras Brasil y Argentina han aplicado concienzudamente ese principio desde el primer día operacional de ambas centrales, nosotros llegamos a arañar un 10%, si llegamos, de los 17.000 MW de hidroelectricidad que en conjunto pr
Y mientras las dos economías vecinas han aplicado toda esa energía a sus planes de expansión económica, el Paraguay debe conformarse con unos tristes royalties, compensaciones y otros restos semejantes del gran banquete.
Eso debe terminar cuanto antes. En los años 70 el Paraguay era una economía pequeña, débil y con escasas posibilidades de plantear una batalla diplomática eficaz con los dos monstruos convecinos. Por eso hubo que hacer concesiones y tragar por años el sapo de que “Paraguay pone sólo el agua, mientras Brasil y Argentina corren con los gastos de construcción y operación de ambos complejos energéticos”. Aún hoy se sostiene esta falacia, de la cual sin embargo habría que sacar ventajas. Si se supone que toda la responsabilidad por la concreción de ambos emprendimientos fue de Brasilia y Buenos Aires, entonces es hora de que desde ambas capitales comiencen a rendir cuentas sobre lo que han hecho, invertido y mal administrado. Sería bueno, además, que se revisara concienzudamente los 14 años del brasileño Jorge Samek al frente de Itaipú y los 13 de Oscar Thomas como omnímodo director argentino de Yacyretá. El primero negó, a quien quisiera oírlo, la existencia de la “caja negra” de Itaipú, la cual fuera denunciada por el economista Laérsio Pedroso, un tiempo miembro brasileño de la Dirección Financiera de Itaipú, quien afirmó que dicha caja se usaba para financiar a políticos corruptos del vecino país. Hoy, diez años después, con el “mensalão”, el “petrolão” y el “lavajato” estremeciendo todo Brasil, tumbando un Gobierno y poniendo tras las rejas a ex poderosos funcionarios, la enérgica desmentida de Samek pierde credibilidad. En cuanto a Yacyretá, el mote de “monumento a la corrupción” impuesto por un ex presidente argentino libera de toda necesidad de hablar del tema, sobre todo cuando gran parte del Gobierno anterior que mandó en Argentina por 12 años corre el riesgo –incluida la ex presidenta Cristina Kirchner- de ir a parar a la cárcel.
Es hora de que el Paraguay comience a poner las cosas en claro en la mesa de negociaciones con ambos países. Con Argentina hundida en una crisis energética que amenaza con un estallido social, y Brasil siempre corto de energía y necesitando hasta el último kilovatio de Itaipú, nuestro Gobierno tiene la oportunidad de poner un hito histórico y empezar a recuperar soberanía. Llegó la hora de desechar las migajas e ir por la tajada grande: verdadera energía para el desarrollo.
http://www.5dias.com.py/49088-hora-de-hacer-las-cuentas
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Acertada recomendación del Monseñor Valenzuela sobre Itaipu y Yacyretá
El arzobispo monseñor Edmundo Valenzuela abogó por la revisión del los tratados de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá. Fue ayer en la multitudinaria misa realizada en la explanada de la Catedral Metropolitana de Asunción.
El Monseñor Valenzuela ya se había referido a la renegociación de los Tratados de Itaipú y Yacyertá en mayo pasado. En aquel entonces urgió al Gobierno de Pdte. Cartes comenzar a prepararse para el efecto con las mejores mentes paraguayas. . “Por su extrema importancia, y ante la cercanía de cumplir el plazo para la ‘revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú’, 2023, es urgente comenzar a preparar, cuanto antes, el equipo y los estudios necesarios para participar con éxito en las negociaciones que vendrán con el Brasil, procurando obtener los mejores beneficios posibles para el Paraguay”, había expresado el Arzobispo de Asunción..
El líder religioso abogó por un proceso transparente durante la inminente renegociación de los acuerdos con el Brasil. “La revisión del tratado debe ser transparente”, expresó.
En otro punto, Valenzuela había mencionado que las hidroeléctricas como una de las claves para la hacer frente a la pobreza.
Aplaudimos la postura de la Iglesia Católica por considerar de extrema importancia la revisión del Anexo C de los Tratados de Itaipu y Yacyreta, y la necesidad de que el gobierno nacional conforme un equipo negociador, con los mejores hombres y mujeres con que cuenta el Paraguay. Es de esperarse que el Pdte. Cartes tome en cuenta la acertada recomendación del Monseñor Valenzuela.
