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Para el inmobiliario, urge recurrir al valor del mercado

Cada vez es más urgente mejorar el nivel de las recaudaciones y aumentar la equidad tributaria. Los recientes cambios normativos al impuesto inmobiliario constituyen una oportunidad para garantizar el desarrollo del país a la par de una mayor justicia tributaria. Sin embargo, ello requiere cambios profundos: es necesario que el impuesto se calcule sobre el valor de mercado de la propiedad y no sobre el valor fiscal. Las autoridades con competencia en el tema deben buscar que esta fuente de financiamiento público contribuya de manera eficiente y equitativa al bienestar de la población paraguaya.

El impuesto inmobiliario constituye una oportunidad real para que los gobiernos municipales contribuyan de manera efectiva a la mejora de la calidad de vida. La Ley Orgánica Municipal les otorga  numerosas competencias que actualmente no son ejecutadas.

La queja constante de intendentes es la falta de recursos, lo que debería resolverse en parte con una buena gestión en el cobro del impuesto inmobiliario. Ello requiere cambios sustanciales en la administración tributaria local y en el cálculo del impuesto.

La mejora en la recaudación solo será posible si se modifica la base de cálculo pasando del valor fiscal al valor de mercado y si las municipalidades avanzan en sus sistemas administrativos para el cobro, control, transparencia y rendición de cuentas.

Durante años, los gobiernos locales se han contentado con recibir transferencias del Gobierno Central, con los resultados ampliamente conocidos en materia de corrupción. La pereza fiscal es otro de los resultados derivados de un mal diseño institucional de los incentivos. Si el Gobierno Central cobra y transfiere los recursos, para qué hacer el esfuerzo de recaudar.

Estamos en el momento justo para plantear un debate nacional en torno al impuesto inmobiliario. En pocos días más se realizan las elecciones municipales. Los nuevos intendentes deberán asumir el reto de implementar acciones para mejorar las condiciones de vida en los distritos y cumplir sus promesas electorales, para lo cual necesitan recursos adicionales. No pueden continuar pidiéndole al Gobierno Central cuando tienen instrumentos para dotarse ellos mismos de financiamiento.

El acceso a agua potable y saneamiento son factores determinantes para mejorar la salud de vecinos y vecinas, la provisión de servicios de transporte público y de infraestructura vial permiten el desarrollo productivo y contribuyen a la seguridad ciudadana, el aumento de la infraestructura social y espacios culturales y de recreación satisface necesidades fundamentales de la niñez, juventud y de las personas adultas mayores.

El cabal cumplimiento de estas competencias otorgadas por ley pueden y deben ser financiadas con impuestos justos. Uno de estos es el impuesto inmobiliario, que actualmente tiene una muy baja recaudación.

No hay justificación para las demandas persistentes de descentralización. Las municipalidades tienen suficientes e importantes competencias y ahora cuentan con una potencial fuente de recursos que de manejarse bien podrá financiar una parte importante de los programas municipales.

El actual impacto potencial del impuesto inmobiliario debe efectivizarse con una mejor regulación. Un factor determinante es actualizar el valor de la propiedad al valor de mercado. Esperemos que las autoridades, especialmente los nuevos intendentes y concejales, tomen conciencia del alto impacto del impuesto inmobiliario.

http://www.ultimahora.com/para-el-inmobiliario-urge-recurrir-al-valor-del-mercado-n943192.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

3 comentarios en “Para el inmobiliario, urge recurrir al valor del mercado

  1. Pagar menos, maldita costumbre
    30 octubre, 2016

    Por: Cirilo Ibarra Enciso. Periodista de ADN en Mariano Roque Alonso
    Desde agosto pasado, el Decreto Nº 5.775/16, que modifica los criterios de aplicación del impuesto inmobiliario, se constituye en un tema casi ineludible para los intendentes municipales de todo el país. Hay que reconocer que se trata de una disposición que, así de buena a primera, parece beneficiar a los propietarios de grandes inmuebles de las zonas rurales.

    Ocurre que el pagar menos impuestos es una maldita costumbre instalada en nuestro país desde añares y en este caso la referencia es al concepto de los impuestos inmobiliarios. Y quienes pueden y deben acabar con esa práctica de evasión son los legisladores y hasta hoy nadie se atrevió a intentar por lo menos algo al respecto.

    La semana pasada, tras casi dos meses de discusiones, en la Cámara de Senadores se incluyó en el orden del día el tratamiento del informe solicitado al ministro de Hacienda, Santiago Peña, sobre el Decreto Nº 5.775/16, pero al final se dejó de vuelta para otra sesión.

    Pero, ¿Vale la pena seguir analizando esa disposición?, sabiendo que la misma es transitoria y anualmente el Ejecutivo saca un Decreto similar. En uno o dos meses, a más tardar, ya debe ser modificado de vuelta el referido documento.

    Pero mientras tanto, los parlamentarios tienen la palabra y deberían crear una ley sencilla y contundente, que “obligue” a los mismos propietarios a que ellos mismos establezcan los valores fiscales de sus establecimientos.

    Sin dudas que los congresistas no se animarían a hacer eso, porque indirectamente exigirá, por ahí a sus “esponsors”, a pagar tributos que realmente corresponde y que dejen de evadir impuestos.

    Los valores fiscales que se tienen actualmente en nuestro país son muy bajos, no condicen con los valores reales, porque las municipalidades no tienen capacidad de verificar el nivel de producción o explotación de los inmuebles y menos podrá hacerlo el Servicio Nacional de Catastro.

    Entonces cada propietario debe presentar la declaración real del valor de su inmueble y que el impuesto pague sobre ese valor declarado. No debe mentir, porque si lo hace, en el momento de poner en venta va tener que comercializar por la suma que el mismo estimó.

    En otros países ya se está implementando ese sistema, de la declaración del valor por el mismo dueño y de esa manera se va logrando mejorar sustancialmente la recaudación por los impuestos inmobiliarios.

    Aquellas legislaciones obligan a todos los propietarios de terrenos, dedicados a las actividades de producción primaria agrícola y pecuaria, declaren ante las municipalidades correspondientes, por lo menos cada cinco años los valores, con certificación notarial pública.

    Ese deber formal de declarar ante la Municipalidad los bienes inmuebles nace de la regulación establecida en una ley. Con la misma regulación, las comunas podrán cobrar a los contribuyentes una multa equivalente a la diferencia dejada de pagar, si en el momento de vender establezca el valor por encima de lo declarado para pagar los impuestos.

    Ojala en nuestro país pronto los legisladores copien ese modelo y traigan a impulsarlo en nuestro medio, pero primero que trabajen un poquito en ello, que traten de adaptarlo a nuestra realidad.

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    Publicado por Anónimo | 1 noviembre, 2016, 10:11 am
  2. Obligar a los productores a pagar el impuesto inmobiliario

    Resultan reveladores los datos del Servicio Nacional de Catastro, que registran un 87 por ciento de evasión del impuesto inmobiliario en el sector rural y 60 por ciento en el sector urbano, estableciendo que los grandes productores rurales son los mayores evasores, especialmente los ganaderos, sobre todo los que se encuentran en la Región Occidental. Esto muestra que muchos de los que más se benefician de la dinámica productiva son quienes menos cumplen sus obligaciones impositivas, a pesar de la gran reducción que hubo en los valores fiscales. En este caso, los principales perjudicados son los municipios del interior del país. Al no pagar, se traba el desarrollo de las comunidades. Hay que encontrar un sistema para obligar a que cumplan con sus obligaciones.

    Muchos de los que más se benefician con la dinámica productiva de la economía son quienes menos cumplen con sus obligaciones fiscales.

    Es lo que se confirma al darse a conocer los últimos datos preliminares proveídos por el Servicio Nacional de Catastro, que registran una evasión del 87% en el impuesto inmobiliario, en el sector rural, y un 60% en el sector urbano, en los cuales se establece que los principales evasores son los grandes productores, especialmente los ganaderos establecidos en la Región Occidental.

    La situación afecta principalmente a los municipios del interior del país, que dejan de percibir una importante fuente de ingreso para financiar sus programas de desarrollo.

    Ya se había producido una sensible disminución cuando, tras haberse aprobado la Ley 5513/15, que modificó la Ley del Impuesto Inmobiliario, se había incrementado el valor de las tierras fiscales, pero las protestas de los productores agropecuarios acerca del monto del impuesto inmobiliario que debían pagar (con una tasa que se mantiene en el 1% del valor) hicieron que el Poder Ejecutivo, a mediados de agosto, reduzca hasta en un 50% los valores fiscales en varios municipios, bajo el argumento de que los pequeños productores no podían pagar el nuevo valor del impuesto inmobiliario.

    Sin embargo, según los datos que brinda el Servicio Nacional de Catastro, son los pequeños productores quienes más abonan los tributos municipales, mientras los grandes productores son los que más se mantienen en mora.

    El fenómeno resulta llamativo, ya que el sector ganadero es considerado uno de los más beneficiados con la dinámica de la productividad en términos económicos, al haberse convertido el Paraguay en el sexto país exportador de carne a nivel mundial.

    Esta bonanza del sector productivo no se redistribuye, sin embargo, en igual proporción en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

    Es una percepción parecida a la que se tiene acerca del sector sojero, cuyos directivos gremiales vienen ejerciendo un fuerte lobby a nivel legislativo para que no se impongan ni aumenten los impuestos a la producción y exportación de granos, a pesar de que se lo considera uno de los sectores más beneficiados, al ser el Paraguay el cuarto exportador y el sexto productor mundial de soja.

    Obviamente, la principal responsabilidad es del propio Estado paraguayo y de los municipios, en establecer mejores sistemas de control y de coerción, que obliguen a los grandes productores, principalmente ganaderos, a pagar el impuesto inmobiliario, pero también es necesario hacer un llamado a una mayor conciencia y responsabilidad de estos sectores.

