estás leyendo...
HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

La Ley del Fonacide modificada no hará honestos a intendentes

Las modificaciones a la Ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que actualmente estudia el Congreso, podrán darle al instrumento legal mayor eficacia a la hora de controlar a intendentes y gobernadores en el uso del dinero público. Los castigos pecuniarios y de cárcel para los que roban el dinero destinado a infraestructura escolar, sin embargo, serán insuficientes si la sociedad civil no controla a los gobernantes locales y hace el esfuerzo para cambiar la cultura de la deshonestidad que condiciona las actuaciones de los administradores de los recursos del Estado. Más allá de un instrumento legal afinado, esa es la principal tarea social que resta.

Uno de los problemas más graves del país es su educación pública carente de infraestructura adecuada para que el derecho a la enseñanza sea un beneficio social que se desarrolle en condiciones humanas dignas.

Los alumnos que dan clases debajo de los árboles, los techos que se derrumban, los baños impresentables, los pisos rotos y las paredes resquebrajadas de 8 de cada 10 escuelas –de las 10.000 que existen– evidencian el alto grado de desidia que por años hubo en la atención de uno de los factores estratégicos más relevantes para buscar el desarrollo.

Poco es lo que puede hacer el Gobierno al seguir con los programas sociales de repartir dinero, alimentos, semillas e instrumentos de labranza si no hace una siembra más sólida y eficaz para el presente y el futuro: la educación. Desde esa perspectiva, los recursos del Fonacide, aunque escasos en comparación al volumen de necesidades, son de importancia capital.

Replicando la insalubre tradición paraguaya de perder oportunidades, la mayoría de los intendentes de los 250 municipios desaprovecharon la oportunidad de contar con más escuelas en mejores condiciones, disminuyendo la cantidad de las que se caen a pedazos. Los gobernadores, aunque más cumplidores de las exigencias formales de rendición de cuentas a la Contraloría, no se quedan sin embargo muy atrás en esto.

Si bien algunos de los que malversaron los fondos, destinándolos al pago de sueldos, sobrefacturaron las obras o los emplearon en obras no vinculadas a la educación, lesionando la obligación de emplear correctamente los recursos que se les entrega, están imputados –como en el caso del intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas–, casi todos están impunes y muchos de ellos serán reelectos en menos de un mes.

El escándalo de corrupción del dinero del Fonacide movió al Parlamento a presentar un proyecto de modificación de la ley vigente en el que las posibilidades de castigo de los corruptos sean más concretas.

Lo que propone es que los gobernantes locales, además de ir a la cárcel, devuelvan de sus propios medios lo que robaron. Esta disposición fue anulada por Diputados, en una clara actitud de complicidad con los delincuentes zonales. Menos mal que el Senado la mantuvo.

Las propuestas de una mejor distribución de los fondos, atendiendo a necesidades reales de los departamentos y de los distritos, son bienvenidas y serán muy útiles en corto tiempo.

Lo claro de todo esto es que la ley a punto de ser modificada en algunos de sus artículos no era la causa de la corrupción. Por eso, la que viene ahora, con algunos ajustes, quedará mejor en los papeles, pero de nuevo será insuficiente para cambiar la cultura del latrocinio de muchas de las autoridades.

Por eso, la sociedad civil tendrá que controlar a sus intendentes y gobernadores para que de a poco se vaya creando una conciencia acerca de que la honestidad es un bien público que favorece el desarrollo de todos.

http://www.ultimahora.com/la-ley-del-fonacide-modificada-no-hara-honestos-intendentes-n941481.html

Anuncios

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

6 comentarios en “La Ley del Fonacide modificada no hará honestos a intendentes

  1. El control ciudadano puede mejorar uso del Fonacide

    Ante la corrupción de los intendentes y gobernadores que desvían el dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) a fines a los cuales no está destinado, es necesario que la ciudadanía encuentre mecanismos para controlar a los gobiernos locales. Está comprobado que los organismos del Estado encargados de supervisar el uso de los recursos que desembolsa el Ministerio de Hacienda para el mejoramiento de la infraestructura de la educación pública no cumplen su función al tolerar las irregularidades y al no existir sanciones para los transgresores. El programa de internet para seguir el empleo de los fondos que el Poder Ejecutivo implementará puede ser una herramienta eficaz si las personas de cada comunidad participan activamente de la fiscalización

    La ley de creación del Fonacide tuvo la mejor de las intenciones, pues su propósito fue que un porcentaje significativo de la compensación que paga el Brasil por la utilización del excedente de la energía de Itaipú se destinara a la infraestructura escolar que se encuentra en estado calamitoso en casi todo el país.

