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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

La redención de Petropar

Ese ente, ya en democracia pasó luego a manos de otras camarillas presidenciales, pero jamás se pudo desprender de sus lacras ancestrales, las que programaron Stroessner y Cía, cuando le dieron nacimiento y dejaron “la parte del león” para ellos.

Se pagaron toda la vida allí coimas siderales para los Jefes de Estado, primero, para los personajes del circulo áulico de cada uno de ellos, después, y para los administradores de turno, etc., sin que jamás el ente obrara a favor del pueblo.

Estaba para alzar el precio de los combustibles, convertirse en un agujero negro para la administración pública y nada más.

Era el reino de los “Pitufos” López en materia de distribución, famosos por acaparar este negocio, por supuesto “compartiéndolo” con quienes debían.

Petropar es ahora, por fin, un ente decente. “Por sus obras los conoceréis”, decía el Divino Maestro. Y las mismas están a la vista.

Todo el tiempo están buscando favorecer a la gente, al pueblo, dada la instrucción que recibió su presidente en la era Cartes.

Recientemente anunciaron que dado el sorprendente bajón mundial del precio del petróleo, iban a estudiar inmediatamente una reducción en el precio de los combustibles. ¡Cuándo se hizo eso en otras eras!

Y no es la primera vez, están regulando  fabulosamente ese negocio tan turbio, evitando los negociados del monopolio, abriendo sus propias estaciones donde se forman largas colas porque sencillamente el combustible es más barato, que en los grandes emblemas.

Estos tienen sobre si, la amenaza latente del ente, que está haciendo bien las cosas, por lo cual deben mantenerse en el molde.

Petropar, lo decimos con todas las letras y sin afán de congraciarnos con nadie, es una de las entidades que el gobierno de Cartes recuperó para beneficio del pueblo.

Y debe seguir así. Vigilando el precio de los combustibles, ya las distribuidoras, todas de gran porte y de grandes nombres, demostraron en el pasado que les importa un comino la estabilidad económica del país y que lo único que persiguen siempre es ampliar hasta límites groseros sus márgenes de ganancia.

Que siga la transparencia en Petropar. Y que se planteen soluciones para su abultada deuda que permanece como  Espada de Damocles sobre la misma.

El pueblo aprecia los cambios que sobrevinieron.

 

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

12 comentarios en “La redención de Petropar

  1. Modelo de “buena gestión” en Petropar beneficia sólo al grupo en el poder
    Escribe: Luis Alen.

    Las estaciones de servicio en seccionales coloradas, además de violar la ley electoral significan una competencia desleal con el sector privado, ya que Petropar subsidia en un 50 por ciento a los operadores que alquilan los locales partidarios.

    El modelo de buena gestión que el cartismo quiere vender a la opinión pública para argumentar la necesidad de votar por Santiago Peña, se encuentra, entre otros ejemplos, en el sistema utilizado por el Gobierno para imponer el sistema monopólico actual de importación y distribución de combustibles de Petropar, donde las ganancias en última instancia van a parar a quién sabe cuántos operadores políticos o al mismísimo Grupo Cartes.
    La empresa estatal petrolera dijo que ganó 114 millones de dólares en 2016, pero un gasto de 50 millones dejó en caja poco más de 60 millones, según la propia confirmación del ente en un “powerpoint” durante una exposición ante la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP)
    Esto equivale a confesar que durante el Gobierno de HC el gasto operativo y administrativo de Petropar se disparó por las nubes, pasando de 35 millones de dólares en 2013 a 50 millones de dólares el año pasado, con tendencia a continuar creciendo.
    Este nivel de gasto sólo se podía cubrir con los decretos monopólicos y anticonstitucionales que salieron en 2015 y que obligaron a los emblemas privados a comprarle obligatoriamente a Petropar el 50 por ciento de sus combustibles distribuidos al público, y encima con la vigencia de la licencia previa de importación expedida por el Ministerio de Industria y Comercio para la importación del otro 50 por ciento del mercado.
    De hecho, el 78 por ciento de los 114 millones de dólares (89 millones de dólares) exhibidos como “ganancia” de la empresa estatal, fue por obra y gracia de los contratos obligatorios con las empresas privadas distribuidoras. De otro modo, Petropar iba directamente a la bancarrota y el Gobierno no tuvo otra idea que establecer una “reserva de mercado” a favor de la entidad monopólica.
    Si la “ganancia” de Petropar se hizo a costa de las distribuidoras privadas, con un nivel alto de precio local del gasoil en una época de caída importante en la cotización internacional del petróleo crudo, se agrega el hecho de que tampoco fue pagada aún la cuantiosa deuda con la venezolana PDVSA, de casi 300 millones de dólares.
    En el caso que se pagara la deuda a PDVSA, a razón de 30 millones de dólares por año en un lapso de diez años, el gasto de Petropar ya treparía a más de 80 millones, lo que prácticamente estaría neutralizando en 2017 la supuesta bonanza económica conseguida con los decretos monopólicos, lo cual ya de por sí echa por tierra las argumentaciones gubernamentales sobre la “buena gestión” del Gobierno cartista en el sector petrolero.

