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Inversión en infraestructura será vital para seguir creciendo en 2016

Según los últimos reajustes del Banco Central del Paraguay y el Fondo Monetario Internacional, el producto interno bruto del país crecerá entre 3 y 4 puntos porcentuales en el 2016, por debajo de las proyecciones iniciales pero muy por encima del promedio regional. Esta expansión de la economía estará apuntalada, según el FMI, por una recuperación en la generación y exportación de energía eléctrica desde Itaipú, un mayor volumen de producción agrícola y, sobre todo, por un incremento importante de las inversiones en proyectos de infraestructura a lo largo y ancho del país. El gasto en obras de infraestructura – construcción de rutas, aeropuertos, líneas de distribución eléctrica – será vital para mantener la tendencia positiva de nuestra economía y afrontar el complicado escenario regional que se viene.

VARIOS PROYECTOS, DISTINTOS MODELOS

Desde el gobierno central, se han anunciado varios proyectos de inversión en infraestructura para el 2016. Para financiarlos y ejecutarlos, se utilizarán distintos modelos de inversión, incluidos el modelo de alianza público-privada y el modelo “llave en mano”, ambos de reglamentación jurídica reciente, los cuales abren las puertas a la participación privada en el diseño, ejecución, financiamiento y operación de los proyectos.

Enmarcados en la Ley Nº 5.102/13, más conocida como la Ley de APP, se encuentran el proyecto de duplicación de varios tramos de las rutas 2 y 7 entre Asunción y Ciudad del Este, así como la construcción de una nueva terminal aérea en el predio del aeropuerto Silvio Pettirossi. Mientras que el proyecto de duplicación vial ya se encuentra en etapa de licitación, habiéndose realizado ya la precalificación de empresas y la publicación del pliego de bases y condiciones, se espera que el proyecto del aeropuerto nuevo sea llamado a licitación en las próximas semanas.

Otro de los modelos utilizados para financiar y construir las obras de infraestructura programadas, es aquel conocido como “llave en mano”, reglamentado por la Ley Nº 5.074/13. Bajo este modelo se ejecutarán la recientemente anunciada construcción de un sistema de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento para las ciudades de Lambaré, Luque y Mariano Roque Alonso, la reconstrucción de la Ruta Transchaco desde el Puente Remanso hasta Mariscal Estigarribia, y la construcción de una nueva ruta entre Loma Plata y Carmelo Peralta, también en suelo chaqueño.

Por último, hay varios proyectos de infraestructura en proceso de ejecución bajo el modelo “tradicional” de contratación pública, financiados con fondos propios del MOPC o con préstamos de agencias multilaterales. Entre ellos, se destacan la construcción del acueducto chaqueño y la reparación de más de 1.600 kilómetros de caminos no pavimentados en esa región, la puesta en marcha del sistema de metrobús en la zona metropolitana de Asunción, y el tren de cercanías que conectará Asunción con Ypacaraí. A la larga lista se suman también varias obras en la capital, entre ellas la construcción de la nueva Avenida Ñu Guasú, el “megaviaducto” en la intersección de las avenidas Aviadores del Chaco y Madame Lynch, y la construcción del segundo tramo de la Costanera Norte, financiada a través del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur.

LA NECESIDAD DE INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA

Si bien nuestro país se promociona – y últimamente con mucho éxito – como un destino atractivo para capitales extranjeros, el enorme déficit en infraestructura nos juega en contra a la hora de convencer a los inversores a dar el paso final y desembarcar finalmente en Paraguay. Según el Reporte Global de Competitividad, reporte anual emitido por el Foro Económico Mundial, Paraguay se ubica entre los países con peor infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y eléctrica de América del Sur.

La infraestructura vial se presenta muchas veces como la cara más visible de este déficit. Con tan solo el 17% de nuestras carreteras pavimentadas (tres veces menos de lo que se precisa para ser considerados mínimamente competitivos por el Foro Económico Mundial), nuestra ubicación en los ránkings mundiales no debería ser una sorpresa. Para un país productor de alimentos – granos y carne sobre todo – nuestra competitividad y nuestro éxito económico dependen en gran parte de que el traslado eficiente y seguro de productos a los mercados y a los compradores. Si el ganado no puede llegar al frigorífico, el frigorífico no compra el ganado. Si al flete de soja hay que sumarle tres días porque llovió y la ruta se volvió intransitable, comprar soja paraguaya se vuelve mucho más difícil. La necesidad de infraestructura de transporte se magnifica aún más al considerar que, al ser el Paraguay un país mediterráneo, partimos con desventaja cuando competimos en los mercados internacionales con otros países productores de la región, como Argentina, Brasil o Uruguay.

