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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

La cédula o la vida

Se ha convertido en un paisaje común transitar por nuestras calles, rutas y avenidas, sea a bordo de vehículos particulares, transporte público, e inclusive a pie, y encontrarse con retenes o barreras policiales realizando “controles preventivos”.

No importa que vaya con las luces reglamentarias prendidas, con el cinturón de seguridad puesto, dentro de los límites de velocidad permitida, conduciendo con prudencia, o viajando tranquilamente en un ómnibus, o inclusive sencillamente caminando por la acera, lo mismo la Policía Nacional interrumpirá su marcha, o abordará el ómnibus para exigirle la presentación de su documento de identidad.-

Si el requerido se niega a exhibir su Cédula, es sometido a amedrentamiento. La amenaza de que será detenido e imputado por “resistencia” tiene como propósito vencer la oposición del ciudadano, pero, si persiste en su posición o sencillamente no la lleva consigo, es detenido “para identificación”, con el argumento de que la Policía tiene facultad para detener a las personas por el plazo de 6 horas.

La verdad es absolutamente distinta. Los “controles preventivos” no son otra cosa que un perverso sistema de represión, cuyo único propósito es capturar a aquellos que cuentan con órdenes de detención dictadas por Fiscales y Jueces, y prueba de ello es que luego de consultar con la base de datos, mediante equipos de radio, y verificar que Ud. no tiene orden de captura pendiente, le dejarán seguir su camino.-

La verdad es que la Policía Nacional no tiene facultades para detenernos sin motivo alguno, porque la Constitución Nacional garantiza la libertad en su Art. 9, y le impone al Estado la obligación de protegerla.

“…Nadie está obligado a hacer lo que la Ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe…”, dice la misma disposición constitucional, y por lo tanto ni la Policía Nacional, ni los demás cuerpos policiales (Caminera y Municipal de Transito) pueden obligarnos a someternos a sus “procedimientos de control” no autorizados por la ley.

“…La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la Ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública…”, dice a su vez el Art. 33 de la misma Constitución Nacional, y de ello se desprende que todos los habitantes del país podemos transitar libremente a bordo de vehículos particulares o públicos, e inclusive a pie, sin que la autoridad policial nos interrumpa, nos moleste o intervenga, salvo que con nuestra conducta estemos alterando el orden público, violando la ley o afectando derechos de terceros.-

Es verdad también, que la Policía Nacional no tiene facultades para detenernos, ni siquiera para someternos a “procedimientos de identificación”, porque el Código Procesal Penal no le autoriza a ello.

El Art. 239 del C.P.P., establece nada más que tres hipótesis en las que la Policía Nacional puede proceder a la aprehensión de una persona: “…1) cuando sea sorprendida en flagrante comisión de hecho punible o cuando sea perseguida inmediatamente después de su comisión; se entenderá que existe flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo, o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza policial, por la víctima o por un grupo de personas; 2) cuando se haya fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de detención; y, 3) cuando existan suficientes indicios de su participación en un hecho punible y se trate de casos en los que procede la detención preventiva…”. Fuera de estos casos, taxativa y restrictivamente establecidos en la Ley, la Policía no puede, ni debe detener, demorar o interrumpir el libre tránsito de las personas. Y solo en estos casos, la autoridad policial dispone de 6 horas, como máximo, para comunicar el hecho al Ministerio Público y al Juez Penal de Garantías.

Las interrupciones que la Policía Nacional provoca en las personas que transitan en vehículos privados, en transportes públicos, o a pie, son ilegales, y constituyen claros casos de abuso de autoridad, que lamentablemente no se encuentran sancionados por la ley, debido a la miopía de un Congreso que no ha entendido, hasta ahora, que su función es dictar leyes para controlar y limitar el poder público ejercido desde el Ejecutivo.

Estos “procedimientos de control”, que se han instalado desde la más cruda inquisición, desde la más ineficiente desesperación por reducir la sensación de inseguridad, han sido institucionalizados por los Imas, Petta, Guzman, Crist, entre otros, con los auspicios de los anteriores y actuales ocupantes de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior, y el de Obras Públicas.

Alentados por la impunidad que les asegura el Poder Judicial, y el desmedido afán de recaudar, tanto para las Instituciones, como para alimentar el sistema corrupto que se ha generado, el “método” cada día se afirma y extiende más, en medio de una sociedad que ha llegado a acostumbrarse a llevar consigo sus documentos, hasta para ir a la despensa de la cuadra.