    “Modelo” político totalitario

    El “modelo” de gestión cartista, a contramano de la libertad de mercado preconizada en la Constitución nacional, apunta a imponer una economía regulada y controlada por el grupo dominante en el poder, y el experimento totalitario de Petropar indica cuál es el “nuevo rumbo” deseado por HC, es decir el Grupo Cartes y sus gerentes.
    Por el último decreto del pasado 19 de mayo, el número 7.149, el presidente Horacio Cartes estableció que las naftas virgen y económica ya no estuvieran incluidas en la obligación de comprar a Petropar, pero el gasoil tipo I y tipo III continúan atados en un 36 por ciento, lo que implica una ligera disminución con respecto al 50 por ciento anterior.
    Es muy posible que el Gobierno dejara de lado el monopolio del 50 por ciento en dichas naftas, atendiendo a la imposibilidad de Petropar de cumplir con la mezcla obligatoria con el alcohol anhidro, quedando en manos del sector privado agenciarse para conseguir la materia prima nacional.
    El negocio más lucrativo es, desde luego, la importación de gasoil. Pero el nuevo decreto establece una reducción en el monopolio, tal vez porque al mismo tiempo pone en manos del Ministerio de Industria y Comercio un sistema de regulación muy llamativo a través de las licencias de importación que a partir de ahora ya dependerán en su totalidad del criterio de la dependencia estatal para su expedición, volviéndose a una rémora de la primera época de la dictadura colorada y stronista, de los años 50.
    En efecto, por el nuevo decreto, el MIC tiene la potestad de controlar todas las importaciones de gasoil del sector privado a través de las licencias previas de importación mediante su “no vigencia automática”, lo que implica una actitud dictatorial de decir “sí” o “no” según la cara del cliente y el comportamiento de cada emblema, que prácticamente no pueden contradecir la “orden superior” ni acudir eventualmente a la Justicia, donde saben que perderán casi con seguridad cualquier acción, a la vista de la sumisión de los jueces a las directivas de HC.
    Mantener el “elefante blanco”, a costilla del sector privado y en contra de lo dispuesto en la Constitución Nacional, no favorece a la población porque el precio del gasoil debió haber bajado más y no lo hizo durante la era Cartes. Tampoco sirvió para afrontar la deuda con PDVSA, que continúa impaga y es una espada de Damocles sobre las reservas internacionales del país, que podrían ser embargadas.
    El sistema monopólico recortado por el nuevo decreto sirve evidentemente para los fines políticos del cartismo, como el populista esquema de venta de “Ñande Gas” de Petropar, a un precio menor al vigente en las distribuidoras privadas y evidentemente financiado por la “ganancia” que arroja el régimen monopólico e inconstitucional del gasoil. Lo mismo ocurre con la venta de alcohol de la planta de Troche por debajo de su costo de producción, con el fin de mantener otro renglón del populismo político criollo.
    A su vez, la “utilidad” de Petropar sirve para ganar poco como distribuidora al público, ya que les cede el 50 por ciento de su margen a los propietarios de estaciones de servicio con el emblema estatal, algunos de los cuales alquilan el terreno donde están sus instalaciones a seccionales coloradas, creando una competencia desleal contra las pequeñas y medianas empresas que en el sector privado deben subsistir actuando en un solo segmento o eslabón como propietarios y operadores de gasolineras, transportistas y pequeños empresarios en la distribución de gas, entre otros rubros.
    Frente a este cúmulo de impactos negativos contra la economía de mercado, sólo queda pensar en que se favorece a los operadores políticos empotrados en Petropar, dado el incremento en los gastos del ente en los últimos años, además del negocio que implica la importación de combustibles asegurada por Petropar en un 50 por ciento, con los contratos de compra y de flete en el exterior, que siempre son controlados por el grupo enquistado en el poder, como ocurriría ahora con el Grupo Cartes, cuyo gerente en Petropar es Carlos Cañete, hombre de confianza del presidente y su tesorero en el club Libertad.
    ¿Qué pasará si con el nuevo decreto Petropar comenzara a reducir sus ganancias por el aumento de su gasto y pago de deuda? Se llegaría a la sinrazón de mantener el esquema monopólico sólo con fines políticos, para beneficio del grupo dominante en el poder o del Grupo Cartes.
    El nuevo Gobierno que asumirá en 2018 como primera medida deberá terminar con este sistema inconstitucional, porque, de otra forma, sería una anti propaganda que no haría otra cosa que demostrar la vigencia de un régimen contrario a la seguridad jurídica y a la atracción de inversiones extranjeras.

    Las inversiones que vinieron estos años, precisamente, han sido aquellas de orden especulativo o aventurero, como en éste último caso algunas empresas extranjeras que aparecieron con frondosos antecedentes cuestionables para participar en las licitaciones “llave en mano” para rutas, las APP o para la construcción de viaductos, como la cuestionada española acusada de pagar jugosas coimas.

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    Publicado por jotaefeb | 7 junio, 2017, 10:11 pm
  2. Los pitufos y el maletín

    Los hermanos pitufos con el apellido de nuestro héroe de la Guerra Grande manejaban uno de los negocios más apetecibles en Paraguay: los fletes de Petróleos Paraguayos (Petropar). Un promedio de US$ 56 millones cada año y tuvieron prácticamente el control del negocio por más de 15 años.

    Históricamente, según los registros de la petrolera, se pagaban en promedio en concepto de flete US$ 66 por metro cúbico. Petropar traía 850.000 metros cúbicos por año. Es decir, gastaba anualmente en flete US$ 56 millones.

    Este monto se ha venido pagando prácticamente sin variación en los diferentes gobiernos y los proveedores, pese a que todo se hacía vía licitación, siempre eran los mismos: los hermanos pitufos.

    Un alto funcionario cercano al presidente Cartes me confesó hace un par de semanas que uno de estos hermanos había llegado hasta Mburuvicha Róga a finales del 2013, con la promesa de que cada año acercaría un maletín con US$ 6 millones, limpio de polvo y paja, a cambio del mantenimiento de sus contratos en Petropar.

    En el 2015, cuando venció el contrato que la petrolera firmó en el 2012, porque son de dos años los acuerdos, la entidad estatal decide convocar a una nueva licitación para el transporte de los combustibles, se permitió la entrada de nuevos concursantes, no ganó el eterno proveedor y finalmente, la empresa adjudicada ofertó US$ 47,7 el metro cúbico y Petropar terminó pagando US$ 40 millones por año. Es decir, US$ 16 millones menos.

    Este año, en la reciente licitación de Petropar, nuevamente con la participación de más oferentes, la entidad obtuvo el precio de US$ 40,5 el metro cúbico por lo que estará pagando a partir de este año, con el mismo volumen anual de transporte de combustible, 850.000 metros cúbicos, US$ 34 millones. Esto significa, US$ 22 millones menos por año en comparación a la era de los pitufos.

    Ante la evidencia de estos números, aquí surgen varios interrogantes. ¿Cada presidente de la República de turno se quedaba con los US$ 6 millones por año ofertados en maletín por los eternos proveedores? Estos US$ 22 millones que ahora se ahorra Petropar: ¿Dónde iban a parar anteriormente? ¿Quiénes se repartían el botín?

    Solo el caso Petropar y los fletes revela uno de los esquemas de corrupción en Paraguay que ha convertido en millonarios a muchos ex presidentes, ex titulares de entes, un ex jefe de gabinete hoy devenido a senador y muchos otros políticos que permitieron que este esquema funcione así por tanto tiempo.

    Es por eso que hoy existe una clase política, sin importar de qué partido sean, que añora que esta práctica vuelva.

    Lastimosamente, desde la oposición ni sectores de la sociedad civil han podido congeniar proyectos o perfilar candidaturas que apunten a desterrar este tipo de modelos para siempre. Los nombres que hoy suenan en estos sectores, son los mismos, a quienes vimos disfrutando y formando parte este esquema.

    Ante esta realidad, es nuevamente el Partido Colorado, responsable de muchos de estos vicios y males en el Paraguay, el sector que tiene diseñado seguir, en el manejo de la cosa pública, la misma línea de trabajo, como la llevada a cabo en Petropar y hoy está apuntalada en la figura del ministro de Hacienda, Santiago Peña, como virtual candidato a la Presidencia.

    Por eso, si bien el futuro se presenta incierto hasta ahora, serán los colorados quienes decidirán democráticamente en sus internas, si votan al más colorado de los colorados, al más militante de los militantes o al más sonado apellido identificado por la historia de este sector; en definitiva, si optan por un modelo nuevo o por un modelo viejo y perverso como el relatado más arriba. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

    Por Jorge Torres Romero

    http://www.lanacion.com.py/columnistas/2017/05/21/los-pitufos-y-el-maletin/

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    Publicado por jotaefeb | 25 mayo, 2017, 11:04 am
  3. Ganan todos, incluso el Estado y Petropar

    En medio del conflicto actual que ha enturbiado el relacionamiento entre las empresas dedicadas a la importación, distribución y venta de combustibles derivados del petróleo y algunas dependencias gubernamentales, como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), no está demás hacer una visita a los fríos números que permanecen en las estadísticas oficiales, como las de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), para ver qué pasa con este negocio a nivel de movimientos comerciales, ganancias e ingresos para el fisco.
    Los datos más actuales disponibles para una comparación son los correspondientes a los pagos tributarios de los años 2014 y 2015, que indican que hay por lo menos seis empresas “petroleras” entre los 500 mayores aportantes al fisco: Petrobras, Barcos y Rodados, Puma Energy, Copetrol, Petropar y Petrosur.

