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Atropello y manoseo a agentes fiscales

Los políticos no dudan en amedrentar a los agentes fiscales que no se ajustan a sus indicaciones, acaso porque están convencidos de que sus nombramientos responden al padrinazgo partidario. El año pasado, para no ir más lejos, la Cámara Baja solicitó sugestivamente a una serie de entidades públicas y privadas, entre ellas la Contraloría General de la República, un informe sobre el patrimonio de los miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, algunos de los cuales justamente estaban interviniendo en las causas que afectan a los diputados José María Ibáñez y Milciades Duré, así como a los senadores Víctor Bogado y Enzo Cardozo. El pedido fue interpretado como amenaza lisa y llana.

Ahora, los legisladores liberales Luis Alberto Wagner, Ramón Gómez Verlangieri y Salustiano Salinas, por un lado, y el colorado Óscar González Daher, por otro, recurrieron a métodos diversos de presión para demostrar que no están dispuestos a tolerar que las agentes fiscales intervinientes perjudiquen las chances de sus correligionarios Raúl Mendoza y Roberto Cárdenas, que aspiran a ser reelectos como jefes comunales de San Antonio y de Lambaré, respectivamente. Como siempre, el claro mensaje no estuvo dirigido solo a quienes están a cargo de las pesquisas por los presuntos delitos de lesión de confianza, sino a todos sus colegas que pretendan actuar con prescindencia de los intereses políticos en juego.

Los legisladores liberales encabezaron una turba que sitió la sede de la Fiscalía Zonal de San Antonio, donde Mendoza iba a prestar declaración indagatoria, tras haber sido denunciado una semana antes por el malgasto de 3.600 millones de guaraníes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Los parlamentarios alegaron que se trataba de una “persecución política” ordenada por el P residente de la República y, por su “llamativa celeridad”, amenazaron con denunciar a la agente fiscal María José Pérez ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde ellos están representados. Uno de los líderes de la muchedumbre –el diputado Salinas– llegó incluso a lanzar un calendario contra la agente fiscal interina Laura Ávalos, evidenciando las maneras propias de un cobarde y mal educado. La audiencia tuvo que ser suspendida por “falta de garantías”.

Lo que aquí importa no es determinar si Mendoza fue o no el autor del delito por el que fue denunciado, ni si es o no víctima de una persecución política. La cuestión es que nadie tiene derecho a atropellar un local del Ministerio Público por el motivo que fuera, y que los legisladores enlodaron su investidura al comportarse como unos vulgares patoteros. En el supuesto de que su correligionario haya sido objeto de una injusticia, sus abogados hubieran planteado los recursos constitucionales y legales idóneos para que se repare el agravio. La agente fiscal delegada Gladys González instó a los parlamentarios a recurrir a los estrados pertinentes, dándoles una breve lección de urbanidad.

El senador González Daher, por su parte, se valió de un recurso más civilizado, por decirlo así, para tratar de castigar a la agente fiscal Blanca Agüero por haberse atrevido a imputar a Cárdenas por la caída del techo de un aula del colegio nacional de Lambaré, y por haber pretendido imputarlo también por la presunta sobrefacturación de la merienda escolar proveída por la empresa La Bandeja. De nuevo, lo que aquí interesa no es si Cárdenas cometió o no los delitos de lesión de confianza que se le atribuyen con relación al uso del dinero del Fonacide, sino que el senador insistió en que la agente fiscal –confirmada por la Corte Suprema de Justicia en el primer caso– fuera suspendida sin goce de sueldo por “mal desempeño de sus funciones”, en una sesión realizada solo horas después de haberse recibido la denuncia del imputado.

A todas luces, la actuación del senador González Daher, afín al Presidente de la República, que había desaconsejado la renuncia de Cárdenas a su candidatura, tuvo una motivación política y no precisamente jurídica. Su moción –tratada sobre tablas, pero por de pronto no aprobada– demostró, una vez más, que el órgano integrado también por dos diputados y dos senadores suele ser utilizado en función de las conveniencias partidarias, entre otros propósitos inconfesables.

Los legisladores Wagner, Gómez Verlangieri y Salinas amenazaron con recurrir al Jurado, como si fuera un garrote que caería sobre la cabeza de quien ose interferir en una campaña electoral, citando a prestar declaración indagatoria a un candidato correligionario. Por su parte, el senador González Daher quiso aprovechar la ventaja de estar allí sentado para aplicar el golpe certero con bastante prontitud, antes de que se realicen los comicios municipales.

Intentar poner una institución al servicio de una candidatura es tan grave como sitiar la sede de un organismo estatal. Los involucrados en el atropello y en la amenaza a los fiscales, así como en el intento de imponer una pena políticamente inspirada, merecen el repudio público allí donde se los encuentre.

Urge erradicar de nuestra cultura política la prepotencia y el manoseo de las instituciones. Será un trabajo largo y duro, pero alguna vez habrá que empezarlo, concienciando a los estudiantes y valorando el voto, que es el mejor instrumento con que cuentan los ciudadanos y las ciudadanas para premiar o castigar a los hombres públicos.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/atropello-y-manoseo-a-agentes-fiscales-1424867.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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2 comentarios en “Atropello y manoseo a agentes fiscales

  1. Los políticos impiden que fiscales investiguen con independencia

    Mientras los fiscales sigan en manos de políticos a través del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), las investigaciones en contra de los corruptos que malversan dinero destinado a mejores condiciones de vida para los ciudadanos carecerán de la fuerza necesaria para combatir la deshonestidad en el manejo de fondos públicos. Ese organismo se convierte así en una instancia perniciosa para el país, ya que es instrumentado para frenar a los agentes del Ministerio Público a través de denuncias o amenazas, cuyo propósito es amedrentarlos y apartarlos del rastreo de evidencias comprometedoras. Es necesario, por ello, cambiar la composición del organismo para avanzar en la lucha contra los corruptos.

    En una actitud vergonzosa a favor de la corrupción, la bancada de senadores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) pidió al JEM que la fiscala Brígida Aguilar, que imputó al liberal Horacio Ortiz por una supuesta irregularidad en el empleo de dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), fuera removida de su cargo.

    Cae de maduro que la intención de la solicitud es sacar de en medio a la agente fiscal que estaba encontrando comprometedoras evidencias en contra del investigado por lesión de confianza, por la desaparición de 1.700 millones de guaraníes destinados al mejoramiento de infraestructura escolar.

    De acuerdo al artículo 253 de la Constitución, el JEM está integrado –además de dos ministros de la Corte Suprema y dos miembros del Consejo de la Magistratura– por dos senadores y dos diputados. Estos legisladores son políticos puestos por sus pares del Congreso en el órgano de decisión con respecto a jueces y fiscales denunciados, para constituirse en brazos largos de los intereses de los legisladores.

    Es obvio, entonces, que los que representan a las Cámaras de Senadores y Diputados en el Jurado están al servicio de los que les pusieron en el cargo. Es más: de su lealtad a los intereses de los mismos depende su permanencia en el estratégico órgano juzgador de conductas.

    Esa situación hace que la labor de los fiscales sea sumamente vulnerable: en cualquier momento las influencias políticas pueden sacarlos de las investigaciones que llevan adelante. O pueden ser amenazados constantemente para que su gestión carezca de la efectividad necesaria para conseguir la condena de sus imputados.

    El caso de la fiscala que investiga al intendente liberal reelecto de Ypané no hace sino reproducir situaciones que ya se dieron en los casos de las imputaciones de los ahora ex intendentes de Lambaré, Roberto Cárdenas (colorado) y de San Antonio, Raúl Mendoza (liberal). Ambos fueron imputados también por irregularidades cometidas en la administración de recursos del Fonacide.

    Ante la realidad de las amenazas y las presiones de políticos hacia los agentes del Ministerio Público, tiene razón la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay al quejarse y denunciar la injerencia política para apartar a sus pares que atienden casos de políticos.

    Mientras los fiscales sigan viendo la espada de Damocles de los políticos sobre sus cabezas, los políticos corruptos continuarán gozando de apreciable ventaja. Para que esa situación termine es necesario modificar la ley que rige el funcionamiento del JEM para sustituir a los políticos que impiden que los fiscales actúen sin temores y remitan a la cárcel a los corruptos de la Administración Pública.

    http://www.ultimahora.com/los-politicos-impiden-que-fiscales-investiguen-independencia-n962330.html

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    Publicado por Anónimo | 28/01/2016, 16:47
  2. Legisladores y patoteros
    La palabra linchar según la Real Academia significa: “ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”. Quienes somos de la época en que se hacían películas de oeste bien conocíamos el significado de la palabra cuando la turba encolerizada iba a linchar a un inocente que encontraban culpable (siempre intentaban colgarlo de la rama de un árbol) aparecía el Llanero Solitario que de un solo tiro cortaba la cuerda y ponía en desbandada a la multitud. La palabra viene del inglés, en realidad, de Charles Lynch (1736 – 1796) combatiente de la guerra de la independencia de los Estados Unidos y que en 1780, después que un tribunal absolvió a un grupo de hombres leales a la Corona inglesa, él resolvió ejecutarlos porque pensaba que eran culpables.
    El linchamiento así como tal, casi ha desaparecido en nuestros días. Las turbas ya no acostumbran a colgar a sus enemigos de un árbol (bueno, el presidente boliviano Gualberto Villarroel fue colgado de un farol frente al Palacio del Quemado, después que una turba invadió la casa de gobierno) y tan bárbaras costumbres fueron sustituidas por otras menos violentas pero no menos eficaces. El ejemplo más cercano sucedió días atrás cuando una turba encabezada por senadores y diputados de la Nación –¿entienden con claridad el significado de la investidura?– tomó por asalto el local del Ministerio Público de San Antonio, a solo veinte kilómetros del Congreso Nacional, para defender al exintendente del lugar, Raúl Mendoza (PLRA), quien debía prestar declaración por lesión de confianza. Léase, la “distracción” de 3.600 millones de guaraníes provenientes del Fondo de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

    Entre los patoteros estaban dos senadores del Partido Liberal Radical Auténtico: Luis Alberto Wagner y Ramón Gómez Verlangieri, el diputado Salustiano Salinas, el intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla, y el concejal Ricardo Estigarribia, candidato a la intendencia de Villa Elisa. ¿Alguien puede dar una explicación, medianamente razonable, de cuál era la intención de estos miembros del Poder Legislativo que tendrían que ser los primeros en respetar la justicia y, sobre todo, la separación de poderes? Si el señor Mendoza es inocente de haberse quedado con los 3.600 millones de guaraníes, pues la justicia lo absolverá. Si es culpable, hay que respetar la decisión de los jueces. Esta forma de querer manipular la justicia de manera tan desvergonzada es una de las señales de la espantosa corrupción en que se está viviendo. Todo nos hace temer que nos estamos dirigiendo, a pasos agigantados, hacia un Estado fallido, como los que hay en algunas regiones de África, donde cada ciudadano reúne los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial al mismo tiempo que es policía y verdugo de aquel a quien, a su solo juicio, encuentra culpable.

    Lo ocurrido en San Antonio es sencillamente vergonzoso. Ahora solo falta que esta patota integrada por legisladores den un espectáculo similar ante la Municipalidad de Limpio donde el hermano de uno de ellos, Ángel “Toto” Gómez Verlangieri está en el ojo de la tormenta después que se conociera un video en el que aparece teniendo relaciones sexuales con una funcionaria en su propio despacho de la Municipalidad. El video lo grabó él mismo. ¿Para qué? ¿Para presumir después adelante de sus amigos? En Limpio quizá no hagan falta, ya que las mujeres han salido en defensa del intendente. Organizaron una manifestación llevando pancartas con leyendas que le darían vergüenza a los más intransigentes machistas. Pero todas ellas muy sonrientes para salir en la fotografía.

    Estamos convirtiendo el país en un gigantesco prostíbulo. Y esta es una situación extremadamente peligrosa, porque hemos visto ya que es el momento favorable a que aparezcan los “hombres providenciales”, los hombres que ha mandado el destino para poner las cosas en orden. ¿No fue acaso este el motivo por el cual Stroessner asumió el Gobierno en 1954 y se quedó en él hasta 1989; una era de “paz” por la que tuvimos que pagar un precio demasiado alto y hasta quiero creer que la cuenta aun no quedó saldada? Tengamos los ojos bien abiertos y permanezcamos en alerta sabiendo que cuando la turba enfurecida nos ponga la soga al cuello, no aparecerá el Llanero Solitario a cortarla de un certero disparo.
    Por Jesús Ruiz Nestosa

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/legisladores-y-patoteros-1424835.html

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    Publicado por jotaefeb | 09/11/2015, 07:55

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Escuchas publicas

El tema que tiene que ver con este escándalo de las escuchas telefónicas que envuelve el tráfico de influencias, que todos presumiamos que existía de manera clara pero nunca de manera tan desembozada y tan elocuente, como el que hemos tenido la oportunidad de poder comprobarlo. Lo que queda ahora es corregir lo que está mal y eso significa que el Congreso debería suspender a González Daher, en sus funciones como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y hacer un planteo severo en torno a la continuidad de esta institución, además de eso tendríamos que escuchar de manera mucho más valiente y objetiva las denuncias de fiscales y de jueces en torno a este tráfico de influencias, denunciando en los casos en los que habían sido sometido a una situación similar, haciendo que la justicia vuelva a ser creíble, y por sobre todo previsible de este país, que tiene una gran deuda con la sociedad en ese campo. Si la sociedad define la democracia como el estado de derecho, es evidente cuando vemos que ella es sujeta de las manipulaciones, tergiversaciones, chantajes y extorsiones, más claras que las que hemos podido comprobar en las últimas horas, nadie puede estar seguro en este país, y es el tiempo de corregir aquello que está mal y ademas de eso se tiene la oportunidad este domingo de castigar aquellos que se han apartado de lo que se espera debería ser la democracia, es el tiempo de los ciudadanos y en ese sentido nos queda ajustar cuentas con aquellos que se han apartado de manera clara y elocuente del mandato que recibieron de parte de nosotros, sus mandantes. (BFB)

Empresas del Estado

Uno de los grandes desafíos que tenemos en el país es indudablemente el encontrar un modelo económico que nos permita centrar la labor del Estado en lo que le corresponde realizar, cuando vemos mucho de las empresas públicas y especialmente en este verano, en que volveremos a padecer las consecuencias de una empresa monopólica como la ANDE, que no puede garantizar un buen servicio, por diferentes razones, se quejaron este año, porque las tarifas estaban fuera del rango que debieran, se incrementaron  esos números, pero no se mejoró el servicio, ahora aparece el argumento de que vienen de varios años de desfinanciamiento y que por lo tanto llevará todavía una buena cantidad de tiempo, ponerse a la altura y exigencias de la demanda de la gente. Pero si vemos también hay otras empresas públicas como el caso de la INC, que compra una nueva planta para procesar clinker y que ha tenido más de cien fallas, en un período de prueba y que podría ser otro gran elefante blanco, adquirido por el estado a las costas de cada uno de los contribuyentes, vemos de que hay algo mucho más profundo y grave en todo esto, el Estado no sabe hacer bien estas cosas y cada vez nos cuesta mucho más mantener a un personal ocioso y además de todo eso manipulado en tiempos electorales para que voten por que se sigan siendo manteniendo las cosas hasta ahora, nos cuestan mucho las empresas monopólicas del Estado, pero por sobre todo no vemos un rol del estado propiamente, incluso en aquellos sectores en donde debería actuar como elemento regulador del mercado. En definitiva tenemos dificultades filosóficas, administrativas y de gestión. (BFB)

A platazo

Es evidente que las campañas sacan lo mejor y lo peor de las personas, algunos demuestran cual es su verdadera concepción con respecto al poder, que es lo que entienden con respecto al de la prensa, a las encuestas, al twitter. La expresión del presidente Cartes de acusar de muchos de los males del país a los periodistas y especialmente aquellos que son críticos a su gobierno, y afirmar en términos bastantes soeces a la labor que cumplen algunos es una demostración de pobreza de espíritu que dominan a varias personas en estas elecciones. También ha sido noticia el hijo de la dip. Perla de Vazquez, exhibiendo dólares sobre una mesa dispuesto a comprar la voluntad de los votantes santanianos en el dia de los comicios, otras expresiones más se dieron en el transcurso de esto que casi siempre rodea a la práctica electoral y que demuestra, reitero, nuestra pobreza cívica, nuestra pobreza moral y nuestra pobreza argumentativa, no somos un país en el que estamos acostumbrados a debatir sus diferencias y a plantear propuestas, somos más bien personas que responden con insultos y agravios, cualquier afirmación que no sea la que uno comparte o tiene como argumento central. En definitiva las cuestiones electorales han vuelto a mostrar lo peor y pocos casos de lo mejor de nuestra sociedad, y varios de los temores que son permanentes en la vida política nacional, la posibilidad de comprar las voluntades de los votantes o de torcer las voluntades de los trabajadores del sector público, que más de 300mil de ellos, casi siempre son carne de cañón en los procesos electorales.   (BFB)

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