La ocupación –con el visto bueno del Gobierno– de una parte del Parque Nacional Ñacunday por parte de los denominados “carperos” revela una nueva arista en el agudo conflicto social instalado en esa zona del país: la perspectiva ambiental y la protección del patrimonio natural. Es este un asunto transversal al problema de la tierra: ni campesinos, ni carperos, ni empresarios, nadie en definitiva, puede tener la libertad de depredar a su antojo y según su conveniencia aquello que pertenece no solamente a todos los paraguayos, sino también a las generaciones venideras. En este punto no hay posibilidad de discusión alguna, ni alegando razones de sensibilidad social, crecimiento económico o reforma agraria.
El Paraguay, hasta hace tan solo unas cuantas décadas, era poseedor de enormes territorios boscosos y una biodiversidad de las más importantes del continente. En unos pocos años esa riqueza fue dolorosa e irremediablemente dilapidada por traficantes de madera y otros irresponsables que, buscando la mayor ganancia posible en forma inmediata, acabaron hipotecando el futuro. Urge ponerle un freno definitivo al acelerado deterioro del medio ambiente, lo que desde luego no se conseguirá por el camino de ignorar las leyes o forzando su interpretación para salir del paso o aflojar las presiones.
Para empeorar la situación, el mismo Gobierno reconoce que no sabe cuántas hectáreas del Parque están ocupadas o cuántas personas viven en el precario campamento de los carperos. Faltan entonces las informaciones básicas e indispensables para empezar a diseñar las medidas que apunten a una solución definitiva y ajustada estrictamente a derecho. Empantanado en datos confusos y con actitudes vacilantes, el Gobierno no será capaz en el corto plazo de poner orden a un caos que lleva ya demasiado tiempo y que amenaza con agravarse.
En este contexto, el Presidente de la República aludió a la prensa en su mensaje en Cerro Corá al pedir “tenemos que indignarnos porque un grupo de personas derriba dos o tres árboles, pero tenemos que indignarnos aún más y expresarlo cuando un grupo de personas depreda miles de hectáreas o contrabandea bosques enteros”. Olvida el presidente Lugo que no está en campaña electoral y que a él, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo, no le cabe ya la “indignación” u otro tipo de reacción moral, como si se tratara de cualquier ciudadano común. Acierta el mandatario al decir que la sociedad civil debe indignarse y actuar ante la interminable depredación de nuestros recursos naturales, pero él y sus colaboradores tienen una responsabilidad mucho mayor porque están investidos de la autoridad y cuentan con los recursos necesarios para combatirla con eficacia. Lugo tiene en sus manos todos los resortes y recursos del Estado para identificar, perseguir y castigar a los que “contrabandean bosques enteros”.
No hay dudas de que el drama de la tierra es auténtico y merece la mayor atención de los poderes del Estado. Pero no es posible plantearse ni por un instante que la solución pase por sacrificar lo poco que queda en pie del tesoro con que la naturaleza bendijo este país. Muy mal acabaría una nación que se propusiese resolver sus problemas sociales a costa de su propio patrimonio natural.
http://www.lanacion.com.py/articulo/61153-problemas-sociales-problemas-ambientales.html
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
López Perito espera una pronta solución al problema de la tierra en Ñacunday
El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Miguel López Perito, señaló que en el proceso de intervención del INDERT se está procediendo de acuerdo a lo que se había establecido.
“Se está cumpliendo bien la hoja de ruta establecida y si Dios quiere, yo pienso que muy rápidamente vamos a poder establecer alternativas para las comisiones que están acampadas en este momento en esa zona en cuestión, colindante con el Parque Ñacunday, y yo espero que en la brevedad posible se puedan solucionar los problemas de tierras, por lo menos de la mayoría de la gente que está en la zona”, manifestó.
Las declaraciones del Secretario General de la Presidencia fueron tras el acto inaugural del flamante edificio de la SAS en Fernando de la Mora. “Para nosotros, el principal problema en este momento es limpiar nuestra propia casa. Nuestra propia casa quiere decir, en este caso, la oficina o las oficinas estatales que administran el tema de tierras, esa es la tarea principal en este momento”, mencionó a periodistas en este sitio.
Reiteró que en la venta de tierras en forma ilegal existe la complicidad de instituciones del Estado con particulares. “Allí saltarán otros datos sobre los cuales seguiremos trabajando”, indicó.
Reiteró que lo primero que hará el grupo que se trasladará hasta Ñacunday (Alto Paraná) es realizar un censo a los “carperos”. “Se tiene que hacer, no podemos nosotros proceder sin un censo; y en ese sentido, nosotros vamos a tomar las medidas del caso para que haya una fiscalización pública de dicho censo, para que no hayan dudas sobre las características del censo”, subrayó.
”Yo espero que para los primeros días de la próxima semana esté viajando una comisión, porque ellos habían requerido la presencia de autoridades con la propuesta que se iban a tomar; así es que yo supongo que eso se va a tener listo para el lunes, el martes seguramente habría una conversación con ellos y a partir de ahí entonces estaríamos trabajando ya coordinadamente para también iniciar un dialogo con los otros sectores”, remarcó el Ministro.
DGIP
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Nos toman por idiotas
Enrique Vargas Peña
No sé, sólo supongo que en los títulos de propiedad rural debe existir algún tipo de referencia geográfica (geografía: “Del lat. geographĭa, y este del gr. γεωγραφία. 1. f. Ciencia que trata de la descripción de la Tierra. 2. f. Territorio, paisaje”) que pueda indicar dónde exactamente se encuentra el terreno que dicho título atribuye a alguien en particular.
Tampoco sé, y también imagino solamente que aquellas referencias geográficas están medidas, a su vez, en una latitud (“Del lat. latitūdo. 4. f. Geogr. Distancia que hay desde un punto de la superficie terrestre al Ecuador, contada en grados de meridiano”) exacta y en una longitud (“Del lat. longitūdo. 4. f. Geogr. Distancia expresada en grados, entre el meridiano de un punto y otro tomado como referencia en el Ecuador”) exacta.
Esta información que me figuro que tienen los títulos, con mucha mayor razón deben tenerla los mapas oficiales y, con muchísima mayor razón, deben tenerla los mapas militares.
Sería absurdo, creo, que haya títulos y mapas sin estas informaciones. No tendrían utilidad práctica alguna, nadie podría, con mapas y títulos sin esas informaciones, llegar a ningún lugar específico. Mapas y títulos sin esas informaciones serían fantasía pura, o estafas.
Si los mapas del Instituto Geográfico Militar no tienen esa información, habría que preguntar en qué se gastan su presupuesto los empleados en esa entidad de las Fuerzas Militares; si los títulos de la Secretaría del Ambiente sobre los parques nacionales no tienen esa información, habría que hacer la misma pregunta a los empleados que la administran.
Luego, si alguien va, munido de un título y un mapa oficiales, dotados ambos de las imprescindibles referencias geográficas y sus medidas en latitud y longitud, llega a la referencia y usa un pequeño decodificador al que convencionalmente se denomina GPS, por las siglas en inglés (“Global Positioning System” -sistema de posicionamiento global-) de la red que le provee información.
El GPS calcula la posición, en latitud y longitud precisas, mediante la triangulación de las señales que le transmiten varios satélites y que le proveen de información sobre sus órbitas; al determinar la distancia exacta de cada satélite con respecto al receptor, este triangula las señales y determina con exactitud milimétrica dicha posición, su longitud y su latitud.
La operación para determinar el lugar verdadero y real en que uno se encuentra y si ese lugar corresponde con el señalado en el mapa y en el título no tarda más que lo que tarda la vista del operador en leer las coordenadas del GPS y el cerebro del mismo en verificar si coinciden o no con las del mapa y el título. Ni un segundo más.
La ribera Norte de la desembocadura del río Ñacunday en el Paraná, por ejemplo, una clara referencia geográfica, está, según Google Earth, en 26 grados, 02 minutos, 48 segundos Sur (latitud) y 54 grados, 29 minutos, 46 segundos Oeste (longitud).
La ribera Norte del paso en que la balsa cruza el río Ñacunday cerca del Parque Nacional Ñacunday, por poner otro ejemplo de clara referencia geográfica, está, según Google Earth en 26 grados, 01 minuto, 37 segundos Sur (latitud) y 54 grados, 44 minutos, 41 segundos Oeste (longitud).
A pocos centenares de metros de allí se estacionaron, a iniciativa del gobierno de Fernando Lugo, los “carperos” de Victoriano López y José “Paková” Ledesma.