    Entre todas ellas, la compañía de capital brasileño es la única que ha bajado de posición, y se presume también que ha disminuido sus ganancias entre uno y otro año. En efecto, Petrobras pagó impuestos por un total de G. 38.484 millones en el 2014, de los cuales G. 35.591 millones correspondían a las ganancias (Iracis). En el 2015, las cifras fueron de G. 29.521 millones y G. 26.649 millones, respectivamente. Es decir que en ambos casos resultaron menores, y la empresa pasó de la posición N° 21 a la 28 en el ranking de los 500.

    La firma Barcos y Rodados estaba en la posición N° 83 al final del 2014, cuando su aporte global al fisco fue de G. 9.486 millones, de los cuales G. 9.449 millones fueron por Iracis, y para el siguiente periodo subió, situándose en el N° 73, con G. 12.119 millones (G. 11.683 millones de Iracis).

    También le fue mejor a Puma Energy, que había terminado hace dos años como N° 157 del ranking y en el 2015 quedó en el N° 132, pues de un total de G. 5.907 millones (G. 5.636 millones de Iracis) pasó a pagar tributos por G. 8.102 millones (G. 7.782 millones de Iracis).

    En el caso del emblema Copetrol las cosas muestran, asimismo, mejorías, ya que en el 2014 abonó al fisco un monto total de G. 4.384 millones (G. 3.998 millones de Iracis) y, en el 2015, G. 6.282 millones (G. 4.770 millones de Iracis), elevando su posición entre los mayores aportantes a la SET, de la N° 218 a la 162.

    A Petrosur tampoco le fue mal, a juzgar por la rendición impositiva. En el 2014 tributó una suma total de G. 3.364 millones (G. 3.258 millones de Iracis) y, el año pasado, G. 4.490 millones (no aparece su Iracis en la estadística del 2015 o, por lo menos, no lo pudimos ubicar), subiendo en la tabla de mayores pagadores de impuestos, a nivel general, del N° 304 al 232.

    Estos son los ejemplos del sector privado, pero la mayor sorpresa está en las estadísticas que corresponden a la estatal Petropar, que de una modesta posición N° 264 en el 2014 saltó nada menos que a la 18 e, incluso, en materia de Iracis, al cuarto lugar. En efecto, hace dos años, Petropar apenas llegó a tributar un global de G. 3.802 millones (G. 2.107 millones de Iracis), mientras que en el siguiente periodo se anotó con G. 48.836 millones (G. 47.484 millones de Iracis).

    Por supuesto que al Estado tampoco le fue mal. Los ingresos impositivos provenientes de estas seis empresas totalizaron G. 65.427 millones en el 2014 y G. 109.350 millones en el 2015. Esto representa un crecimiento del 67,1%.

    Con este panorama, si tuvieron la paciencia de recorrer esta multiplicidad de cifras, coincidirán conmigo en que, por lo menos a juzgar por los impuestos declarados, en este negocio todos ganan, hasta el Estado, y cada vez ganan más o, por lo menos, era así hasta el final del 2015, con la excepción ya mencionada. Los resultados del 2016 se sabrán hacia abril o mayo del 2017, pero se puede pensar que la tendencia sigue.

    Entonces, ¿por qué se pelean? ¿ Hegemonía del mercado, alguna razón política o planes a futuro que todavía no nos enteramos? Lo seguro es que no son motivos observables en las estadísticas.

    Por Jorge Benítez Cabral

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/ganan-todos-incluso-el-estado-y-petropar-1541340.html

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    Publicado por Anónimo | 28 noviembre, 2016, 9:03 am
  4. Un chiquero a mantener

    En un reciente comunicado, las empresas privadas proveedoras de combustibles afirmaron que el mercado es y debe seguir siendo libre, y que cualquier empresa, incluso la estatal, tiene derecho a operar en él siempre que se ciña a un marco de igualdad de condiciones, sin ningún tipo de privilegios. Si creyeron oportuno manifestarse en tan obvio sentido es porque el Gobierno se ha lanzado al salvataje de Petropar –corrupta y obsoleta empresa que viene de la época de la dictadura de Stroessner, y vaca lechera preferida de gobernantes y políticos– mediante una serie de medidas contrarias a la libertad de concurrencia, que colocan a ese ineficiente engendro del estatismo en una posición de claro predominio, so torcido pretexto de “favorecer” al consumidor.

    Lo que ocurre es, lisa y llanamente, que el Estado interviene en el mercado en beneficio de Petropar para mantener gorda a su vaca lechera, hasta el punto de obligar a las empresas privadas a comprarle sus productos, ignorando el art. 107 de la Constitución, que garantiza “la competencia en el mercado” y prohíbe la creación de monopolios.

    En efecto, el Poder Ejecutivo le otorgó un monopolio parcial en la importación y en la venta del gasoil común, de la nafta virgen y de la nafta de 85 octanos, al reservarle por decreto nada menos que una cuota del 50% del mercado. Más aún, como la licencia de importación otorgada por su cómplice en el affaire, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), supone un previo informe de Petropar, resulta que la empresa estatal decide cuánto combustible puede importar cada una de las empresas privadas competidoras, dentro del margen que les corresponde. O sea que quienes deben competir con ella no están en condiciones de decidir por sí mismos el volumen de sus operaciones, considerando su demanda en el mercado. Lo decide Petropar, su competidora. De hecho, la estatal actúa como una entidad “reguladora” del sector en el que opera, lo que le permite fijar las reglas de juego a su antojo. Esta situación absurda, que nada tiene que ver con la libre competencia que garantiza la Constitución Nacional, posibilitó que el MIC extorsionara a las empresas distribuidoras de combustibles y a las plantas de almacenamiento y despacho, para que se avengan a adquirir de Petropar los tres combustibles antes citados. Por ejemplo, la empresa mixta brasileña Petrobras fue perseguida durante nueve meses por negarse a hacerlo, hasta que se vio obligada a capitular porque el MIC no le autorizaba a descargar sus barcazas de combustibles. Deplorable desde todo punto de vista, en un país que, en su afán de atraer inversionistas, se está promoviendo afanosamente en el mundo como uno que respeta las reglas del juego y donde hay seguridad jurídica.

    Se entiende que, bajo estas condiciones de tipo mafioso, el presidente de Petropar, Eddie Jara, haya podido hablar de una mejora de la rentabilidad, algo que, si fuera verdad –no lo es–, habría sido imposible para esa empresa protegida si participara de la economía con las mismas reglas de juego que las empresas privadas. Es que una empresa estatal sobredimensionada, en la que los negociados y el clientelismo están a la orden del día, solo puede sobrevivir si les atan las manos a sus competidores.

