La aceptación del presidente Fernando Lugo de que los países del Mercosur puedan imponer al Paraguay un bloqueo político, económico y comercial cuando estos juzguen que aquí se produzca un caso de “ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático” constituye una grosera violación de las disposiciones constitucionales establecidas en el artículo 143 de nuestra Ley Fundamental.
El Congreso Nacional debe tomar cartas en este delicado asunto, no solamente rechazando de plano el infame acuerdo regional, sino también exigiendo al Poder Ejecutivo explicaciones por una actuación suya que agrede seriamente la soberanía del pueblo paraguayo.
De acuerdo con el artículo mencionado, en sus relaciones internacionales, la República del Paraguay se ajusta a los siguientes principios: 1) la independencia nacional, 2) la autodeterminación de los pueblos, 3) la igualdad jurídica entre los Estados, 4) la solidaridad y la cooperación internacional, 5) la protección internacional de los derechos humanos, 6) la libre navegación de los ríos internacionales, 7) la no intervención, y 8) la condena de toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo.
Pues bien, todos y cada uno de estos “principios” son abiertamente avasallados por el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II), firmado subrepticiamente el pasado 20 de diciembre por Fernando Lugo y sus pares de la región en la capital uruguaya.
En efecto, el artículo 6º del citado instrumento establece que “en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático” en un país miembro, el Mercosur podrá “cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres. Suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros”, lo cual constituye un ominoso bloqueo de idénticas características al soportado por la República del Paraguay durante la genocida Guerra de la Triple Alianza.
Por insólito que parezca, no es la primera vez que Fernando Lugo asume de manera tan descarada un atentado a la soberanía nacional de estas características. De hecho, el texto del Protocolo de Montevideo es prácticamente una copia fiel del Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia, suscrito en Georgetown, Guyana, el 26 de noviembre del año 2010.
A más de la incorporación del humillante e inaceptable bloqueo, uno de los aspectos más condenables de ambos documentos es que deja librada a la interpretación de terceros países qué constituye una “ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático”, una “violación del orden constitucional o de cualquier otra situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder”. De hecho, arteramente, en ninguna parte de los textos aludidos se explica qué exactamente significan dichas definiciones ni quién o quiénes las especificarán.
Por lo tanto, basta que Fernando Lugo o cualquier otro presidente de la región o cualquier otra autoridad de cualquiera de los cuatro países aduzca que aquí existe una “amenaza de ruptura del orden democrático” o “cualquier otra situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder” (la sustanciación de un juicio político en el Congreso, por ejemplo, que presumiblemente es el objetivo oculto de esta maniobra), para que nuestros vecinos automáticamente dispongan el cierre de nuestras fronteras, la suspensión del comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones e, inclusive, la provisión de energía.
Es más que evidente que estos acuerdos representan una canallesca reedición del Tratado Secreto de la Triple Alianza, suscrito el 1º de mayo de 1865 para desmembrar a la República del Paraguay y aniquilar a su población. De hecho, nadie pensará que países poderosos como el Brasil, por ejemplo, puedan ser jamás sometidos a las draconianas condiciones pautadas en el protocolo de marras. La única víctima del bloqueo, sin ninguna duda, no es otra que una nación mediterránea, sin costas marítimas, vulnerable y dependiente como es el Paraguay, gran productor de energía hidroeléctrica que es adquirida a vil precio por dos de los países que serán nuestros jueces.
Queda la impresión de que Fernando Lugo actúa como un enemigo de su pueblo, y que desconoce las trágicas lecciones de la historia del Paraguay. Se olvidó de los sacrificios que hicieron los paraguayos durante dos centurias para asegurar su independencia, hacer prevalecer su autodeterminación, y garantizar la libre navegación de los ríos, arterias básicas de nuestra comunicación con el mundo.
Lo más llamativo del caso es que el presidente Lugo, tan afín a la secta bolivariana marxista que muy a menudo protesta ante el mundo por el bloqueo que un país poderoso impone a la isla de Cuba, sumisamente acepte en las mismas condiciones el aislamiento y sitio de nuestro país por parte de aquellos que tienen todas las armas necesarias para someter al Paraguay a la condición de Estado vasallo.
Si la actuación de Fernando Lugo en el ámbito interno es decepcionante, en lo atinente a la implementación de la política exterior es directamente criminal. Urge entonces que el Congreso, en ejercicio de la representación de la soberanía popular, ponga las cosas en su sitio y rechace de plano este protocolo que representa el más grave atentado cometido contra nuestra soberanía en los últimos ochenta años, cuando con una guerra que nos costó la vida de 30.000 paraguayos debimos salvar al país de una nueva desmembración territorial en el Chaco.
6 de Enero de 2012
http://www.abc.com.py/nota/lugo-acepta-soberania-extranjera-sobre-el-paraguay/
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Paraguay descarta que Protocolo de Montevideo afecte su soberanía
El ministro Víctor Ríos indicó que el Protocolo de Montevideo solo pretende fortalecer la democracia. Abogó por un debate sobre la material y descartar las «especulaciones mediáticas».
Fue ante las interpretaciones de que el Protocolo de Montevideo sobre compromiso democrático entre países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) afecta la soberanía nacional. El titular de la cartera de Educación, argumentó que existe mucha ignorancia en la discusión del protocolo firmado entre miembros del Mercosur el 21 y 22 de diciembre pasado en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
A criterio del secretario de Estado, quien se refirió al tema tras reunirse con el canciller Jorge Lara Castro en la sede de Relaciones Exteriores, el acuerdo tiene la intención de fortalecer los procesos democráticos en América Latina, y evitar el regreso de los derrocamientos de gobiernos. «¿Está bien que uno haga un golpe de Estado y no pase nada, o hay que forzar a ese gobierno que está violando los derechos humanos a que se abra a la democracia? Eso es lo que se está planteando», subrayó el parlamentario con permiso del oficialista Partido Liberal.
Lamentó la «ignorancia» y la contradicción que rodean al debate sobre el tema. «Se invoca a la clausula democrática del Mercosur para impedir que Venezuela ingrese al bloque y, sin embargo, se oponen a muerte a la causa democrática planteada en el protocolo en cuestión», señaló. En cuanto a las críticas porque el protocolo de Montevideo autoriza una eventual intervención de fuerzas extranjeras en el proceso internos de un país, Ríos recordó que la globalización de por sí imposibilita estar fuera de las influencias externas.
Sobre todo, el funcionario paraguayo abogó por un discurso serio y sin especulaciones, al tiempo de cuestionar a sectores que afirman que Paraguay debería salir del bloque regional porque no le conviente. «El país no podría sobrevivir a ello por ser un país mediterráneo», advirtió. A su criterio, lo que Paraguay debe hacer, ante sus grandes vecinos Brasil y Argentina, es negociar y consolidar acuerdos, no «hacerse del prepotente». «Si vivís rodeado con dos monstruos, ¿cuál es la salida: Acordar con ellos o ponerte a pelear con los monstruos?», graficó.
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ASUNCION DENUNCIA PRESUNTO «INTERVENCIONISMO» DE UNASUR
Por Rubén Céspedes.
ASUNCION, 6 (ANSA)- El Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur, firmado recientemente por los presidentes del bloque, es motivo de fuertes críticas en Paraguay, por ser supuestamente lesivo para el país. Uno de los cuestionamientos duros provino hoy de la delegación paraguaya ante el Parlamento del Mercosur (PARLASUR), que sostiene que dicho protocolo responde a los «devaneos intervencionistas» de los presidentes de la Unión Suramericana de Naciones, UNASUR.
El citado Protocolo dispone que ante un quiebre o una amenaza de quiebre institucional en uno de los países miembros del Mercosur, los demás países podrán imponer medidas como cierre total de las fronteras, cortes de energía, suspender el tráfico aéreo, etc.
Las críticas apuntan a señalar que dicho protocolo afectaría con extremada dureza al Paraguay por ser un país mediterráneo, mientras no afectará prácticamente a los demás socios que están en ventajosa situación geográfica.
La delegación paraguaya ante el Parlasur sostiene que los cuatro presidentes del bloque, «a espaldas de los pueblos de Sudamérica», resolvieron «ampliar y desnaturalizar de manera inconsulta el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático».
Agrega que esta delegación, en otro pronunciamiento lanzado en junio pasado, había advertido sobre «la abierta y malsana intención de tergiversar la letra y espíritu del Protoco de Ushuaia» Añaden que esta intención señalada se lleva a cabo a propuesta del gobierno argentino, «de forma a ajustarlo a los devaneos intervencionistas de los jerarcas, promotores y sostenedores de la UNASUR».
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Una fórmula absurda e inviable
Informaciones trascendidas en la prensa dan cuenta de una fórmula, atribuida al Presidente del Uruguay, en la última cumbre del Mercosur en Montevideo, para posibilitar el ingreso de Venezuela. Según el informe en cuestión, la propuesta consistiría en reconocer al Presidente del Paraguay “como persona y Estado con plenos poderes y habilitado para firmar cualquier acuerdo, invocando para ello el Articulo 7 de la sección primera”’ de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados (ABC 24-XII-2011 pág. 4).
Es una interpretación absurda e incorrecta que no puede dejar sin efecto el deber y la atribución del Congreso paraguayo de aprobar o rechazar los Tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo, conforme al Art. 202 inc. 9 de nuestra Ley Fundamental. No es posible ignorar al Parlamento paraguayo, bajo la invocación del Art. 7 numeral 2 de esta Convención de Viena.
El Estado es una persona moral o jurídica. Para obrar requiere de órganos que son personas físicas, cuyos actos se imputan al Estado. El Art. 7, inc. b de la Convención de Viena citada, solo se refiere al requisito para la celebración de los Tratados. En efecto, cualquier autoridad, para suscribir un Tratado o acuerdo internacional y manifestar el consentimiento del Estado, necesita de Plenos poderes. Estos Plenos poderes solo tienen efecto y aplicación en el campo de las relaciones exteriores, no en el Derecho Interno de los Estados; corresponden, por lo tanto al Derecho Internacional Público. Henri Capitant, ilustre profesor de la Facultad de Derecho de París, define los “Plenos poderes” como la “habilitación para negociar y concertar un tratado internacional por cuenta de un Estado”. En sentido material, los “Plenos poderes” se extienden en un documento que suscribe el Jefe del Estado (en nuestro caso el Presidente de la República) y el ministro de Relaciones Exteriores. El sentido y alcance de la Convención citada es que, cuando se trata de los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado no requieren presentar el documento de “Plenos poderes”, en virtud de sus funciones y por considerarlos que representan al Estado. Simplemente, no necesitan presentar credenciales.
El Art. 238 inc. 1 de la Constitución establece como deber y atribución del Presidente de la República “representar al Estado”. Pero esta atribución de representar al Estado se aplica en el campo internacional para celebrar acuerdos con otros Estados, siempre “ad referéndum” del Congreso de la nación; y solo tendrán validez una vez aprobados y ratificados. La Constitución paraguaya, como la mayoría de las Constituciones occidentales democráticas, establece una jerarquía normativa que ningún acuerdo internacional puede suprimir: es el principio universal de la supremacía de la Constitución, como ley suprema del Estado.
Existe ya una jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en la materia. La norma del Art. 7 inc. 2 de la citada Convención de Viena es muy clara. Su interpretación racional no se presta a confusión, no se vislumbra un punto oscuro. La Convención, en este punto, de ninguna forma riñe con el plano constitucional, que limita la capacidad del Jefe del Estado para comprometer internacionalmente al país, sea por acto unilateral o por instrumento convencional.
En conclusión, se trata de una fórmula absurda, opuesta a la costumbre internacional y a las reglas de interpretación del Derecho. No condice con el alto prestigio y respeto que ha ganado su proponente en el Cono Sur.
por Luis Enrique Chase Plate*
(*) Profesor titular de la UNA
http://www.abc.com.py/nota/una-formula-absurda-e-inviable/
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El bloqueo del Mercosur apunta solo al Paraguay
La posibilidad de bloqueo del Mercosur por “amenaza de ruptura” democrática solo puede ser aplicado al Paraguay. Ningún otro miembro del grupo se encuentra en una situación tan vulnerable ante el “cierre de fronteras, el corte del comercio, las comunicaciones y la provisión de energía”. La Cancillería alega que el Protocolo firmado por Lugo en Montevideo contiene una cláusula que insta a contemplar “la situación de los países sin litoral marítimo”. Entonces tendrían que explicar cómo haría el Mercosur para bloquear al Brasil si hay allí una amenaza de golpe de Estado.
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Mercosur agrede al Paraguay
por Adrián Cattivelli
El Mercosur asumió una actitud de hostilidad hacia el Paraguay. Dos posiciones adoptadas en la última cumbre del bloque, celebrada el 20 de diciembre de 2011, lo demuestran con claridad: por un lado, el intento de forzar el ingreso de Venezuela al proceso de integración regional evitando el pronunciamiento del Congreso paraguayo y; por otro, la creación de la figura del bloqueo político, económico y comercial en caso de que los demás países consideren subjetivamente que aquí se registre una ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático.
En el primer caso, nuestros “socios” pretendían hacer tabla rasa de los preceptos constitucionales según los cuales todos los tratados y acuerdos internacionales deben ser sometidos a la consideración del Congreso Nacional. Además, buscaban alterar las reglas del juego existentes al interior del bloque, puntualmente en lo que respecta a la necesaria unanimidad que debe existir para proceder a la incorporación de nuevos miembros al Mercosur.
Resultaba, también, muy sugerente que, al mismo tiempo que se reforzaban las “cláusulas” tendientes a garantizar la gobernabilidad democrática en los Estados Partes, se hiciera lo imposible para incorporar a Venezuela a la región, siendo que el régimen que gobierna ese país ni siquiera cumple el primer artículo del Protocolo de Ushuaia, según el cual: “La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración”.
Pero si esto de por sí constituía un despropósito y una medida abiertamente inamistosa por parte de nuestros “socios”, lo que vino después representa una afrenta y una imposición inaceptable para el pueblo paraguayo.
Un país mediterráneo, que durante centurias luchó a brazo partido para garantizar su independencia y asegurar la libre navegación de los ríos, verdadera columna vertebral de su comercio exterior -sin la cual ninguna nación soberana podría sobrevivir-, de ninguna manera puede tolerar ni aceptar voluntariamente que los Estados que lo rodean le impongan un bloqueo de ningún tipo, menos todavía el de las características establecidas en el “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur”.
Más difícil aún es digerir que un gobernante paraguayo entregue a las naciones vecinas las facultades necesarias para que estas definan por sí y ante sí qué es una “ruptura o amenaza de ruptura del orden constitucional, una violación del orden constitucional o cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder”. En efecto, ¿qué significa “cualquier situación”? En buen castellano quiere decir cualquier cosa, sea lo que fuere, lo que los demás quieran imaginar o suponer.
En este sentido, aún concibiendo la hipótesis de que los creadores de este adefesio legal hayan tenido por objetivo preservar la institucionalidad democrática en los países miembros del Mercosur, cabe cuestionar de la manera más enfática posible que la posibilidad de imponer un bloqueo que comprometería la existencia de una nación soberana como el Paraguay, fuera concebida con parámetros tan insólitamente laxos. Este país de ninguna manera puede aceptar que lo sitien ante “cualquier situación”.
Si todo esto se asumió, tanto la idea de forzar el ingreso de Venezuela de espaldas al Paraguay como la creación del mentado bloqueo, en nombre de la “integración regional”, es evidente que en los Estados que forman parte del bloque existe una muy pobre consideración acerca de lo que realmente significa el concepto de la integración. En todo caso, para ellos, querrá decir arbitrariedad, imposición y dictado.
Este Mercosur que agrede al Paraguay no tiene nada que ver con lo que inicialmente fue concebido, en tanto que herramienta destinada a promover el bienestar y el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Así las cosas, no nos conviene seguir apostando a la profundización de un proceso más comprometido con el avasallamiento de uno de sus miembros que con su real y dinámica complementación con la región y el mundo. Es doloroso reconocerlo, pero este Mercosur no nos sirve.
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El pobre mediterráneo
por Ilde Silvero
Los grandes nos están apretando contra la pared para que digamos “sí” al ingreso de Venezuela al Mercosur. La Presidenta argentina golpeó el atril y alzó la voz para reclamar que los hermanos debemos unirnos para progresar juntos. El cacique charrúa dijo que los amigos paraguayos no le iban a fallar en esta patriada mercosuriana. La jefa Dilma transmitió su certeza de que “os irmaos guaraní” seguramente pronto darían la bienvenida a Hugo Chávez. Fernandito tuvo que decir que sí pero no, que está bien lo uno pero también lo otro, que estamos de acuerdo pero por ahora es todo lo contrario. Su corazón estaba con el sí, pero la amenaza de juicio político le empujaba al no.
¿Por qué los socios fundadores del Mercosur, excepto Paraguay, quieren que ingrese Venezuela? ¿Por qué desean incorporar a un presidente que, violando la constitución, se considera presidente vitalicio, expropia cuantas empresas privadas se le antoja y cierra los medios de comunicación que lo critican? Salvando diferencias obvias por los tiempos históricos, Hugo Chávez es igualito a Stroessner: será dictador hasta que se muera, salvo que lo echen a cañonazos del poder.
Brasil acepta su ingreso al Mercosur porque en realidad le importa un comino lo que haga Chávez con su pueblo. Brasil está en las grandes ligas, es la sexta economía más grande del planeta, geopolíticamente está entre las diez naciones más poderosas del mundo, de modo que los despelotes del chavismo en el país vecino le tienen sin cuidado.
Los Kirchner, en cambio, son eternos deudores del locuaz demagogo caraqueño. En su momento, fue descubierto un maletín con ochocientos mil dólares que supuestamente enviaban desde Venezuela para apoyar la campaña proselitista de los “K” y nadie sabe en realidad cuántos petrodólares habrán venido con tal fin. De modo que Huguito siempre es bienvenido para saborear algún churrasco en Puerto Madero.