Este es el lugar que visitaron el pasado 28 de febrero el fiscal ambiental adjunto Ricardo Merlo, la fiscala María del Carmen Meza, la senadora Zulma Gómez y el ministro de la Secretaría del Ambiente, Oscar Rivas, para determinar si los “carperos” que ubicó allí el gobierno están o no dentro del Parque Nacional Ñacunday.
Estoy escribiendo esto a las 19:05 horas del viernes 2 de marzo de 2012, setenta y nueve horas después de la visita, cuatro mil setecientos cuarenta minutos, doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos segundos, y la frondosa delegación interinstitucional mencionada no ha dado a conocer aún, al menos con la información que dispongo hasta este momento, si los “carperos” están en el Parque Nacional o en el vecino, que resulta ser Tranquilo Favero.
Durante todo este enorme tiempo transcurrido entre la visita de los citados funcionarios al lugar de los hechos y ahora, se pudieron realizar con tranquilidad al menos novecientas cuarenta y ocho localizaciones precisas con GPS, suponiendo que cada operación de lectura y comparación lleve cinco minutos, pero los fiscales, senadores y ministros todavía no logran decir dónde están los “carperos”.
No tardaron tanto tiempo los “carperos” que también por iniciativa del gobierno, formalizada mediante nota del INDERT, fueron en compañía de oficiales del Instituto Geográfico Militar a amojonar propiedades privadas hace unas semanas. Los “carperos”, por lo visto, sí tienen GPS y sí saben cómo usarlo.
Un GPS complejo cuesta alrededor de quinientos dólares americanos en Estados Unidos. Los más populares cuestan solamente ciento setenta dólares. El fiscal Merlo y sus acompañantes hubieran podido comprar al menos tres, en el caso de que no tengan el aparatito, con el mismo dinero que gastaron en llevar a toda la ridícula comitiva que llevaron para no poder decir hasta ahora qué tierra ocupan los “carperos”.
Estoy seguro que el fiscal Merlo podrá, cuando sea requerido por los periodistas, explicar las razones de tanta demora. Espero que no diga que no tiene GPS, espero que no diga que los mapas y los títulos oficiales no tienen referencias geográficas, espero que tenga algunos buenos argumentos a esgrimir, porque espero que no pretenda que los paraguayos somos idiotas.
Espero que Ricardo Merlo no esté tardando todo este tiempo solamente porque es lo que se demora en inventar excusas y pretextos para no imputar a los ministros Carlos Filizzola (con fueros), Miguel Ángel López Perito, Emilio Camacho y Oscar Rivas (sin fueros) y al gobernador de San Pedro, José Ledesma, que son quienes asumieron la responsabilidad del traslado de los “carperos” a esas tierras.
Aunque el fiscal no tiene mucho margen de maniobra, ya que o alentaron a los “carperos” a invadir un parque nacional, delito tipificado y penado por dos leyes específicas y por el Código Penal, o los impulsaron a invadir una propiedad privada, cosa que también constituye un delito y un ilícito, pues los “carperos” están en el Parque Nacional Ñacunday o están en su vecino, Tranquilo Favero.
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La tercera vía
Por Luis Bareiro
Para solucionar el problema de la tierra solo hay tres vías posibles.
La primera es hacer una revolución, mandar al mazo Constitución y leyes, recuperar todas las tierras que alguna vez fueron públicas y volverlas a repartir de acuerdo con la necesidad de la gente.
Esta opción tiene dos inconvenientes insalvables; supone la sustitución de la democracia por un régimen revolucionario (una dictadura), y el sometimiento de todos al criterio social de unos pocos revolucionarios, un puñado de iluminados entre quienes pueden estar socialistas convencidos como Tomás Palau o mercaderes de la miseria como Victoriano López.
No parece la mejor salida.
La segunda es recuperar las tierras adjudicadas ilegal o injustamente a personas que no podían o no debían ser beneficiarias de la reforma, y las tierras adjudicadas a quienes sí eran beneficiarias, pero que terminaron vendiéndolas a terceros.
Este camino tiene apenas un escollo: el Poder Judicial. Cualquier recuperación solo se podrá hacer por la vía judicial, lo que supone ingresar a un largo, interminable y oscuro túnel, de insospechadas bifurcaciones y de un absolutamente incierto final.
Un botón de muestra. De los cuatrocientos casos de tierras mal habidas que identificó hasta ahora el Estado, solo cien reúnen requisitos básicos como para ser llevados a juicio; y de ellos, el único impulsado hasta ahora arrancó en tiempos de Nicanor y terminó hace unos meses, con un fallo en contra y las costas judiciales a cargo del contribuyente.
Es la vía obligada en un estado de derecho, pero lo más probable es que antes de recuperar una sola hectárea de tierra por la vía legal, la mayoría de quienes hoy la reclaman estarán varios metros bajo ella.
La vía judicial resulta pues tan incierta como la revolucionaria.
Así las cosas, la tercera y única vía posible es política, y requiere como condición previa de una concertación social.
El Gobierno necesita depurar sus registros, saber qué pasó con sus tierras y quiénes la ocupan hoy; y negociar luego con ellos, tanto con los terratenientes como con los colonos y los pequeños productores.
Tendrá que acordar la sesión o la venta parcial de esas tierras, quizás a precios especiales, pagaderos con canjes o con bonos. Y tendrá que hacerlo sin perder nunca de vista el problema de fondo que no está relacionado con la propiedad, sino con la rentabilidad de las tierras.
Porque ningún intento de reforma agraria puede ser exitoso si no se enfoca el problema de la renta. No importa que el lirismo patriotero o los prejuicios ideológicos la identifiquen con la bandera, el himno nacional o la soberanía patria; el campesino que no logre explotar eficientemente la tierra terminará por venderla.
Y si no lo entendemos así, la reforma seguirá siendo solo un discurso, bueno para ejercitar la oratoria, pero inservible para comprar el pan.
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La crisis del relato oficial
Agobiado por la crisis Ñacunday, el presidente Fernando Lugo apeló al facilismo de la crítica para cuestionar a quienes cuestionan su errática política de reforma agraria. Metió en la misma bolsa a terratenientes, mafiosos y periodistas.
El ataque a la prensa suele ser la vía más rápida de escape de aquellos gobiernos que pretenden ocultar con el estruendo fácil de las palabras los fracasos de su gestión.
Basta con ver las épicas batallas de presidentes con rasgos autoritarios como Hugo Chávez, Rafael Correa y Cristina Fernández contra la prensa. En muchos casos tienen razón, pero la razón principal que los mueve es callar la voz que denuncia la exasperante corrupción de sus funcionarios o sus políticas prebendarias a través de generosos subsidios que finalmente paga el pueblo.
El luguismo no tiene la fuerza ni la inteligencia para la construcción de un relato oficial, de una agenda política como tan hábilmente instala la presidenta argentina.
En el caso Ñacunday hoy pulsean dos relatos: el del Gobierno, que apoya incondicionalmente a los carperos tratando de posicionar el tema de la injusticia de la distribución de tierra poniendo al rey de la soja, Tranquilo Favero, como su objetivo a destruir. Los stronistas ya no son hoy los malos de la película sino los brasiguayos.
En el vereda de enfrente, los poderosos sojeros con fuerte apoyo empresarial, político y mediático.
El gobierno luguista heredó un sistema político y económico infestado de corrupción, prebendarismo y clientelismo. Con este escenario era imposible exigir soluciones rápidas.
AGENDA. A pesar del discurso, el tema agrario nunca fue prioridad en la agenda luguista como la cuestión energética o la atención primaria de la salud.
Basta con mirar el Indert. Por allí ya pasaron tres presidentes y hoy el organismo está intervenido. La izquierda posicionó allí a sus partidarios, pero ninguno pudo hacer nada hasta hoy.
Es paradójico, este gobierno se jacta de que hoy hay menos invasiones de tierras que en gobiernos anteriores. Este argumento se cae a pedazos hoy con la crisis de Ñacunday donde el gobierno ha cometido su peor error. Ahora casi a los gritos denuncia la mala distribución de la tierra y sataniza a los sojeros y con este argumento atropella leyes.
El caso Ñacunday no solo reveló la falta de política agraria sino una feroz lucha de poder en el Palacio protagonizado por Miguel A. López Perito y el senador Sixto Pereira.
LA CRISIS DEL RELATO. A esto se suma la crisis de esa agenda irreal impuesta por los guionistas Sixto, Pakova Ledesma, José Rodríguez y el carpero Victoriano López, hoy exiliado de la alfombra palaciega.
Primero se ubicaron en las tierras de Favero, bajo los tendidos eléctricos para evitar el desalojo. El Gobierno apoyó no solo políticamente sino con logística a los carperos. Nunca antes llevaron escuelas a los campamentos de otros campesinos que piden lo mismo.