    Se busca de todas las formas posibles mantener a flote un “ente obsoleto, corrupto e ineficiente”, como bien lo califican sus víctimas del sector privado, porque se trata de una importante arteria de aprovisionamiento diario de dinero contante y sonante para los manguruyuses de turno. O sea que el estatismo del actual Gobierno, como el de los anteriores, no obedece precisamente a la convicción de que el Estado debe encargarse también de vender combustibles, sino al afán de aprovecharse de una importante fuente de ingresos porque el combustible se vende al contado. A fines del año pasado, el entonces titular de Petropar, Rómulo Campos Krauer, se autopremió con 108.041.997 guaraníes, en tanto que su gerente general, Catherine Vargas, recibió un regalo de 77.716.395. Ambos fueron los ideólogos de una truculenta sobrefacturación de cinco millones de dólares en una operación de compra de garrafas tailandesas, felizmente abortada gracias a revelaciones periodísticas. Estas son sumas menores comparadas con las que han estado en juego, por ejemplo, en el acuerdo celebrado con Petróleos de Venezuela SA, en la época de Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo, y cuantas otras operaciones se manejan en ese tradicionalmente oscuro chiquero.

    Al igual que el decreto que fijó inconstitucionalmente los precios máximos para el gasoil y la nafta comunes, las abusivas medidas antes comentadas son nulas en virtud del principio de legalidad, propio del Derecho Público. La pregunta que se plantea es si el presidente Horacio Cartes y el ministro Gustavo Leite creen, en verdad, que atraerán inversiones quebrantando el Estado de derecho y la seguridad jurídica, dado que lo que está ocurriendo en el mercado de los combustibles cuando se les dé las ganas podrían extenderlo a otros ámbitos.

    Hace unos días, el mismo prepotente ministro que determina cupos para empresas privadas locales e impide la libre importación de combustibles sostuvo que “es un despropósito que tengamos cupo” para vender carne a Taiwán, y agregó que “el Paraguay apunta a tener libre acceso a dicho mercado”. Un mínimo de coherencia prohíbe reclamar a un país extranjero lo que se niega a quienes trabajan en el nuestro. El Gobierno dejó de lado el libre juego de la oferta y la demanda para tirar un salvavidas a Petropar y de paso practicar el populismo, alegando que las empresas distribuidoras de combustibles se ponían de acuerdo para lograr ganancias siderales. En tal caso, debería haber aplicado la Ley Nº 4596/13, que veda los pactos para “fijar, imponer (…) o recomendar colectivamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva”. En verdad, es evidente que antes que la libre concurrencia en el mercado, lo que le interesa es mantener viva a Petropar a como dé lugar.

    En vez de ampliar el ya monstruoso tamaño del Estado, lo que debería hacer el presidente Horacio Cartes es achicarlo, lo que estaría más acorde con el “nuevo rumbo” prometido, y que hasta hoy no se ve por ningún lado.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/un-chiquero-a-mantener-1529413.html

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    Publicado por Anónimo | 21 octubre, 2016, 4:27 pm
  5. La caña que va a los caños

    El 23 de agosto del año 1973 ocurrió la llamada “primera crisis del petróleo” por la decisión que tomó la Organización de los Países Árabes Exportadores de Petróleo (países miembros de la OPEP), además de Siria, Túnez, Egipto e Irán, de no seguir exportando más el hidrocarburo a las naciones que habían ayudado a Israel durante la guerra que este país había afrontado contra Egipto y Siria, y entre los contrarios se incluía a los EE.UU. y a sus adeptos de Europa.
    A partir de ahí el mundo comenzó a sufrir la secuela de la inflación petrolífera inflacionista y la de no querer tener dependencia petrolífera, pero la economía de los países compradores se vio notablemente afectada y se iniciaron un montón de providencias que aplaquen la dependencia exterior de los combustibles.

    Se sabe que el planeta Tierra se mueve en rotación durante las 24 horas y en el año cumple su traslación moviéndose alrededor del Sol. Y dentro de este planeta todo se mueve en función de la industria petrolera. Nos vamos y regresamos al trabajo y a nuestras casas con nuestro vehículo, la agricultura mecanizada nos ayuda a comer, el alimento viaja enormes distancias y todo se mueve en función de los combustibles que hasta vuelan los aviones y los buses chatarras en el Paraguay.

    Con la intención de buscar sustitutos a la crisis ocurrida en aquel año, el Paraguay no quedó tan atrás en tener su combustible con la producción y el uso del etanol para los vehículos alcoholeros. Lo mismo ocurrió con las investigaciones ocurridas con el mbokaja, la grasa animal y vegetal y de otra materia prima que puedan mover los motores gasoleros. Pero como estamos en el Paraguay, todo sigue a nula o media marcha.

    Y para continuar a media marcha, el 27 de octubre de 1980 fue inaugurada la planta alcoholera de Petropar en la localidad de Mauricio José Troche, un distrito guaireño de apenas 63 km² y un poco más de 10.000 habitantes dedicados a la producción de la caña de azúcar, el ao po’i y el almidón de la mandioca. La planta comenzó siendo dirigida por la Administración Paraguaya de Alcoholes (APAL) y luego pasó a Petropar.

    Desde la distócica parición de la planta alcoholera, su marcha ocurrió embarazosa, ya que solamente dio embarazo a muchos reverendos sinvergüenzas que se instalaron en esa perdidosa planta industrial, que, en vez de ser una planta industrial, es una industria que pierde plata. Muy pocos de sus directivos se salvan de esta “mención de honor”.

    Desde el año 1980, esta planta de Troche se convirtió en un acorazado bastión de colocación partidaria y gestora de directivos que deben ir a parar en la cárcel como ocurrió con muchos de sus directivos. Uno de sus directores, hoy con sentencia de cárcel, se chupó 4,7 millones de guaraníes por una planta de fertilizantes que para nada sirve hasta hoy. Toda vinaza que se produce en una planta alcoholera es un alto fertilizador del suelo y feroz contaminante del agua. La planta se dedica a contaminar el río Tebicuarymí para después echar la culpa al ingenio de Azpa.

    Esta planta permanece más paralizada que trabajando, sus rendimientos son risibles, y de cada tonelada de caña –dicen sus directivos– salen 57,3 litros de alcohol, cuando se estima que no llegan ni a 50. En el Brasil consiguen más de 70 litros de etanol/ton. de caña. El costo de cada litro estaría en G. 8.500, y en el sector privado eso cuesta G. 2.800, diferencia que debemos pagar todos los paraguayos. Pagan G. 160.000/tonelada de caña, mientras que en el resto del país se abonan G. 110.000/ton. No está mal pagar esa suma a los sacrificados cañeros, pero encarece los costos finales. Solamente los gobiernos podridos y populistas pueden seguir endulzando la vida de los corruptos políticos partidarios de Troche y alcoholizar a todo el resto sano del Paraguay…

    Por Caio Scavone

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/la-cana-que-va-a-los-canos-1529096.html

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    Publicado por Anónimo | 21 octubre, 2016, 4:24 pm
  6. Expresidentes deben responder por el fato Petropar-PDVSA

    La deuda de US$ 287 millones que Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) reclama a su homólogo paraguayo Petropar por la provisión a crédito de derivados de petróleo ha traspasado los límites de lo meramente económico para convertirse en un escándalo político en nuestro país. Por de pronto, no existen dudas en cuanto a la legitimidad de la deuda reclamada por el Gobierno venezolano. En efecto, las autoridades paraguayas de turno involucradas en la operación de referencia la reconocen plenamente. Admiten también que la petrolera estatal paraguaya vendió esa partida de combustible al contado al público consumidor paraguayo. Sin embargo, lo que ninguno de los expresidentes responsables de dicha gestión administrativa del Estado ha aclarado a la opinión pública es qué hicieron con el dinero contante y sonante recaudado con dicha venta, puesto que no pagaron la deuda ahora reclamada por PDVSA.

