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Quién financia a candidatos

Ya existe una ley de financiamiento de los partidos políticos en períodos electorales. Como ocurre en tantos otros sectores de nuestra sociedad, el problema no es la carencia de un marco legal, sino la falta de su cumplimiento. Ahora empezó a pleno la campaña proselitista en vistas a las elecciones municipales de noviembre y, por ello, resulta pertinente recordar ciertos principios que rigen en la materia.

La ley establece que todas las donaciones y recaudaciones con fines electorales deben depositarse en una única cuenta bancaria por cada partido o movimiento participante en las campañas políticas. Está prohibido recibir fondos de entes públicos, de las binacionales, de empresas contratadas por el Estado, de organizaciones criminales, grupos mafiosos y de personas físicas o jurídicas extranjeras.

La razón de estas prohibiciones es evitar la posibilidad de que un candidato sea favorecido con fondos públicos del Estado, de organizaciones al margen de la ley o de instituciones o personas que no residen en el país.

En la práctica, sin embargo, estas normas se violan periódicamente pues los partidos políticos que ejercen el poder, ya sea a nivel nacional o comunal, siempre encuentran la manera de utilizar fondos, bienes y servicios a favor de sus respectivos candidatos. En estos días ya aparecieron numerosos carteles en la vía pública y spots en canales televisivos como parte de la campaña proselitista de los candidatos a intendentes y a concejales municipales.

Una parte menor de los fondos que se utilizan seguramente proviene de alguna cuenta bancaria legalmente habilitada para testimoniar que se cumple con la ley. Sin embargo, conociendo los bueyes con que aramos, seguramente la mayor parte del dinero gastado en las campañas tiene su origen en recursos estatales o en contribuciones clandestinas de grupos mafiosos, particularmente del narcotráfico, debido a los estrechos vínculos de estas organizaciones delictivas con determinados dirigentes partidarios.

Los agentes fiscales que deben velar por la legalidad de los procesos electorales tienen que centrar su atención en dos fuentes posibles de violación de la ley en este campo: impedir que las campañas se paguen con fondos del Estado nacional o municipal y evitar que el dinero sucio de la narcopolítica respalde el proselitismo de sus cómplices en busca del poder.

Son dos vicios difíciles de combatir. Existe una antiquísima tradición de confundir los recursos del Estado con los del partido en función de gobierno. Esta mala praxis proviene de la época de los emperadores romanos, los señores feudales de la Edad Media, las dictaduras militares del siglo XIX y las seudodemocracias contemporáneas. La influencia del narcotráfico en la política es más reciente pero igualmente nefasta.

A los ciudadanos comunes nos queda una opción válida: no votar por quien parece estar financiado por fondos públicos o por los capos de los estupefacientes. Además, en la medida de nuestras posibilidades, denunciemos a los candidatos que violan, sin siquiera disimularlo, las restricciones dispuestas en la ley de financiamiento de los partidos políticos.

Por Ilde Silvero

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/quien-financia-a-candidatos-1418223.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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Escuchas publicas

El tema que tiene que ver con este escándalo de las escuchas telefónicas que envuelve el tráfico de influencias, que todos presumiamos que existía de manera clara pero nunca de manera tan desembozada y tan elocuente, como el que hemos tenido la oportunidad de poder comprobarlo. Lo que queda ahora es corregir lo que está mal y eso significa que el Congreso debería suspender a González Daher, en sus funciones como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y hacer un planteo severo en torno a la continuidad de esta institución, además de eso tendríamos que escuchar de manera mucho más valiente y objetiva las denuncias de fiscales y de jueces en torno a este tráfico de influencias, denunciando en los casos en los que habían sido sometido a una situación similar, haciendo que la justicia vuelva a ser creíble, y por sobre todo previsible de este país, que tiene una gran deuda con la sociedad en ese campo. Si la sociedad define la democracia como el estado de derecho, es evidente cuando vemos que ella es sujeta de las manipulaciones, tergiversaciones, chantajes y extorsiones, más claras que las que hemos podido comprobar en las últimas horas, nadie puede estar seguro en este país, y es el tiempo de corregir aquello que está mal y ademas de eso se tiene la oportunidad este domingo de castigar aquellos que se han apartado de lo que se espera debería ser la democracia, es el tiempo de los ciudadanos y en ese sentido nos queda ajustar cuentas con aquellos que se han apartado de manera clara y elocuente del mandato que recibieron de parte de nosotros, sus mandantes. (BFB)

Empresas del Estado

Uno de los grandes desafíos que tenemos en el país es indudablemente el encontrar un modelo económico que nos permita centrar la labor del Estado en lo que le corresponde realizar, cuando vemos mucho de las empresas públicas y especialmente en este verano, en que volveremos a padecer las consecuencias de una empresa monopólica como la ANDE, que no puede garantizar un buen servicio, por diferentes razones, se quejaron este año, porque las tarifas estaban fuera del rango que debieran, se incrementaron  esos números, pero no se mejoró el servicio, ahora aparece el argumento de que vienen de varios años de desfinanciamiento y que por lo tanto llevará todavía una buena cantidad de tiempo, ponerse a la altura y exigencias de la demanda de la gente. Pero si vemos también hay otras empresas públicas como el caso de la INC, que compra una nueva planta para procesar clinker y que ha tenido más de cien fallas, en un período de prueba y que podría ser otro gran elefante blanco, adquirido por el estado a las costas de cada uno de los contribuyentes, vemos de que hay algo mucho más profundo y grave en todo esto, el Estado no sabe hacer bien estas cosas y cada vez nos cuesta mucho más mantener a un personal ocioso y además de todo eso manipulado en tiempos electorales para que voten por que se sigan siendo manteniendo las cosas hasta ahora, nos cuestan mucho las empresas monopólicas del Estado, pero por sobre todo no vemos un rol del estado propiamente, incluso en aquellos sectores en donde debería actuar como elemento regulador del mercado. En definitiva tenemos dificultades filosóficas, administrativas y de gestión. (BFB)

A platazo

Es evidente que las campañas sacan lo mejor y lo peor de las personas, algunos demuestran cual es su verdadera concepción con respecto al poder, que es lo que entienden con respecto al de la prensa, a las encuestas, al twitter. La expresión del presidente Cartes de acusar de muchos de los males del país a los periodistas y especialmente aquellos que son críticos a su gobierno, y afirmar en términos bastantes soeces a la labor que cumplen algunos es una demostración de pobreza de espíritu que dominan a varias personas en estas elecciones. También ha sido noticia el hijo de la dip. Perla de Vazquez, exhibiendo dólares sobre una mesa dispuesto a comprar la voluntad de los votantes santanianos en el dia de los comicios, otras expresiones más se dieron en el transcurso de esto que casi siempre rodea a la práctica electoral y que demuestra, reitero, nuestra pobreza cívica, nuestra pobreza moral y nuestra pobreza argumentativa, no somos un país en el que estamos acostumbrados a debatir sus diferencias y a plantear propuestas, somos más bien personas que responden con insultos y agravios, cualquier afirmación que no sea la que uno comparte o tiene como argumento central. En definitiva las cuestiones electorales han vuelto a mostrar lo peor y pocos casos de lo mejor de nuestra sociedad, y varios de los temores que son permanentes en la vida política nacional, la posibilidad de comprar las voluntades de los votantes o de torcer las voluntades de los trabajadores del sector público, que más de 300mil de ellos, casi siempre son carne de cañón en los procesos electorales.   (BFB)

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