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Maldonado y el pecado de la avaricia

El diputado liberal Celso Maldonado dijo durante la discusión de un proyecto de ley sobre emprendedurismo que el secreto de su éxito radicaba en “ser muy cuidadoso con las finanzas”. Contó que comenzó a trabajar a los 15 años vendiendo artesanía y, cuidando el dinero, llegó a ser el dueño de la Línea 49, accionista de la Línea 30 y diputado nacional.

Tengo problemas con el éxito de Maldonado. El artículo 196 de la Constitución expresa que “ningún senador o diputado podrá formar parte de empresas que exploten servicios públicos o tengan concesiones del Estado”. Como en este país la Carta Magna es solo una referencia vaga, pasemos a otro problema. Las finanzas familiares del diputado las resuelve el Estado, que paga a los Maldonado unos 60 millones de guaraníes mensuales en remuneraciones.

Es que no son pocos. Trajo a dos de sus hijas y a dos sobrinos a trabajar a la Cámara Baja. Una tercera hija es funcionaria de la Contraloría General, pero estaba comisionada en el Senado. Hay más familiares suyos que llegaron a la administración pública sin concursar, pero no tengo tanto espacio. Sobre todo, porque hay otro problema, más serio que los anteriores.

Es que, de tanto cuidar sus ganancias como empresario del transporte, Maldonado se cargó con medio Código Laboral. Sus ex choferes aseguran que tenían que trabajar entre 16 y 18 horas al día, no cobraban salario fijo, no tenían seguro social ni vacaciones pagas, no cobraban horas extras y percibían el aguinaldo en cuotitas. Cuando intentaron formar un sindicato, cincuenta de ellos fueron despedidos. Hasta aquí, una historia tan repetida que ni siquiera se convierte en noticia.

Con lo que no contaba Maldonado era que la desesperación de los despedidos los llevaría a tomar medidas extremas que terminaron capturando la atención pública. Algo anda muy mal en un país donde los trabajadores necesitan crucificarse literalmente –con clavos de verdad– y coserse la boca para que sus reclamos sean escuchados por la prensa. Esa era su única salida, pues no esperaban nada del Gobierno, cuyo ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, es más patronista que Sotero Ledezma, aquel zalamero seudosindicalista de los tiempos de Stroessner.

Tampoco contaba con la tozudez de sus despedidos, que hoy cumplen 130 días manteniendo la protesta. Por el camino obtuvieron mucha solidaridad. La imponente resistencia de los choferes de la Línea 49 llevó a un paro general del transporte y puede provocar una huelga general el mes que viene.

El éxito de Maldonado también es un problema para su hija Belén, candidata a concejal en Luque, a quien la recuerdan por haber sido expulsada de la Universidad Católica por comprar notas. En el fondo es solo una cuestión de conceptos. Maldonado confunde el cuidado de las finanzas con uno de los pecados capitales.

Por Alfredo Boccia Paz

http://www.ultimahora.com/maldonado-y-el-pecado-la-avaricia-n944459.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

2 comentarios en “Maldonado y el pecado de la avaricia

  1. La corrupción mata

    Está plenamente comprobado que, directa o indirectamente, los hechos de corrupción son causantes de muertes de inocentes ciudadanos. La caída del techo de un aula del Colegio Nacional de Lambaré en el momento en que estaban adentro alumnos y una docente, en setiembre último, afortunadamente no representó el fallecimiento de alguna persona.

    Muchas otras sedes de educación primaria y secundaria del sector público, como la señalada institución, fueron erigidas por medio del Fonacide y, pese a ser nuevas, hay signos de fraudes porque partes de esas edificaciones han caído y otras evidencian deterioros (escuelas María Auxiliadora de Villa Hayes y Miguel J. Torres de Carapeguá, por citar dos casos específicos), tal como señalan los reportes de corresponsales de ABC Color.

    Al ser analizados los antecedentes que se relacionan con la ampliación de las instalaciones del mencionado local de enseñanza lambareño, la conclusión que surge es que el desplome que afectó a uno de sus salones sería la consecuencia de un acto de vil corrupción, porque hay indicios de que la obra se hizo con materiales inapropiados, de mala calidad y además con sobreprecio, como sospecha una agente fiscal. La Municipalidad de Lambaré abonó por la citada aula que colapsó y por dos más (en la planta alta de un pabellón), cuando era administrada por Roberto Cárdenas (ANR), la friolera de casi G. 267 millones.

    Como ya es bien sabido, el modus operandi en el Paraguay en esta clase de casos es desembolsar la mayor suma posible, hacer los trabajos con materiales de pésima calidad y sin tener en cuenta los criterios técnicos, para así utilizar menos dinero en la obra y repartirse la diferencia, para lo cual generalmente ya existe un acuerdo previo entre contratante y contratado. De esa forma consuman el delito de apropiación de caudales estatales, y no les importa si ponen en riesgo la vida de semejantes. Es por esto que los perpetradores merecen el mayor castigo previsto en el Código Penal, para tratar de desalentar que otros hagan lo mismo.

    También representa una gran cobardía y angurria indescriptible, un atentado contra los habitantes decentes de esta República, el hecho de que los malhechores de cuello blanco hagan figurar falsamente, para saquear, que enseñan en universidades estatales, se confabulen para anotar en las plantillas del sector público a parientes para que reciban sueldos sin trabajar, den dinero del erario a acompañantes en viajes de supuestas misiones oficiales o paguen a empleados privados con caudales del Tesoro nacional. De aquellas y cientos de formas más se sustrae el dinero que debería ser invertido, por ejemplo, para que nunca falten medicamentos, equipos médicos y ambulancias en hospitales públicos, mediante los cuales se podrían salvar vidas.

