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El TSJE castiga a algunos, pero Ramírez Zambonini sigue impune

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a raíz de evidencias imposibles de desmentir y no porque sus tres ministros cuiden con celo el patrimonio público, ha tomado algunas medidas en contra de los que cobran salarios y no asisten o lo hacen solo de vez en cuando. Sin embargo, el principal responsable del ingreso masivo de parientes políticos de un amigo suyo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) al organismo electoral, el ministro Alberto Ramírez Zambonini, continúa en su puesto como si no hubiese puesto su firma para que el dinero de la ciudadanía sea despilfarrado. Es hora de que termine el amparo de políticos y fiscales a un ministro que se ha burlado de la ciudadanía en reiteradas ocasiones.

En un país en el que los funcionarios públicos de alto rango acusados de estar conectados a irregularidades conservan alguna pizca de dignidad renuncian sin demasiados trámites. Es una norma no escrita, pero practicada para preservar la salud de las instituciones.

Entre nosotros, sin embargo, esa práctica está todavía lejos de ser implementada. Lo corrobora, una vez más, el ministro del TSJE, Alberto Ramírez Zambonini, quien admitió que por su influencia cobraron de la institución en la que él era ordenador de gastos de turno allegados de su amigo y correligionario Manuel Radice.

En su afán de atenuar su responsabilidad, dijo que nombró a amigos, pero que en ningún momento les dio la orden de no asistir a sus puestos de trabajo. Es obvio que de ese tipo de determinaciones no se dejan huellas verbales, ni escritas, mucho menos. Sin embargo, si percibieron sus haberes sin asistir a la sede de sus funciones, aunque sea por omisión, él es el responsable de la situación en la que los que entraron por su influencia cobraran sin trabajar.

El Código Penal es claro en lo que atañe al cuidado del dinero público que se le asigna al ordenador de gastos de una institución con potestad para contratar personal. Su artículo 192 dice: “El que en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato haya asumido la obligación de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara, o no evitara, dentro del ámbito de protección que le fue confiado, un perjuicio patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”.

Por otro lado, el artículo 318 establece que “el superior que indujera o intentara inducir al subordinado a la realización de un hecho antijurídico en el ejercicio de sus funciones o tolerara tales hechos, será castigado con la pena prevista para el hecho punible inducido”. Ramírez Zambonini toleró que los nombrados por él se convirtieran en planilleros.

A pesar de esto, hasta el momento la investigación fiscal del caso de la TSJE no ha adoptado medida alguna en contra del que ya en anteriores ocasiones fue acusado de cometer irregularidades en el ejercicio de sus funciones y siempre salió airoso.

El despido de 283 funcionarios y la instrucción de sumario a 181 funcionarios es apenas un paliativo mediático ante las denuncias en contra del TSJE. No ataca a fondo, sin embargo, el problema de un funcionario público que usa su poder para contratar, por amiguismo, personal que no trabaja y cobra salario.

Desde luego, el marginamiento de la institución de un ministro no vendrá de adentro. La clase política que le puso en el cargo y lo blindó es la que tiene que tomar medidas en contra de Ramírez Zambonini. El juicio político es el mecanismo que la Constitución habilita para estos casos.

Si el Congreso no inicia el proceso político corroborará que prefiere amparar sus intereses creados en el TSJE antes que actuar a favor de los ciudadanos del país enjuiciando al que hasta hoy deshonra la confianza depositada en él.

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

14 comentarios en “El TSJE castiga a algunos, pero Ramírez Zambonini sigue impune

  1. Basuras
    12 septiembre, 2016

    Por: Marilut Lluis O’Hara
    Con gran pompa, la Fiscalía anunció que presentó acusaciones en contra de 4 funcionarios de la Justicia Electoral por cobro indebido de honorarios, en el famoso caso que investiga el esquema que llenó de planilleros la institución.
    Estos 4 funcionarios lo máximo que habrán hecho fue obedecer órdenes de los capos, pero son los primeros acusados en un caso en el que están imputados Alberto Ramírez Zambonini, miembro del TSJE, su amigo Manuel Radice y toda su parentela. Así que en lugar de alegrarme porque por fin la Fiscalía decidió tomar alguna medida luego de tanta inercia y desinterés ante un caso que causó y sigue causando revuelo en los medios de comunicación, lo que me agarra es una tremenda rabia porque, otra vez, veo la mano del badulaque Zambonini detrás de todo esto.
    Dicen por ahí que este tipo, que es el artífice de todos los entuertos que ocurren en la Justicia Electoral, aunque no podemos negar que los otros dos, Jaime Bestard y María Elena Wapenka, son alumnos aplicados, se frota las manos de satisfacción porque su estrategia está funcionando y va a conseguir, aunque sea a base de chicanas, que el proceso en contra suya se dilate tanto que se extinga la causa.
    Yo no sé cuál es el problema de las fiscalas Castillo. Si, como dicen algunos, fueron compradas por Zambonini o no ven lo que pasa frente a sus narices. Hay tantos documentos, tantas denuncias, que demuestran sin el menor atisbo de duda que este tipo es responsable de cualquier cosa ilegal que haya ocurrido en la institución, a la que sigue manejando a su antojo porque al juez Hugo Sosa Pasmor no se le ocurrió incluir en las medidas alternativas la prohibición de acercarse a ella, que pensar que un agente fiscal no tenga elementos para investigarlo es ridículo y ofende la inteligencia de cualquiera.
    Pero bueno, esta es la Justicia que tenemos, aunque me resisto a pensar como muchos que así nomás luego es la cosa en nuestro país. Por lo visto, ni Zambonini ni sus dos compinches van a ser procesados y condenados por fiscales y jueces, por venalidad, indiferencia o lo que sea. Así que no nos queda otra alternativa que seguir presionando a los diputados para que, de una buena vez, se pongan los pantalones largos y dejen de perder el tiempo e inicien el proceso del juicio político en contra del trío de oro.
    A Zambonini no le queda mucho tiempo para jubilarse y su idea, se nota a las claras, es postergar todo proceso en su contra para seguir al frente del TSJE hasta después de las elecciones del 2018, y luego, retirarse del ruedo. O sea que lo que pretende quien más daño ha hecho a la institución, es salir por la puerta grande, y no a patadas, como se merece.
    Los legisladores pueden impedir esta nueva bofetada a la ciudadanía. Ni Zambonini ni sus socios deben estar al frente de la Justicia Electoral cuando se inicie el proceso electoral camino a las generales. No nos merecemos tanta burla. No podemos permitir que estos tres sinvergüenzas sean los que proclamen a quien gobernará el país desde el 2018 al 2023. Basta! Deben ser acusados, juzgados y condenados por las cámaras del Congreso sin perder más tiempo. Y no uno solo; los tres tienen que irse para que podamos recuperar el respeto hacia la institución que consolidó los procesos electorales de la República.