Cuando la tensión llegó a su nivel más alto y Victoriano se les escapaba de las manos (López Perito deslizó que se estaban armando inclusive), el Gobierno los trasladó a una reserva natural. Sabemos que violamos la ley, pero es un mal menor, dijo López Perito, cada vez más enfundado en su traje de candidato presidencial. El asesor jurídico de la presidencia, Emilio Camacho, pedía a los fiscales no aplicar la ley en caso de desalojo.
El Gobierno asumió que por razones de urgencia humanitaria los llevaba al parque Ñacunday. Pero luego revisaron los desordenados papeles y encontraron desprolijidades legales que le vinieron como anillo al dedo: «no están en el parque sino a metros», fue la frase salvadora. Lo insalvable es que igual están en el terreno de alguien.
DEBILIDAD INSTITUCIONAL. Favero es el demonizado. Y hay mucho de razón. Si tiene un millón de hectáreas como se dice, es inmoral. Pero el Indert ni siquiera puede afirmar eso. La sojización beneficia a pocos y degrada la tierra. Pero el Gobierno no echa mano a sus instituciones para «castigar» al rey de la soja. ¿Por qué la Seam no muestra con imágenes satelitales cómo violan leyes ambientales los sojeros ? ¿Por qué no hacen respetar las leyes que imponen barreras de protección en casos de plantaciones que requieren uso constante de plaguicidas? ¿Por qué no controlan los vuelos tóxicos?
Es simple, porque eso es gestión pura y dura y eso requiere trabajo, compromiso, responsabilidad. El luguismo toma el camino fácil de la denuncia, de la provocación, y de acciones que bordean peligrosamente la ley. Reclaman acciones como si no estuvieran en la llanura. Tal vez alguien debería avisarle al oído a Fernando Lugo que él es el presidente.
Ñacunday es la crisis del luguismo y de su relato mal guionado, olvidando a los miles de campesinos que reclaman tierra ya que hoy solo existen los carperos.
Estela Ruiz Diaz
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Adiós a los árboles
Un árbol no miente, es verdad. Produce bienestar sin reclamarnos nada. Nos provee de oxígeno vital y nos regala sombra, flores y frutas. Cuando muere un árbol, nos da su leña o usamos su madera para construir casas, muebles y barcos. Hasta el cajón que nos lleva al viaje final suele estar hecho de la madera de un árbol.
por Carla Fabri
El sentido común dice que la confianza es la base de todas las relaciones humanas. Por eso se ve en la mentira una forma de traición, se dice que tiene patas cortas y es denostada desde un punto de vista religioso y moral. Pero daría la impresión de que ya no se puede creer en nada, porque ahora la ciencia está reivindicando el papel de las mentiras en la evolución humana y como estrategia de adaptación a la vida en sociedad. Algunos estudios incluso sostienen que la mentira involucra funciones cerebrales superiores. Otros, como Whiten y Byrne, se refieren a la inteligencia maquiavélica, dicen que es una capacidad que parece haber sido inducida por la necesidad de dominar formas cada vez más refinadas de manipulación y defraudación en el medio social, y que se manifiesta a través del uso de estrategias de disimulo, mentira y engaño tácticos. ¡Epa! ¡Qué estamos diciendo! La definición de inteligencia maquiavélica semejaría bastante al comportamiento de ciertos carperos, algunos faveristas y varios funcionarios del gobierno involucrados en el conflicto de tierras en la zona de Ñacunday. Todas las opiniones se erigen como poseedoras de la legítima verdad y buscan apoyarse en alguna ley de la nación. Si en este conflicto me cupiera la defensa de algo sería la protección de los más débiles: los árboles, la biodiversidad. Las mejores intenciones medioambientalistas se hacen polvo ante la imposibilidad de hacer cumplir las leyes de protección ambiental. Por una parte, no se cuenta con los medios ni el personal adiestrado para cuidar que no se destruyan los bosques. Por otro lado, fuentes creíbles informan que al señor de la soja le preocupa muy poco pagar las multas que se le aplican por infracciones medioambientales. Depredar montes y plantar soja le da muchísimo dinero, por eso desmonta con prisa y sin pausa; total, después paga las exiguas cifras de las multas y ya está. El señor de la soja y los carperos comparten la misma ignorancia de conciencia eco-ambiental: les importa un rábano la preservación de la biodiversidad. Claro que los carperos buscan tierras y derriban montes para sobrevivir. En cambio, el objetivo del señor de la soja es ganar dinero y, supuestamente, de paso, convertirnos en el país que más soja produce y exporta. No importa si detrás de eso la patria guaraní se convierte en un desierto árido, adiós vegetación, adiós lluvias, adiós pajaritos, adiós luciérnagas, adiós grillos, adiós sapos y ranas que comen mosquitos. Bienvenido sea el dengue. Junto con los árboles se irá extinguiendo la verdad y también la vida. Con la mentira de la nueva inteligencia maquiavélica, probablemente, tendremos más dinero para comprarnos cajones de madera lustrada, ya que también tendríamos más muerte.
4 de Marzo de 2012
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El nuevo diccionario político-social paraguayo
“No me gaste las palabras/ no cambie el significado/ mire que lo que yo quiero/ lo tengo bastante claro…”, advierte en su ya clásico poema Las palabras el uruguayo Mario Benedetti. Existen algunas palabras que han adquirido nuevas significaciones en estos últimos tiempos. Hagamos un intento por actualizar el diccionario político-social paraguayo.
PRODUCTOR: EMPRESARIO RURAL (EN MUCHOS CASOS INMIGRANTE DE ORIGEN BRASILEÑO) DEDICADO A LA AGRICULTURA EXTENSIVA MECANIZADA, CULTIVANDO PRINCIPALMENTE SOJA TRANSGÉNICA, MAÍZ Y TRIGO. Los cultivadores de mandioca, algodón, frutas o verduras, ya no son considerados productores, aunque produzcan. Son solamente “campesinos” o, en el peor de los casos, carperos.
Carpero: Nuevo actor social y político, presuntamente campesino sin tierra, perteneciente a la Liga Nacional de Carperos (LNC), con dirigentes que gozan del padrinazgo de figuras políticas con mucha influencia en el actual Gobierno y que han ganado protagonismo por sobre las organizaciones campesinas tradicionales con ocupaciones de tierras, declaraciones y actitudes polémicas. Por efecto de las versiones periodísticas (en muchos casos sesgadas) y el recurrente discurso de sectores de oposición, el término carpero se ha terminado asociando también a “invasor”, “haragán”, “oportunista” y “delincuente”.
Inicio de protocolo: Justificación dada por la policía y el Ministerio del Interior para dilatar al máximo el cumplimiento de órdenes judiciales de desalojo de propiedades ocupadas por campesinos, sobre todo cuando los ocupantes que deben ser desalojados pertenecen a sectores políticos afines al Gobierno.
Refugiados ambientales: Nuevo término acuñado por el ministro de la Secretaría del Ambiente (Seam) para caracterizar a los campesinos sin tierras que ocupan en forma presunta -por disposición del Gobierno- parte de un parque nacional, cuyos límites y verdadera extensión la propia Seam aún no logra precisar.
Retención de oligarca: secuestro extorsivo de ganaderos por parte de un grupo armado al margen de la ley, con discurso revolucionario.
Por Andrés Colmán Gutiérrez
http://www.ultimahora.com/notas/508179-El-nuevo-diccionario-politico-social-paraguayo
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Saltó la liebre
Opinión: “La rosca mafiosa, oligárquica y transnacional, que además de chupar el agua y la tierra sin el menor escrúpulo, se viene sirviendo del territorio nacional para el tráfico ilícito de cuanta mercadería arroje ganancias, llenando amplios espacios en los medios comerciales de comunicación, medios que han armado un escandaloso estruendo por la instalación de cinco o seis mil familias ¡en 40 hectáreas!”
Por José Antonio Vera.
Dejémonos de falsedades e hipocresía y comencemos a reconocer que la historia de los títulos de propiedad de la tierra en Paraguay es una historia de amoralidad, angurria, complicidades de alcoba, mezquinos intereses, mucha perfidia, abusos institucionalizados, legalización ilegal porque la mayoría carece de legitimidad, historia de un sistema estatal perverso, vergonzante, que sustentó por décadas el siniestro trípode partido-ejército-empresarios espurios.
El Paraguay de hoy sigue siendo una orgía de abusos e ilegalidades, que recién llegará a su fin cuando el pueblo oficie de sepulturero, tras convencerse de que es imposible vivir con dignidad en medio de tanta trapisonda, falacias y montajes de sociedad de mal gusto, acomplejada ante lo auténtico, incapaz de asumirse como hija de pueblos nativos amantes de la naturaleza, sin adoración por el dios dinero, seres que valían por lo que se eran, sin necesidad de exhibirse importantes.
Después de décadas de luchas de las familias campesinas pobres para conseguir tierra para cultivar, producir alimentos y criar decente y humildemente a su familia, como muchos años atrás ocurría en el Paraguay preconsumista, enterrado por el irracional y degenerado sistema capitalista que ingresó su modelo de coexistencia individualista y de creciente egoísmo, hay signos de que las pequeñas brasas que cubrían las cenizas vuelven a alumbrar.
El conflicto generado por los llamados carperos, por encima y debajo de la discusión que debe hacerse en torno a la personalidad de sus cabezas más mediáticas, constituye un hecho de relevante importancia en la renovación, jerarquización e intensificación de las luchas sociales en nuestro país, cuyo pueblo, en su totalidad, aún no ha saldado la deuda cívica contraída con la causa y los humildes combatientes de las Ligas Agrarias.
Entre los cómplices ideológicos –muchos de hecho–, que más hacen oír sus voces de protesta por el peligro de deforestación que generaría la instalación de los sintierra, en un sitio que podría pertenecer a una reserva boscosa, algunos lloriquean porque puede significar “un holocausto ecológico”, en una triste pretensión de brillo intelectual que nunca antes apareció para denunciar a los grandes empresarios que, en 50 años, han arrasado con millones de hectáreas de bosque.
Madereros, enriquecidos durante años con el contrabando de rollos hacia Brasil, nada dicen de la tala que efectuaban miembros de su fauna en el Parque antes de la llegada de los carperos, y tienen el tupé de alertar sobre el peligro de deforestación, para lo cual recurren a fiscales venales acostumbrados a victimizar a las víctimas de siempre: los peligrosos indígenas y campesinos que, a machete limpio, han arrasado con millones de hectáreas de selva para que las transnacionales planten soja y los latifundios se llenen de animales sin un mínimo de inversión moderna que revalorice la tierra, profesionales del engorde de paraísos fiscales.
Es difícil ser más hipócrita que los autores y el coro de voceros fieles de esa aberrante campaña. La rosca mafiosa, oligárquica y transnacional, que además de chupar el agua y la tierra sin el menor escrúpulo, se viene sirviendo del territorio nacional para el tráfico ilícito de cuanta mercadería arroje ganancias, llenando amplios espacios en los medios comerciales de comunicación, medios que han armado un escandaloso estruendo por la instalación de cinco o seis mil familias ¡en 40 hectáreas!
Esa mala gente sabe muy bien que gracias al cacareo se vende y consume más huevos de gallina que de pato, como se los enseñó el nazi Goebbels, y por eso escandalizan contra los carperos, mientras han permanecido años en silencio o/y participado de la usurpación de tierras fiscales y hoy nada dicen del cultivo de soja por Tranquilino Favero, en 400 hectáreas del Parque, según Evanhy de Gallegos, o las 180 hectáreas mecanizadas que se aprecian desde cualquier vuelo en helicóptero.
El Parque, cuyo diámetro territorial aún nadie precisa con exactitud, está en disputa porque hasta ahora no ha existido interés en elaborar un catastro nacional, dando oportunidad para que los estafadores de los bienes públicos hayan invadido desde hace muchos años esas y otras tierras fiscales, en abierta complicidad de las más altas autoridades de la tiranía estronista, prolongada en la misma inconducta que prosiguen sus herederos.
La repercusión del enfrentamiento de las familias campesinas, convertidas en un pueblo paria sin terruño, producto del acaparamiento de millones de tierras fiscales y el desprecio por el ser humano, ha comenzado a involucrar a nuevos actores en el problema –en el cual siempre estuvieron inmersos, hábil y cobardemente detrás de los cortinados, mirando a hurtadillas la pelea social– que ahora comienzan a reaccionar porque saltó la liebre.
Los bancos acreedores de los grandes productores, desde años poseedores de documentos que, en una escandalosa complicidad, han servido como títulos de propiedad privada para garantizar el otorgamiento de los créditos, han resuelto iniciar una investigación acerca de la autenticidad de esos viejos y amarillentos papeles. Lo mismo debería hacer con muchos títulos de propiedades urbanas.
Reacción tan elemental como oportunista, natural en el sistema bancario, aporta, sin dudas, una ayuda involuntaria a las reclamaciones de las organizaciones campesinas y los fracasados intentos del gobierno de Fernando Lugo para hacer luz en el conflicto por la tierra en el país, mal que arrancó desde el momento que el imperio británico diseñó la Guerra de la Triple Alianza, hace siglo y medio, para arrasar con la única República independiente de la época en Suramérica.
El 86% de las tierras en manos del 2.5% de la población
La realidad, la gran maestra, nos indica que sólo se necesita un mínimo de honestidad para reconocer esa anomalía que provoca el más importante enfrentamiento social en el país, porque es sumamente dañina para el pueblo, dado que la actual tenencia de las mejores tierras de los 40 millones de hectáreas, del generoso territorio nacional, representa una lacerante injusticia, con el 86 por ciento de las mismas en manos del 2.5 por ciento de la población.
El hecho de que el poder sea detentado por quienes más tierra ocupan es un signo feudal, que sólo ha servido para mantener a Paraguay entre las naciones con mayor descrédito internacional, galardón explicable dado que, en el último siglo y cuarto, su población ha vivido sometida por una estructura económica y social infame que ha impedido el desarrollo de una cultura suficiente entre la población, sobresaliendo en los puestos de decisión un alto porcentaje de personas analfabetas, cuyo único mérito es poseer grandes fortunas, que ningún mago puede detectar su origen.
La burguesía, la poderosa clase explotadora que junto a su riqueza material se ha distinguido en la historia de la humanidad de los últimos siglos por su ilustración, no ha existido nunca en nuestro país. Ese vacío sociológico lo ocupan desde el fin de la Guerra de la Triple Alianza (1870) los estratos que componen las familias latifundistas, ganaderas y graneleras, cuya descendencia ha seguido sus mismos pasos, en métodos e ideas, como herederos de los fabricantes del infortunio nacional, destacando su amor al dinero y la figuración, y su desprecio por la cultura.
La enseñanza, desde la escuela primaria hasta la universidad, ha estado siempre al servicio del modelo imperante, egocéntrica, encerrada en sí misma, ignorando, desconociendo el mundo exterior y su evolución, conforme y conformista en su mediocridad, sin ningún interés en integrarse a los adelantos y avances del mundo, y sus grandes avances artísticos, tecnológicos y científicos, cerrando filas para mantener su infame modelo de estancamiento y conformismo social.
Si ese atraso cultural no existiera tampoco existiría el alto grado de corrupción en el que se mueve la mayor parte de las instituciones públicas y privadas, la negligencia y prostitución burocrática, la ausencia de calidad en los distintos servicios, en particular los que tienen relación con la elaboración de leyes y la aplicación y el respeto por la Constitución Nacional, hasta la desatención alimentaria, la insensibilización de buena parte del personal de salud, el transporte de pasajeros y el control de la producción industrial y agropecuaria, desde que ésta sale de la tierra hasta su venta en los supermercados, donde la calidad y el precio están a merced de la angurria.
Tampoco habría tanta insensibilidad y falta de autocrítica en el grueso de las actividades cotidianas de cada uno de nosotros que, consciente o no, invertimos mucho espacio de nuestra vida para imitar lo malo, con muy poca inclinación por la creatividad individual y para valorar los buenos ejemplos: los actos y comportamientos humanos que se pueden observar entre muchas de las personas que mantiene excluida de un mínimo bienestar la estructura del poder estatal, incluyendo la imaginación de las cumbres más altas del trabajo manual y de investigación científica.
Sin la incultura sembrada por la minoría usurpadora de los bienes nacionales, sin dudas que Paraguay sería otro país, el país que se insinúa en la voluntad de cambios de muchos de sus hijos, quienes hace cuatro años se pronunciaron por comenzar un proceso de transformación social, dispuestos a persistir en el empeño, con decisión de profundizarlo tras el necesario balance de los errores cometidos y lo mucho que falta por recorrer, abriéndose espacio una conciencia de ciudadanía nueva que ya tiene claridad para no retornar a la oprobiosa situación anterior al año 2008.
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Con vos y voto
Posteado por Sebastián Acha el 06/03/2012
En los últimos meses hemos escuchado mucho esta pequeña deformación gramatical y no precisamente haciendo alusión al dios griego del amor, sino exactamente lo contrario: lo usamos como sufijo que denota la pertenencia a determinados grupos, generalmente enfrentados por motivos diversos.
Así, hemos escuchado sobre los «carperos» y «sojeros» como antes hemos escuchado acerca de «macheteros» y «estancieros», «algodoneros» y «sesameros», «peajeros» y «facheros». Y así podemos ir generando neologismos que expresen a qué grupo pertenecemos los paraguayos en función a que prejuicios tenemos de nosotros mismos y de los demás.
Así, la utilización de esta expresión ha valido para hacer algo que es muy dado entre los paraguayos: dividirnos. Mas, es interesante, no por este rasgo típico de nuestra dinámica social sino porque quizás por casualidad – o por causalidad, quien sabe – el origen de «Eros» que le ha dado Platón en El Banquete denotaba justamente la complejidad del amor al tenerlo por concebido como hijo de Poros (la abundancia) y Penia (la pobreza). El filósofo explicaba así la complejidad del sentimiento, su cambiante carácter dependiente siempre de las emociones más profundas y los arrebatos a que llevaba a los hombres caer en su peligrosa trampa de pasión.
Aprovechando este caldo de cultivo social, tenemos hoy líderes que azuzan estos sentimientos en nuestro interior y que pretenden llevar la situación a un enfrentamiento mucho menos racional que emocional, culpando al otro de mi carencia y excusando a los verdaderos culpables de su responsabilidad.
He leído con asombro que «la crisis de los carperos refleja el drama de la tenencia de la tierra en el Paraguay…» Como también algún audaz dirigente que ha mencionado que «la soberanía depende de la situación de los carperos en donde se ve reflejada la lucha por la tierra para los paraguayos».
Cuando empezamos a usar calificativos y nos olvidamos de los sustantivos, empiezan a aflorar nuestros prejuicios y dejamos de lado nuestra capacidad racional de conocer la verdad.
Si queremos realmente conocer la manifestación social de la crisis de la tierra en el Paraguay deberíamos recordar que hace más de 15 años los agricultores marchan a Asunción anualmente a plantear un problema mucho más complejo que el de la tierra: el problema de oportunidades para la producción: créditos, asistencia técnica, mercados, medios de comunicación, infraestructura. Esta carencia, castiga a los productores campesinos paraguayos desde hace décadas. Han pasado gobiernos enteros sin prestar la mínima atención a estos problemas y éste, lastimosamente, no será la excepción.
No podemos pretender que campesinos paraguayos, brasileros, argentinos, bolivianos, guatemaltecos o africanos, puedan producir hoy una sola hectárea de tierra si no tienen crédito para solventar la compra de la semilla, la limpieza del terreno, las medidas sanitarias de su cultivo, la cosecha y la comercialización de los productos. No podemos pretender que los productores de algodón sigan produciendo con semillas «regaladas» que tienen un 30% de capacidad germinativa. No podemos pretender que ciudadanos de esta tierra saquen sus productos a través de rutas que tienen cuatro décadas de promesas de asfalto y puentes que se esperan que se caigan antes de arreglarlos.
Así, ni carperos, ni sojeros, ni sesameros ni algodoneros, ni forrajeros ni yuyeros podrán producir nada en este país. Así hayan nacido en el Paraguay, en Brasil, Argentina, España, Australia, Bielorrusia, Ucrania o Kasajistán. No importa «…eros» de qué hayamos sido bautizados por nuestra ascendencia, nuestro oficio o nuestro color de piel, de cabello u ojos. Si no comprendemos que la ley debe ser cumplida por todos sin distinción, no podremos salir adelante como sociedad. Si pretendemos que las leyes sean aplicadas a otros mientras a mí me son exoneradas porque son mis amigos quienes administran, entonces tendremos que claudicar cuando los amigos de otros no nos exoneren de cumplirla.
Estoy absolutamente convencido de que existen tierras malhabidas en el Paraguay. Así como también estoy convencido – tal como decía Ricardo Lagos, expresidente de Chile – que la política administra el presente y prepara el futuro, mientras que la Justicia repara el pasado para que los errores no se repitan.
Creer que desde la política se construye justicia, en base a a la aplicación coercitiva de la ley para quienes no piensan como nosotros tiene un solo nombre: fascismo. Y de eso el mundo ya a conocido y creo – ojalá – ya ha aprendido.
Estoy absolutamente convencido que el Paraguay saldrá adelante cuando todos, todos – todos – los paraguayos comprendamos que el lenguaje racional del «amor social» se da en el cumplimiento de la ley y en la tolerancia entre todos los integrantes de una sociedad, quienes en el convencimiento de vivir y de forma parte de una sociedad hemos decido crear, establecer y respetar ciertas pautas y principios de convivencia. Como seres pensantes y convencidos de que el crecimiento de un pueblo se da sobre estos puntos, de la mano de estas pautas y principalmente de la tolerancia, debemos retornar a este sendero, del cual nos hemos apartado.
«Carperos» y «sojeros» deben cumplir la ley. No importa quienes sean sus amigos ni cuantos sean sus activos en cuentas bancarias. No importa si nacieron al Este o al Oeste del Río Paraná. No importa de donde vienen, importa sí adonde van.
Y a quien vaya a trabajar el Estado debe otorgarle todas las garantías. Sea carpero, sea sojero. Sea paraguayo, sea lo que fuera. Hago fuerzas porque así sea. Con este gobierno. Está aún a tiempo de salvar sus enormes omisiones. Por quienes sufren injusticias. Por quienes están debajo de las carpas y por quienes están lejos de ellas. Por quienes, sin tierra y sin amigos, no están en Ñacunday pero están en San Pedro, Concepción, Caazapá, Cordillera, Alto Paraguay, y en todos los departamentos del país esperando una oportunidad para trabajar, para soñar y para vivir.
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Por qué no a la Reforma Agraria
La Reforma Agraria del mero reparto de tierras no funciona ni ha funcionado nunca. No soluciona el problema de la propiedad de la tierra, porque una minoría vende las propiedades, otra intenta producir con agricultura tradicional y otra se hunde con la propiedad recibida. La Reforma Agraria es enfocada en el Paraguay como la solución del problema habitacional y de supervivencia de campesinos rurales. Esto es la razón por la que la Reforma no puede prosperar ni servir a la economía paraguaya. No hay análisis de los postulantes, ni de los medios, ni de los resultados.
La Reforma Agraria necesita una organización ajustada, que determine quién participa, quién produce, con qué medios cuenta y qué hace. Y necesita, al mismo tiempo, muchas cosas más.
La Reforma Agraria del mero reparto de tierras no funciona ni ha funcionado nunca. No soluciona el problema de la propiedad de la tierra, porque una minoría vende las propiedades, otra intenta producir con agricultura tradicional y otra se hunde con la propiedad recibida.
En menos de diez años, el problema se agudiza.
Una tercera parte de los beneficiarios cae en una pobreza peor, mientras que una se enriquece, otra permanece en la situación en que estaba. En el Paraguay la única Reforma Agraria posible es ésta por la falta de medios adecuados y gerenciamiento adecuado.
Cuando se habla de Reforma Agraria integral se habla de cosas que no existen ni son posibles en la actualidad.
La Reforma Agraria integral implica tener una estructura previa, vital.
Requiere una infraestructura adecuada para poder llegar a los mercados en todo tiempo, comunicaciones para conocer los precios en el orden internacional y las informaciones sobre agricultura y personal adiestrado para aplicar las recomendaciones.
Y gente capaz de ejercer y un gerenciamiento de producción apropiado. La Reforma Agraria integral es imposible en el Paraguay actual.
El mero reparto de tierras no constituye Reforma Agraria. Provoca conflicto entre los propietarios y los postulante y no resuelve, sino que agrava, los problema.
Hablar de Reforma Agraria en el Paraguay hoy es desconocer, en grado sumo, las necesidades y las consecuencias de una aplicación defectuosa de los recursos.
El Paraguay no necesita una Reforma Agraria. Necesita, y está produciendo, una Revolución Verde, con una producción apreciable, precios competitivos y capaz de engrandecer la economía.
Los problemas habitacionales de los campesinos pueden ser resueltos de manera diferente.
Una mala maniobra de gobierno es recurrir a un recurso inadecuado para resolver un problema que se antoja importante. Y el Gobierno paraguayo insiste en recurrir a la Reforma Agraria para resolver el problema campesino sin tener en cuenta que no tiene los recursos apropiados.
Genera con ello conflictos que luego no puede resolver ni atenuar. Y deja odios que después causarán más problemas. Establece propaganda sobre cosas falseadas, que crearán míticas inapropiadas.