Ing. Ramón Montanía Fernandez
Director revista especializada “Mundo de la Electricidad”
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Sobornan a los gobiernos paraguayos en Itaipú y Yacyretá
La Policía Nacional ha sido beneficiada recientemente con la donación de vehículos para uso institucional. Días atrás, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) le entregó 125 motocicletas y, al día siguiente, la Itaipú Binacional hizo lo propio entregándole 100 camionetas para ser utilizadas como patrulleras. Como de costumbre, tanto los directores de los entes binacionales como voceros del Gobierno han realizado gran alharaca sobre las donaciones de referencia, como si estas constituyeran beneficios económicos significativos para el desarrollo, o para al menos paliar la desigualdad económica ocasionada primariamente por la falta de empleo.
En realidad, se trata de los consabidos “espejitos” con que, de tiempo en tiempo, el Gobierno busca engañar a la gente acerca de los supuestos beneficios que el pueblo recibe de las entidades binacionales a través del rubro de “gastos sociales”, erogación de dinero no prevista en los tratados respectivos pero dentro de la cual se mimetizan los sobornos con que los gobiernos de Brasil y Argentina compran la voluntad de los gobernantes paraguayos de turno, para llevarse la parte del león de los beneficios devengados en las mismas.
En efecto, los “gastos sociales” anunciados con bombos y platillos por el Gobierno –como los casos a que hacemos referencia en esta ocasión– son migajas que caen del banquete que los astutos gobernantes de Brasil y Argentina han sabido ofrecer en las binacionales a sus pares paraguayos de turno a cambio de la vil entrega de los intereses nacionales en esas entidades, desde Alfredo Stroessner hasta Horacio Cartes, sin excepción.
De conformidad con los Tratados respectivos, cada país asumió el compromiso de pagar la mitad de los costos de construcción y operación de las usinas hidroeléctricas, así como beneficiarse de la mitad de la riqueza devengada en ellas. La gran ironía es que tanto en Itaipú como en la EBY, Paraguay está pagando religiosamente la mitad de la deuda que le corresponde. Infelizmente, no ocurre lo mismo con la repartición de los beneficios.
Por ejemplo, con el reciente récord mundial de generación de 103.098.366 MWh alcanzado en 2016, la energía excedente a la garantizada fue de unos 28.000.000 MWh. La mitad de esta cantidad corresponde al Paraguay. Sin embargo, con la aprobación del director general paraguayo, James Spalding, y sus consejeros, la administración de la binacional ha reconocido a nuestro país solo una cantidad mínima, proporcional a la energía garantizada contratada por la ANDE. El valor comercial de los 14.000.000 MWh que nos corresponde, a una tarifa de US$ 80/MWh, sería de US$ 1.120.000.000.
Así, la generosa donación de 100 camionetas hecha por Itaipú a la Policía Nacional –cuyo costo no sobrepasa los US$ 6 millones– es la limosna que Brasil le da al pueblo paraguayo a cambio de robarle más de US$ 1.000 millones, mediante una ingeniería financiera fraudulenta no prevista en el Tratado, pero consentida por el Gobierno paraguayo.
Obviamente, los paraguayos y paraguayas deberíamos preguntarnos, entonces, ¿por qué tenemos que permitir que el Brasil nos siga robando tan escandalosamente en la binacional, después de lo que ya nos robó con los abusos financieros del pasado? La respuesta es clara y simple: porque su gobierno tiene sobornadas a nuestras autoridades, tanto en la binacional como al máximo nivel del gobierno nacional.
La explotación (robo, sería la palabra correcta) de que Paraguay es víctima en Itaipú y la EBY es desconcertante por donde se la vea. Mirando una situación así en otro país, cualquier gobierno con una pizca de patriotismo se plantaría con firmeza soberana, al amparo de la ley internacional. Si lo fuese desde adentro de ese mismo país, un pueblo con sentido de patriotismo debería rebelarse contra un gobierno vendido a potencia extranjera en forma tan alevosa.
La ciudadanía debe darse cuenta de que los gobernantes paraguayos están más preocupados en que les lleguen los “fondos sociales” antes que en la defensa de los intereses nacionales miserablemente avasallados en las dos binacionales.