La inversión en infraestructura es fundamental para ser un país realmente productivo que crece cada vez más y compite cada vez mejor. Así como la infraestructura de transporte es fundamental para que nuestra carne y soja sean competitivas en los mercados globales, invertir en una mejor red de distribución eléctrica es vital para industrializar el país. A su vez, mejorar la navegabilidad de la Hidrovía Paraguay-Paraná es imprescindible para los importadores y exportadores paraguayos, y solucionar el problema del tránsito dentro y alrededor de nuestras ciudades hará que el trabajador paraguayo – y las empresas en las que trabajan – ganen en productividad y rendimiento. Los proyectos que se pondrán en marcha en este 2016 representan un gran paso adelante para solucionar, en parte, el déficit en infraestructura que nos pesa a la hora de crecer y progresar.

Por Guillermo Jover

http://www.5dias.com.py/42923-inversion-en-infraestructura-sera-vital-para-seguir-creciendo-en-2016

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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5 comentarios en “Inversión en infraestructura será vital para seguir creciendo en 2016

  1. La ruta de oro

    La reconstrucción y ampliación del tramo de 11,6 km de la Ruta III, de Mariano R. Alonso a Limpio, adjudicada al consorcio de empresas CDD Construcciones SA y Benito Roggio e Hijos, ha sido calificada por la ciudadanía como “la ruta de oro” porque su alto costo de US$ 1.826.087 por kilómetro la convierte en la más cara hasta ahora construida en Paraguay. Aunque así como está ofertada actualmente, la reconstrucción y ampliación de la Ruta XII “Transchaco” hasta Mariscal Estigarribia la sobrepasaría largamente si la obra es adjudicada a la transnacional portuguesa Mota Engil –único oferente–, al amparo de la Ley 5074, “llave en mano”.

    Sea cual fuere finalmente el costo que resulte de la rehabilitación de la ruta chaqueña, lo concreto es que la construcción de la “ruta de oro” está suficientemente adelantada como para brillar ante los ojos de la ciudadanía por el imponente despilfarro que se observa en sus sobredimensionadas estructuras de hormigón armado y los correspondientes terraplenes de acceso a las mismas, sean estas puentes o viaductos para cruces a desnivel o para retornos direccionales. Aunque el terreno que media entre Mariano R. Alonso y Limpio es en parte bajo y sujeto a inundaciones en las cuencas de los arroyos Itay (Ñandejára Paso) y Damián, la altura de la rasante de la ruta existente no necesitaba ser elevada más de medio metro como máximo en los cruces citados.

    Obviamente, al elevar sin necesidad la altura de los puentes hasta el doble o triple de lo necesario, la altura de los terraplenes de acceso a sus cabeceras también se sobreelevan, con lo que se aumenta sustancialmente el volumen de tierra seleccionada transportada desde muchos kilómetros de distancia, lo que hará, por supuesto, que su costo por metro cúbico resulte más caro.

    Estos componentes sobredimensionados del paquete estructural de la ruta y de las obras de arte (puentes y grandes estructuras de hormigón armado) inducen a pensar que tanto el diseño geométrico, en planta como en perfil, así como el paquete estructural de la ruta, fueron sobredimensionados ex profeso a los efectos de maximizar el costo final de la misma, con lo que, al igual que el metrobús, estaríamos frente a una estafa programada contra las arcas del Estado mediante proyectos concebidos y ejecutados exclusivamente para robar.

    Todo induce a pensar que el proyecto de este tramo de ruta fue imaginado y cuantificado para que costara lo más posible, con el pretexto de que las condiciones del terreno que atraviesa la ruta exigían que los puentes y terraplenes fueran más elevados que lo realmente necesario. Con solo transitar por ella ya se percibe que, para aumentar su costo, los proyectistas debieron atropellar cuanta razón de sentido común existe para una obra vial semejante.

    Concomitantemente, el invento resultó en una obra estrafalaria que posiblemente irá a producir enorme perjuicio económico a centenares de propietarios por la chapucería del proyecto.

    Ante esta desagradable realidad, los propietarios eventualmente afectados por los terraplenes de la ruta Mariano-Limpio sobreelevados en forma irracional, deberían analizar la presentación de una querella contra el Estado por daños y perjuicios, y este, de resultar perdidoso, iniciar, a su vez, acción judicial contra los proyectistas y funcionarios públicos que los aprobaron.

    Aunque a esta altura del avance de la obra no se ha tenido conocimiento de que el consorcio contratista haya solicitado reajuste de precio por aumento de quilates de la vía áurea, lo más probable es que eso va a ocurrir.

    Con el pojera del ministro Ramón Jiménez Gaona para otorgar aumentos a las empresas viales que incumplen plazos contractuales y de calidad de ejecución de los trabajos, como la autopista Ñu Guasu y la ruta de Concepción a Vallemí, seguro que el consorcio CDD-Roggio será beneficiado de igual manera. La explicación patentada del MOPC en tales casos es siempre la misma: que “el aumento se dio por deficiencia del proyecto”, como lo expresara recientemente el director de Vialidad, ingeniero Ignacio Gómez, con relación a la mencionada autopista Ñu Guasu, deficiencia del proyecto que no tuvo importancia para el MOPC pero le cuesta mucho más dinero al pueblo paraguayo.

    Como se ve, este caso que citamos es solamente un eslabón más de la larga cadena de robos descarados que las vialeras, en complicidad con consultores proyectistas y funcionarios corruptos del MOPC, han perpetrado contra el Estado, por lo que la Contraloría General debería iniciar una investigación que concluya con los ladrones de guante blanco y sus cómplices en la cárcel, porque es hora de que los burócratas que realizan obras públicas mal proyectadas o mal construidas que perjudican a la gente, paguen con sus bienes personales por el daño que ocasionan al Estado.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-ruta-de-oro-1507172.html

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    Publicado por Anónimo | 16 agosto, 2016, 6:40 am
  2. Tolerancia ciudadana condicionada

    Ninguna persona sensata puede oponerse a una obra pública que está destinada a mejorar las condiciones de existencia de la población. El constante reequipamiento urbanístico es indispensable para que las poblaciones progresen hacia formas superiores de convivencia comunitaria, en la ciudad, en el pueblo, en el barrio y hasta en sus unidades menores, como calles y avenidas, plazas y paseos.

    Pero las obras públicas, especialmente las de mayor envergadura, forzosamente ocasionan malestar, entorpecen el flujo regular de vehículos y personas durante algún tiempo. Esto es inevitable, y quienes se ven afectados deberían tener en cuenta que no hay manera de hacer una obra pública útil para todos sin provocar inconvenientes a unos cuantos, momentáneamente.

    En este momento hay lugares particularmente difíciles, como ocurre actualmente en el cruce de las avenidas Madame Lynch y Aviadores del Chaco, en los límites entre Asunción y Luque, donde el flujo automotor es intenso durante casi todo el día. La construcción de los pasos a desnivel que se está comenzando a ejecutar en ese lugar produce muchas incomodidades a varios sectores de la población, a los residentes en la zona, a los comerciantes y a los transeúntes, pero, al mismo tiempo, cuando la obra se haya terminado y entre en funcionamiento, serán muchos más los problemas solucionados que los que se crearon durante unos meses.

    De modo que hay que soportar las incomodidades de estas obras mirando a lo lejos. Aunque sin descuidar las exigencias a las que se tiene derecho en la condición de ciudadanos. Por ejemplo, respecto al modo como las empresas concesionarias realizan su trabajo y a las obligaciones que las autoridades gubernamentales y municipales tienen que cumplir complementariamente.

    Por ejemplo, es preciso reclamar que las vías alternativas de circulación estén listas y practicables antes de que se clausuren las principales, y no después; o que no lleguen a estarlo nunca, como sucedió en otros casos. Es necesario exigir a la Municipalidad que mantenga a los policías de tránsito ordenando la circulación en forma permanente y no solo en ocasiones, en días hábiles y en horas pico.

    Al parecer, y hasta este momento, ambos aspectos –las vías alternativas y la cooperación policial– están siendo contemplados en las obras de los viaductos citados, lo que está demostrando su eficacia en el hecho de que se está consiguiendo con aceptable regularidad la fluidez del tránsito.

    La obligación que los ciudadanos en ningún caso deben incumplir ni renunciar a ella –sea que estén organizados o no– es la de interiorizarse de las condiciones en que se proyectan, primero, y luego se ejecutan, las obras públicas. La intervención ciudadana en la etapa previa de estos proyectos facilita que sus necesidades particulares sean tenidas en cuenta. Su observación del desarrollo de las obras hace posible que las fallas, engaños y chapucerías sean percibidos cuando todavía pueden revertirse.

    Por lo demás, solamente así se puede saber qué es lo que se va a hacer en determinado lugar, cuánto va a costar y cuánto va a demorar. Teniendo esto en cuenta, pues, la tolerancia ciudadana siempre estará condicionada a que los pasos previos sean rigurosamente cumplidos.

    Esta es, asimismo, la mejor manera de que las obras públicas que se hacen en bien de todos y la construcción de ciudadanía, que es una tarea cultural, se produzcan simultánea, eficiente y concordantemente.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/tolerancia-ciudadana-condicionada-1471310.html

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    Publicado por jotaefeb | 19 abril, 2016, 7:31 am
  3. Precariedades

    Un joven perdió la vida al ser arrastrado por las aguas, luego de que el automóvil en el que estaba cayera de la balsa al curso del río Monday. El hecho se registró en la tarde del sábado, y viene a demostrar una vez más el padecimiento diario de miles de altoparanaenses del interior, fruto de la indolencia, la inutilidad, cuando no la corrupción, de nuestras autoridades.

    Es absolutamente inconcebible que en un departamento con los niveles de desarrollo y de ingresos que tiene el Alto Paraná los habitantes todavía tengan que utilizar medios tan precarios para desplazarse. El 2 de marzo del 2013, cuatro personas, entre ellas 3 menores, también habían perdido la vida al ahogarse luego de caer de la balsa el automóvil en el que se encontraban, sobre el río Ñacunday.

    En aquella ocasión luego del escándalo se había constatado que la balsa operaba sin autorización, ni las mínimas condiciones de seguridad. En la oportunidad también se había prometido la construcción de puentes y otras propuestas de solución. Sin embargo a casi tres años de aquel lamentable suceso, hoy se repite nuevamente la historia, ahora sobre el Monday, y una familia altoparanaense llora la pérdida de uno de sus integrantes.

    La historia es siempre la misma y muestra el absoluto desprecio a la vida que tiene el Estado paraguayo para con sus ciudadanos, por ello no exige garantías ni seguridad para la explotación del servicio de transporte. Por ello operan sin las más mínimas condiciones este tipo de embarcaciones precarias, que en la mayoría de los casos son negocios de caudillejos, políticos de la zona, que lucran de esta manera con la necesidad de los compatriotas.

    Cada año las municipalidades y la misma gobernación del Alto Paraná reciben multimillonarios recursos para obras. ¿Porqué no se incluyen en los presupuestos la construcción de puentes y el mejoramiento de los caminos rurales? El Alto Paraná con gran desarrollo y sus grandes aportes al Producto Interno Bruto y al Presupuesto General del Gastos de la Nación todavía sigue soportando precariedades que ya fueron superadas por las sociedades más atrasadas.

    De qué se pueden jactar nuestros líderes regionales, cuando todavía en los hospitales siguen muriendo compatriotas por falta de ambulancias y medicamentos; o se siguen utilizando para el transporte precarias balsas, carecen de agua potable, o comunidades enteras que sobreviven marginadas y condenadas al aislamiento por falta de caminos en condiciones. Una vergüenza.

    http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/40084-precariedades#sthash.bYG2Hnfw.dpuf

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    Publicado por Anónimo | 23 enero, 2016, 4:40 am
  4. Nueva ruta debe ser protegida

    La ruta entre Luque y San Bernardino que acaba de ser pavimentada ofrece un hermoso panorama de una región que, hasta el momento, se halla libre de las malas consecuencias que produce la urbanización desordenada, caótica, sin reglas ni control.

    Lastimosamente, desde su comienzo ya se nota la ausencia de todo tipo de autoridad en ella. No están allí ni las municipalidades ni la Patrulla Caminera para poner orden, evitar las usurpaciones de espacios aledaños, controlar los graves riesgos que causan los animales vacunos que se pasean campantemente a lo largo de la vía y que, cualquier día de estos pueden causar un accidente que todo el mundo se pondrá a lamentar, cuando que su prevención es tan fácil de realizar.