    Lo que fue un logro relevante, sin embargo, en gran medida fue echado a perder por numerosos intendentes municipales que en vez de invertir lo que Hacienda depositaba en sus cuentas en la construcción o mejoramiento de aulas, techos y otras obras imprescindibles para que los estudiantes aprendan en condiciones dignas, lo destinaron a la reparación de caminos vecinales e incluso al pago de salarios.

    Aun cuando algunos intendentes salientes –o que continúan en sus cargos tras ser reelectos– pretendieron hacer creer a la opinión pública que no han podido presentar su informe en tiempo y forma a la Contraloría General de la República por desconocer los mecanismos para hacerlo, la verdad es que no lo hacen porque han empleado los recursos en fines diferentes a los establecidos en la ley. Esto, en materia administrativa pública, es lisa y llanamente malversación de fondos.

    Las evidencias de la irresponsabilidad de muchos intendentes están a la vista de propios y extraños. El más sonado caso fue el del ahora ex intendente lambareño Roberto Cárdenas, imputado por la Fiscalía tras caerse el techo sobre alumnos de un curso del Colegio Nacional de Lambaré.

    Si bien el Congreso se manifestó, en un tímido intento de incrementar las exigencias y los controles hacia los que deciden en cada Municipio y Gobernación el empleo del dinero, las normas –por sí solas, mágicamente– no obrarán el milagro de que todos sean honestos de la noche a la mañana.

    Por eso, la participación ciudadana –sobre todo los padres de familia, los docentes y los alumnos– es una pieza esencial para controlar a los jefes de los gobiernos locales y garantizar que la plata sea empleada correctamente.

    El Poder Ejecutivo, en los próximos días, a través de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics) habilitará en la web una aplicación para que la ciudadanía conozca los montos que Hacienda transfiere a municipios y gobernaciones. Estos, a su vez, tendrán que utilizar la tecnología disponible para mantener informados de sus gestiones a sus respectivas comunidades y departamentos.

    Hay que advertir que ese valioso instrumento no podrá cumplir su finalidad si es que los pobladores de cada lugar no exigen a sus intendentes y gobernadores que día a día vayan informando en qué están empleando sus recursos. Y si no denuncian a los corruptos para que la Fiscalía tome intervención.

    La iniciativa resultará provechosa si el poder ciudadano actúa para controlar con eficacia a los intendentes y gobernadores poniéndoles oportuno freno.

    http://www.ultimahora.com/el-control-ciudadano-puede-mejorar-uso-del-fonacide-n961342.html

    Me gusta

    Publicado por Anónimo | 24 enero, 2016, 2:33 pm
  2. Ansioso por resultados del Fonacide
    Por Luis Carlos Irala

    En el 2011 el Congreso brasileño aprobó el aumento del pago de la compensación por el uso de energía eléctrica de la Itaipú que le corresponde a Paraguay, pero que nuestro país no usa y le cede al Brasil. Antes de esta ley, el vecino país pagaba en promedio unos 120 millones de dólares al año, pero con la nueva legislación los pagos se triplicaron y pasaron a 360 millones de dólares anuales.

    uando Brasil aceptó este pedido paraguayo, a nivel local fue celebrado como una gran victoria nacional porque, ya que por fin tendríamos lo fondos necesarios para pagar la realización de importantes proyectos en bien de la educación, la salud, las obras públicas y de infraestructura en la municipalidades y departamentos del país.

    Este dinero a ser obtenido era como caído del cielo y fue un gran logro del gobierno de Fernando Lugo. Para asegurar que los recursos no sean malgastados se propusieron distintas leyes. Cada proyecto establecía en qué y cuánto se debía gastar el dinero. Cada proyectista tenía sus argumentos del porqué debía de usarse el dinero de una u otra manera. Finalmente, se optó por un texto consensuado que fue denominado Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo).

    La distribución del dinero quedó así: los municipios y gobernaciones reciben el 25%, el 30% de los fondos son destinados a Educación, el 28% al Tesoro, el 10% a Salud y el 7% a la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

    El 50% de los fondos que reciben los gobiernos departamentales y municipales deberán utilizarse en proyectos de infraestructura educativa, como construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos. Al menos así establece la Ley 4758 del 2012.