Los brasileños y argentinos, conocedores de la calaña moral de todos los gobernantes paraguayos de los últimos 80 años, buscando evitar que levanten su voz en defensa de los grandes y legítimos derechos del Paraguay envueltos en las represas de Itaipú y Yacyretá, al margen de toda legalidad, simplemente inventaron una fórmula muy sencilla de mantenerlos mudos y ciegos: los sobornaron y los sobornan con una suculenta coima que disfrazan de “gastos sociales”, consistente en entregarles muchos millones de dólares por año para que el Gobierno paraguayo de turno los despilfarre a placer porque NO PASAN por el control legislativo.
La ciudadanía no puede seguir tolerando que los inescrupulosos que se suceden en los gobiernos nacionales, en las direcciones y los consejos de administración de las entidades binacionales, continúen siendo coimeados para seguir permitiéndoles el robo descarado de nuestra energía hidroeléctrica.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/sobornan-a-los-gobiernos-paraguayos-en-itaipu-y-yacyreta-1554609.html
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La complacencia interesada
Por Juan Antonio Pozzo Moreno
1. El fin y el objeto del Tratado de Itaipú es el aprovechamiento igualitario entre Brasil y Paraguay de la producción generada por la usina hidroeléctrica de Itaipú. No obstante, más del 90% de la producción, incluido el 80% de la correspondiente al Paraguay, es aprovechada solamente por Brasil.
Para la cesión obligatoria al Brasil de su energía excedente, Paraguay recibe como compensación apenas el 11% del valor de la tarifa estipulada para el mercado brasileño (US$ 9 de US$ 80). El precio justo por el excedente, acordado en Foz de Yguazú en 1966, quedó en aguas de borraja al ser reemplazado en el Tratado de Itaipú de 1973 por una simbólica compensación a ser abonada por Itaipú.
Mediante esta burda maniobra, Brasil logró apropiarse de Itaipú.
Itaipú, en los papeles, está constituida por la ANDE y la Eletrobrás, con igual participación en el capital. Apelando a la política del hecho consumado, la Eletrobrás adquiere gratuitamente la energía no utilizada por la ANDE para luego revenderla con pingües beneficios en su propio mercado.
Recién en el año 2009, el Gobierno brasileño reconoció que corresponde a la ANDE y no a la Eletrobrás esta comercialización. A pesar de las promesas a la ANDE de pronta venta de su excedente, el equivalente a dos producciones anuales de Yacyretá, la multinacional brasileña sigue abasteciendo a las industrias de San Pablo y de Río de Janeiro.
Esta asimetría, que desvió el objeto principal del Tratado de Itaipú con cláusulas del contexto, configura el despojo al Paraguay de su soberanía energética.
2. Itaipú es una empresa binacional gobernada por Brasil como su única propietaria. Las principales direcciones del Directorio Ejecutivo están controladas por brasileños, lo que hace una utopía de la cogestión paritaria. Los funcionarios paraguayos de la binacional hidroeléctrica solo sirven para completar el cuadro de organización de la entidad a los efectos legales.
El costo de la construcción del emprendimiento binacional, conforme a los especialistas que lo investigaron, ya fue suficientemente honrado en el año 2008.
Su principal acreedora, la Eletrobrás, concedió en el año 1975 para la construcción de la obra, un préstamo de unos US$ 3.566 millones. En el año 1997, otorgó otro de US$ 371,6 millones para la instalación y puesta en funcionamiento de las dos últimas turbinas.
Por estos empréstitos, que debieran ser aportes no usurarios, Itaipú habrá pagado a la multinacional brasileña en el año 2023 un total de US$ 45.631,5 millones, cerca de 12 veces más su valor original. Significa que cada cuatro años, entre 1975 y 2023, se repite una amortización completa del compromiso.
Por otro lado, mediante la torcida ingeniería financiera, funcional a los intereses brasileños, recién en el año 2023 Itaipú terminaría de pagar la totalidad de su deuda apreciada en unos US$ 79.000 millones.
3. Itaipú fue obligada a incluir unos US$ 4.193,5 millones en la deuda de US$ 16.225 millones arreglada en 1997 con la Eletrobrás.
De la multimillonaria cifra, producto de la venta de la energía por debajo de su costo (y de otros montos añadidos por imposición brasileña) se hizo cargo Itaipú. Este pasivo “espurio” no es reconocido por la Contraloría General de la República del Paraguay.
