En 1926, el Departamento de Tierras y Colonias recibe el encargo gubernamental de impulsar la “creación, fomento y conservación de la pequeña propiedad agropecuaria”. Frente a él se erigían 14 inmensos latifundios que concentraban no menos de 8 millones de hectáreas producto de las grandes ventas de 1883 y 1885, según documenta Carlos Pastore. Poco es lo que se puede hacer desde un Estado paupérrimo frente a vastos dominios privados fuertemente custodiados.
En 1940 se promulga el Estatuto Agrario que consagra el derecho de propiedad de los campesinos. Los latifundios continuaban dominando la región Oriental y se habían extendido al Chaco en donde había 11 con 5 millones de hectáreas. Con la creación del Instituto Superior de Reforma Agraria, luego IRA, se comienza a hablar de latifundios improductivos, deudores de impuestos y con propietarios no residentes en el país, tierras que volverían a dominio del Estado y adjudicadas en reforma agraria a cualquier paraguayo nativo mayor de 18 años. En 1944 el Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agricola (STICA) realiza un censo que, citado por Pastore, da estas cifras: de los 94.498 productores agrícolas censados, sólo 15.080 (16%) eran propietarios; 6.130 eran arrendatarios, 70.247 eran ocupantes y 3.038 tenían otra forma de relación con los dueños de la tierra.
Doce años más tarde, otro censo, esta vez acompañado por las Naciones Unidas, muestra que la situación no sólo no había mejorado sino agravado. En 1963 se pone en vigencia un nuevo Estatuto Agrario y el IRA pasa a ser el Instituto de Bienestar Rural. Coincidentemente, una nueva Constitución reemplaza a la de 1940 y establece que la reforma agraria “es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural, que consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación”. Se proponen sistemas justos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra y se organiza el crédito y la asistencia técnica y social. Cuatro décadas después, el Indert reemplaza al IBR, que doce años después de su creación inicia un censo piloto en sus 1.018 colonias. Los resultados consolidados hasta el momento comprenden 17.585 lotes con 119.000 hectáreas y marcan una tendencia: sólo un 8,5% están titulados, 5% tiene asistencia técnica y un 13%, asistencia crediticia. Sólo el 34% están cultivados, un 6% desocupados y 3 de cada 10 lotes no tienen vivienda. Parte de esa tierra ha sido enajenada de manera irregular, a menudo con la complicidad de funcionarios del ente rural. Los sojales ocupan el lugar de la reforma agraria y la emigración hacia las ciudades es un hecho.
El modelo de reforma agraria está agotado. Sin embargo, se sigue hablando de ella como en las décadas de los ‘20, ‘30 y ‘40 del siglo pasado. Hace falta un nuevo paradigma, que está a la vista pero que pocos quieren ver: los clústers de producción.
El clúster es un concepto nacido a principios de la década de los 90 como herramienta para el análisis de aquellos factores que permiten incorporar nuevos eslabones en la cadena productiva, los factores que determinan el uso de nuevas tecnologías en sus procesos, y los factores determinantes de la generación de actividades de aglomeración. Es una herramienta necesaria para dejar atrás la reforma agraria obsoleta e introducir a nuestros pequeños productores al siglo XXI.
http://diariolajornada.com.py/v6/el-modelo-de-reforma-agraria-en-nuestro-pais-esta-agotado/
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
La tierra como factor de producción en Paraguay
Según el Banco Mundial, la economía paraguaya registra en los últimos años un crecimiento al promedio del 5% más alto que el de otros países de la región y expone como una de las causales la producción agrícola y ganadera altamente productivas y modernas que están liderando las actividades económicas.
La tierra, como factor de producción, es el elemento principal y más importante a ser considerado al momento de operar en el rubro agropecuario. Paraguay posee gran parte de su territorio apto para el negocio y muy atractivo por sus condiciones de productividad y accesibilidad.
La protección jurídica de la propiedad de las tierras se origina en la misma Constitución Nacional, que dispone: “Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos. La propiedad privada es inviolable…”. Complementan esta norma constitucional otras leyes como la Ley N° 1863/01 “Que establece el estatuto agrario”, las disposiciones del Código Civil Paraguayo en materia de “propiedad privada inmueble” y las demás normas dictadas por los órganos de control y aplicación como ser el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL INMUEBLE
El modo por excelencia de adquirir la propiedad de un bien inmueble es siempre a través del contrato de compraventa, por el cual se transmite la propiedad de la misma. Uno de los requisitos para actos como éste es el de guardar la formalidad de ser otorgados por escritura pública y si bien para su realización no se requiere autorización alguna de autoridad administrativa, deben ser inscriptos en el Registro de Inmuebles, a fin de que produzca efectos frente a terceros.