    Según los informes de la página oficial del Ministerio de Hacienda, el año pasado los municipios recibieron unos 45 millones de dólares hasta octubre, por lo que la suma a diciembre fácilmente superó los 50 millones de dólares.

    Hasta aquí todo bien. El gran inconveniente surge cuando se les pregunta a los municipios en qué realmente gastaron el dinero. El año pasado la prensa se hizo eco de que el 70% de los 249 municipios ni siquiera presentaron informes a la Contraloría General de República sobre el destino de los fondos.

    Luego surgieron los casos de mal uso del dinero como las construcciones precarias, obras fantasmas y las infaltables subfacturaciones.

    Las veces que la Contraloría o la Fiscalía intervino para investigar en qué se gastaron los fondos, siempre surgieron casos más que sorprendentes.

    Los intendentes exigen políticamente que se les entregue el dinero que le corresponde por ley, pero son pocos los que cumplen las exigencias administrativas para que se realicen los desembolsos.

    Lo más triste es que a casi cinco años de aprobarse el uso del Fonacide, hasta ahora son pocos los resultados obtenidos. La pobladores de cada municipio están más que ansiosos por ver qué se está haciendo o qué se hizo con el dinero o si fue a parar en alguna cuenta privada de los administradores.

    El año pasado asumieron los nuevos intendentes y tienen otros cinco años para administrar este dinero.

    Esperemos que se haya aprendido la lección de los malos manejos anteriores y que a partir de ahora cada moneda se ponga en el lugar que corresponde para que todos podamos ver los resultados.

    Me gusta

    Publicado por Anónimo | 17 enero, 2016, 2:57 pm
  3. Ortiz y el Fonacide

    Por Higinio Ruiz Díaz

    El intendente reelecto de la ciudad de Ypané, Horacio Ortiz (PLRA), y la tesorera de la Municipalidad, Elva Corvalán, se encuentran con paradero desconocido desde el jueves último. Desaparecieron después de que se librara una orden de detención de ambos en el marco de una investigación fiscal sobre el supuesto mal uso de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

    El Fonacide, sin duda, es un plus que se inyectó a las municipalidades del Paraguay para que la mayoría de los intendentes hagan uso y abuso de ese dinero que es exclusivamente para mejorar la infraestructura y mobiliarios de las escuelas y colegios, así como para almuerzo escolar.

    El mal manejo de los fondos obedece al poco o nulo control de las instituciones que deben velar porque los recursos sean destinados al noble fin propuesto. La Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio Público, etcétera.

    Ortiz no solo debe rendir cuentas a la justicia, sino la población de Ypané. Debe explicar dónde fueron invertidos los más de G. 1.800 millones que recibió solo en 2015.

    La denuncia indica que la administración de Ortiz adquirió computadoras para las direcciones de las instituciones educativas de la zona, pero lo hizo a un precio inflado. Por cada computadora con impresora pagó G. 4.450.000 y el precio de mercado era de G. 1.700.000.

    Además, en este municipio existen obras paralizadas por falta de dinero; escuelas que fueron destechadas y abandonadas por las constructoras porque no cobraron. Los niños dan clases bajo los árboles.

    Ortiz debe presentar a la fiscalía argumentos valederos y documentos, y no recurrir a contactos políticos para levantar la medida que pesa sobre él. Ojalá en este caso no prime la injerencia política, que siempre asegura impunidad, más aún considerando que se trata de dinero que debe mejorar las condiciones de educación de niños y jóvenes. Eso sería otorgar licencia a otros intendentes para seguir metiendo la mano en la lata.

    Me gusta

    Publicado por Anónimo | 17 enero, 2016, 2:30 pm
  4. Cárcel para los ladrones del Fonacide

    El 15 de setiembre último venció el plazo para que las municipalidades presenten a la Contraloría General de la República la rendición de cuentas de los recursos financieros del Fonacide que emplearon en el segundo cuatrimestre del año pasado. Al 30 de diciembre, diecisiete de ellas no habían cumplido con esa obligación (la lista de los respectivos intendentes aparece en la pág. 23 de esta edición), cifra que incluye las municipalidades de Ypané y de San Cristóbal, cuyas documentaciones fueron rechazadas por el órgano de control.