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    Publicado por Anónimo | 14 septiembre, 2016, 8:35 am
  2. Escasean los buenos ejemplos
    22 agosto, 2016

    Por: Marilut Lluis O’Hara
    Acosados por la prensa y por la ciudadanía honesta que ya no sabe qué puerta golpear para liberarse de esta escoria, a los 3 badulaques del TSJE se les ocurrió la idea de armar programas para capacitar a todo el mundo, funcionarios de la institución, abogados, a quien fuere. Menos mal que no se les ocurrió capacitarlos ellos mismos, sino que tuvieron el tino de buscar gente que se encargue de la tarea.

    Y en esto también dieron una de cal y otra de arena. Para la capacitación en servicio a los funcionarios de la Justicia Electoral eligieron como coordinadora a la magistrada Patricia Blasco, considerada por mucha gente como la única reserva moral que tiene el Poder Judicial. Y como la jueza no es solo honesta sino capaz, hizo lo que sabe hacer, armar un equipo de primer nivel con profesores de la Facultad de Derecho de la UNA y todo indica que el resultado será satisfactorio para todo el mundo.

    Pero estos tipos no pueden hacer las cosas bien por demasiado tiempo. Así que en otro programa de capacitación eligieron a Lidio Franco, director del Registro Electoral, abogado conocido por varios entuertos, entre ellos el tráfico de bebés y un negociado del Banco Nacional de Fomento (BNF). Lo terrible de esto es que este sujeto será el responsable de dar capacitación en material electoral a futuros abogados, gente joven que deberá elegir entre ser honesta o sinvergüenza como su capacitador.

    El trío nefasto del TSJE piensa que con estas capacitaciones se levantará la imagen de la institución, lo cual me parece de lo más ridículo, aunque una de las capacitadoras sea la misma Blasco, a quien la gente ya tiene bien identificada como la única flor entre tanto estiércol.

    Lo único que podrá elevar la imagen de la Justicia Electoral será que estos 3 personajes sean echados a patadas como los grandes bandidos que son. Y que detrás de ellos vaya toda la caterva de delincuentes de los que se han rodeado, incluyendo al “capacitador” de jóvenes estudiantes de Derecho.

    El problema es que no hay ni un solo diputado o senador interesado en liberar al país de esta escoria, porque todos ellos han recibido algún tipo de dádiva o ubicado a algún operador político como planillero en la Justicia Electoral.

    Habría que armar algún curso de capacitación a legisladores cobardes, a ver si por ahí alguno encuentra el coraje suficiente para hacer lo que hace tiempo se debía haber hecho, echar a los cerditos del TSJE a la calle.

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    Publicado por Anónimo | 24 agosto, 2016, 7:59 am
  3. Continúa el carnaval en la Justicia Electoral

    La preocupación ciudadana les tiene sin cuidado a los jerarcas de la Justicia Electoral –Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka–, que continúan derrochando sin pausa el dinero público, tanto en beneficio propio como en el de sus allegados, y en el de la clientela de los numerosos legisladores y políticos que los siguen respaldando pese a sus corruptelas tantas veces denunciadas.

    El último episodio de esta serie ha sido protagonizado nuevamente por la abogada Wapenka, la misma que el año pasado cobró viáticos supuestamente por haberse trasladado al interior del país cuando, en realidad, se hallaba en el extranjero. Esta vez viajó a Elche para certificar la apertura y el cierre de las mesas receptoras de votos en los comicios internos del PLRA y transmitir por teléfono a Asunción los resultados preliminares de una votación ¡en la que solo participaron 25 de los 436 liberales empadronados!

    Para cubrir sus gastos durante seis días de “trabajo”, la delegada del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) recibió 10.339.661 guaraníes, suma a la que debe agregarse el costo del pasaje aéreo, que asciende a unos cinco millones. Por de pronto, y en vista de los antecedentes, conviene que el director general de Administración y Finanzas de la Justicia Electoral, Olindo López, ordene a sus funcionarios que atiendan las fechas en que la magistrada estuvo de viaje al extranjero para que no coincidan con las de algunas reuniones en el interior del país a las que también “asistió” la magistrada. Por si acaso, la misma precaución deberían tener con respecto a Alfredo Mancuello, el director adjunto de Recursos Humanos que supervisó las votaciones en Málaga y en Madrid, en su inadmisible doble función de delegado del TSJE y del Tribunal Electoral Independiente del PLRA, así como con los funcionarios que viajaron a Buenos Aires, La Plata, Nueva York y Nueva Jersey.

    En cuanto al fondo de la cuestión, que es el indignante despilfarro: no había necesidad alguna de que la susodicha y sus subordinados viajaran a España, Argentina y Estados Unidos para observar unos comicios internos en los que no se iba a elegir a candidatos para unas elecciones generales, sino a los integrantes de los organismos de un partido político que, en esos tres países, tenía un total de 8.429 empadronados. Se gastó dinero público en pasajes, en viáticos y hasta en la transmisión telefónica de resultados preliminares, como si las elecciones hubieran tenido carácter nacional. ¿Acaso no habría bastado con que funcionarios consulares, generalmente ociosos en sus oficinas, actuaran como delegados del TSJE? El hecho de que incluso una de sus altas magistradas se haya trasladado a España, donde solo tenían derecho a votar 1.521 liberales, se explica con la avivada de aprovechar la ocasión para visitar a costa del erario a su yerno y a su nieta que viven en ese país. Si el TSJE envió “misiones” al exterior para unas elecciones relativas a cargos directivos del PLRA, también debería enviarlas cuando otro partido realice las suyas, aunque sus afiliados no lleguen a cien y estén dispersos por el mundo. ¿Se imagina el lector a qué extremos de insensatez se podría llegar si el derroche prosiguiera?