La Reforma Agraria integral es imposible en el Paraguay de hoy y debe perder protagonismo. Y se debe trabajar en los postulados de una Revolución Verde, que no necesita sino el impulso de lo que hay.
Lo necesario es impedir que utilice una aparente necesidad para establecer un modo de vida que el pueblo paraguayo no quiere.
Escribe Alberto Vargas Peña
http://www.lanacion.com.py/articulo/61155-por-que-no-a-la-reforma-agraria.html
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Asociados de la ARP recibieron informe sobre la intervención del INDERT
El doctor Emilio Camacho, asesor jurídico de la Presidencia, se reunió con afiliados de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),a quienes explicó cuáles serán las tareas que desarrollará al frente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), donde cumple su primera semana como interventor.
Camacho enfatizó que no resolverá el problema de la Reforma Agraria durante los “cuarenta o cuarenta y cinco días” en que desarrollará su tarea. Sin embargo, aseguró que buscará instalar “tres o cuatro puntos fundamentales”, siempre en el marco del respeto a la propiedad privada, pues -advirtió- “el INDERT no alentará ningún atropello” a ésta.
Haciendo ya referencia a los “puntos fundamentales”, Camacho detalló que establecerá “algunas orientaciones sobre la Reforma Agraria”, en tanto insistió en el respeto a la propiedad privada. Con relación a este tema, informó que se desistirá de la mensura en Itapúa, argumentando un “mal planteamiento” que no beneficia al Estado y solo “genera malestar”. Anunció, una vez más, la intervención de las colonias Ñacunday I y Ñacunday II, que arrancará mañana, miércoles 7 de marzo.
El asesor jurídico de la Presidencia informó también que pondrá “todo su empeño” en la tarea de generar un catastro de las tierras del INDERT, empezando con la zona de Alto Paraná, mediante un convenio ya existente con la Agencia de Cooperación de Brasil y que será reimpulsado. Dijo que éste solo requiere de una contrapartida local, que podrá ser generada con recursos de la Itaipú Binacional.
En contrapartida, los ganaderos insistieron en que el INDERT no debe continuar comprando tierras, pues existen “muchas en posesión del campesinado que deben ser tituladas”, reclamaron. Coincidieron también en la necesidad de que la institución conozca cuáles son sus territorios y la situación en que se encuentran. Sobre este tema, Camacho insistió en que su labor se centrará, precisamente, en iniciar un inventario de las propiedades del Instituto.
En otro momento, solicitaron que el INDERT designe al representante de la Unión de Gremios de la Producción ante la Junta Asesora y de Control de Gestión, dado que el lugar se encuentra vacante desde hace tiempo.
Finalmente, los gremialistas se mostraron complacidos con la buena predisposición del doctor Camacho, a quien de manera unánime transmitieron su deseo de poner “orden” y “sentarse a dialogar”.
Fuente: INDERT/DGIP
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Ejecutivo remitió al INDERT listado de personas favorecidas con entrega irregular de tierras
El ministro Miguel Ángel López Perito, secretario general y jefe del gabinete civil de la Presidencia, entregó al interventor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) Emilio Camacho, el listado de personas favorecidas con la entrega irregular de tierras en época de gobiernos anteriores. Los favorecidos con las tierras que debieron ser asignadas a campesinos sin tierra, son entre otros a altos jefes militares, políticos y familiares de éstos. El documento contiene todos los datos, como nombres, y apellidos, número de finca, padrón y extensión, así como la localidad en que está ubicada. Estos documentos serán cotejados por Camacho para una mejor investigación, expresó López Perito.
“Son datos que en épocas anteriores la Comisión de Verdad y Justicia había hecho referencia y aportan mayor concreción a estas denuncias, ya que figuran datos documentales contundentes. Hemos transferido inmediatamente todos estos datos al interventor del INDERT, de manera que se pueda proseguir con las investigaciones del caso”, enfatizó el secretario de Estado.
López Perito reiteró el compromiso del Gobierno en transparentar todo lo que implicará el manejo de la intervención. “Por esa razón estamos entregando responsablemente a la prensa estos datos, que más allá de la verificación para saber, si son datos fidedignos, saber qué es lo que realmente hay en los archivos del INDERT”, apuntó.
Indicó que hoy – con la intervención del INDERT – comienzan a surgir las irregularidades. “Nosotros esperamos que esto que estamos entregando hoy, una denuncia sobre tierras entregadas en épocas anteriores a diferentes personeros de gobiernos anteriores, jerarcas militares, políticos y compañía, le estamos entregando al interventor del INDERT para el chequeo correspondiente”, manifestó López Perito.
Aclaró que la carpeta de denuncias está siendo transferida al INDERT así como ha llegado al Palacio de López y que, oportunamente, el interventor Emilio Camacho estará haciendo los chequeos correspondientes para ver si efectivamente figuran en los archivos del INDERT.
Investigación será hasta el final
López Perito se refirió también al reclamo efectuado por otras organizaciones campesinas, que desde la fecha se hallan en nuestra capital peticionando la intervención de otras instituciones que tienen que ver con el manejo de tierras en el país. Al respecto señaló que “el presidente Fernando Lugo ha comprometido su voluntad de ir hasta el fondo de la cuestión para aclarar cualquier hecho irregular que haga alusión a la tenencia de tierras en nuestro país”.
“Nosotros estamos haciendo esta intervención de manera pública y todos los hallazgos que hayan en el transcurso de esta investigación serán dadas a conocer, oportunamente. Hay que hacerlo de manera responsable de manera que tengan su respaldo documental correspondiente. Las organizaciones campesinas pueden estar seguras de que esto va a llegar hasta el fondo”, sentenció el ministro.
DGIP
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Lugo continúa bombardeando el orden constitucional
Seguramente con la oculta intención de posicionarse como eventual candidato presidencial de la izquierda, el secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Miguel Ángel López Perito, está concentrando en sus manos un poder que ni la Constitución ni las leyes le asignan, usurpando funciones de otras instituciones del Estado y acumulando una sobre otras atribuciones que no ha recibido por mandato expreso del pueblo para detentarlas.
Ya un tiempo atrás, el presidente Fernando Lugo lo había nombrado, decreto mediante, coordinador del Consejo Presidencial de Modernización de la Administración Pública (CMAP), con plenas facultades para “promover e impulsar los programas y políticas públicas”, función que, como es bien sabido, corresponde desempeñar a los diferentes ministerios del Poder Ejecutivo y no a un “organismo asesor y consultor” del mismo.
El mes pasado, una gran polémica se suscitó cuando López Perito se autoproclamó negociador principal del Paraguay para los temas relacionados con las entidades binacionales, fundamentalmente con Yacyretá, asumiendo conversaciones con autoridades argentinas sobre temas sumamente complejos que competen de manera exclusiva a la Cancillería nacional y, eventualmente, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en sus aristas propiamente técnicas.
Para justificar su actitud, el infatuado funcionario señaló que los diálogos que mantenía con las autoridades argentinas hacían a cuestiones de índole política y no técnica, por lo cual estaba plenamente facultado para hacerlo. Sin embargo, el manejo de las binacionales se fundamenta en un acto de naturaleza internacional, los tratados de Itaipú y Yacyretá, por lo tanto, la esfera competente para su manejo es el Ministerio de Relaciones Exteriores, no un secretario de la Presidencia de la República, sin ningún respaldo institucional para llevar adelante asuntos que afectan tan directamente al interés nacional.
Ahora, en un nuevo acto de arrogancia y desprecio por la institucionalidad de la República, el señor López Perito anuncia que él, acompañado del ministro de Industria y Comercio, “encabezará” una comitiva que irá a negociar con la Argentina el levantamiento de las trabas que este país impuso a las importaciones. Es decir, se coloca por encima de todo un ministro del Poder Ejecutivo, él que no lo es, y nombrándolo como una especie de acompañante. Nuevamente, el secretario general de la Presidencia nada tiene que hacer en el manejo de la cuestión, siendo la Cancillería el organismo facultado para abordar todo lo atinente al comercio exterior y al relacionamiento diplomático con el resto del mundo.
En primer término, el viaje de la mentada comisión a la capital argentina no puede tener más que objetivos meramente propagandísticos para el Gobierno, ya que las medidas adoptadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner son de aplicación general, para el resto de los países, incluidos los del Mercosur. Difícilmente podría imaginarse que Paraguay fuera eximido de la aplicación de las medidas y que Uruguay, por ejemplo, no. En todo caso, la cuestión revista aspectos de carácter no solamente bilateral, sino regional y hasta multilateral, tanto en el ámbito del Mercosur como de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En realidad, estas no son más que las aristas visibles del verdadero problema que subyace en el fondo de la cuestión, a saber, el hecho de que López Perito pretende erigirse en un verdadero jefe de Gabinete con atribuciones de un virtual primer ministro, lo cual de ninguna forma está contemplado en la Constitución Nacional.
