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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Deshojando margaritas

La Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina según la cual ese tribunal puede dictar sentencias declarativas con alcance de certeza constitucional. De acuerdo con esa doctrina, más allá de los mecanismos básicos de control constitucional (acción de inconstitucionalidad y excepción de inconstitucionalidad), la Corte Suprema tiene atribuciones para resolver casos concretos en los que exista alguna duda acerca de la interpretación o aplicación de una norma constitucional, descartando los casos hipotéticos o especulativos. En caso de duda o incertidumbre, la intervención de la Corte Suprema de Justicia –sostiene el tribunal– se vuelve necesaria y eficaz para asegurar el imperio de la Constitución mediante la determinación del sentido de ciertas disposiciones constitucionales.

Pocos días atrás, en función de esa controvertida doctrina, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar, con alcance de certeza constitucional, que el ministro Luis María Benítez Riera es inamovible en el cargo que desempeña, hasta el límite de edad de setenta y cinco años, establecido en la propia Constitución. Según el fallo, el ministro Benítez Riera es inamovible por haber sido confirmado como magistrado en dos ocasiones, antes de su nombramiento como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Dice expresamente el fallo: “Conforme se aprecia en las constancias del expediente, el recurrente ejercía la magistratura judicial con anterioridad a la Constitución de 1992, por lo que resulta aplicable el artículo 8 de sus Disposiciones finales y transitorias, requiriéndose, por lo tanto, dos confirmaciones”. Y agrega: “Dichas confirmaciones constan en el expediente, siendo una de fecha 22 de setiembre de 1995 y la otra de fecha 19 de abril de 2001; además de su nombramiento como ministro de la Corte Suprema de Justicia en fecha 13 de diciembre de 2010, que resulta ser la tercera confirmación lustral bajo la vigencia de la Constitución de 1992. Consiguientemente, siendo dichas confirmaciones posteriores a la entrada en vigencia de la Constitución, no caben dudas de que el recurrente ha alcanzado la inamovilidad en el ejercicio de la magistratura judicial. Así pues, las normas constitucionales citadas (artículos 252 y 8 de las Disposiciones finales y transitorias), interpretadas a la luz de los principios enunciados, indican la existencia de suficiente razón jurídica para acoger la pretensión del recurrente” (Sentencia Nº 1010/15).

De acuerdo con esta acertada decisión, el doctor Benítez Riera ha sido declarado inamovible en el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia por haber obtenido las confirmaciones requeridas por la Constitución para la inamovilidad de los magistrados, en general, según la previsión de los artículos 252 y 8 de las Disposiciones finales y transitorias. En otras palabras, la Corte Suprema de Justicia no declaró inamovible al ministro Benítez Riera porque los miembros de ese tribunal sean inamovibles desde su nombramiento, sino porque Benítez Riera cuenta con las confirmaciones exigidas por la Constitución para la inamovilidad permanente de los magistrados.

La decisión es particularmente importante porque, en otros casos, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que los ministros de ese tribunal son inamovibles desde el momento mismo de su nombramiento, invocando el artículo 261 de la Constitución. En efecto, en los casos “Fretes” (Sentencia Nº 557/07), “Núñez” (Sentencia Nº 1149/08), “Bajac” (Sentencia Nº 443/09) y “Garay” (Sentencia Nº 947/09), la Corte Suprema sostuvo que los ministros son inamovibles desde su designación. Sin embargo, en los casos “Torres Kirmser” (Sentencia Nº 37/09), “Blanco” (Sentencia Nº 110/09) y “Pucheta” (Resolución Nº 1924/09), la Corte Suprema sostuvo que los ministros son inamovibles tras dos confirmaciones (mediante concurso) como magistrados. El caso “Benítez Riera” (Sentencia Nº 1010/15) se suma ahora al último grupo de casos.

Este tema debería ser clara y definitivamente resuelto en un futuro cercano. La Corte Suprema de Justicia no puede decidir semejante cuestión deshojando margaritas.