    La cuestión es valerse de cualquier pretexto, aunque sea ficticio, para tener un sobresueldo en forma de viáticos. Este año no habrá elecciones generales ni municipales, pero el presupuesto de la Justicia Electoral para pasajes y viáticos llega a nada menos que 4.914.370.000 guaraníes, de los cuales ya se ejecutaron hasta abril 752.750.000. La Justicia Electoral emplea esos rubros para aumentar los ingresos de sus magistrados y funcionarios y mostrar a la vez una supuesta eficiencia, aunque sea mediante actividades fraguadas. Es decir, no se trata solo de que existe un descomunal despilfarro, sino también de que se cometen delitos mediante la emisión de documentos públicos de contenido falso, como ha quedado demostrado, sin que hasta ahora los responsables hayan sido tan siquiera procesados.

    Pasa lo mismo con las horas extraordinarias (13:00 a 16:00), que este año podrían consumir 10.787.990.000 guaraníes, sin que los 4.530 funcionarios ni los 2.461 contratados vayan a realizar tarea alguna vinculada con unos comicios nacionales. Por ese motivo la magistrada Patricia Blasco, presidenta hasta junio pasado del Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala, tuvo la decencia de pedir a la Dirección competente la suspensión del pago de horas extraordinarias de “trabajo” a dos subordinados, contra la opinión de sus colegas Hermes Medina y Gilberto Meza: desde enero hasta mediados de junio en dicho órgano ingresaron apenas 49 expedientes nuevos.

    El malgasto y la corrupción son imputables no solo a los impresentables miembros del TSJE, sino también al Congreso y al Poder Ejecutivo, en la medida en que sancionan y promulgan un presupuesto absolutamente desmedido. Los fondos asignados a la Justicia Electoral terminan en gran parte en los bolsillos de operadores políticos, lo que ayuda a entender la extrema generosidad de los parlamentarios y la estrecha relación que siempre han tenido con los miembros del TSJE.

    ¿Hasta cuándo la ciudadanía que trabaja y paga sus impuestos va a seguir soportando que los políticos continúen engullendo el fruto de sus esfuerzos? Hace falta una manifestación pública enérgica y perseverante para exigir que acabe el despilfarro en las instituciones públicas.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/continua-el-carnaval-en-la-justicia-electoral-1496902.html

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    Publicado por jotaefeb | 11 julio, 2016, 7:03 am
  4. Stroessner vive

    El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), como si fuese poca la pésima imagen que tiene, dispuso ahora que los periodistas que ingresen en la sede central de esa entidad sean acompañados en todo momento por un funcionario de prensa o por un guardia de seguridad. La medida trae reminiscencias de la época de la dictadura, cuando la prensa era una piedra en el zapato del dictador Alfredo Stroessner.

    Es evidente que la arbitraria medida apunta a restringir el acceso a las fuentes públicas de información, para que no sigan descubriéndose anormalidades como las que han expuesto a la luz pública las fechorías perpetradas en forma continua por los miembros del TSJE en beneficio propio y en el de sus allegados. Si los directivos de la institución quieren encorsetar los movimientos de los periodistas es porque tienen mucho escondido que la prensa no ha revelado aún.

    Que no nos vengan con el cuento de que con el “protocolo de seguridad” se busca proteger la integridad física de los reporteros. ¿Cuál es el peligro que corren allí los periodistas?

    La situación de peligro alegada no rige para los demás visitantes, sino solo para quienes podrían detectar más sinvergüencerías al desplazarse con libertad dentro de unas instalaciones afectadas a un servicio público.

    Eso de que quienes acuden allí en el ejercicio de su labor profesional sean escoltados para impedir que hurguen donde no les conviene a los que mandan, es más bien propio de regímenes dictatoriales. Ocurría en los duros tiempos de Stroessner y ocurre hoy en la desgraciada Venezuela de Maduro, donde “bajo la excusa de amenazas terroristas, de seguridad nacional o de secretos de Estado, utilizan sistemas de vigilancia y espionaje para vigilar y neutralizar al periodismo…”, según denunció el año pasado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

    La estrecha vigilancia a la que ahora son sometidos los periodistas en la sede de la Justicia Electoral implica un grave atentado contra la libertad de prensa, la dignidad de las personas, la transparencia gubernamental y el derecho de la ciudadanía a ser informada. Quienes la dispusieron no se han atrevido aún a exhibir la orden impartida, pero deben asumir la responsabilidad por su nuevo desatino.

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    Publicado por Anónimo | 2 junio, 2016, 5:38 am
  5. Corrupción con rango internacional

    La Justicia Electoral no deja de asombrar a la opinión pública con escándalos tras escándalos relacionados a la mala administración de los recursos que se le asignan, a la existencia de planilleros y hasta de una financiera “mau” con modalidad de usura.

    Ahora se suma el hecho de que los responsables de la institución estaban atribuyendo tranquilamente gastos de consumo a los observadores internacionales enviados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), como si fuera que los agentes de dichas organizaciones hayan venido a nuestro país sin recurso alguno para cubrirse los gastos propios del trabajo de observación.

    La Justicia Electoral gastó 765 millones de guaraníes supuestamente para cubrir el hospedaje y otros gastos de los observadores de la OEA, Unasur y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore). Ante el descubrimiento de que gran parte de ese monto estaba atribuido a los observadores, desde la OEA aclararon que la organización financia los gastos de sus enviados y que estos solo aceptan invitaciones de cortesía. La agencia de turismo Amitour asumió la culpa de un supuesto y poco creíble error en la confección de la factura remitida a la Contraloría.

    La “aclaración” de la citada agencia de turismo señala que los gastos consignados erróneamente a los observadores de la OEA en realidad debían ser asignados a nombre de los observadores de Unasur y Uniore. No obstante, fuentes de la primera organización nombrada manifestaron a nuestro diario que ella se encarga de cubrir los gastos de sus observadores internacionales.

    La información proporcionada por la Justicia Electoral carece absolutamente de confiabilidad frente a las aclaraciones de organizaciones internacionales como la OEA y Unasur, las cuales, lejos de pretender perjudicar al Tribunal Superior de Justicia Electoral de nuestro país, han demostrado en reiteradas oportunidades su voluntad de cooperar para mejorar el nivel de representación de la ciudadanía a través de la consulta electoral.

    En las últimas elecciones municipales, el Presupuesto General de la Nación soportó una sangría de 21 millones de dólares para cubrir los gastos de tales eventos, lo que constituye un respetable monto, teniendo en cuenta que se trata de un país territorialmente pequeño y con relativamente escasa cantidad de electores.

