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Los narcopolíticos continúan “mandando”

Hoy se cumple un año del asesinato de nuestro corresponsal en Curuguaty, Pablo Medina, y de su acompañante, Antonia Almada, a manos de sicarios vinculados al clan político Acosta Marques, que maneja el negociado del tráfico de drogas en la zona fronteriza con el Brasil. En este primer aniversario nos hallamos ante un panorama desolador: si bien el presunto autor intelectual del crimen, Vilmar “Neneco” Acosta Marques, está detenido en Brasil y en vías de extradición, la estructura política que impera en la zona de cultivo de marihuana y de laboratorios de otras drogas más pesadas permanece intacta, y con varios de sus integrantes cada vez más fuertes en la política o candidatándose para las próximas elecciones. Porque es impensable que la diputada departamental por Canindeyú, Cristina Villalba, o el gobernador Alfonso Noria no supieran que su íntimo amigo –y probablemente favorecedor económico– tenía cultivos de marihuana y que utilizaba hasta la ambulancia y el local municipales para transportar y almacenar la droga.

No es exagerado, pues, decir que estamos empantanados en el mismo lugar. En efecto, más allá de este doble asesinato, de por sí un caso dramático para nuestra sociedad, está el gravísimo tema asociado a él, cual es el tráfico de drogas y los cárteles delictivos que se están formando en aquella zona de nuestro país, ante la evidente indiferencia de las autoridades superiores del Gobierno y la consecuente inacción de sus subalternos. Si de aquel crimen no se sabe más que lo publicado, con relación al narcotráfico mismo no se avanzó nada.

El asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada tuvo el efecto de despertar en nuestra sociedad la conciencia general de la magnitud que había alcanzado este tipo de crimen organizado y de la impunidad con que actuaba. La protesta pública y el escándalo manifestado a través de todos los medios de comunicación instalaron el tema y lo introdujeron en las esferas políticas, normalmente impermeables a esta clase de inquietudes. Algunos legisladores denunciaron que ciertas campañas electorales se financiaban con dinero del narcotráfico, y varios senadores y diputados, así como ciertas autoridades municipales, fueron señalados como gente asociada a narcotraficantes.

En noviembre del año pasado, un informe presentado por la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, del Senado, identificó con nombres y apellidos a varios legisladores, todos del Partido Colorado, sobre quienes existen serios indicios de vinculación con el narcotráfico. Ellos son los diputados Freddy D’Ecclesiis, Marcial Lezcano y Bernardo Villalba, el diputado suplente Carlos Rubén Sánchez (Chicharõ) y la parlasuriana Cirila Cubas de Villaalta. Por supuesto, por la gravedad de la denuncia, el caso despertó la indignación general y se nombró a un equipo de fiscales para la investigación. Y, como siempre ocurre, otros hechos graves de corrupción han sepultado en el olvido a los indiciados, lo que por lo visto les vino como anillo al dedo a los fiscales, pues, a casi un año de aquel hecho, no han presentado absolutamente ningún informe. Para más, uno de los señalados en el informe de la comisión senatorial, Bernardo Villalba, fue premiado como miembro de una comisión especial creada nada menos que para preparar un proyecto de reforma del Poder Judicial. Insólito.

Por su parte, el Partido Colorado, que es el que más autoridades municipales y candidatos a gobiernos locales con antecedentes o con denuncias de pertenecer a organizaciones delictivas posee, no hizo más que declaraciones retóricas; no aplicó ninguna sanción reglamentaria a nadie. Dirán que “no tienen pruebas”, desde luego; pero ni siquiera las procuran.

Al menos ante la mera sospecha, se supondría que debería actuar el tribunal de conducta partidario y exigir a sus afiliados sindicados que se llamen a la inactividad partidaria, al silencio y a la discreción, hasta que sus casos sean aclarados. Esto es lo que haría todo partido serio, en el que el cuidado de la imagen ética es prioritario. Lejos de eso, los candidatos colorados sospechados de ilícitos que se postulan para cargos electivos, o que ya están en ellos, se mueven a sus anchas dentro de su partido, de su movimiento, de su seccional, sin bajar un milímetro su perfil, y más bien queriendo hacer ver a todo el mundo que son imprescindibles para costear las campañas electorales de su partido y que, gracias a su poder económico, aseguran el triunfo electoral y se aseguran la impunidad de sus actos.

Ni siquiera el presidente Cartes parece sentirse afectado por el crecimiento notorio de los “patrones del mal” que van apareciendo en los departamentos de Concepción, Amambay y Canindeyú. Lejos de preocuparle que su figura pública se vea afectada por las malas compañías, se lo ve compartiendo reuniones políticas y sociales con gente que está marcada por sus propios compueblanos y vecinos como narcotraficantes o miembros de gavillas relacionadas con esta clase de ilícitos u otros. Aunque estas alusiones y acusaciones no estén formalmente demostradas, la sola sospecha debería ser suficiente para que el Presidente de la República evitara dejarse ver con semejante gente. Pero Cartes no tiene ningún problema, al igual que su partido, no teme que nada de esto afecte su reputación.

Entretanto, la sociedad está informándose mejor, interesándose más y adquiriendo conciencia de la gravedad del avance de las organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, de su creciente poder económico, de su clara y profunda penetración en el ámbito político y del peligro inminente que ciernen sobre el sistema democrático en su conjunto. Nadie que esté en su sano juicio querría ser gobernado por dirigentes o funcionarios sostenidos con el poder de organizaciones criminales, cualesquiera fuesen. Nadie querría permitir la formación de una “narcodemocracia”, en la que los partidos y los candidatos financiados por esos criminales tuvieran mucho mejores chances de ganar elecciones y cargos públicos que la gente honesta.

A un año del asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada, estamos en el mismo punto del inicio. Pero creemos que su sacrificio no será en vano, porque lo que desde entonces creció y mejoró fue la conciencia general de la ciudadanía acerca de la gravedad de la amenaza de esas organizaciones delictivas. Y llegará también el momento en que el asco superará a la indiferencia o al miedo y, como lo hacen ahora los estudiantes, los electores y las electoras, en las elecciones venideras, dirán en las urnas: basta de narcopolítica y narcopolíticos. Las redes sociales, a su vez, enorme favor le harían a la sociedad paraguaya si comenzaran campañas en contra de los narcopolíticos.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/los-narcopoliticos-continuan-mandando-1417696.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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