Aunque abonadas a la Eletrobrás anualmente, entre 1997 y 2007, once años, un total US$ 14.819,5 millones, el saldo deudor al 31 de diciembre del año 2007 increíblemente aumentó a US$ 17.037,5 millones.
Este abuso incalificable no está en sintonía con el estudio elaborado por el Vale Columbia Center, de Jeffrey Sachs. Según el Informe Sachs, la deuda de Itaipú ya debió cancelarse en el año 2008.
Haciendo caso omiso el Gobierno nacional, Itaipú deberá seguir abonando a la Eletrobrás unos US$ 2.000 millones anuales hasta el año 2023. Una innecesaria carga al Costo del Servicio de Electricidad y a los miles de usuarios, traducida en una tarifa cara que no se compadece con la realidad. Todo, para beneficiar y seguir subsidiando a la sospechada de corrupta empresa multinacional brasileña Eletrobrás.
Pero estos abusos no quitan el sueño a nuestros gobernantes.
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Eternos privilegios en binacionales constituyen una bofetada al pueblo
Los ingresos mensuales de los funcionarios de las entidades binacionales son un insulto a la razón y a la pobreza del pueblo, tal como lo ilustran los casos de la directora ejecutiva del Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), María Teresa Peralta, y del jefe del Departamento Administrativo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Wildo Almirón. La primera percibió en diciembre último 44.443.874 guaraníes, en tanto que el segundo se embolsó ¡nada menos que 105.238.537!, aguinaldo incluido, gracias a que a sus salarios, ya de por sí considerables, se suman varios rebusques adicionales inventados para mantener gorda a la clientela, que constituyen una verdadera tomadura de pelo a ese pueblo paraguayo sin medicamentos, con techos de escuelas que se caen sobre los niños o con pasajeros y productos del agro que quedan varados en los caminos por falta de pavimentos.
En efecto, la directora ejecutiva del PTI cobra un “auxilio de alimentación”, como si fuera una indigente, y una “gratificación por función”, como si no ganara un sueldo de 19.439.000 guaraníes por ejercerla. Por su parte, el jefe del Departamento Administrativo de la EBY, cuyo sueldo asciende a 26.582.550 guaraníes, recibe un premio por el engendro salarial del “presentismo”, o sea, por cumplir con su deber de asistir a su lugar de trabajo, además de una suma para cubrir sus “gastos de almuerzo” y hasta un insólito subsidio por “el uso” de energía eléctrica.
Y bien, es lisa y llanamente inmoral que los directores y los consejeros paraguayos derrochen el dinero público de una manera tan escandalosa, como si no se dieran cuenta de la pobreza en que se debaten tantos compatriotas. Que no nos vengan con el cuento de que sus privilegiados funcionarios son de lo más competentes, y que los cargos que ejercen son de alta responsabilidad. Es bien sabido que, tanto en la EBY como en la Itaipú Binacional, se practica desde siempre un prebendarismo descarado en beneficio de los paniaguados del Presidente de la República. Allí se le encuentra un buen hueco a quien, por algún motivo, deba abandonar otro cargo apetitoso, como el caso del exministro de la Corte Suprema Víctor Núñez; el familiar de un legislador que ponga su voto en venta, como el del hermano del senador Carlos Núñez; o a los parientes de un aliado en una campaña inconstitucional, como el de los dos sobrinos del senador Fernando Lugo.
Tampoco cabe admitir lo que suelen alegar los responsables del indignante despilfarro: que las remuneraciones de los funcionarios paraguayos deben ser equivalentes a las de los brasileños y argentinos, dando a entender que está en juego la igualdad. En realidad, lo que nuestros vecinos hicieron fue seducir a los consejeros y directores paraguayos con jugosísimas remuneraciones para ellos y para los funcionarios de todos los niveles administrativos, para hacer la vista gorda al robo descarado de la mitad de la energía hidroeléctrica que nos pertenece. Los ciudadanos y las ciudadanas ya no deben seguir tolerando el obsceno espectáculo que brindan unos avivados de marca mayor, vinculados al poder político, repartiendo salarios del Primer Mundo entre parientes y allegados. Se trata de una bofetada que merece una respuesta firme mediante manifestaciones de repudio público contra los desfachatados que están desvalijando el país.
http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/
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Abdicación de soberanía en las usinas binacionales
Es una verdad de Perogrullo que la sistemática ocupación militar del Chaco paraguayo por parte de Bolivia ocurrida a comienzos del siglo pasado y que, finalmente, desembocó en la cruenta guerra que duró tres años se debió más a la falta de patriotismo de los gobernantes paraguayos que se turnaron en el poder desde el inicio de la invasión hasta 28 años después, cuando por fin, en junio de 1932, el presidente Eusebio Ayala se decidió a tomar la decisión política de autorizar al entonces teniente coronel José Félix Estigarribia a reconquistar la estratégica Laguna Pitiantuta, situada en el corazón de nuestro Chaco, ocupada por el Ejército boliviano poco antes, hecho que marcó el inicio de la guerra y llevó a la recuperación de nuestra soberanía sobre el inmenso territorio sin el cual el Paraguay hubiese quedado reducido apenas a su Región Oriental.
Si traemos a colación este retazo de nuestra historia, no es para rumiar frustración por la falta de patriotismo de nuestros gobernantes del pasado, sino para llamar la atención de la ciudadanía por igual desinterés demostrado en la actualidad por nuestros gobernantes en cuanto a la defensa de nuestra soberanía miserablemente conculcada en las usinas hidroeléctricas binacionales por parte de nuestros socios, Argentina y Brasil.
Se trata de una peligrosa abdicación de responsabilidad de nuestras autoridades que, de no ponerle freno la ciudadanía, bien podría convertir a nuestro país en el “prisionero geopolítico” con que siempre soñaron quienes lo arrasaron hace casi siglo y medio en la inicua Guerra de la Triple Alianza.
En retrospectiva, queda claro que, de no haber sido por el patriotismo de la “generación del Chaco”, Bolivia nos hubiera arrebatado más de la mitad de nuestro territorio. Del mismo modo, las generaciones de paraguayos y paraguayas del presente deben tener la certeza de que, si el pueblo no se alza contra la despreocupación de nuestros gobernantes en recuperar nuestra soberanía en las usinas binacionales, todo podría perderse definitivamente. La antipatriótica renuencia demostrada por quienes han sucedido al dictador Alfredo Stroessner, quien entregó en bandeja a Brasil y Argentina nuestro más valioso recurso natural –la mitad del caudal del río Paraná–, solo puede ser removida mediante una reacción popular semejante a aquella de octubre de 1931 que forzó al Gobierno de entonces a defender el Chaco invadido por Bolivia.
Decimos esto porque los hechos demuestran que, sin presión popular sobre nuestros gobernantes de ocasión, estos no renunciarán voluntariamente a la codicia que les alienta para seguir tolerando los abusos económicos perpetrados impunemente por nuestros taimados socios en las usinas binacionales. Por el contrario, corremos el riesgo de que, al influjo de sus tentaciones crematísticas, no tengan empacho en profundizar aún más la entrega de nuestros intereses en las mismas, como lo hizo el presidente Juan Carlos Wasmosy en Itaipú en 1997, y ahora pretende hacerlo Horacio Cartes en Yacyretá.
El enorme daño económico que causa al Paraguay la abdicación de soberanía en las usinas binacionales por culpa de la política entreguista de sus gobernantes de turno no se circunscribe a lo económico. Toca también de cerca a la dignidad de la Nación. Basta un botón de muestra para poner de resalto la ofensa al sentimiento nacionalista del pueblo paraguayo. Mientras Brasil y Argentina nos confiscan a miserable precio nuestro excedente de electricidad (US$ 10/MWh), hasta ahora ambos socios se confabulan para impedir a nuestro país venderlo al mejor precio ya sea a ellos mismos o a terceros países interesados en nuestra electricidad, como Chile y Uruguay.
A propósito, recientemente el diario uruguayo El Observador dio cuenta de que ese país exporta electricidad al mercado brasileño a una tarifa que oscila entre US$ 112/MWh y US$ 136/MWh. De hecho, las tarifas de la electricidad de Itaipú y Yacyretá que alternativamente comercian entre sí Brasil y Argentina, y que obviamente incluye más de la mitad de la electricidad que pertenece a nuestro país en ambas usinas, se sitúan alrededor de esas cifras. Con esto se evidencia la miserable explotación comercial de que nuestro país es víctima en las usinas binacionales por parte de ambos socios. Todo, gracias a la tácita complicidad del Gobierno paraguayo, que hasta ahora no se ha inmutado siquiera a reclamar el derecho de nuestro país de disponer libremente de su electricidad para vendérsela al mejor postor, como lo hacen sus dos socios sin ningún disimulo.
