estás leyendo...
HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Cárcel para magistrados que amparen a narcotraficantes

Si el crimen organizado se instaló en los tres Poderes del Estado, como admitió una vez el presidente de la Cámara Baja, Hugo Velázquez, hay que prestar siempre mucha atención a los fallos dictados en las causas relacionadas con el narcotráfico. Es obvio que, aparte del tráfico de influencias, también el abundante dinero sucio generado por esa actividad delictiva puede torcer fácilmente la vara de la Justicia. De ello da cuenta en cierta medida que, entre 2010 y 2013, once magistrados –siete jueces de primera instancia y cuatro camaristas– fueron removidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por haber dictado medidas substitutivas de la prisión o sentencias absolutorias en procesos abiertos a presuntos narcotraficantes. Quizá se trate solo de la punta del iceberg de una situación oculta muy profunda.

Los destituidos “solo desempeñaron mal” sus funciones, incurriendo en una de las causales previstas en el art. 14 de la Ley Nº 3579/09. No fueron procesados por el delito de prevaricato, como corresponde, es decir, por haber violado el Derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes; si fuera el caso, una sentencia condenatoria les habría valido entre dos y cinco años de cárcel, pena que podía haberse elevado a diez años en los casos especialmente graves, según el art. 305 del Código Penal. La experiencia enseña, entonces, que el único riesgo que corre un magistrado al favorecer a un encausado por narcotráfico es el de ser removido del cargo. Quien haya vendido a buen precio una sentencia podrá vivir de rentas, con toda comodidad, por el resto de sus días, sin perjuicio de que también le preste después sus servicios profesionales de abogado a su patrocinador económico.

En agosto pasado, el presunto narcotraficante Ángel Tranquilino Giménez fue filmado dejando dinero a tres funcionarios del Palacio de Justicia de Asunción: los funcionarios fueron suspendidos en el cargo por la Corte Suprema de Justicia y hoy soportan medidas alternativas a la prisión, dispuestas por un juez de garantías. Hasta ahora, los magistrados no han sido sorprendidos por una cámara de seguridad recibiendo un soborno, pero esa no es la razón por la que ninguno de ellos ha sido procesado, pues para que se configure el prevaricato no es necesario que haya un registro fílmico de la venta de una sentencia, e incluso que se haya cobrado suma alguna: basta con que de los considerandos y de la resolución surja que se ignoraron los hechos o la ley, con el deliberado propósito de favorecer o perjudicar al procesado.

Lo que ha venido ocurriendo es que el Jurado, en vez de poner al encausado a disposición de un juez por la presunta comisión del delito de prevaricato y de suspender el procedimiento hasta que recaiga sentencia definitiva en el juicio penal, prefiere calificar la conducta del magistrado de “mal desempeño”. Ejerce mal sus funciones el juez que, entre otras cosas, muestra “manifiesta parcialidad o ignorancia de las leyes en juicio”, tal como dice la Ley Nº 3579/09. No resulta fácil distinguir aquí el mal desempeño del prevaricato, de modo que el Jurado toma la decisión más favorable al magistrado y, en el peor de los casos, termina removiéndolo.

Correlativamente, y siempre que se quiera limpiar el Poder Judicial y combatir el crimen organizado, no habrá que esforzarse mucho para encuadrar en el Código Penal las actuaciones de aquellos jueces que manifiestamente favorecen a los narcotraficantes.

De los dichos del fiscal Marcelo Pecci se desprende que entre ellos figuran Elio Ovelar, María Luz Martínez y Daniel Ferro, quienes el 20 de octubre último condenaron a Jaime Andrés Franco a 11 años de prisión por tenencia de estupefacientes y asociación criminal: no lo juzgaron por el delito de tráfico de estupefacientes, cuya expectativa de pena es de 25 años, pese a que el grupo encabezado por él tenía en su poder nada menos que 359 kilos de cocaína, porque en el tinglado en que fue detenido –es para reírse– “no se encontraba ninguna avioneta, lancha o moto ski para transportar y remitir al extranjero y comercializar dicha sustancia”. Es decir, la banda habría tenido en su poder semejante cantidad de cocaína solo para consumirla o regalarla al vecindario, dado que no iba a poder exportarla, por vía aérea o fluvial, ante la falta de medios adecuados. Expresamente la vía terrestre no fue considerada por los magistrados, pero sí el hecho de que el fiscal no demostrara “por dónde ingresó al país dicha sustancia”, como si para la configuración del hecho punible del tráfico de drogas fuera indispensable saber por dónde entró. ¡Ridículo! La posición asumida por los magistrados a todas luces demuestra una rebuscada conclusión judicial para beneficiar a los encausados.

El fiscal pidió la nulidad del fallo porque es “jurídicamente complaciente con el narcotráfico y el crimen organizado”, lo que significa que los jueces delinquieron al dictarlo. Desde ya, la gravísima acusación amerita la intervención del Jurado y no solo para remover del cargo a los afectados. Así como los narcotraficantes no deben quedar impunes ni recibir una condena inferior a la prevista en la ley, los magistrados que los amparan por el motivo que fuere deben sentir los rigores del Código Penal y no solo los de la ley que regula el procedimiento para su enjuiciamiento y remoción.

