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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Ojo con la violencia

A los habituales actos de violencia protagonizados por las organizaciones criminales EPP y ACA en el Norte, se han unido en las últimas semanas atentados y asesinatos en Caazapá y Caaguazú, con aparentes vínculos a cuestiones políticas. Esta situación debe preocuparnos seriamente, pues de ser un país de paz y gente trabajadora, en poco tiempo podríamos pasar a convertirnos en una nación en permanente conflicto armado como, lastimosamente, ocurre en otras latitudes.

A pesar de la existencia de la ONU, la OEA y de tantas organizaciones internacionales y locales que promueven la paz, la realidad nos muestra un mundo plagado de guerras civiles y enfrentamientos bélicos en todos los continentes. Sea por razones políticas, raciales, religiosas o territoriales, los gobiernos y las organizaciones violentas envían a la gente a matarse entre sí. En América Latina tenemos el agregado de las acciones delictivas y los asesinatos realizados por los narcotraficantes, en muchos casos, aliados con autoridades regionales.

Es de público conocimiento cómo algunas naciones de nuestro continente han ido cediendo terreno a los grupos mafiosos y hay extensos territorios que ya están bajo el dominio dictatorial de estas organizaciones criminales.

Nosotros ya tenemos al EPP y a la ACA en el Norte y pese a los esfuerzos de sucesivos gobiernos, la represión policial y militar no ha podido eliminarlos. No podemos dejar que esta grave enfermedad social se extienda a otras regiones. Si dejamos que eso suceda, solo más tragedia, muerte y dolor nos esperan en el futuro.

Tenemos que prender la señal de alerta y advertir a todas las organizaciones sociales y políticas que este país apacible, tranquilo, con gente hospitalaria y trabajadora puede, finalmente, convertirse en un campo de batalla entre los dementes amantes de la violencia. Hay naciones que están en guerra permanente desde hace 30 años.

La represión a cargo de Fuerzas Armadas del Gobierno puede reducir o eliminar temporalmente a los grupos criminales, pero la paz duradera y fructífera es únicamente hija de la justicia, del Estado de derecho, de la solidaridad y del respeto generalizado de los derechos humanos fundamentales.

No es una casualidad que los actos de violencia como secuestros, asaltos y asesinatos tengan lugar, mayoritariamente, en departamentos históricamente pobres y mantenidos en la marginalidad como San Pedro del Ycuamandyyú , Concepción y Caazapá. Por el contrario, en una zona de gente trabajadora, próspera y con un bienestar socioeconómico generalizado, como Itapúa, los grupos guerrilleros no encontrarán raíces de las cuales agarrarse.

El combate a los grupos criminales por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta no está dando los resultados esperados. Ojalá mejore su desempeño y capture a los delincuentes. Pero, al mismo tiempo, con idéntica intensidad y recursos, se deben combatir las raíces que propician la creación de los grupos violentos: la pobreza, la marginalidad, la ignorancia, la desnutrición, la ausencia del Estado, las injusticias y la corrupción impune. Mientras estas lacras azoten a los pobladores, siempre habrá personas dispuestas a reclamar con un arma lo que la sociedad estructuralmente le niega.

Por Ilde Silvero

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/ojo-con-la-violencia-1424607.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

6 comentarios en “Ojo con la violencia

  1. Basta de autoritarismo
    24 AGOSTO, 2016
    Lo que sucede en Choré donde nueve concejales de doce, tuvieron que reunirse de urgencia y firmaron un comunicado de repudio al proceder del Intendente Carlos Giménez Díaz de la ANR, quien fue denunciado por haber disparado con un arma de fuego hacia el párroco de esta localidad es grave. Solicitan en la nota que se apliquen las sanciones que dictan el código penal vigente. El otro ingrediente explosivo del caso Choré es el cura párroco Bernardo Cristaldo Mieres, hermano de los integrantes y cabecillas del EPP, a quienes se responsabilizan de varios crimines en el norte de la región oriental, la agresión muestra la triste realidad de cómo entienden sus funciones nuestras autoridades y lo peligroso que se vuelven para la paz pública.

