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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Poder Judicial debe acompañar el combate a la corrupción

La libertad de expresión y el legítimo derecho de los ciudadanos a informarse y movilizarse produjeron verdaderos terremotos que conmovieron las vetustas y arraigadas estructuras de corrupción en dos instituciones emblemáticas de la República, como son la Contraloría General de la República y la Universidad Nacional.
La activación conjunta de estos factores, sin embargo, no logrará redundar en transformaciones de fondo mientras el Poder Judicial no implemente los mecanismos destinados a castigar a los responsables de los abusos, los ilícitos y las irregularidades ventiladas ante la opinión pública, y que causaron la justa indignación de estudiantes.
Desde luego, para que ello tenga lugar, es preciso que los vientos de cambio lleguen también a los administradores de Justicia, desde la Corte Suprema hasta el último ujier del Poder Judicial. Esa reforma, en primer término, debe garantizar la independencia del mismo, en los términos de las prescripciones consagradas en la Ley Fundamental de la República. Esa independencia, por su parte, es considerada un “elemento esencial de la democracia representativa”, según el artículo 3º de la Carta Democrática Interamericana.
Para que esas transformaciones se produzcan es necesario comenzar por la cabeza. En este sentido, es alentadora la reciente designación de la doctora Myrian Peña Candia como ministra del Máximo Tribunal. Sin embargo, esa acción es insuficiente, en sí misma, para generar una reforma global.
Es perentorio dar curso al juicio de los tres ministros de la Corte Suprema de Justicia que fue instruido a fines del año pasado por la Cámara de Diputados. El Senado no debería dejar esa fundamental acción constitucional inconclusa, siendo perentorio que se expida en los casos de los ministros Óscar Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay Zuccolillo.
A su vez, hay que evitar que los ministros Gladys Bareiro de Módica y Luis María Benítez Riera sean confirmados automáticamente en sus cargos, declarando la inamovilidad de los mismos. Si desean continuar en la máxima instancia judicial es menester que cumplan los requisitos establecidos por la Constitución para validar sus nuevas designaciones.
Solo adoptando estas medidas se posibilitará que el Poder Judicial recupere un prestigio y una credibilidad que nunca debió haber perdido, y que son absolutamente fundamentales para que su funcionamiento goce de la legitimidad que se requiere para que sus decisiones sean no solamente inapelables, sino también éticamente incuestionables.
Cuando estos requisitos sean debidamente cumplimentados –y solo cuando ello acontezca– estaremos en condiciones de decir que el Paraguay se habrá constituido en el “Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado” que consagra el primer artículo de la Constitución.

http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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