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Un llamado a la prudencia

El Colegio de Abogados del Paraguay acaba de emitir un severo y oportuno comunicado respecto de la iniciativa planteada por los senadores Fernando Silva Facetti y Enrique Bacchetta por la que se pretende que la Cámara de Senadores confirme en sus cargos, por el período de cinco años, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera y Gladys Bareiro de Módica.

De acuerdo con el comunicado, la Cámara de Senadores carece de competencia constitucional para confirmar, por sí y ante sí, a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual el Colegio de Abogados considera que la propuesta atenta peligrosamente contra el equilibrio de poderes y constituye un acto arbitrario. Añade el documento que el procedimiento de evaluación pertinente para la confirmación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia se halla reservado, de manera exclusiva y excluyente, al Consejo de la Magistratura.

Concluye el documento diciendo que el Colegio de Abogados del Paraguay manifiesta su más profunda preocupación por la iniciativa planteada y exhorta al manejo prudente de la cuestión.

Creo que el documento merece cuatro observaciones puntuales, como mínimo.

Primera observación. El Colegio de Abogados del Paraguay no se equivoca cuando afirma que la Cámara de Senadores carece de competencia constitucional para confirmar en sus cargos, por sí misma, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, existen antecedentes anómalos en sentido contrario. En efecto, en noviembre de 1999 la Cámara de Senadores dictó la Resolución Nº 421, por la cual confirmó en el ejercicio de sus funciones como ministros de la Corte Suprema de Justicia a cinco miembros de ese tribunal, por un período de cinco años. Una de las anomalías más graves de esa resolución fue que en ella se invocó, como fundamento de la decisión, el artículo 264 de la Constitución, relativo a las atribuciones del Consejo de la Magistratura. Dicho artículo establece expresamente que es atribución exclusiva del Consejo de la Magistratura elaborar las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia. No obstante, la Cámara de Senadores confirmó en el cargo a Ministros de la Corte Suprema de Justicia, sin intervención alguna del Consejo de la Magistratura. La anomalía resultó inocultable y aberrante.

Segunda observación. El Colegio de Abogados del Paraguay no advierte debidamente que la Cámara de Senadores designó a los doctores Luis María Benítez Riera y Gladys Bareiro de Módica como ministros de la Corte Suprema de Justicia por el período de cinco años. Así lo establece expresamente la Resolución Nº 558 de fecha 10 de diciembre de 2010 al decir: “Designar a los doctores Luis María Benítez Riera y Gladys Ester Bareiro de Módica como ministros de la Corte Suprema de Justicia, por el período de cinco años, previsto en el artículo 252 y concordantes de la Constitución Nacional, sujeto al acuerdo del Poder Ejecutivo”. Por su parte, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Nº 5605 de fecha 13 de diciembre de 2010, otorgando el acuerdo constitucional para la designación de los nombrados. Consecuentemente, ninguna duda cabe de que la designación de los ministros fue efectuada por el período de cinco años, contados a partir del acuerdo constitucional otorgado por el Poder Ejecutivo. Este dato no puede ser ignorado y resulta particularmente importante.

Tercera observación. El Colegio de Abogados del Paraguay sostiene con razón que los ministros de la Corte Suprema de Justicia solo pueden ser removidos por juicio político y que cesan en el cargo a la edad de setenta y cinco años. Desde luego, esta afirmación es incontrovertible, de acuerdo con nuestro régimen constitucional. Debo decir, sin embargo, que nada tiene que ver el mecanismo de remoción ni la edad de cesación en el cargo con la duración del mandato de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. En el derecho constitucional comparado es muy común encontrar reglas que determinan, simultáneamente, la duración del mandato, el mecanismo de remoción y la forma de cesación de los miembros de las Cortes Supremas. También es muy común encontrar plazos específicos de duración de los mandatos de los miembros de las Cortes Supremas, junto con diferentes fórmulas de reelegibilidad. En América Latina, así ocurre, por ejemplo, en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay. En Bolivia el mandato de los miembros de la Corte Suprema de Justicia es de seis años y pueden ser reelectos; en Colombia el mandato es de ocho años y no pueden ser reelectos; en Costa Rica el mandato es de ocho años y pueden ser reelectos; en Ecuador el mandato es de nueve años y no pueden ser reelectos; en El Salvador el mandato es de nueve años y pueden ser reelectos; en Guatemala el mandato es de cinco años y pueden ser reelectos; en Honduras el mandato es de siete años y pueden ser reelectos; en México el mandato es de quince años y no pueden ser reelectos; en Nicaragua el mandato es de cinco años y no pueden ser reelectos; en Panamá el mandato es de diez años y no pueden ser reelectos; en Uruguay el mandato es de diez años y no pueden ser reelectos sin que medien cinco años entre el cese y la reelección. Esta mención detallada muestra que el ideal de independencia judicial al que muchos aspiramos puede perseguirse con distintos diseños constitucionales y que el pretendido semivitaliciado de los ministros de la Corte Suprema de Justicia es apenas una rara excepción, solo consagrada con variantes significativas en Argentina, Brasil y Chile.

Cuarta observación. El Colegio de Abogados del Paraguay tiene razón cuando exige prudencia política en la resolución del problema planteado.

En verdad, se necesita mucha, mucha prudencia.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/un-llamado-a-la-prudencia-1418239.html

Por Daniel Mendonca

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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