    Giménez Díaz, es el resultado de la baja por no decir nula intensidad de nuestra democracia y de la falta de calidad y rigor de las instituciones oficiales. No se exagera cuando se dice que a todos los que son candidatos y candidatas a Intendentes y concejales municipales se los debieran someter a un examen previo y un cursillo para formarlos, informándoles de lo que pueden hacer y no pueden en el cargo, y cuáles son sus obligaciones y deberes. Esto qué es tan fundamental y que se supone que cualquier escolar que haya dado educación cívica lo sabe, no lo saben los intendentes y ediles en el interior del país y es un pena el desconocimiento del reglamento en cosas tan elementales que le corresponden realizar en funciones como representantes de la ciudadanía.
    Otro tema donde las autoridades del interior del país y hasta del departamento central, tiene serias deficiencias guarda relación con el manejo del dinero público, muchos administradores de la cosa pública, creen que el dinero es de su propiedad pagan y ordenan gastos sin ninguna prolijidad y luego en el momento de las rendiciones se encuentran en tremendo problemas. Muchos lo harán sin malas intenciones y por desconocimientos, pero otros a sabiendas, creen que la impunidad y los amigos políticos les pueden salvar de la justicia o de los informes de contraloría que luego puedan crearles serias dificultades, En ambos casos por acción aleve y premeditado o por desconocimiento el perjuicio al pueblo y al estado dan los mismos resultados.
    Yendo al caso concreto de Carlos Giménez Díaz, no puede ser que un Intendente no pueda tolerar críticas a su gestión y en especial cuando provienen desde el pulpito de la Iglesia local, como las proferidas por el sacerdote Cristaldo Mieres y menos querer zanjar el entredicho por medio de la violencia haciendo disparos con armas de fuego al aire, las comunidades campesinas deben evolucionar cívicamente y no permitir que la petulancia de caudillos demodé sigan haciendo de las suyas, estos personajes de operetas, altisonantes e inútiles caminan a contramarcha de la historia. El perfeccionamiento creciente del sistema democrático debe arrinconar y apartar a estos siniestros personajes de la vida pública regional y nacional.

    Andrés Granje

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    Publicado por Anónimo | 26 agosto, 2016, 6:51 am
  2. Los crímenes que conmocionaron al país

    Los casos de Cinthia Carolina Escobar y de la adolescente Carolina Marín fueron dos crímenes que, por sus características, conmocionaron a todo el país. El primero, es decir, el de Cinthia, llamó la atención por el ensañamiento que demostraron los autores al desmembrar el cuerpo y tirarlo en bolsas en un yuyal de Villa Hayes. Aparece como principal sospechoso su expareja, que según testigos la sometía a maltratos constantemente. Por su parte, la joven Carolina Marín falleció a consecuencia de brutales golpes recibidos de su tutor, quien le propinó castigos durísimos que le causaron la muerte.

    Los dos fallecimientos nos lastiman profundamente, ya que ambas murieron de una forma salvaje y horrenda, que solo podemos ver en las películas de terror. Cinthia fue decapitada y hasta ahora no aparece su cabeza. No imaginamos cómo terminó la vida de Carolina, de 14 años, muerta a golpes tremendos propinados por su tutor, que en realidad la tenía como criadita. Toda la comunidad de Vaquería, en el departamento de Caaguazú, se movilizó indignada por el hecho y reclama justicia.

    El criadazgo es una práctica muy antigua en el Paraguay. Con la promesa de dar educación, comida, ropa y techo a una niña que viene de una familia muy pobre, se llega a casos muy tristes, como los abusos y hasta violaciones. Desde 2012 está prohibida esta práctica, pero como sucede siempre, se viola la ley, con cualquier pretexto. Como sociedad, tenemos que plantear seriamente la cuestión, para evitar en el futuro historias como la de Carolina.