    De acuerdo al art. 15 del Decreto Nº 9966/12, ninguna de esas municipalidades recibirá más dinero del Ministerio de Hacienda mientras no cumpla con el deber impuesto por el art. 5° de la Ley N° 4758/12. Lamentablemente, es la única sanción prevista para una omisión atribuible a que los jefes comunales en mora no tuvieron ningún interés en la cuestión, o a que no pueden justificar los desembolsos realizados o que los destinaron a sus faltriqueras. En uno u otro caso, la interrupción de las transferencias es atinada, pues las municipalidades no pueden convertirse en barriles sin fondo adonde vaya a parar el dinero previsto para proyectos de infraestructura en educación y de almuerzo escolar.

    Es lamentable que los principales afectados por la medida administrativa sean aquí los niños y no los intendentes municipales. En efecto, los más perjudicados serán los alumnos de las respectivas localidades, que iniciarán el año lectivo asistiendo a escuelas y colegios ruinosos y sin que los más pequeños puedan almorzar en el centro educativo. Esta es la dolorosa consecuencia de la total insensibilidad de quienes deberían haber tenido el mayor interés en que los niños y los jóvenes de su comunidad puedan ser instruidos en condiciones adecuadas. Las municipalidades que están en falta corresponden a localidades relativamente pequeñas, es decir, a aquellas que justamente sufren las mayores carencias.

    Ante tanta desvergüenza de los intendentes y concejales de dichas poblaciones, cabe preguntar qué están haciendo los docentes y los padres de los alumnos para que se cumpla con la obligación legal. Sería imperdonable que su silencio, así como el de las radioemisoras locales y otros miembros activos de las respectivas sociedades, contribuya a que se desperdicien unos recursos financieros imprescindibles para mejorar la calidad educativa. Los pobladores han de ser conscientes de la enorme importancia que el conocimiento tiene en el mundo de hoy, por lo que deben manifestarse con firmeza y perseverancia contra las corruptas autoridades comunales que tanto mal les están haciendo a sus comunidades. La Contraloría, también, debería intervenir por propia iniciativa en esta situación.

    Los vecinos deben interiorizarse de las cosas que en su nombre están haciendo sus intendentes y concejales, para exigirles el cumplimiento de sus obligaciones o para pedir a la Justicia los envíe a la cárcel en caso de abdicar de sus responsabilidades. No deben permitir más que intendentes ladrones, sean del partido que fuere, continúen robando el porvenir de sus hijos e hijas, que es lo que están haciendo esos bandidos.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/carcel-para-los-ladrones-del-fonacide-1444312.html

    Me gusta

    Publicado por Anónimo | 16 enero, 2016, 6:14 am
  5. Rompedientes
    Indignación provocó ayer la difusión de una información que señalaba que las galletitas proveídas por la Gobernación del Alto Paraná, a cargo de Justo Zacarías, son de pésima calidad y prácticamente incomibles. Los niños en forma irónica denominaron al producto “galletitas rompedientes”, porque son excesivamente duras y tienen un sabor desagradable, según las denuncias. Tras la publicación del material, varios padres confirmaron el dato de que los niños en más de una ocasión se quejaron de la pésima calidad del producto entregado para la merienda escolar.
    El secretario de educación de la Gobernación, Edgar Franco, dijo que es competencia del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) verificar la calidad de la galletita, pero agregó que nunca recibieron quejas sobre la mala calidad del producto que se está entregando.
    La empresa adjudicada para la provisión del complemento nutricional con alimentos sólidos es Alimentos Mimi. Según el contrato, tiene que suministrar las galletitas a 610 escuelas de los 22 distritos del Alto Paraná, el monto del contrato es G. 4.000 millones. Semejante suma de dinero debería ser suficiente para proveer a los niños un producto de buena calidad.
    No es la primera vez que aparecen quejas sobre la mala calidad de los productos entregados como complemento nutricional en las escuelas. Desde la implementación del programa de merienda escolar, en todo el país llovieron las quejas y denuncias de sobrefacturaciones, adjudicaciones dudosas y privilegios a empresas de amigos para quedarse con los millonarios recursos que el presupuesto general asigna para la merienda escolar. Se sabe que muchos exgobernadores e intendentes se volvieron millonarios gracias a expensas de los negociados con la merienda de los niños.
    La administración departamental debe tomar cartas en el asunto para determinar quiénes son los responsables de que se esté jugando con un elemento tan importante para la formación de los niños. Se sabe que en las instituciones que implementan con eficiencia el programa de complemento nutricional para los niños logran una alta efectividad en cuanto al rendimiento y la asistencia de los alumnos a las aulas. Muchos niños acuden a las escuelas porque allí tendrá la posibilidad de alimentarse. Es una vergonzosa realidad, pero es lo que sucede en las instituciones públicas.
    De allí que proveer productos de mala calidad y que sean rechazados por los beneficiarios, es una muestra clara de la ineficiencia y del desprecio hacia el sector más desfavorecido y vulnerable de nuestra sociedad.