 

Por Daniel Mendonca

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/deshojando-margaritas-1437483.html

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

5 comentarios en “Deshojando margaritas

  1. Las denuncias no bastan, la Justicia tiene que sancionar

    De un tiempo a esta parte, a diario, se conoce cómo algunos de los que ejercen el poder en diversos ámbitos utilizan el dinero público para repartirlo entre parientes, amigos y correligionarios. No respetan al Estado que les ha conferido –a través de las urnas o de nombramientos– determinadas funciones y facultades, ni a los ciudadanos que pagan sus impuestos para que los fondos sean reinvertidos a su favor en salud, educación y otras áreas. De poco sirve que los medios de información den a conocer las irregularidades si es que la Justicia no actúa enviando a la cárcel a los sinvergüenzas.

    Que un parlamentario ubique a sus familiares en el Congreso o en alguna institución pública, a través del tráfico de influencia, ya no es novedad. Todos los días aparecen nuevos casos que reconfirman una práctica habitual de los que utilizan su poder para colocar a sus allegados en la función pública.

    Los dos últimos episodios aparecidos ante la opinión pública se han concretado en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), donde un ministro se ha convertido en gestor activo del despilfarro, por ser la vía de ingreso de funcionarios que muchas veces ni siquiera acuden a la institución o, y los otros, por su silencio cómplice al no denunciar las irregularidades.

    Uno de ellos es el que involucra al diputado Gustavo Cardozo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien colocó en la nómina de asalariados del TSJE a su esposa Ingrid Engelwart, a su cuñada Ema Engelwart y a su sobrina Violeta Martínez Cardozo. Las tres, con 12 sueldos más un aguinaldo, le cuestan a los que pagan sus impuestos 250 millones de guaraníes al año.

    En el colmo del descaro, la cónyuge del legislador del Alto Paraná –el más rabonero del periodo parlamentario anterior y el de más baja producción en presentación de proyectos de ley– fue comisionada a la oficina de su esposo en el Congreso… donde este le firma su asistencia. Es decir, su inasistencia.

    “Yo las recomendé”, confirmó Cardozo al referirse a su consorte y a su parentela, al tiempo de indicar que “antes era más fácil”. Sin vergüenza alguna confesó que usó su investidura de legislador para restar fondos a salud, educación, vivienda, infraestructura vial y otras necesidades de la población.

    El otro caso es el del secretario del ministro Alberto Ramírez Zambonini, Víctor Báez Alfonso, quien ubicó en el TSJE a su esposa Johana Repol, quien estudia Nutrición en una universidad privada, de 8.00 a 12.00, figurando incluso que en esas condiciones hace horas extras.

    Además de su pareja, el padrastro de esta, su cuñado y la esposa de su cuñado también desangran al Paraguay cobrando salarios en la Justicia Electoral.

    Por lo que se ve, Cardozo y Báez Alfonso no solo usaron su influencia para que sus allegados cobren salarios, sino que también consiguieron la complicidad de los ministros del TSJE para obtener mayores ventajas aún.

    Las denuncias sobre situaciones de esta naturaleza caen en saco roto si es que la Justicia no investiga los casos, establece responsabilidades y sanciona a los culpables.

    Es necesario que el país crezca en transparencia, honestidad y mejor uso de los recursos del Estado. De lo contrario, los caraduras con poder van a seguir burlándose, para concretar sus abusos, de los que pagan sus impuestos.

    http://www.ultimahora.com/las-denuncias-no-bastan-la-justicia-tiene-que-sancionar-n958625.html

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    Publicado por Anónimo | 13 enero, 2016, 6:59 am
  2. Un Parlamento de republiqueta

    El tratamiento que dieron los legisladores al juicio político de tres miembros de la Corte Suprema, presentado hace más de un año y aprobado en la Cámara Baja, es una muestra de la improvisación y de la manera bochornosa con la que manejan los mecanismos de control entre los poderes del Estado.

    Las denuncias y acusaciones contra los ministros del máximo tribunal de la República Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo, por mal desempeño de funciones, son de una gravedad tal que en cualquier país con instituciones que funcionen con una mínima seriedad hubieran hecho que los acusados, por una cuestión de decoro, hace rato renuncien a su cargo. Obviamente, no lo hicieron ni lo harán.

