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Concejales deben involucrarse más en los quehaceres de sus municipios

 

Hay una institución cuya utilidad y servicio dejan muy serias dudas a la ciudadanía ; son las Juntas Municipales, integradas por funcionarios que ganan, en general, dietas muy superiores en valor a lo que en beneficios producen con su trabajo real, verificable y mensurable por medio de sus resultados.

Si se pasea por los distintos distritos de la zona, se constata a simple vista las condiciones de abandono en que están los espacios comunes (calles, veredas, paseos, plazas, banquinas), así como los cascos céntricos, que se van llenando de carteles publicitarios, ocupaciones comerciales de las veredas, basura, yuyos; en resumen: desorden y fealdad de todo tipo, por donde se mire.

Nuestros núcleos urbanos, en su generalidad, carecen de reglamentos de construcción, motivo por el cual las obras se hacen generalmente de manera caótica, desorganizada y hasta peligrosa. No tienen reglas de disposición de residuos, que van a ser arrojados a cualquier parte, en veredas y calles, en arroyos, incluso en los parques y paseos centrales.

Arreglar estas vergüenzas y revertir estos procesos de notable deterioro de la calidad de vida urbana dependen, en primer término, de la educación general de los habitantes. Pero cuando esta es escasa o falla, como es nuestro caso, el único recurso que resta es la intervención directa, enérgica, sin concesiones ni miramientos especiales, de las autoridades municipales.

Pero en nuestro país no ocurren las cosas de esta manera. De hecho, la impresión que se tiene es que todo el mundo hace lo que quiere. Las normas municipales, si existen, son letra muerta; no se las conoce, no se las respeta y no se sufren consecuencias por esto.

A simple vista, sin necesidad de hacer un relevamiento minucioso, los municipios están llenos de problemas urbanos que corregir, de soluciones que impulsar, de aspectos que mejorar, de iniciativas que crear. ¿Por qué transcurren los años, se suceden las Juntas Municipales y todo permanece inalterable, especialmente lo defectuoso, lo que requiere respuesta institucional, lo que no hay y debe haber en todo centro urbano, cual es un orden de convivencia civilizada? Los concejales interrogados sobre este punto argumentarán que todo eso es responsabilidad del intendente. ¿Y los concejales? Pareciera que se desentienden de todo; no tienen ojos ni oídos ni lengua. Ni se consideran corresponsables de la inoperancia de la administración comunal.

Y conste que, ganando dietas que suelen ser iguales al salario del intendente, los concejales no tienen por tarea más que reunirse una vez a la semana en sesiones plenarias y una que otra vez en comisiones. Esto no les consume más de cinco horas semanalmente. El tiempo restante lo dedican a proselitismo político y a ocupaciones personales. Los concejales parecen no tener idea de lo que es y significa el “interés general”, que ellos confunden, casi siempre, con el suyo propio, en primer lugar, y luego con el de sus grupos favorecidos. Su ciudad, su pueblo, para ellos significa muy poco.

http://diariovanguardia.com.py/index.php?option=com_content&view=article&id=14497:concejales-deben-involucrarse-mas-en-los-quehaceres-de-sus-municipios&catid=98:editorial&Itemid=474

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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43 comentarios en “Concejales deben involucrarse más en los quehaceres de sus municipios

  1. DEPORTE VENGANZA

    Aunque los primeros registros de la caza de montería o caza mayor se remontan a la Edad Media, el inicio de este mal llamado deporte se pierde en el tiempo. Era un medio con el que los señores feudales ofrecían diversión a sus invitados, nobles, ricos comerciantes y afamados personajes de la época.

    La jornada comenzaba temprano con vasallos que ponían a punto la cabalgadura y los perros. Participaba un número indeterminado de competidores: entre 20 o más cazadores, acompañados de siervos y unos 10 o 15 perros especialmente entrenados.

    Era una fiesta de sangre. Inicialmente para deshacerse de los grandes depredadores, las presas favoritas eran los peligrosos osos y lobos, aunque tampoco quedaban atrás los mortales jabalíes.

    Sin embargo, este “viril” deporte fue suavizándose y con el paso de los siglos y refinamiento de los gustos, la jornada se convirtió en una excusa de reunión social, con damas elegantemente vestidas esperando el regreso de sus paladines con bocaditos y bebidas para “curar” sus golpes y heridas.

    Pero llegar sucios y ensangrentados no era negocio que atrajera a las damiselas, así que las grandes presas a cazar debieron ser reemplazadas por “feroces” contrincantes como el tímido y astuto zorro.

    Así, este delicado y escurridizo animalito era perseguido por salvajes jaurías azuzadas por los recios caballeros, que debían mostrar sus habilidades a las perfumadas mujeres. Perros y cabalgaduras hacían el gasto del sudor, en tanto que el zorro ofrendaba su vida. Los hombres regresaban cansados y sedientos de mimos luego de la extenuante jornada.
    El deporte finalizaba muy entrada la madrugada luego del banquete, con anécdotas de épicas hazañas narradas por los guerreros cargados de vino e imaginación.

    Actualmente la caza está reglamentada. No cualquier paladín puede salir a la hora que se le antoje, tomar sus armas (y lunchera) y montar en su cabalgadura 4 x 4 para perderse en los montes con su GPS.

    En esta época de civilización, las reglas son claras. Para que las cosas se hagan como es debido es necesario aguardar la temporada de caza. Antes está prohibido.

    En esta época de civilización también las reglas han cambiado un poco (mucho), con detalles muy importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, la temporada de caza se ha iniciado. Es legal salir a cazar. Pero esta vez son los zorros –como “cariñosamente” se conoce a la PMT– los que salen en pos de los ciudadanos que no perforaron ni renovaron su licencia de conducir.

    Como señores feudales, los intendentes y su séquito, los concejales, ofrecen la diversión para recaudar, ya sea para la comuna o para el bolsillo de los coimeros.

    El deporte de la venganza es legal. De pasar a esconderse en sus madrigueras, los zorros ahora forman cuadrillas y se esconden en las calles para atrapar a los incautos conductores. Y estos, aunque invoquen el art. 41 de la Constitución Nacional, que reza que “los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional”, son detenidos por los agentes que organizan barreras.

    La humillación del chofer no comienza cuando expone sus documentos que no están al día. Tampoco al tener que pagar la multa o si el agente amaneció de “buen humor” y solo apercibe al menospreciado contribuyente con una amonestación de “que no se repita”, con un halo de magnanimidad, como si fuera un dios con poder de vida y muerte.
    La humillación comienza antes, en la Municipalidad, hasta la que es obligado a ir el ciudadano como si fuera un templo al que se debe concurrir para rendir pleitesía al señor feudal y formar filas como reses que van al matadero. Y, para eso, antes hay que gastar en pasajes o en combustible para llegar y encontrar estacionamiento, que también se convirtió en negocio para algunos municipios. Mientras que el contribuyente debe deambular buscando sitio, los “nobles” y “feudales” los tienen autoasignados.

    En esta época de civilización es normal pagar tributos hasta para respirar. Una gran parte del sudor de la frente de los trabajadores debe destinarse a las dietas del funcionariado. A regañadientes hay que aceptar, pero no la humillación por la inoperancia o poca visión de los feudales.

    En esta época de civilización existen aplicaciones con las que se facilitan y mejoran los servicios. Con el celular un pasajero sabe cuánto falta para que llegue un bus, el contribuyente sabe cuánto debe a Hacienda, el cliente puede transferir dinero de su banco… pero el conductor todavía debe ser humillado por el deporte de la venganza.

    En esta época de civilización los feudales deben recordar que no ocupan un trono eterno por derecho de sangre, sino un efímero puesto que deben justificar con trabajo eficiente. Deberían proponer una aplicación para que los contribuyentes no sean más humillados. Ellos no tienen la culpa de la inoperancia de los funcionarios. Ellos son los que les pagan el sueldo. Y también al “señor”.

    Por Alex Noguera

    https://www.lanacion.com.py/columnistas/2018/04/07/deporte-venganza/

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    Publicado por jotaefeb | 17/04/2018, 9:21 am
  2. MUNICIPALIDADES LADRONAS

    Desde los organismos públicos, entre ellos las municipalidades, se roba a los contribuyentes de maneras diferentes, según la atribución y la función de cada cual. En el caso de los que prestan algún servicio público tarifado, roban al no ofrecer efectivamente el servicio, al hacerlo en menor medida o calidad que el oficialmente establecido, o sobrefacturándolo. A veces también lo hacen prestar por un tercero, irregular y casi siempre ineficientemente.

    Según todos sabemos, por tratarse de un concepto elemental, una tasa tributaria es lo que hay que abonar por servicios públicos de organismos estatales o municipales. La característica de este tributo, a diferencia de los impuestos, es que solo se paga si se recibe el beneficio, en los términos del art. 168 de la Constitución vigente, en su inciso 5º, que dice: “Serán atribuciones de las municipalidades, en su jurisdicción territorial y con arreglo a la ley: la regulación del monto de las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, no pudiendo sobrepasar el costo de los mismos” (las negritas son nuestras). Revisemos someramente el caso de estas tasas municipales.

    El art. 58 y siguientes de la Ley Nº 3966/10, “Orgánica municipal”, enumeran las tasas que las municipalidades pueden cobrar, a saber: barrido y limpieza; recolección, tratamiento y disposición final de residuos; conservación de parques, jardines y paseos públicos; contrastación e inspección de pesas y medidas; chapas de numeración domiciliaria; servicios de salubridad; servicios de cementerios; tablada; desinfección y lucha contra insectos, roedores y otros agentes transmisores de enfermedades; inspección de instalaciones; servicios de identificación e inspección de vehículos; servicios de alumbrado, aprovisionamiento de agua, alcantarillado sanitario y desagüe pluvial, siempre que no se hallen a cargo de otros organismos; servicio de prevención y protección contra riesgo de incendios, derrumbes y otros accidentes graves; conservación de parques, jardines y paseos públicos; ambiental y “las demás que se establezcan por ley”.

    En su art. 15 autoriza a las municipalidades a “c. establecer los montos de las tasas creadas por ley, no pudiendo superar los costos de los servicios efectivamente prestados”, reiterando el principio básico constitucional.

