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La Justicia como garrote

Editorial Vanguardia

Un grupo de alumnos de la Facultad de Filosofía (FAFI) de la Universidad Nacional del Este (UNE), persiste en sus reclamos contra una serie de irregularidades en dicha casa de estudios. Cuestionan principalmente los manejos de la decana, Blanca Tottil de Moreno por malversar rubros de docentes y por su incapacidad para manejar una institución de nivel terciario, según señalan. 

Los estudiantes habían denunciando estas irregularidades ante la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público. Al mismo tiempo siguieron con su vigilia para exigir la renuncia de la decana Tottil.

La cantidad de manifestantes fue disminuyendo de a poco, pues los profesores se encargaron de amedrentar y advertir a los alumnos de que si no retoman sus actividades académicas perderán el año. Pese a esto, un grupo, reducido siguió con las manifestaciones con el argumento de que que prefieren perder el año que recibir una formación mediocre.

El golpe final a los alumnos en huelga sobrevino cuando 17 universitarios que formaban parte del grupo de estudiantes fueron imputados por la Fiscalía por desacato a una orden judicial. Es probable que en algunos puntos los manifestantes se hayan excedido o fueron poco creativos para hacer sus manifestaciones, afectando los derechos de terceros.

Lo sorprendente en este caso es la extremada rapidez del Ministerio Público enviar oficios e incluso procesar a los manifestantes. En contrapartida, los agentes fiscales no movieron un solo dedo para investigar los hechos de corrupción denunciado por los universitarios.

El propio fiscal que investiga los supuestos ilícitos, Marcelo Saldívar reconoció que ni siquiera los documentos fueron revisados porque no hay perito disponible.

Según un informe de la Contraloría General de la República, en la administración de la UNE se detectaron millonarias sobrefacturaciones en obras, posteriormente las investigaciones de los mismos estudiantes sacaron a la luz pública casos de profesores planilleros, privilegiados clanes familiares, docentes que acumulaban hasta 15 cátedras, pero que nunca aparecían por la universidad, además de otras graves irregularidades. Estas denuncias son de extrema gravedad y la ciudadanía merece que se investigue a profundidad y que aquellos que cobraron indebidamente respondan ante la justicia.

Cuando la vara de la justicia se dobla para privilegiar a un sector se convierte en un garrote para perseguir a los ciudadanos y entonces las instituciones pierden credibilidad. Es de esperar que los agentes fiscales muestren ahora la misma agilidad para investigar los hechos de corrupción denunciados.

 

 

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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