Las atribuciones del secretario general de la Presidencia de la República se circunscriben a las de un asistente del Presidente para el manejo de los asuntos vinculados con las dependencias del Palacio de Gobierno. De ninguna manera se trata, puesto que la misma Constitución Nacional no lo contempla, de una suerte de jefe de Gabinete, coordinador del Consejo de Ministros o primer ministro, en quien el Mandatario puede delegar funciones que le son propias. Es por esta razón que quien ocupa ese cargo no es propiamente un ministro del Poder Ejecutivo, sino que ostenta dicho rango solamente por una concesión de carácter honorífico y meramente protocolar.
Existen dudas acerca de si el omnipresente jefe del Gabinete Civil de la Presidencia actúa por su propia iniciativa o con el consentimiento de su jefe. Si se tratase de lo primero, López Perito debe cesar inmediatamente en sus pretensiones de usurpar facultades indebidas. Si lo segundo, sería menester que Fernando Lugo nombrase directamente al interesado como ministro de Relaciones Exteriores, de forma tal que, si no se fía del que actualmente tiene, ponga en su reemplazo a alguien de su confianza, mas no que continúe implementando una perniciosa política de sistemático bombardeo al orden institucional previsto en la Constitución.
7 de Marzo de 2012
http://www.abc.com.py/nota/lugo-continua-bombardeando-el-orden-constitucional-4687/
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Obispo de Paraguay aboga por verdadera reforma agraria
El obispo de Concepción y Amambay, Zacarías Ortíz, realizó un enfático pedido para el inicio de una verdadera reforma agraria, a fin de solucionar el problema de la tierra en el país.
Eso será posible mediante el patriotismo entre los tres Poderes del Estado, señaló el monseñor católico y recordó que el reparto irregular de tierras durante gobiernos anteriores, a favor de personas que no formaban parte de la reforma agraria. «Paraguay es grande para los habitantes que tiene, pero está invadido por personas que en su tiempo se tragaron miles y miles de tierras. Entonces los pobres se quedaron fuera y ahora necesitan tierras», lamentó.
A criterio del obispo, el Gobierno tiene la intención de realizar la reforma agraria, sin embargo se encuentra con sectores que se oponen al mismo por razones de interés, especuló. Asimismo dijo que el Ejecutivo se encuentra frente a enormes problemas de documentación de las tierras, «lo cual será resuelta con un equipo competente e imparcial», aseveró.
El monseñor Ortiz analizó la situación de los Poderes del Estado. En relación al Ejecutivo, dijo que el presidente Fernando Lugo, puede aún cumplir sus promesas con la sociedad, aunque recordó que el mismo inició su gobierno «a la deriva, porque no tenía respaldo». «Ojalá que después de él (Fernando Lugo) siga la trayectoria de acciones sociales, pero debe tener un fuerte apoyo de los demás Poderes para fomentar el desarrollo del país», expresó.
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La reforma agraria fracasa por la falta de voluntad política
Con su inoperancia o su complicidad, los sucesivos Gobiernos solo han empeorado el problema de la tenencia de la tierra en el campo. Sin planificación ni voluntad política para establecer verdaderas políticas de arraigo, han convertido la reforma agraria no solo en un fracaso, sino en un permanente foco de inestabilidad. Las evidencias del empeoramiento de la situación están a la vista. La administración del presidente Fernando Lugo se suma a este agravamiento, que cada tanto tiene picos de violencia, que son solo síntomas de la ausencia del Estado para buscar una vía de salida. Si no hay una voluntad política que busque consensos y se plasme en una política de Estado, la hoguera seguirá ardiendo, con un futuro imprevisible.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en la reunión de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe realizada en Asunción, recomendó al Gobierno establecer un plan integral para resolver el drama de los campesinos sin tierra.
Esa orientación no es nueva ni desconocida a nivel local. Las recetas para curar la enfermedad del campo son harto conocidas y trilladas. Sin embargo, ningún Gobierno, con el diagnóstico en la mano, se ha sentado a elaborar con responsabilidad una estrategia que permita iniciar un proceso de respuestas válidas para los que reclaman un pedazo de tierra para cultivar.
La desidia de los que dirigen el destino del país y tienen la obligación de buscar una salida a los obstáculos que se presentan para su desarrollo es la que aumenta la conflictividad. Ñacunday es una consecuencia de lo que no se pudo frenar a tiempo, con acciones concretas para arraigar a los sintierras y alejar a los oportunistas que aprovechan una reivindicación legítima para enturbiar el panorama e incrementar los niveles de incertidumbre.
El artículo 2 del Estatuto Agrario sostiene que la Reforma Agraria “pro- moverá la adecuación de la estructura agraria conducente al arraigo, al for- talecimiento y a la incorporación armónica de la agricultura familiar cam- pesina al desarrollo nacional, para contribuir a superar la pobreza rural y sus consecuencias”.
Estos principios generales requieren políticas públicas que permitan su cumplimiento. En los hechos, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) es una institución burocrática que no cumple a cabalidad la función que le otorga su ley de creación: “Promover la integración armónica de la población campesina al desarrollo económico y social”.
Uno de sus eslabones más débiles es el arraigo, que consiste en contar con la infraestructura necesaria -vivienda, salud, caminos, educación y medios para cultivar-, que se perfecciona con el título de propiedad que se obtiene al terminar de abonar el precio de la tierra adquirida.
Muchos de los repartos de tierra han fracasado porque el Indert no dotó a las poblaciones incipientes de lo mínimo necesario para que una comunidad emprenda su desarrollo. A ello se agrega la falta de control para que los be- neficiarios de lotes agrícolas no vendan sus parcelas fuera del plazo estipulado en la ley.
Ante esta situación, que se vuelve cada vez más compleja por no haberse hecho bien los deberes, hace falta adoptar medidas urgentes. Emilio Ca- macho, interventor del Indert, dijo que harán falta 15 o 20 años para regu- larizar el sector. Es imprescindible, entonces, que el Gobierno empiece a abandonar sus dubitativos pasos y empiece a caminar con firmeza.
http://www.ultimahora.com/notas/509220-La-reforma-agraria-fracasa-por-la-falta-de-voluntad-politica
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Paraguay: ¿desea un lote? Invada propiedades
El problema de la tenencia de la tierra se inició con la misma creación del Estado paraguayo. En la época del Dr. Francia y de los López eran las Estancias de la Patria. El gobierno, de esta manera, tenía control sobre la ganadería y permitió a los compatriotas el acceso a fincas arrendadas. La propiedad, no obstante, seguía siendo estatal.
Luego de la hecatombe de la Triple Alianza, Bernardino Caballero en el año 1883 inicia el proceso de poner en venta las tierras públicas. El Paraguay estaba desvastado por aquella guerra y sin ninguna posibilidad de préstamos. La miseria empujaba al éxodo a nuestros compatriotas, mujeres y niños en general. Acosado por sus acreedores, la venta de las tierras fiscales significó un alivio para las escuálidas finanzas y permitió al erario un importante ingreso de dinero.
Esta fue una reforma radical. Ya desde aquellos lejanos años, la tenencia de la tierra se convirtió en una fuente de riqueza. Unos pocos se beneficiaron enormemente y otros tantos se aprovecharon en demasía. Hasta fue una fuente de poder y de privilegios. Con la Constitución de 1844 de Carlos Antonio López, el acceso a la presidencia de la República y a la Cámara de Diputados requería de tener un título que acredite una hacienda. Tiempo después con Stroessner se adjudicaron en nombre de la reforma agraria millones de hectáreas. Los nuevos y numerosos dueños no eran precisamente beneficiarios del Estatuto Agrario.
Estas tierras se vendieron y se revendieron. Pasaron por distintos propietarios. Se hicieron inversiones y mejoras en las fincas. Los llamados actos de posesión empezaron a emerger sobre la propiedad. Ahora, el Estado ciertamente puede recuperar esas tierras. Para lograrlo, no obstante, la vía legal es la demanda de reivindicación.
Este es el procedimiento establecido en nuestro sistema legal. Más allá solo cabe la arbitrariedad y el derecho no puede surgir de un acto ilegal. El tema no parece complicado, a menos que, el Ejecutivo en este caso, pretenda otra cosa diferente. Y lo está haciendo. Permite las invasiones y convalida así actos ilegales que en nada beneficiarán a aquellas personas que creen todavía en la reforma agraria.