    Y, por si lo anterior no fuese suficiente, esta misma ley, en su art. 162, reitera que “La Municipalidad determinará por Ordenanza, la regulación del monto de las tasas creadas por ley. Los montos que se establezcan no podrán sobrepasar el costo de los servicios efectivamente prestados, de conformidad al Artículo 168 de la Constitución Nacional” (las negritas son nuestras).

    De modo que hay al menos tres prescripciones legales de primer nivel que dejan indubitable el hecho de que nadie está obligado a pagar un solo peso por servicios que no recibe. ¿Pero qué ocurre si el costo de algunos servicios es cero, porque si bien existen en el papel (como muchos de los enumerados anteriormente) no se los presta efectivamente? La respuesta es obvia: la tasa no debe ser cobrada. Y, en caso de que se la imponga de todos modos, como ocurre en la mayoría de los casos, se trata de un robo. Porque, entiéndase bien, el hecho de que sea una entidad pública, como en este caso la Municipalidad, la que cobre dinero por un servicio que no presta, no implica que esté libre de la acusación de ser un organismo ladrón.

    En la factura que extiende la Municipalidad de Asunción, en concepto de “Tasas Especiales”, para el corriente año, figuran los siguientes servicios, por los cuales cobra dinero a todos los propietarios de inmuebles contribuyentes asuncenos: conservación de parques, jardines y paseos públicos; limpieza de la vía pública; recolección de residuos, disposición final de residuos sólidos, y mantenimiento de desagüe pluvial. Se agrega una contribución “especial” para conservación de pavimento.

    ¿Cuáles de estos servicios presta efectivamente la Municipalidad capitalina, en forma completa y eficiente? ¿Cuáles presta ineficiente o esporádicamente? ¿Cuáles no presta en ningún caso, o solamente en ciertas zonas?

    Las respuestas más precisas las tiene la misma Municipalidad, seguramente, aunque no las publicará por un motivo obvio: cobra todos los servicios enumerados como si efectivamente los suministrara como debe. Es decir, está robando descaradamente a los contribuyentes pero no quiere corroborar el hecho exhibiendo sus cifras.

    Cualquiera que recorra la ciudad podrá comprobar que en los parques, jardines y paseos de Asunción no se ve a un solo obrero municipal, salvo alguno que otro, en lugares céntricos, porque son los más visibles. El resto está abandonado a su suerte o a la buena voluntad del vecindario. La limpieza de la vía pública corre la misma suerte: es un servicio exclusivo para las avenidas de mucha circulación y en zonas muy notorias.

    La recolección de desechos domiciliarios se hace a la bartola, sin horario regular, sin normas para la manipulación, sin sanciones para los que ensucian la vía pública con su basura, sin dictar reglas básicas de comportamiento para los usuarios, sin tomar ninguna medida contra los “recicladores” que por la noche desparraman las bolsas de residuos en las veredas, etc., etc. Con frecuencia se publican quejas de barrios enteros que, por tiempo prolongado, no reciben la visita de los camiones recolectores, como ocurrió hace pocos días en el barrio Mburucuyá. Sin duda, este ítem es uno de los más deficientes en la acción comunal de Asunción y de la mayoría de las localidades del país.

    Cobrar por el mantenimiento de los desagües pluviales es el colmo de la desfachatez. Un breve recorrido por las calles que tienen esta red nos pone a la vista las bocas de tormenta y su estado de mantenimiento, colmadas de tierra y basura, rotas o levantadas. Sin contar las aguas servidas que, en forma tan visible, corren y destruyen el pavimento en varias partes de la ciudad. Es demasiado evidente que esta cuestión no está mejor atendida que cuando formaba parte de las atribuciones de la Essap, lo que hace pensar en cuál fue la ventaja de transferir este servicio a la Municipalidad. Solamente que ahora ella es la encargada de robar a los contribuyentes.

    Intendentes tras intendentes, concejales tras concejales, cuando hacían campaña electoral, denunciaban todos estos males, lo que prueba que los conocen muy bien. Es posible, entonces, que, en tanto habitantes de un municipio, padezcan también estas deficiencias. A pesar de eso, llegados al poder municipal, al acceso a los medios para resolver estos problemas, prefieren declinar hacer lo que prometían en sus campañas y se dedican a sacar beneficio de las irregularidades.

    El contribuyente no puede dejar de pagar porque no tiene mucha chance para litigar contra la entidad pública. Las leyes le dan la razón, pero la práctica administrativa y política se la saca. La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, están ausentes para estos casos.

    Contra estas miserias de la administración pública no queda otra manera de luchar que conformándose asociaciones de vecinos dispuestos a defender sus derechos. Una acción concertada, enérgica e intransigente de contribuyentes coaligados siempre será efectiva y los burócratas acabarán por ceder ante ella; ni qué hablar de los políticos, en particular los que pretenden continuar pidiendo votos a la gente.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/municipalidades-ladronas-1691972.html

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    Publicado por jotaefeb | 17/04/2018, 9:20 am
  3. Hartazgo

    Los concejales municipales de Ciudad del Este aprobaron en la última sesión del pasado martes la suspensión de las obras de la gradería del club Libertad, del Km 8 Acaray, de Ciudad del Este, por ocupar una calle vecinal. Los vecinos del club participaron de la sesión y solicitaron a los concejales la paralización de la obra, financiada por la gobernación. Tras un debate, los ediles ordenaron suspender la construcción.
    La obra fue ejecutada en una plaza pública, según la queja de los vecinos, y se extiende 3 metros sobre la vereda y otros cuatro metros sobre la calle. Los afectados indicaron que no pueden sacar sus vehículos de su domicilio, porque la arteria quedó reducida. Además, los pobladores accionaron judicialmente para tratar de suspender la obra.
    Según una información publicada por nuestro diario, el año pasado, el entonces gobernador y actual candidato a diputado Justo Zacarías (ANR) adjudicó la obra de gradería a la empresa Zavala Construcciones, por valor de G. 158.098.990.
    Son éstos los casos en los que el Ministerio Público debe intervenir de oficio para salvaguardar el interés ciudadano e investigar la correcta utilización del dinero de los contribuyentes. Según la Ley de administración financiera del Estado los concejales municipales, departamentales, intendentes y gobernadores deben responder con sus bienes por la mala utilización de los recursos públicos.
    Alguna vez cuando tengamos fiscales y jueces decentes, honestos y patriotas, los delincuentes empotrados actualmente en el poder deberán responder ante la justicia y pagarán con sus bienes las aberraciones cometidas. El candidato a diputado, Justo Zacarías, por ejemplo, tiene que responder con qué criterio adjudicó la utilización de la plata de todos los paraguayos en una obra irregular. Los concejales departamentales, quienes debieron estudiar el pliego de bases para la adjudicación, ¿acaso no tuvieron a la vista los planos para darse cuenta de que la obra estaba invadiendo un espacio público?
    Por supuesto que los fiscales genuflexos, corruptos y haraganes de Alto Paraná no iniciarán ninguna investigación. Esperamos también que alguna vez cuando depuremos la justicia y el ministerio público, estos delincuentes que se hacen llamar representantes de la ciudadanía terminen en la cárcel por haber apañado durante años la ilegalidad, la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el tráfico en la región.
    La reacción de los vecinos está demostrando que la ciudadanía ya está cansada de los abusos, las arbitrariedades y la prepotencia. Y, que ya no está dispuesta a callarse cuando se avasallan sus derechos. Debería ser un llamado de alerta para quienes ocupan cargos públicos. El hartazgo de la gente está llegando a su límite.

    http://www.vanguardia.com.py/2018/04/06/hartazgo-2/

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    Publicado por jotaefeb | 09/04/2018, 10:09 pm
  4. LOS CONCEJALES SON TAN CULPABLES COMO LOS INTENDENTES

    Cuando nos referimos a los desmanes que se cometen en las distintas localidades del Paraguay –incluyendo Asunción–, atribuimos toda la responsabilidad a los intendentes, resaltando además el partido al que pertenece el indiciado. Con mucha frecuencia olvidamos que cada comuna tiene una Junta Municipal, un colegiado integrado no solo por los correligionarios del intendente sino por concejales de diferentes partidos. Y es esta Junta la que debe aprobar o rechazar las rendiciones de cuentas de las obras y otras actividades ejecutadas por el “lord mayor”.

    En efecto, todas las trapisondas administrativas que cometen los intendentes municipales, sus omisiones negligentes, sus latrocinios, defraudaciones, malversaciones, condicionamientos de coimas y comisiones ilícitas para concesiones de contratos, libramientos de cheques de pago y tantas otras operaciones corruptas que se realizan diariamente en las comunas, no pueden hacerse sin la complicidad o la vista gorda de otras tantas personas que pueblan la nómina de las municipalidades.

    Estos cómplices y encubridores son, por un lado, sus directores, secretarios, asesores legales y contratistas asociados. Pero después ya están los concejales, esos funcionarios electivos a los que la ciudadanía les concedió el mandato de vigilar la gestión administrativa y proteger los intereses de la comunidad.

    Los primeros funcionarios mencionados como cómplices de los intendentes ladrones son personas de cuya conducta no cabe asombrarse mucho, pues fueron puestas por estos en sus cargos o en sus negociados, de modo que forman parte de su equipo de sinvergüenzas y no puede pretenderse que sean honestos, críticos ni objetores de la inmoralidad de su jefe y favorecedor.

    Pero los concejales son personas elegidas por sus conciudadanos, por miembros de su misma comunidad, por sus compueblanos, sus vecinos, sus colegas, amigos y familiares, con la ilusión de que irían a la municipalidad a defender los intereses colectivos de todos ellos, a trabajar por el mejoramiento de la ciudad, del pueblo, del barrio, a promover el bienestar general y dejar una ciudad más desarrollada, próspera, ordenada, saludable, aseada, en la que sea más digno residir que la que habitan en la actualidad.

    Lejos de responder lealmente a este anhelo de sus conciudadanos y votantes, lo que hace la mayoría de estos concejales, apenas asumen sus cargos, es desentenderse de su obligación ética y de la representación política de la que están investidos y dedicarse a averiguar cómo pellizcar algunos billetes en los negociados de la administración. El primer paso que suelen dar consiste en ofrecerse al intendente para integrar su equipo “de trabajo” y participar de sus negociados, en particular de la distribución de los fondos presupuestarios, cuotas de los nombramientos de funcionarios y contratados y adjudicaciones de obras, o para otorgar beneficios especiales a sus operadores políticos y clientela electoral, y, en general, tratando de mantener metida alguna mano en cuanto chanchullo organicen el jefe comunal y su banda.

    Pero, en caso de que este se muestre renuente a compartir sus negocios, ganancias y privilegios con él, entonces el concejal desairado se vuelve “opositor” y adopta otra posición, propiciando la labor de zapa, consistente en localizar y agrupar, o asociarse a otros colegas que estén en la misma situación, a fin de generar la “estrategia” para molestar al intendente hasta que este se avenga a compartir la torta con ellos de un modo más generoso.

    Casi todos los casos en que algunos intendentes fueron denunciados judicialmente por un grupo de concejales, o estos solicitaron la intervención gubernamental de su administración, ocurrieron porque el afectado no supo manejar adecuadamente la repartija de prebendas y premios con estos concejales, y por ningún otro motivo. Es decir, brega y desquite entre mafiosos.

    De modo que la táctica política más conveniente que todo intendente recién electo adopta es formar a su alrededor una mayoría de concejales que lo apoye permanentemente, más allá de banderías y otras diferencias. El lucro económico les une como hermanos, mucho más graníticamente que los pañuelos y las polcas partidarias. Una vez que el intendente cuenta con una mayoría sobornada en su Junta, tiene el futuro económico más brillante en sus manos, incluyendo la posibilidad de su reelección.

    ¿Qué hacen, entretanto, los concejales conscientes, los que realmente toman en serio su misión y su representación? Su función como miembros de la Junta Municipal consiste en vigilar la administración que ejerce el intendente, aprobar los proyectos adecuados y la buena gestión de este, y rechazar las trampas, las maniobras y los abusos que atentan directamente contra los intereses de la comunidad a la que representan.

    Pero como los concejales que no se alinean con los sinvergüenzas se convierten en gente molesta, “aguafiestas”, para sus mismos colegas de la Junta, resultan apartados del camino, aislados, privados de acceso a la información. Nunca reciben respuestas a sus pedidos de informes, nunca apoyo para sus propuestas por provechosas que puedan ser. Los concejales metidos en la maquinaria corrupta del intendente se encargan de mantener a sus propios colegas “díscolos” marginados, sin permitirles sobresalir ni oponer ninguna clase de obstáculos a la gestión de la claque municipal.

    Un ejemplo concreto de esta situación lo tenemos en la Municipalidad de Asunción, donde apenas un grupo pequeño de concejales, menos de media docena, desaprueban las tremendas decisiones que suelen adoptarse en contra de los intereses de la comunidad.

    En las municipalidades del interior casi no se conocen casos en que, por ejemplo, las enormes “tragadas” de los fondos del Fonacide hayan sido cuestionadas por algunos concejales, individualmente o en bloque, por lo que así devienen cómplices de las tropelías de los intendentes, por acción u omisión. Pero han de haber, sin duda, miembros de las Juntas Municipales honestos y patriotas, que no integran la claque de los intendentes sinvergüenzas, que no deben callarse ante los vandalismos que ocurren en sus comunidades, denunciando los hechos ante sus compueblanos o ante la prensa para dejar constancia de su posición, porque en algún momento la Justicia caerá sobre quienes están involucrados en los fatos, sean intendentes o concejales, incluyendo a aquellos que han abdicado de su función de contralores.

    La ciudadanía debe conocer a sus representantes comunales y negar su voto a los ladrones conocidos. El próximo noviembre es buena ocasión para comenzar.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/los-concejales-son-tan-culpables-como-los-intendentes-1416276.html

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    Publicado por jotaefeb | 16/11/2017, 9:25 am
  5. RESPONSABILIDAD DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES

    Las últimas elecciones municipales siguen dando qué hablar en el Alto Paraná. Ya fue proclamada la mayoría de las nuevas autoridades electas y ya solo se espera que asuman para que puedan comenzar a poner en funcionamiento los proyectos y planes que anunciaron en sus campañas. En nuestra región se dieron varios casos de intendentes reelectos y otros que se presentaron, pero no tuvieron los votos ciudadanos como castigo a su lamentable gestión, como en el caso de Hernandarias y Presidente Franco.

    Un aspecto interesante a partir de ahora es la conformación de las juntas municipales. El buen relacionamiento entre ambos poderes en los municipios es un factor importante para la puesta en marcha de los planes de Gobierno. Sin embargo, el buen relacionamiento no debe significar nunca una sumisión a los dictados de la Intendencia, ni hacer oposición por oposición y obstaculizar cualquier proyecto con el fin de hacer fracasar los proyectos de la comuna. Ambas prácticas son muy comunes en las juntas municipales y son absolutamente perjudiciales para la ciudadanía.

    Los concejales municipales tienen que tener una actitud crítica a la administración municipal, pero responsable. Los intendentes también deben entender que aquellos que cuestionan su administración en alguna medida también colaboran a la buena gestión permitiendo que se vean todos los puntos de vista. Los concejales inútiles, holgazanes, que no aportan ni cuestionan y solo levantan la mano, no sirven cuando se tiene interés real de construir ciudadanía.

    En ese sentido, los concejales municipales de Ciudad del Este, que están entregando su gestión, dejan mucho que desear de las labores que desempeñaron en la Junta durante estos cinco años. Desafortunadamente, ninguno se salva de la inutilidad, la improductividad, la obsecuencia y el servilismo. No hay un solo representante en la Junta Municipal que pueda exhibir ante la ciudadanía los resultados de su gestión en estos cinco años. En eso no se salvan colorados, que fueron los de más lamentable gestión, los liberales, que durante esto cinco años también avalaron los lamentables manejos tanto en el legislativo como el ejecutivo municipal, ni el Unace.

    De acuerdo a los resultados electorales, la próxima Junta Municipal de Ciudad del Este será más pluralista y se espera que por lo menos haya debate sobre los grandes problemas que interesan a la ciudad. Se avecina grandes transformaciones en la capital del Alto Paraná, la ciudad se encuentra en una crisis sin precedentes y dependerá de las próximas autoridades municipales en gran medida mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Es de esperar que luego de cinco años puedan presentarse ante la ciudadanía con logros y no como los que próximamente abandonarán sus bancas.

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    Publicado por jotaefeb | 16/11/2017, 9:23 am
  6. Ordenanzas a medidas

    Una alevosa violación de la ordenanza municipal cometieron, nada más y nada menos que los propios concejales de Presidente Franco. Una normativa que declaraba zona residencial el Área 5 y por ende, se prohibían las edificaciones de gran envergadura dio mucho de qué hablar, pues a pesar de la restricción se llevó a cabo la construcción de un edificio de cuatro pisos. La obra está a cargo del edil colorado Wilfrido Benítez, quien tranquilamente admitió que su construcción violaba una ordenanza municipal.
    ¿Qué hizo el concejal Benítez? Logró que gracias a su influencia como “autoridad” se modificara la ordenanza a su conveniencia. La Junta Municipal hizo oídos sordos a los reclamos de los vecinos, que hicieron la denuncia.
    El caso de Presidente Franco es solo el reflejo de lo que pasa a nivel país, que creamos leyes que no se cumplen y quienes tienen que ser ejemplo en cuanto al respeto hacia las leyes son los primeros en violarlas.
    Hace poco la sociedad paraguaya tuvo que enfrentar las consecuencias de un intento de violación de la Constitución Nacional, respondiendo solamente al interés personal del presidente Horacio Cartes, de continuar en el poder.
    Una sociedad funciona cuando tiene normas claras y todos las respetan porque saben a qué atenerse en caso de no hacerlo. Cuando una sociedad no respeta sus reglamentaciones cae en estado de anomia, propia de sociedades desorganizadas y primitivas.
    Las normas se hacen para que sean cumplidas y respetadas, y es muy peligroso cuando las autoridades son las primeras en violentarlas o adaptarlas a sus intereses. La ciudadanía debe aprender a castigar a los que están poniendo en peligro el funcionamiento de la sociedad, resquebrajando el orden jurídico.

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    Publicado por jotaefeb | 16/11/2017, 9:23 am
  7. Morosos protegidos

    Por Juan Augusto Roa

    La Municipalidad de Encarnación está atravesando momentos económicos difíciles por la poca recaudación de impuestos, a causa de la morosidad de los contribuyentes. El estado de iliquidez de la administración del intendente Luis Yd (PQ) obligó a recurrir a fondos prestados de otros rubros para campear el pago de salarios de funcionarios, entre otros gastos urgentes.

    En un país como el nuestro, donde la resistencia al pago de impuestos es directamente proporcional al “peso” político y económico del contribuyente, la evasión es prácticamente considerada un acto de justicia, bajo el argumento de que las recaudaciones terminan en los bolsillos de planilleros y operadores políticos, financiando campañas partidarias, lujos de las amantes de los jefes de turno, o engrosando cuentas bancarias de administradores deshonestos.

    Debemos admitir que el razonamiento no está muy alejado de la realidad. Y si bien no podemos decir que este sea el caso de esta administración, esa ha sido y sigue siendo la impronta en la administración pública en general, donde los mecanismos de control son ineficientes y el sistema de persecución legal se arrodilla ante los “poderosos”.

    La actual administración municipal reconoció, tiempo atrás, que el municipio tiene muchos antiguos y grandes evasores, particularmente en el rubro de impuestos inmobiliarios. La “Vox populi” dice que existen empresarios con gran capacidad económica e influyentes personajes que nunca fueron “molestados” con exigencias de ponerse al día con sus impuestos.

    Sus nombres estuvieron guardados –lo siguen estando– bajo siete llaves, para evitarles el mal rato del “escarnio público”, sin siquiera alguna sanción legal. La administración de Yd perdió una gran oportunidad de hacerlos público al negar la respuesta –pese a la ley 5282/14– a un pedido ciudadano planteado por la abogada Primitiva Villalba Ferrari.

    De nada le sirvió proteger la identidad de los morosos. Ahora, agobiada por la falta de dinero, la administración recurre al cobro vía judicial a los morosos –en rigor la ley le obliga– con la esperanza de superar su estado crítico de falta de recursos.

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    Publicado por jotaefeb | 12/11/2017, 8:52 am
  8. Sistema de recaudación que Comuna quiere implementar viola la Constitución Nacional

    Por: Orlando Fiorotto

    El nuevo sistema de recaudación que pretende implementar el Municipio de Asunción, viola la Constitución Nacional. Con este diseño se quiere entregar al sector privado, vía Consultoría, que no es otra cosa que una tercerización de los servicios de recaudación, que estarían transgrediendo normas constitucionales, que por imperio, los municipios tienen autonomía administrativa, jurídica y legislativa y por su autarquía en la percepción de los tributos y el uso de sus recursos. De ahí que deviene indelegable de parte de Mario Ferreiro de esta función, es decir, es intransferible esta responsabilidad.

    Además, al entregar la base de datos que contiene los 144.000 cuentas Corrientes Catastrales viola el art.36 de la CN, que establece la inviolabilidad del patrimonio documental de las personas.

    Estoy de acuerdo con la actualización de los registros inmobiliarios y hacer posible el aumento de las recaudaciones, pero no a cargo de la empresa privada, teniendo el municipio 8.000 funcionarios para realizar la tarea y toda la recaudación para la Municipalidad.

    No se puede hablar de contratar consultoría cuando el municipio entrega 800 funcionarios a la empresa privada a su dirección, o sea, 5 departamentos intervenidos de la Municipalidad.

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    Publicado por jotaefeb | 05/11/2017, 4:45 pm
  9. Violación a las leyes
    Sep 13, 2017
    Últimamente se han presentado situaciones que exponen la facilidad con que las autoridades violan las leyes, que ellos mismos aprueban. Esto significa que se crean normativas que no se cumplen y lo más grave de todo es que las personas que fueron electas como encargadas de custodiar y hacer cumplir las leyes son las primeras en quebrantarlas. Esto es bastante peligroso para el funcionamiento de cualquier sociedad.
    En cierta medida nuestro país tiene las mejores leyes, sean estas ambientales, penales o de la niñez, sin embargo, todos los días somos testigos de transgresiones al medioambiente, cárceles llenas de presos sin condena y maltratos a niños.
    El caso más sonado fue la violación de la Constitución Nacional que se promovió desde el mismísimo Palacio de Gobierno. Entonces, las mismas autoridades son las que están tratando de adecuar las normas y para ajustarlas a sus intereses. Afortunadamente, en el caso de la reelección hubo una reacción ciudadana importante, que logró frenar semejante aberración.
    En Presidente Franco tenemos el caso del concejal Wilfrido Benítez, quien pretende derogar una ordenanza que prohíbe la construcción de un edificio de altura en una zona residencial, para favorecer a su empresa que violó la referida normativa. La actitud del edil es vergonzosa y despreciable desde todo punto de vista.
    El hecho de que un concejal, sabiendo de que existe una ordenanza, salte las leyes, tiene que ser un llamado de alerta para toda la ciudadanía.
    Las autoridades tienen que ser las primeras en velar por el cumplimiento estricto de las leyes y ejemplo de su cumplimiento. Como sociedad tenemos que aprender a ser disciplinados con nosotros mismos respetando las pequeñas normas de convivencia, como por ejemplo las reglas de tránsito, no tirar basura en la calle, entre otros tantos. La sumatoria de estas “pequeñas” violaciones hace que más adelante se pudra toda la estructura, entonces ese respeto debe provenir de los mismos ciudadanos en sus actuaciones del día a día, para que así también se pueda exigir respeto a los gobernantes.

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    Publicado por jotaefeb | 14/09/2017, 7:22 am
  10. Abuso de poder

    La semana pasada, el intendente de Ñacunday, Everaldo Devitte, declaró dos días de asueto por una supuesta inseguridad que amenazaba la continuidad de una obra en la zona de Paranambu. Según explicó, un grupo de personas coaccionaban constantemente los trabajos que encara el ejecutivo municipal y las inversiones de particulares. Había mencionado que se trataba de un grupo de “opositores” que se oponían al desarrollo de la ciudad, pero al ser consultado de qué sector provendría no quiso brindar datos.
    En su resolución, el jefe comunal instó a suspender las actividades comerciales e instituciones públicas, y hasta convocó a la ciudadanía a una manifestación frente a la Jefatura de policía del Alto Paraná.
    Finalmente, vecinos y concejales denunciaron que se trataba de la construcción de un surtidor, aparentemente propiedad del intendente, motivo por el cual impidieron que las obras sigan su curso. En la situación presentada se intentó engañar a la opinión pública divulgando una información absolutamente errada.
    Este se constituye en un caso gravísimo de prepotencia, abuso de autoridad e inclusive tráfico de influencia, que podría haber cometido el jefe comunal. Este tipo de prácticas son frecuentes en pueblos pequeños, donde las autoridades se creen dueños de esas regiones, y entre amigos arreglan y pisotean las leyes vigentes y los derechos de terceros.
    Uno de los logros más extraordinarios de la tecnología en la sociedad actual es la libertad, porque esto garantiza que ya no se puedan atropellar, ser prepotente, ocultar cuestiones. Los que aún intentan seguir ese ritmo no se dan cuenta que el contexto ha cambiado. Hoy la ciudadanía se informa, participa, critica y decide, teniendo la tecnología en la palma de sus manos.
    Gracias a este extraordinario poder, los pobladores de Ñacunday dejaron en evidencia la perversa maniobra del intendente quien pretendió engañar al resto de la población distorsionando la información. Lo que corresponde ahora que la ciudadanía siga utilizando ese su extraordinario poder para que las instituciones funcionen, investiguen y se procese a cualquier gobernante que intente abusar de su poder y avasallar a su comunidad.
    En el caso de Ñacunday hay varios delitos como abuso de autoridad, tráfico de influencia, violación de leyes ambientales, entre otros. Si se comprueban las denuncias, el responsable o los responsables deben rendir cuentas ante la justicia. Esta es una forma para que las otras autoridades entiendan que no se puede seguir sometiendo a la ciudadanía. Con este tipo de iniciativa ciudadana también se fortalece la democracia, la sociedad civil y es el camino para terminar con los abusos.

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    Publicado por jotaefeb | 12/09/2017, 8:44 am
  11. Nada nuevo en Limpio

    Por Rocío Portillo Galeano

    Limpio, distante a apenas 20 kilómetros de Asunción, es una ciudad que proyecta total abandono. Las autoridades comunales que asumieron hace poco menos de dos años “resplandecen” por su inoperancia.

    Los 12 concejales, entre colorados, liberales e independientes, son simples espectadores de la triste realidad en que se encuentra sumida la ciudad, administrada por el intendente Carlos Palacios (PLRA), quien en noviembre de 2015 terminó con décadas de hegemonía del clan Gómez Verlangieri. La sumisión y el silencio de los habitantes también permitieron que el municipio se sumerja en el deplorable estado en que se encuentra.

    El presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 de la Comuna limpeña es de G. 35.000 millones y, según la página web del Ministerio de Hacienda, de enero a julio la Municipalidad recibió G. 12.448 millones en concepto de royalties, Fonacide y juegos de azar. Las cifras millonarias no se reflejan en obras de gran envergadura.

    ¿Dónde fueron a parar todos esos recursos? es la gran pregunta que se hacen muchos ciudadanos limpeños, que día a día deben sortear baches y barriales para poder llegar a su lugar de trabajo o estudios.

    La situación de la ciudad es tan lamentable que hasta los mismos acérrimos detractores del clan Gómez Verlangieri y su entorno –que durante casi toda la transición de la democracia manejan la Comuna y se enriquecieron– aseguran que “el pasado fue mejor”. La ciudadanía solo ve mejoras en la vida del jefe comunal y la mayoría de los concejales; nada nuevo en comparación con el cuarto siglo de mandato de los azules.

    Ahora los concejales se olvidaron completamente de sus funciones, ya que están enfrascados en cazar votos a como dé lugar, para lograr un lugar como diputado, senador o concejal departamental. No asisten a las sesiones, hacen oídos sordos a los reclamos de los pobladores críticos y pedido de auxilio de los habitantes de barrios sumidos en necesidades.

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    Publicado por jotaefeb | 13/08/2017, 10:37 am
  12. “Comités productivos”

    Por Gladys Villalba Jara

    La Ley Orgánica Municipal 3.966/2010, en su inciso a), reza que es facultad de la Junta Municipal, en uso de sus atribuciones, dispuestas en el artículo 36: sancionar ordenanzas, resoluciones y reglamentos en materia de competencia municipal. Esta normativa no le queda claro al intendente de Luque, Carlos Echeverría (colorado cartista), quien usurpa dichas atribuciones para reconocer como “comité de desarrollo productivo” a cualquier grupo de personas “organizadas”, gestionadas por sus amigos, operadores o funcionarios.

    Un copetín, una lomitería y un club de rugby, y quién sabe cuántos más fueron denominados “comité de desarrollo productivo” por resoluciones del jefe comunal (conocedor de leyes, según su título académico), previo dictamen favorable de la Dirección de Asesoría Jurídica de la comuna. Peor aún, el copetín J & C y lomitería Tío Rey, en realidad no funcionan.

    ¿Cuál es el objetivo del reconocimiento como comité de desarrollo productivo de una organización? Pues, la Ordenanza Municipal Nº 33/2012 indica que en materia de desarrollo productivo se realizará la prestación de servicios de asistencia técnica y de promoción de las micro y pequeñas empresas y de emprendimientos, además de la planificación, elaboración y ejecución de proyectos municipales de desarrollo sostenible, apoyando a sectores vulnerables, especialmente a aquellos pequeños productores de la comunidad. También, según la disponibilidad presupuestaria, se podrá financiar los proyectos sociales, productivos y de infraestructura que surjan de estas comisiones ciudadanas especiales. En los tres casos mencionados, el propósito es desembolsar dinero comunal.

    Los miembros de la Junta Municipal, a los “contralores”, a los “representantes” de la ciudadanía luqueña, los que tienen que velar por el uso correcto de los recursos de los luqueños, se limitan a realizar pedidos verbales de informes al respecto que, por cierto, no son respondidos por la Intendencia. El presidente del deliberativo, Rubén González Chaves (hijo del senador Óscar González Daher, mentor de Echeverría) ni se da por enterado de los hechos.