    Frente a revelaciones tan graves como atribuir a los observadores internacionales de organismos multinacionales gastos en los cuales no incurrieron, y todo ese inmenso presupuesto asignado a la Justicia Electoral para una de las tantas elecciones ya realizadas en nuestro país en las últimas décadas, no queda otra opción que poner en entredicho las explicaciones de los funcionarios y proveedores de la institución sobre las irregularidades detectadas ahora, además de instalar la duda, absolutamente justificada, con respecto a la forma en que se administró el dinero público en todas las anteriores elecciones.

    Es hora de que el Gobierno, a través de sus tres poderes, realice una intervención a fondo en la Justicia Electoral con el propósito de sanear la institución, más aún que ahora con sus prácticas y acciones corruptas salpica hasta a miembros de organismos internacionales, desde donde sin duda alguna se irradiará una visión más negativa aún sobre la integridad de las autoridades encargadas de organizar y juzgar nuestras elecciones, y sobre el triste lugar de casi campeones de la corrupción en que nos ubican los estudios internacionales.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/corrupcion-con-rango-internacional-1480992.html

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    Publicado por jotaefeb | 20 mayo, 2016, 7:26 am
  6. Negocios financieros en la Justicia Electoral

    El descontrol reinante en la Justicia Electoral llega a tal extremo que allí funciona hasta una agencia financiera: Ideas Empresariales SRL, entre cuyos accionistas figuran Narciso Ramírez y Cynthia Álvarez, funcionarios de la Dirección de Administración-Rendición de Cuentas. Otorga préstamos bajo la cobertura del Círculo de Funcionarios Administrativos de la Justicia Electoral-Cifunaje, cuya secretaria general es precisamente Cynthia Álvarez, la accionista de la financiera.
    Las operaciones de la firma se extienden al menos hasta la Contraloría General de la República, con cuya asociación de funcionarios firmó un contrato, en virtud del cual le paga una bonificación del 2,5% sobre las cuotas cobradas por los créditos otorgados. Para más datos, Narciso Ramírez y Cynthia Álvarez, que tienen prestados nada menos que 734 millones de guaraníes a los miembros de la asociación, son los funcionarios que rinden cuentas a la Contraloría de la ejecución presupuestaria de la Justicia Electoral.

    Allí opera, pues, un grupo de financistas que se vale de los recursos materiales de la institución para ganar dinero dentro de la entidad, pues la oficina en la que se realizan “trámites de préstamos”, en la sede central, está dotada de computadoras, impresoras, muebles y hasta máquinas de café que forman parte del inventario de la institución. Es de suponer que los accionistas le dedican una buena parte de la jornada laboral a una actividad por lo demás bastante lucrativa, ya que cobran un interés del 15% por un crédito de un millón de guaraníes a tres meses de plazo. El cobro no ofrece ninguna dificultad, pues los funcionarios de la Justicia Electoral y los de la Contraloría autorizan a las respectivas administraciones a descontar sus salarios, sin límite alguno.

    Es decir, el aparato administrativo de esas entidades está al servicio gratuito de Ideas Empresariales SRL, con la ventaja adicional de que los accionistas mencionados integran justamente la Dirección encargada de los descuentos. No hay deudas incobrables, porque el Estado se ocupa de que la firma acreedora reciba la devolución de lo invertido, como si fuera una agencia de cobranza. El Ministerio Público debe tomar nota de que, según el ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, estaríamos ante un caso de tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito, hechos punibles a los que cabría agregar el de la usura y el de la eventual colusión con funcionarios de la Contraloría. Por de pronto, resulta intolerable que el dinero público solvente el negocio financiero de una claque inescrupulosa empotrada en una entidad pública.

    La Justicia Electoral no es, por cierto, la única en la que el aparato administrativo del Estado trabaja para unos prestamistas, ya que lo mismo ocurre en aquellas instituciones en las que los créditos provienen de las asociaciones de empleados, generalmente encabezadas por quienes tienen un buen poder económico. Es de lamentar que las iniciativas que apuntaban a prohibir esta práctica aberrante no hayan prosperado debido a la presión ejercida por las asociaciones de funcionarios sobre unos legisladores pusilánimes temerosos de enemistarse con sus dirigentes.

    En el caso comentado, no hace falta ninguna nueva ley para que se disponga la prohibición inmediata del escandaloso negocio financiero “mau” realizado ante las narices de los tan cuestionados miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/negocios-financieros-en-la-justicia-electoral-1476044.html

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    Publicado por jotaefeb | 5 mayo, 2016, 8:22 am
  7. A punto de salirse con la suya

    Luego de permanecer durante varios meses en primera plana de los diarios, los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral están empezando a recuperar el anonimato y con ello, la tranquilidad de pensar que sus escandalosos negociados podrían quedar impunes.

    Lo que ocurre es que los acontecimientos no cesan y las noticias van cambiando. En estas tres semanas, toda la atención mediática y ciudadana estuvo en los cooperativistas y campesinos que, literalmente, coparon el microcentro de Asunción, impidiendo que quienes viven o trabajan en la zona pudieran desempeñarse normalmente.

    Así que, sin olvidar los entuertos de Alberto Ramírez Zambonini, Jaime Bestard y María Elena Wapenka, los medios han tenido que ocuparse prioritariamente de lo urgente, lo impostergable. Claro que esto ha conseguido, no solamente que estos tres oscuros personajes que no pueden seguir representando a la institución que tiene a su cargo todo el proceso electoral nacional, se sientan a salvo, sino que quienes tienen en sus manos la posibilidad de liberarnos de ellos –senadores y diputados- piensen que el vendaval ha pasado y que pueden postergar sine die la posibilidad de enjuiciarlos políticamente.

    Y si lo de los medios es entendible, lo de los legisladores es vergonzoso. Hay más que suficientes causales en contra de los tres del TSJE. Las pruebas están presentadas públicamente, por los planilleros, los groseros sobresueldos, los viáticos que cobraban sin trabajar, los empleados particulares que figuran en planilla, en fin, un alevoso despilfarro de los bienes del Estado que debían ser administrados por la Justicia Electoral.