El problema real, más allá del Ñacunday es la pobreza campesina. Los censos y estudios en la materia muestran que pese a una reforma que tiene cien años de vigencia, ha dejado como evidencia la existencia de miles de hectáreas de tierras fiscales en las que no se produce nada y pocos campesinos para trabajar. La razón consiste en que el problema es otro. Es la desinversión, la baja productividad y la falta de empleos. En el Paraguay la mitad del territorio se encuentra improductivo.
Debemos reconocer que la reforma fracasó. Se relegó a propósito lo sustancial. Se hizo a adrede para que miles de campesinos queden atrapados en una red política, dependiente de una burocracia infernal y corrupta. No existe otro camino que cambiar esta visión y prácticas perversas.
El mismo Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) que reemplazó al antiguo Instituto de Bienestar Rural (IBR), no es más que una agencia ineficiente atada a los intereses de políticos y burócratas. El Indert cuenta en sus registros a miles de familias que ya cumplieron con las exigencias de la legislación rural. Sin embargo, no gestiona la entrega de títulos.
Pero esto es apenas un aplazo más en la larga lista de ineficiencia y corrupción al que nos tiene acostumbrado el Estado. Lo que está ocurriendo en estos días es una de las mayores tragedias está teniendo repercusión sobre el derecho, la economía, la política y la misma moral.
La instalación de los invasores en un Parque Nacional de reserva boscosa es lo que en la Grecia Antigua llevaba el nombre de tragedia. Los carperos accederán a lotes con servicios públicos incluidos. Ya están en el lugar, en una de las zonas más fértiles del país, similar a la cuenca del Missisipi y Missouri, en EE.UU. conocido como el granero del mundo. A partir de ahora, el slogan predilecto de la delincuencia se ha hecho público, notorio, detestable e hipócrita: “Desea un lote gratis; es sencillo, alístese como invasor de propiedades que tendrá la oportunidad que jamás tendrá en su vida”.
Lo que sucede en Ñacunday y en otros lugares no resuelve nada y perjudica a todos. Es un episodio político, para beneficio de unos pocos que desean réditos electorales. En el Paraguay más que nunca se requiere de la decisión firme para avanzar hacia el desarrollo rural. El punto de partida está en manos del gobierno de turno que alentó las invasiones y ahora debe resolver el problema que creó por su inutilidad, incoherencia y falta de patriotismo. Afortunadamente para los hombre mujeres de bien de este país, hay un camino para salir de este atolladero. Cumplir la ley, garantizar la propiedad y entregar los títulos que por notoria desidia no ha hecho hasta ahora. Solo esto, comparado con lo que tenemos, será un buen comienzo.
Por Víctor Pavón – The Cato Institute
06 de Marzo de 2012
Víctor Pavón es Decano de Currículum UniNorte (Paraguay) y autor de los libros Gobierno, justicia y libre mercado y Cartas sobre el liberalismo.
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Seguimos entre las principales naciones “deforestadoras” del planeta
A fines del año pasado, la prestigiosa revista Science exhibió las principales zonas de deforestación en el mundo, permitiendo establecer un ranking con los países en los que la tala de bosques es más acelerada y extendida. Penosamente, Paraguay figura entre las naciones que más destruyen sus áreas boscosas.
La información se basa en 650.000 imágenes obtenidas desde el año 2000 hasta el 2012 por el satélite Landsat 7. En el tope de la lista, además de nuestro país, aparecen Indonesia, Malasia, Bolivia, Zambia y Angola.
De acuerdo con el estudio, el planeta perdió 2,3 millones de km2 de bosques en los 12 años que llevó la colecta de datos. Las causas de esta situación fueron la explotación forestal, los incendios, plagas o tormentas. Simultáneamente, señala el informe, la Tierra ganó 800.000 km2 de bosques nuevos, lo que representa una pérdida neta de 1,5 millones de km2 en total.
El reporte destaca el gran avance de Brasil en la lucha contra la deforestación, considerando que pudo reducir en un 50% la destrucción anual de su masa forestal entre los años 2003 y 2011.
Paraguay, Malasia y Camboya tienen los índices nacionales de pérdida más altos de cobertura boscosa. Este panorama terrible empeora aún más si se recuerda que el Poder Ejecutivo ha abolido mediante un decreto la obligatoriedad establecida por ley de los estudios de impacto ambiental en fincas y pequeñas y medianas y en establecimientos de producción agrícola y ganadera. Esta decisión no representa un estímulo a las inversiones –que era el efecto supuestamente buscado– sino que simplemente abre las puertas a una depredación todavía mayor y más incontrolable del patrimonio natural de la nación. El Poder Ejecutivo debe corregir este despropósito con urgencia y analizar en realidad nuestras estrategias para proteger lo poco que queda de la masa boscosa en Paraguay. Para ello será necesario también un incremento significativo en el presupuesto asignado al resguardo de estos territorios, aumentando la cantidad de personal de campo e incorporando las más modernas herramientas tecnológicas en las tareas.
El Paraguay, hasta hace tan solo unas cuantas décadas, era poseedor de enormes territorios boscosos y una biodiversidad de las más importantes del continente. En unos pocos años esa riqueza fue dolorosa e irremediablemente dilapidada por traficantes de madera y otros irresponsables que, buscando la mayor ganancia posible en forma inmediata, acabaron hipotecando el futuro. Los bosques cumplen un papel crucial en el equilibrio ambiental. Son barreras naturales que fijan la humedad y evitan la erosión de los suelos. Urge ponerle un freno definitivo al acelerado deterioro del medio ambiente, lo que desde luego no se conseguirá por el camino de ignorar las leyes o forzando su interpretación para salir del paso o aflojar las presiones. – See more at: http://www.diariolajornada.com.py/v5/index.php/editorial/item/8056-seguimos-entre-las-principales-naciones-%E2%80%9Cdeforestadoras%E2%80%9D-del-planeta#sthash.YtXjJzsb.dpuf
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Urgencias ambientales
Iñaki Fernández Bogado
En Paraguay y otros países del hemisferio sur el invierno no necesariamente significa bajas temperaturas por periodos prolongados. Pueden ocurrir nevadas como en Córdoba o Porto Alegre o temperaturas bajo cero en el chaco paraguayo pero todo puede cambiar de un día para otro. El calentamiento global es un problema serio que no se aborda con el rigor ni responsabilidad necesarios. Controlar la reducción de las emisiones de combustibles fósiles ya no puede esperar por el alto impacto sobre el calentamiento global. Hasta ahora se conoce que se ha elevado 1,1 grados la temperatura de casa haciendo que esto signifique graves costos para todos. Biden anunció que dentro de 9 años el 50% del parque automotor norteamericano se moverá a energía limpia: la eléctrica.
Este verano en el hemisferio norte las inundaciones devastaron Alemania y China, y los incendios forestales han sido incontrolables en California, Siberia, Turquía y Grecia. En Paraguay hemos visto arder recientemente los campos en la costanera asuncena y Carapeguá.
Permanente inestabilidad
El calentamiento global lleva a una inestabilidad permanente y sus soluciones deben ser urgentes. Según el informe publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Incluso si los países comenzaran a reducir drásticamente sus emisiones hoy mismo. El calentamiento global total probablemente aumentaría alrededor de 1,5 grados Celsius en las próximas dos décadas, un futuro más caluroso que ya está prácticamente asegurado. Haciendo los veranos del norte no los únicos que superen la temperatura media acostumbrada a tener sino también en el sur. .
Casi 1000 millones de personas en todo el mundo podrían sufrir olas de calor más frecuentes que pondrían en peligro su vida. Los científicos encontraron que, con 1,5 grados de calentamiento, los peligros aumentan considerablemente.
Los cambios climáticos son tan serios por variaciones registradas cómo el tener casquetes polares se están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. En algunas regiones, los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes, y en otras se registran olas de calor y sequías.
Por otro lado, el calentamiento global agrava los procesos de desertificación, erosión y supone una pérdida generalizada de biodiversidad.
Tiempo de cambios
Así cómo esta pandemia significó una metamorfosis radical en nuestra vida social habituada, empleo y hasta economías y gobiernos que perdieron el control de grupos sociales organizados que se manifiestan hay otros enemigos silenciosos que ponen en riesgo nuestras vidas.
Entre nosotros los picos de calor o de frío nos debatimos como seres humanos ante una urgencia que requiere soluciones prontas. Ya sabemos y lo sentimos los efectos del calentamiento global. No hacen falta mas Gretas que nos adviertan. Hay que actuar pronto y rápido.
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