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    Publicado por jotaefeb | 13/08/2017, 10:32 am
  13. Cacería de inadaptados

    Agentes policiales del Alto Paraná iniciaron el fin de semana último una cacería contra la polución sonora en Ciudad del Este y Minga Guazú. Es en respuesta a las reiteradas quejas de vecinos que residen en cercanías de plazas y estaciones de servicios. Según la información publicada por nuestro diario, en total se incautaron cinco vehículos y seis personas, en su mayoría en estado de ebriedad, fueron aprehendidas en los operativos realizados durante el sábado y el domingo.
    Es un mal que desde hace mucho tiempo nuestro diario viene denunciando, y en el que por fin las autoridades tomaron cartas para tratar de frenar el abuso de los inadaptados, que torturan a vecindarios con su música a alto volumen.
    La ley autoriza a la policía a intervenir de oficio ante las denuncias, pero nunca lo hicieron. Al mismo tiempo, las municipalidades deben tomar medidas contra los locales que permiten este tipo de abusos. Nuestras ciudades se caracterizan por estar habitada por gente trabajadora, que al final del día necesitan descansar.
    Los inadaptados, nuevos ricos, que hacen ostentación de sus potentes vehículos y pueden pegarse el lujo de permancer hasta altas horas de la noche de farra en farra, muy probablemente estén obteniendo los recursos en actividades no tan santas, porque de otra forma no se explica que dispongan de tanto dinero y tanto tiempo libre. Las personas trabajadoras no están creando disturbios ni molestando a terceros. Es momento de que la policía haga lo que corresponde y actúe en estos casos.
    Es función del Estado preservar la seguridad, la tranquilidad y la salud de la población y este tipo de práctica atentan contra la tranquilidad y la salud de los pobladores. Es de esperar ahora que la fiscalía haga alguna vez algo productivo y aplique penas ejemplares contra los infractores de modo a que se logre terminar con esta verdadera plaga que contamina nuestras ciudades.

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    Publicado por jotaefeb | 09/08/2017, 9:03 am
  14. Debate público

    Durante una incidentada audiencia pública que se realizó el jueves en Hernandarias, los pobladores expresaron su desacuerdo sobre una licitación pública para la adjudicación de instalación de semáforos. Los cuestionamientos apuntan al alto precio de la concesión que supera los G. 5.000 millones.
    La administración de Rubén Rojas, Hernandarias hizo la convocatoria para la “Adquisición e instalación de semáforos inteligentes con monitoreo central (plurianual 2017 – 2018)”. El precio referencial es G. 5.760.000.000. Desde el principio esto generó quejas de un grupo de ciudadanos, pues afirman que se debió debatir antes de hacer el llamado.
    Los asistentes a la audiencia señalaron que primero se deben arreglar las calles, dar una respuesta de salud pública, y otros servicios básicos antes de hacer una inversión que consideran exorbitante.
    El ordenamiento del tránsito es fundamental para una ciudad en crecimiento como Hernandarias, donde cada vez va aumentando más el parque automotor, por ello, siempre será importante la instalación de equipos semafóricos para ordenar el flujo vehicular. La carencia de estos equipos hace que en horarios pico el tránsito colapse, por la escasa educación vial de los automovilistas, que creen que estar al volante les permite avasallar a todo y a todos.
    Sin embargo, son muy ciertas las apreciaciones de los pobladores en que los administradores deben aprender a establecer prioridades, con el escaso presupuesto que manejan. De nada sirve tener semáforos mientras se sigan padeciendo calles en mal estado y otras deficiencias en aspectos básicos de la administración de una ciudad.
    Lo rescatable de todo esto es que se puede apreciar que cada vez más hay una ciudadanía, que aunque de forma incipiente, se interesa y se involucra en la administración de la ciudad. Es importante que se siga alentando el debate sobre los aspectos que hacen al manejo del dinero público. La administración de Rubén Rojas se está caracterizando por la acumulación de obras mal hechas como la famosa ciclovía, prácticamente inservible y en las últimas semanas la instalación de pisos en el polideportivo que a los pocos días se destruyeron.
    En la medida que se aliente la participación de los pobladores se podrá hacer una gestión más transparente y, sobre todo, una racionalización y mejor destino de los recursos municipales.

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    Publicado por jotaefeb | 22/07/2017, 8:54 am
  15. Contralores regionales

    Por Carlos Almirón

    Una de las funciones más importantes de los concejales, tanto municipales como departamentales, es controlar el uso correcto del dinero publico que administra el intendente o el gobernador de turno. Del cumplimiento cabal de esta responsabilidad depende la realización de obras de progreso para un municipio o para el departamento.

    Lastimosamente la realidad es otra y los concejales solamente responden a los intereses del ejecutivo, y a los suyos propios, dejando de lado el desarrollo social del pueblo. En el departamento de Alto Paraguay desde hace décadas la población viene siendo testigo de esa situación.

    Los concejales municipales y departamentales, en su mayoría, aprueban las ejecuciones presupuestarias de intendentes y gobernadores “sin objeciones”. Es como un “secreto a voces” que sus votos tienen precio.

    Recientemente, la concejala departamental Wilma Villalba de Fernández (ANR) dijo que la triste situación de abandono que vive la región mejorará “cuando los concejales no se vendan más”. La edil es esposa del exgobernador Justo Fernández Bauzá (ANR), así que habrá hablado con conocimiento de causa.

    La misma situación se repite en las cuatro municipalidades del Alto Chaco. Los ediles aprueban “a tambor batiente” todos los proyectos, balances, etcétera, que presentan los jefes comunales. Los pocos concejales que dicen rechazar estas irregularidades simplemente dejan de firmar las actas pero no se animan a realizar denuncias formales, por lo que se convierten en cómplices.

    Gran porcentaje de estos concejales lograron aumentar en forma considerable sus niveles de vida, con lujosos vehículos, estancias, modernas viviendas, y otros se convirtieron de la noche a la mañana en comerciantes prósperos.

    La “suerte” que tuvieron los concejales animó a numerosas personas a presentarse como precandidatos a ocupar una de las siete bancas de la Junta Departamental para las elecciones de 2018.

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    Publicado por jotaefeb | 02/07/2017, 8:39 am
  16. Un “olvido” para recordar

    Por Juan Augusto Roa

    El “olvido”, o mejor, la exclusión del nombre del intendente municipal, Luis Yd (Alianza de partidos) en la placa conmemorativa de la inauguración del “Paseo de los Teros” –acto al que asistió todo el aparato de gobierno– pinta de cuerpo entero el carácter sectario y revanchista de una claque dolida y “pichada”.

    Este sector de la desaparecida zona baja de la ciudad formaba parte de grandes planes de negocios con los espacios públicos –como el caso de las playas públicas- truncados con la inesperada e inoportuna caída del poder en la administración local.

    Hablando mal y pronto, la imposibilidad de disponer a gusto y placer de un recurso público les resultó un escupitajo en el asado. Una “mojada de oreja” difícil de digerir por quienes se sienten dueños del poder.

    Lo que a primera vista aparenta una simple “argelería”, la de excluir a alguien que no “sintoniza” con quienes manejan la batuta, en rigor apunta a exteriorizar la idea y proyectar el mensaje de que, aun cuando no estemos el poder formal, el “poder real” sigue en nuestras manos.

    No es menos significativo que durante un encuentro partidario, ese mismo día, un candidato del oficialismo haya expresado la intención de “recuperar” Encarnación, tal vez sin entender que la ciudadanía encarnacena tuvo el tino de “rescatar” a la ciudad de manos de un grupo dedicado a hacer sus negocios privados con la cosa pública.

    La soberbia les impide ver que la ciudadanía encarnacena expresó su rechazo a ese modelo excluyente, autoritario y corrupto de administrar el interés común. Que en esa salida a empujones intervinieron votos de sus propios correligionarios, hastiados de corruptela e ineficiencia.

    La ciudadanía debe recordar este “olvido” excluyente, pues en ella se deja ver la hilacha de quienes están buscando nuevamente la confianza del electorado para ocupar los espacios de poder público del que fueron desplazados para, a no dudarlo, continuar con el festín.

    La dirigencia política de nuestro país debería entender que este modelo es pernicioso para la construcción de una sociedad más democrática y tolerante.

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    Publicado por jotaefeb | 25/06/2017, 8:02 am
  17. A contramano

    Por José Miguel González

    Los concejales municipales colorados de Encarnación –que son mayoría– siguen actuando a contramano de los intereses de los ciudadanos. Lo último fue haber rechazado el veto del intendente Luis Yd (Alianza) de la Ordenanza Nº 76/2017 para dar vida a los buses chatarra por siete años más. Con la resolución pretenden evitar un llamado a licitación nacional para renovar el parque automotor e imponer al ejecutivo la firma de contrato con los dueños de unidades obsoletas de transporte público de pasajeros.

    Las críticas de los encarnacenos no solo se refieren a los buses “chatarra”, sino también al incumplimiento de los itinerarios y horarios de los colectivos. Ya en 2014 fueron recolectadas 2.500 firmas para exigir su cumplimiento, pero nada cambió, pese a promesas y contratos.

    Desde el inicio del periodo de este gobierno comunal el “grupo de los ocho” intentó poner palos en la rueda a la gestión de Yd. Trataron de impedir una auditoría externa de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015. Ante la presión ciudadana, finalmente, los ediles tuvieron que ceder. Esta acción fue un paso fundamental en la lucha contra la impunidad y reclamo de transparencia que la ciudadanía encarnacena viene haciendo desde hace tiempo.

    Mediante la auditoría se descubrió que las deudas bancarias y otros compromisos asumidos entre 2013 y 2015 por la Municipalidad de Encarnación treparon a más de G. 28.000 millones. En ese lapso hubo cuatro intendentes, todos de la ANR.

    Luego, como “venganza”, los ocho hicieron mayoría para el rechazo del informe de ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2016 presentado por Yd.

    Todas estas acciones de la “aplanadora colorada” de la Junta Municipal tienen como propósito entorpecer el programa de gobierno de Yd, como el llamado a licitación para erradicar los buses viejos, y también restarle oxígeno para ahondar en la investigación de la serie de hechos de corrupción de sus antecesores.

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    Publicado por jotaefeb | 18/06/2017, 7:47 am
  18. La corrupción no se justifica con disculpas

    Una información publicada ayer por nuestro diario señalaba que la Junta Municipal de Juan E. O’Leary aprobó por cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención, la rendición de cuentas del 2016, del intendente Francisco Amarilla (PLRA). Se necesitaban ocho votos para el rechazo, de modo que la ejecución quedó aprobada en minoría.
    Roque Ruiz, concejal colorado, se mostró desconcertado, según la misma publicación, porque en su descargo, el intendente Amarilla solo presentó una nota de “disculpas” por la desastrosa rendición de cuentas que presentó ante los concejales. “No logramos mayoría absoluta para el rechazo definitivo lastimosamente. El intendente presentó un descargo y no convenció, porque en vez de presentar documentos presentó una disculpa por los trabajos mal hechos, rubros mal imputados”, dijo el concejal.
    En mayo pasado, los concejales de O’Leary ya habían rechazado de forma unánime la rendición de cuentas del intendente Amarilla, por presentar documentos mal confeccionados, irregularidades en obras de Royalties y Fonacide, adjudicación a empresas sin llamado a licitación, entre otras irregularidades. Antes que aclarar las denuncias, como señaló el concejal Ruiz, el intendente se limitó a pedir disculpas, como si ello fuera suficiente para pasar por alto el mal manejo del dinero de los contribuyentes.
    No hace mucho, otro intendente del Alto Paraná justificaba el rechazo de su informe al Ministerio de Hacienda en su desconocimiento sobre cuestiones administrativas, argumentaba tranquilamente que “no entendía cómo funcionan las cuestiones administrativas y contables”. Aplicó en este caso la popular ley de la cultura paraguaya del “ñembotavy”, una pícara manera que tiene nuestra sociedad de desentenderse una persona de su responsabilidad. Habitualmente el ñembotavy es un sinvergüenza, que entiende muy bien, pero que para justificar su sinvergüencía apela subterfugios.
    La sociedad no necesita disculpas, ni excusas. Nuestro sufrido pueblo necesita autoridades honestas que tomen con seriedad su responsabilidad ante la población y expliquen con detalles en qué se gastó el dinero de la gente. Los administradores públicos siguen pensando que manejan un almacén particular y que pueden disponer a su antojo del dinero público. Esto debe terminar y los concejales deben exigir una profunda investigación y de haber corrupción, llevar el caso hasta las últimas instancias. Alguna vez tenemos que comenzar a limpiar nuestras instituciones de sinvergüenzas.

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    Publicado por jotaefeb | 17/06/2017, 11:04 am
  19. Los menos transparentes
    22 mayo, 2017 0 9
    La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer los acumulativos en multas que tienen los municipios a nivel nacional, por trasgredir la ley 5189/2014 de Transparencia. Los datos son preocupantes a nivel departamental, dado que de 22 distritos, solo uno cumplió con la ley sin haber sido notificado. Mbaracayú, un ignorado municipio del departamento, se destaca por el cumplimiento de los plazos. El resto acumula una serie de notificaciones y millonarias multas.
    El informe que presentó la SFP corresponde desde julio del 2014 hasta febrero del 2017, es decir, que abarcan dos periodos de mandato de cada distrito. En el periodo mencionado, el Alto Paraná acumuló 147 notificaciones por transgredir la normativa y las multas totalizan G. 1.876.764.291.
    El distrito de Los Cedrales encabeza la lista con 31 notificaciones, acumulando más de G. 300 millones en multas. Ciudad del Este acumuló cuatro notificaciones con más de G. 52 millones en multas.
    La Ley 5189/2014 de Transparencia “establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”. Las multas por incumplimiento llegan hasta 180 jornales, de acuerdo al acumulativo de meses que tengan y deben ser pagados con recursos del intendente, no con los de la Municipalidad.
    Esta ley constituye un gran paso para la construcción de una República y para el fortalecimiento de la democracia en el país. Tras casi 30 años de la caída de la dictadura las municipalidades y gobernaciones siguen siendo feudo de caudillos que se creen propietarios de los bienes públicos de los que puede disponer a su antojo.
    Es de esperar que con las sanciones pecuniarias contra los intendentes estos comiencen a cumplir al menos en plazo y forma con los informes. El estudio y el control sobre la correcta utilización corresponde a otras instancias. Las autoridades deben entender que son apenas administradores del dinero de la gente y que deben rendir cuentas sobre su utilización. La ciudadanía también debe aprender a exigir a sus autoridades. Una ciudadanía apática e inmovilizada es el mejor aliado de los corruptos.

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    Publicado por jotaefeb | 22/05/2017, 9:47 am
  20. No olvidar a los violadores

    Por Gladys Villalba Jara, corresponsal

    Los luqueños de bien deben guardar en su memoria estos nombres: Rubén González Chávez (hijo del senador Óscar González Daher), Teodoro Valdez, José Eliseo Fernández, Christian Valdez, Diego Romero y Juan Ángel Marecos, todos concejales colorados de Luque; Silverio Mosqueira, edil liberal oficialista, y el de Carlos Echeverría Estigarribia (ANR). El martes 9 de mayo sellaron la decisión de violar la Constitución Nacional con la tercerización del cobro de impuesto inmobiliario que, muy por el contrario a sus discursos, no generará beneficio para la población de Luque.

    La tercerización, aparte de ilegal, es innecesaria. Sin embargo, la administración de Echeverría, para patentar su “incapacidad”, mediante una licitación plagada de maniobras, traspasó su función al Consorcio Tributario, presentado por Diego Cardona y Miguel Niella, y que tienen negros antecedentes en la Argentina. Las firma operará durante 15 años en Luque y se embolsará el 27% de lo recaudado en impuesto inmobiliario en la ciudad.

    La administración de Echeverría es “incapaz” de cobrar a más del 25% de los contribuyentes, pero tuvo la “astucia” de elaborar una lista de la cantidad exacta de contribuyentes existentes en la ciudad, y con sus datos precisos. El consorcio usará esa base para recaudar, sin mucho esfuerzo.

    La ciudadanía luqueña debe interesarse en lo que hacen sus autoridades y las consecuencias que podrían acarrear. Además del contenido de los artículos 169 y 170 de la Constitución Nacional, debe conocer el Art. 177 de la Ley Orgánica Municipal. La normativa explica claramente: Del cobro de las deudas por vía judicial. Deudas exigibles vía ejecución de sentencia. Las deudas por impuestos, tasas y contribuciones municipales que no hayan sido pagadas en los plazos establecidos en las leyes y ordenanzas, y una vez declaradas en mora, serán exigibles judicialmente por la vía de la ejecución de sentencia, previa notificación al deudor. La liquidación, la constancia escrita de su previa notificación fehaciente al deudor y el certificado suscripto por el intendente y el secretario municipal serán suficientes títulos para promover la ejecución.

    Con una empresa ávida de recaudar y con sospechas de tener vinculación con personas acostumbradas a obtener bienes inmobiliarios por medios no legales, se puede esperar lo peor para aquellos propietarios que por “A” o “B” motivos no pueden pagar el impuesto inmobiliario.

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    Publicado por jotaefeb | 14/05/2017, 7:21 pm
  21. La vara

    Por Juan Augusto Roa

    El rechazo del informe de ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 presentado por el intendente de Encarnación, Luis Yd (Alianza), por la mayoría (colorada) de la Junta Municipal tiene tufo a “vendetta” política. No sería sino un episodio más en medio de una pelea sorda que tuvo uno de sus puntos más álgidos en torno a la famosa auditoría externa.

    Presión ciudadana mediante, a regañadientes, los concejales colorados aceptaron que se examinen los actos de sus correligionarios en lo que respecta al manejo de los intereses de la comunidad. Como botón de muestra, y para vergüenza ciudadana y en particular de los colorados honestos, los tres años auditados (2013, 2014 y 2015) pusieron en evidencia el discrecional “uso y abuso” –por emplear una expresión en boga– de los bienes que pertenecen a todo el pueblo, dejando una administración al borde del abismo. Solo faltaba que demos “un paso adelante”, parafraseando a un simpático político del entorno estroniano, para que la administración cayera en quiebra técnica.

    La caída del poder municipal tras más de 80 años los tomó por sorpresa. Ni en la más febril imaginación cabía que algún día sus acciones serían examinadas por “fuerzas no amigas”, como históricamente aconteció con juntas municipales “alineadas” detrás de sus jefes partidarios.

    Llamativamente, esta Junta Municipal, con algunas figuritas repetidas de anteriores periodos, disciplinadamente y sin chistar, aprobaban año tras año las ejecuciones presupuestarias, llegando al colmo de la desfachatez de aprobar sin haber estudiado la última ejecución del anterior periodo, del año 2015.

    Es evidente que estos concejales no emplearon la misma vara. Aún peor, atribuyeron a la actual gestión actos administrativos que no le son propios, para argumentar un rechazo.

    La ley faculta y obliga a la Junta a controlar la gestión del Ejecutivo. De suyo que esta labor debe estar enmarcada en la honestidad de propósito, apego a la justicia y sentido ético. Estos mandatos no condicen con el empleo de la ley como garrote, praxis, lastimosamente, muy extendida en nuestra fauna política.

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    Publicado por jotaefeb | 14/05/2017, 7:18 pm
  22. Bombas de tiempo

    Por Víctor Daniel Barrera

    En la Junta Municipal de Coronel Oviedo modifican las ordenanzas a gusto y paladar de los intereses de terceros. Los miembros estarían haciendo grandes negociados con entidades privadas, ignorando el interés general y sin importar la integridad física de la población ovetense.

    Las estaciones de servicio que pululan en el casco urbano de la capital del quinto departamento son fruto de esa forma negligente y corrupta de legislar y actualmente son una verdadera bomba de tiempo. Algunos están ubicados a menos de 20 metros uno de otro.

    En los últimos tiempos hubo un aumento considerable de nuevos servicentros, que fueron instalados en pleno casco urbano de la ciudad.

    Lo llamativo de este caso es que en el año 2015 los ediles de la administración anterior modificaron la Ordenanza Nº 05/2014. La normativa en el artículo 4º establecía que las gasolineras debían estar instaladas a no menos de 1.000 metros a la redonda una de otra y no menos de 100 metros de sitios de aglomeraciones de personas. Con la Ordenanza Nº 012/2015 se modificó el mencionado artículo y se dispuso que las estaciones de servicio podían ser instaladas a 400 metros a la redonda unas de otras, 600 metros menos de lo dispuesto anteriormente.

    Aún así, meses atrás aprobaron el funcionamiento de una gasolinera a más de 200 metros de otra, sobre la avenida Jaime San Just, violando la Ordenanza Municipal Nº 012/2015, donde establece que deben estar a 400 metros unos de otros. También, sobre la avenida Héctor Roque Duarte, donde dos estaciones de servicio de diferentes emblemas se encuentran instaladas en la misma cuadra y acera, a una distancia máxima de 20 metros y a menos de 15 metros de una escuela privada, violando totalmente la mencionada ordenanza.

    Lo más preocupante de todo esto es que los integrantes de la Junta Municipal no piensan hacer nada para evitar una eventual catástrofe provocada por los servicentros en sitios de aglomeración de gente. Sí pretenden hacer una nueva adecuación de la ordenanza para avalar la instalación de las gasolineras, obviando la seguridad de la ciudadanía.

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    Publicado por jotaefeb | 30/04/2017, 7:59 am
  23. Innecesaria e ilegal

    Por Gladys Villalba Jara

    Empresas con antecedentes de denuncias por presunta corrupción, incumplimiento de contratos, fraude y sobrefacturación en Argentina y Guatemala, y otras supuestamente fantasmas, se encuentran entre las que participan de la licitación internacional para el cobro tercerizado de impuesto inmobiliario en la ciudad de Luque. El plan, con tufo a gran negociado, podría concretarse en detrimento de una población luqueña que vive “anestesiada” ante los abusos de sus autoridades.

    El proyecto inconstitucional, ilegal e innecesario presentado por el jefe comunal Carlos Echeverría (colorado cartista) con la denominación “Concesión del servicio de modernización de la gestión tributaria y catastral de la Municipalidad de Luque”, fue aprobado el pasado 21 de diciembre de 2016 por seis ediles colorados y un liberal, en medio de cuestionamientos, sospechas y maniobras.

    Todo lo relacionado al proceso de licitación se mantiene guardado bajo siete llaves en la Municipalidad. Pero, según fuentes, mañana, a las 08:00, se realizaría la apertura de sobres de las ofertas económicas de los dos consorcios que se presentaron. Se trata de Tributario y Filigrana.

    El Consorcio Filigrana está integrado por Consultora Asunción-BDO Paraguay, representada por Óscar Guillén Cáceres y Natalio Rubinstein; Ingeniería Aplicada (IASA), representada por María Auxiliadora Burgos Rossi, y la firma argentina Ari Consultoría (sin datos de dueños o representante). El presentante legal es Diego Martínez.

    Consorcio Tributario está conformado por la empresa argentina Kolektor (Hermann Karsten, propietario); la firma argentina Relevamientos Catastrales (Hermann Karsten, accionista) y Proyectos Estratégicos, empresa paraguaya (sin datos y no figura como proveedor del Estado en la DNCP). El representante es Miguel Niella.

    La ganadora o “digitada” se quedará hasta con el 30% del impuesto inmobiliario durante 15 años. Además de inconstitucional e ilegal, la tercerización es innecesaria, ya que gestión y cobro de impuestos es una de las funciones primordiales de una administración comunal, que debe retornar estos recursos a la ciudadanía con inversiones de desarrollo.

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    Publicado por jotaefeb | 23/04/2017, 9:50 am
  24. Municipios y progreso
    11 Ene 2017

    Poco más de un año ha pasado desde que los administradores de los municipios del país –tanto intendentes como concejales– asumieron sus funciones en sus respectivas comunas para gobernar por cinco años. No solo han llegado con la legitimidad de los votos, sino también con la enorme expectativa ciudadana volcada en la gestión que pudieran hacer por su ciudad. Pero pese a esta expectativa, pocas son las localidades que se han podido destacar al término del primer año de gestión. Muchas han quedado aplazadas por razones diversas.

    Salvo algunas excepciones, la mayoría de los municipios padecen los mismos inconvenientes como ser las calles y avenidas en mal estado o intransitables, deficiencia en la recolección de basura, o insuficiente limpieza de espacios públicos como plazas o mercados, entre otros, por nombrar solo algunos aspectos que importan, y mucho, a la ciudadanía. Ni siquiera se analiza la gestión desde el punto de vista financiero, donde varios de estos municipios han mostrado debilidades cuando de recaudar dinero se habla.

    Hay municipios del Área Metropolitana que tropiezan con enormes inconvenientes a la hora de gobernar. Un ejemplo es el caso de la ciudad de Lambaré, una importante urbe asentada en el cinturón periférico de Asunción, que padece cada tormenta, cada lluvia, por no contar con desagües pluviales y que genera, debido a la devastadora acción mecánica de las aguas convertidas en raudales, la destrucción parcial o total de calles, avenidas o puentes. Ahora, ese distrito, luego de un año de gestión, por fin da luz verde a la emergencia vial que solucionará en parte el grave deterioro que sufren sus principales arterias. La comuna destinará unos 4.000 millones de guaraníes para reparar las estropeadas arterias de este municipio.

    Nada destruye más para el progreso de una comunidad que los beneficios personales o sectarios. Y esto debe extenderse a otras ciudades del Área Metropolitana que también adolecen de inconvenientes parecidos a los de los lambareños.

    Lo llamativo aquí es que esta emergencia recién pudo darse un año después de que asumieran sus autoridades, mientras que en otros municipios como, por ejemplo, en Asunción, esa medida de urgencia se otorgó en las primeras dos semanas. Pero discrepancias internas entre la Junta y el jefe del ejecutivo comunal han postergado que los lambareños, y todos los ciudadanos que diariamente transitan por esta localidad, la fundada esperanza de tener calles decentes.

    El caso lambareño demuestra que es clave articular una buena relación entre el ejecutivo municipal y los concejales, que son también los representantes de la ciudadanía; para ello es clave el diálogo y desprenderse de intereses políticos para trabajar de manera fusionada por los legítimos reclamos que hacen los pobladores.

    Nada destruye más para el progreso de una comunidad que los beneficios personales o sectarios. Y esto debe extenderse a otras ciudades del Área Metropolitana que también adolecen de inconvenientes parecidos a los de los lambareños. En Villa Elisa, por ejemplo, bajo la administración de un intendente opositor, también los habitantes de esta comunidad tampoco ven los avances esperados desde diciembre del 2015, situación similar que sucede en otros municipios del cinturón urbano de Asunción, como es el caso de Fernando de la Mora, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso o Luque, ciudades donde sus pobladores tienen quejas reiteradas del servicio y de la gestión de sus autoridades.

    Los municipios reciben suficientes fondos, ya sea a través de royalties de las binacionales como otras transferencias, como por ejemplo el del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), dirigida al sector de la educación, además de los recursos propios que generan en concepto de tasas, hacen que las comunas posean suficientes recursos como para ofrecer más y mejores soluciones para la ciudad.

    Los municipios son el primer proveedor de soluciones de la ciudadanía, es el primer eslabón del Estado que otorga amparo y salida a los problemas del vulgo. De allí la importancia de que sus administradores, tanto en la silla del intendente, como en las curules de la Junta, trabajen aliados por una causa común: el progreso de la ciudad.

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    Publicado por jotaefeb | 16/01/2017, 10:05 am
  25. Itakyry

    Los concejales municipales de Itakyry, por una amplia mayoría, se ratificaron en su rechazo de la rendición de cuentas del exintendente, Hugo Barreto. Esto luego de que el intendente Carlos Soria (ANR) haya vetado la decisión del plenario al respecto. Según los concejales dictaminantes nunca antes se había hecho una auditoría de la administración municipal, manejada por el mismo grupo político desde hace más de una década.
    Los concejales se mantuvieron en su postura y no se dejaron llevar por los colores para ratificar el rechazo. También la ciudadanía hizo lo suyo. Los pobladores acompañaron el pedido de transparencia con dos movilizaciones.
    Como tantos otros municipios del país, Itakyry está manejado el mismo grupo político desde hace más de una década. Miguel Ángel Soria Rivas estuvo en el cargo entre 2005 y 2010, luego asumió Hugo Barreto entre 2010 y 2015. El año pasado fue electo Carlos Miguel Soria Casco, hijo del primer mencionado. Todos son del mismo equipo político.
    Si el intendente Soria está seguro de que su antecesor y correligionario Hugo Barreto hizo bien las cosas, con una auditoría de la Contraloría General de la República lo único que se puede demostrar es que efectivamente se administraron bien los recursos municipales.
    Los concejales quienes exigen la revisión de la administración tienen serias sospechas de que Barreto adjudicó obras a empresas inexistentes, además de obras fantasmas e inconclusas. En una ciudad con tantas necesidades como falta de camino de todo tiempo, precariedad en salud y educación no se puede pasar por alto el malgasto de la plata de los contribuyentes.
    Las autoridades deben rendir cuenta del uso de los bienes y no permitir que clanes familiares y políticos manejen a su antojo las instituciones municipales. El caso de Itakyry puede ser un buen ejemplo para otros municipios, donde imperan clanes familiares, que manejan a su antojo las instituciones y el dinero público. En este caso también se demuestra una vez más que el acompañamiento de los pobladores es fundamental para lograr que las instituciones se manejen con transparencia. Es un gran paso en la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

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    Publicado por Anónimo | 10/06/2016, 9:48 am
  26. Que alguien ayude a la Comuna capitalina
    Gustavo A. Olmedo B.

    El intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, y sus principales colaboradores deben sincerarse y reconocer que no están en condiciones de responder a las numerosas demandas y problemas que plantea la ciudad y los más de un millón de visitantes que recibe diariamente. La capital del país está en decadencia, y lo preocupante es que no hay visos de solución a corto plazo.

    El panorama es desalentador. El 80% de las calles ya superaron su vida útil y requieren de una inversión de miles de millones que la Comuna no tiene, así como tampoco parece tener la suficiente capacidad de gestión para obtenerlos; por lo menos es lo que se evidencia hasta ahora. Es decir, nuestras arterias de circulación se irán deteriorando sin remedio alguno.

