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La Defensoría del Pueblo debe ser rescatada y restaurada

La irresponsabilidad de los políticos –sobre todo de los parlamentarios de este y el anterior periodo legislativo– mantiene en el puesto al defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges, cuya administración está bajo sospecha de manejos que no se ajustan a las normas vigentes. El llamativo otorgamiento de bonificaciones a 40 funcionarios de la Defensoría y la adquisición, por parte de ellos, de computadoras que fueron “donadas” a la institución, evidencian un dudoso comportamiento en el que cabe presumir la existencia de una arista oculta que se pretende esconder a la opinión pública. Con esto, se desnaturaliza una institución que tendría que haber estado al servicio de las personas para defender sus derechos y el patrimonio del país. Es hora ya de que el Parlamento tome cartas en el asunto y nombre a una persona íntegra y eficiente al frente de la Defensoría.

El artículo 276 de la Constitución Nacional establece que las funciones del defensor del Pueblo “son la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios”.

Para cumplir tales propósitos, de acuerdo al artículo 279 de la Carta Magna, tiene que recibir e investigar denuncias, quejas y reclamos contra violaciones de los derechos humanos, requerir de las autoridades información acerca de hechos que competen a sus funciones, emitir censura pública por actos violatorios de los derechos humanos y elaborar informes sobre las situaciones que ponen en peligro los derechos de las personas.

En 12 años de funciones –cinco, que correspondieron a su plazo constitucional; y, siete, que es el tiempo extra de mandato, en virtud del criterio de la reconducción tácita–, Páez Monges ha detentado el cargo, pero no ha ejercido casi las funciones que le otorga la máxima ley del país.

Ello implica que no ha defendido como corresponde los derechos humanos, no ha canalizado con resultados positivos visibles los reclamos populares ni ha protegido con eficacia los intereses comunitarios, exigencias del rol de la institución a su cargo.

De ese modo, ha dejado sin vida a una institución esencial de la democracia para reclamar al Estado sus abusos y exigir reparaciones, respaldar a los sectores sociales débiles y defender los intereses de los más desprotegidos.

La permanencia en el cargo de un hombre que no le resulta incómodo al poder y, por el contrario, en ocasiones, es su cómplice –por omisión, ya que no cumple lo que la Constitución le manda–, le resulta cómodo a los que gobiernan. La clase política dominante escogió a un político colorado (ex intendente de Areguá) que no cuestionara y fuera lo más anodino posible. Y desnaturaliza, prostituye, la razón de ser de la Defensoría del Pueblo.

Además de las dudas sobre su actuación en el pago de indemnizaciones a las víctimas y sus familiares de la dictadura del general Stroessner, en los últimos días aparece conectado a la –cuanto menos– rara compra de computadoras por parte de 40 funcionarios de la Defensoría que luego “donaron” su adquisición a la institución en la que trabajan.

A esta altura, el defensor ni oficina tiene en la institución. Tuvo que improvisar una cuando nuestro diario expuso públicamente esa situación. De esta actitud cabe presumir que no ejerce su función de escuchar las quejas ciudadanas y encauzarlas para que se solucionen.

En tiempos de cambio en la Contraloría, en la Universidad Nacional y otros ámbitos, es hora de que esa saludable actitud llegue también a la Defensoría del Pueblo. A los senadores y diputados les atañe la tarea de modificar el actual estado de cosas ya largamente intolerable.

http://www.ultimahora.com/la-defensoria-del-pueblo-debe-ser-rescatada-y-restaurada-n940881.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

Un comentario en “La Defensoría del Pueblo debe ser rescatada y restaurada

  1. Urge esclarecer lo ocurrido con la Defensoría del Pueblo

    La imputación del ex defensor del Pueblo Manuel María Páez Monges, por lesión de confianza, tras denuncia de pagos indebidos a supuestas víctimas de la dictadura, debe ser un punto de partida para esclarecer totalmente lo ocurrido, reivindicando el valor de esta función como protectora de los ciudadanos ante las situaciones de injusticia y los abusos del poder. Tampoco hay que olvidar la complicidad de los legisladores que permitieron que una situación irregular se mantenga durante muchos años, por intereses políticos. Se debe recuperar la transparencia en torno a la gestión, cumpliendo el rol constitucional asignado, fundamental para el ejercicio de la democracia.
    Tras varias denuncias sobre presuntos hechos delictivos cometidos durante su larga primera gestión, el anterior defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges, fue imputado el miércoles último por lesión de confianza en calidad de autor.

    Las principales denuncias habían sido hechas por el actual defensor, Miguel Godoy, quien aseguró que al asumir en noviembre de 2016 encontró la institución en un estado desastroso y con evidencias de presuntos delitos cometidos por el anterior, que fueron presentadas ante el Ministerio Público.

    Tras varios meses de investigación, finalmente los fiscales Ígor Cáceres y Josefina Aghemo decidieron imputar a Páez Monges y a otros dos funcionarios por autorizar el cobro indebido de indemnizaciones a presuntas víctimas de la dictadura del general Alfredo Stroessner, violando disposiciones legales y falseando datos. Lo llamativo es que el caso, que anteriormente estaba a cargo de la fiscala Liliana Alcaraz, estuvo a punto de prescribir por haber permanecido mucho tiempo guardado en los cajones.

    La actual imputación del ex alto funcionario y sus colaboradores debe ser un punto de partida para esclarecer totalmente lo ocurrido, reivindicando el valor de la función del Defensor del Pueblo como vigilante de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios, un protector de los ciudadanos ante las situaciones de injusticia y los abusos del poder, tal como se establece en la propia Constitución Nacional.

    No hay que olvidar tampoco la complicidad de los propios legisladores, que permitieron que una situación totalmente irregular se mantenga durante un tiempo prolongado, al mantener a Páez Monges durante 8 años en el mismo cargo con mandato vencido, solamente porque no se ponían de acuerdo para nombrar en su reemplazo a un funcionario que también respondiera a los intereses políticos de los sectores mayoritarios de poder, contrariando el principio democrático de que debe estar a favor de la ciudadanía. Esta situación fue varias veces señalada y reprochada por organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas.

    Ahora que hay un proceso de investigación fiscal y judicial en marcha, se debe insistir en que los presuntos delitos cometidos no queden en la impunidad o el oparei. Pero, por sobre todo, se debe aprovechar esta situación para recuperar la transparencia en torno a la gestión de la Defensoría Pública, garantizando que se cumpla con eficiencia el importante rol constitucional para el cual fue asignada, como un elemento fundamental para el ejercicio de la democracia.

    http://www.ultimahora.com/urge-esclarecer-lo-ocurrido-la-defensoria-del-pueblo-n1101555.html

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    Publicado por jotaefeb | 16 agosto, 2017, 9:51 am

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