    El viejo problema de los vacunos sueltos en las rutas responde a una causa que parece ridícula. Sus propietarios sueltan a sus animales para que vayan a alimentarse de la hierba que crece en las banquinas y otros espacios abiertos, lo que les ahorra el costo del forraje. Se trata de un motivo inaceptable por ilegal, por abusivo y por constituir una flagrante e inútil amenaza a la seguridad pública, pero los intendentes y concejales de esas localidades no toman medidas contra los tamberos irresponsables porque estos suelen ser sus parientes, sus compadres, sus contribuyentes electorales o por otras “importantes razones” como estas, de esas que, lastimosamente, todavía sobreviven en nuestra primitiva politiquería del ámbito rural.

    La ruta recientemente pavimentada se extiende por 31 kilómetros y fue imaginada para aliviar el tránsito entre Asunción y localidades como San Bernardino y Altos, pero si sigue la misma triste suerte de la ruta que une Luque con Areguá, en poco tiempo estará llena de pequeños negocios, gomerías, depósitos, reservados, de construcciones hechas sobre la misma línea de la ruta, todo lo cual acabará por convertirla en una simple calle o avenida interna, a la que después habrá que ponerle semáforos y lomadas, momento en que quedará desvirtuada e inútil para los efectos que fue pensada.

    La nueva ruta pretende ser llamada “ecovía”, porque en varios tramos linda con humedales y parte del lago Ypacaraí, y porque le agregaron una franja para uso de biciclos, de la que si se apoderan las motocicletas, las cosas irán de mal en peor, por cuanto sus conductores, como se sabe, en su gran mayoría no son amigos de respetar ninguna regla de tránsito ni medida de prudencia.

    Todos estos males pueden ser previstos, evitados o mantenidos bajo control; pero para esto se necesitan instituciones que funcionen, normas adecuadas y autoridades capacitadas de hacerlas respetar. Hasta ahora, la gran mayoría de las municipalidades son incapaces de regular el tránsito rutero en los tramos urbanos, mientras que la Patrulla Caminera no consigue demostrar su eficiencia para instalar la seguridad pública y dirigir la educación en las rutas, aunque sea muy rápida para recaudar multas.

    Ojalá la nueva “ruta ecológica” se conserve como está ahora, que no deje de tener ese carácter y no pase a convertirse en otra sucia calle más de los suburbios del área metropolitana capitalina.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/nueva-ruta-debe-ser-protegida-1439351.html

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    Publicado por Anónimo | 30 diciembre, 2015, 6:21 am
  5. Se debe explicar el aumento de costo de las obras públicas

    Cuando el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, declaró que la “peor herencia” recibida por su administración era el contrato de construcción de la autopista Ñu Guasu, la gente acreditó espontáneamente en su aparentemente compungida franqueza. No era para menos, dado el vergonzoso historial de colusión de los burócratas concusionarios de esa secretaría de Estado con los inescrupulosos contratistas de obras públicas, en particular viales, que desde los tiempos de la dictadura han encontrado en ella a la gallina de los huevos de oro.

    La credibilidad en la rectitud y honradez del nuevo ministro se vio reforzada por el hecho de que el mismo no provenía del contaminado sector político nacional, sino del ámbito empresarial privado, y que además había tenido la oportunidad de cursar estudios académicos en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, donde se tiene en alto concepto la ética de responsabilidad profesional, tanto en la actividad privada, y más aún en la pública. Por si esto no fuera suficiente para confiar en la transparencia de su gestión, la gente tenía muy en cuenta que el Presidente de la República que lo escogió como uno de los integrantes de su “selección nacional” de ministros había prometido gobernar “con honestidad y patriotismo”, por lo que se diría que el economista Jiménez Gaona iba a pasar a la historia como el ministro que acabó con la fatídica simbiosis de corruptos y corruptores en la cartera de Estado tradicionalmente dotada del más alto presupuesto de inversión de la República.

    Sin embargo, transcurridos dos años y medio de gobierno, el saldo neto del desempeño del ministro Jiménez Gaona no llenó las expectativas esperadas. Contradictoriamente, no solo ha hecho suya la “peor herencia” que afirma le dejaron sus antecesores en el cargo en la avenida Ñu Guasu, sino que la ha aceptado con una permisiva prórroga del plazo contractual de terminación por casi dos años más (debía terminar en marzo de 2014), además de reconocerle un sobrecosto de 20 por ciento (lo máximo legalmente permitido) sobre el monto original del contrato. Obviamente, las justificaciones han sido las habituales en la jerga de los timadores en contubernio: trabajos adicionales no previstos en el proyecto original, demoras en la liberación de la franja de dominio, modificaciones en el diseño geométrico de viaductos y túneles, etc., etc.

    El llamativo blanqueo de la “peor herencia” no ha sido el único botón de muestra de la poca transparente administración del ministro Jiménez Gaona. Al asumir el cargo, visitó la zona de obra de la construcción de la ruta de Concepción a Vallemí, de 170 kilómetros de extensión (que hasta ahora no ha concluido) y a su regreso autorizó mediante sendas resoluciones ministeriales cambios en el paquete estructural en varios trechos de la misma, cuya construcción está a cargo de tres consorcios de empresas viales –un tramo cada uno– con un sobrecosto resultante del 20 por ciento sobre el monto contractual original. Con todo eso, el primer tramo de la misma (a cargo del consorcio Tagatiyá) hasta ahora no ha sido completado, en tanto que el tercer tramo, a cargo de la empresa Benito Roggio SA, llegó con el terraplén hasta la localidad de Vallemí, aunque no así con la carpeta asfáltica, supuestamente porque el sobrecosto del 20 por ciento adjudicado por el ministro Jiménez Gaona no ha sido suficiente para completarla hasta el final. Como esta obra ha sido financiada por el Focem del Mercosur, el ministro no habría considerado políticamente prudente adicionarle el monto reclamado por la contratista para concluir la carpeta asfáltica con fondos genuinos, y no previstos, del MOPC. Según ha trascendido, el acuerdo a que Benito Roggio SA habría llegado con la repartición estatal es que dicho monto se incluiría subrepticiamente en la futura licitación de la ruta de Vallemí a San Lázaro, mediante el artificio de licitar esta como siendo de mayor longitud que la real y con el importe de lo adicional resarcir a Roggio por el completamiento de la carpeta asfáltica hasta Vallemí.

    Otros conocidos contratistas de obras viales también se han beneficiado con la regalía del sobrecosto del 20 por ciento, siempre el máximo autorizado por ley de la nación para un determinado contrato, y que aparentemente volvió a estar de moda en la administración del ministro Jiménez Gaona. Entre ellos cabe citar a los ingenieros Heisecke, Pettengil y Ardissone que, de un contrato de 112.000 millones de guaraníes inicial, pasaron a cobrar 135.000 millones; el ingeniero Vallejos y el arquitecto Mendoza, quienes de 85.000 millones de contrato original pasaron a cobrar 103.000 millones. ¡G. 40.000 millones más en los dos tramos de la avenida Ñu Guasu!

    Así fue y es la historia del Paraguay. La mencionada avenida –la “peor herencia” del ministro Jiménez Gaona– se atrasó ex profeso para que los señores vialeros, los mismos de siempre, se puedan embuchar 20 por ciento más que la oferta original que hicieron. ¿Qué es lo que subió 20 por ciento? El ministro tiene la obligación de pedir informe de los detalles del aumento. Al menos en los casos en que él no lo autorizó motu proprio. Y en tal caso, explicar a la ciudadanía las razones que tuvo para el efecto. No debiera fiarse de lo que le dicen sus fiscalizadores, que podrían ser de igual catadura moral que aquellos que “verificaron” la obra de US$ 400 millones del crédito chino de Taiwán.

    Es de esperar que el MOPC justifique ante la opinión pública por qué a estos señores sin más ni más se les da el 20 por ciento y quién tiene la culpa de los atrasos. De no hacerlo, la ciudadanía tendría motivos para sospechar que corruptos y corruptores continúan su luna de miel en la repartición ministerial a expensas de las escuálidas arcas del Estado, cada vez más apremiadas por cruciales necesidades de la gente.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/se-debe-explicar-el-aumento-de-costo-de-las-obras-publicas-1439735.html

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    Publicado por Anónimo | 30 diciembre, 2015, 6:21 am

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