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Rapiñan fondos de la Reforma Agraria

Tras dilatar durante dos años el inicio de la audiencia preliminar, los involucrados en la compra fraudulenta de tierras de la firma San Agustín SA en perjuicio del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) han tenido la desfachatez de reclamar su impunidad mediante unas medidas que los agentes fiscales René Fernández y Josefina Aghemo deben rechazar de plano, porque constituyen una verdadera afrenta a la conciencia jurídica y moral de todos los paraguayos. Se recordará que, en vísperas de las últimas elecciones generales, el instituto entonces presidido por Luis Ortigoza pactó con la firma citada la adquisición por 60.000 millones de guaraníes de 5.742 hectáreas de tierras no aptas para la agricultura, pese a que el valor fiscal a ser atendido, según la Ley Nº 662/60, era de solo poco más de mil millones de guaraníes.

Y bien, el acusado Ortigoza reclamó su sobreseimiento definitivo porque no habría existido ningún daño patrimonial (!), como si fuera una insignificancia el hecho de haberse abonado efectivamente 46.884.846.163 guaraníes por unas tierras inútiles para la reforma agraria, que valían solo el 2% de esa suma hasta hoy no recuperada. También pidió que se tenga presente que la vendedora condonó al Indert, bajo la presidencia de Justo Pastor Cárdenas y luego de que actuara el Ministerio Público, el saldo de 12.058.859.610 guaraníes, lo que parece incoherente con su alegato de inocencia y más propio de quien espera una reducción de la condena por la atenuación del perjuicio causado.

Solicitó, asimismo, que presten declaración testifical los coprocesados Víctor Blanco y Mario Echeverría, tasadores del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que cohonestaron el precio acordado en uno de los casos de corrupción más escandalosos de los últimos tiempos.

Estos peritos ya reconocieron haber sobrevaluado el predio al solicitar la suspensión condicional del procedimiento a cambio de donar, cada uno de ellos, la suma de 48 millones de guaraníes durante dos años: se trata de una suma ridícula, dado que pretenden librarse del justo castigo mediante un pago apenas superior al 1 por mil del monto pagado en exceso.

El exadministrador de la empresa en cuestión, Arnaldo Jara, que el 6 de abril de 2013 retiró apresuradamente de un banco de plaza la suma abonada por el Indert, fue algo más generoso que los dos tasadores infieles: propuso donar 96 millones de guaraníes durante dos años a cambio de la suspensión condicional del procedimiento, lo que de todos modos resulta absolutamente inaceptable, considerando la gravedad del daño causado al Indert. La escribana Marta Roa, que admitió haber cometido los delitos de producción inmediata de documentos de contenido falso y estafa, solicitó la misma medida, ofreciendo donar solo 72 millones de guaraníes durante dos años, suma que también resulta irrisoria.

Los procesados con el extitular del Indert fueron partícipes necesarios de un despojo que no debe quedar impune, que es lo que implicaría la suspensión condicional del procedimiento. Y, desde luego, la impunidad tampoco debe beneficiar a Ortigoza, el principal responsable de una operación de índole político-financiera que apuntó a conseguir apoyo del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) para Efraín Alegre, el candidato liberal a la presidencia de la República en las elecciones generales de 2013.

Lisa y llanamente, se compró el apoyo del referido partido al que pertenece el senador Jorge Oviedo Matto, cuyo padre era el dueño mayoritario de la empresa San Agustín. Fue una descarada maniobra, a costa del dinero público, en la que no se tuvo en cuenta en absoluto a los campesinos sin tierra, sino el interés de conseguir los votos de los miembros de un partido. El correligionario Ortigoza habrá recibido las precisas instrucciones de Federico Franco, Blas Llano y Efraín Alegre para que con la mayor premura abonara una suma multimillonaria que fue cobrada un Miércoles Santo. Lo que ocurrió fue que una entidad pública, encargada de impulsar la reforma agraria, fue bastardeada al servicio de un objetivo electoral. Todo se llevó a cabo a tambor batiente, incluso contra un dictamen de la Sindicatura General de Quiebras, a la que el Banco Nacional de Fomento había requerido su opinión.

Los fines del Indert fueron prostituidos al servicio de una candidatura, poniéndose así en evidencia, una vez más, que nuestros políticos no tienen escrúpulos a la hora de valerse de los fondos públicos para enriquecerse o conquistar el poder.

La opinión pública ha repudiado este “fato” y espera que los agentes fiscales intervinientes rechacen decididamente las propuestas indecorosas de los procesados, empezando por la de Luis Ortigoza. La impunidad debe ser erradicada para que alguna vez nos libremos del flagelo de la corrupción, mediante el simple expediente de aplicar el Código Penal a todos los sinvergüenzas que saquean el Estado, mantienen el país en el atraso y luego se benefician con la impunidad para disfrutar de los millones que robaron.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/rapinan-fondos-de-la-reforma-agraria-1423086.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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