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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Trapos de cocina

Los partidos paraguayos poseen un organismo interno –al que sus estatutos suelen llamar Tribunal de Conducta o algo parecido– que, por lo que muestra la experiencia, carece de verdadera relevancia o es aplastado por la autoridad central o superior de las cúpulas directivas, que son las que concentran el poder real y toman las decisiones finales.

De modo que, en el marco de este esquema, tales tribunales de conducta pasaron a ser poco menos que organismos que vegetan en el patio del fondo de los partidos, completamente parapléjicos, que se mueven solamente a empujones y en la dirección que les imprimen sus conductores. Lo peor es que suelen servir para amedrentar a los correligionarios díscolos o para sancionarlos cuando no se portan como esperan de ellos los dueños de los partidos. Lo que nunca se ve en sus miembros es que se reúnan, motu proprio, para juzgar las malas actuaciones de todos los afiliados, incluyendo a los dirigentes de esas cúpulas, y les apliquen sanciones reglamentarias o impidan el acceso de los réprobos a las candidaturas. Rara vez, por ejemplo, se preocupan de autoridades nacionales afiliadas a sus partidos y que estén inmersas hasta el cuello en el lodo de la corrupción. Pero reaccionan como furiosos moscardones cuando algún correligionario “no siguió la línea partidaria”, aunque se haya inclinado o votado por algo que es de interés nacional antes que partidario.

En estos momentos se pueden observar dos actuaciones simultáneas diametralmente opuestas en los tribunales de conducta de los partidos Colorado y Liberal Radical Auténtico. En el primero, sus miembros desesperadamente buscan excusas para evitar juzgar y sancionar a candidatos de la ANR de pésima fama pública –como el intendente con permiso de Lambaré, Roberto Cárdenas–, sobre cuyos actos, a los que debemos llamar “presuntamente ilícitos” por mera imposición legal y no por convicción, pesan gruesas evidencias de culpabilidad.

En el PLRA, por su parte, el tribunal de conducta actuó de modo contrario al sancionar al senador Carlos Amarilla por un motivo que no guarda relación con la ética ni con la violación de las leyes de la república, sino por haber tenido criterio propio. El motivo oficial contenido en la resolución respectiva expresa: “por su manifiesta inconducta ética, política, partidaria, de inobservancia de los estatutos partidarios, con la pena ética política interna partidaria establecida en el artículo 94 inciso a), consistente en su expulsión como afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico”. La “grave inconducta” del senador Amarilla consistió en que, en su condición de senador, ¡votó en contra del candidato de su partido en las elecciones para la presidencia de su Cámara! Si esto es así, el PLRA quiere que los legisladores que lo representan se conduzcan como una manada de borregos.

Más allá de la importancia que los liberales otorguen a la defección del senador Amarilla en la ocasión señalada, es evidente que aplicarle la pena máxima prevista en sus estatutos constituye, cuando menos, un exceso, más motivado por la pichadura que por el sentido de justicia.

De modo que, a un afiliado que en un acto comicial vota en sentido distinto al de su bancada y contra las instrucciones impartidas por las autoridades de su partido se le aplica la pena máxima. En el otro partido, a un candidato que está en la picota pública por ladrón, por defraudador o por estar vinculado con el crimen organizado, ni siquiera se le abre un sumario interno.

Constituyen reacciones tan desproporcionadas, comparándolas entre sí, que no cabe más que llegar a las conclusiones expresadas al principio: que estos organismos no son más que brazos de las cúpulas partidarias, sin autonomía, sin criterio ni músculo propio y sin más importancia que la que les conceden, caprichosamente, los capitostes partidarios.

No se entiende tampoco cómo es que personas ilustradas y experimentadas, la mayor parte de ellas ya jubiladas de la política activa, que suelen ser las que conforman estos tribunales partidarios, se presten tan sumisamente a dejarse instrumentar para ser convertidas en meros verdugos, desluciendo el digno papel que les asigna el estatuto. Cuando actúan por simple incitación de las cúpulas quedan muy rápidamente en evidencia, dejando en la gente la sensación de estar teledirigidas.

Es una verdadera vergüenza que en épocas como la que estamos viviendo todavía se tenga que sancionar a la gente por seguir los dictados de su conciencia. Pero es igualmente muy lamentable que la famosa “ley del ñembotavy” sea aplicada por un tribunal de conducta partidario ante un caso como el que involucra al exintendente Cárdenas, contra el que se lanzan decenas de acusaciones por mal desempeño de funciones, lesión de confianza y una retahíla de otras inconductas que tienen buenos fundamentos para sostener su veracidad sin que, pese a esto, se constituyan en obstáculos en su camino. Por el contrario, es respaldado hasta por el presidente Horacio Cartes.

Lo cierto es que ningún partido político que se precie debería permitirse estar representado en organismos públicos por gente como el exintendente de Ypejhú Vilmar “Neneco” Acosta; como Cárdenas, como Gómez Verlangieri y otros varios. Estas personas nunca debieron tener la posibilidad de recibir el apoyo oficial de su partido, conociéndose su mala fama.

Es en estos casos que los tribunales de conducta partidarios deben dejar de ser trapos de cocina de sus jefes y demostrar la importancia y la justificación de su existencia, poniéndose al frente de las organizaciones políticas para cuidar su imagen, manejando con rigor y equidad la criba ética por donde puedan pasar los candidatos decentes y quedar retenidos los deshonestos. Es la única manera de evitar que los ladrones, los narcopolíticos, los impresentables, sigan gobernando este castigado país.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/trapos-de-cocina-1422371.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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