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Otro motivo para elegir mejor

El Senado acaba de sancionar la Ley de Financiamiento Político, que establece en uno de sus artículos que cada partido político o concertación debe recibir G. 10.523 por cada voto que recibe (15% del jornal mínimo) en elecciones municipales y para los cargos legislativos. La disposición vigente, que será derogada si el Ejecutivo promulga la nueva ley, establece un porcentaje mínimo de G. 3.040 hasta un máximo de G. 10.523 (del 5% al 15%).

Astutamente los senadores optaron por el porcentaje mayor del 15% para que el Tribunal Electoral deje de tener la potestad de jugar con el porcentaje, según la disponibilidad de la caja fiscal.

De esta manera, la ley le impone otro compromiso al ciudadano habilitado en el padrón: cada voto que emite le costará ahora G. 10.523. Entonces, tiene que pensar mejor a quién elegir porque le tocarán el bolsillo por ejercer su derecho constitucional.

Además, lo recaudado del voto alimentará las finanzas del partido político o concertación por el cual decidió votar. Es decir, tendrá más que nunca la obligación de exigir no solo a los candidatos electos, sino también a los dirigentes de la nucleación política resultados y transparencia porque con su voto contribuyó con la tesorería.

Resulta cuestionable que el Estado financie a los partidos políticos y concertaciones. Esta discusión no es nueva pero cada vez que se discute una ley parecida resurge este tipo de preguntas: ¿Por qué los partidos políticos no se ingenian para obtener recursos propios? ¿Por qué a la ciudadanía se le tendrá que sacar de sus impuestos indirectamente G. 10.523 por cada voto?, etc.

La respuesta de los dirigentes partidarios y de los legislativos es que el Estado debe encargarse de transferirles los fondos a estas nucleaciones porque son actores importantes del proceso democrático.

Caso contrario, los partidos podrían buscar financiamiento de grupos de poder, sectores oscuros, etc., a falta de dinero y que una vez que sean elegidos, estos partidos se convertirían en simples plataformas para que las corporaciones, pandillas o poderes externos lleguen al poder.

Hoy en día la narcopolítica adquirió un protagonismo importante en la vida nacional. En teoría, la ley sancionada en el Senado el jueves pasado prohíbe recibir aportes de personas condenadas por narcotráfico y lavado de dinero. La pregunta: ¿cómo se puede controlar esto? Generalmente no se dejan recibos. ¿O acaso la ANR o el PLRA ofrecen al público una lista larga de aportantes con nombres, apellidos y montos? Si es así, nunca la exhibieron. Lo que sí vemos es que en la nómina de legisladores, titulares y suplentes aparecen siempre nombres muy cuestionados.

Moraleja: a la hora de votar hay otro motivo más para pensar mejor.

Por Pablo Guerrero

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/otro-motivo-para-elegir-mejor-1433167.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

Un comentario en “Otro motivo para elegir mejor

  1. Financiamiento de partidos

    La Cámara de Senadores sancionó finalmente la ley de financiamiento de los partidos políticos, que pasará ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

    Los senadores modificaron el documento que les había llegado de la Cámara de Diputados. Dispusieron, por ejemplo, que solo las personas con una condena firme en casos de narcotráfico, lavado de dinero, evasión de divisas, terrorismo o tráfico de armas sean excluidas como aportantes a las organizaciones políticas, autorizando sí a aquellos que están en etapa de acusación y sin sentencia, que habían sido inhabilitados también para tal efecto por Diputados.

    Si bien se presume la inocencia de todas las personas hasta que se demuestre lo contrario, lo cierto es que la restricción que había sido aprobada por la Cámara Baja se ajusta más a la realidad de nuestro país –donde hay una considerable mora judicial y se producen pocas condenas– y sobre todo a la necesidad de frenar la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en la política y las instituciones.

    Para la salud de nuestra democracia, es preferible que los partidos dejen de recibir ciertos aportes a que los reciban de sectores ligados a actividades ilícitas. En este caso hubiera sido mejor pecar de exceso de prudencia, inhibiendo incluso a los que no tienen sentencia, pero se hallan acusados o bajo investigación.

    Otro cambio lamentable introducido en el Senado es limitar los controles a las elecciones generales y municipales, dejando fuera a los comicios internos. Con mucha frecuencia, en estas pujas internas afloran precisamente los elementos más indeseables, que cuentan con el poderoso respaldo económico de roscas y mafias.

    De esta forma, cuando son elegidos, el partido les otorga en cierta forma una legitimidad que no tendrían si el control fuera ejercido desde las compulsas electorales internas. Lo correcto –y coherente con el espíritu de la legislación– hubiera sido que las fiscalizaciones y la obligación de transparentar el origen de los recursos comenzara ya en el seno de las organizaciones partidarias, imponiendo una primera barrera para el dinero negro o sucio.

    Los senadores resolvieron además fijar el subsidio electoral para partidos en un 15% del jornal mínimo por cada votante en la última elección. Este porcentaje representa un incremento con respecto a la legislación anterior, que determinaba un monto menor.

    El subsidio a los partidos políticos tiene el propósito de impedir que los sectores con poder económico “secuestren” estas organizaciones y las sometan a sus intereses. En teoría, con los fondos transferidos por el Estado, los partidos políticos aseguran una mínima vida institucional, están en posibilidad de sufragar parte de sus campañas y, sobre todo, cuentan con recursos para programas de educación cívica de sus afiliados. No hace falta mucha astucia para percatarse que este subsidio no se destina siempre a estos objetivos, especialmente en lo que concierne al papel educativo que los partidos políticos deberían cumplir.

    El control sobre el financiamiento de los partidos políticos es crucial para el futuro de la política paraguaya. La fortaleza de la democracia en Paraguay depende de que las instituciones respondan efectivamente a los propósitos para las que fueron creadas.

    Cuando nadie sabe de dónde sale el dinero que financia las campañas o quién está detrás de los aportes y donaciones, todo el sistema se halla en riesgo.

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    Publicado por Anónimo | 6 diciembre, 2015, 5:55 am

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