A nadie escapa que ese pecado original de codicia localizado en un rincón del cerebro de cada ciudadano que accede al poder en nuestro país no se lavará motu proprio. Solo la presión de la opinión pública podrá lograrlo. Y la oportunidad para ejercerla con más efectividad se dará en ocasión de las elecciones generales del año entrante. La ciudadanía tiene que votarle preferentemente al candidato presidencial –del partido que fuere– que se comprometa formalmente a terminar con la ignominiosa entrega de nuestra electricidad en ambas usinas binacionales.
Los gobernantes paraguayos tienen condiciones muy favorables para la mejor negociación a favor de nuestro país, considerando su condición de socio indispensable. Obviamente, esa decisión implicará la renuncia a los apetitosos sobornos encubiertos bajo la modalidad de “gastos socioambientales”, con los que tanto Brasil como Argentina financian la complicidad de nuestros gobernantes a fin de seguir apropiándose indebidamente del hasta ahora único filón de riqueza substancial con que cuenta nuestro país.
Aprovechemos la magnífica ocasión que tenemos por delante para, con nuestros votos, poner fin a la larga ignominia que venimos sobrellevando desde hace casi medio siglo en las usinas hidroeléctricas binacionales, votando a candidatos que nos den esperanza de mayor honestidad y patriotismo en la defensa de los intereses nacionales frente a la angurria de nuestros vecinos.
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50 años de respeto a la heredad nacional
Por Juan Antonio Pozzo Moreno
Ciento cuarenta y siete años después de finalizada la Guerra Guazú sus consecuencias, pese al tiempo transcurrido, son imponderables lastres con los que cotidianamente debe lidiar la nación paraguaya. El Índice de Desarrollo Humano –que según el Informe 2016 nos ubica en el puesto 110 de entre 188 países– es uno de ellos. La muestra, con sus variables, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, comprende la esperanza de vida al nacer, la educación y el poder adquisitivo. La investigación evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que las personas puedan tener un nivel de vida decente. Varios países de la región nos superan holgadamente: Chile (38), Argentina (45), Uruguay (54), Brasil (79).
Todo eso nos permite corroborar que la tríplice entente del fatídico holocausto se salió con la suya. Lo que no pudieron por las armas lo lograron con dádivas y canonjías hacía la clase dirigente sumisa, mojigata y obediente ajena a los altos intereses de la patria.
A lo largo de este tiempo –como consecuencia de la guerra– a la pérdida de la soberanía sobre vastos territorios nacionales, unos ciento cincuenta mil kilómetros cuadrados, se suma la apropiación indebida por nuestros socios condóminos, en tiempos de paz, de las principales riquezas industriales del país: las hidroeléctricas de Itaipú y de Yacyretá. A pesar de ello, el discurso oficial propalado sigue abonando la tesis de la libre disponibilidad de nuestros excedentes energéticos como soporte para el desarrollo nacional.
Sus panegiristas, en su mayoría prósperos comensales hidroeléctricos, no atinan a apearse del conservador statu quo. Controlando los medios de comunicación y los centros académicos, exaltan las bondades de estos recursos cuyos aprovechamientos no superan un magro 7,5% que fuera estipulado, en 1926, en el Protocolo Ayala-Pueyrredón sobre los saltos del Apipé-Yacyretá.
Sin embargo, en los últimos cincuenta años, precisamente el 30 de mayo de 1973, ABC Color ya advertía a la opinión pública que en “Itaipú: Brasil tiene el poder”. El dominio brasileño sobre la entidad binacional, decía el editorial del novel matutino, era notable por cuanto que “…la paridad de derechos en lo que hace al gobierno de Itaipú ha desaparecido. El poder final, decisorio –tal vez más a menudo de lo que pensamos–, es de su Director General”, concluía.
El 1 de junio del mismo año, en “Renegociar las cláusulas del Tratado de Itaipú”, la dirección del diario daba a conocer que en el precio de la electricidad, en la cesión de energía y en el gobierno de Itaipú “… no existe igualdad de derechos para el Paraguay o no existe una solución equitativa para él”.
El discurso de ABC Color sobre las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, desde entonces, no ha sufrido variación alguna. Ante el vendaval de ofertas para modificar su tono, con dictadura o sin ella, se mantuvo incólume y con gran honestidad intelectual sigue batallando en la defensa de los altos intereses de la nación paraguaya. Ser parte de esta contienda es un inusitado honor para cualquier compatriota de bien.