    En otros casos los fondos fueron –o lo son aún– robados directamente, como los que debieron ayudar en programas agrícolas (caso Fenaprofhp), provisión de computadoras a escolares (en Pdte. Hayes), etc., cuyos responsables continúan increíblemente libres como si fueran personas de bien.

    Los mencionados tipos de ladrones y sus cómplices acaparan buena parte de los recursos que recibe el Estado en concepto de impuestos y por la producción y venta de electricidad de Itaipú y Yacyretá. Todavía cuentan con el encubrimiento de sus colegas “políticos” o “dirigentes” de sus partidos y del Gobierno y a causa de ello no pueden ser alcanzados por el débil brazo de las leyes y jueces nacionales.

    Sin embargo, en gran medida gracias a los reclamos y exposición de pruebas por parte de la prensa y estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) a quienes se adhirieron los alumnos de otras instituciones con sus parientes y ciudadanos libres de ataduras politicopartidarias, algunos principales acusados de apoderarse del dinero del pueblo a través del Rectorado y diferentes estamentos similares o subalternos a él, ya están detenidos y siendo enjuiciados, tal vez como nunca antes había sucedido en Paraguay.

    Asimismo, el exintendente Roberto Cárdenas está imputado y aunque varios de sus correligionarios movieron sus influencias a fin de intentar evitar que la causa prospere, para que no haya sanción, existen esperanzas de éxito por medio del valiente trabajo que hacen miembros no contaminados de la Fiscalía.

    Por Gustavo Ortiz G.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/la-corrupcion-mata-1423959.html

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    Publicado por jotaefeb | 8 noviembre, 2015, 6:27 am
  2. Maldonado

    Lo primero que se hace cuando estalla una crisis es definir a quién corresponde arreglar el pastel. Para ello es importante tener clara cuál es la situación y quiénes son responsables de haberse llegado a ese estado de cosas. La huelga de choferes es una consecuencia del mal manejo de la empresa Línea 49 en su relación con los trabajadores, y del Ministerio del Trabajo que no atendió eficientemente el tema en su momento.

    El sufrimiento de los pasajeros, la violencia en contra de algunas unidades de transporte, la intervención policial, inclusive de la justicia, ya son consecuencias de la primera consecuencia: la huelga. Pero también hay consecuencias “invisibles e intangibles” como el deterioro de la salud de los huelguistas y de la economía familiar de los mismos además de otros múltiples factores.

    Capítulo aparte merece el retroceso que significa para el Paraguay en materia de cultura política el hecho increíble de que una empresa en esta época, en pleno siglo XXI, se niegue a reconocer un sindicato y que despida a todos aquellos trabajadores que estaban inmiscuidos en la iniciativa, que como todos sabemos está plenamente garantizada por la Constitución y por ende está acorde a los principios democráticos. Más increíble aún es que el Gobierno respalde a la empresa en su troglodita decisión en vez de apoyar el ejercicio de un derecho constitucional de los trabajadores.

    Volvamos a cómo comenzó. Los trabajadores de la Línea 49 querían formar un sindicato. Por decisión de la empresa no hubo sindicato y los impulsores fueron despedidos, todo con apoyo del Ministerio del Trabajo. Luego, todo lo que sucedió después es responsabilidad de la empresa y del ministerio del ramo.

    ¿Pudo haberse evitado todo lo ocurrido y lo que seguirá ocurriendo? Por supuesto que sí.

    Primero, el dueño de la empresa, Celso Maldonado, no tenía que ser ni siquiera candidato a diputado porque la Constitución lo inhabilita (art. 197, inc. 6). La culpa es del partido que lo postuló a sabiendas y de la justicia electoral que lo admitió también a sabiendas. También es culpa de la Cámara de Diputados por tomar juramento a una persona que a sabiendas de que no lo hará se comprometió a desempeñarse en el cargo “de conformidad con lo que prescribe esta Constitución” (art. 188).

    Despedir a trabajadores que desean formar un sindicato y mantener la postura contra viento y marea no lo hace cualquier empresa, primero porque la Constitución respalda a los empleados con esta determinación: “Todos los trabajadores públicos y privados tienen derecho a organizarse en sindicatos sin necesidad de autorización previa. …Para el reconocimiento de un sindicato bastará con la inscripción del mismo en el órgano administrativo correspondiente”.

    El diputado Maldonado y el ministro de trabajo, Guillermo Sosa, no cumplieron el mandato constitucional, sin consecuencia alguna para ellos. Ninguno de los otros 79 diputados dijo nada ni como persona ni como colegiado, tampoco dijeron nada los partidos que respaldan a estos personajes públicos, ni el Poder Ejecutivo que respalda al ministro. Tampoco dijo nada el Poder Judicial que “es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir” (art. 247).

    Entonces, ¿de qué Estado de derecho hablamos en la República del Paraguay? Ninguno de los celosos gremios empresariales de la seguridad jurídica protestó tampoco por este flagrante acto de inseguridad. Tampoco al presidente Cartes se le movió un pelo de disgusto por la falla de su ministro de Trabajo.

    Entonces, no hay otra conclusión posible. Tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo y en el Judicial hay personas que forman parte de la mafia del transporte público, que si salen en contra de Maldonado van a echar a perder el negocio de lucrar a costa de la explotación de los trabajadores del transporte y del sacrificio de los usuarios de un pésimo servicio. La doctrina Maldonado está poniendo a prueba el orden constitucional y los principios democráticos en el Paraguay. Aquí no se trata de quién ganará al final sino de qué lado está usted amigo lector.

    Por Edwin Brítez

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/maldonado-1423585.html

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    Publicado por jotaefeb | 8 noviembre, 2015, 6:26 am

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