    Al respecto, en un comunicado emitido en espacio pagado en un diario local, PDVSA manifiesta cuanto sigue: “En primer lugar, tal como el Gobierno de Paraguay y Petropar bien saben, dicha deuda no es pagadera en un plazo de 15 años conforme al acuerdo gubernamental de cooperación energética de 2004 como han alegado falsamente en sus recientes declaraciones y comunicaciones, sino que, conforme al contrato de refinanciamiento y a su addendum suscritos por PDVSA Petróleo y Petropar en 2011, y como consecuencia directa del incumplimiento de lo acordado por Petropar, la totalidad de la deuda de Petropar frente a PDVSA Petróleo ya está vencida y su pago íntegro con intereses aplicables es exigible desde noviembre de 2013”. (Las negritas son nuestras).

    Los gobernantes responsables de rendir cuentas de esta colosal estafa perpetrada contra los intereses de la Nación paraguaya con la deuda contraída con PDVSA por Petropar son, por complicidad sucesiva de acción y omisión, Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Federico Franco. Como jefe de Gobierno, el presidente Horacio Cartes tiene la responsabilidad de esclarecer esta grave lesión de confianza perpetrada por sus predecesores citados en perjuicio de las arcas públicas, so pena de incurrir en complicidad manifiesta si se desentiende de ella para no destapar la olla podrida que ahora está en sus manos.

    Habiendo prometido solemnemente “cortar la mano” a los ladrones de caudales públicos, esta es una oportunidad histórica para él ganarse un sitial de honor en la galería de los grandes estadistas que ha tenido el Paraguay a través de los tiempos. Para ello, más allá de arbitrar medidas financieras para honrar la deuda contraída por el Estado paraguayo a través de la gestión de Nicanor Duarte Frutos y de Fernando Lugo en cuanto a los acuerdos de Petropar con PDVSA, el presidente Cartes a través de las instituciones pertinentes del Estado debe impulsar una exhaustiva investigación para esclarecer a dónde fue a parar el importe de los combustibles proveídos a crédito por PDVSA. Qué hizo cada Gobierno del importe de cada litro de derivados de petróleo obtenido fiado y vendido al contado al público consumidor paraguayo.

    Lo peor que puede hacer el presidente Cartes en este caso es procurar impunidad para los responsables de semejante desfalco contra las arcas del Estado. De hecho, cada uno de los expresidentes de la República directamente responsables del fato ha optado por tirarle el fardo a su sucesor y este, a su vez, a su antecesor. Así, Nicanor Duarte Frutos acusa a Fernando Lugo de ser el responsable de la situación creada al no pagar la deuda contraída con PDVSA. Por su parte, el exobispo arguye que quien contrajo la deuda es su antecesor. Por su parte, Federico Franco también opta por la metáfora de Pilatos, como sus predecesores. Tan seguros se sienten de su impunidad que los dos primeros pugnan por tratar de encontrar algún atajo para volver a ocupar el sillón de los López.

    En su descargo, el expresidente Lugo expresó a un medio de prensa que al asumir la presidencia “recibimos una deuda con PDVSA de US$ 269 millones del gobierno de Nicanor Duarte Frutos”. Por otra parte, admitió que “no pagamos la deuda mencionada, pero tampoco la incrementamos”. Llamativamente, voceros del gobierno de Horacio Cartes toman partido a favor de Duarte Frutos, al señalar que el reclamo de pago de la deuda es un “reclamo político de los amigos del Frente Guasu”, al decir del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite.

    Sea como fuere, la ciudadanía debe exigir al Gobierno actual que extreme los esfuerzos para esclarecer este escándalo de ribetes internacionales, que compromete la credibilidad del Gobierno de la República.

    Los ciudadanos y las ciudadanas ya no deben tolerar que quienes les metieron las manos en sus bolsillos se paseen tranquilamente a su alrededor, disfrutando de las fortunas acumuladas mientras el pueblo paraguayo continúa sufriendo penurias porque no tiene forma de satisfacer sus necesidades básicas.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/expresidentes-deben-responder-por-el-fato-petropar-pdvsa-1491130.html

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    Publicado por Anónimo | 23 junio, 2016, 8:21 am
  7. ¡Que llegue el gas boliviano!

    Excelente la réplica del ministro Gustavo Leite al caradura titular de la CAPAGAS, Pedro Balotta, quien lo había acusado de ser un experto en mentir al pueblo. Le dijo simplemente que de pronto la gente se estaba cansando de que le metan impunemente las manos en los bolsillos.

    Y justamente eso es lo que pretenden las cuatro grandes empresas que por los siglos de los siglos acapararon el negocio del gas licuado de petróleo en el Paraguay, el gas en garrafas, para que lo entienda la gente.

    Están muy molestos porque el gobierno decidió intervenir en el negocio para volverlo más competitivo, para que se acabe simplemente aquello de fijar el precio “entre los perros”, es decir entre gallos y medianoche.

    Entonces todo el mundo a “ajustarlos” y que nadie pueda decir nada. Ahora, no. El gobierno entrará a competir. Lo hizo en el pasado con horribles resultados. Gobernantes corruptos, administradores de Petropar, ídem, de modo que no había manera de lograrlo. Ahora, no. El gobierno tiene como bandera la lucha contra la corrupción. Y no es algo declamatorio. La publicación de “cierta desprolijidad” en el tema de la compra de garrafas, le costó el cargo directamente al extitular del ente petrolero. O se hacen bien las cosas, o éstas no tendrían sentido alguno.

    Esa es la postura del presidente Cartes, reiterada íntimamente en los gabinetes del gobierno y también en público y ante foros internacionales, para quien quiera escucharlo: El gobierno se ufana en que no tiene denuncias de corrupción.

    El propósito de Petropar es bajar por lo menos el 10 por ciento el precio del gas de uso domiciliario. O sea que no tienen razón los empresarios cuando dicen que no se logrará ningún beneficio, que es falso, que la intención es montar una nueva, estupenda red de corrupción.

    El gas boliviano siempre fue apetecido por el Paraguay. En todas las épocas. Lamentablemente ningún gobierno fue capaz de concretar el negocio. Ahora lo hizo HC y las cosas van a cambiar.

    Y todo el mundo se resiste. Y lo peor que tienen como vocero al diario ABC Color, cuyo propietario defiende con uñas y dientes, todo lo que sea de interés de los empresarios, aunque sea un lucro desmedido y vaya en contra de los intereses del pueblo. Primero el dinero…, piensa para su coleto, el poderoso “don Acero” e intenta inútilmente parar la llegada del gas boliviano, o por lo menos sabotearlo, a ver si logra algún beneficio para sus “amigotes”.

    Ya lo dijeron en el caso de las naftas, cuando Petropar también incursionó en el negocio. Que todos iban a quebrar. Que iba a ser una formidable fuente de corrupción. Nada pasó. Todos los emblemas conviven, ganando plata, solamente que ahora tienen que atenerse a las normas del mercado, porque el ente estatal los deja en evidencia, lo que antes jamás pasaba.

    El gas boliviano es bueno para el país. Para el pueblo. Para las empresas. La campaña de ABC y los del oligopolio del gas no tiene razón de ser. Adelante con el proyecto.

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    Publicado por Anónimo | 31 mayo, 2016, 10:57 am
  8. Los buitres sobrevuelan Petropar

    Los delincuentes internacionales no podrían haber encontrado ambiente de negocios más favorable que el ofrecido por el Paraguay en tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner. De hecho, en aquella época el país se convirtió en un paraíso de gangsters venidos de todas partes, quienes, asociándose con los jerarcas del régimen y la familia del propio dictador, se enriquecieron explotando el dinero, influencia política y conexión global de los sindicatos criminales con el objeto de consolidar y expandir su propio poder.

    Uno de los más jugosos negociados regentados por la mafia dueña del país en aquel tiempo fue la refinería de petróleo instalada en Villa Elisa a mediados de la década de 1960 con el nombre de Refinería Paraguaya SA (REPSA), cuyos accionistas principales fueron Philippe de Borbón, Higinio Blanco y Marcel Degrave, por la inversión extranjera, y Stroessner y su canciller Raúl Sapena Pastor, por la doméstica. Preparando el terreno para la conformación de este singular joint venture que explotó al país por décadas, el Gobierno paraguayo otorgó unos años antes una concesión a la empresa boliviana Bolivian Oil Company (BOC International) para instalar una refinería de petróleo en el país.

    En vez de instalar una planta nueva –como era el trato–, la BOC International desmontó una pequeña refinería ya obsoleta que tenía en Bolivia y la trasladó al Paraguay, reinstalándola en Villa Elisa, donde actualmente se encuentra en estado de chatarra inservible. Luego de la inauguración de la planta de refinamiento de petróleo crudo y sus depósitos, la BOC International transfirió su paquete de acciones a los accionistas paraguayos y extranjeros de REPSA, la sociedad anónima creada para el efecto.

    De esta manera se constituyó la empresa pirata que por 15 años explotó al pueblo paraguayo con el monopolio del poco petróleo crudo que la planta tenía capacidad de refinar, pero sobre todo con la importación a precio sobrefacturado del diésel y naftas que el país consumía, complementada con su filial naviera NAVIPAR, que tenía la exclusividad del transporte de los combustibles, también a costo sobrefacturado.

    A casi medio siglo de distancia en el tiempo, es probable que la mayoría de los que esquilmaron a la Nación paraguaya a través del monopolio del negocio del petróleo por medio de REPSA-NAVIPAR hayan pasado a mejor vida. Pero, al parecer, retoños de los buitres de antaño de nuevo sobrevuelan Villa Elisa, atraídos, ciertamente no por la ya inservible refinería, sino por la posibilidad de repetir la estafa al pueblo paraguayo que tanto benefició a sus congéneres mafiosos en el pasado. Irónicamente, se trata de depredadores del mismo pelaje: bolivianos y paraguayos.

    Hacemos alusión al acuerdo recientemente firmado entre los gobiernos de Paraguay y Bolivia para la construcción de dos plantas procesadoras de gas natural licuado en nuestro país; una en Villa Hayes y otra en Limpio; iniciativa cuestionada hasta ahora por el Senado de la República, que le niega aprobación por considerarla inconveniente para los intereses del país. A propósito, recientemente el senador colorado Silvio Ovelar, titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara, señaló que no darán dictamen favorable al acuerdo de los gobiernos de Paraguay y Bolivia para la provisión de gas natural, gas licuado de petróleo y otros derivados de petróleo por parte del vecino país. Al respecto, remarcó que el sector privado está en condiciones de seguir satisfaciendo la demanda doméstica del insumo energético. Por otra parte, los comerciantes del ramo están en contra de que Petropar monopolice la provisión de gas en el país, como lo hizo en su tiempo REPSA con los combustibles. El senador Ovelar enfatizó que, así como está redactado el acuerdo, “podemos quedar dependientes de Bolivia en la compra de gas”.

    El acuerdo suscrito el año pasado por nuestro Gobierno y el de Bolivia prevé que la estatal YPFB Internacional constituya un joint venture con Petropar para monopolizar la importación de gas natural a ser licuado en las dos plantas industriales mencionadas y comercializado en el país. El acuerdo tendría una duración de 20 años. Mientras aquí hay dudas de que el Senado lo apruebe, en Bolivia lo dan como un hecho. Hace pocos días, durante un acto público, el presidente Evo Morales anunció: “En estos días estamos preparándonos, se va a firmar un acuerdo con Paraguay y Perú”. De paso, el gobernante boliviano señaló que con esos contratos que establecerán la instalación de plantas de gas natural licuado, la estatal YPFB prestará servicios a nivel internacional.

    Aunque el senador Ovelar no dio otros detalles de los puntos cuestionados por los legisladores, los medios de prensa destacan que el punto crucial es la indefinición acerca de quiénes serán los financistas del emprendimiento binacional. En principio, el recientemente destituido presidente de Petropar, Rómulo Campos Krauer, había anunciado que la petrolera estatal tenía planeado invertir unos US$ 40 millones en el emprendimiento conjunto.

    Atendiendo a la sarta de estafas al pueblo perpetradas a través de REPSA, primero, y de Petropar, después, con el correr del tiempo, existen suficientes motivos para que la gente desconfíe de esta nueva aventura comercial en que ella está incursa. La más reciente es el leonino convenio concertado por Nicanor Duarte Frutos con Hugo Chávez para la compra a crédito de la estatal petrolera venezolana PDVSA de combustibles derivados de petróleo (y revenderlo al contado contante y sonante en el país), quedándose con cientos de millones de dólares cuyo destino se desconoce hasta hoy día, mientras la deuda de Petropar con la empresa estatal venezolana asciende actualmente a unos US$ 300 millones.

    En su momento, justamente nuestro diario había advertido que el acuerdo de marras configuraba una estafa programada contra las arcas del Estado paraguayo; una tragada mayúscula que a la larga iba a generar una innecesaria deuda que el pueblo tendría que pagar. Dicho y hecho; hasta ahora el Gobierno paraguayo no sabe cómo salir del lodazal en que lo metió el “mariscal de la derrota” quien, encima, descaradamente aspira de nuevo a ser presidente de la República.

    La ciudadanía, a través de asociaciones gremiales, entidades empresariales y de otros tipos, y de los jóvenes que vienen demostrando tanto coraje, debe oponerse con todas sus fuerzas a cualquier nuevo intento de estafa que los gobernantes de turno quieran perpetrar por intermedio de Petropar, corrupta empresa estatal cuyas raíces se hunden profundamente en el estercolero de nuestra historia reciente.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/los-buitres-sobrevuelan-petropar-1483819.html

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    Publicado por Anónimo | 31 mayo, 2016, 10:57 am
  9. Funcionarios de Petropar no pagan IPS

    Si los empleados de la ANDE pagan solo la mitad de la energía eléctrica que consumen, los de Petropar se jubilan sin haber aportado un centavo al IPS. ¿Para qué aportar, si allí está Juan Pueblo para llevar sobre sus escuálidas espaldas el costo de la festichola de los funcionarios estatales?