En las transferencias o enajenación de bienes inmuebles existe la presunción legal de que el valor agregado mínimo es el 30% (treinta por ciento) del precio de venta del inmueble transferido y la tasa del impuesto se integraría del 5% (cinco por ciento) para contratos de cesión de uso de bienes y enajenación de bienes inmuebles. Lo que ocurre en la práctica es la directa aplicación de la tasa del 1,5% sobre el precio de transferencia, que ya incluye el IVA en el precio total. Es decir, tasa nominal del 5% se aplica sobre el 30% del valor agregado representando la tasa efectiva del 1,5%. Una importante limitación a la autonomía de la voluntad para este tipo de negocios jurídicos es la impuesta por la Ley Nº 2532/05 “Que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay”. La mencionada franja comprende 50 kilómetros adyacentes a las líneas de frontera terrestre y fluvial del territorio nacional.
La Ley de Seguridad Fronteriza prohíbe a los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes –Argentina, Brasil y Bolivia– o inclusive, las personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros oriundos de cualquiera de estos, adquirir la calidad de propietarios, condóminos o usufructuarios de inmuebles rurales. Sin embargo, esta norma posee una excepción consistente en la autorización otorgada mediante decreto del Poder Ejecutivo, la cual debe estar fundada en “razones de interés público” y estas, según la ley, son “actividades que generan ocupación de mano de obra en la zona de seguridad fronteriza”, siendo esta disposición meramente enunciativa y la cual abre paso a otras causales.
Otra restricción impuesta por la ley es la relacionada a las acciones o títulos de las sociedades por acciones y los certificados de aportación de las cooperativas; la misma dispone que estos deben ser nominativos y no puedan ser endosados a aquellos que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en la zona de seguridad fronteriza. La sanción prescripta para la violación de estas normas es la nulidad de los actos jurídicos.
En cuanto a los contratos de utilización de las tierras rurales, como ser la aparcería y el arrendamiento, rigen en especial las normas comprendidas en el capítulo “Contratos rurales” del estatuto agrario y subsidiariamente. El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), como autoridad en la materia, se encarga del registro de dichos contratos conforme lo dispone como función su misma carta orgánica.
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Para el año en curso, las proyecciones indican que el PIB ascendería al 4% y que el 2% de éste sería generado por el sector agrícola. La economía en Paraguay, según la Unión de Gremios de la Producción (UGP), posee una “predominancia del sector agropecuario y alta influencia de éste en los demás sectores de la economía, como el comercial, financiero y de servicios. La agricultura tiene una participación del 18% en la economía nacional, pero al agregar a los demás sectores (proveedores, transporte, logística, industrias) de las cadenas productivas, esa cifra se eleva al 28,9%, es decir casi un tercio del total de la economía paraguaya”
Los índices estadísticos de la (USDA) United States Department of Agriculture demuestran que la zafra 2015/16 de Paraguay lo posiciona en 4to. Lugar entre los exportadores mundiales de soja y los registros del SENAVE, en el último boletín de Febrero de 2017 reflejan que los productos más exportados han sido las oleaginosas, seguidas por los cereales y productos procesados, entre otros.
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) es la autoridad de control y aplicación en esta materia y a través de su Dirección de Semillas (DISE) dispone de un mecanismo de certificación para la producción de semillas, para el cual se requiere una previa inscripción en el Registro Nacional de Productores de Semillas RNPS en el cual se inscriben personas físicas como jurídicas.
Según declaraciones del titular del Viceministerio de ganadería, “Paraguay se ubica actualmente en el séptimo lugar entre los mayores exportadores de carne a nivel mundial” y “… desde el año 2015 que Paraguay ocupa el sexto puesto como exportador mundial de carne bovina”. La perspectiva para el año 2020 es llegar al quinto lugar, a través sus principales mercados: Chile y Rusia, además de otros 80 en los cuales se opera.
La institución en el rubro agropecuario es el Servicio Nacional de Calidad y Seguridad Animal SENACSA, que presta los servicios de registros, habilitaciones, autorizaciones, acreditaciones y certificaciones para, entre otros, establecimientos, productos de uso pecuario, casas expendedoras de productos biológicos, transporte de animales, autorizaciones para importación, exportación y certificación para exportación de animales, de productos y otros.
En los meses de enero y febrero de este año se registró un aumento de más del 19% en el valor de las exportaciones de carne bovina, de acuerdo al último informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y según el último registro del SENACSA, en el segundo cuatrimestre del año 2016 se ha exportado carne y menudencias por valor de 670.400.805,30 dólares; subproductos por valor de 146.230.167,89.
Para la exportación de productos, subproductos y derivados de origen animal debe cumplir con normativas nacionales e internacionales y ser autorizada por el Senacsa y uno de los requisitos es que el establecimiento/empresa exportador deba estar habilitado y/o registrado en la institución y dicha habilitación/registro se encuentre vigente.