Lo peor de todos es que el sistema ya se ha cobrado la vida de varios, como la del joven Miguel Ángel Marín Alvarenga, que recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza de manos de la Policía, bajo la dirección del Fiscal Blas Imas, por no someterse el “procedimiento de control”.

Definitivamente no sé quién es más peligroso, si el delincuente que reclama “el dinero o la vida” o el Policía que te exige la Cédula o te saca la vida.

Jorge Vasconcellos

 

http://www.adndigital.com.py/index.php/impreso/columnistas/8342-la-cedula-o-la-vida

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

2 comentarios en “La cédula o la vida

  1. Desafío cédula

    “Ten tus cuentas y documentos en orden, y haz lo que quieras”, me aconsejó alguien una vez. Lo recordé para darme ánimo, pues tuve que renovar mi cédula paraguaya. Quisiera compartir la experiencia para que otros extranjeros, afianzados desde hace décadas en esta bondadosa tierra, odiosa burocracia, preparen su dosis de paciencia. Los requisitos necesarios me los dieron en Identificaciones por teléfono y eran correctos: cédula del país de origen y radicación permanente (con fotocopias autenticadas), cédula paraguaya (con fotocopia), vida y residencia, antecedentes en Interpol (certificado por la Comandancia de la Policía Nacional en Personal y Ayudantía), antecedentes policiales. Desechen la idea de que al tener cédula paraguaya seremos paraguayos, como mal me dijo un policía.

    Leí comentarios en internet sobre la atención en Identificaciones y hallé quejas sobre maltrato. Pero, para ser justa, yo no los tuve, salvo un cruce pasajero con un policía de Personal que me reprochó, con media sonrisa, haber ido a las 17:30 hs. “¡Llegaste bien tarde, eh! Igual te vamos a hacer, no hay problema”, dijo, siendo que en todos los demás lugares me atendieron a esa hora.

    No debemos molestar a la policía sugiriendo ser lógicamente prácticos, esto es incompatible con la enraizada lentitud. Por ejemplo, no es conveniente querer saber por qué en Interpol (sito en Sajonia) no hay alguien de Personal (sito a dos cuadras de Av. Choferes del Chaco) y de Ayudantía (sito en pleno centro). Pero este triple trámite por un mismo papel, no me colmó tanto como conseguir un simple certificado de vida y residencia en la comisaría de mi barrio. Aquí me permito recordar la amable orientación de un baqueano del laberinto republicano: “Te vas derechito, doblás por el asfaltado y seguís hasta encontrar un montón de autos chatarra”. Exactamente, ahí era. Dejando para otra ocasión la descripción de la comisaría y su gente, conseguir el simple papel me costó 5 llegadas al lugar: 1) Buscar la solicitud, 2) llevarla con mis datos y los de mis testigos, 3) regresar y decirle al policía que en vez de darme lo que solicité, me dio un permiso de menor, 4) al día siguiente, después de llamar antes de ir, voy y retiro el certificado, 5) regreso nuevamente porque me pusieron mal el mes y el año. Esperando en aquella piecita oficina que corrijan el error, maté la interminable espera conversando con un policía, quien me explicaba que había cosas que él no sabría decirme porque se dividen en policías de calle y de oficina. En teoría, los de oficina son los más formados… Volviendo al tema, dar un certificado de vida y residencia fue para esta comisaría un teorema matemático.

    Finalmente, presenté todos los papeles en el Departamento de Identificaciones, donde me atendieron bien y liquidé el asunto en pocos minutos: “Venga a retirar en 30 días hábiles”, dijeron y fue música para mis oídos. Salí de aquel edificio aliviada y contenta, como si hubiera ganado un premio o cumplido una condena. Aquí termina esta historia con ribetes de historieta, si Dios lo permite, hasta dentro de 10 años.

    Por Lourdes Peralta

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/desafio-cedula-1533666.html

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    Publicado por Anónimo | 05/11/2016, 11:49
  2. El fiscal Blas Imas

    En la madrugada del domingo 1 de noviembre pasado, se produjo un criminal episodio, cuando un representante de las fuerzas públicas segó la vida de un joven de 18 años. En dicha ocasión, siendo aproximadamente las 03:30 de la mañana, a la altura del kilómetro 20 de la Rruta II, el joven Miguel Ángel Marín Alvarenga, recibió un “disparo intimidatorio” (que le impacto en la cabeza), producido por un subcomisario de nombre Mariano Sosa.

    El lamentable suceso se produjo, según la versión difundida a través de la prensa, cuando el agente fiscal Blas Antonio Imas González “al mando” de un contingente policial, estaba “verificando motocicletas que circulaban sin documentos”, y el joven – junto con otros – estaba en “actitud sospechosa”.

    Estos procedimientos no le son extraños a Blas Imas, al contrario, es uno de los primeros fiscales que “se puso el uniforme policial”, violando abiertamente la ley, y salió a las calles bajo el pretexto de una mentirosa, inexistente e ineficiente “prevención”.

    Imas, en su condición de abogado, agente fiscal y exviceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, debiera saber que la “prevención” no es competencia del Ministerio Público, cuyas funciones se encuentran establecidas en la Constitución Nacional (Art. 268), en su Ley Orgánica (Art. 1) y el Código Procesal Penal (Art. 52).

    Parece que el fiscal Imas y otros varios confundieron su vocación y se dedican a desplazar a comisarios y demás agentes policiales en la dirección operativa de los procedimientos ejecutados por estos.

    Resulta difícil comprender que el fiscal Imas y varios otros no hayan entendido aún que la Constitución Nacional impone al Ministerio Público y sus agentes fiscales el deber de “…velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales…” y que la misma ley fundamental de la Nación garantiza que “…La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la Ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública…” (Art. 33).

    Esa promiscuidad entre policías y fiscales, que se verifica en ilegales procedimientos, como los protagonizados por Imas, con la mirada complaciente del fiscal general del Estado, constituyen un grave error cuyas consecuencias se han puesto de manifiesto (una vez más) en el caso que costara la vida al joven Marín Alvarenga.

    El fiscal “a cargo del procedimiento policial”, Blas Imas, se cambió el uniforme de Policía, por el saco y la corbata de fiscal, y procedió a “investigar” el hecho del que fuera testigo. Imputó al subcomisario Sosa por homicidio “culposo”, lo cual era de esperarse.

    Era impensable que tomara otra determinación, teniendo en consideración que el “responsable” del procedimiento era el mismo fiscal Imas, y en el “criterio” de este, la conducta del uniformado se encontraba justificada.

    El joven Marín Alvarenga había incurrido en la inexplicable “conducta sospechosa”, y el subcomisario Sosa tenía motivos para realizar “disparos intimidatorios”.

    Y, aunque ruegue que alguien explique el significado de la expresión “conducta sospechosa” – estoy seguro – no tendré respuesta alguna (ya he agotado la búsqueda en textos legales y doctrinarios, sin éxito).

    Tampoco puede explicarse como es un “disparo intimidatorio”, pues si se tratara de un disparo al aire, los mismos argumentos que han servido para procesar y condenar por homicidio doloso (con dolo eventual) a quienes han incurrido en dicha conducta en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el subcomisario Sosa debiera correr la misma suerte que aquellos.

    Peor aún, Sosa ha sido educado y entrenado por el Estado Paraguayo en el uso de las armas. Su obligación de prudencia, su deber de cuidado, es naturalmente mayor que para cualquier otro. Se supone que es perito o experto en la materia, y por ello no puede asumirse con candidez que quiso “intimidar” y por “negligencia, impericia o imprudencia” hizo blanco en la cabeza de su víctima.

    El Estado Paraguayo le encomendó “…la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas…” (Art. 175 de la C.N.), y bajo el “mando operativo” del fiscal Imas, arrebató la vida de un ciudadano, al que debía proteger, por haber incurrido en “actitud sospechosa”.

    La “actitud sospechosa”, sin embargo, es la del fiscal Imas, que no tuvo inconvenientes en calificar la conducta de “su compañero de trabajo” como homicidio culposo. Lo que le permitiría resolver el problema judicial mediante una salida alternativa al proceso penal e inclusive eludir el encarcelamiento.

    La reacción social producida permitió que, desde la Fiscalía Adjunta, Imas fuera separado del expediente y se modificara la calificación del delito de homicidio culposo atribuido por aquel, a Sosa, por el de homicidio doloso.