    Detrás de cada crimen hay situaciones de celos, pobreza, codicia, problemas de conducta, trastorno de personalidad y tantas cosas más. Se entrelazan muchas veces: la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción. Las chicas, movidas por el consumismo despiadado, se entregan a la prostitución, sin medir las consecuencias. Desean las cosas materiales sin sacrificarse para obtenerlas, y en ese mundo oscuro sabemos que hay otros vicios como las drogas y el alcohol. Todo esto ayuda a las maquinaciones siniestras.

    Entonces, es fácil deducir que algo anda mal. La familia no educa en valores cristianos y fallan los colegios, las Iglesias, los medios de comunicación y las otras instituciones encargadas de velar por nuestras vidas y el cumplimiento de las leyes. A partir de la Constitución de 1992 se han creado muchas dependencias para atender a los niños y adolescentes. Surgió las Codeni en las municipalidades, las Defensorías, Fiscalías, Juzgados de menores, Ministerios y Secretarías. Hay nuevas leyes, que deben proteger a los más indefensos y vulnerables. Pero ante hechos como los de Carolina Marín nos preguntamos: ¿de qué interés superior del niño hablamos? Días después, la prensa reportó otro suceso en Ytakyry (Alto Paraná) que hablaba de un chico de 13 años asesinado y cuyo cuerpo también fue cercenado y enterrado en un gallinero. Mientras tanto, en Areguá, un hombre incitado por los celos intenta matar a su esposa con un machete. La hiere en la cabeza, la cara y las rodillas, Milagrosamente, ella salva su vida aunque pierde cuatro dedos de la mano. Su agresor termina falleciendo, ya que probablemente se suicidó lanzándose enfrente de un camión de gran porte. Y así, sucesivamente, irán apareciendo otros casos, tal vez más terribles. Los sicólogos, psiquiatras, educadores, curas y pastores, padres de familia, comunicadores y juristas tienen mucho que hacer al respeto. Es hora de ponernos a debatir y encontrar respuestas. En caso contrario, demostraremos con el silencio y la inacción que somos cómplices de los autores de esos hechos criminales.

    Por Blanca Lila Gayoso

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/los-crimenes-que-conmocionaron-al-pais-1451807.html

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    Publicado por Anónimo | 12 febrero, 2016, 7:43 am
  3. Una raquítica institucionalidad amenaza viabilidad del Estado

    Uno de nuestros problemas más graves es la falta de institucionalidad o su extrema fragilidad. Los organismos estatales tienen que regirse por las normas, sin que intereses ajenos a sus fines prevalezcan. Y los hombres públicos, electos para actuar con responsabilidad, no pueden integrar turbas que tengan el propósito de impedir que las autoridades cumplan su obligación. El Consejo de la Magistratura –que recibe presión política para apoyar la impunidad al ex intendente de Lambaré–, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) –asaltada por el hermano de un intendente– y tres parlamentarios –que invadieron una Fiscalía– evidencian una absoluta falta de respeto hacia las instituciones.

    En un país democrático, ordenado jurídicamente, las instituciones tienen roles específicos que cumplir. Esto significa que todas las personas, comunes mortales o investidas con algún tipo de autoridad, tienen que ceñirse a las normas de procedimiento dictadas por las leyes vigentes. Nadie puede invocar ningún tipo de privilegio para pasar por encima de lo establecido.

    Hechos recientes, sin embargo, demuestran que una institución estratégica para el buen funcionamiento del Poder Judicial –como es el Consejo de la Magistratura– puede apartarse de sus fines y actuar en base a presiones e intromisión del poder político para apartar de su función de investigadora del ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, a la fiscala Blanca Agüero.