En su primer cincuentenario el rasgo peculiar y distintivo que ABC Color deja como legado, y que lo distingue de otros, es su fe en la patria. En cada intervención su estilo tiene la impronta de su dirección: un gran respeto a la heredad nacional dignificada a sangre y fuego.
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¿Seremos los mayores donantes?
A partir del 2023 se nos presenta la ocasión de ser los mayores exportadores de energía eléctrica del mundo.
A Paraguay le corresponden 9 turbinas en Itaipú. Una turbina tiene una capacidad media de 700 megavatios. Lo cual significa que a Paraguay le corresponden para usar en Itaipú ahora 6.300 megavatios.
En Yacyretá a Paraguay le corresponden también 9 turbinas y como cada una de ellas tiene una capacidad de 150 megavatios, Paraguay dispone de 1.350 megavatios.
Acaray tiene 4 turbinas, cada una de ellas con capacidad de 50 megavatios, lo cual supone 200 megavatios.
Sumando toda la potencia eléctrica que puede disponer el Paraguay da la cifra de 7,850 megavatios
De toda ella el Paraguay ahora consume aproximadamente solo 2,020 megavatios, el 26%. Lo cual supone que podría tener en el futuro 5.830 megavatios para exportar. Aunque de hecho sería menos, porque el Paraguay cada vez va consumiendo más. De todos modos sería grande la capacidad exportadora de energía limpia.
Con ello nos convertiríamos en el mayor o uno de los mayores exportadores de electricidad del mundo.
Pero, Brasil y Argentina tienen hambre de esa electricidad.
El Gobierno de Temer ya quiere adelantar la fecha del 2023 y, entre corruptos, (con Cartes) sacar provecho a costa de lo que le pertenece al Paraguay.
Las conversaciones Macri-Cartes sobre la electricidad de Yacyretá no están claras y exigimos transparencia de lo que acordaron.
Itaipú y Yacyretá fueron dos monumentos a la corrupción mientras se fueron construyendo y mucho nos tememos que, al final del pago de la deuda, sea otro aún mayor, enriqueciéndose los barones paraguayos (Cartes and company) y reduciéndose las posibilidades del Paraguay.
Si esto sucediera, pasaríamos de ser de los mayores exportadores de electricidad a ser los mayores donantes de ella en beneficio de Brasil y Argentina.
Un tema para discutir con los candidatos en elecciones.
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La energía como negocio
“Si quieres asegurar tu inversión, compra acciones de la compañía eléctrica”. Esta consigna circula cada vez con mayor insistencia entre los brokers españoles ante la sostenida expansión que experimentan las empresas que suministran energía eléctrica. Con un factor añadido: “100% renovable, más barata y sin petróleo ni carbón… así será la energía en España en 2050” aseguraba en su edición de ayer el diario El Mundo de Madrid, que se hace las mismas preguntas que el resto de las sociedades, aún las que están en desarrollo: Qué será del sistema previsional, trabajarán los robots en lugar de los humanos, cómo nos surtiremos de energía eléctrica. Frente a incógnitas de difícil respuesta, los españoles parecen tener un camino bastante previsible en lo relativo a la energía. España es signatario del Acuerdo de París que obliga a reducir para mediados del siglo 21 entre un 80 y un 95 por ciento las emisiones de carbono a la atmósfera respecto a los niveles de 1990. ¿Cómo lo harán? Transformando su matriz energética. España ya produce el 41% de la electricidad que consume con una combinación de energía eólica, solar fotovoltaica, solar térmica y quema de residuos.
También ensaya un sistema denominado cogeneración, definida como “la generación simultánea de energía eléctrica y calor útil a partir de un único proceso de consumo energético primario”. Esto se resuelve con una alta eficiencia (energía y calor con un solo proceso), ahorro de energía primaria (petróleo, gas, carbón, aceite combustible, etc.) y reducción de emisiones (anhídrido carbónico, óxido nitroso, etc.). La ventaja principal es, sin embargo, que esta forma de generación se puede realizar con plantas de reducido tamaño instaladas en los centros de demanda, eliminando la necesidad de largas líneas de transmisión y costos agregados de reducción y distribución. Todas estas alternativas han puesto a España en cuarto lugar entre las naciones del mundo en cuanto a producción de energía limpia y renovable después de China, EEUU y Alemania. El 59% restante de su demanda la cubre con producción de origen hidráulico, nuclear, carbón y ciclos combinados. Producir energía seguirá siendo, por mucho tiempo, un buen negocio, sobre todo si la paleta de opciones de generación sigue ampliándose. Los españoles tienen claro que abastecerse de electricidad mediante la química de los hidrocarburos, la fisión nuclear y el represamiento de los ríos conduce a un callejón sin salida: el agotamiento y la contaminación.
En cuanto a los embalses, la colmatación fija un límite de vida para su funcionamiento, que va de 50 a 100 años antes de que la capacidad de generación se pierda por completo y las monumentales represas se conviertan en meros atractivos turísticos. En lo que a nosotros respecta, Itaipú y Yacyretá ya han recorrido 35 de un mínimo de 50 años de vida útil, sin que estemos pensando en alguna alternativa eficiente de generación. Vivimos a crédito y con fecha de vencimiento ya fijada. Un camino insostenible.
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Las preguntas de José
Por Cristian Cantero
José es un joven estudiante, muy atento, que trabaja como ordenanza en la redacción del diario. Un día lo encontré leyendo la página de Energía que publicamos todos los días y al verme, se acerca y me hace una serie de preguntas sobre el tema, lo que me hizo caer en la cuenta de la importancia de “aterrizar” algunos aspectos que de pronto parecerían muy técnicos, pero que requieren de la comprensión de toda la ciudadanía por ser un área tan sensible y estratégica como es el sector energético.
La primera pregunta que me hizo fue ¿por qué si el 50% de la energía de Itaipú y Yacyretá es de Paraguay, no podemos usarla? En realidad hay un problema de carácter legal y otro técnico; puesto que si bien los tratados de ambas binacionales consagran el derecho de nuestro país a utilizar “toda” la energía que por derecho le corresponde, en la práctica, no podría hacerlo porque no tiene cómo y al no tener cómo, el tratado le obliga a “ceder” al otro socio. Y así, aunque parezca increíble, la electricidad sólo constituye aproximadamente el 15% de la demanda final de energía en nuestro país, pese a que entre Itaipú y Yacyretá, la energía disponible que tuvo el Paraguay en el año 2017 para su consumo fue de 58.608 gigawatts/hora (1 GWh = 1.000 MWh), de los cuales, 48.194 GWh corresponden a la energía generada por la central hidroeléctrica compartida con el Brasil y 10.414 GWh, a la compartida con Argentina.
Sin embargo, del total disponible en ambas usinas binacionales, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), apenas retiró 14.691 GWh, cediendo el resto a los países vecinos. Esto significa que Paraguay apenas utilizó el 25% de toda la energía con que cuenta, cediendo el 75% restante para el aprovechamiento de los centros de consumo de Brasil y Argentina que están muy agradecidos por ello, sobre todo porque pagan por ella una ínfima suma a modo de “compensación”. De este modo, casi el 80% de la energía que se utiliza en el Paraguay para producir en las industrias y hacer funcionar las máquinas del sector agrícola, corresponden a biomasa (leña o carbón) e hidrocarburos (derivados del petróleo).
Pero, también hay que tener en cuenta que la electricidad no es almacenable, por lo que la demanda debe satisfacerse instantáneamente y nuestro país al no contar con las líneas y los sistemas de transformación para acceder a la cantidad que le corresponde, no puede de hecho, utilizar su parte.
Y aquí vino la segunda pregunta de José: ¿Entonces, por qué no puede venderla a cualquier otro país y a un mejor precio? Esto tiene que ver con un aspecto que aunque está contemplado en el Tratado de Yacyretá, fue ignorado en el de Itaipú y se refiere al derecho “preferente” que tendría el país socio para utilizar la energía que le sea “cedida” por el que no utiliza la totalidad de su 50%, que desde un principio, nuestros vecinos sabían que sería el Paraguay. De ahí que también se habla de una “mala fe” en la formulación de los términos del tratado. Por eso, lo primordial para nuestro país es reclamar la libre disponibilidad de nuestra energía en ambas binacionales. Sin dudas, este debería ser uno de los ejes programáticos principales para los candidatos que pugnarán por la Presidencia de la República este año.
Así como es correcto priorizar las cuestiones relacionadas con salud, justicia, educación y seguridad, no deberían perder de vista el sector energético, que sin dudas, será clave para el desarrollo de los próximos años.
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