Hay delincuentes togados. Cabe insistir en que no basta con apartarlos de sus respectivos cargos: también hay que mandarlos a prisión, como a cualquiera que cometa un delito castigado por la ley con la privación de libertad. El crimen organizado maneja tan cuantiosos fondos que puede comprar a legisladores, jueces, ministros, funcionarios, militares y policías.

Si en verdad se quiere combatir el narcotráfico, no solo se debe castigar a sus agentes, sino también a sus favorecedores en todas las instancias, comenzando por quienes deben aplicarles las penas correspondientes: fiscales, jueces y magistrados.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/carcel-para-magistrados-que-amparen-a-narcotraficantes-1429204.html

Anuncios

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

Aún no hay comentarios.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

ÑE’ÊNGA ✓

Ajavýiko che rape, he’íje aguara ho’á jave ñuhâme.16/12/17

archivos ✓

estadistas ✓

  • 1,137,575 visitas
Follow Paraguay Péichante ✓ on WordPress.com

JUSTICIA A LA MEDIDA

El TSJE tuvo que  fallar en un caso, en el que una persona le solicitaba que dijera si era legal o no la candidatura de Peña por uno de los movimientos colorados, ciertamente Peña  sigue siendo afiliado al PLRA, y aún que se afilió, de manera forzada el 31 de octubre del año pasado, no había cumplido aún el año de permanencia como colorado, ni tampoco había renunciado a su afiliación de liberal. El juez saca una resolución kafkiana, dice a los efectos legales por una ley del año 1996, una persona no puede tener 2 afiliaciones simultáneas, pero aquí está lo kafkiano: “para los efectos legales valdrá la última”, dice en su fallo dado conocer, con ese criterio es más o menos lo siguiente: “la bigamia está prohibida en el Paraguay pero para los efectos legales valdrá el último de los matrimonios”. Evidentemente sí a los efectos legales se prohíbe una cosa determinada, a los efectos legales lo único que puede hacerse, es acatar lo que manda la norma y no inventar una ficción jurídica, por la cual una persona con una doble afiliación puede continuar un cargo determinado o puede aspirar a una representación por un partido político.

Todo mal, una justicia cada vez más entregada al poder político, a la que teme mucho menos en su condición de tal, la justicia a los políticos, y este fallo que lógicamente se escribe en un capítulo kafkiano de la historia política y jurídica paraguaya.

BFB

JUSTICIA A LA MEDIDA II

Ahi una resolución también, de la Corte Suprema de Justicia que dio al grupo de prensa de Cartes, para que puedan dar la boca de urna en el transcurso de los comicios del próximo día domingo, esto es una antesala a un caos, si anteriormente se había establecido que la boca de urna, solo podía darse solo a 60 minutos después de haber concluido el acto comicial, ahora vamos a tener una guerra de bocas de urnas el próximo domingo. Cada uno de los sectores de medios estará diciendo quién va adelante, y que estará buscando finalmente con eso manipular la voluntad de los electores que aún no se han decidido porque candidatura abrazarse en ese momento, ciertamente la Corte no ayudó para nada a la pacificación de los espíritus y al cumplimiento de las normas, si la norma dice que no se puede hacer algo por una situación determinada, que es la de buscar la tranquilidad antes de unos comicios y durante los comicios, en el caso de las boca de urnas, esta resolución de la Corte, lo único que augura es mayor conflictividad, y porqué no lamentandonos posteriormente hechos de violencia.

BFB

PARAGUAY TUTELADO

Una cuestión importante del ámbito de la relación internacional, la cancillería paraguaya a través de su vicecanciller Gonzalez, llamó la atención a Hugo Rodríguez, representante de la embajada de los EE.UU., que un twitter, auguro que unas elecciones sean llevadas con transparencia y justicia el proximo dia domingo y al mismo tiempo estuvo en favor de la homilía del Mon. Ricardo Valenzuela, eso hizo que el gobierno paraguayo le llamara la atencion al representante diplomático y le dijera que se está involucrando en cuestiones internas del país. Muchas de las cuestiones internas del país no podrían haber sido resueltas solo por nosotros, o a través de nuestras instituciones, en mucho de los casos, esto que alguno denominan “democracia tutelada” no se hubiera podido llevar adelante de la manera como se llevó, sin la abierta intromisión de poderes extraños al país, que han tenido que poner en el cauce, la locomotora de la democracia en el sitio correcto, el Paraguay todavía lamentablemente con las instituciones que tiene, con la manera en que los poderes del estado administran la cosa pública, la forma irrespetuosa del trato a la Constitución y a las normas, no permiten de que nosotros nos valgamos por nosotros mismos para administrarnos. El dia que los paraguayos tengamos una Justicia confiable y seria, un poder Legislativo ampliamente consolidado, en términos de representación popular, y un poder Ejecutivo que tema y respete a la Constitución, en ese momento, cualquier intromisión en asuntos internos, tendria que llamarnos la atención, el escándalo mayor de la política paraguaya es la manera en que hemos construido nuestras instituciones y el escaso respeto que tenemos a las normas legales.

BFB

A %d blogueros les gusta esto: