Autoridades deben garantizar el orden público y tranquilidad social en CDE

Los graves hechos que están sucediendo en Ciudad del Este configuran un preocupante llamado de atención sobre un rebrote de violencia que no debe ser minimizado. Denota, asimismo, el resurgimiento de grupos que, montados en el razonable descontento popular por la prestación deficiente de servicios públicos o la insatisfacción por resultados electorales adversos, vuelcan en la sociedad todo su odio y su rencor.

Estos actos que atentan contra el orden público deben ser enmarcados en un intento de desestabilización institucional o política, destinado a generar situaciones de caos o de intimidación social.
Los paraguayos sabemos muy bien a cuáles extremos de criminalidad y horror puede conducir cualquier episodio de violencia, aun uando pueda parecer con alcances limitados. Por ese motivo, es imperioso que las autoridades actúen con toda la fuerza que le otorga la ley y la Constitución para garantizar y preservar el orden público frente a las manifestaciones de los violentos que sólo persiguen instalar un clima de caos y de anarquía.
La reiteración de las deficiencias y supuesto fraude en las elecciones municipales últimas en nada justifican la reacción violenta de los seguidores y simpatizantes del diputado liberal Oscar González Drakeford. Pero quedó en claro que en ese contexto de tensión la intolerancia de los grupos extremistas florece para desplegar su estrategia basada en el desorden y la violencia.
Los integrantes de esos grupos que se apoderaron de la escena demostraron estar dispuestos a llevar el descontrol a toda la ciudad, actuando en forma coordinada y tomando el control de la zona, para impedir que las fuerzas de seguridad pudieran actuar. La vergonzosa violencia que pretenden instaurar estos grupos es absurda y debe ser repelida en forma decidida. Esto no es defender un presunto resultado electoral o “luchar por democracia”, sino anarquía y patoterismo en su estado más puro. Si no están satisfechos con los resultados electorales o si hablan de fraude, que presenten las pruebas pues en las instancias correspondientes y que se aguarde el juzgamiento de los datos arrimados. Esa es la vía correspondiente, y no pretender convertir la ciudad en un campo de batalla.
Por sus actitudes, los incitadores de la violencia ya fueron denunciados en el Ministerio Público por perturbación de la paz pública, acusación totalmente justificada, llevando en cuenta la actitud intransigente de los violentos. Las autoridades locales y nacionales deben realizar el máximo esfuerzo para establecer quiénes están detrás de estos perversos actos, para identificar a los responsables y asegurar que sobre ellos caiga todo el peso de la ley.
Sería un grave error de las autoridades permanecer permisivos frente a este tipo de manifestaciones, que no ayudan en nada a la ciudad, que hoy necesita y requiere la afluencia de turistas e inversiones, y no patoteros que buscan instalar el caos y el terror, para lograr sus fines a como dé lugar.
Es alarmante que ante la presencia de organizaciones políticas que actúan en la ilegalidad, manifestándose en franca actitud de intimidación, quienes deben garantizar el cumplimiento de la ley se muestren titubeantes. Por ello, no nos cansaremos de subrayar que se debe actuar con firmeza, sin caer en desbordes represivos, para detener a tiempo la expansión de los violentos.
Los lamentables episodios de acaecidos en Ciudad del Este tienen que ser un llamado de atención para que las autoridades abandonen sus actitudes permisivas y asuman con responsabilidad sus tareas, porque necesitamos privilegiar, por encima de todo objetivo, el orden público y la tranquilidad social.

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