El Pepe Mujica parece un poco desorientado; quizás la edad empiece a jugarle alguna mala pasada. En su juventud fue guerrillero, luego militante de la izquierda, líder del Frente Amplio y presidente de su país; con esa meritoria trayectoria, ahora se volvió amigo de un milico golpista, autoritario, represor de derechos humanos, enemigo acérrimo de la libertad de expresión. Mirá lo que son las cosas. Cómo nos cambia la vida, che. ¿Ya olvidaste Pepe los años en que luchábamos contra los gorilas como el que ahora quiere unirse a nosotros en el Mercosur?
Hay quienes sostienen que el Mercosur es solo un acuerdo de libre comercio, un mecanismo para agilizar los trámites aduaneros y promover la unión de las economías internas del grupo; que, como solo se trata de negocios, es como importar o exportar a China comunista.
En realidad, no es así. Existe una “cláusula democrática” que establece que para ser socio del Mercosur el gobierno del país que se postula debe ser democrático, justamente para impedir que dictadores de izquierda o de derecha se metan a querer contagiarnos su mal.
Somos un país pequeño, pobre y mediterráneo, pero ya tenemos suficientes problemas como para que aceptemos que un gorila bolivariano quiera venir a darnos lecciones de democracia.
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El secretismo de Lugo
Enrique Vargas Peña
El 20 de diciembre del 2011, el canciller Jorge Lara Castro firmó en Montevideo, en nombre de nuestra República y siguiendo instrucciones del presidente Fernando Lugo, un “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en Mercosur”.
Dicho “Protocolo” tiene el objetivo de incorporar al Protocolo de Ushuaia, del 24 de julio de 1998 (Cláusula Democrática de Mercosur), los mecanismos que la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) pretende establecer en defensa de los poderes ejecutivos de la región, definidos en el artículo 4° del “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia”, firmado el 26 de noviembre del 2010, a impulsos de la crisis generada por el secuestro del presidente de Ecuador, Rafael Correa, por unos policías rebeldes.
Estos mecanismos pueden resumirse en otorgar a los poderes ejecutivos de los países de la región la potestad de definir cuándo hay una “amenaza” de quiebre institucional en algún país del bloque, cuándo hay un quiebre institucional propiamente dicho y la de imponer al país afectado medidas tan drásticas como un bloqueo o un corte de suministro energético.
Estas medidas consagran una desigualdad esencial, pues nosotros no podemos imponer, por razones geográficas obvias, ningún bloqueo o corte de energía a Brasil, por ejemplo, pero Brasil y sus socios sí pueden imponerlos a Paraguay.
Ya en aquella ocasión, noviembre del 2010, el señor Lugo dio su aquiescencia a tal pretensión sin advertir a nuestro pueblo que haría firmar en nombre de nuestro Paraguay semejantes medidas.
Ciertamente, el manejo de las relaciones exteriores de nuestra República está delegado en el Poder Ejecutivo que, ciertamente también, puede tomar las determinaciones que crea convenientes, pues es depositario de un mandato popular para ello.
Pero esto no obsta para que el presidente de la República informe a sus mandantes sobre los asuntos que debe resolver, independientemente de que está autorizado a tomar la decisión que le parezca más conveniente.
La consulta, que no consiste más que en la publicación previa de lo que cree conveniente firmar, generaría un debate público sobre el tema que le posibilitaría conocer las tendencias de la opinión pública, las cuales, sin ser vinculantes, le permitirían saber los riesgos que corre tomando tal o cual posición.
Y a la opinión pública le permitiría, ese debate, saber si el presidente de nuestro país cumple o no a satisfacción su obligación de defender el interés nacional paraguayo.
El señor Lugo ya ha hecho esto cuando lo creyó conveniente: Puso a consideración del público lo que haría ante Brasil en Itaipú y logró un resonante apoyo popular que le permitió negociar desde una posición mucho más fuerte.
Entonces, no se entiende por qué no hizo lo mismo antes de firmar en noviembre del 2010 el “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia”, considerando que contiene disposiciones particularmente riesgosas para nuestro país.
Y tampoco se entiende por qué no hizo lo mismo antes de volver a firmar, el 21 de diciembre del 2011, el “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en Mercosur”, que contiene disposiciones similares.
No se entiende por qué el señor Lugo hizo firmar, en el marco de un hermetismo incompatible con el concepto de República, disposiciones tan riesgosas para nuestra Independencia Nacional, dado que en las difíciles negociaciones sobre Itaipú, que convenían a su gobierno, hizo todo lo contrario.
Pero la razón es simple: El señor Lugo firma en secreto lo que hace al interés particular de su grupo político (la coalición hegemonizada por los marxistas que se denomina Frente Guasu).
Se trata de un patrón de conducta. El señor Lugo, por ejemplo, ya prestó reconocimiento, bajo ese mismo marco de hermetismo, a la organización “Frente Polisario”, que dirige una república virtual desde Argelia, reconocimiento que no reporta beneficio alguno a nuestro Paraguay, aunque sí a los camaradas paraguayos del “Polisario”.
El reconocimiento del “Polisario” para beneficiar al Frente Guasu, perjudica al interés nacional paraguayo pues destruye nuestras relaciones con Marruecos, país que es una puerta de entrada al mundo árabe (que no reconoce al “Polisario”), en el que existe un enorme potencial comercial para nuestro Paraguay.
Es un caso de cómo el señor Lugo favorece su interés particular sobre el interés general de los paraguayos.
Estas firmas de los “protocolos” de Unasur y Montevideo son otros casos similares: El señor Lugo parece buscar con dichas firmas un blindaje contra la posibilidad de ser constitucionalmente destituido por la vía del juicio político.
Un comunicado de la Cancillería, publicado el viernes 6 de enero del 2012, insinúa que lo anterior no es posible desde que ambos “protocolos” deben superar obligatoriamente una revisión del Senado de nuestra República, que debe revisar ambos documentos, pudiendo rechazarlos.
Se trata de una media verdad. Es cierto que el Senado puede rechazar ambos “protocolos”, pero no es menos cierto que, sin la discusión previa a la firma que es consistente con el concepto de “República”, la presión política internacional sobre el Senado actúa como un desequilibrante contrapeso de la opinión pública paraguaya.
Un rechazo del Senado paraguayo a esos “protocolos” será presentado por Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador como una falta de compromiso de los senadores paraguayos con la democracia.
Un ejemplo claro del peso de la presión internacional lo estamos sufriendo ahora con relación al ingreso de Venezuela a Mercosur.
Como en el caso de su reconocimiento clandestino al “Frente Polisario”, el señor Lugo busca imponer los “protocolos” poco menos que como hechos consumados, contra los cuales espera poca o ninguna resistencia.
Este patrón de conducta del señor Lugo, el secretismo para encubrir la búsqueda de sus intereses particulares valiéndose de su cargo, es un grave riesgo para nuestra democracia. Repite, el Presidente, las lamentables conductas de muchos de sus antecesores, que sacrificaron a nuestro Paraguay para medrar ellos.
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Comisión pro Chávez debe ir a Venezuela primero
Se equivocaron de destino quienes decidieron enviar a nuestro país una “Comisión de Alto Nivel del Mercosur” para intentar convencer a los parlamentarios paraguayos de aceptar el ingreso del gorila totalitario Hugo Chávez al proceso de integración regional. Antes deben mandarla a Caracas, para recomendarle al autócrata bolivariano que ajuste su comportamiento político a lo que en el bloque sabemos que es la democracia. Ahí es donde se encuentra el verdadero nudo gordiano que impide avanzar en la materia. Por lo tanto, aún están a tiempo de reorientar los esfuerzos diplomáticos que pretenden desperdiciar en Asunción.
Si los señores de la Comisión que van a venir leen bien, verán que el primer artículo del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur establece con toda claridad: “La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes”. Pero, a la luz de los hechos que cotidianamente se suceden en Venezuela, parece que a Chávez le importa un rábano lo que dispone esta cláusula. Por lo tanto, es preciso que alguien con suficientes dotes de convencimiento se lo haga leer o lo ilustre acabadamente sobre el particular. Talvez los de la Comisión, cuando vayan a Caracas.
En la Venezuela subyugada por Chávez no existe el más mínimo respeto por las libertades individuales, ya sean políticas o civiles, que son la piedra angular sobre la que se sustenta todo régimen democrático. Allí los que sostienen opiniones distintas a las del déspota son sistemáticamente hostigados, sometidos a procesos judiciales amañados bajo caprichosas e inventadas acusaciones de “corrupción”, encarcelados o directamente forzados a exiliarse en el extranjero.
El tirano caribeño tiene, además, totalmente sometido al Poder Judicial, que se ha convertido en el órgano ejecutor de todas sus maquinaciones y ocurrencias. Como ejemplo está el caso de nada menos que una jueza, María Lourdes Afiuni, detenida por orden de Chávez a fines de 2009 por haber dictado una sentencia que contrariaba al dictador. El pasado 27 de diciembre, tres relatores independientes de las Naciones Unidas expresaron su rechazo a la decisión de otro juez que ordenó extender por dos años más la prisión preventiva de la magistrada.
“Como demuestra el mantenimiento en detención de la jueza Afiuni, la independencia de la judicatura está severamente comprometida en Venezuela. Los actores judiciales temen correr la misma suerte de la jueza Afiuni si osan actuar en contra de los intereses gubernamentales”, concluyó la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul. Ante este atropello, ¿no deberían expedirse los países del Mercosur y su Comisión de Alto Nivel antes de venir al Paraguay?
Si es que los que van a venir son verdaderamente demócratas, podrían decir también alguna palabra acerca de la supresión de la libertad de prensa en Venezuela, ya que en los últimos años Chávez ordenó el cierre de 34 radioemisoras, sacó del aire al canal Radio Caracas Televisión (RCTV) e impuso multas pecuniarias astronómicas a Globovisión, el último canal independiente del país.
Los paraguayos conocemos perfectamente lo que significó la aplicación del terrorismo de Estado en nuestro país. La dictadura en Argentina duró unos 8 años, en Uruguay 12, en Brasil 21, con varios cambios sucesivos de personas en esos periodos de tiempo. Pero aquí se extendió reelección tras reelección por interminables 35 años en manos de un solo sátrapa, en los que lo único garantizado era el fiel cumplimiento de la voluntad omnímoda del tirano Stroessner. Igualito a lo que ocurre hoy día en la atribulada Venezuela: se cumple con la voluntad de Hugo Chávez.
Muchos de quienes hoy ocupan escaños en el Congreso nacional soportaron en sus costillas y en sus propiedades los embates del autoritarismo stronista, la persecución, la confiscación de sus bienes y el exilio. ¿Cómo habrían entonces de permanecer insensibles ante las arbitrariedades semejantes que acontecen en Venezuela? Que lo diga el doctor Domingo Laíno y su familia, quienes sufrieron en carne propia lo que hoy están sufriendo muchos políticos y periodistas en la angustiada Venezuela.
El problema de fondo en esta cuestión es que en Venezuela simplemente no existe “vigencia de las instituciones democráticas”, ni “plena”, como exige la Cláusula Democrática, ni aparente. Por lo tanto, así como señalamos al comienzo, lo único que cabe es que la mentada “Comisión de Alto Nivel del Mercosur”, si es que es intelectualmente honesta, antes de venir al Paraguay necesariamente se desplace a Caracas y se informe con los partidos de la oposición política si es que Chávez respeta los preceptos de una democracia como lo exige el primer artículo del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur.
9 de Enero de 2012
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El protocolo de Montevideo: una afrenta a la soberanía nacional
por Hugo Saguier Guanes
De un tiempo a esta parte la Cancillería nacional ha hecho gala de una chisporroteante publicidad y una deslumbrante pirotecnia verbal a fin de camuflar y disimular la seguidilla de imposturas, como en el caso del vergonzoso protocolo de Montevideo, en la que el canciller ha tratado de justificar su implementación bajo el pretexto institucional de la defensa de la democracia, cuando en realidad este protocolo involucra un vil atentado contra los principios fundamentales del derecho internacional como el concepto de soberanía y autodeterminación de los pueblos, y de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, esbozados ya por Hugo Grocio en las postrimerías de la guerras europeas de religión del siglo XVII y reafirmado más adelante por el Congreso de Viena del año 1815, para llegar al día de hoy, donde se encuentra consignada la convención de Viena en la década del sesenta y en nuestra propia Carta Magna, con algunas reservas en lo concerniente al derecho internacional humanitario.
El protocolo de Montevideo va mucho más allá de la cláusula democrática interamericana adoptada por la OEA, hace diez años, porque no solamente habla de ruptura del orden constitucional sino de amenaza de ruptura que conlleva una apreciación subjetiva y caprichosa sujeta al buen saber y entender del presidente de turno.
Esta bárbara y anacrónica forma de interpretar una situación institucional tiene su antecedente y paralelismo, salvando las distancias de tiempo y espacio, en el tratado de la Triple Alianza, cuyo artículo 17 dice “que los aliados se garantizarán recíprocamente el fiel cumplimiento de los acuerdos, arreglos y tratados que hayan de celebrarse con el gobierno que se establecerá en el Paraguay”… “si estos esfuerzos fuesen inútiles, los aliados concurrirán con todos los medios a fin de hacer efectiva la ejecución de lo estipulado”.
No se requiere demasiada perspicacia para tomar conciencia del espíritu intervencionista de ambos compromisos, aquel lejano de 1865 y el que se quiere aplicar hoy al Paraguay, pues bien sabido es que el mismo no se podrá imponer al Brasil ni a la Argentina por razones más que obvias.
Paraguay es un país mediterráneo sujeto a un determinismo geográfico funesto que conspira contra la supervivencia de la propia nación.
Es más, el protocolo de Montevideo menciona el cierre total o parcial de las fronteras terrestres, limitación o suspensión del tráfico aéreo y marítimo y la suspensión de los suministros energéticos y de servicios. Con ello el Paraguay quedaría totalmente aislado, asfixiado, encerrado en sí mismo sin posibilidad de revertir esta deplorable situación que conllevaría a su colapso existencial como nación soberana.
Sin embargo, el protocolo de Montevideo no hace mención a los presidentes que tienen delirios mesiánicos y que intentan perpetuarse en el poder a través de reelecciones indefinidas a la usanza de las dinastías hereditarias de los Borbones o de los Habsburgos o de los caprichos reeleccionistas de Hitler y de Stalin, que de salvadores de la patria pasaron a integrar la tétrica galería de los más crueles y oprobiosos genocidas que registra la historia universal.
El Paraguay no debe aceptar este vil y denigrante protocolo que como un disimulado caballo de Troya intenta penetrar en nuestro suelo patrio, despojándonos de aquello que hemos logrado con sangre, sudor y fuego: la dignidad de ser un país soberano y autodeterminado.
9 de Enero de 2012
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Protocolo hecho a medida de los presidentes
por Víctor Pavón (*)
El documento originario de Ushuaia es una garantía para la democracia. La adenda firmada en Montevideo por el presidente Lugo y sus colegas no lo es. Es un protocolo hecho a medida de los presidentes cuyo propósito es hacerlos permanecer en el poder sin temor a juicio político alguno, desconocer a los Congresos y tener un reaseguro para que cualquier crítica de mal gobierno o mal desempeño en sus funciones sea catalogada de amenaza a la democracia.
Algo tenía que producir el Mercosur con sus pomposos y costosos encuentros. No fue el libre comercio en la región, la reducción de los aranceles, las garantías a los genuinos empresarios ni la denuncia sobre el proteccionismo de nuestros vecinos para el ingreso de los productos de la industria paraguaya o la venta de nuestra energía eléctrica. Nada de eso. A los altos costos que recaen al final sobre los contribuyentes en mantener la burocracia mercosurina, ahora los presidentes se decidieron por un autorregalo. ¡Y qué regalo! Con la ampliación del Protocolo de Ushuaia provocaron un retorno al pasado mediante un giro hacia el autoritarismo regional.
Aquí el tema del debate es uno solo. Si los presidentes con esta adenda pueden autorizar el ingreso de militares de los demás países cuando se crean amenazados, entonces se terminó el control del poder. Y si no se tiene control del Ejecutivo, entonces las instituciones solo sirven de adorno para dar lugar a la corrupción. Pero ese tema le tiene sin cuidado al pequeño grupo electoral que accedió al gobierno en el 2008 en Paraguay. Desde el presidente Lugo, pasando por sus principales asesores y simpatizantes, la adenda es el puente de plata que tanto deseaban, luego de percatarse una vez más de su notoria orfandad popular en las urnas. Pero, afortunadamente, la prensa libre no les da tregua a los autoritarios e incoherentes que, autodenominándose “antiimperialistas“, ahora sin embargo no tienen la menor vergüenza de defender un documento que autoriza el ingreso de fuerzas militares extranjeras a territorio paraguayo.
De acuerdo al documento solo basta que el Poder Ejecutivo por medio de su presidente se sienta amenazado para autorizar la intervención militar de los demás países miembros. La adenda es lo contrario de la genuina democracia constitucional pues esta requiere el control del poder. A partir de ahora los presidentes tendrán amplias facultades que convertirán al Poder Ejecutivo en una superestructura no controlada por los Congresos sino por los intereses personales y electorales del grupo al cual pertenece el mandatario de turno.
Ciertamente a los presidentes les debe encantar la adenda. Este documento les permitirá hacer alianzas entre sus gobiernos de modo a consolidar sus proyectos, donde ellos mismos serán los actores principales y/o designarán a los que les sucederán. Ni siquiera a los monarcas se les hubiera ocurrido esta idea dado que el linaje de sangre tampoco era una garantía para seguir disfrutando de los privilegios de la corona.
De ahí que el control del poder es fundamental a la genuina democracia. La coerción que tiene cualquier gobierno de imponer sus programas está limitada por los mecanismos de control del poder. El Poder Ejecutivo se encuentra limitado por la previa deliberación y aceptación por parte del Congreso, y estos dos poderes, a su vez, se enfrentan en su momento a los recursos de inconstitucionalidad planteados ante el Poder Judicial. A partir de aquí, los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, empiezan a cumplir cada cual su rol para impedir que cualquiera de los poderes tenga supremacía sobre los restantes. Esta arquitectura institucional de dividir el poder no tiene otro propósito que el de impedir la centralización del poder en unos pocos mediante el sistema constitucional de pesos y contrapesos.
