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Cárcel para magistrados que amparen a narcotraficantes

Si el crimen organizado se instaló en los tres Poderes del Estado, como admitió una vez el presidente de la Cámara Baja, Hugo Velázquez, hay que prestar siempre mucha atención a los fallos dictados en las causas relacionadas con el narcotráfico. Es obvio que, aparte del tráfico de influencias, también el abundante dinero sucio generado por esa actividad delictiva puede torcer fácilmente la vara de la Justicia. De ello da cuenta en cierta medida que, entre 2010 y 2013, once magistrados –siete jueces de primera instancia y cuatro camaristas– fueron removidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por haber dictado medidas substitutivas de la prisión o sentencias absolutorias en procesos abiertos a presuntos narcotraficantes. Quizá se trate solo de la punta del iceberg de una situación oculta muy profunda.

Los destituidos “solo desempeñaron mal” sus funciones, incurriendo en una de las causales previstas en el art. 14 de la Ley Nº 3579/09. No fueron procesados por el delito de prevaricato, como corresponde, es decir, por haber violado el Derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes; si fuera el caso, una sentencia condenatoria les habría valido entre dos y cinco años de cárcel, pena que podía haberse elevado a diez años en los casos especialmente graves, según el art. 305 del Código Penal. La experiencia enseña, entonces, que el único riesgo que corre un magistrado al favorecer a un encausado por narcotráfico es el de ser removido del cargo. Quien haya vendido a buen precio una sentencia podrá vivir de rentas, con toda comodidad, por el resto de sus días, sin perjuicio de que también le preste después sus servicios profesionales de abogado a su patrocinador económico.

En agosto pasado, el presunto narcotraficante Ángel Tranquilino Giménez fue filmado dejando dinero a tres funcionarios del Palacio de Justicia de Asunción: los funcionarios fueron suspendidos en el cargo por la Corte Suprema de Justicia y hoy soportan medidas alternativas a la prisión, dispuestas por un juez de garantías. Hasta ahora, los magistrados no han sido sorprendidos por una cámara de seguridad recibiendo un soborno, pero esa no es la razón por la que ninguno de ellos ha sido procesado, pues para que se configure el prevaricato no es necesario que haya un registro fílmico de la venta de una sentencia, e incluso que se haya cobrado suma alguna: basta con que de los considerandos y de la resolución surja que se ignoraron los hechos o la ley, con el deliberado propósito de favorecer o perjudicar al procesado.

Lo que ha venido ocurriendo es que el Jurado, en vez de poner al encausado a disposición de un juez por la presunta comisión del delito de prevaricato y de suspender el procedimiento hasta que recaiga sentencia definitiva en el juicio penal, prefiere calificar la conducta del magistrado de “mal desempeño”. Ejerce mal sus funciones el juez que, entre otras cosas, muestra “manifiesta parcialidad o ignorancia de las leyes en juicio”, tal como dice la Ley Nº 3579/09. No resulta fácil distinguir aquí el mal desempeño del prevaricato, de modo que el Jurado toma la decisión más favorable al magistrado y, en el peor de los casos, termina removiéndolo.

Correlativamente, y siempre que se quiera limpiar el Poder Judicial y combatir el crimen organizado, no habrá que esforzarse mucho para encuadrar en el Código Penal las actuaciones de aquellos jueces que manifiestamente favorecen a los narcotraficantes.

De los dichos del fiscal Marcelo Pecci se desprende que entre ellos figuran Elio Ovelar, María Luz Martínez y Daniel Ferro, quienes el 20 de octubre último condenaron a Jaime Andrés Franco a 11 años de prisión por tenencia de estupefacientes y asociación criminal: no lo juzgaron por el delito de tráfico de estupefacientes, cuya expectativa de pena es de 25 años, pese a que el grupo encabezado por él tenía en su poder nada menos que 359 kilos de cocaína, porque en el tinglado en que fue detenido –es para reírse– “no se encontraba ninguna avioneta, lancha o moto ski para transportar y remitir al extranjero y comercializar dicha sustancia”. Es decir, la banda habría tenido en su poder semejante cantidad de cocaína solo para consumirla o regalarla al vecindario, dado que no iba a poder exportarla, por vía aérea o fluvial, ante la falta de medios adecuados. Expresamente la vía terrestre no fue considerada por los magistrados, pero sí el hecho de que el fiscal no demostrara “por dónde ingresó al país dicha sustancia”, como si para la configuración del hecho punible del tráfico de drogas fuera indispensable saber por dónde entró. ¡Ridículo! La posición asumida por los magistrados a todas luces demuestra una rebuscada conclusión judicial para beneficiar a los encausados.

El fiscal pidió la nulidad del fallo porque es “jurídicamente complaciente con el narcotráfico y el crimen organizado”, lo que significa que los jueces delinquieron al dictarlo. Desde ya, la gravísima acusación amerita la intervención del Jurado y no solo para remover del cargo a los afectados. Así como los narcotraficantes no deben quedar impunes ni recibir una condena inferior a la prevista en la ley, los magistrados que los amparan por el motivo que fuere deben sentir los rigores del Código Penal y no solo los de la ley que regula el procedimiento para su enjuiciamiento y remoción.

Hay delincuentes togados. Cabe insistir en que no basta con apartarlos de sus respectivos cargos: también hay que mandarlos a prisión, como a cualquiera que cometa un delito castigado por la ley con la privación de libertad. El crimen organizado maneja tan cuantiosos fondos que puede comprar a legisladores, jueces, ministros, funcionarios, militares y policías.

Si en verdad se quiere combatir el narcotráfico, no solo se debe castigar a sus agentes, sino también a sus favorecedores en todas las instancias, comenzando por quienes deben aplicarles las penas correspondientes: fiscales, jueces y magistrados.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/carcel-para-magistrados-que-amparen-a-narcotraficantes-1429204.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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