    Nadie tiene dudas de que en la institución se ha hecho un carnaval con el dinero público. Nadie, excepto los diputados y senadores que tienen en sus manos la posibilidad de someterlos a juicio político y liberarnos de estos personajes que ya son una excesiva carga para una ciudadanía que lleva siglos cargando sobre sus hombros a gobernantes inescrupulosos.

    Hay versiones insistentes de que los legisladores no moverán un dedo porque Ramírez Zambonini ha comprado la cantidad necesaria de ellos para impedir que haya mayoría para impulsar el juicio político. Y algo de esto debe ser cierto puesto que no puede ser que ni oficialistas ni opositores, ni los de derecha ni los de izquierda, parezcan tener el menor interés en enjuiciar a tres personas que tienen toda la facha de ser descarados delincuentes.

    Pero hay algo peor. Cuando las tapas de los diarios traían las denuncias en contra de los tres, la Fiscalía actuó de oficio y decidió investigarlos. Pero ahora, que ya hay otros temas que ocupan ese espacio, nadie sabe qué pasó con el fiscal Hernán Galeano, quien tiene a su cargo la investigación por el cobro indebido de viático que cometieron los tres, o por el caso de las domésticas de oro de Wapenka.

    Ni los legisladores ni los fiscales parecen tener la más mínima intención de castigar a los miembros del TSJE, quienes están a un paso de salirse con la suya y seguir impunemente abusando de nosotros.

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    Publicado por jotaefeb | 27 abril, 2016, 11:13 am
  8. De acuerdo, con esfuerzo

    Estoy en desacuerdo con las palabras textuales del presidente Cartes, pero de acuerdo con su intención comunicativa en lo que respecta a los gastos superfluos en la Justicia Electoral. Antes de avanzar en el tema tomé la precaución de blindarme de las típicas acusaciones de “istas” que se realizan al solo efecto de descalificar la opinión ajena con la cual no concuerdan.
    Del Instituto Cervantes (dedicado a difundir la lengua y cultura españolas) rescaté la siguiente aclaración: La intención tiene vital importancia en la comunicación humana, ya que no se puede comprender si solo se atiende al emisor sin tener en cuenta el papel del receptor.

    Este (péa che hína y los demás) participa en la construcción del significado discursivo, puesto que presupone que el emisor hace uso de la lengua con un fin determinado e interpreta el discurso en función de la hipótesis que hace de su intención. Las presuposiciones del receptor son un mecanismo fundamental en el proceso de inferencia que permite resolver las implicaturas conversacionales.

    Según publica la prensa, Cartes dijo textualmente: “A veces me pregunto por qué tiene que existir un TSJE. Me pregunto a mí. Al año se gastan entre 100 y 120 millones de dólares, ¿para qué? Si no hay elecciones, por ejemplo. Y para discapacitados solamente hay 10 millones de dólares, ¿les parece justo? Ojalá que entre todos los poderes nos sentemos y hablemos que lo importante no somos nosotros sino la gente”.

    Ateniéndome a lo que dice el Instituto Cervantes, supongo que “el fin determinado” del orador fue destacar la inequidad presupuestaria de las instituciones estatales de acuerdo con los fines que persigue y que a manera de ejemplo utilizó el monto destinado a la Justicia Electoral que –como todos sabemos– es desproporcionado, a las funciones que cumple sobre todo en períodos en que no hay elecciones, frente a otros entes que persiguen objetivos más sensibles y humanitarios.

    Y conste que Cartes ni siquiera mencionó la monstruosa corrupción que existe en el TSJE, pero como la construcción textual de su mensaje fue pésima se prestó a una refutación furibunda, aunque interesada, de quienes igual que yo –receptor– tienen el deber de suponer la intención discursiva del emisor. Al parecer Cartes quiso decir que es hora de que todos los poderes se pongan de acuerdo en adecuar el presupuesto estatal priorizando las necesidades de la gente.

    El senador Saguier dice, tal vez con razón, que el Presidente carece de suficiente formación en materia electoral, por eso sostiene lo que dijo. Yo creo más bien que su carencia es con la precisión a la hora de comunicarse, pero de que la Justicia Electoral necesita tijera, sin duda la necesita y de que el presupuesto se enfoque más a la gente, tampoco hay duda.

    En otras palabras, para estar de acuerdo con lo que dice Cartes, uno tiene que hacer un graaaan esfuerzo.

    Por Edwin Brítez

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/de-acuerdo-con-esfuerzo-1466287.html

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    Publicado por jotaefeb | 1 abril, 2016, 10:25 am
  9. Derroche y anarquía sumen al TSJE en el absoluto descrédito

    El derroche, las constantes irregularidades detectadas y publicadas a través de los medios de prensa, así como la notoria falta de conducción política y administrativa, han terminado por derrumbar la credibilidad –si es que alguna vez la tuvo– del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). La cúpula de este órgano hasta ahora no ha reencauzado la gestión del mismo, al punto de que cada día se conocen nuevos desvaríos y muestras de despilfarro de los fondos públicos que son asignados a esa institución. Ante este panorama, corresponde que se adopten las medidas políticas tendientes a recuperar la respetabilidad de una entidad de relevancia en la vigencia de un sistema democrático, con capacidad de juzgar un acto de soberanía popular prioritaria como son las elecciones.

    Asesores que colocaron a parentelas enteras dentro del esquema institucional, asistentes viajeros, mozos vip que dan cursos de capacitación en temas profesionales que nada tienen que ver con sus funciones, cobros de viáticos indebidos, planilleros nombrados por órdenes de caciques políticos y la absoluta falta de conducción política, son algunas de las lacras que arrastra la Justicia Electoral desde hace tiempo y que recientemente fueron puestas en evidencia ante la opinión pública por los medios masivos de comunicación.

    Con respecto al TSJE, bien puede decirse que a estas alturas la ciudadanía ha perdido toda capacidad de asombro. Los casos que diariamente se conocen a través de la prensa parecen competir entre sí por superarse en espectacularidad y despilfarro de los recursos que pertenecen al conjunto de los contribuyentes. El estupor cede inmediatamente paso a la impotencia.

    Se da el caso de que uno de los integrantes del máximo órgano electoral, Alberto Ramírez Zambonini, se encuentra imputado por el Ministerio Público bajo la figura de “inducción de hecho punible a subordinados”, en un caso vinculado a la controvertida contratación de numerosos familiares de su asesor personal Manuel Radice. El ministro, quien lleva más de dos décadas en la cúpula del TSJE, ha soportado además diversas tentativas de juicio político en el mismísimo Congreso, de donde ha salido indemne gracias a los resortes políticos que ha tenido a bien activar en su momento para salvarse de la destitución.

    El descrédito no ha sido superado con la incorporación de dos nuevos ministros al órgano electoral, más bien se ha visto potenciado por los casos de supuestas irregularidades que también afectan a estos, como la secretaria vip del presidente del tribunal, Jaime Bestard, quien de simple portera pasó a convertirse en su exclusiva jefa de Gabinete, percibiendo un portentoso salario, con todos los beneficios imaginables incluidos, de 19.000.000 de guaraníes.

    A esta altura de los acontecimientos, hablar de eventuales renuncias es una esperanza de gente cándida e incauta. Ante el descaro que han demostrado quienes están al frente del órgano electoral es menester que se arbitren los mecanismos políticos correspondientes para lograr devolver al TSJE una credibilidad que nunca debió haber perdido, hasta el punto de que pocas instituciones del Estado logran superar el descrédito alcanzado por la entidad de marras y por aquellos que, en vez de administrarla con eficiencia y honestidad, han dispuesto de sus recursos para beneficiarse a sí mismos y a aquellos que están colgados de los altos cargos que el pueblo les confió.

    http://www.ultimahora.com/derroche-y-anarquia-sumen-al-tsje-el-absoluto-descredito-n967309.html

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    Publicado por Anónimo | 16 febrero, 2016, 9:24 am
  10. No hay límites para la caradurez

    Da la sensación de que, como sociedad, hemos traspasado algún límite en el que el decoro y la vergüenza todavía importaban. Es cierto que el stronismo nos ha dejado como nefasta herencia la corrupción como la mejor y más rápida vía de enriquecimiento, pero hasta hace poco los negociados se hacían en secreto, porque nadie quería ser identificado como ladrón o sinvergüenza.

    Esto ya no ocurre. Ahora, el que es descubierto siendo protagonista de un acto ilegal y debe comparecer ante la Justicia, lo hace de manera petulante, como burlándose de quienes lo acusan de corrupto.

    Esto lo hemos vivido hace unas semanas cuando debió comparecer ante el juez Hugo Sosa Pasmor la llamada asesora viajera del TSJE, Clara Haydée Silveira Arza, esposa del político liberal Manuel Radice, quien tiene como padrino a Alberto Ramírez Zambonini. Clara, junto con su hermana Gloria y su mamá Ana Catalina Arza están imputadas por cobro indebido de honorarios por haber recibido dinero de la Justicia Electoral sin trabajar.

    Cualquier persona considerada normal, que aprendió que la vida es esfuerzo y que para obtener una retribución debe ganársela, tendría vergüenza de ser acusada de planillera. Pero las Silveira no. Ellas llegaron acompañadas de Radice, presumiendo y con aires de superioridad, como si estuvieran muy por encima de la ley y de nosotros los pobres humanos que debíamos adecuar nuestras acciones a las normas vigentes.

    Por si fuera poco, ahora estas 3 sinvergüenzas pretenden ser reintegradas en la Justicia Electoral, no para trabajar por supuesto, sino para seguir viviendo del Estado a costa de la gente. Y lo dicen públicamente, con total desparpajo, como si no se dieran cuenta de que ser planillero es igual a ser ladrón, porque el que lo es está apoderándose de un dinero que no le pertenece.

    Lo menos que podían haber hecho las hermanas Silveira y su mamá era agachar la cabeza con vergüenza, borrarse de las redes sociales por lo menos hasta que se olvide su “travesura”, y rogar para que el juez no las condene a prisión. Así, habrían conservado algún atisbo de dignidad. Pero esta manera grosera de actuar lo que ha dejado en evidencia es que esta familia va a seguir delinquiendo cada vez que se le presente la oportunidad de hacerlo.

    En estos casos es la sociedad la que debe actuar con rapidez y eficiencia, marcando claramente la diferencia entre la gente honesta y la que es como la familia Silveira Arza. Y para ello, el escrache público es la mejor arma para que estos ladrones de guantes blancos tengan un castigo social y público.

    http://www.adndigital.com.py/index.php/impreso/editorial-impreso/13986-no-hay-limites-para-la-caradurez

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    Publicado por Anónimo | 15 febrero, 2016, 4:49 am
  11. Esa sonrisita superior

    La imagen de los diarios muestra una situación incómoda, hasta diría vergonzosa. Si yo pasara por lo mismo –y supongo que la inmensa mayoría de los lectores también– me sentiría fatalmente deprimido. No es para menos: sentados en un pasillo del Poder Judicial, esperando ser recibidos por el juez y expuestos al morbo de la gente y los flashes de los fotógrafos, estaba un señor en compañía de su esposa, su cuñada y su suegra.

    Él está imputado por usar influencias para que las tres mujeres sean contratadas por el Estado y ellas por cobrar muy buenos salarios sin concurrir al lugar de trabajo. Coincidirá conmigo que se trata de una situación bochornosa. Por eso me desconcierta esa sonrisita que exhiben los cuatro. No me cierra. ¿Qué les causa gracia?

    Acudí a un amigo psicólogo, quien me dio una pista. Se ríen de vos, estúpido, me dijo. Es que no son como nosotros. No se sienten mortales comunes, como vos o yo. Se sienten superiores, se consideran inalcanzables, exitosos. Te miran desde arriba, desde la impunidad y la arrogancia a las que las instituciones viscosas de esta republiqueta los acostumbraron. Se cagan en los que tienen que trabajar cumpliendo horarios y justificar las ausencias, aunque sean debidas a un dengue grave. Eso es cosa de pobres, ellos son de otra casta, por eso sonríen. Saben que no irán presos. Bastará una fianza y a casa. Sin perder la sonrisa.

    Los psicólogos te suelen dejar pensando. Por suerte este no me cobra. Pero entender el motivo de la sonrisita no me hizo nada bien. Es que en este país hay muchos planilleros y uno se acostumbra a ellos. Es una manera paraguaya de llegar a fin de mes. Cuando son pillados, pasan por la vergüenza de ver su nombre publicado en las listas de los diarios. Son gajes del oficio.