    En efecto, aparte de que cobran gratificaciones por su supuesto “buen desempeño” y de que reciben combustibles gratis, entre otros privilegios indebidos, los empleados de Petropar no aportan a la entidad previsional el 9% de sus salarios. La suma que deberían abonar, según la Ley Nº 356/75, es asumida por la quebrada empresa pública, en virtud de un contrato colectivo de trabajo irregularmente aprobado por la Secretaría de la Función Pública. Ocurre así que los trabajadores del sector privado no solo pagan su cuota mensual, sino que también absorben, con los demás ciudadanos, la que corresponde a esos aprovechados.

    Aquí se viola el principio constitucional de igualdad ante la ley, pues unos la cumplen con el dinero que sale de sus propios bolsillos y otros con el que sale de los bolsillos de todos. La generosa cláusula contractual, que ya es de larga data y que le costará este año al pueblo paraguayo 5.200 millones de guaraníes, es solo una de las tantas muestras de que los contratos colectivos de trabajo del sector público son realmente escandalosos.

    La sangría que sufre el Estado no solo deriva de las sobrefacturaciones y de las malversaciones, sino también de esos instrumentos que le dan un viso de supuesta legalidad a un descomunal derroche que sirve para comprar el silencio sindical ante la corrupción rampante en las instituciones. Y encima, cada vez que se habla tímidamente de alguna privatización, nos vienen con el cuento de que la empresa pública es “estratégica”, que es de “todos los paraguayos”, etc., etc. Mentira. En la práctica, ya está “privatizada” por los jerarcas inescrupulosos de turno y por los sindicalistas sinvergüenzas de siempre, que se sirven de ella a su antojo, ignorando incluso dictámenes de la Contraloría General de la República. Lo que realmente es de todos es el dinero que en la empresa pública se roba y despilfarra. En Petropar, que tiene unos mil empleados, hay nada menos que cuatro sindicatos, por la simple razón de que es un gran negocio constituir uno para arrancar ventajas indebidas y obtener la “estabilidad” sindical.

    Generalmente los dirigentes de las centrales de trabajadores, inspirados por prejuicios ideológicos, suelen amparar a quienes desde una empresa pública se burlan del pueblo obteniendo beneficios indebidos. Tal vez porque en última instancia ellos también lo saben y se benefician de esas irritantes canonjías. No les importa que no pueda haber derechos adquiridos contra la constitución y las leyes.

    La ciudadanía no puede seguir tolerando que las empresas públicas sigan estando al servicio de unos cuantos vividores que, para mayor escarnio, quieren tomarla por idiota. Debe negarse y manifestarse en sentido contrario a seguir financiando el carnaval de los privilegiados funcionarios del Estado.

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    Publicado por Anónimo | 15 febrero, 2016, 4:51 am
  10. Para levantar el muerto

    Al fijar un precio máximo de venta del gasoil y de la nafta comunes al público, fijándolo en 4.490 y 4.250 guaraníes, respectivamente, el presidente Horacio Cartes violó el art. 107 de la Constitución, que “garantiza la competencia en el mercado”. En la economía de mercado, los precios surgen del libre juego de la oferta y la demanda, sin que la intervención estatal les imponga algún límite: triunfará en la competencia aquel que ofrezca un bien o un servicio a un mejor precio para el consumidor.

    En el considerando del Decreto N° 4692/15 no se cita ninguna ley que le autorice al Presidente a regular el precio de los combustibles. Por lo tanto, ese acto administrativo es nulo, por violar el principio de legalidad, propio del Derecho Público. Se menciona el art. 238 de la Constitución, según el cual el presidente de la República dirige la administración general del país, como si esta conllevara la facultad de fijar los precios máximos de algún producto. También se invoca como salvavidas el art. 176, que se refiere a la política económica y a la promoción del desarrollo, sin que se perciba cuál es su relación con la arbitraria medida adoptada.

    El considerando sugiere que las empresas distribuidoras de combustibles se han concertado para impedir que la reducción del precio del crudo en los mercados internacionales “repercuta en beneficio del público”, manteniendo uno artificialmente alto. Si tal fuera el caso, la Comisión Nacional de la Competencia tendría que aplicar la Ley Nº 4596/13, que prohíbe los acuerdos para “fijar, imponer (…) o recomendar colectivamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva” e impone la sanción pertinente, previo procedimiento sumario. Esto significa que, de ser cierto lo afirmado en el inconstitucional decreto, el Presidente de la República también ignoró la ley citada, que desde luego no le autoriza a que en el caso referido fije un precio de venta máximo. En el mismo acto administrativo –irregular por donde se lo mire– también se trae a colación el “interés general” del que habla el art. 128 de la Constitución, lo que resulta preocupante porque con el mismo argumento Horacio Cartes también podría fijar, por sí y ante sí, los precios de venta máximos de cualquier mercadería o producto que considere de “interés general”.

    Este decreto en modo alguno se ajusta a “los límites establecidos por las normas de orden público”, como en él se argumenta, y se suma a otros relativos a los combustibles que implican una grosera intervención estatal en la economía, con el único y repudiable propósito de mantener a flote a la corrupta y recontraquebrada empresa estatal Petropar. Con estos despropósitos, el Presidente de la República y el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, atentan contra la seguridad jurídica y desalientan las inversiones, aparte de transmitir el mensaje de que ni la Constitución ni las leyes importan cuando se trata de practicar el funesto populismo. Como el mal ejemplo cunde, a este paso es de suponer que las autoridades nacionales de menor rango tomarán buena nota de estas arbitrariedades para cometer también las suyas en beneficio propio.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/para-levantar-el-muerto-1442377.html

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    Publicado por Anónimo | 9 enero, 2016, 9:18 am
  11. Inconstitucional privilegio a Petropar

    El Art. 112 de la Constitución Nacional autoriza conceder la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos a empresas públicas como privadas. En el caso de la empresa estatal Petropar, esta puede efectuarla pero “… de acuerdo a las leyes vigentes…”, como aclara el art. 4 inciso a) de su Ley orgánica, Nº 1182/85.

    La ley vigente es la Nº 779 de Hidrocarburos, cuyo Art. 7 establece que los pedidos de prospección o explotación deben hacerse al Ministerio de Obras Públicas y levantarse acta de la presentación en la Secretaría General del Ministerio, con determinación de la fecha, hora y minuto, por riguroso orden de precedencia. Esto rige tanto para empresas del sector público como privado.

    Así, la regla constitucional es la igualdad de trato y oportunidad a ambos sectores. Aunque el Estado se reserve el dominio de los minerales, esto no implica que la exploración y explotación corresponden a la empresa pública, ni que esta expresa más o mejor los intereses nacionales. Normalmente, es lo contrario.

    A través del Art. 56 del Decreto Nº 4476/15 del 26 de noviembre, el P. Ejecutivo otorgó a Petropar un privilegio inconstitucional e ilegal. Creó una opción de preferencia a su favor de 30 días para todas las áreas que queden libres. Petropar es el “primer peticionante” por decreto.