En caso de que uno de esos poderes actúe desconociendo el sistema, los mecanismos institucionales deben manifestarse impidiendo su avance. Esto es lo que se llama control del poder. Si no ocurre esto, como debería suceder con el Congreso paraguayo rechazando el documento firmado por el presidente Lugo, el camino hacia una regresión política en el país se hará realidad con la complicidad de los mismos legisladores que fungen de representantes del pueblo. La corrupción, la venta de influencia, las licitaciones amañadas, el enriquecimiento ilícito y el robo al erario son todavía más escandalosos e impunes donde no existe control del poder. La adenda al Protocolo de Ushuaia se firmó a medida de los presidentes y es una invitación al retorno del autoritarismo regional.
10 de Enero de 2012
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A favor del presidente Lugo
1. Indigna ver cómo cierta prensa marca su agenda a muchos políticos y congresistas, y cómo estos, temiendo ser dejados de lado, no solo se ajustan a ella, sino que se esfuerzan por profundizar en la línea sugerida por el medio. Esto se puede apreciar claramente en cuanto al Protocolo Ushuaia II, suscripto recientemente.
2. Al Poder Ejecutivo le corresponde «el manejo de las relaciones exteriores de la República… negociar y firmar tratados internacionales» (Art. 238, Inc. 7, CN). Por tanto, el presidente de la República no está obligado a consultar previamente con el Congreso respecto de este tema.
3. En el caso que nos ocupa, en forma necesaria se dará el control de parte del Congreso al aprobar o rechazar el tratado firmado por el Ejecutivo (Arts. 141 y 202, Inc. 9, CN).
4. En cuanto al tema de fondo, presumiendo la buena fe de políticos y congresistas, se puede sostener que existe gran confusión.
En nuestra Ley Suprema está previsto el «derecho de resistencia a la opresión», tanto en su forma pasiva o de desobediencia, como en su forma activa o de insurrección, contra un «gobierno usurpador», es decir, contra quienes «invocando cualquier principio o representación contrarios a la Constitución, detenten el poder público» (Art. 138 CN). La Ley fundamental faculta al pueblo a resistir a los usurpadores, esto es, a los gobernantes que carecen de legitimidad de origen.
Todo esto está reforzado, en el plano interno, por la «inhabilidad por atentar contra la Constitución» prevista para «los jefes militares o los caudillos civiles de un golpe de Estado, revolución armada o movimientos similares que atenten contra el orden establecido por esta Constitución» (Art. 236 CN).
Luis Lezcano Claude
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Rechazan amenazas de juicio político a presidente paraguayo
El ministro del Interior de Paraguay, Carlos Filizzola, rechazó hoy amenazas de sectores de la derecha de someter a juicio político al presidente Fernando Lugo, luego de la firma del Protocolo de Montevideo, Uruguay.
Este instrumento fue rubricado el pasado 20 de diciembre en la última cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) por los Estados partes y países asociados, y se refiere al compromiso con la democracia dentro del bloque de integración subregional.
«No tiene sentido ningún juicio político porque no hay nada ilegal que se haya hecho», afirmó en declaraciones a la prensa el titular del Interior al término de una reunión del Consejo de Ministros.
Filizzola expresó que para tener vigencia esa cláusula democrática, «lógicamente tiene que haber un acuerdo del Senado».
El encargado de los asuntos políticos del Ejecutivo señaló que con el documento firmado se quiere «proteger la democracia y nada más que eso».
Enfatizó que con esta cláusula democrática se quieren evitar en nuestros países golpes de Estado, como ocurrió en Honduras, e intentos como los sucedidos en Ecuador y Bolivia.
El ministro precisó, sin mencionar fecha, que el Protocolo de Montevideo será enviado al congreso y apuntó que la decisión le corresponde al Presidente o a la cancillería.
La última palabra la tiene el congreso, remarcó el titular del Interior, y reiteró que «no hay nada ilegal que se haya hecho».
Al referirse a la amenaza de juicio político a Lugo, comentó que hay sectores interesados y «evidentemente hay un trasfondo político de la gente que está amenazando».
Algunos políticos quieren sacar rédito de la situación, pero no existen argumentos legales para ello, sostuvo.
El diputado del opositor Partido Colorado Oscar Tuma es el promotor de la propuesta, y según trascendidos periodísticos, presentará un borrador con su propuesta a la dirección de su partido.
La semana pasada el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay explicó en un comunicado que el documento rubricado en Uruguay fue suscrito por representantes de los Estados partes del Mercosur y países asociados, como es de práctica.
Para la ratificación de la mencionada normativa jurídica se requiere la aprobación previa del Congreso Nacional, aseguró.
El texto recordó que el Protocolo de Ushuaia del 24 de julio de 1998 lo firmaron igualmente, en su momento, Bolivia y Chile, que eran los Estados asociados al bloque en ese entonces.
La cancillería subrayó que el Protocolo de Montevideo tiene como antecedente inmediato el artículo cuatro del Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas sobre compromiso con la democracia, suscrito el 26 de noviembre de 2010.
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Comisión Permanente analizará el Protocolo de Montevideo
El Presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, Senador Efraín Alegre, indicó ayer que recibió de la Cancillería Nacional la copia del “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II)”, firmado recientemente por el Presidente de la República, Fernando Lugo, durante la última Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur. El documento, dijo, será objeto de un exhaustivo análisis por parte de los miembros de la Comisión que preside.
El senador Efraín Alegre dijo que recibió la copia del Protocolo de Montevideo de parte del Canciller Jorge Lara Castro, y que dispondrá la remisión de copias a los miembros de la Comisión Permanente así como a los líderes de Bancadas, de modo a darle el tratamiento correspondiente en la próxima sesión ordinaria, prevista para la semana próxima.
Esto, tras entrevistarse con el Presidente del Tribunal Ético Contra la Impunidad, Sr. Antonio Palazón Ibieta, quien le entregó una nota solicitando la “inmediata respuesta legal, jurídica y política” del Congreso ante el documento suscrito por los Presidentes del Mercosur.
“Es importante resaltar que este documento no tiene ninguna suerte de aplicabilidad hasta tanto el Congreso resuelva. En tanto el Congreso no resuelva sólo es un documento que significa una intención de voluntades de los presidentes y otros que se adhirieron, pero bajo ninguna circunstancia obliga a ninguna de las partes hasta tanto el Congreso no apruebe”, sostuvo Alegre.
Descartó que exista alguna situación de riesgo a la soberanía nacional y se mostró contrario hacia un posible juicio político contra el primer mandatario, tal como proponen algunos legisladores de la oposición.
“Creo que es un documento firmado entre los Presidentes del Mercosur en relación a una preocupación que es la protección de la institucionalidad democrática, que tal vez no haya tenido una buena redacción o no haya sido feliz el documento presentado, pero está en manos de los Congresos analizar artículo por artículo y en su caso aquellos que se consideran inadecuados serán rechazados”, explicó.
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Protocolo de Montevideo fortalece democracia en Mercosur
El Protocolo de Montevideo fortalece el compromiso con la democracia de nuestros países, aseguró hoy en esta capital Emilio Camacho, asesor jurídico de la Presidencia de Paraguay.
En declaraciones a reporteros, manifestó que ese instrumento no representa de ninguna forma un atentado contra la soberanía nacional, como quieren hacer ver sectores de oposición que cuestionan la firma del documento por el presidente Fernando Lugo.
El manuscrito fue rubricado por representantes de los Estados partes del Mercado Común del Sur (Mercosur) y países asociados, como es de práctica, en la última cumbre del bloque subregional, con sede en Montevideo, Uruguay.
Camacho dijo estar asombrado por la polémica generada por sectores de oposición, que demandan, inclusive, el juicio político al mandatario.
La propuesta de impulsar el recurso constitucional, utilizado con reiterada frecuencia contra Lugo, provino del diputado del opositor Partido Colorado Oscar Tuma.
Algunas voces de su propio partido y del sector liberal se oponen a la propuesta del parlamentario, y para la mayoría resulta inviable en el seno del congreso.
El legislador acusó al mandatario paraguayo de haber violado el artículo 143 de la Constitución al firmar el Protocolo de Montevideo.
Este apartado de la Ley suprema se refiere a las relaciones internacionales y señala que Paraguay acoge entre sus principios la independencia nacional, autodeterminación de los pueblos, y solidaridad y cooperación internacional.
Hace suyos también la igualdad jurídica entre los Estados, protección internacional de los derechos humanos, libre navegación de los ríos internacionales, la no intervención y condena a toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo.
El asesor jurídico de la Presidencia hizo referencia a la negativa del Congreso paraguayo de admitir a Venezuela como miembro pleno del Mercosur y recordó que el 4 de julio del 2006 los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia suscribieron el protocolo de adhesión de Caracas al bloque de integración.
«Resulta que hoy por lo visto Venezuela dejó de ser una democracia, o un país soberano, para estas personas», apuntó Camacho en información publicada por la agencia IPParaguay.
«Estas cosas la gente las olvida y es importante contraponer el debate», subrayó el jurista.
De los cuatro miembros del Mercado Común del Sur, sólo falta el congreso paraguayo por definir la incorporación de Caracas al mecanismo de integración.
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Polémica en torno a la firma del Protocolo de Montevideo en el Mercosur
POR EDUARDO ARCE ⋅
¿Qué dice el Protocolo? Las argumentos a favor y en contra.
Los presidentes de los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) más los asociados al bloque: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, y Venezuela, firmaron en los últimos días del año pasado el “Protocolo de Montevideo sobre el compromiso con la democracia en el Mercosur”
El Protocolo de Montevideo (Ushuaia II), es un anexo al de Ushuaia y según las consideraciones mencionadas en el mismo, se firmó porque “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración entre las Partes”.
Con el Protocolo de Montevideo, los presidentes reiteraron “el compromiso con la promoción, defensa y protección del orden democrático, del estado de derecho y sus instituciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como condiciones esenciales e indispensables para el desarrollo del proceso de integración y para la participación en el Mercosur”.
El documento establece que “en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático”, en uno de los países firmantes, los demás podrán “suspender el derecho a participar en los distintos órganos de la estructura institucional del Mercosur”, “cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres. Suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros”.
También podrán suspender al país afectado del goce de los derechos y beneficios emergentes del Tratado de Asunción y sus Protocolos, y de los Acuerdos de integración celebrados entre las Partes, según corresponda.
Además, tendrán la potestad der promover la suspensión del país afectado en el ámbito de otras organizaciones regionales e internacionales y privarle de los beneficios derivados de los acuerdos de cooperación de los que fuera parte.
Finalmente, los países firmantes respaldarán los esfuerzos regionales e internacionales, en particular en el marco de las Naciones Unidas, encaminados a resolver y a encontrar una solución pacífica y democrática a la situación acaecida en la Parte afectada y adoptarían sanciones políticas y diplomáticas adicionales.
Las medidas, según el acuerdo, “guardarán la debida proporcionalidad con la gravedad de la situación existente; no deberán poner en riesgo el bienestar de la población y el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales en la Parte afectada; respetarán la soberanía e integridad territorial de la Parte afectada, la situación de los países sin litoral marítimo y los tratados vigentes”.
Desacuerdos
Las críticas apuntan a señalar que dicho protocolo afectaría con extremada dureza al Paraguay, por ser un país mediterráneo, y que “viola la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”
El diario ABC Color inició una fuerte campaña en contra del Protocolo por considerar que su aceptación implicará que “los países del Mercosur puedan imponer al Paraguay un bloqueo político, económico y comercial cuando estos juzguen que aquí se produzca un caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático”.
El Partido Colorado, por su parte, emitió un comunicado a través del cual manifestó su rechazo a la suscripción del Protocolo porque “atenta contra el derecho de los pueblos a su defensa de la democracia”.
El pronunciamiento asegura que el Protocolo “atenta contra la soberanía, al adoptar medidas como el cierre de las fronteras, dejando a Paraguay sin posibilidades de subsistencia” y afirma que “pisotea el verdadero espíritu de la Cláusula Democrática del MERCOSUR, Ushuaia I”.
El titular de la delegación paraguaya ante el Parlamento del Mercosur, el colorado Alfonso González Núñez, también se manifestó en contra. “Amplia y desnaturaliza de manera inconsulta el Protocolo de Ushuaia”, dijo y consideró “extemporáneo” el anexo “de inconfesables propósitos” aprobado recientemente en Montevideo, y que “tiende a cercenar la libre determinación de los pueblos”.
Qué dice la Cancillería
El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó mediante un comunicado, que El Protocolo Compromiso con la Democracia en Mercosur Ushuaia II suscrito en Montevideo, entrará en vigencia después de que ratifiquen los Estados partes del bloque, y las medidas adoptadas no pondrán en riesgo el bienestar de la población, el goce de los derechos humanos, respetarán la soberanía y la situación de países sin litoral marítimo.
En el caso de Paraguay para la ratificación de la mencionada normativa se requiere la aprobación previa del Congreso Nacional.
El protocolo está accesible desde el 21 de diciembre de 2011 en la página web de la Secretaría del Mercosur: http://www.mercosur.int/innovaportal/v/2923/1/secretaria/decisiones_2011, bajo el número 927/2011.
En referencia al cuestionado artículo 6 del Protocolo de Montevideo, la Cancillería, dice que tiene como antecedente inmediato el artículo 4 del Protocolo Adicional del Tratado Constitutivo de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) sobre Compromiso con la Democracia, suscrito el 26 de noviembre de 2010.
“Sin embargo -agrega-, en el Protocolo de Montevideo se ha determinado, como última parte del artículo 6, lo siguiente: “Las medidas guardarán la debida proporcionalidad con la gravedad de la situación existente; no deberán poner en riesgo el bienestar de la población y el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales en la parte afectada; respetarán la soberanía e integridad territorial de la parte afectada, la situación de los países sin litoral marítimo y los tratados vigentes”.
Los que defienden el Protocolo
“Que se plantee una articulación democrática en contra de cualquier intento de imponer una dictadura es, en sí, auspicioso. Lo que hay que ver es si las medidas que se proponen son las más adecuadas para preservar las libertades públicas y el Estado de Derecho”, manifestó el diputado del Parlasur, Ricardo Canese, de Tekojoja.
Dijo estar en contra de los bloqueos y más aún en contra de un gobierno, como el de Cuba, “que es el que ha osado enfrentarse nada menos que con el imperio mundial (EE.UU.), lo cual de por sí ya tiene un enorme mérito que debe ser reconocido por todos nosotros, así como el Paraguay de Francia y los López”.
“Lo que defiendo es el respeto a la soberanía popular, y apoyo a los que luchan por la soberanía popular y el Estado de Derecho, antes que bloqueos”, agregó.
Sin embargo, Aníbal Carrillo, también de Tekojoja e integrante de la comisión de asuntos internacionales del Frente Guasu, defendió la posibilidad de bloqueo total o parcial de cualquiera de los países del Mercosur, así como lo plantea el Protocolo de Montevideo.
“Son instrumentos jurídicos válidos para disuadir a que no se vuelvan a instalar regímenes autoritarios en la región”, dijo. “La defensa de la democracia es una responsabilidad del pueblo, pero ante una eventual ruptura del sistema democrático, la solidaridad entre los pueblos constituye un factor disuasivo, para evitar que se instalen nuevas dictaduras”, agregó
Con respecto al bloqueo de EE.UU. a Cuba afirmó que “no se realizó y persiste hasta el momento, por defensa de la democracia, sino por diferencias de modelos sociales: capitalismo versus socialismo”.
El ex senador por el PLRA y actual miembro del consejo del Fondo Ganadero, Luis Guanes Gondra, se manifestó a favor del protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur, Ushuaia II. Considera que el instrumento desalentará a aventureros golpistas que siempre existen.
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La lección de Itaipú y Yacyretá debe extenderse al futuro del Mercosur
El embajador de Chile en Paraguay ha emitido una opinión importantísima para el Paraguay que no debe pasar desapercibida. En esencia afirmó, según entiendo, que lo que le permite a Chile tener acuerdos de libre comercio con economías grandes como Canadá, Estados Unidos, Rusia, China es que es un mercado chico, lo que genera para Chile beneficios sin producir perjuicios.
La afirmación del embajador, como sin querer queriendo, al decir de un cómico muy popular, es una ligera patada al Mercosur, que involucra un consejo implícito. Le está diciendo al Paraguay: Mercosur es un mal negocio para este país que podría vincularse a los grandes mercados, inclusive al Brasil y la Argentina, pero por la vía bilateral de los acuerdos. Ya tenemos dos embajadores extranjeros que nos advierten a los paraguayos de los malos negocios de nuestros gobiernos.
Los paraguayos, me incluyo, sabemos poco de comercio exterior. Los ricos históricos del Paraguay han emergido de los préstamos a interés elevado o de la corrupción de los contratos con el Gobierno entre los cuales se destacan las ganancias obtenidas en tiempos de control de cambios mediante permisos de importación que eran otorgados en el Banco Central a conocidos amigos, y las licitaciones internacionales accesorias a las grandes obras, especialmente las llamadas con eufemismo binacionales, no sabemos si es porque se trata de la Argentina y el Brasil, que ya son dos naciones y no porque entre ellas aparentemente sea partícipe el Paraguay.
Por allí se ha fugado el dinero del pueblo, que siempre fue constitucional e inútilmente declarado soberano, es decir dueño del poder y de la voluntad general, pero siempre por intermedio de sus representantes libremente elegidos a favor de quienes el pueblo abdica de su soberanía por un tiempo falsamente limitado. Hoy el pueblo financia a los partidos políticos por intermedio de las reglas del sistema electoral y su justicia, y sigue el carnaval con que se miente a los pobres con promesas incumplidas.
