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Quién financia a candidatos

Ya existe una ley de financiamiento de los partidos políticos en períodos electorales. Como ocurre en tantos otros sectores de nuestra sociedad, el problema no es la carencia de un marco legal, sino la falta de su cumplimiento. Ahora empezó a pleno la campaña proselitista en vistas a las elecciones municipales de noviembre y, por ello, resulta pertinente recordar ciertos principios que rigen en la materia.

La ley establece que todas las donaciones y recaudaciones con fines electorales deben depositarse en una única cuenta bancaria por cada partido o movimiento participante en las campañas políticas. Está prohibido recibir fondos de entes públicos, de las binacionales, de empresas contratadas por el Estado, de organizaciones criminales, grupos mafiosos y de personas físicas o jurídicas extranjeras.

La razón de estas prohibiciones es evitar la posibilidad de que un candidato sea favorecido con fondos públicos del Estado, de organizaciones al margen de la ley o de instituciones o personas que no residen en el país.

En la práctica, sin embargo, estas normas se violan periódicamente pues los partidos políticos que ejercen el poder, ya sea a nivel nacional o comunal, siempre encuentran la manera de utilizar fondos, bienes y servicios a favor de sus respectivos candidatos. En estos días ya aparecieron numerosos carteles en la vía pública y spots en canales televisivos como parte de la campaña proselitista de los candidatos a intendentes y a concejales municipales.

Una parte menor de los fondos que se utilizan seguramente proviene de alguna cuenta bancaria legalmente habilitada para testimoniar que se cumple con la ley. Sin embargo, conociendo los bueyes con que aramos, seguramente la mayor parte del dinero gastado en las campañas tiene su origen en recursos estatales o en contribuciones clandestinas de grupos mafiosos, particularmente del narcotráfico, debido a los estrechos vínculos de estas organizaciones delictivas con determinados dirigentes partidarios.

Los agentes fiscales que deben velar por la legalidad de los procesos electorales tienen que centrar su atención en dos fuentes posibles de violación de la ley en este campo: impedir que las campañas se paguen con fondos del Estado nacional o municipal y evitar que el dinero sucio de la narcopolítica respalde el proselitismo de sus cómplices en busca del poder.

Son dos vicios difíciles de combatir. Existe una antiquísima tradición de confundir los recursos del Estado con los del partido en función de gobierno. Esta mala praxis proviene de la época de los emperadores romanos, los señores feudales de la Edad Media, las dictaduras militares del siglo XIX y las seudodemocracias contemporáneas. La influencia del narcotráfico en la política es más reciente pero igualmente nefasta.

A los ciudadanos comunes nos queda una opción válida: no votar por quien parece estar financiado por fondos públicos o por los capos de los estupefacientes. Además, en la medida de nuestras posibilidades, denunciemos a los candidatos que violan, sin siquiera disimularlo, las restricciones dispuestas en la ley de financiamiento de los partidos políticos.

Por Ilde Silvero

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/quien-financia-a-candidatos-1418223.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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