    Esos sinvergüencitas no me molestan tanto como los otros, los que no necesitan recurrir a sueldos malhabidos del Estado porque tienen dinero u ocupan ellos mismos altos cargos. Esos son mil veces peores. Y vaya que hemos tenido ejemplos en los últimos tiempos. Son ricos, cobran sueldazos y se hacen pagar secretarias, jardineros, niñeras, amantes, por el Estado paraguayo. Es decir, por todos nosotros. En algunos casos, tienen la desfachatez de quedarse con la mitad del sueldo del planillero a su cargo. Y además viajan, a todo lujo, a cuenta nuestra.

    Y encima, sonríen cuando son atrapados. Deberían taparse el rostro de vergüenza como lo hacen hasta los humildes motochorros cuando la Policía los muestra en la televisión. Definitivamente, tengo un problema con esa sonrisita. Me hace sentir idiota. Me transmite desprecio, prepotencia, soberbia. Podría perdonar a los averiados morales que se quedan con el dinero que falta en los hospitales y escuelas del país. Bastaría con que devuelvan al pueblo paraguayo lo que cobraron sin trabajar. Pero no puedo con esa sonrisita superior. Empuja invenciblemente al escrache. A no olvidar esos rostros. A evitar la amnesia.

    Por Alfredo Boccia Paz

    http://www.ultimahora.com/esa-sonrisita-superior-n957984.html

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    Publicado por Anónimo | 11 enero, 2016, 5:48 am
  12. El “pulpo” Ramírez

    Tiene tantos tentáculos que la comparación es perfecta. Los “amigos” de Ramírez son legión. Lo antipático del caso es que se los ganó a todos con “cupos” en la Justicia Electoral, donde él hace lo que le da la gana, las pruebas, están a la vista, desde hace laaargos años. De modo que el pobre pueblo, sogué, paraguayo, le financia su “millón de amigos”. Así cualquiera.

    Los tentáculos de Ramírez están metidos en la política principalmente. Y por supuesto en el cenáculo predilecto de la misma: El Parlamento. Los legisladores tienen también toda una pléyade de gente a la que quieren “acomodar”. Desde “punteros”, hasta amantes, lindas señoritas, muchas de ellas, misses, que por supuesto el requisito es tener ciertas dotes y además ser “amable” con los muchachos.

    Ramírez tiene sus patas metidas también en el gobierno. Muchos funcionarios le deben “favores”, tienen su rinconcito con sus recomendados en el paquidérmico local que está sobre la avenida Eusebio Ayala.

    Sus “influencias”, por supuesto, reposan también en el ámbito político. Todos los partidos, especialmente el liberal que lo encumbró al cargo, conocen de su “generosidad” a la hora de “ubicar” a los correlíes. Por las dudas, no descuidar nunca al grande Partido Colorado, es otra de sus premisas de “trabajo”

    El “pulpo” también se las trae entre los periodistas. Los conoce a todos, maneja mucha información sobre los mismos, conoce asimismo sus “debilidades”, de modo que el “tiroteo” en la prensa de pronto puede llegar hasta cierto punto y luego desvanecerse como por arte de magia.

    Ahora acaba de demostrar sus “dotes” ante la Justicia. En tiempo récord, un juez lo envió a su casa a pasar las fiestas en familia, como corresponde, antes que estar sudando la gota gorda en “Tacumbú Hilton”.

    El pulpo Ramírez está tan bien asido con sus largos tentáculos, que ni el propio Juan Carlos Galaverna, temible adversario, no olvidemos que fue el único en ganarle una demanda en metálico al poderoso dueño de ABC Color, puede contra él.

    Intentó incoarle un juicio político al menos una media docena de veces, sin resultados positivos. Los “perros” miran al cielo y ensayan un silbido po-í cada vez que se tiene que votar el tema. Hay que dar protección a los “ahijados”.

    Así las cosas parece muy difusa la posibilidad de una renovación en la cúpula del TSJE. El “pulpo” está con todas las luces prendidas. Parece dispuesto a “cuerpear” todos los embates. Y el “entusiasmo” de sus juzgadores parece muy tibio.

    Todo ello, pese a los tremendos fatazos publicados por la prensa. Incluido el escándalo de su compadre Radice y toda la parentela… ¡Sólo en Paraguay nadie gana ni pierde reputación!

    http://www.adndigital.com.py/index.php/impreso/editorial-impreso/11101-el-pulpo-ramirez

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    Publicado por Anónimo | 3 enero, 2016, 4:18 pm
  13. La dignidad de la renuncia
    Por Estela Ruiz Diaz

    La Justicia Electoral es una de las instituciones más corruptas, pero, como pocas, eficaz en su gestión. Administra bien las elecciones y sus resultados son incuestionables. Ha superado pruebas difíciles. Por ello hay tolerancia a sus tropelías administrativas amparadas por los partidos políticos.

    Pero las últimas revelaciones periodísticas sobre el manejo desvergonzado del dinero público, incluso con derivaciones de tinte mafioso como un supuesto atentado, reflejan que el deterioro institucional ha llegado a su más bajo nivel.

    el inicio. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) es una institución diseñada para satisfacer las demandas clientelares y los bajos instintos de los partidos políticos. Desde sus inicios, la conformación de su cúpula ha sido el cuoteo perfecto entre los dos partidos tradicionales (ANR y PLRA) y un tercer lugar para la tercera fuerza, buscando el equilibrio político a la hora de juzgar las elecciones.

    Nunca tuvo problemas presupuestarios, porque el Congreso Nacional le da canilla libre, ya que allí van a recalar los operadores políticos de senadores y diputados, desde los cargos más altos hasta los de poca monta en calidad de contratados.

    Prueba de esto fue aquella operación fiscal que reveló en el 2010 la existencia de 17.000 contratados, investigación que, por cierto, terminó en el cajoneo oportuno.

    Aunque parezca increíble, el cuoteo político se encuentra establecido por la ley electoral, que señala que las designaciones de funcionarios las hará el TSJE con “la proporción de bancas que los partidos políticos tengan en la Cámara de Senadores”. No se sabe a ciencia cierta cuántos funcionarios tiene el órgano electoral. Se estima que tiene más de 4.000 funcionarios fijos y otros miles de “contratados”, que son empleados temporales, los cupos políticos de turno. Hace poco, Jaime Bestard, presidente del organismo, justificó este punto argumentando que se debe mantener el equilibrio entre partidos para que sean contralores mutuos dentro del proceso electoral.

    En el TSJE no hay contraloría mutua sino complicidad mutua entre los partidos. La torta se reparte según el peso electoral.

    Así, los líderes políticos hacen uso de su “derecho” y pagan sus gastos privados con dinero público. En el diccionario de contratados figuran desde equipos de fútbol, empleadas domésticas, guardias de seguridad, amantes, clanes familiares. Hasta empleados de otras empresas que cobran sus honorarios en el TSJE.

    Han sido memorables casos como los pagos al equipo de fútbol ypacaraiense del senador Juan Carlos Galaverna, o del diputado sampedrano Juan José Vázquez, o Lino Oviedo, cuyo personal doméstico (jardinero, cocinera, chofer) cobraba en la Justicia Electoral.

    escándalo mayúsculo. Una investigación de este diario reveló un novedoso esquema de corrupción para ampliar el diccionario delictivo en el TSJE. El abogado liberal Manuel Radice, asesor ad honórem del ministro liberal Alberto Ramírez Zambonini, utilizaba la institución como caja personal, empezando por ponerles salarios a sus esposas. Pero en el caso de la tercera fue el colmo, porque además sumó a su suegra y a su cuñada, que vivían la gran vida gracias al erario público. También el organismo corría con los gastos de su empleada doméstica, su guardia y la contadora de su consultora. Saltaron también jugosos contratos con su firma para cursos de capacitación.

    Radice superó con creces al diputado José María Ibáñez con sus caseros, y al senador Víctor Bogado con su “niñera de oro”. Aunque similares en el modus operandi: el salario llegaba amputado a los planilleros, porque se quedaban con un porcentaje.

    Este caso volvió a poner foco sobre la Justicia Electoral. ¿Será un escándalo más o tendrá consecuencias más graves?

    Si bien el liberal está en el ojo de la tormenta, Jaime Bestard y María Elena Wapenka no pueden lavarse las manos avalando todo. Algunas denuncias salpican ya también al ministro colorado, por lo que hay pocas esperanzas de saneamiento institucional.

    La figura de Ramírez Zambonini (68) ya no puede degradarse más. El ministro más antiguo no puede seguir en la institución, que maneja y pervierte desde 1996.

    El PLRA no puede sostenerlo más y, aunque tenga razón cuando señala que Galaverna no puede erigirse en el verdugo de esta cruzada moral, debe activar los mecanismos institucionales para sacarlo del cargo. Por cierto, hay un juicio político pendiente para el citado ministro y otros tres de la Corte Suprema de Justicia que parece tendrá andamiento en estos días.

    La renuncia es el camino más corto y digno.

    Pero, por sus antecedentes, Ramírez Zambonini no forma parte de ese pequeño club liberal que honró alguna vez al partido.

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    Publicado por Anónimo | 29 noviembre, 2015, 10:14 am
  14. Con las manos en la masa

    Si le resta algún decoro, el magistrado Alberto Ramírez Zambonini debe renunciar al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Las bochornosas revelaciones en torno a los “planilleros” incorporados por él hacen que su permanencia en el cargo implique una afrenta a su investidura y a la moralidad pública. Para manejar dinero de los contribuyentes se requiere honradez y para administrar justicia se necesita autoridad moral. Hay serios indicios de que Ramírez Zambonini carece de esos atributos.

    Si le resta algún decoro, el magistrado Alberto Ramírez Zambonini debe renunciar al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Las bochornosas revelaciones en torno a los “planilleros” incorporados por él hacen que su permanencia en el cargo implique una afrenta a su investidura y a la moralidad pública.

    Cuando salió a la luz el tragicómico caso de las tres sucesivas esposas de su amigo Manuel Radice que, con sus respectivas madres y hermanas, habían pasado por la Justicia Electoral sin brindar ningún servicio apreciable, Ramírez Zambonini alegó que él no podía instalarse en la puerta para controlar quiénes entran y quiénes no. Ahora nos enteramos de que a su despacho estaban asignados ¡229 funcionarios y contratados!, de los cuales ¡48 “trabajaban”, seguramente abarrotados, en su propia oficina! Todos ellos firmaban una planilla, pese a que la sede central de la Justicia Electoral cuenta con un reloj marcador de la asistencia. En el caso de las señoras aludidas, Ramírez Zambonini admitió que tenía una “responsabilidad política”, algo que hasta ahora no ha asumido con respecto al nuevo escandaloso caso. La responsabilidad política debe conllevar la renuncia de quien cometió un grave error en el ejercicio de un cargo público. Ramírez Zambonini, en realidad, no se equivocó sino que incurrió a sabiendas en una práctica perversa que le cuesta mucho dinero al erario. ¿O es que alguien puede creer que todos los funcionarios y contratados de su despacho realmente asistían a su lugar de trabajo? No asistían y él lo sabía.

    Este cuestionado miembro del TSJE es el mismo que hace unos años, abrumado por las evidencias, se vio obligado a confesar que no escribió su tesis doctoral y que el profesional contratado para prepararle el trabajo copió obras ajenas. En esa ocasión, Ramírez Zambonini evidentemente se benefició de un plagio, delito penado por las leyes. Es difícil imaginar que, en un país medianamente serio, quien intentó cometer un fraude académico siga integrando un alto órgano judicial. Pero allí continuó, por la simple razón de que en su momento no se logró la mayoría necesaria en el Congreso para su condigna destitución mediante el juicio político.

    La permanencia en el cargo de este personaje no debe ser objeto de negociaciones políticas, de modo que su partido –el PLRA– debería abstenerse de exigir algo a cambio de la eventual remoción de su afiliado vía juicio político, si es que continúa aferrado al puesto que hoy está lejos de honrar. Que el cuestionado senador Juan Carlos Galaverna sea uno de sus principales detractores ni el hecho de que también otros miembros del TSJE hayan incorporado a “planilleros” no le convierten en inocente ni le eximen de la culpa de haber dado ocasión a que el fisco sea vilmente ordeñado. El delito de cobro indebido de honorarios no hubiera sido cometido en tan amplia escala sin la previa y discrecional intervención de este magistrado, a través de nombramientos y contrataciones absolutamente injustificados. Para manejar el dinero público se requiere honradez y para administrar justicia se necesita autoridad moral. Hay serios indicios de que Ramírez Zambonini carece de estos atributos.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/con-las-manos-en-la-masa-1431112.html

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    Publicado por Anónimo | 29 noviembre, 2015, 7:43 am

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