    Me gusta

    Publicado por jotaefeb | 21 noviembre, 2015, 6:00 am
  6. No más dinero para educación

    Duele decirlo, pero hay que hacerlo. Por favor, paren las campañas de obtener más dinero para la educación. Pelota al piso, mente fría, analicemos lo que está pasando. Los múltiples casos de corrupción en las instituciones educativas de la escolar básica y la universitaria nos demuestran que el problema no es la falta de plata sino el robo sistemático y generalizado por parte de quienes están al frente de los centros de enseñanza. Si continuamos con el sistema actual, aumentar el presupuesto para educación de 3,9 a 7 por ciento del PIB solo significaría que los ladrones disfrazados de educadores, intendentes y gobernadores verán crecer la cantidad de plata que ilegalmente irá a parar a sus bolsillos.

    Entonces, primero hay que ordenar la casa antes de emprender refacciones. Lo prioritario ahora es limpiar de ladrones los centros educativos, los municipios y las gobernaciones. Resulta sorprendente la cantidad de plata que se ha robado, según lo confirmó la Contraloría General de la República. Un aula, un baño o un salón, construidos con materiales de pésima calidad, se cobraban a precios diez veces más altos de lo normal. En las universidades públicas, los rectores y decanos malversaban fondos para beneficiar a amantes, parientes y docentes “mau”.

    Ahora no es momento para exigir más plata al Estado porque los aportes del Fonacide han demostrado que “blindar” los fondos para la educación es un gran engaño. Solo se han proveído más corderos para los lobos.

    Este es el momento de exigir rendición de cuentas, justicia y enviar a la cárcel a los ladrones de los fondos destinados a la educación porque su delito es sumamente grave: no solo se han apropiado ilegalmente de dinero público sino que han sacado a niños pobres y hambrientos los alimentos de la boca, les han negado los útiles escolares y han puesto en peligro sus vidas con construcciones de aulas que se van cayendo al poco tiempo de haber sido habilitadas.

    Si no tenemos autoridades y educadores capaces y honestos, ni toda la plata de Bill Gates y Carlos Slim servirán para nada en educación. Con vergüenza y dolor debemos admitir que no tenemos actualmente ni autoridades ni educadores de instituciones públicas que nos merezcan plena fe como para pensar que destinar más recursos a la educación es una de las vías de solución de los problemas en el área.

    Estamos en un tiempo de transición. Enviemos a la cárcel a tantos ladrones de escuelas, colegios y universidades, procedamos a la elección de nuevos funcionarios capaces y honestos, y luego veamos cómo podemos ir aumentando el apoyo económico a los centros educativos. No hay apuros ni urgencias porque los cambios profundos para hacer bien las cosas demandan su tiempo y proceso. Hay una acción inmediata que sí podemos hacer: en las elecciones de noviembre no demos ningún voto a los exintendentes ladrones y caraduras que pretenden ser reelectos.

    Elijamos a gente nueva a la que vamos a exigir trabajo, honestidad y transparencia en el uso de los fondos para educación. Si reelegimos a los corruptos, ya dará lo mismo un burro que un gran profesor.

    Por Ilde Silvero

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/no-mas-dinero-para-educacion-1420335.html

    Me gusta

    Publicado por jotaefeb | 25 octubre, 2015, 6:51 am

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

✓ÑE’ÊNGA

Na ne mitâ’i sa’yju ĝuaiĝui rumby.17/10/17

✓fotociclo

El incendio que empezó en el Mercado de Abasto ayer a la tarde se llevó alrededor de 350 puestos y el 90% de la infraestructura del Bloque C. El incendio fue controlado esta mañana, y los vendedores serán reubicados, sin embargo sus pérdidas no serán cubiertas. Se está analizando construir un nuevo pabellón y el BNF anunció que cederá créditos rápidos y accesibles, es decir, más endeudamiento para muchos de los afectados.

✓archivos

✓estadistas

  • 1,106,997 visitas
Follow ✓Paraguay Péichante on WordPress.com

✓ impresos

abcCOLOR

ULTIMA HORA

LA NACIÓN

EXTRA

POPULAR

CRÓNICA

5días

A %d blogueros les gusta esto: