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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Presupuesto responsable

Ignorando sin más las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la Cámara de Senadores aprobó un aumento de US$ 31 millones en el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el 2016.

Los recursos incrementados fueron asignados al Ministerio de Educación y Cultura, la Fiscalía, la Ande y otras entidades. No hay dudas de que todas estas reparticiones necesitan de más fondos, no hace falta ahondar en las grandes carencias y deficiencias que el Estado arrastra desde hace décadas.

Es seguro que muchas otras instituciones públicas tienen asimismo requerimientos y urgencias. El problema es que el Senado, en una actitud que solo puede calificarse de demagógica, eleva los gastos sin prever la forma de financiarlos. Esta situación se origina en una peligrosa distorsión acerca de las atribuciones de cada uno de los poderes del Estado.

Si bien el Congreso tiene la facultad constitucional de estudiar y aprobar el Presupuesto General de Gastos de la Nación, es el poder Ejecutivo el órgano administrador del Estado, encargado de la recaudación, de la gestión de los recursos públicos y de la política económica. Resulta difícil entender la lógica de esta completa descoordinación.

Recaudación y gasto no pueden ir por cuerdas separadas. Si se aspira a una administración mínimamente saludable y eficiente deben complementarse en una misma visión. Gastar lo que no se tiene conduce inexorablemente a peligrosos desequilibrios, un principio que se aplica a la economía de un hogar o a la de una nación.

Además de esta distorsión no puede dejar de señalarse el arraigado vicio de nuestra clase política de disponer del patrimonio público en forma discrecional, como si se tratara de un botín que debe repartirse en tajadas. Esta nefasta práctica de mal utilizar los bienes públicos para beneficio de unos pocos es transversal a todos los sectores e ideologías y nunca serán demasiadas las acciones que se adopten para imponer el manejo transparente y honesto de los mismos.

Resulta contradictorio que el propio Senado pase por encima de la Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada no hace mucho. La intención de esa legislación es establecer un “marco de previsibilidad” en la gestión de los recursos públicos. La idea básicamente apunta a ceñirse estrictamente a las estimaciones de ingresos elaboradas por el Poder Ejecutivo a la hora del análisis del plan de gastos y determinar los índices de inflación como parámetros de reajustes salariales en el futuro, tal como ocurre en el sector privado.

El objetivo es mantener bajo control el déficit fiscal con la finalidad de sostener un factor clave en el Paraguay de los últimos años: la estabilidad de los indicadores macroeconómicos. Gastar más de lo que se recauda no solo empuja al endeudamiento ante la ineludible necesidad de cubrir las obligaciones contraídas y los gastos fijos, sino también es un elemento que desalienta la inversión y la atracción de capitales.

A pesar de los ramalazos de la región, Paraguay sigue figurando entre las tasas de crecimiento más altas del continente y se ha convertido en un polo de atracción de capitales. Este escenario positivo debe ser apuntalado por la clase política a través de un presupuesto sensato y equilibrado, que se oriente todo lo que se pueda a las obras de infraestructura y a las necesidades reales de la población.

El optimismo que hoy exhibe nuestro país puede trocarse en una visión negativa y en la excesiva cautela de los inversionistas si no hay señales claras desde el sector público de la voluntad política de proteger la estabilidad y construir un país previsible.

http://www.lanacion.com.py/2015/11/26/presupuesto-responsable/

 

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

3 comentarios en “Presupuesto responsable

  1. La Ley de Responsabilidad Fiscal

    Esta semana el Ministerio de Hacienda informó su intención de modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Quiero referirme a la importancia de tener una regla fiscal y las ventajas y desventajas de los cambios planteados.

    ¿Por qué es necesaria una ley que marque los parámetros de una política fiscal responsable? Es una pregunta casi obligada. Un marco de política fiscal surge de la necesidad de dar señales de responsabilidad en la administración de la política fiscal en el largo plazo, de tal manera a generar credibilidad de los ciudadanos y extranjeros en la estabilidad macroeconómica; factor fundamental para incrementar el ahorro, la inversión y el crecimiento económico. Es de especial importancia en países en desarrollo, donde permanentemente debemos compaginar dos factores: por un lado, las enormes necesidades de servicios públicos y, por otro, los escasos recursos públicos disponibles.

    En democracia, las urgentes necesidades generan una presión social y política constante, y el sistema político trata de responder a estas demandas lo más rápido posible. Esta compleja combinación genera permanentes tensiones que fácilmente desemboca en el populismo. El desarrollo económico y social de los países depende críticamente de reglas institucionales que generen incentivos y castigos que induzcan a un comportamiento de los ciudadanos a estudiar, trabajar, ahorrar, asumir riesgos, invertir y a desarrollar toda su capacidad creativa. Es además un proceso que lleva décadas de comportamiento consistente y disciplinado para alcanzar altos niveles de desarrollo.

    De aquí la importancia de generar una regla fiscal que se convierta en una institución en el manejo de la política fiscal de un país y es la razón por la cual desde Desarrollo en Democracia (Dende) hemos insistido en su introducción en nuestro país unos años atrás. El planteamiento del Ministerio de Hacienda es modificar la regla fiscal actual que fija un tope máximo al déficit fiscal real observado (el exceso del gasto público sobre los ingresos fiscales efectivamente recaudados) por una regla fiscal que pone un tope al déficit fiscal estructural.

    El déficit fiscal estructural se basa en un cálculo de los ingresos fiscales en función al producto interno bruto potencial (no el real). Por lo tanto, es un cálculo teórico, algo que no se observa en la realidad, sino surge de la estimación de los economistas con base en un modelo estándar y conocido por ellos.

    La ventaja de una regla fiscal de este tipo es que le otorga más flexibilidad al Gobierno para implementar una política fiscal anticíclica, y poder enfrentar coyunturas económicas recesivas con una expansión de la inversión pública para reactivar la economía en el corto plazo.

    Sin embargo, su desventaja es la dificultad que tiene la ciudadanía de controlar su cumplimiento por parte del Gobierno. Difícilmente, personas que no sean economistas puedan estimar el déficit estructural y eso lo hace menos transparente.

    Para salvar esta dificultad, se plantea la creación de un consejo asesor fiscal formado por economistas expertos e independientes que cumplan una función pública de monitorear el cumplimiento de la misma e informar a la ciudadanía y que además emita opiniones independientes sobre la política fiscal de manera periódica.

    Desde el punto de vista teórico y técnico, la regla fiscal estructural planteada por el Ministerio de Hacienda es superior a la que tenemos actualmente. Sin embargo, debemos sopesar muy bien las ventajas de una regla fiscal simple como la que tenemos versus una más compleja tomando en consideración el desarrollo político-institucional que tiene nuestro país. La regla será creíble solo si el Gobierno lo cumple de una manera transparente frente a la ciudadanía. Si solo agrega confusión y falta de transparencia puede tener efectos contraproducentes incluso en la credibilidad de la política económica del país.

    Finalmente, cualquiera de las dos reglas podemos adoptar. Lo importante es que tengamos una regla fiscal transparente, apoyada por los actores políticos y por la ciudadanía, y cumplamos con las limitaciones que sean fijadas en ella.

    César Barreto Otazú

    http://www.ultimahora.com/la-ley-responsabilidad-fiscal-n1082180.html

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    Publicado por jotaefeb | 03/05/2017, 11:21
  2. Privilegiando a la clientela política

    Editorial abcCOLOR

    El ministro de Hacienda, Santiago Peña, tiene toda la razón al afirmar que no debemos seguir sacrificando las obras de infraestructura ni el gasto social solo para abonar los salarios del personal público. Hoy día, el Estado destina casi el 95% de sus menguantes ingresos al pago de los gastos rígidos, cuyo principal componente son los sueldos de los funcionarios y los contratados. En consecuencia, apenas resta dinero para los medicamentos e insumos hospitalarios, los útiles escolares o la construcción de rutas y puentes, entre otras necesidades acuciantes.

    De hecho, los tributos se emplean en mantener satisfechos a decenas de miles de haraganes, ineptos y corruptos –exceptuando a los funcionarios realmente necesarios, que los hay– antes que para satisfacer las necesidades sociales. Resulta así que el aparato estatal se halla al servicio de sus propios miembros. Lo que parece evidente –la pésima composición del gasto público– no lo es tanto para los senadores, dado que resolvieron aumentar el gasto salarial en 172.000 millones de guaraníes por sobre lo aprobado por la Cámara Baja, empeorando aún más las cosas. Si no fueran rechazados por los diputados, los incrementos servirían para financiar, entre otros servicios personales, la nueva matriz salarial y las bonificaciones del Ministerio Público, los gastos del escalafón docente y los mayores sueldos de los directores de área del Ministerio de Educación y Cultura, así como el seguro médico de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

    Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en noviembre de 2014, reveló que los funcionarios paraguayos son los mejor pagados del continente, considerando el ingreso promedio de la población. No obstante, siguen siendo privilegiados por unos legisladores que son muy generosos con el dinero ajeno y que son incapaces de resistir sus continuas demandas, por lo regular acompañadas con la amenaza de huelgas.