Es hora tal vez de que aprendamos de la importancia del comercio internacional y abandonemos el estómago de las ballenas para no incomodarlas, porque no debe ser agradable tener a un país como el Paraguay en las entrañas.
Los Tratados de Itaipú y Yacyretá nos han dejado una moraleja: hemos dado un dedo y nos quedamos sin brazos y sin hombros. En la mitología griega era conocida la Hidra del lago de Lerna, con siete cabezas que renacían a medida que se cortaban, y el Paraguay no tiene a Hércules para poner fin al problema, por cuyo motivo debemos aprender a vivir como nación mutilada, que necesita aguzar con su inteligencia las pocas ventajas que le restan en la competencia, particularmente en el ámbito internacional.
No tenemos aviones capaces de transportar nuestros productos de exportación, pero podemos tener hombres bien preparados para defenderlos y ahorrar el dinero en lugar de malgastarlo en la política interna para impulsar con él las iniciativas que son realmente indispensables para no equivocarnos más, y demostrar al mundo que con capacidad podemos suplir nuestras carencias.
Me entristece haber leído en el Capítulo VII de Mercosur, espléndida obra publicada por Gladys S. Benegas Cristaldo, donde dice Paraguay no posee los recursos naturales ni la infraestructura que Chile posee para iniciar un proceso solo. Para Paraguay, estar aislado en el Cono Sur es casi sinónimo del aislamiento en América Latina: ergo, retirarse del Tratado no es una alternativa viable. Admiro a la doctora Benegas, pero no concuerdo con ella.
Quiero agregar un aspecto que no se debe olvidar: el Brasil y la Argentina son naciones cuyos gobiernos eternamente necesitarán financiar sus ambiciosas políticas hegemónicas, que el Paraguay no aspira a tener. Nosotros no tenemos infraestructura para oponernos a sus arbitrariedades y además los paraguayos, cuando no nos ponemos precio, nos resignamos. Y ellos lo saben.
La solución del señor embajador de Chile parece la más razonable, y opino pese a que yo carezco de los elementos técnicos para juzgar. No obstante, sobre todos los factores matemáticos o razones de conveniencia particular en situaciones e intereses específicos, está la altura del pensamiento, que no es la estratósfera, sino el temor ancestral a los brasileños y argentinos que viene de mucho antes de la guerra grande y que tal vez sea el justificativo inexplorado de las aparentemente insensatas iniciativas que marcaron con tragedia nuestro destino.
por Gustavo de Gásperi (*)
12 de Enero de 2012
http://www.abc.com.py/nota/la-leccion-de-itaipu-y-yacyreta-debe-extenderse-al-futuro-del-mercosur/
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Fagocitosis del Paraguay
En el idioma común solemos decir que alguien fue “fagocitado”, para significar que fue devorado. La fagocitosis es la digestión de toda clase de partículas nocivas o inútiles por medio de las células que se hallan en la sangre. Conforme al texto del Protocolo de Montevideo Sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II), las células que integran el Mercosur en el carácter de Partes y los Estados asociados aprobaron un Protocolo o procedimiento para un eventual caso de ruptura del orden democrático, una violación del orden constitucional o cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos. El presidente del Paraguay, Fernando Lugo Méndez, y su ministro de Relaciones Exteriores suscribieron el acuerdo que fue remitido al Congreso de todos los componentes del Mercosur para su aprobación o acuerdo.
Los términos del acuerdo fueron publicados y comentados por los medios, y en el Paraguay se ha llegado al borde del juicio político (Art. 225 de la Constitución) que solo procede en caso de mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, o por delitos económicos.
Los paraguayos tenemos nuestra fagocitosis criolla, por la que los políticos digieren todo lo que no les conviene en un momento determinado; así desaparecen las responsabilidades y se consuma la temida impunidad, y queda la República ebria, sin ideas que la orienten, y su languidez parece la paz de los camposantos. Así ocurrió y está ocurriendo en el caso que nos ocupa, pero la opinión pública demanda otro tipo de análisis y otra conclusión que le sirva para alimentar su espíritu.
El tema debe ser enfocado para iluminar su objeto: nosotros podemos juzgar el protocolo en su contenido como indicador de un procedimiento que conduce a sanciones aplicables a un país-parte del organismo Mercosur, constituido para impulsar la libre circulación de bienes y servicios y factores productivos entre los países miembros; la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados; la coordinación de políticas macroeconómicas y el fortalecimiento de la integración mediante la armonización de las legislaciones.
Pero además, podemos juzgar el protocolo en cuanto que sus normas buscan penetrar en la legislación de países como el Paraguay, como los fagocitos que se mueven en las células, para devorar y digerir todo cuanto no comulga con la ideología que preside su intención, y por tal medio introducir otras normas que le permita gobernar las regiones en que un universo de negocios debía convertir a las naciones fundadoras en mercado común, modelo de liberación del tráfico de bienes, servicios y factores de producción.
Las naciones componentes del Mercosur, gigantes con costa sobre el mar, dueñas de enormes reservas de petróleo, y de poblaciones no exterminadas por las guerras, acuestan al Paraguay sobre lecho de mármol y le dicen los versos de Heriberto Fernández: “Ponte en posición horizontal hermano, que te vamos a enterrar”.
Pero lo que interesa a nuestra opinión pública no es tanto juzgar las intenciones de los ideólogos extranjeros, sino la real capacidad o incapacidad jurídica de nuestro presidente de la República y nuestro canciller, quienes por lo visto creían que eran los dueños de la soberanía en el Paraguay, cuando no son sino servidores públicos sometidos a la ley como cualquier otro mortal.
Veamos qué dice la ley, y tratemos de comprender su contenido en el orden lógico del razonamiento humano, sin olvidar que hay dos vertientes, la penal y la civil, ambas enlazadas en las normas de la Constitución Nacional.
El art. 273 del Código Penal dice: “El que intentara lograr o lograra cambios del orden constitucional, fuera de los procedimientos previstos en la Constitución, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años”. Aquí surge el primer interrogante: ¿Qué han hecho el Presidente y el canciller que configura un cambio del orden constitucional?
Aquí debemos saltar a la norma constitucional: El art. 137 de la Constitución repite el texto del art. 273 y califica de delito el cambio del orden constitucional.
El art. siguiente 138 CN califica de usurpadores a tales personas y adjudica al pueblo el derecho a la resistencia a la opresión, y otorga el derecho de dispensa del cumplimiento de las normas que cambiaron el orden constitucional. Además, dispone que “los estados extranjeros que por cualquier circunstancia se relacionen con tales usurpadores, no podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o autorizado por el gobierno usurpador, para exigirlo posteriormente como obligación o compromiso de la República del Paraguay”
El art. 143 CN declara principios del derecho internacional que el Paraguay acepta: la independencia nacional, la igualdad jurídica entre los Estados, la libre navegación de los ríos internacionales, la no intervención .
El Protocolo firmado por el Presidente y su canciller hace añicos de nuestra independencia, al autorizar que se nos encierre mediante bloqueo, muy fácil de ejecutar en relación al Paraguay e imposible respecto de los demás.
¿Dónde queda la igualdad entre los Estados si solo nosotros nos veremos compelidos por las sanciones previstas en el protocolo AUN CUANDO EL PUEBLO SE HUBIERE LIMITADO A LA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE NUESTRA CARTA MAGNA Y A LA DISPENSA DE SU CUMPLIMIENTO, que el art. 138 CN consagra como un derecho del pueblo soberano?
¿Por qué se autoriza la intervención de naciones extrañas (artículos 5 y 6 del Protocolo de Montevideo) si nuestra Constitución consagra LA NO INTERVENCIÓN como principio constitucional?
El Código Penal, en el ya citado artículo 273, define lo que se debe entender por orden constitucional, cuyo cambio prohíbe, aunque más no “fuere intentar” lograr como lo han hecho nuestro Presidente y el canciller, y lo define como “la configuración de la República del Paraguay como Estado, conforme lo disponen los artículos 1º a 3º de la Constitución Nacional”.
El art. 3º de la Constitución prohíbe terminantemente a los poderes del Estado ATRIBUIRSE NI OTORGAR A OTROS NI A PERSONA ALGUNA, INDIVIDUAL O COLECTIVA, FACULTADES EXTRAORDINARIAS O LA SUMA DEL PODER PÚBLICO”.
Si la soberanía reside en el pueblo (art 2º de la Constitución), ¿con qué criterio han interpretado los señores firmantes paraguayos del Protocolo de Montevideo el inciso 7º del art. 238 CN que otorga al Presidente la facultad de manejo de las relaciones exteriores del Paraguay , si tal manejo habría de conducirles al desprecio a nuestra Patria, y a la sumisión servil a ideologías extranjeras?
Por último, en virtud del art. 268, inciso 1º, de la Constitución, compete al señor Fiscal General del Estado la responsabilidad de “velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales”.
Le corresponde e incumbe opinar y en su caso promover las investigaciones que juzgue pertinentes. La opinión pública del Paraguay quedará pendiente de su ilustrado parecer.
A criterio de quien suscribe, el Paraguay juega la carta de su supervivencia como Nación. El Estado entra en crisis.
por Gustavo de Gásperi (*)
13 de Enero de 2012
http://www.abc.com.py/nota/fagocitosis-del-paraguay/
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LA INJERENCIA DE LOS EXTRANJEROS
Nosotros, los paraguayos, debemos defender en todas las circunstancias el principio del Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, sin injerencia extranjera, como defenderíamos la niña de nuestros ojos, pues es el frágil muro que tenemos para impedir la injerencia extranjera en nuestra política interna.
Más aún: No podemos admitir que sean los gobiernos extranjeros, sea cuales fueren sus signos, que tengan el derecho de calificar los acontecimientos políticos domésticos para promover una intervención abierta o solapada.
Los tratados internacionales no se deben firmar para una situación determinada, sino para la historia. No sabemos qué ocurrirá en el futuro, ni qué clase de gobierno tendrán los subimperialismos que nos rodean.
Por otro lado, los colorados que se oponen tan tajantemente a Ushuaia II (cuyo texto completo y exacto no se dio a luz), son los que menos méritos tienen para abrir la boca. En agosto de 1947, cuando los revolucionarios estaban a escasos kilómetros de la vieja Cárcel Pública, con 4.000 prisioneros políticos demócratas, con el objetivo de liberar a los patriotas y llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, con amplia libertad para todos los partidos políticos, incluido el Colorado, los Estados Unidos y el gobierno argentino de Perón intervinieron descaradamente prestando apoyo logístico y en armamentos a las fuerzas de la dictadura moriniguista.
Aquel fue el antiparaguayo origen de los 60 años de la dictadura colorada, financiada, asesorada y defendida políticamente durante todo su funesto transcurso por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Manuel Vargas Talavera
C. I. 53.928
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Alevoso ataque de una nueva Triple Alianza contra la soberanía del Paraguay
Impactantes son las coincidencias que existen entre el “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II)”, firmado el pasado 20 de diciembre por el presidente Lugo, y el execrable Tratado Secreto de la Triple Alianza, suscrito el 1º de mayo de 1865 por Argentina, Brasil y Uruguay para arrasar al Paraguay, derrocar a su legítimo gobierno, exterminar a su población y despojarle de territorio. En algunos casos, la similitud alcanza el ámbito de la directa transcripción de fórmulas conceptuales. Una diferencia, sin embargo, cabe consignar: el Tratado Secreto fue adoptado de consuno por los declarados enemigos de la patria; el Protocolo de Montevideo cuenta con la insólita aprobación del presidente de los paraguayos, Fernando Lugo Méndez, cuyo nombre pasará a la historia como el único gobernante del Paraguay que firma un documento internacional en el que se atenta alevosamente contra la soberanía de la Nación.
Basta confrontar los textos de ambos documentos para comprobar los mismos impresionantes “paralelismos”. En la introducción del Tratado de la Triple Alianza, los complotados enemigos de nuestro país expresaban cuanto sigue: “Persuadidos de que la paz, seguridad y bienestar de sus respectivas naciones se hacen imposibles mientras el actual gobierno del Paraguay exista, y que es de una necesidad imperiosa, reclamada por los más altos intereses, hacer desaparecer aquel gobierno, respetando la soberanía, independencia e integridad territorial de la República; han resuelto con este objeto celebrar un tratado de alianza ofensiva defensiva”.
El Protocolo de Montevideo repite, increíblemente, la misma idea casi con idéntica formulación. Tras disponer la creación de la figura del bloqueo político, económico y comercial para aquel país en el que ellos subjetivamente consideren que se produce una ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, señalan que el mismo se aplicará guardando “la debida proporcionalidad con la gravedad de la situación existente; no deberán poner en riesgo el bienestar de la población y el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales de la Parte afectada; respetarán la soberanía e integridad territorial de la Parte afectada, la situación de los países sin litoral marítimo y los tratados vigentes”.
La historia nos relata de manera contundente el gran “respeto” que los desalmados aliados de la Triple Alianza tuvieron por nuestra “soberanía, independencia e integridad territorial”. Tan hipócrita era su declaración, que incluso en el mismo Tratado Secreto, en su artículo XV, se contradecían a sí mismos, repartiendo nuestro territorio soberano a su gusto y paladar, como finalmente sucedió por la fuerza de las armas.
Tras el conflicto bélico, Argentina se adueñó de las tierras existentes entre los ríos Pilcomayo y Bermejo, actual provincia de Formosa, además de otras extensiones de lo que hoy es la provincia de Misiones. Pretendió apoderarse del Chaco Boreal hasta Bahía Negra, pero vicisitudes posteriores le impidieron cumplir su macabro plan. Brasil se embuchó lo previsto en el Tratado Secreto, las fértiles franjas ubicadas entre los ríos Apa y Blanco (zona sur del estado de Mato Grosso) y la parte este del río Paraná, en lo que en el presente forma parte del estado homónimo.
Ahora, 146 años más tarde del aciago día en que los aliados se confabularon secretamente contra el Paraguay, la entente vuelve a sellarse contra nuestro país, bajo el mismo solemne juramento de que “respetarán la soberanía e integridad territorial de la Parte afectada”. Por las lecciones de la historia, sabemos que tal garantía no fue cumplida en aquella oportunidad ni, obviamente, será cumplida en la hora presente.
Bajo la excusa de que aquí podría producirse una “ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder”, argentinos, brasileños y uruguayos se consideran en el derecho de cerrar total o parcialmente nuestras fronteras, suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y hasta confiscarnos la energía que nos pertenece de Itaipú y Yacyretá, así como el envío de servicios o suministros, incluidos combustibles.
Como se puede observar, el pretexto de ayer para atacar y someter al Paraguay se llamaba Francisco Solano López; el de hoy lleva el nombre de supuesta “defensa” de la democracia.
Que el Protocolo de Montevideo constituye una nueva y repulsiva edición del ignominioso Tratado Secreto de la Triple Alianza se desprende del mismo hecho de que el artículo 6º del acuerdo menciona expresamente que las medidas punitorias anteriormente mencionadas respetarán “la situación de los países sin litoral marítimo”, característica geográfica que el Paraguay reviste de manera categórica.
En la práctica, nadie imaginará que un bloqueo del tipo descrito en el acuerdo pudiera ser jamás activado contra Argentina, Brasil o Uruguay, naciones con acceso directo a las costas oceánicas. Así, pues, el instrumento fue pergeñado exclusivamente para aplicar a aquella nación de cuyos recursos naturales podrían estar pretendiendo apoderarse.
Urge, entonces, que el pueblo paraguayo reaccione enfáticamente contra este despropósito de gravísimas consecuencias. Si el Protocolo de Montevideo de falso compromiso con la democracia no es desarticulado a tiempo, sus draconianas disposiciones tendrán el mismo devastador impacto que el Tratado Secreto de la Triple Alianza tuvo sobre nuestro país hace casi un siglo y medio.
Por lo tanto, si se pretende preservar para las generaciones presentes y futuras el sagrado patrimonio de nuestra independencia, el Congreso de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, debe frenar cuanto antes esta insidiosa maquinación urdida por nuestros vecinos con el escandaloso consentimiento del presidente Fernando Lugo, rechazando in límine el infamante acuerdo adoptado en la capital uruguaya el pasado mes de diciembre. Así lo impone la honra debida a la sangre generosa vertida por cientos de miles de compatriotas en la defensa de la heredad nacional durante el transcurso de dos desoladoras guerras.
14 de Enero de 2012
http://www.abc.com.py/nota/alevoso-ataque-de-una-nueva-triple-alianza-contra-la-soberania-del-paraguay-2556/
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Protocolo de Montevideo centró semana paraguaya
Asunción, 14 ene (PL)
Voces del gobierno y el Partido Comunista de Paraguay defendieron esta semana aquí la firma del Protocolo de Montevideo por el presidente Fernando Lugo en la última cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur).
El documento fue rubricado el 20 de diciembre pasado en Uruguay por los mandatarios de los Estados partes y países asociados al bloque subregional.
Desde entonces sectores de la derecha paraguaya, acompañados por la prensa, arremetieron contra el jefe de Estado, e inclusive, lo amenazaron como en otras ocasiones de impulsar un juicio político en el Congreso.
La intimidación provino del diputado del opositor Partido Colorado Carlos Tuma, quien consideró que Lugo violó «groseramente» el artículo 143 de la Constitución, referido a las relaciones internacionales.
El documento presentado por Tuma recibió el rechazo de integrantes de su mismo partido y de otras organizaciones políticas.
En reunión extraordinaria de la Cámara de Diputados del jueves, Convocada por la Comisión Permanente del Congreso, se habló sobre el tema, pero sin mayores consecuencias, lo cual denotó la falta de interés en promover la iniciativa.
Carlos Filizzola, ministro del Interior, rechazó ante periodistas las amenazas al Presidente y aseguró que «no tiene sentido ningún juicio político porque no hay nada ilegal que se haya hecho».
El encargado de los asuntos políticos del Ejecutivo señaló que con el documento firmado se quiere «proteger la democracia y nada más que eso».
Para tener vigencia esa cláusula democrática, dijo, «lógicamente tiene que haber un acuerdo del Senado».
Otro que dio sus argumentos fue Emilio Camacho, asesor jurídico de la Presidencia, quien estimó que el Protocolo de Montevideo no representa de ninguna forma un atentado contra la soberanía nacional, como quieren hacer ver sectores de oposición.
Camacho dijo estar asombrado ante la polémica generada por estos sectores.
Para el asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, Hugo Ruíz, la firma del Protocolo de Montevideo significó un avance cualitativo y de gran paso en el proceso de integración.
Ese es un elemento importante a tener en cuenta que muestra «realmente una madurez», el compromiso de profundizar la integración y garantizar la continuidad de la institucionalidad democrática, subrayó.
Al referirse a las acusaciones de sectores de la derecha opositora, Ruíz expresó que la Ley suprema en su artículo 238, numeral siete, «faculta en forma explícita al Presidente de la República, a negociar y firmar Tratados».
Remarcó que desde el momento en que Paraguay se acopló al mecanismo regional de defensa de la democracia, el mandatario estaba cumpliendo estrictamente la Constitución.
Esta semana también la Comisión Política del Partido Comunista consideró grosera la manera tergiversada en que medios de comunicación y sectores retardatarios de la política manipulan el debate sobre la firma del Protocolo.
Un comunicado de la organización llamó a la unidad nacional «frente a la oligarquía mafiosa y antipatriota».
«No cabe dudas de que la derecha putrefacta, desde sus medios de comunicación y sus organizaciones políticas, sigue con su demencial plan golpista y su extrema mezquindad sectorial al intentar… un descabellado juicio político a Fernando Lugo».
Los comunistas manifestamos la necesidad del encuentro del pueblo, el debate de la ciudadanía y la organización autónoma y coordinada de una mayoría nacional, «que pueda conducir con honestidad, patriotismo, capacidad, solidaridad y democracia, el proceso de cambio que vivimos en nuestro país».
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CIRCO MEDIÁTICO SIN CÁNCER Y CON CIRUGÍA PLÁSTICA
Estimados amigos y miembros del Foro:
La mentira tiene pata corta. A la larga surge la verdad. Recibí el artículo publicado por http://www.elinformadorpublico.com que ilustra el verdadero interés de la presidente Cristina de Kirchner para someterse a la operación de cáncer (?) que nunca tuvo. Después de leer el informe del diario argentino entonces sabrán cuales fueron los reales objetivos de «la coqueta Cristina». Muchos tendrán una desagradable sorpresa, en especial aquellos que aún creen sus mentiras. Desde luego, cualquier cosa puede esperarse de esta frívola mujer que hizo renacer «la sombra de Bartolomé Mitre», junto con los presidentes del antiguo imperio esclavólatra del Brasil y del Uruguay el extupamaro José Mujica». Es decir, juntos volvieron a revivir el TRATADO SECRETO DE LA TRIPLE ALIANZA para impedir el juicio político del presidente FERNANDO LUGO. Este exobispo perjuro, seductor de niñas paraguayas, llevará de por vida el sello de la traición a la patria por haber firmado el PROTOCOLO USHUAIA ii, QUE EN EL FONDO NO SIGNIFICA OTRA COSA QUE LA ENTREGA VIL DE NUESTRO PAIS Y SUS RIQUEZAS HIDROENERGETICAS AL BRASIL Y A LA ARGENTINA.
HUMBERTO ZARACHO
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Lugo negocia para él
El asesor presidencial para relaciones internacionales, Hugo Ruiz Diaz, pretendió, en declaraciones ofrecidas el viernes 13 de enero de 2012, y publicadas ayer en Ultima Hora (http://bit.ly/Ajp6PC), que la discusión sobre el “Protocolo de Montevideo (Ushuaia II)” es sobre la atribución presidencial referida al manejo de las relaciones exteriores de nuestra República.
Como si estuviera explicando que la Tierra es redonda a un grupo de simios, Ruiz Diaz nos enseña que el Artículo 238 inciso 7 de nuestra Constitución faculta al presidente Lugo a dirigir nuestros asuntos internacionales.
Alguien debería decirle al buen señor Ruiz Diaz que nadie está discutiendo los alcances de la referida disposición constitucional y que parece obvio que al plantear así las cosas él pretende desviar la atención del verdadero problema en discusión, que es la manera en que el presidente Lugo usa la atribución que le otorga nuestra Carta Magna.
El presidente Fernando Lugo usa la atribución que el Artículo 238 inciso 7 de nuestra Constitución le otorga para buscar en secreto beneficios particulares en detrimento del interés general. Ese es el tema en discusión y ningún otro.
A lo ya sabido, que acordó sin previa discusión pública firmar el “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia” (26 de noviembre del 2010), que reconoció en secreto a una inexistente república africana financiada por Argelia, y que, también sin debate anterior, firmó el “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en Mercosur” (21 de diciembre de 2011), se suma ahora la entrega a los argentinos, en total sigilo, de ocho nuevas turbinas en Yacyretá.
Los dos “protocolos” pretenden blindar a los poderes ejecutivos de la región contra procesos de destitución, una defensa del interés particular de Lugo de evitar por la fuerza la implementación del mecanismo constitucional del juicio político (http://bit.ly/ysPcJM); el reconocimiento de la inexistente republica africana (que presta proyección al “Frente Polisario”) es un negocio particular del partido Tekojojá que nadie explicó jamás (http://bit.ly/wZQMUW) y la entrega a los argentinos de ocho nuevas turbinas en Yacyretá se presta a las más pesimistas especulaciones.
En efecto, no se puede sino pensar lo peor después de que el ministro Miguel Ángel López Perito y el director argentino de Yacyretá, Oscar Thomas, dieran versiones absolutamente contradictorias sobre la reunión en que el presidente Lugo y el ministro de Planificación argentino Julio de Vido acordaron la entrega.
López Perito dijo que el encuentro fue tan casual que le tomó de sorpresa mientras Thomas dijo que fue una reunión meticulosamente preparada (http://bit.ly/Adakwz). Para desgracia de Miguel Ángel, lo acordado en la reunión otorga la razón a Thomas, absolutamente.
De Vido, como no podía ser de otra manera, anunció su completa victoria en un comunicado oficial del ministerio argentino de Planificación publicado en los medios de Buenos Aires el viernes 13 (http://bit.ly/xS7qnk) y, para desgracia de Miguel Ángel, las explicaciones que él brindó en su conferencia de prensa sobre el tema dan la razón a De Vido, absolutamente.
Hasta donde yo pude seguir los temas, el gobierno paraguayo no publicó aún ningún documento oficial sobre los resultados de la reunión, es decir, persiste en mantener la cosa en secreto.
A pesar de eso, los términos de la entrega se vislumbran a través de la citada conferencia de prensa de Miguel Ángel: Paraguay acepta agregar tres turbinas a la presa principal de Yacyretá y maquinizar con cinco turbinas el brazo de Aña Cuá sin haber obtenido a cambio más que una dudosa promesa de empezar en treinta días una discusión sobre la deuda espuria de Yacyretá, sin haber obtenido a cambio el paso de nuestra energía de Acaray para Uruguay, sin haber obtenido la garantía de libre navegación de los ríos Paraná y De la Plata.
Me parece evidente que para evitar que el gobierno paraguayo exija los derechos paraguayos, Julio de Vido debió pagar algo, pero lo que pagó no satisface el interés general paraguayo (que solamente se satisface con el ejercicio de esos derechos) sino al interés particular del presidente Lugo y su grupo.
Tal vez no podremos saber, mientras dure el gobierno de Fernando Lugo, lo que pagó De Vido.
Ese es el tema en discusión y ningún otro, y los esfuerzos que haga el buen señor Ruiz Diaz para intentar desviar la atención son, no solamente vanos, sino ridículos.
Al menos dos conclusiones surgen de todo lo anterior.
La primera es que el gobierno de Fernando Lugo se diferencia solamente en matices de sus peores antecesores colorados en materia de defensa del interés nacional paraguayo, pues en lo principal sigue la misma línea: Sacrificar a nuestra República para obtener beneficios particulares.
La segunda es la necesidad de que nuestro Congreso entre en estado de alerta, para evitar que lo firmado por el presidente Lugo adquiera fuerza de ley o perjudique a nuestro país.
Para esto, la oposición deberá asumir verdaderamente su papel y, para esto, lo primero es organizar votaciones que pongan en evidencia qué miembros del Congreso acompañan los planes presidenciales, para que la opinión pública y el electorado les puedan cobrar las cuentas con el repudio y el voto castigo.
La obligación de la oposición es obligar al oficialismo a desnudarse y a los oficialistas a asumir el costo de este manejo secreto y faccioso de nuestra política exterior.
Víctor Bogado, presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, ya mostró que, a pesar de pertenecer al principal partido de la oposición, es oficialista. Impidió, manipulando el reglamento de la Cámara Baja, que ella se pronunciase sobre el “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en Mercosur”.
La ciudadanía tiene derecho a conocer a todos los demás oficialistas, para pasarles la cuenta.
Hugo Ruiz Diaz debería empezar a prepararse para responder a los cuestionamientos que surgen de todas estas cuestiones porque con cinismo (“Del lat. cynismus, y este del gr. κυνισμός.1. m.Desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”) lo único que conseguirá será aumentar las fundadas sospechas que existen sobre los propósitos reales del presidente Fernando Lugo.
Enrique Vargas Peña
http://www.lanacion.com.py/articulo/54996-lugo-negocia-para-el.html
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Los prodromos de la traición
Alberto Vargas Peña
Fernando Lugo ha sido perjuro como sacerdote, perjuro como obispo, y no puede sino ser traidor como gobernante. Su naturaleza lo impulsa y sus creencias le dan velocidad. Si no hubiera tenido la indispensable requisitoria del Congreso, el hombre habría firmado lo mismo el malhadado documento.
En medio de una discusión apasionada se debate el paso, irresponsable, dado por el presidente Fernando Lugo en Montevideo, donde firmó un acuerdo extremadamente peligroso para el país, sin consultar con nadie. En medio de su permanente creencia de saber todo, puso en peligro la Independencia paraguaya, al no analizar a fondo el texto que aprobó.
Su idea de que tenía facultades para hacerlo es errónea, porque si bien es el encargado de las relaciones exteriores no puede, en modo alguno, considerarlas independientes de todo otro órgano gubernamental y, mucho menos, creer que puede aprobar cualquier fórmula y mucho menos todavía, una que sea perjudicial al país y ponga en peligro su futuro.
Lo que hizo en Montevideo, impulsado por su deseo de aparecer como el dueño del destino paraguayo, roza muy de cerca la traición y lo pone en condiciones de ser destituido mediante un juicio político. La reacción del pueblo ha sido uniformemente crítica y solo lo han defendido y apoyado sus paniaguados. Nadie en el Paraguay aprueba su acto y todos lo condenan.
Fernando Lugo se sentó junto a gobernantes no democráticos, entre ellos su amigo y mentor Hugo Chávez, y pretendió hacerles ver que era alguien en el Paraguay y que podía hacer lo que quisiera. Pero no contó con los paraguayos, que reaccionaron al instante. Y que lo están poniendo al borde de la destitución. Si esta vez se salva, será por decisión de los congresistas y no por apoyo del pueblo.
Fernando Lugo no traicionó todavía al país, pero inició el pródromo, el camino que conduce a la traición. Sin el menor empacho ni reserva firmó el papel que pone en peligro la soberanía paraguaya. Y lo hizo por razones ideológicas, para defender una posición y para fingir un poder inexistente. La traición no se ha consumado, todavía, pero el camino está abierto para ella. Y Fernando Lugo, su canciller y quienes lo defienden, están en él, dispuestos a recorrerlo.
Fernando Lugo ha sido perjuro como sacerdote, perjuro como obispo, y no puede sino ser traidor como gobernante. Su naturaleza lo impulsa y sus creencias le dan velocidad. Si no hubiera tenido la indispensable requisitoria del Congreso, el hombre habría firmado lo mismo el malhadado documento.
Lo que se debe analizar es la intención de firmar y que consideraba él que involucraba. Porque si tenía la facultad de entregar el país a sus enemigos, de manera tan abierta y sin resistencia, no cabe duda que es culpable del delito de traición.
El país debe levantarse y obligar a sus representantes a plantear el juicio político, para que se investigue a fondo las causas del suceso. Hay que analizar los compromisos con Chávez y sus ideas ideológicas, independientemente de las de su falsa religión.
No se puede dejar que un gobernante ponga en peligro la soberanía e independencia del país sin buscar a fondo los motivos. Doscientos años y dos guerras nos obligan a ser precavidos. Tenemos que defender nuestro país, como sea. Y hoy es más fácil que ayer.
http://www.lanacion.com.py/articulo/54883-los-prodromos-de-la-traicion.html
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Lugo rechaza bloqueo a Cuba, pero acepta se bloquee al Paraguay
El presidente Fernando Lugo no termina de causar perplejidad en la ciudadanía. La más reciente de sus desafortunadas acciones se produjo el pasado 20 de diciembre, en Montevideo, cuando suscribió soterradamente un acuerdo internacional que contempla la creación de un bloqueo político, económico y comercial contra el Paraguay en el hipotético caso de que aquí se produzca una “ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.
Sin embargo, el asombro deja paso al estupor cuando se constata que esta condenable decisión de la política exterior del gobierno “del cambio” se contradice abierta y flagrantemente con otras medidas impulsadas por el propio Lugo como el voto a favor de la resolución de las Naciones Unidas que pide el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la isla propiedad de los Castro, Cuba. (Ver págs. 2, 3 y 4 de esta edición).
El documento aludido, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 25 de octubre del año próximo pasado, reafirma, entre otros principios, “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados, además, en numerosos instrumentos jurídicos internacionales”. De hecho, la mayor parte de dichas instituciones están formalmente incorporadas en el artículo 143 de nuestra Constitución Nacional.
Ya en su parte resolutiva, el texto emitido por la Asamblea General “insta una vez más a los Estados en los que existen y continúan aplicándose leyes y medidas de ese tipo a que, en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto”.
Insólitamente, mientras el gobierno “del cambio” ordenaba votar con la mano derecha por esta resolución en las Naciones Unidas, negociaba con la izquierda la redacción del Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur, cuyo artículo sexto justamente dispone la creación de la figura del bloqueo en la región, lo contrario de lo dispuesto en el ámbito de la máxima organización multilateral internacional.
Efectivamente, en caso de ruptura, amenaza de ruptura o algo tan vago como “cualquier otra situación”, nuestros hambrientos de energía vecinos del Mercosur estarán en condiciones de imponer a un país mediterráneo como Paraguay un sitio que implica, entre otras cosas: “Cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres. Suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros”. Incluye el combustible que moviliza al país entero, por supuesto.
En suma, lo que Fernando Lugo no quiere que Estados Unidos le haga a Cuba, les pide a los demás países de la región que le apliquen al Paraguay en el supuesto caso de que su poder esté en juego o que él, en una interpretación de carácter netamente subjetivo, considere que se encuentra “amenazado”. O de, por qué no, él mismo crear un teatro que lo haga aparecer como “víctima”, ardid tan usual para la izquierda radical violenta.
La posición, es menester decirlo, es tan contradictoria como hipócrita, porque la isla de Cuba es una nación con un régimen de gobierno clara, innegable y reconocidamente antidemocrático, pero, a pesar de ello –según el criterio de los bolivarianos–, nadie debe tener sobre ese país potestad para decirle a Raúl Castro cómo comportarse en términos políticos, y menos aún de castigarlo si se opone a que sus compatriotas vivan en libertad como está sucediendo. Sin embargo el Paraguay, que sí es un Estado democrático, puede ser objeto de agresión e intervención externa en caso de que exista siquiera la más remota presunción de que pudiera apartarse de ese sistema político.
Más aún. Según el criterio de los sostenedores de la resolución de las Naciones Unidas a la que hacemos alusión, el bloqueo a Cuba es moralmente injustificable, puesto que produce “efectos negativos sobre la población cubana”. La pregunta que surge naturalmente de este análisis es la siguiente: ¿existen entonces bloqueos injustos y bloqueos justos y son intolerables acaso los “efectos negativos” de estos sobre los habitantes de la isla caribeña, pero no lo serían sobre los paraguayos?
Siempre y en todo lugar debe quedar bien claro que no es lícito ni moralmente justificable que unos países admitan aplicar al pueblo paraguayo un bloqueo que juzgan inaceptable para las demás naciones del mundo. Consentir un acto discriminatorio de esas graves proporciones necesariamente produce franca repulsa mundial, pero si quien lo refrenda es ni más ni menos que el propio presidente del país afectado, el caso alcanza el nivel de condenable.
Así las cosas, es fácil concluir que, por donde se lo mire, el “Protocolo de Montevideo” es contrario al derecho internacional y atentatorio de las disposiciones contenidas en el artículo 143 de la Constitución Nacional. Ambas circunstancias constituyen sobrados motivos para que el Congreso de la República, en ejercicio de sus atribuciones legales que le confiere la Ley Fundamental, rechace de plano el mencionado acuerdo suscrito por Fernando Lugo el pasado 20 de diciembre en Uruguay.
15 de Enero de 2012
http://www.abc.com.py/nota/lugo-rechaza-bloqueo-a-cuba-pero-acepta-se-bloquee-al-paraguay/
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Protocolo de Montevideo: abuso del derecho por el Presidente y el canciller
Hemos dicho en artículos anteriores que el tema tiene una vertiente en el derecho penal y otra en el civil, y que ambas confluyen en el derecho constitucional, muy comprometido por la acción irracional y temeraria de los protagonistas paraguayos: el presidente Lugo y el Canciller Lara Castro. No he querido ahondar el análisis en el ámbito penal, pese a que nuestro Código Penal contempla figuras paralelas, tales como el tipo previsto en el Art. 273 (atentado contra el orden constitucional) y en el Art. 269 (atentado contra la existencia del Estado), cuyo contenido define “el menoscabo a la existencia de la República”, y declara su posible consumación mediante fuerza o amenaza de fuerza, siendo suficiente el simple “intento de lograr” tal menoscabo.
El protocolo de Montevideo contempla sanciones que no comprenden la guerra, o la agresión armada, pero sí prevé sanciones equiparables a la fuerza como el cierre de las fronteras terrestres, la suspensión del comercio, del tráfico aéreo y marítimo cuyas características connotan un verdadero chaleco de fuerza internacional en directo menoscabo de la existencia de la República, y en particular del pueblo que vive del comercio estacional de los productos de primera necesidad.
El cerebro de los protagonistas vive por lo visto afectado por una suerte de obsesión y el temor a una reacción de los sectores políticos capaces de movilizar las energías de la sociedad en contra del Gobierno, como se dio en Honduras, donde el presidente Lugo, siempre ubicuo, palpó las consecuencias del repudio de la sociedad disidente.
No alcanzaron a pensar que las facultades, potestades y atribuciones que el Presidente de la República detenta y ejerce en virtud de normas constitucionales como el Art. 238 CN incisos 1º y 7º (la representación y administración del Estado y el manejo de las relaciones exteriores) están limitadas por su obligación concomitante de cumplir la Constitución y las leyes, y que por ende no puede desconocer el derecho inalienable a la resistencia y a la dispensa de cumplimiento de las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en la Constitución, como lo sería la privación o menoscabo de cualquiera de las garantías que la Constitución establece por la desorbitación, notoria en el Protocolo, de la soberanía del pueblo mediante delegaciones del poder político a favor de autoridades de potencias extranjeras, cuya limitación o contrapeso sería imprevisible por mera ausencia de normas dictadas al efecto.
Desde tal punto de vista la acción de los protagonistas es imperdonable. Pero el tema no se detiene. La ley civil impone a todos la obligación de ejercer los derechos de buena fe. Y además dispone que el ejercicio abusivo de los derechos no está amparado por la ley y compromete la responsabilidad del agente por el perjuicio que cause, sea cuando lo ejerza con intención de dañar aunque sea sin ventaja propia, o cuando contradiga los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlos (Art. 372 CC)”.
Basta la oposición del Protocolo de Montevideo a la Constitución del Paraguay, cuyo desarrollo nos permite afirmar que existe en grado sumo al desconocer derechos y garantías establecidos en la Carta Magna, para concluir que el abuso del derecho del presidente Lugo y su canciller a administrar el país y manejar las relaciones exteriores ha quedado configurado aun cuando el Protocolo estuviere subordinado a la aprobación del Congreso, y se pretenda por ello que el abuso no se consumó.
Se equivoca el presidente Lugo si cree que no ha perdido la confianza del pueblo paraguayo, y mucho más aún de los extranjeros que habitan nuestro suelo, amenazados todos por la comparsa de los invasores, carperos o sin carpa y por las solapadas conductas mentirosas que adornan su pasado, dentro o fuera del ejercicio de su cargo. La gravedad de su militancia en una ideología compartida con líderes de América Latina, y los nexos que cultiva en sus viajes, alertan a nuestra sociedad, y es por ello por lo que se ve en sus actos, actos del Estado ejercidos más allá de los límites de sus funciones constitucionales.
Las relaciones exteriores que él maneja con su canciller no son todas conocidas y públicas como por ejemplo, la incondicional adhesión a la Argentina en el tema de las Malvinas, que dio lugar a una protesta de los ingleses que parece razonable si pensamos que Argentina nos ha arrancado el territorio de Misiones y al Norte del Bermejo hasta el Pilcomayo, después de consumar un exterminio, lo que significa un agravio que permanecerá por siglos en el alma paraguaya.
El declarado antinorteamericanismo del presidente Lugo traducido en infortunadas palabras pronunciadas en Viet Nam, no indican sino que incurre en el mismo error de los nacionalistas argentinos y latinoamericanos, pichados por la grandeza de aquella nación, que causaron el retroceso histórico y sobre todo económico de la Argentina que hasta hoy les daña.
Las relaciones exteriores de este país que es nuestro, deben ser manejadas con dignidad, con la frente alta por representar a una nación adornada por el heroísmo de sus hijos, y no es necesario buscar el calor del hogar vecino o de sus ideas, ni visitarles de continuo ni depender de ellos para encontrar la felicidad y calidad de vida que aquí con trabajo podemos conseguir.
por Gustavo de Gásperi (*)
15 de Enero de 2012
http://www.abc.com.py/nota/protocolo-de-montevideo-abuso-del-derecho-por-el-presidente-y-el-canciller/
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La evidencia condena al Mercosur
En 1991 se firmó el Tratado de Asunción por el que se creó el Mercosur. Han pasado más de 20 años y el saldo, como desde entonces muchos alertamos, no ha sido muy favorable para los intereses de los países menores. Paraguay y Uruguay fueron los invitados de último momento, por compromiso, y los que han sufrido más en sus corrientes comerciales por la desviación de comercio que implica el pertenecer al grupo. Una evaluación de los resultados, por más simple que sea, permite llegar a esa conclusión y tomar otros rumbos para que la política comercial sea otro fundamento de un crecimiento económico sostenido. El comercio exterior es fundamental para un país pequeño y de baja población que incluso, según se supo, tiende a declinar.
LOS DATOS. Desde 1991, año en el que los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidieran crear el organismo de integración comercial, hasta la fecha, las exportaciones de Uruguay a Argentina se multiplicaron por 3,3 en términos nominales mientras que las importaciones lo hicieron por 6,9. El déficit comercial con Argentina se multiplicó por 14.
En el caso del comercio con Brasil, desde la fundación del Mercosur, nuestras exportaciones se multiplicaron por 4,2 y las importaciones provenientes desde el socio mayor por 5,7. De un equilibrio comercial en 1991 se pasó a un déficit que en 2011 se ubicaría en no menos de 800 millones de dólares.
En ambos casos, nuestros dos socios más importantes han resultado más favorecidos que nuestro país. Ese resultado favorable es incluso más relevante cuando se consideran los montos sobre los que se calcula la multiplicación, siendo impresionante en el caso de Argentina.
POCO PROGRESO. Es indudable el escaso progreso que nuestro país ha tenido por pertenecer al grupo en relación con el que ha tenido cada uno de los socios comentados. Basta señalar que en los 20 años de vigencia, las exportaciones a países de fuera de la región se multiplicaron por 7,8 y pasaron a representar del 45% del total al 72% hoy. No obstante, la consigna ha sido desde hace ya un tiempo considerable, el bregar infructuosamente, por un “más y mejor Mercosur” en detrimento de un comercio externo relativamente más abierto al mundo. Nuestro país se ha visto inhibido en numerosos casos de acceder a destinos para nuestras exportaciones de manera más abierta. No se ha podido ingresar en acuerdos comerciales con países hoy discriminados por el denominado arancel externo común, desarrollados o no, que implícitamente concede un margen arancelario preferencial a Argentina y a Brasil.
Ese margen preferencial es el que genera la denominada desviación de comercio. En la medida en que importar el mismo producto desde los países de la zona y hacerlo desde terceros países cuesta más en el segundo caso por tener los importadores que pagar un arancel más alto, le brinda a nuestros socios una ventaja competitiva no menor al 20% sobre el precio CIF del producto importado y mucho más sobre el valor agregado en el producto.
En consecuencia, ello genera dos efectos no deseados que en 20 años han provocado un esfuerzo de todos los uruguayos significativamente alto. En primer lugar, los uruguayos importamos ineficiencia al pagar más por lo que se podría comprar en el exterior a un precio menor. El margen de preferencia es lo que implícitamente estimula esa compra de ineficiencia en productos de la región. En segundo lugar, y también un efecto considerable en los 20 años transcurridos, es la pérdida de recaudación que tiene la Aduana uruguaya al desviarse el comercio importador desde el resto del mundo a un comercio importador de la zona. Por las importaciones desde Argentina y desde Brasil, la institución aduanera no cobra aranceles mientras que si no hubiese desviación de comercio por el margen de preferencia, las importaciones desde el resto del mundo tributarían el arancel o, al menos, parte del mismo.
HOY ES PEOR. El margen de preferencia hoy no es suficiente para Argentina y para Brasil. El optimismo de las autoridades uruguayas tras cada reunión en el Mercosur de los primeros mandatarios de la región por promesas de cambio de los gobiernos vecinos, se ve siempre y de inmediato a esas reuniones, defraudado por la realidad. Argentina impone barreras no arancelarias al comercio importador tanto de países no pertenecientes al grupo como de países que integran el grupo. Y con el Gobierno brasileño ocurre lo mismo. Aunque no deberían, estos países imponen barreras no arancelarias a las exportaciones de Uruguay con efectos equivalentes a altos aranceles. Es conocido el caso del presente, de la presión que ejerce la Argentina sobre importadores del vecino país de productos uruguayos dilatando licencias de importación, exigiendo un intercambio compensado o con barreras por el estilo. En el caso de Brasil, las barreras son también conocidas y hasta sofisticadas cuando se acude, por ejemplo, a cuestionar las ventas uruguayas a ese país por el origen de la materia prima, casi siempre bien evaluado y declarado por el organismo pertinente uruguayo.
Por si fuera poco, se apunta a una protección adicional para ciertas producciones al reclamarse, siempre por parte de los países mayores, aumentar el margen de preferencia, el arancel externo común, sobre un centenar de productos.
OPTIMISMO INFUNDADO. En la última reunión del Mercosur celebrada en Montevideo, en ocasión de la cual el Gobierno uruguayo entregara la presidencia transitoria del organismo a la Argentina, la Presidenta brasileña apoyó la solicitud uruguaya de evitar las restricciones no arancelarias y además, fuera de actas, incitó a que se concedieran los pedidos de nuestro Gobierno. El optimismo desbordó a la delegación compatriota que, tan solo un par de días después, vio como se sofisticaba la protección no arancelaria del país mayor.
En 20 años del Tratado poco se ha intentado en materia de política comercial externa y se han tolerado muchos desplantes y violaciones por parte de nuestros socios mayores. Se mantiene una alta barrera arancelaria sobre importaciones de terceros países y se intenta aumentarla; se impide el beneficio que nos traerían acuerdos de libre comercio con países desarrollados; siguiendo a los socios mayores se acuerda con países con los cuales es difícil que nuestro comercio exportador progrese o simplemente por razones políticas se desea incluir a otros con los cuales es aún más difícil lograr la no alcanzada aún, armonización de políticas macroeconómicas, y se sigue temiendo que por salirnos del Mercosur perderemos buena parte de nuestros exportaciones de mercaderías, no de servicios, en amenazada franca expansión.
Ante la multiplicación de obstáculos que se imponen a nuestras exportaciones a la zona, tal vez sea el momento de intentar una apertura mayor que, en el mediano plazo, daría frutos más sabrosos que el mantenernos en la sociedad comercial actual.
JORGE CAUMONT
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/la-evidencia-condena-al-mercosur/ecoymer_618766_120116.html
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El Protocolo de Montevideo es un arma apuntando al corazón del Paraguay
El Protocolo de Montevideo, que se presenta como un recurso pensado para la defensa de la democracia, pasará a la historia política de América Latina precisamente como lo contrario: como un atentado contra la democracia, en particular contra la paraguaya. Quedará inscripto como la siniestra maniobra de un grupo de presidentes izquierdistas en prevención de su eventual pérdida del poder. Y como están involucrados nuevamente Argentina, Brasil y Uruguay en esta entente, con la complaciente aprobación del presidente paraguayo Fernando Lugo, se puede hablar de una moderna “Triple Alianza” contra nuestro país.
¿Contra quién quieren blindarse los presidentes del Mercosur? Para comenzar, evidentemente para protegerse unos a otros en caso de procesos que conduzcan a su posible destitución, por ejemplo, por medio de juicio político promovido por los respectivos congresos, lo que en el caso de nuestro país está contemplado en la Constitución.
De modo que la carabina del novel Protocolo de Montevideo apunta directamente al corazón del Congreso paraguayo. Esto parece ya demasiado obvio, por los términos y el alcance de ese funesto documento.
Pero apenas haciendo un poco de memoria sobre el pasado político latinoamericano, se averigua un hecho incontestable: los atentados contra la democracia y la institucionalidad SIEMPRE provinieron de agentes vinculados al Poder Ejecutivo, no al Legislativo. Dicho de otro modo, el clásico golpista es un aspirante a presidente, o un ex presidente que pretende recuperar el poder, o un presidente en ejercicio que promueve un autogolpe para convertirse en autócrata, ardid preferido de los bolivarianos marxistas. Pero un Congreso que realiza un golpe de Estado contra un presidente legítimo es un episodio que no se hallará fácilmente.
Paradójicamente, si el tal Protocolo de Montevideo fue concebido para proteger a Fernando Lugo de un posible juicio político y destitución –lo que, de ocurrir, sería consecuencia de un proceso perfectamente constitucional–, ahora tal entreguista iniciativa aparece, ante una mayoría de nuestra opinión pública, como un motivo válido, precisamente, para iniciarle un juicio político a Fernando Lugo.
Si bien el presidente Lugo no incurrió todavía en una clara ilegalidad al suscribir ese instrumento internacional atentatorio contra la institucionalidad democrática en el Paraguay, sí mostró y muy claramente que está dispuesto a cualquier cosa para conservar el poder, incluso a dar motivos a nuestros vecinos para pretextar una intervención directa en nuestro país, sea boicoteándolo, bloqueándolo, cortándole el combustible, aislándolo diplomáticamente o perjudicándolo de mil maneras en sus intereses económicos. De aquí a la traición a la patria hay solamente un paso muy corto.
La ciudadanía paraguaya tiene que hacer saber a los presidentes Kirchner, Rousseff, Mujica, y al padrino regional, Hugo Chávez, que la eventual destitución de un presidente de la República en el Paraguay continúa siendo una acción propia de la esfera interna de sus asuntos políticos, con procedimiento previsto en su Constitución, y un hecho en el cual ninguna potencia extranjera podría arrogarse derecho a intervención. Destituir a un presidente no significa automáticamente atentar contra la democracia. A veces es justamente lo contrario, se destituye a un presidente para preservar la democracia o la institucionalidad vulnerada.
Antes del Protocolo de Montevideo, los presidentes chavistas del Mercosur ya tenían una herramienta bien concreta y eficiente para “defender” la democracia en la región: el Protocolo de Ushuaia. Si el Paraguay dejaba de ser democrático a criterio de ellos, tenían el motivo para expulsarlo del organismo regional. Ahora, al parecer, se dieron cuenta de que esto no es suficiente y que ellos necesitan más que una herramienta, precisan de un arma que mate. He aquí por qué se confabularon en secreto para confeccionar este documento atentatorio del derecho internacional.
Pero además de defender a su amigo Lugo, los presidentes de los dos grandes países del bloque con seguridad tienen un puñal bajo el poncho: continuar sus países disfrutando –o apropiarse definitivamente– de la energía eléctrica que hoy le roban vil y descaradamente al Paraguay. “Si dejas como están las cosas, estaremos atentos para cuando vos nos llames”.
Los presidentes izquierdistas que se aprestan a bloquear, embargar y quizás hasta invadir el Paraguay si aquí se osa tocar a su protegido Fernando Lugo, o simplemente entienden que este está amenazado, son los mismos que recorren los foros internacionales reclamando el levantamiento del bloqueo estadounidense contra Cuba, llegando hasta a repetir disparates tales como que tal bloqueo es “genocida”. Lo que para ellos es genocida contra la Cuba castrista no es genocida contra el Paraguay, nos dicen hoy los hipócritas socios mercosurianos.
Hay que dar por descontado que los legisladores paraguayos no van a aprobar el imperialista, intervencionista, y por completo antidemocrático Protocolo de Montevideo. Pero hay que hacer más que eso, los legisladores tienen que convencer a sus colegas de Argentina, Brasil y Uruguay que, a su vez, no aprueben semejante barbaridad jurídico-política. Tienen que hacerles ver que si la carabina que sus presidentes aprestaron hoy apunta al corazón paraguayo, muy fácilmente mañana podría darse la vuelta hacia ellos. Que no cometan la ingenuidad de creer que en el 2013, cuando Lugo tenga que resignarse a ir a su casa convertido nuevamente en un simple ciudadano, la carabina dejará de amenazar.
http://www.abc.com.py/nota/el-protocolo-de-montevideo-es-un-arma-apuntando-al-corazon-del-paraguay/
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Que ustedes repliquen los delirios interesados de los Zuccolillo, famosos por comercializar mercaderías con el enemigo durante la guerra con Bolivia, los vuelve tan delirantes y cómplices como ellos. Este perfil del capitalismo mediático causa náuseas y hasta vómitos, no ya siquiera desde la llamada “izquierda” eurocéntrica desfasada, sino desde una centralidad ética y lógica mínima. Si ese pasquín miente e inventa fantasmas, quien lo replique se hace, o es, cómplice.
PUBLICADO POR JORGE URUSOFF | 17/01/2012, 12:46 |
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Protocolo intervencionista
Se han escrito muchos artículos sobre el malhadado Protocolo Ushuaia II, intervencionista en favor de los actuales gobiernos bolivarianos, y querría agregar lo siguiente: Es notable cómo estos modernos legionarios, enceguecidos por su ideología (marxista-bolivariana-socialista), abdican de su declamado nacionalismo en favor de los nuevos verdugos de la patria (Chávez, Evo, Castro) y con actitud sumisa, cerril y servil firman y defienden un acuerdo notoriamente perjudicial a los intereses de la patria. Es llamativo también cómo los bolivarianos autóctonos igual que todos los del espectro izquierdista como Víctor Ríos, Wagner, Laíno, Pakova, Sixto Pereira, Richer, Camilo, Carrillo, C. Filizzola, Camacho y otros próceres acompañan este desatinado proceder de lesa patria. Nadie está de acuerdo con la violación de la Constitución e instauración de gobiernos dictatoriales, pero es suficiente el Protocolo Ushuaia I, y si ellos son coherentes deberían aplicarlo, ya mismo, a los gobiernos de Chávez, Evo y Correa, por liberticidas y en franco derrotero totalitario. Por último, y dada la gravedad de estas circunstancias que bajo el pretexto de defender la democracia pretende consolidar una entente de gobiernos autoritarios bolivarianos, viene a la memoria el ilustre Guido Spano, defensor de nuestra patria en el 70, y no podemos dejar de emocionarnos con su dulce y trágico poema Nenia y en particular su segunda estrofa:
Llora, llora urutaú
En las ramas del yatay
Ya no existe el Paraguay
Donde nací como tú
Llora, llora urutaú.
Julio Giménez
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Rechazan en Paraguay contenido de Protocolo de Montevideo
La Comisión Permanente del Congreso de Paraguay aprobó hoy una declaración de rechazo al contenido del Protocolo de Montevideo, firmado en diciembre pasado por los presidentes de los Estados partes y países asociados del Mercosur.
Los senadores y diputados tomaron la decisión sin haber recibido aún de manera oficial el texto del Poder Ejecutivo.
El diputado, Sebastián Acha, quien no forma parte de la Comisión Permanente, fue el autor de la iniciativa presentada, en su lugar, por el senador Marcial González y que fuera aprobada por la mayoría de los legisladores.
La comisión sancionó también un proyecto de declaración que pide al Gobierno los documentos y antecedentes sobre el Protocolo de Montevideo, el cual se refiere al compromiso con la democracia en el Mercado Común del Sur (Mercosur).
El texto fue presentado por el diputado del opositor Partido Colorado Oscar Tuma, quien acusó al presidente paraguayo, Fernando Lugo, de haber violado la Constitución y lo amenazó con juicio político.
Varias voces del Ejecutivo como el asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, Hugo Ruíz, descalificaron las acusaciones.
Ruíz expresó que la Ley suprema en su artículo 238, numeral siete, «faculta en forma explícita al presidente de la República, a negociar y firmar tratados».
El asesor consideró muy subjetivo que ataquen la acción del Gobierno en las relaciones internacionales al valorarlo como el primero del país que desplegó «una política exterior coherente, estructurada» y encaminada a convertir a Paraguay en «actor del proceso de integración latinoamericano».
La Comisión Política del Partido Comunista consideró grosera y tergiversada la manera en que medios de comunicación y sectores conservadores de la política manipulan el debate sobre la firma del Protocolo.
Un comunicado de la organización llamó a la unidad nacional «frente a la oligarquía mafiosa y antipatriota».
«No cabe dudas de que la derecha putrefacta, desde sus medios de comunicación y sus organizaciones políticas, sigue con su demencial plan golpista y su extrema mezquindad sectorial al intentar… un descabellado juicio político a Fernando Lugo», señala el texto.
De otro lado, el canciller, Jorge Lara, y el titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Daniel Rojas, serán interpelados por la Cámara de Diputados en una reunión extraordinaria de la próxima semana.
Los legisladores interrogarán a Lara sobre la firma del Protocolo de Montevideo y a Rojas acerca del brote de fiebre aftosa detectado a inicio de año en un establecimiento ganadero del norteño departamento de San Pedro, donde cuatro meses antes, y a pocos kilómetros, se identificó un primer caso.
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Descarado cinismo de los “socios” del Mercosur
En un vano intento por defender el adefesio legal que crearon, los “socios” del Mercosur emitieron un comunicado destinado a “precisar el alcance y contenido” del injerencista “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia (Ushuaia II)”, suscrito en la capital uruguaya el 20 de diciembre último. El documento en ningún momento despeja nuestros muy fundados cuestionamientos existentes en torno a un instrumento que violenta los principios más básicos del derecho internacional y de nuestra misma Constitución.
En primer término, es de por sí muy llamativo que el Mercosur se vea en la obligación de emitir un comunicado destinado a aclarar los alcances de un acuerdo regional. El solo hecho de hacerlo, evidencia que las formulaciones del citado protocolo son confusas, ambiguas e inexactas, de lo contrario no existiría la necesidad de “precisar” absolutamente nada.
Pero yendo al fondo de la cuestión, en el documento de marras, los países miembros del Mercosur “reiteran” su compromiso con “los principios de soberanía e integridad territorial y no injerencia en los asuntos internos”. Sin embargo, en ninguna parte aclaran de qué forma el respeto por estos valores fundamentales de la convivencia pacífica internacional que proclaman se condice con el artículo 6º del protocolo en cuestión, que ordena la creación de un bloqueo político, económico y comercial para aquel país en el que ellos consideren subjetivamente que se produjese una “ruptura o amenaza de ruptura” del orden democrático.
Menos todavía tienen la decencia de explicar en qué consisten exactamente las condiciones por ellos establecidas para disponer la aplicación del citado bloqueo. Así, el comunicado en cuestión nada aclara ni precisa en torno a qué específicamente significa la “ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, una violación del orden constitucional o cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.
Es más, tal como los críticos del mencionado protocolo afirmamos, en el cuarto párrafo del comunicado reafirman que es el Gobierno, entiéndase los Ejecutivos, el único facultado a solicitar la aplicación del bloqueo político, económico y comercial. De esta forma, se confirma la premisa de que el único objetivo del protocolo es precautelar el poder presidencial, y no preservar las instituciones democráticas, de las que una de las más emblemáticas es, por cierto, el Congreso de cada país, asiento de la representación popular.
Sostienen igualmente que el bloqueo por ellos concebido deberá guardar “la debida proporcionalidad con la gravedad de la situación existente (…) respetará la soberanía e integridad territorial de la parte afectada, la situación de los países sin litoral marítimo y los tratados vigentes”. Ahora bien, ¿de qué forma puede un bloqueo respetar la “soberanía e integridad territorial de un país”? De ninguna manera. Es más, son los mismos países emisores del citado comunicado quienes en las Naciones Unidas, año tras año, condenan el bloqueo que Estados Unidos impone desde hace décadas a Cuba por considerarlo injerencista y atentatorio de la soberanía de la isla caribeña.
Por otra parte, al reiterar que el sitio “respetará la situación de los países sin litoral marítimo” confiesan abiertamente que el Paraguay es el único destinatario de las extremas y graves medidas adoptadas por el Protocolo de Montevideo. Si no fuera así, ¿qué necesidad tendrían de mencionar específicamente la condición de las naciones mediterráneas? Está claro, además, que el ultrajante bloqueo de ninguna forma podría ser viable en el caso de que en países con costa marítima como Brasil, Argentina o Uruguay se produjesen rupturas, amenazas de ruptura o cualesquiera otras situaciones que pongan en riesgo el legítimo ejercicio del poder.
Por último, en lo que es la más descarada prueba del cinismo que anima las acciones y la retórica de nuestros “socios” del bloque, estos ratifican que “la plena vigencia de las instituciones democráticas” constituye una condición esencial del desarrollo del proceso de integración. Pero ¿qué “vigencia de las instituciones democráticas” rige en la Venezuela del gorila Hugo Chávez, al que ellos tanto insisten en hacer ingresar por la ventana en el Mercosur?
Como se puede observar, el comunicado en cuestión es la más fehaciente muestra de la grosera y alevosa hipocresía que rige en las relaciones existentes entre los miembros del proceso de integración regional. Si el objetivo perseguido por el gobierno de Fernando Lugo era que la difusión del documento aludido salvara al Protocolo de Montevideo de su previsible rechazo en el Congreso nacional y al canciller Jorge Lara Castro de su inevitable interpelación, está más que claro que el mismo tuvo un efecto búmeran.
En la práctica, el escrito solo sirve para ratificar todas y cada una de las impugnaciones que desde el primer instante formulamos contra el pérfido acuerdo regional, que es, tal como se dijo en otras ocasiones, una patética y burda reedición del oprobioso y genocida Tratado Secreto de la Triple Alianza, suscrito hace casi 147 años con la siniestra intención de borrar al Paraguay del mapa y aniquilar a su población.
20 de Enero de 2012
http://www.abc.com.py/nota/descarado-cinismo-de-los-socios-del-mercosur-3460/
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¿Y si pedimos hasta el Bermejo?
Una cosa es ir por el mundo diciendo tonterías y pidiendo satisfacciones históricas en Hiroshima o en Vietnam y otra muy diferente es ir por el mundo firmando documentos, compromisos y convenios que pueden afectar seriamente a nuestro país. Es en momentos como este donde se pone en evidencia, dramáticamente, lo importante que es saber elegir en el momento de poner el voto en la urna.
Ya se están realizando consultas a alto nivel de quiénes podrían ser los posibles candidatos por los diferentes grupos políticos y alianzas factibles. Consultar a la gente no es una costumbre entre nosotros. Peor aún: en los últimos años se han venido sustituyendo las elecciones y votaciones por encuestas cuyos resultados no son de fiar. Y aunque fueran fiables, no es posible que el derecho que tiene el pueblo de elegir a sus gobernantes, se desplace a las compañías especializadas en tales técnicas.
La deriva de nuestra diplomacia y nuestra política exterior se puso en evidencia no solo en la firma del documento Ushuaia II que permitirá a los otros países del Mercosur encerrar a Paraguay y paralizarlo, sino además el presidente Fernando Lugo se comprometió a apoyar, en nombre de todos nosotros, a Argentina en su reclamo de las Malvinas y el cierre de todos los puertos a barcos de bandera inglesa. Una pregunta que puede parecer meramente utilitaria: ¿a cambio de qué? Sí, a cambio de qué le damos este apoyo enemistándonos con una potencia mundial de la que podríamos obtener muchas ventajas, mientras Argentina nos cierra las fronteras, bloquea el paso de camiones con productos paraguayos perecederos (tomates, verduras, frutas) y una vez que todo esté debidamente podrido, los gendarmes de Clorinda dan su visto bueno para que sigan camino.
Argentina nos pide apoyo en su reclamo de un territorio que perdió en 1833 cuando Inglaterra envió la fragata “HMS Clío” al mando del capitán John James Onsolw, quien intimó al gobernador argentino que abandonase el sitio y declaró la soberanía inglesa sobre el archipiélago. Si después de 179 años es legítimo reclamar un territorio perdido en acción de guerra, ¿no podríamos reclamar nosotros hasta el río Bermejo, zona que nos quitó Argentina en la Guerra del 70? Después de todo solo son 142 años, llevamos una ventaja de 37 años. Se solucionaría así el desvío del Pilcomayo y las enormes sequías que ello produce en una región rica en ganado. Esto suena a tontería, ¿verdad? ¿Pero por qué es una tontería?
Tontería, y bien trágica, fue aquella decisión de Leopoldo Galtieri de iniciar una guerra contra Inglaterra cuando el 2 de abril de 1982 ordenó invadir las Malvinas. La izquierda festiva cantó victoria: Argentina lograría la adhesión, el apoyo y la alianza de todos los países latinoamericanos, todos juntos vencerían a una armada contra la que no pudo nadie, ni siquiera la Armada Invencible de Felipe II de España. Lograda la victoria, se establecería un reordenamiento de nuestros países, de sus políticas y sus influencias. Lo que en cambio vio Galtieri desde el balcón de la Casa Rosada, con la lengua hecha un estropajo a causa de su afición por empinar el codo, fue que ningún país le dio tal apoyo; Chile permitió a los barcos ingleses utilizar sus puertos y Estados Unidos acudió en ayuda de Inglaterra. Los soldados argentinos caían prisioneros, enfermos de hepatitis y disentería, pues no podían hervir el agua para beber, ya que el querosene de sus calentadores había sido aguado por algún especulador de Buenos Aires y los chocolates que las fábricas regalaron para los combatientes se vendían a la puerta de los cines de Lavalle y Corrientes.
La demagogia de Cristina Kirchner que la desarrolle, la aplique y la juegue en territorio argentino, pero que no nos involucre cuando ella nos necesita para sus planes electoralistas o lograr que le suceda en el cargo su hijo Máximo que viene calentando ya los motores. Que no nos llame cuando tenga necesidad de hacerlo. Que antes cambie esa política de humillaciones a la que nos ha sometido la Argentina desde que decidimos independizarnos de la Corona de España y de la Junta de Buenos Aires en 1811. Y que Lugo, antes de firmar nada, piense que representa a un país y no a sí mismo, con la idea aquella de que “después de mí, el diluvio”.
por Jesús Ruiz Nestosa
SALAMANCA.
http://www.abc.com.py/nota/y-si-pedimos-hasta-el-bermejo/
23 de Enero de 2012
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Necesaria interpelación al canciller
El claro y grave atentado que supone para la soberanía paraguaya la adopción del “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II)” por parte del Poder Ejecutivo, el pasado 20 de diciembre en la capital del Uruguay, impone que la Cámara de Diputados apruebe en la fecha el pedido de interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Lara Castro, para que dé explicaciones a los legítimos representantes del pueblo acerca de lo actuado por él y el presidente Fernando Lugo en nombre de la República del Paraguay.
Sería inaceptable que luego de la presentación a la opinión pública por parte de diplomáticos de reconocida trayectoria, académicos de prestigio, expertos en derecho internacional y líderes políticos de los más variados sectores de una multitud de fundados y sólidos argumentos en contra del infame acuerdo regional, los diputados no se sientan hoy en la obligación de hacerle preguntas al canciller nacional.
En primer lugar, el señor Lara Castro, en tanto que responsable del órgano ejecutor de la política exterior paraguaya, debe aclarar ante el Congreso y el conjunto de la ciudadanía los motivos por los cuales el citado protocolo fue redactado, negociado y suscrito de manera soterrada, a espaldas del pueblo paraguayo, sin siquiera conocimiento de sus representantes en el Parlamento. Esta práctica secretista no solo des-
legitima de plano el acuerdo, sino que demuestra a las claras una oscura intencionalidad del Poder Ejecutivo por evitar el previo escrutinio público acerca de algo que iba a comprometer seriamente el interés nacional.
Por otra parte, es de absoluta necesidad para la preservación de nuestra soberanía que el canciller explique por qué, en contra de toda la extendida doctrina del derecho internacional público, el Gobierno que integra y al que representa admitió que terceros países, en este caso los demás miembros del Mercosur, pudieran imponer al Paraguay un bloqueo político, económico y comercial cuando ellos subjetivamente lo consideren oportuno.
Lara Castro debe dar la cara ante los representantes del pueblo y aclarar de manera pormenorizada, basado en qué criterios y principios constitucionales él y su jefe suscribieron un documento que, reeditando aberrantes disposiciones incorporadas en el Tratado Secreto de la Triple Alianza, se arroga el derecho de “cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres. Suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros” (artículo 6).
En otro orden de cosas, es de capital importancia que el Poder Legislativo sepa de primera mano qué es para el señor ministro de Relaciones Exteriores, y sobre todo para los demás países de la región, una “ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, una violación del orden constitucional o cualquier otra situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder”, tal como se establece en el artículo 1 del documento, ya que estas son, justamente, las “condiciones” a ser invocadas por el gobierno o por los gobiernos de sus pares del Mercosur para que estos ordenen un bloqueo sobre la República del Paraguay.
Al mismo tiempo, el canciller tiene la imperiosa obligación de explicar el alcance del artículo 4 del protocolo de marras, fundamentalmente en aquella parte en que se menciona que es el “gobierno constitucional” de una parte afectada quien puede solicitar la imposición del bloqueo. Así como está planteada esta formulación, queda en evidencia que los únicos facultados a requerir “respaldo” regional son los titulares de los poderes ejecutivos, para nuestro país, solamente el presidente Lugo.
Por último, entre otras cuestiones, el ministro de Relaciones Exteriores tiene que elucidar ante los representantes del pueblo la manifiesta contradicción que supone en términos de política exterior que el gobierno luguista, invocando el principio de no intervención, vote en las Naciones Unidas contra el bloqueo que los Estados Unidos impone desde hace décadas a Cuba, mientras acepta que otros países de nuestra misma región pudieran seguir esa misma condenable práctica contra el Paraguay.
Existen otros aspectos del Protocolo de Montevideo que merecen una urgente aclaración por parte del canciller Lara Castro. De hecho, es el Presidente de la República quien debería ofrecer esas explicaciones al pueblo paraguayo, de frente y sin rodeos.
No obstante, puesto que la Constitución dispone mecanismos institucionales para que los altos funcionarios den cuenta de su accionar público ante aquellos que ejercen la representación legítima de los ciudadanos, la interpelación del ministro de Relaciones Exteriores se presenta ante la sociedad como un imperativo ineludible que debe ser cumplimentado con la formalidad del caso.
http://www.abc.com.py/nota/necesaria-interpelacion-al-canciller-5998/
26 de Enero de 2012
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RENACIERON LOS TRAIDORES LEGIONARIOS DE 1865
Tranquilino Duarte
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
Residente en la ciudad de Montevideo – Uruguay
Protocolo de Montevideo del 20/12/2011
El obispo (r) Fernando Armindo Lugo Méndez, pretende entregar en bandeja la soberanía nacional del Paraguay a la Argentina y al Brasil mediante la firma de ese Protocolo.-
De esta manera Lugo se incorpora a la lista de Presidentes legionarios Salvador Silvestre Jovellanos Guanes (31/12/1871-25/11/1874), José Higinio Uriarte García del Barrio (12/4/1877-25/11/1878), Juan Gualberto González (25/11/1890-9/6/1894), Juan Bautista Eguzquiza Isasi (25/11/1894-25/11/1898), Benigno Ferreira (25/11/1906-4/7/1908) y además su Ministro de Relaciones Exteriores Jorge Lara Castro se incorpora a la lista de Ministros del Poder Ejecutivo legionarios al igual que José Segundo Decoud.-
Cabe señalar que el Protocolo de Montevideo del 20/12/2011 aprobado y firmado por Lugo, conjuntamente con los Presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay, al igual que el Tratado secreto celebrado por esos tres países el 1/5/1865, amenaza la existencia de la República del Paraguay “libre e independiente” y viola su ordenamiento jurídico constitucional y legal.-
Tratado secreto de la triple alianza entre Argentina, Brasil y
Uruguay contra Paraguay
1/5/1865
“Art. 1º. La República Argentina, su Majestad el Emperador del Brasil y la República Oriental del Uruguay, se unen en Alianza ofensiva, en la guerra promovida por el gobierno del Paraguay”.-
“Art. 2º.- Los aliados concurrirán con todos los medios de guerra de que puedan disponer en tierra o en los ríos, según sea necesario”.-
“Art. 7.- No siendo la guerra contra el pueblo del Paraguay sino contra su gobierno, los aliados podrán admitir en una Legión Paraguaya a todos los ciudadanos de esa nacionalidad que quieran concurrir a derrocar a dicho Gobierno,….”.-
“Art.8.- Los aliados se obligan a respetar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República del Paraguay”.-
“Art. 18.- Este tratado se conservará secreto, hasta que se consiga el fin principal de la alianza”.-
Con referencia a la Legión paraguaya que establece dicho art.7, Bartolomé Mitre había manifestado con desprecio: “Yo no sé si estos legionarios son muy perversos o muy tontos, ¿no saben que vamos a destruir su hermosa patria?”.-
En efecto, la población del Paraguay, según censo oficial del año 1857 era de 1.337.439 habitantes.-
El resultado final de la guerra, mediante la ejecución de aquel Tratado, donde los legionarios integraron la Legión paraguaya para derrocar al Gobierno, bajo la Presidencia del Mariscal Francisco Solano López, fue la masacre de más de la tres cuarta parte de esa población, sobreviviendo 28.000 hombres mayores de edad, ancianos, niños y algunas mujeres, más la anexión por Argentina y Brasil de la tercera parte de su territorio, para además los agentes de la monarquía inglesa adueñarse de toda la riqueza agrícola, ganadera y forestal, la industria y el comercio interno e internacional.-
Protocolo secreto del 20/12/2011 de la triple alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, aprobado y firmado por el actual “legionario” y Presidente de la República del Paraguay, obispo ( r) Fernando Armindo Lugo Méndez
Art.1.- “El presente Protocolo se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.-
Art.4.- “Cuando el gobierno constitucional de una parte considere que está ocurriendo en su jurisdicción alguna de las situaciones indicadas en el art. 1 podrá solicitar a los Presidentes de las partes o en su defecto, a los Ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada de la Presidencia pro tempore colaboración para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad”.-
Art.6.-“En caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático en una parte del presente Protocolo, los Presidentes de las partes ….. podrán establecer entre otras, las medidas que se detallan a continuación:
b.- cerrar en forma total o parcial las fronteras terrestres. Suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros”.-
Art. 12.-“La República del Paraguay será depositaria de este Protocolo”.-
Cabe señalar que siendo la “colaboración” a que refiere el art. 4 a título enunciativo, puesto que en su art. 6 se utilizan las expresiones “entre otras”, la misma comprende también el empleo de la fuerza pública militar de Argentina, Brasil y Uruguay, en caso de que lo solicite el Presidente Lugo, con el propósito de que sus ejércitos invadan el territorio de la República del Paraguay.-
Por tanto si Mitre se levantara de su tumba, con seguridad repetiría: “Yo no sé si este legionario Fernando Lugo y su Ministro José Lara Castro son muy perversos o muy tontos, ¿no saben que vamos a destruir su hermosa patria?”.-
De lo expuesto resulta que no cabe la menor duda que este Protocolo de Montevideo es un instrumento dirigido a intervenir en las cuestiones internas de la República del Paraguay, en caso de que el Presidente de la República Lugo considere por sí que existe peligro de ser separado de su cargo, aun mediante juicio político.-
Se trata pues, de una nueva versión del Tratado de la triple alianza contra la República del Paraguay, celebrado por Argentina, Brasil y Uruguay, similar al que habían acordado el 1 de mayo de 1865.-
De esta forma, Fernando Lugo y sus subalternos se convierten en los nuevos legionarios, al igual que aquellos del año 1865.-
Cabe presumir razonablemente, que este Protocolo de Montevideo fue acordado a instancia de Fernando Lugo, puesto que, sin perjuicio de su posición castrichavista, a causa de sus reiterados errores en el ejercicio del cargo que ocupa podría ser removido de sus funciones de Presidente de la República mediante juicio político, en la forma prevista en el art.225 de la Constitución Nacional, por incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo que ocupa.-
Derecho positivo
Constitución Nacional 1992
“Art.1.- La República del Paraguay es para siempre libre e independiente”.-
“Art.202.- Son deberes y atribuciones del Congreso: ….9) Aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo”.-
“Art. 238.- Son deberes …. de quien ejerce la Presidencia de la República: … 2)Cumplir… esta Constitución…”.-
Código Penal ordinario del 26/11/1997
Hechos punibles contra el Estado
Art.269.-“Atentado contra la existencia del Estado.
“1. El que intentara lograr…mediante…amenaza de fuerza, menoscabar la existencia de la República…será castigado con pena privativa de libertad no menor de diez (10) años”.-
De acuerdo a las normas constitucionales transcriptas, hasta la fecha el actual Presidente de la República no cumplió con su obligación de remitir a la Comisión Permanente del Congreso el texto de ese Protocolo de Montevideo y del cual es depositario, según su art.12, a los efectos de que ésta convoque y organice una sesión extraordinaria del Congreso que integra la Cámara de Senadores y de Diputados, con el propósito de considerar su aprobación o rechazo.-
No obstante esa omisión del Poder Ejecutivo, siendo de público conocimiento el texto de aquel Protocolo aprobado y firmado por Lugo, el Congreso Nacional legítimamente puede ser convocado por su Comisión Permanente a los efectos de considerar aquel acuerdo internacional a fin de proceder a rechazar o aprobarlo, en ejercicio de su competencia privativa que le atribuye el art. 202 nº 9) de la Constitución Nacional.-
JUICIO POLITICO
El actual Presidente de la República, corre el riesgo cierto de que por haber aprobado y firmado aquel Protocolo, la Cámara de Diputados, en la jurisdicción política, en ejercicio de sus poderes discrecionales y de gobierno, lo acuse ante la Cámara de Senadores “por mal desempeño de sus funciones” y ésta proceda a su desinvestidura para seguir en sus funciones, perdiendo, además, el derecho de ocupar el cargo de “senador vitalicio” y, a la vez, remitir los antecedentes a la justicia penal ordinaria.-
En ese caso, Lugo corre también el riesgo de ser juzgado en esa jurisdicción a fin de que ésta determine si incurrió o no en algún ilícito penal ordinario por haber aprobado y firmado aquel Protocolo. En el supuesto de que por esa causa la Justicia penal considere que cometió delito de atentado contra la existencia del Estado, podría ser castigado “con pena privativa de libertad no menor de (10) diez años” (art.269 CP).-
Cabe agregar que las decisiones que se dicten en la jurisdicción política y en la jurisdicción penal ordinaria, por juzgar los mismos hechos, son absolutamente independientes.-
Esto es así porque, como sostiene nuestro derecho positivo y comparado, la jurisprudencia nacional y extranjera, la doctrina mas recibida y los especialistas en la materia tales como Marienhoff y Sayagués Laso, cada una de esas jurisdicciones “tienden a proteger o tutelar un distinto y específico valor o bien jurídico”, sin que esto importe violar los principios “non bis in idem” y “non tem in idem”.-
Tranquilino Duarte
Montevideo, 25 de noviembre de 2.011
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Traición a la patria
La preocupación actual de la gente pensante y con sentido de patria es la firma del Protocolo de Montevideo, también llamado Ushuaia II, y si debe o no ser aprobado por la Legislatura, lo que consideraríamos una grave traición a la patria.
Las consecuencias de su aprobación serían muchísimo más graves que las del Tratado de la Triple Alianza, en cuya redacción y aprobación no intervino ningún paraguayo, por lo que no se puede ni sospechar que hubo traición a la patria, ni por acción ni por omisión porque acá se ignoraba totalmente, a diferencia con lo que ocurriría con la aprobación por parte de las más altas autoridades paraguayas que sí serían unos infames traidores a la patria, pasibles, ellos y sus cómplices, de las más duras penas que existen en la actualidad, aunque se salvarían del fusilamiento, como se hacía antiguamente.
Esperemos que la ciudadanía unida sepa actuar como corresponde para oponerse y evitar que se concrete un miserable acto de traición. Pero hay que advertir que no es solo con esta clase de pactos y actitudes que se traiciona a la patria, pues también son traidores los encargados de hacer justicia y no la hacen, ya sean jueces, camaristas o miembros de la Corte.
No hay mal peor que se le pueda hacer a un país que no asegurar las garantías jurídicas, pues se impide así el progreso y el desarrollo que mejoraría el bienestar de toda la población, principal obligación de todo gobernante de cualquiera de los tres poderes. ¿Quién radicaría una industria o invertiría capitales para el desarrollo en un país donde no existen garantías jurídicas? Seguramente nadie…
Hoy en día, con la moderna tecnología de comunicaciones, todo acto de injusticia trasciende rápidamente al mundo entero, aún los fallos injustos y aberrantes que afectan a las personas individualmente, como por ejemplo los juicios sucesorios en los que, por “extrañas influencias“, se perjudica a unos herederos para beneficiar a otros, sin garantizar los derechos sobre la propiedad legítimamente heredada ni el derecho humano de poseer y explotar esos bienes. y es peor aún cuando esas “extrañas influencias” provienen de un ex juez de la dictadura y hacen decidir a su favor hasta fallos de la Corte.
Creo que para garantizar el futuro de nuestros descendientes es de fundamental importancia que se sepa “quién es quién” en el Paraguay y queden al descubierto las vinculaciones con torturadores, orgías y doble vida de algunos que, a pesar de los supuestos cambios políticos, continúan utilizando sus antiguas influencias como si nada hubiese pasado.
Rosa María Escobar de Caride
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13/02/2012-07h00
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/matiasspektor/1047473-quem-tem-medo-do-livro-branco.shtml
Quem tem medo do Livro Branco?
O governo finaliza agora seu Livro Branco de Defesa Nacional, onde se apresentam os conceitos e princípios estratégicos que o país gostaria de emplacar durante os próximos anos.
O principal impacto da publicação não será sentido no país, mas no exterior. Tanto países amigos quanto outros mais distantes acreditam que um Brasil em ascensão está fadado a ampliar seu perímetro de interesses em defesa e segurança. Para eles, o crescimento da economia e da classe média levará, inexoravelmente, à expansão das ambições nacionais porque nenhum governo poderá ignorar as ameaças ao número crescente de interesses brasileiros no mundo.
Por isso, eles receberão o Livro Branco com um misto de curiosidade e apreensão. Não adianta acalmar seus ânimos citando nosso histórico de pacifismo nem evidenciando a falta de meios que assola nossas forças armadas. As suspeitas sobre o futuro da força militar brasileira estão aqui para ficar.
Os vizinhos amazônicos lerão o texto com o anseio de quem teme incursões veladas de forças brasileiras em seus territórios para punir guerrilhas ou narcotraficantes que violam nossas fronteiras.
Bolívia e Paraguai temem possíveis soluções forçadas caso haja problemas em temas como gás, água, soja, eletricidade e o bem-estar de brasileiros emigrados.
Na Argentina, o maior problema diz respeito à recente retomada do programa nuclear brasileiro. O assunto, que parecia estar encerrado, poderá dividir os dois países uma vez mais.
Na África, o Livro Branco será recebido por governos interessados em cooperação militar tanto quanto por aqueles que tiveram notícias das frases ditas publicamente por autoridades militares brasileiras no passado recente, como «o Atlântico Sul é um lago brasileiro» ou «nossa fronteira leste termina nas praias africanas».
O impacto não se limita apenas a países mais fracos.
Na China e na Índia, o texto será lido de olho no pensamento da Marinha a respeito da «Amazônia Azul». Afinal de contas, aqueles países ampliam a passo acelerado sua projeção naval e sua competição no Atlântico.
Nos Estados Unidos, o livro chegará às mãos de quem gostaria de ver um Brasil mais armado para lidar com o narcotráfico ao passo em que lamenta o ritmo lento de uma cooperação militar ainda pouco explorada.
Na Europa, a publicação vai ocupar aqueles que querem criar um forte órgão multilateral de segurança no Atlântico Sul, idéia antiga contra a qual o Brasil operou em diversas ocasiões ao longo dos últimos cinqüenta anos.
O Livro Branco também chegará aos conselhos executivos da indústria global de armamentos, que observa com atenção a entrada de conglomerados como Embraer e Odebrecht num mercado muito competitivo.
É líquido e certo que o texto, ao circular, terá conseqüências não planejadas nem desejadas. A maneira inteligente de lidar com isso é criar políticas capazes de mitigar os medos que sua leitura vai acirrar.
Em relações internacionais, as intenções reais de um país nunca são perfeitamente compreendidas por terceiros. Como os governos sempre atuam com base em percepções a respeito dos outros, países emergentes precisam ser extremamente cuidadosos na hora de comunicar seus planos.
Para o Brasil, a prioridade é evitar que o processo de ascensão gere resistência e incômodo na área de segurança e defesa. O lançamento do Livro Branco demanda, como acompanhamento, uma política inédita de comunicação global.
Matias Spektor ensina relações internacionais na FGV. É autor de «Kissinger e o Brasil e de Azeredo da Silveira: um depoimento». Trabalhou para as Nações Unidas antes de completar seu doutorado na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Foi pesquisador visitante no Council on Foreign Relations (Estados Unidos) e assina uma coluna no «International Herald Tribune».
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Com sa 3 forças armadas totalmente sucateadas, devido ao ranço ideológico, não podemos defender sequer nossas fronteiras, imaginem projeção internacional, que piada!
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Anselmo Nogueira (819)
(09h19) há 2 horas
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O Brasil precisa se reequipar.
Não para guerrear com ninguém. Mas para impedir os passeios diários da Força Aérea Venezuelana em nosso território, as marcações que aviões da US Navy estão fazendo na Amazônia, principalmente sobre as áreas da Raposa Serra do Sol; para impedir que bolivianos furtem o patrimônio brasileiro, para que os paraguais respeitem o produtores responsáveis por 40% do PIB deles e para a que a IV Frota fique longe de nosso litoral.
Precisamos de mais motivos? Ainda mais sérios?
O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem
Do
ACRESCENTAR MAIS UM CAPÍTULO.
Seria fabuloso se acrescentassem nesse tal de LIVRO BRANCO, que o Brasil vai fazer uma reforma tributária para acabar com os ganhos estratosféricos dos bancos e agiotas, vai acabar com a farra dos fiscais corruptos que fazem dos empresários seus reféns, vai amenizar o sofrimento de 16 milhões de miseráveis, cenas dantescas como aquelas do Pinheirinho,SJC,SP, jamais se repetirá.
Não esquecer da reforma do judiciário, mandato de 4 anos.
Jesus Cristo está voltando
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Decir la verdad histórica
Escribe Alberto Vargas Peña
Hay que cambiar en la educación. Hay que decir la verdad. Y describir los hechos tal cual fueron. No se puede seguir relatando falsedades, como que tuvimos la primera línea férrea en América Latina, ni que teníamos un país rico en 1860, que fue la envidia de Inglaterra.
La Historia es el relato, veraz, de lo ocurrido en un país. Si no es veraz, no es Historia. No sirve para enseñar sino para engañar. Cuando se enseñan hechos falsos, tergiversados y amañados, se comete un crimen, difícilmente rebatible y completamente indisculpable. Es un crimen contra la formación de un carácter y la preparación de otro crimen peor. Cuando se tergiversa o falsifica para montar una escena, se atenta contra el alma de un pueblo.
La Historia paraguaya, llena de episodios de valor y coraje, fue falseada y tergiversada para hacerla decir algo diferente a lo que realmente dijo. Y así produjo el resultado que se tiene.
Para justificar la dictadura salvaje que asoló al país después de la Independencia se convirtió en prócer al tirano y se le atribuyeron acciones que nunca realizó y que ni siquiera concebía.
Se estableció que el despotismo salvaje fue el que logró la Independencia paraguaya; eso condujo a nuevos despotismos y a la sacralización de los nuevos déspotas. El nuevo tirano llevó al Paraguay a una guerra sin sentido que lo aplastó y despobló. El tirano murió y fue convertido en “héroe máximo”. El pueblo, que logró su libertad con su muerte, fue vilipendiado y condenado. Los miles de héroes que defendieron la Patria pasaron ser simple soldadesca.
Cuando se ganó la Guerra del Chaco se inventó el cuento de que se perdió la Paz y se condenó a los victoriosos, y se derribó al gobierno triunfante. Fueron examinadas toda las batallas, desde la mira de los subtenientes, para hacer creer que ellos habían ganado las batallas que ganaron sus oficiales. Y la Historia fue reescrita para que los despotismos fueran considerados la verdad del Paraguay.
Esto es lo que hay que cambiar en la educación. Hay que decir la verdad. Y describir los hechos tal cual fueron.
No se puede seguir relatando falsedades, como que tuvimos la primera línea férrea en América Latina, ni que teníamos un país rico en 1860, que fue la envidia de Inglaterra.
Esos son cuentos para consumo de ignorantes y nos convierte en payasos universales. Tampoco debemos aceptar que el Paraguay era un país educado y que se decía “soy paraguayo porque sé leer”.
Esta historia falseada debe ser cambiada y los hechos relatados como fueron.
El Paraguay fue una nación pobre que pretendió abrirse paso y lo fue logrando pese a los despotismos terribles que sufrió. A raíz de su tiranía sufrió una guerra brutal, en la que combatió con valor y eficiencia, hasta casi sufrir el colapso; defendió su territorio del Chaco con valor e inteligencia y ganó todas las batallas. Buscó la democracia desesperadamente, oprimido por un nuevo brutal despotismo.
Ahora quiere saber, necesita saber su verdadera historia para alcanzar su plenitud.
Esta es la misión de los educadores del futuro. Relatar y enseñar la verdad histórica, para obtener ejemplos válidos para conseguir el progreso, que de otro modo será difícil.
Creo que la educación tiene que contemplar la infraestructura y los demás detalles técnicos, pero sin relatar la verdad, será inútil.
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