    Es evidente que el propósito del imputado y sus defensores es sacar de la escena a la agente del Ministerio Público, que hasta ahora ha actuado correctamente al cumplir su rol de representante de la sociedad, buscando pruebas en contra del ex intendente colorado Roberto Cárdenas, que pretende su re-reelección y lesionó la confianza pública al no garantizar la calidad de la construcción de aulas del Colegio Nacional de Lambaré. Si la influencia perversa e interesada en garantizar la impunidad de un funcionario público logra su propósito, el Consejo de la Magistratura se habrá prostituido para responder tan solo a intereses políticos y no a lo que dispone la ley.

    El otro caso involucra a los senadores del Partido Liberal Radical (PLRA), Luis Alberto Wagner y Ramón Gómez Verlangieri, así como al diputado del mismo partido Salustiano Salinas, quienes, en compañía de una horda de manifestantes, atropellaron la Fiscalía de la ciudad de San Antonio.

    Esa circunstancia exteriorizó la intención de influir en la decisión de la fiscala que investiga al ex intendente sanantoniano Raúl Mendoza –aspirante a la re-reelección–, imputado por el supuesto mal uso de dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). La turba se presentó en momentos en que el procesado debía declarar ante el Ministerio Público. Es inadmisible que legisladores que elaboran leyes –y, por lo tanto, deben ser los primeros en acatarlas– busquen torcer la voluntad de la Justicia a través de un grupo de exaltados.

    La tercera situación se dio cuando la Senad se incautó de un cargamento de drogas en Puentesiño (Departamento de Concepción), y un grupo en el que también se encontraba el hermano del intendente de aquella localidad, recuperó y llevó lo decomisado.

    Estas situaciones reflejan el grave deterioro de la institucionalidad en el país. Las autoridades de los tres poderes del Estado que conforman el Gobierno tienen que tomar cartas en el asunto para poner freno al desborde. De lo contrario, se apoderará del país la idea de que las instituciones están de más y que cualquiera puede pasar por encima de ellas y de las leyes, siempre y cuando sea lo suficientemente poderoso para hacer las cosas a su arbitrio.

    http://www.ultimahora.com/una-raquitica-institucionalidad-amenaza-viabilidad-del-estado-n944234.html

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    Publicado por jotaefeb | 8 noviembre, 2015, 6:23 am
  4. Prevenir la violencia

    El atentado recientemente sufrido por el candidato del PLRA para la intendencia de Yuty, Nelson Vera, fue un hecho que, según informes de fuentes confiables, forma parte de una vieja disputa entre el candidato mencionado y su grupo político, y el concejal departamental Benjamín Adaro Monzón, de la ANR.

    Este último personaje es un político al que se describe como un hombre que logró amasar una gran fortuna en poco tiempo, caudal de origen desconocido e inalcanzable para quienes habitan esa región del país y trabajan regularmente. Su presunta vinculación con negocios ilícitos todavía no se traduce en acusaciones formales ni está probada con evidencias, pero constituye la conjetura predominante en los corrillos de la zona.

    Por otra parte, no fue el único atentado que envolvió a políticos en esta época electoral. Se cree que los recientes asesinatos perpetrados contra un empresario caazapeño y otro de Capitán Bado responden al mismo tipo de secuencia criminal, y que están asociados al proceso que va a culminar con los próximos comicios que renovarán las autoridades locales en todo el país.

    Lo que resulta visible es que estos hechos de inseguridad fueron lo suficientemente importantes en sus respectivas zonas como para que la jefatura policial haya trasladado de distrito a unos veinte jefes, entre ellos a quienes tenían a su cargo las localidades afectadas por los hechos de sangre mencionados.

    Puede tratarse de mera coincidencia, pero la frecuencia de atentados y crímenes contra candidatos políticos y sus allegados en vísperas de unas elecciones siempre constituirá algo que despierta suspicacias y que, eventualmente, mueva a conjeturas y conclusiones precipitadas, así como a la exacerbación de los ánimos de las personas dadas a reacciones irreflexivas y violentas.