    Pero falta aún algo no menos importante. Debe analizarse e investigarse la conducta del fiscal Imas, tanto respecto a su participación en los hechos, como igualmente en la probable “frustración de la persecución y ejecución penal”, en grado de tentativa (Art. 292 del Código Penal).

    by Jorge Vasconcellos

    http://www.adndigital.com.py/index.php/impreso/columnistas/7864-el-fiscal-blas-imas

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    Publicado por jotaefeb | 19/11/2015, 15:39

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Escuchas publicas

El tema que tiene que ver con este escándalo de las escuchas telefónicas que envuelve el tráfico de influencias, que todos presumiamos que existía de manera clara pero nunca de manera tan desembozada y tan elocuente, como el que hemos tenido la oportunidad de poder comprobarlo. Lo que queda ahora es corregir lo que está mal y eso significa que el Congreso debería suspender a González Daher, en sus funciones como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y hacer un planteo severo en torno a la continuidad de esta institución, además de eso tendríamos que escuchar de manera mucho más valiente y objetiva las denuncias de fiscales y de jueces en torno a este tráfico de influencias, denunciando en los casos en los que habían sido sometido a una situación similar, haciendo que la justicia vuelva a ser creíble, y por sobre todo previsible de este país, que tiene una gran deuda con la sociedad en ese campo. Si la sociedad define la democracia como el estado de derecho, es evidente cuando vemos que ella es sujeta de las manipulaciones, tergiversaciones, chantajes y extorsiones, más claras que las que hemos podido comprobar en las últimas horas, nadie puede estar seguro en este país, y es el tiempo de corregir aquello que está mal y ademas de eso se tiene la oportunidad este domingo de castigar aquellos que se han apartado de lo que se espera debería ser la democracia, es el tiempo de los ciudadanos y en ese sentido nos queda ajustar cuentas con aquellos que se han apartado de manera clara y elocuente del mandato que recibieron de parte de nosotros, sus mandantes. (BFB)

Empresas del Estado

Uno de los grandes desafíos que tenemos en el país es indudablemente el encontrar un modelo económico que nos permita centrar la labor del Estado en lo que le corresponde realizar, cuando vemos mucho de las empresas públicas y especialmente en este verano, en que volveremos a padecer las consecuencias de una empresa monopólica como la ANDE, que no puede garantizar un buen servicio, por diferentes razones, se quejaron este año, porque las tarifas estaban fuera del rango que debieran, se incrementaron  esos números, pero no se mejoró el servicio, ahora aparece el argumento de que vienen de varios años de desfinanciamiento y que por lo tanto llevará todavía una buena cantidad de tiempo, ponerse a la altura y exigencias de la demanda de la gente. Pero si vemos también hay otras empresas públicas como el caso de la INC, que compra una nueva planta para procesar clinker y que ha tenido más de cien fallas, en un período de prueba y que podría ser otro gran elefante blanco, adquirido por el estado a las costas de cada uno de los contribuyentes, vemos de que hay algo mucho más profundo y grave en todo esto, el Estado no sabe hacer bien estas cosas y cada vez nos cuesta mucho más mantener a un personal ocioso y además de todo eso manipulado en tiempos electorales para que voten por que se sigan siendo manteniendo las cosas hasta ahora, nos cuestan mucho las empresas monopólicas del Estado, pero por sobre todo no vemos un rol del estado propiamente, incluso en aquellos sectores en donde debería actuar como elemento regulador del mercado. En definitiva tenemos dificultades filosóficas, administrativas y de gestión. (BFB)

A platazo

Es evidente que las campañas sacan lo mejor y lo peor de las personas, algunos demuestran cual es su verdadera concepción con respecto al poder, que es lo que entienden con respecto al de la prensa, a las encuestas, al twitter. La expresión del presidente Cartes de acusar de muchos de los males del país a los periodistas y especialmente aquellos que son críticos a su gobierno, y afirmar en términos bastantes soeces a la labor que cumplen algunos es una demostración de pobreza de espíritu que dominan a varias personas en estas elecciones. También ha sido noticia el hijo de la dip. Perla de Vazquez, exhibiendo dólares sobre una mesa dispuesto a comprar la voluntad de los votantes santanianos en el dia de los comicios, otras expresiones más se dieron en el transcurso de esto que casi siempre rodea a la práctica electoral y que demuestra, reitero, nuestra pobreza cívica, nuestra pobreza moral y nuestra pobreza argumentativa, no somos un país en el que estamos acostumbrados a debatir sus diferencias y a plantear propuestas, somos más bien personas que responden con insultos y agravios, cualquier afirmación que no sea la que uno comparte o tiene como argumento central. En definitiva las cuestiones electorales han vuelto a mostrar lo peor y pocos casos de lo mejor de nuestra sociedad, y varios de los temores que son permanentes en la vida política nacional, la posibilidad de comprar las voluntades de los votantes o de torcer las voluntades de los trabajadores del sector público, que más de 300mil de ellos, casi siempre son carne de cañón en los procesos electorales.   (BFB)

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