    Esto implica otorgar privilegios a los directivos de las empresas privadas que tengan tratativas con el presidente y directivos de Petropar, quienes tomarán la decisión en los referidos 30 días. Petropar no tiene capacidad técnica ni económica para evaluar área alguna. La industria petrolera “upstream” (extracción) es capital intensiva, sofisticada gerencial y tecnológicamente, y de alto riesgo.

    Casualmente, o no tanto, el mismo día de crearse el privilegio, el P. Ejecutivo dictó otro decreto para eliminar el límite de permisos y concesiones que pueda tener una sola empresa (pública o privada); tan solo 8 meses después de establecer un límite de 2 permisos y 4 concesiones.

    Además, el Art. 56 del Decreto Nº 4476/15 establece que la extinción del permiso o concesión se produce de “pleno derecho” y por simple “nota” del Viceministerio de Minas.

    La extinción de los permisos y concesiones está reglamentado en los artículos 62, 63, 64, 65, y 66 de la Ley Nº 779. Su Art. 64 refiere que al “caducar” una concesión por las causales establecidas en los artículos anteriores, estas deben ser previamente “comprobadas” por el Ministerio de Obras, declaradas en un decreto del Ejecutivo (o resolución ministerial de caducidad en el caso de los permisos de prospección), y notificadas al interesado, quien puede recurrir ante el Tribunal de Cuentas. El esquema legal no consagra la caducidad de “pleno derecho” para liberar áreas.

    Los sistemas legales han definido el dominio de los minerales conforme a dos tradiciones jurídicas: (1) La civil romana, “Cuius est solum eius est usque ad coelum et ad inferos” (quien quiera sea dueño de la tierra lo es desde el cielo hasta el infierno), o doctrina “ad coelum”, otorgando el dominio al titular de los derechos superficiales, fundamentado en que lo “accesorio sigue la suerte de lo principal”; y (2) el sistema hispánico regalista, donde los minerales son del “Rey o de quien este nomine” (hoy, el Estado).

    El sistema regalista se subdivide en el (a) tradicional y (b) el moderno. En el sistema tradicional el descubridor o primer peticionante es el titular de la exploración o explotación. El regalista moderno tiene una vertiente estatista monopolista que pretende excluir la participación privada, y otra pragmática, abierta a la inversión privada.

    En la Argentina, el sistema regalista moderno tuvo a la vez dos versiones: El estatista y autoritario o “nacionalismo de medios” (empresa pública monopólica) y el pragmático “nacionalismo de fines” (abierto a la inversión extranjera privada, a fin del autoabastecimiento).

    En 1955, el presidente Perón dijo a directivos de Esso, Shell y Petroargentina: “Pónganse de acuerdo, si para ello hay que quemar YPF, préndanle fuego, si deben destruirlo, destrúyanlo…”.

    El radical Frondizi fue principal opositor de Perón, autor del libro Petróleo y Política –tesis estatista–; pero elegido presidente, Frondizi en 1958 optó por el nacionalismo de fines, explicando años después: “O se salvaba el prestigio intelectual del autor de Petróleo y Política, o se salvaba el país” (1963).

    Estados Unidos, la industria petrolera más avanzada del mundo, tiene un sistema legal anglosajón (propiedad privada de los recursos), técnicos que desarrollaron la “fracturación hidráulica” o “fracking”, y se autoabastece. En ese país no existe una Petropar o PDVSA.

    La Constitución de 1992 tiene la virtud de adoptar el sistema regalista moderno en su versión pragmática y razonable, estableciendo la regla de la igualdad de trato y oportunidades entre participación privada y pública. El privilegio otorgado en el Art. 56, Decreto Nº 4476/15, además de inconstitucional, es un paso en dirección del corrupto y autoritario estatismo.

    * Abogado, Universidad Nacional de Asunción.

    Master en Leyes, Universidad de Chicago.

    Por Theodore Stimson (*)

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    Publicado por Anónimo | 26 diciembre, 2015, 6:42 am
  12. La calidad del diésel

    La aclaración no está demás, considerando el peso que el gasoil tiene en la determinación de los precios de buena parte de los productos que componen la canasta familiar. De esta forma, la medida no solo beneficiará al medio ambiente y a la salud pública, sino que además no significará una mayor presión inflacionaria sobre la economía.

    El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) anunció que a mediados del año entrante ya solo se usará el tipo de diésel menos contaminante en nuestro país.

    La noticia es muy importante, sobre todo en lo que concierne al cuidado del medio ambiente, a la polución del aire en nuestras ciudades y a la salud pública, atendiendo a que un alto porcentaje del parque automotor utiliza este combustible. El transporte público y todo el aparato productivo se mueve en base al gasoil, con mucha frecuencia el más barato y el de peor calidad.

    El crecimiento acelerado del número de automotores (muchos de ellos usados), la ausencia total de transportes alternativos a los de combustible fósil y el pésimo estado de los buses colectivos son algunos elementos que agravaron la situación.

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera altamente cancerígeno el humo que emana de la combustión del gasoil con fuertes cantidades de azufre. Es más, los problemas de salud ocasionados por la combustión de gasoil contaminante son muchos más. Además del cáncer, se estima que la proliferación de afecciones respiratorias crónicas y cuadros de alergia está asociada a la emisión de estos gases perjudiciales.

    El combustible de baja calidad también corroe y daña los mismos motores, los cuales pierden eficiencia y se convierten en máquinas aún más contaminantes. Las operaciones y compras realizadas por Petropar deben incorporar el criterio del respeto al medio ambiente y a la salud pública, de lo contrario el país estará retrocediendo décadas en materia de conciencia ambiental.

    El anuncio del MIC se complementa con información procedente de Petropar, que aclaró que si bien el diésel común tendrá ahora la misma proporción máxima de azufre de la línea premium, esto no se traducirá en un incremento de precios del combustible.

    “Los usuarios pagarán menos por un producto de mucha mejor calidad”, declaró el presidente de Petropar. La aclaración no está demás, considerando el peso que el gasoil tiene en la determinación de los precios de buena parte de los productos que componen la canasta familiar. De esta forma, la medida no solo beneficiará al medio ambiente y a la salud pública, sino que además no significará una mayor presión inflacionaria sobre la economía.

    La noticia llega además en los días finales de la Cumbre del Cambio Climático, que viene desarrollándose en París y de la cual toma parte también nuestro país. Allí Paraguay se comprometió a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, entre otras acciones orientadas a frenar el calentamiento global. La utilización de combustible de mejor calidad –entretanto, a largo plazo, se modifica la matriz energética– es un paso adelante en esta dirección.

    Por ello, entre las líneas estratégicas de gestión de Petropar deben figurar, cada vez con mayor peso, las consideraciones ambientales y sanitarias. A la petrolera estatal no le alcanza con tener una eficiente administración financiera o técnica, debe ser también un ejemplo en materia de incorporación de criterios ambientales en su trabajo cotidiano.

    Una suerte de “responsabilidad verde” que una empresa tan crucial para nuestra economía –es la entidad que compra, manipula y comercializa las mayores cantidades de elementos potencialmente destructivos del medio ambiente y de alto riesgo para el entorno natural– debe asumir a plenitud de cara a un futuro más saludable y limpio para nuestra sociedad.

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    Publicado por Anónimo | 12 diciembre, 2015, 1:50 pm

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