    De ahí que las autoridades encargadas del orden social y la conservación de la paz pública deban redoblar ahora sus esfuerzos, especialmente en la prevención de esta clase de atentados. En las localidades pequeñas y medianas del interior del país, las rivalidades muy fuertes suelen ser conocidas por todos y, por consiguiente, con mucho mayor detalle por la policía local, hecho que, al menos en teoría, debería facilitar mucho la vigilancia y la prevención.

    Hasta hoy, nuestro país goza de un beneficio social importante del que no muchos otros, del llamado Tercer Mundo, pueden jactarse, cual es la conducta habitualmente pacífica que caracteriza a la mayoría de nuestra población, especialmente en lo que concierne a su participación en actividades políticas y en manifestaciones públicas. Estas virtudes son esenciales para ir construyendo la sociedad cívicamente educada y democráticamente consolidada que se suele apreciar como el anhelo común de los pueblos civilizados, de suerte que ponerlas en riesgo es, ciertamente, algo preocupante.

    Preocupante, precisamente porque es sabido, ya que la historia lo enseña con harta frecuencia, que estas virtudes no son inamovibles, no son indestructibles, sino que se ganan y se pierden por acción de las propias sociedades cuando se transforman para mal; por lo que suponer que los paraguayos estamos para siempre librados de las conmociones que fraccionan o destrozan tan trágicamente a otros pueblos sería cometer el riesgo de mirar ingenuamente la realidad, y caer en la torpeza de no aprender de las desgracias ajenas, o de ignorar los errores que nosotros mismos, como pueblo, cometimos en el pasado.

    Las elecciones políticas vienen siendo trámites ordenados y sosegados en el Paraguay, desde que, hace casi tres décadas, se inició el período democrático. Afortunadamente, en este lapso no padecimos esas alteraciones graves de conducta colectiva que en otros lugares suelen empañar los actos cívicos y deslegitimar sus procesos, pero la presencia cada vez más cercana de agentes de organizaciones criminales como las del narcotráfico metiéndose en la política, es algo que pone en serio riesgo esas ventajas conseguidas, y nubla el horizonte de la paz social en el país. Quienes no quieran ver el peligro que esto representa es por ingenuidad o por conveniencia.

    Los últimos crímenes con tinte político deben sonar como una campana en los oídos de las fuerzas de seguridad. Ellos saben qué otros males anuncian, y cuál es el riesgo de que se propaguen y acaben convirtiéndose en feroces masacres como las que, infelizmente, menudean en países con mucho más recursos para combatir el crimen, como México, por ejemplo.

    Nuestros organismos de seguridad deben poner todo su empeño y gastar sus mejores recursos en la prevención, ya que una vez desatado el mal social de la violencia les será mucho más difícil triunfar, según nos muestra la experiencia con el EPP, la ACA y las demás organizaciones criminales que hoy están poniendo en zozobra a la población.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/prevenir-la-violencia-1424407.html

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    Publicado por jotaefeb | 8 noviembre, 2015, 6:03 am
  5. Bochornosa debilidad

    Una turba integrada por unas 500 personas, aparentemente simpatizantes de la ANR, liberó en la tarde del miércoles una carga de marihuana que estaba oculta en un camión incautado por agentes fiscales y de la Senad, en el distrito de Sargento José Félix López, departamento de Concepción. Según las informaciones la carga pertenecía al hermano del intendente de dicha localidad.

    Cuando los intervinientes se disponían a trasladar el camión para el pesaje de la droga, la comitiva de intervinientes fue sorprendida por una turba de unas 500 personas, quienes rodearon el vehículo y a los agentes les despojaron de sus armas, celulares y rompieron el acta de procedimiento.

    Las informaciones publicadas señalan que después de varias horas de tensión, llegaron siete efectivos policiales, quienes convencieron a la turba para liberar a la comitiva, a cambio de no retener la carga ni arrestar a Odilio Sánchez, hermano del intendente y responsable de la carga. Finalmente, luego de casi dos horas de negociaciones, los atacantes devolvieron las armas y los teléfonos móviles a los representantes del Ministerio Público y de la Senad, quienes se retiraron del lugar.