La explotación del rubro agropecuario ha demostrado ser altamente ventajosa y actualmente se observa un vertiginoso crecimiento de dicho rubro, teniendo como principal motivo el mejor aprovechamiento de los recursos naturales acompañados de tecnología calificada. Paraguay crece y continuará creciendo aún más gracias a las bondades de sus tierras.
Claudia Cáceres
http://www.5dias.com.py/90162-la-tierra-como-factor-de-produccion-en-paraguay
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La reforma agraria para los paraguayos
La lucha por la tierra en el Paraguay ha sido y sigue siendo uno de los capítulos más dolorosos y conflictivos de nuestra historia. Constituye uno de los principales causantes de confrontaciones a lo largo de los últimos 140 años de la vida nacional, que ha ocasionado la muerte de centenares de paraguayos en esa cruenta e ilógica guerra. Ilógica, porque siendo nuestro país tan grande para tan pocos habitantes no tiene explicación racional. A menos que consideremos la exagerada ambición de los especuladores, el desarreglo institucional del país y la falta de interés verdadero del poder político que tiene que organizar y desarrollar la repartija racional de ese recurso.
En nuestro país la principal riqueza es y ha sido siempre la tierra, capaz de producir alimentos para el consumo y la generación de dinero mediante su comercialización, gracias al esfuerzo creador del trabajo. No tenemos minerales ni hidrocarburos explotables a bajo costo, por lo que nuestra principal mina de oro ha sido siempre la generosa tierra que tenemos, que es la envidia de muchos pueblos del mundo.
Desde principios del siglo XX, diversas administraciones estatales han procurado dictar normas, establecer estrategias para repartir y explotar adecuadamente ese invalorable recurso que tenemos. Pero, lastimosamente, sea por la incapacidad de los administradores de turno o por la falta de voluntad de los gobernantes, la reforma agraria fue solo una bella expresión de deseo o un pretexto para los discursos políticos.
Primero fue el IRA (Instituto de Reforma Agraria), luego el IBR (Instituto de Bienestar Rural) y ahora el Indert los organismos estatales que intentaron repartir la tierra para distribuirla adecuadamente teniendo en cuenta su función económica y social. Pero los resultados lamentables que están a la vista demuestran que fue apenas un gran fracaso. Miles de hectáreas de tierras del Estado que quedaron en poder de los especuladores y millares de campesinos abandonados, sin un pedazo de tierra para vivir. Para colmo, a la defectuosa repartición de la tierra y la inseguridad de su posesión, se añadió la nefasta utilización politiquera del problema rural.
Por todo ello y por lo que significa para el presente y el futuro, la nueva política del Indert encarada por la administración actual es digna de observar y valorar.
Como ejemplo del extraordinario cambio de paradigma en el ente rural sobre un lamentable pasado, vale la pena señalar los logros que está obteniendo a partir del vigente gobierno: se recuperaron 70.000 hectáreas de tierras del Estado que estaban en poder de no beneficiarios de la reforma agraria, envió la mayor cantidad de denuncias a la Fiscalía por hechos de corrupción en el organismo, además de obtener la más importante recaudación histórica y una ejecución presupuestaria sin parangón.
Ha actuado con decisión y valentía para desarmar numerosos conflictos campesinos creados por la desesperación de los sintierras y atizados por el interés de ciertos políticos. Tal el caso de la emblemática colonia Santa Lucía, en el distrito de Itakyry, donde campesinos desposeídos que vivían bajo precarias carpas en un miserable asentamiento en tierra ajena en Ñacunday, viven ahora la nueva realidad del lote propio, con viviendas dignas, todos los servicios que se requieren, escuela y centro médico, como se merecen.
Y lo más importante: se siguen creando nuevas colonias y entregando certificados de adjudicación y títulos de propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria como nunca antes. Todo esto mediante el trabajo de georreferenciamiento de los lotes en todo el territorio nacional, el censo de ocupantes, la documentación catastral adecuada en tiempo breve y la regularización jurídica que implica la tenencia del título de propiedad.
Por eso no es extraño que el martes último, en la fachada litoral del Palacio de López, el presidente de la República haya entregado un millar de títulos de propiedad y el certificado de adjudicación número 11.500 a otras tantas familias del país que esperaron ansiosas ese momento crucial en sus vidas. Algo insólito en la memoria del Paraguay.
No conviene caer en la ingenuidad de cantar victoria ante esta batalla ganada, porque es larga aún la guerra e interminable el cúmulo de problemas que restan por resolver. Hay decenas de conflictos en distintos puntos del país, son numerosos los intereses que se mueven en torno a ellos y restan aún millares de campesinos que aguardan por su parcela propia.
Lo reconfortante es que finalmente se ha encontrado la fórmula apropiada para hacer realidad la reforma agraria, con los instrumentos tecnológicos adecuados, la administración eficiente y, sobre todo, la voluntad política para concretarla.
http://www.lanacion.com.py/editorial/2017/05/18/la-reforma-agraria-para-los-paraguayos/
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