    La herramienta constitucional para dar una respuesta a esta situación está en manos del Congreso, con la aplicación del juicio político. De hecho se inició en diciembre de 2014, con la aprobación de las acusaciones por parte de la Cámara de Diputados. El paso siguiente era que el Senado se constituyera en Tribunal para proceder al juicio y dictar los fallos por la destitución o la absolución de los ministros.

    Sin embargo, el proceso está trabado desde hace más de 12 meses debido a los intereses políticos y a la falta de voluntad de los parlamentarios para llenar las vacancias con juristas honestos y capaces y no con sujetos cuya principal virtud sea la fidelidad hacia algunos caciques políticos. Pero, sobre todo, quedó varado por la desvergüenza y caradurez de parlamentarios a quienes no les interesa cumplir con sus deberes ante quienes los votaron para llegar al cargo.

    Otro motivo de fondo de este desorden institucional es la evidente falta de liderazgo político, un mal que aqueja no solamente al Congreso sino también al Poder Ejecutivo y a los partidos con representación parlamentaria.

    Lamentablemente, la perspectiva que se abre para el próximo año es que las cosas no cambiarán demasiado. En caso que finalmente el juicio político se concrete, la posibilidad de que el Poder Judicial realmente mejore con la incorporación de mejores personas, es remota, si se toma en cuenta que llenar las vacancias estará a cargo de los mismos que hasta ahora no han demostrado contar con el patriotismo y la inteligencia necesarios.

    Otra deuda parlamentaria no menor y tal vez más grave porque se viene arrastrando desde hace varios años, es la falta de designación del defensor del Pueblo, una figura de enorme valor y potencial que fue completamente desvalorizada porque quien ocupó el cargo hasta ahora se encargó de vaciarlo de cualquier clase de contenido ético, humanitario e institucional.

    La responsabilidad por esta deuda corresponde enteramente al Parlamento. De quienes lo integraron antes y de los que están ahora. Todos han demostrado poco interés en mejorar la calidad de la democracia que tenemos.

    Un reciente episodio protagonizado por el diputado colorado por Boquerón Cornelius Sawatzky dio una muestra de cómo se decide, en algunos casos y durante la etapa preelectoral, a quienes serán “representantes de la ciudadanía” en el Congreso. El legislador chaqueño, de origen menonita, admitió sin problemas que, en su momento, negoció con quien sería su suplente para que le financie la campaña electoral en 2013, a cambio de turnarse después en el curul. El suplente le reclama ahora cumplir el acuerdo pero, según Sawatzky, este no puso un peso y entonces no le prestará su banca.

    Este episodio de republiqueta bananera y otros que ya ocurrieron antes y que son de público conocimiento nos hablan del Congreso que tenemos. Debieran motivar la reacción de la ciudadanía antes que sea muy tarde y de que estemos asistiendo a su definitiva decadencia.

    Por Marcos Cáceres Amarilla

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/un-parlamento-de-republiqueta-1438811.html

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    Publicado por Anónimo | 26 diciembre, 2015, 6:51 am
  3. Un Poder Judicial incapaz de ofrecer garantías a inversionistas

    En nuestro país, uno de los problemas más severos para la radicación de capitales es la inseguridad jurídica. Si bien las leyes están a favor de cualquier ciudadano que viva y trabaje a nivel local, puede encontrarse con fiscales y jueces venales que hacen tabla rasa de las normas dentro de un esquema de corrupción en el que el dinero es el que verdaderamente determina el rumbo de los casos judiciales.

    De hecho, representa uno de los talones de Aquiles de la promoción de inversiones en el Paraguay: la inseguridad jurídica. Por ello, hay que insistir y reconocer que el problema de la seguridad judicial no es un problema menor cuando se trata de radicar inversiones de cualquier naturaleza en un país.
    Será siempre oportuno recordar que quienes poseen dinero para invertir no son filántropos ni pertenecen a organizaciones de caridad que arriban al tercer mundo para cumplir una misión de solidaridad social. Son personas cuyo interés se centra única y exclusivamente en multiplicar su dinero a través de actividades que les aseguren un razonable porcentaje de rentabilidad en el menor tiempo posible.
    Por lo tanto, la certeza de que puedan dedicarse sin trabas a su actividad productiva –sea en el rubro de la producción primaria o en el sector industrial– es una condición indispensable para sus emprendimientos. La seguridad jurídica, entonces, se convierte para ellos en una alta prioridad por cuanto que es en el seno del sistema de Justicia donde tendrán que resolver cualquier situación conflictiva que pudiese aparecer en el transcurso del tiempo.
    Si el país carece de esa garantía, la respuesta de los empresarios es sencilla: buscan lugares más amigables y seguros donde sus fondos van a estar protegidos por estructuras judiciales consolidadas al servicio de las leyes y de los ciudadanos.
    Así como los capitales serios huyen de las zonas de amenaza a sus intereses, los informales –los que buscan pescar en río revuelto porque ya lo han hecho en otras ocasiones y en otros país saliendo bien parados– buscarán venir al país porque saben que aquí la corrupción ofrece un terreno abonado para sacar ventajas a través de operaciones irregulares.
    En nuestro país, los administradores de Justicia no ofrecen ninguna garantía hoy. Los nuevos intentos de enjuiciamiento a algunos miembros de la Corte Suprema evidencia y ratifica la fragilidad de esa institución.
    Ese rasgo es solamente parte de un Poder Judicial incapaz de ofrecer habitualmente la garantía de que en un juicio primarán las disposiciones de las leyes, sin manipulación alguna a partir de coimas o amistades. Es obvio que hace falta no solamente cambio de ministros en la máxima instancia jurisdiccional de la República, sino una reforma completa del Poder Judicial. Cuando ello ocurra, el capital tendrá la seguridad de que su derecho será respetado.

    http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/

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    Publicado por Anónimo | 26 diciembre, 2015, 6:50 am
  4. El país en el cual siquiera la experiencia enseña

    by Jorge Vasconcellos

    La historia señala que la concesión de inmunidades a determinados funcionarios del Estado, nació en Inglaterra, a principios del siglo XVII, con el propósito de proteger a los miembros de su Parlamento, ante los posibles excesos de la Corona.

    El régimen de privilegios otorgado a los integrantes del Parlamento, fue adoptado – posteriormente – por Francia, cuya Constitución del 3 de septiembre de 1791, reclamaba que miembros de la Asamblea de representantes, en su primera reunión, pronunciaran el juramento de “¡Vivir libres o morir!”, como condición previa al juramento individual que debían prestar, consagrando más adelante que “Los representantes de la Nación son inviolables, no pueden ser buscados, acusados ni juzgados en ningún momento por lo que hayan dicho, escrito u hecho en el ejercicio de sus funciones de representantes”.

    Surge así, la triple inmunidad que se reconoce a los Parlamentarios, a saber: 1) de palabra; 2) de arresto, y; 3) de proceso, que posteriormente se extendió al sistema Constitucional de Estados Unidos de América, y con diferentes matices, al resto el mundo, reconociéndose a funcionarios de otros Poderes del Estado, igual privilegio.

    Por esta razón resulta difícil encontrar parámetros universales rígidos en la regulación del régimen de privilegios e inmunidades, y del mismo modo no habrá unanimidad a la hora de determinar cuáles funcionarios gozarán de tales protecciones, excepto en lo que refiere a los Parlamentarios, aunque en la mayoría de los casos se incluye a los jefes del Ejecutivo (Presidente, Primer Ministro, etc.), y magistrados judiciales.-

    Sin embargo, en todos los casos el otorgamiento de inmunidades, se funda en la necesidad de proteger o preservar a aquellos funcionarios, de injerencias externas que pudieren condicionar, limitar o coartar la libertad, de la que deben gozar plenamente, para el adecuado cumplimento de las altas funciones que les fueron encomendadas, sea por designación popular o por nombramiento directo.

    Consiguientemente, cada Constitución Nacional elabora la lista de funcionarios a quienes extiende la protección de inmunidades, regula sus alcances, y determina el modo en que serán administradas.

    En el caso de nuestra Constitución, tenemos disposiciones esparcidas en distintos artículos, que reconocen inmunidades a determinados funcionarios, lo que hace difícil – aunque no imposible – su análisis sistemático.

    El Art. 191 (C.N.) reconoce la protección de los integrantes del Congreso, extendiendo (triple) inmunidad a sus miembros, otorgando a cada Cámara la administración de la inmunidad de proceso. Es decir, facultándola a levantar dicha inmunidad (bajo el nombre de desafuero), por decisión del cuerpo, en cada caso concreto, en que se forme causa penal contra algún legislador.

    La aclaración de que la única inmunidad que puede ser removida a un Congresista es la “de proceso”, podría parecer innecesaria, porque la inmunidad de palabra, en ningún caso, ni bajo circunstancia alguna puede ser objeto de restricción, pero – sin embargo – resulta indispensable aclarar esto, si nos detenemos a observar que hace poco tiempo, se procedió al “desafuero” de un Parlamentario (el Diputado Carlos Portillo), para que sea sometido a un proceso penal por la presunta comisión de hechos punibles contra el honor y la reputación de las personas, es decir por haber incurrido en “delitos de palabra”.

    Este hecho singular basta para evidenciar la falta de conocimientos que afecta a los encargados de administrar el régimen de sus propias inmunidades, y lo que es peor, el desconocimiento profundo que padecen ciertos Jueces, quienes al recibir querellas de este tipo, deben disponer su rechazo liminar, de modo inmediato, y no lo hacen.

    No es este el único caso que desnuda la falta de formación intelectual y académica de quienes, en virtud de las normas Constitucionales, tienen a su cargo, también, la administración de las inmunidades otorgadas a funcionarios de otros Poderes del Estado (Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros, Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Contralor y Sub-contralor, Fiscal General del Estado, entre otros), con el agregado, de que la decisión de retirar la impunidad a estos, importa su destitución del cargo.

    Tenemos como antecedente, el caso del excontralor, quien antes de le sean retiradas sus inmunidades, y removido del cargo por un Juicio Político, fue sometido a proceso penal, en virtud de un desacertado “desafuero” resuelto por la Cámara de Diputados.

    Todo parece indicar que el Congreso reiterará el desacierto, ya que se ha instalado la discusión sobre la situación que enfrenta el miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Alberto Ramírez Zambonini, a raíz de la imputación formulada por el Ministerio Público, en su perjuicio.

    Algunas opiniones, emitidas desde el Congreso y desde la misma Justicia Electoral especulaban sobre la necesidad o no de que el Senado otorgue el “desafuero” del citado funcionario, e inclusive, se puso en tela de juicio que ello fuera condición necesaria para someterlo a proceso penal.

    Si esta discusión se desarrollara en rueda de amigos, resultaría intrascendente, pero lo grave es que se produce, en ámbitos oficiales del Estado, con lo cual queda demostrado, que nuestros legisladores y magistrados, no han llegado a comprender, que la Constitución Nacional encarga a las dos Cámaras del Congreso, la administración conjunta del régimen de inmunidades que la Constitución Nacional reconoce a los funcionarios incluidos en su Art. 225, y que su retiro solo puede producirse por la vía del Juicio Político.

    En nuestra historia reciente, a partir del enjuiciamiento político del expresidente Raúl Cubas, hemos asistido a varios juicios de esta naturaleza, cuyo resultado habilitó la posibilidad de tramitación de un proceso penal, pero evidentemente, ello no sirve de mucho en un país en el cual, siquiera la experiencia enseña.

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    Publicado por Anónimo | 22 diciembre, 2015, 4:52 am
  5. “Corrupción en el Palacio de Justicia”

    La ciudadanía ya no sabe qué mirar para no ensuciarse los ojos. No hay sitio donde aliviar la vista por tanta corrupción. Un ejemplo: la Corte Suprema de Justicia, nombre pomposo para una institución que en nuestro país es la menos respetada y respetable, según frecuentes sondeos de opinión. Es sobradamente merecida su deslucida imagen de la que se encargan los mismos ministros de la Corte.

    Gladys Bareiro y Luis Benítez Riera habían asegurado a los senadores que al cabo de cinco años renunciarían al cargo de ministros para postularse de nuevo “porque así manda la Constitución”. Y ahora, “porque así manda la Constitución”, se declaran inamovibles.

    ¿Son inamovibles o no? Con el criterio de Bareiro y Benítez Riera, no son inamovibles sino luego de dos confirmaciones por parte del Senado. Así se explica que prometieran renunciar a los cinco años para volver a concursar. De no ser así, no tendrían que haber hecho la promesa. Sencillamente concursan, ganan, juran y punto, sin más límites que la edad o el juicio político. Ahora llegaron a los cinco años y advierten que la Constitución había sido que manda otra cosa. ¿Cómo? ¿Se postulan para ministros de la Corte y no sabían el mandato constitucional? Si sabían que eran inamovibles, ¿por qué mintieron al Senado? No es poca cosa mentir al semejante. Es suficiente motivo para llevar a los mentirosos a un juicio político. En un país que se precia, no es admisible jugar con las instituciones.

    Para que este caso quede como ejemplo de la informalidad, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, salió a decir: “…los magistrados (Bareiro y Benítez Riera) tuvieron que hacer dicha promesa al Senado (la renuncia a los cinco años) ya que de lo contrario no serían incluidos en la terna”. (ABC del miércoles, Pág. 5).

    Según Velázquez, vivimos en un país donde para ser nada menos que ministro de la Corte Suprema de Justicia hay que mentir. No importa que sea al mismísimo Senado, al país, a la opinión pública. La cosa es acceder al puesto que se desea.

    No hacía falta que el diputado Velázquez revelara el mecanismo para ser ministro de la Corte. Esta barbaridad saltó en el momento en que Bareiro y Benítez Riera “olvidaron” su promesa. Aquí está clarísimo que la intención era engañar al Senado, “ya que de lo contrario no serían incluidos en la terna”. Lo contrario era decir lo que ahora afirman: “Somos inamovibles”.

    Pero hay más: ¿Los senadores sabían o no de la tal inamovilidad? Si estaban enterados, ¿por qué admitieron el engaño? ¿Sin esa mentira, como dice Velázquez, los ahora ministros Bareiro y Benítez Riera no habrían integrado la terna?

    Lo preocupante de la revelación de Velázquez –“de lo contrario no serían incluidos en la terna”– no solo es la mentira de hace cinco años, sino la mentira que desde entonces se habría instalado en el más alto cargo judicial. Si se miente para acceder a la Corte Suprema de Justicia, es posible que se estaría mintiendo para permanecer en ella. Ya sería otro embuste, desde luego. Y he aquí el peligro: no sabemos su dimensión, frecuencia, gravedad, ramificaciones.

    Pero el caso de la ministra Bareiro no termina aquí: En busca afanosa de la inamovilidad, saltó por encima de las normativas que rigen para el caso que ella había planteado. Ante la inhibición de los ministros, se conformó una sala constitucional de espaldas a la ley orgánica de la Corte y la Acordada 464 del 2007. Para tal efecto tenía que haber llevado a la primera sala, y si esta se negaba, a la segunda, y así sucesivamente. Pero no. El expediente quedó a cargo de tres camaristas elegidos a dedo: Juan Carlos Paredes, Carmelo Castiglioni, y la camarista ¡de la niñez! Fulvia Núñez. Si faltaba uno más, se habría acudido a la Cámara de la Construcción. Leemos en ABC Color: “En mediodía, la doctora Bareiro de Módica logró conformar la Sala Constitucional y también sacar la resolución por la cual se suspendieron los efectos de las leyes que establecen que debe estar cinco años en el cargo. Ese mismo día se ofició al Consejo de la Magistratura para no llamar a concurso”. Es decir, todo muy rápido, a las apuradas, la cuestión era que los camaristas firmasen la inamovilidad.

    La Coordinadora de Abogados, presidida por la formidable Kattya González, denunció a los camaristas por prevaricato ante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Seguramente para nada, pero ya no hay que callarse.

    Una celebrada pieza teatral del italiano Ugo Betti se titula “Corrupción en el Palacio de Justicia”.

    Por Alcibiades González Delvalle

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/corrupcion-en-el-palacio-de-justicia-1437442.html

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    Publicado por Anónimo | 20 diciembre, 2015, 7:01 am

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