    Ayer, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, trataba de justificar a toda costa este vergonzoso hecho, que demuestra una vez más la debilidad de las instituciones del Estado y el terrible fortalecimiento de las organizaciones delictivas y mafiosas en diferentes puntos del país. Peligrosamente, el Estado paraguayo está perdiendo el control de su territorio y está demostrando que las instituciones responsables de la seguridad de la República pierden presencia y autoridad en el combate al crimen.

    El bochornoso incidente se registró en la zona dominada por el EPP y la ACA y en donde supuestamente están desplegadas las unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta, cuyo funcionamiento le significa a la sociedad paraguaya una suma multimillonaria, y que hasta ahora no ha convencido en su lucha contra la organización delictiva.

    No es la primera vez que los traficantes liberan una carga de droga incautada. En enero de este año, un cargamento de 252 kilos de cocaína fue recuperado por los traficantes nada más y nada menos que de la Jefatura de Policía de Pedro Juan Caballero.

    El poder de los narcotraficantes en nuestro país es cada vez mayor. Se sabe que muchos parlamentarios tienen vínculos con el tráfico de drogas y siguen campantes en el Congreso sin que nadie se inmute. El dinero sucio de la droga financia campañas políticas e instala autoridades que administrarán la República. Si la ciudadanía no reacciona a tiempo, la podredumbre habrá contaminado ya toda la sociedad y entonces probablemente ya será demasiado tarde.

     
    – See more at: http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/37470-portada-de-nuestra-edici%C3%B3n-impresa-de-jueves-5-de-noviembre-del-2015#sthash.TlMXYxWp.dpuf

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    Publicado por jotaefeb | 8 noviembre, 2015, 6:02 am
  6. Una de cal, y otra de arena

    Dos atentados en casi 24 horas conmocionaron al país y revelaron un nuevo movimiento geopolítico del narcotráfico. El candidato liberal a la intendencia de Yuty, Nelson Vera Villar, del PLRA, era atacado. Salió ileso, pero un guardia y dos mujeres que viajaban con él resultaron heridos. Su vehículo fue literalmente rociado a balazos.

    No dejaba de ser noticia cuando sicarios asesinaban al empresario Galo Ramón Cardozo, en un camino vecinal de Yvatí. Hay sospechosos. Lo que no hay son detenidos. Si los atentados hubiesen sido en otro lugar quizás hubiesen pasado desapercibidos. Sucedieron en Caazapá, una zona relativamente tranquila donde sí abundan denuncias de rollotráfico y tráfico de ganado.

    Pero la zona brinda ciertas características ideales al narco. Caazapá está en un punto estratégico. Lo reconoce incluso el propio ministro de la Senad, Luis Rojas. Se encuentra en un punto intermedio entre las zonas de producción de marihuana y los nuevos mercados. Sin embargo la zona es vulnerable para grupos mafiosos que extienden sus  tentáculos y mueven fortunas incalculables.

    Casi al mismo tiempo, en San Lorenzo, la Senad detenía a una pareja de microtraficantes e incautaba 3 kilos de marihuana. Pequeños, pero no menos perjudiciales, distribuidores de drogas. Hace un tiempo la Senad hablaba de una estrategia contra el pequeño tráfico que inunda los barrios y sume a los jóvenes en la violencia. Uno puede entender que atacar poderosas estructuras es una tarea difícil, pero los grandes productores siguen acosando a jóvenes y no tan jóvenes.

    Me parece que es como con el contrabando. Se ataca al que vende aceite y jabón en la calle mientras miles de camiones surten a grandes empresarios. Una de cal y otra de arena. Así vamos tapando al difunto

    Por Mariano Nin

    http://www.extra.com.py/columnistas/una-de-cal-y-otra-de-arena.html

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    Publicado por jotaefeb | 8 noviembre, 2015, 6:01 am

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