    En palabras del ministro de Hacienda, el Senado benefició “a un pequeño grupo” de funcionarios “en contra de los intereses de la ciudadanía”. En efecto, cedió ante un grupo de presión bien organizado en vez de atender las demandas de una población inerme, que no está sindicalizada ni puede ir a la huelga para reivindicar sus derechos.

    Los senadores no actuaron como representantes del pueblo sino como el brazo largo de una burocracia prepotente y ansiosa de sacar la mayor tajada posible del erario. Para peor, el aumento presupuestario dispuesto implicaría violar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que prohíbe que el déficit supere el 1,5% del producto interno bruto, lo que seguramente no pasará desapercibido para quienes juzguen la seriedad de las políticas económica y fiscal. Ya era previsible, desde luego, que al sancionar la ley presupuestaria los legisladores ignorarían la antes citada, atendiendo su habitual irresponsabilidad en la materia. Esta insensatez de la Cámara Alta debería ser repudiada por la ciudadanía por ser lesiva para el interés general. Es de desear que los diputados hagan lo mismo y rechacen la abusiva pretensión de los senadores.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/privilegiando-a-la-clientela-politica-1431324.html

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    Publicado por Anónimo | 02/12/2015, 06:53
  3. Los senadores atentan contra Ley de Responsabilidad Fiscal

    Ley de Responsabilidad Fiscal está siendo, por segundo año consecutivo, vulnerada por los mismos parlamentarios que la aprobaron. La determinación del Senado de sobrepasar los límites legales establecidos por ese instrumento legal deja consecuencias nefastas para el manejo del Presupuesto del 2016. Por un lado presiona el déficit fiscal obligando a cada vez mayor endeudamiento. Por otro lado, el sector público termina ejecutando un Presupuesto distorsionado, ya que ante la falta de fondos prioriza los gastos rígidos como los salarios, las jubilaciones y el pago de la deuda. Esta situación hace finalmente que las políticas públicas se implementen con grandes falencias, impidiendo que cumplan cabalmente sus objetivos, y con grandes costos económicos.

    Esta irresponsable decisión afecta a la ciudadanía que termina recibiendo servicios de mala calidad, ya que va a los centros de salud y hospitales y no encuentra medicamentos; las instituciones educativas no tienen equipamiento, libros ni útiles escolares y ni mencionar la baja cobertura de la política de vivienda y de la de saneamiento, o la falta de solución a los problemas de la tierra. Otras políticas necesarias ni siquiera existen por la falta de recursos, como aquellas destinadas a mejorar la gestión de las pequeñas y medianas empresas.

    Es una vergüenza que los parlamentarios otorguen aumentos salariales sin considerar los méritos y la productividad de los funcionarios, los resultados de la gestión o las necesidades institucionales.

    Estos fondos no solo se distribuyen a todos por igual, sino que además terminan desincentivando a quienes ponen el mayor de sus esfuerzos ya que acaban recibiendo un trato similar a los planilleros, mediocres o irresponsables.

    La aprobación de fondos por encima de las posibilidades de financiamiento genuino no solo obstaculiza la gestión eficiente de los recursos humanos. Cuando los gastos son mayores que los ingresos, el Ministerio de Hacienda está obligado a implementar el plan financiero, lo que termina distorsionando la ejecución del Presupuesto, sesgándose hacia los gastos rígidos.

    No sirve de nada a la ciudadanía tener instituciones de salud y educación llenas de funcionarios públicos, pero carentes de insumos o servicios de agua potable y saneamiento de mala calidad. Esto es irresponsable, porque el Estado gasta inútilmente los pocos recursos con que cuenta poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos al no prestar servicios de calidad.

    Los parlamentarios deben tomar conciencia de que su deber está en garantizar los derechos de la ciudadanía y cumplir sus promesas electorales, pilares fundamentales de la democracia. Ceder ante las presiones de funcionarios públicos sin contar con mecanismos que permitan que esos recursos contribuyan a mejorar la gestión pública constituye un desperdicio de recursos y una afrenta a quienes con su esfuerzo diario pagan sus impuestos.