    Que ellos y toda la sociedad sepan que al evadir los impuestos están trabando importantes programas de desarrollo en las respectivas comunidades y dañando a la misma democracia.

    http://www.ultimahora.com/obligar-los-productores-pagar-el-impuesto-inmobiliario-n1030740.html

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    Publicado por Anónimo | 14 octubre, 2016, 6:16 am
  3. El impuestazo inmobiliario rural

    El 23 de octubre de 2015 fue promulgada la Ley 5513 que modifica artículos de la Ley 125 “que establece el nuevo régimen tributario”, y los artículos 155 y 179 de la Ley 3966 Orgánica Municipal. Y a fines de diciembre del año pasado el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 4646 fijando los valores inmobiliarios que servirán de base imponible a los efectos del pago del impuesto inmobiliario Ejercicio 2016.

    En los cuestionamientos que planteo al Decreto 4646 y al establecimiento por parte de las municipalidades de gravámenes adicionales, me limito a analizar en forma exclusiva lo referente al sector rural, que comprende a pequeñas propiedades cualquiera sea su superficie hasta a las más grandes, sean ellas propiedad de personas físicas o jurídicas.

    La Ley 5513, en el artículo 4º establece que “la base imponible en el área rural será de hasta 4 veces el valor fiscal actual para el primer año de vigencia de la presente ley”. Esto significa que los montos máximos pueden ser hasta el valor 2015 por 4, en otras palabras: valor 2015 más 300%.

    El Decreto 4646, de hecho, se limita a incrementar en 300% o en casi este porcentaje a todos los inmuebles rurales de la República sin distinguir situaciones específicas, tomando como base el Decreto 2854 del 22 de diciembre de 2014, que estableció los valores fiscales a las propiedades rurales para la determinación del impuesto inmobiliario 2015.

    Observando antecedentes de los últimos 9 años comprendidos entre el 2007 y el 2015, vemos ya un incremento del mencionado impuesto del orden del 200%, aproximadamente.

    Por lo señalado, y por el aumento desproporcionado en vías de aplicación para el impuesto inmobiliario 2016, podemos afirmar categóricamente que estamos en presencia de un IMPUESTAZO que poco se compadece con las múltiples y variadas dificultades que el sector rural enfrenta en estos momentos. Una vez más serán los pequeños los más golpeados.

    Sobre el espíritu equitativo del Decreto 4646, basta una mirada a los valores establecidos para ver que no hay criterio alguno de equidad en su valuación. Los montos establecidos no responden a valores agrológicos ni de mercado. Como ejemplo podemos citar que tierras del Bajo Chaco, inundables, ubicadas sobre el mismísimo río Paraguay abonarán G. 12.000 por Ha/año; y tierras de las más ricas y costosas de la Región Oriental y el país abonarán entre G. 15.000 Y 18.000 Ha/año. Me refiero a Encarnación, Bella Vista, Fram, Hohenau, Cambyretã y otras localidades del nordeste de Itapúa. Similares valores pueden observarse para propiedades de Alto Paraná, ubicadas en Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco, Juan E. O’Leary, Yguazú, Minga Guazú y otras.

    Creo que el criterio de justicia tributaria está definitivamente ausente en muchos de los valores establecidos en el Decreto 4646.

    Yendo a otro campo, y ya en el ámbito de aplicación municipal, creo importante destacar el parágrafo 7 del Art. 60 modificado por la Ley 5513 que establece en su última parte: “Los inmuebles rurales no podrán estar afectados por ninguna otra forma de tributo o de tasa municipal”. Traigo esto a colación porque me consta que algunas municipalidades están pretendiendo cobrar un 10% adicional en virtud de una disposición de la Ley 3966 Orgánica Municipal que queda derogada por lo expuesto en el párrafo anterior.

    No es posible olvidar las dificultades que amplios sectores del campo y por múltiples motivos enfrentan en esta coyuntura (crecidas de ríos, fenómeno de El Niño, precios internacionales, pobre y deteriorada infraestructura, e inseguridad por citar algunos).

    Acerca de la calidad del gasto en el área municipal existen sólidos cuestionamientos, como es de público conocimiento: ausencia de rendición de cuentas, mala administración de fondos del Fonacide, royalties y demás.

    Considero de interés general el análisis del tema que nos ocupa y el arribo a un acuerdo entre propietarios y productores del sector rural con el Poder Ejecutivo, con el fin de establecer valores fiscales a las tierras rurales, basados en la justicia impositiva y la realidad nacional. Por último, señalo que la aplicación del principio de gradualidad puede facilitar un acuerdo beneficioso para todos.

    Por Luis Guanes Gondra

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/el-impuestazo-inmobiliario-rural-1451261.html

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    Publicado por Anónimo | 10 febrero, 2016, 7:05 am

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