    Esperemos que en las próximas semanas esta situación pueda ser revertida. Las necesidades de la ciudadanía deben ser puestas en primer lugar, ello requiere un adecuado equilibrio entre los recursos humanos, los insumos y la infraestructura. La eficacia y la eficiencia de las políticas públicas dependen de la buena asignación de los recursos públicos.

    http://www.ultimahora.com/los-senadores-atentan-contra-ley-responsabilidad-fiscal-n949021.html

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    Publicado por Anónimo | 02/12/2015, 06:52

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JUSTICIA A LA MEDIDA

El TSJE tuvo que  fallar en un caso, en el que una persona le solicitaba que dijera si era legal o no la candidatura de Peña por uno de los movimientos colorados, ciertamente Peña  sigue siendo afiliado al PLRA, y aún que se afilió, de manera forzada el 31 de octubre del año pasado, no había cumplido aún el año de permanencia como colorado, ni tampoco había renunciado a su afiliación de liberal. El juez saca una resolución kafkiana, dice a los efectos legales por una ley del año 1996, una persona no puede tener 2 afiliaciones simultáneas, pero aquí está lo kafkiano: “para los efectos legales valdrá la última”, dice en su fallo dado conocer, con ese criterio es más o menos lo siguiente: “la bigamia está prohibida en el Paraguay pero para los efectos legales valdrá el último de los matrimonios”. Evidentemente sí a los efectos legales se prohíbe una cosa determinada, a los efectos legales lo único que puede hacerse, es acatar lo que manda la norma y no inventar una ficción jurídica, por la cual una persona con una doble afiliación puede continuar un cargo determinado o puede aspirar a una representación por un partido político.

Todo mal, una justicia cada vez más entregada al poder político, a la que teme mucho menos en su condición de tal, la justicia a los políticos, y este fallo que lógicamente se escribe en un capítulo kafkiano de la historia política y jurídica paraguaya.

BFB

JUSTICIA A LA MEDIDA II

Ahi una resolución también, de la Corte Suprema de Justicia que dio al grupo de prensa de Cartes, para que puedan dar la boca de urna en el transcurso de los comicios del próximo día domingo, esto es una antesala a un caos, si anteriormente se había establecido que la boca de urna, solo podía darse solo a 60 minutos después de haber concluido el acto comicial, ahora vamos a tener una guerra de bocas de urnas el próximo domingo. Cada uno de los sectores de medios estará diciendo quién va adelante, y que estará buscando finalmente con eso manipular la voluntad de los electores que aún no se han decidido porque candidatura abrazarse en ese momento, ciertamente la Corte no ayudó para nada a la pacificación de los espíritus y al cumplimiento de las normas, si la norma dice que no se puede hacer algo por una situación determinada, que es la de buscar la tranquilidad antes de unos comicios y durante los comicios, en el caso de las boca de urnas, esta resolución de la Corte, lo único que augura es mayor conflictividad, y porqué no lamentandonos posteriormente hechos de violencia.

BFB

PARAGUAY TUTELADO

Una cuestión importante del ámbito de la relación internacional, la cancillería paraguaya a través de su vicecanciller Gonzalez, llamó la atención a Hugo Rodríguez, representante de la embajada de los EE.UU., que un twitter, auguro que unas elecciones sean llevadas con transparencia y justicia el proximo dia domingo y al mismo tiempo estuvo en favor de la homilía del Mon. Ricardo Valenzuela, eso hizo que el gobierno paraguayo le llamara la atencion al representante diplomático y le dijera que se está involucrando en cuestiones internas del país. Muchas de las cuestiones internas del país no podrían haber sido resueltas solo por nosotros, o a través de nuestras instituciones, en mucho de los casos, esto que alguno denominan “democracia tutelada” no se hubiera podido llevar adelante de la manera como se llevó, sin la abierta intromisión de poderes extraños al país, que han tenido que poner en el cauce, la locomotora de la democracia en el sitio correcto, el Paraguay todavía lamentablemente con las instituciones que tiene, con la manera en que los poderes del estado administran la cosa pública, la forma irrespetuosa del trato a la Constitución y a las normas, no permiten de que nosotros nos valgamos por nosotros mismos para administrarnos. El dia que los paraguayos tengamos una Justicia confiable y seria, un poder Legislativo ampliamente consolidado, en términos de representación popular, y un poder Ejecutivo que tema y respete a la Constitución, en ese momento, cualquier intromisión en asuntos internos, tendria que llamarnos la atención, el escándalo mayor de la política paraguaya es la manera en que hemos construido nuestras instituciones y el escaso respeto que tenemos a las normas legales.

BFB

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