    En tanto, gran parte del microcentro –por hablar solo de un caso– presenta veredas en pésimo estado u ocupadas, zonas sin iluminación ni botes de basura, calles con nula señalización para cruces de peatones o estacionamiento vehicular, entre tantos otros aspectos, a los que, tristemente, nos hemos acostumbrado. A esto se podría sumar el calamitoso estado en que se encuentran el Mercado 4 y de Abasto, administrados por la Comuna, en donde se enseñorean el desorden, la suciedad y los baches.

    No se conoce de proyectos concretos, a corto y mediano plazo, que apunten al mejoramiento del tráfico –ni siquiera el uso de casco de motociclistas se controla en forma efectiva–, la recuperación de espacios históricos, la construcción de desagües pluviales, de una peatonal céntrica o la ampliación de áreas verdes. A nivel de obras municipales de envergadura, se percibe a una ciudad estancada.

    Y para el próximo año –con las elecciones como principal preocupación– el diagnóstico parece empeorar. Quizá ya en este contexto, la Municipalidad decidió destinar para el 2015 unos G. 50.000 millones más a sus más de 7.000 funcionarios, en detrimento de obras para la ciudadanía. “No hay ni un solo mérito de la Intendencia en la administración de los recursos genuinos de la Comuna; todo va a gastos rígidos y de personal. Todo lo que la institución municipal hace proviene de la Ley de Capitalidad o de los royalties”, señaló recientemente al respecto el concejal Rafael Villarejo.

    Los directivos de la Municipalidad capitalina necesitan ayuda para salir de este atolladero; solos ya no pueden. Deben recurrir al sector privado, las organizaciones civiles y/o al Gobierno central si son honestos y quieren revertir la situación a beneficio del bien común. La capital del país y sus habitantes lo exigen, y también lo merecen.

    http://www.ultimahora.com/que-alguien-ayude-la-comuna-capitalina-n853126.html

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    Publicado por jotaefeb | 06/12/2014, 10:45 am
  27. Una trapisonda más

    La última lista oficial del funcionariado municipal se dio a conocer en noviembre del año pasado. La planilla tenía 8.001 funcionarios, de los cuales 850 pertenecían al plantel de la Junta Municipal de Asunción y el resto a la Intendencia. Una enorme cantidad de empleados no tiene asignada una tarea específica y se pasa deambulando en los pasillos y calentando las sillas de las oficinas.

    En aquella ocasión en que los “vientos de transparencia” parecieron soplar hacia el Palacete de Villa Aurelia, se anunció una reconversión del sobrepoblado personal para potenciar las áreas en las que realmente se necesitan.

    Asunción acaba de celebrar sus 477 años de fundación inundada de basura, minada de baches, destrozos en los espacios públicos y muchos otros dramas irresolubles.

    La ciudad está sucia y mugrienta porque faltan funcionarios que la limpien y arreglen, se precisan más recolectores, insumos, escobas, palas y carretillas.

    Las calles están destrozadas, los sumideros obstruidos, las veredas maltrechas porque las cuadrillas no dan abasto y no hay inspectores para notificar y sancionar.

    El caos en el tránsito aumenta cada vez más porque tampoco se tienen suficientes agentes. Apenas hay 282 policías municipales de tránsito, de los cuales solamente 180 cumplen funciones operativas.

    Ni al intendente Arnaldo Samaniego ni a los 24 concejales, al parecer, les preocupa esta situación.

    ¿Qué están haciendo para remediarla? Aparte de lanzar pomposas campañas, anunciar fantasiosos proyectos y plantear minutas para cambiar nombres de calles, ¿qué hacen para resolver esta grave cuestión?

    Apostaríamos una oreja y la otra mitad a que el funcionariado comunal ya superó ampliamente la barrera del año pasado. Por algo la “nómina de funcionarios” de la página web de la Municipalidad no tiene número de orden y solo genera confusión. Es una trapisonda más para ocultar las cifras reales.

    Es evidente que lo que más les inquieta a los ediles asuncenos y al intendente -que están detrás de la reelección- es ubicar a sus operadores políticos e incorporar más funcionarios que “trabajen” en la Municipalidad. Los tiempos electorales solo sirven para eso.

    ¿Dónde más los van a ubicar? ¿Por qué no llevan a todo el personal ocioso a un gran centro de capacitación para enseñarles otras labores más necesarias para la ciudad y el contribuyente? Hay que reconvertirlos en agentes de tránsito, en inspectores, en lo que sea, pero que dejen de holgazanear. En las oficinas no aportan nada, simplemente generan más gastos. Al menos hay que reconocer que Evanhy los había hecho trabajar los fines de semana en mingas ambientales.

    Seamos realistas: echarlos a la calle, en estos momentos, sería inhumano y un despropósito porque no se puede dejar sin trabajo a tanta gente y además ningún político quiere correr con esa carga sobre su conciencia.

    Algo deben hacer. La Municipalidad de Asunción está a punto de estallar y la Madre de Ciudades está por terminar de hundirse.

    Por Pedro Gómez Silgueira

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/una-trapisonda-mas-1281152.html

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    Publicado por Anónimo | 03/09/2014, 8:22 am
  28. Fines recaudativos

    Por Antonia Delvalle

    Obras mal ejecutadas, calles que no se reparan con la rapidez necesaria, desagües pluviales sin mantenimiento, quema de basura, vehículos circulando sin chapa y baldíos convertidos en vertederos clandestinos son solo algunas de las necesidades y las faltas de los ciudadanos, sin visos de pronta y efectiva solución.

    Los intendentes y demás autoridades de aplicación de las leyes y ordenanzas vigentes tienen a mano las herramientas para lograr que la convivencia vecinal y del país en general sea más llevadera. Sin embargo, por falta de voluntad estos no cumplen con sus funciones.

    Todo emprendimiento de crear nuevas leyes u ordenanzas, so pretexto, por ejemplo, de mejorar la seguridad vial, están orientadas a fines meramente recaudativos.

    Todo eso solo apunta a sostener un deficiente y superpoblado aparato estatal para provecho electoral, en detrimento de quienes pagan sus impuestos, tasas y demás contribuciones que sostienen a estas instituciones. En contrapartida, no reciben los servicios que les corresponde: calles en óptimas condiciones, recolección de residuos en tiempo y forma, hermoseamiento de plazas, mejoramiento de espacios públicos y otros.

    Como botón de muestra está la creación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV), que a pesar de haber sido derogada por el Congreso Nacional, varios municipios del departamento Central y otras regiones empiezan a implementarla.

    Sin embargo, un importante número de los transportes públicos internos de la ciudad, taxis y transportes escolares de San Lorenzo circulan con total tranquilidad, a pesar de estar en pésimas condiciones, porque “aprobaron” el examen.

    Si las autoridades no aplican rigurosos controles, propician que la ley del mbarete siga vigente.

    Aquellos que se decidan a trabajar en serio por el desarrollo de las ciudades y por los ciudadanos, tendrán la mejor carta de presentación al momento de ir a las elecciones.

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    Publicado por jotaefeb | 13/07/2014, 8:13 am
  29. Las veredas de Asunción agradecen a los peatones

    Una evidencia del desinterés de la Municipalidad de Asunción hacia quienes pagan sus impuestos para vivir en una ciudad que no les agreda a cada paso es el pésimo estado de las veredas en casi toda la capital. La administración del intendente Arnaldo Samaniego cuenta con una ordenanza del 2012 que le da las herramientas operativas para obligar a los propietarios a adecuarse a las normas municipales para que la ciudad incluya a todos sus habitantes. Las minuciosas normas, sin embargo, son letra muerta y las aceras continúan siendo el rostro impresentable de la ciudad, corroborando de esta manera la insensibilidad manifiesta de sus autoridades.

    La Ordenanza 217/12 de la Municipalidad de Asunción, “que reglamenta la construcción y el uso de veredas inclusivas”, es de una claridad meridiana.

    Su justificación dice que esos espacios entre las viviendas y las calzadas son para el “desplazamiento exclusivo de los peatones”. Y que los mismos deben reunir las especificaciones técnicas adecuadas para que Asunción sea una ciudad inclusiva, facilitando el desplazamiento de “personas en sillas de ruedas, con bastones, invidentes, de edad avanzada, obesas, embarazadas, etcétera”.

    A pesar de la disposición municipal, cualquier persona, y con más razón la que tiene limitaciones físicas, debe cuidarse para no torcer sus tobillos, no tropezarse o no caerse en las veredas debido a su calamitoso estado. No hay que pensar que esto sucede en algún barrio de la periferia: ocurre en pleno casco histórico de Asunción.

    Además de los pozos, los desniveles, los mosaicos levantados y los caños al aire, sobre las veredas hay autos estacionados, escombros, ruedas de autos en gomerías, árboles de raíces desnudas, basura, alambres, madera, argamasa de construcción y andamios abandonados.

    Lo de las aceras para el “desplazamiento exclusivo de peatones” solo figura en la letra muerta de la ordenanza.

    De esto, cae de maduro deducir el martirio cotidiano de los invidentes con sus bastones blancos y los demás seres humanos discapacitados a los que la Municipalidad solo teóricamente reconoce su condición de tales. En la práctica ignora que tienen derecho a vivir en una ciudad amigable como lo tienen todos los que circulan por sus veredas.

    La ordenanza establece que la Municipalidad debe notificar al propietario cuya vereda no cumple las normas establecidas en la misma. Le da un plazo de 30 días hábiles para construir o reparar la parte de la acera que le corresponde. Y 45 días para que termine el trabajo. Y si no lo hace, cuadrillas de obreros municipales se encargarán de las tareas pasándole la factura después. Al precio de la obra le tiene que adosar la multa estipulada para cada caso.

    Como el Ejecutivo –léase intendente Samaniego– no cumple con su obligación, Asunción, además de sucia, es agresiva con los peatones. De la impresión que se llevan los visitantes del interior del país y los que llegan del extranjero, es innecesario hablar.

    Los ciudadanos que tropiezan en las veredas son las víctimas de la Municipalidad de Asunción. De esta situación son responsables el intendente y los 24 miembros de la Junta Municipal. Todos fueron electos para servir a los que pagan sus impuestos, e ignoran esa obligación. Y conste que muchos de ellos volverán a candidatarse, acaso para seguir con la misma irresponsabilidad que hoy lamentablemente exhiben.

    http://www.ultimahora.com/las-veredas-asuncion-agradecen-los-peatones-n806562.html

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    Publicado por jotaefeb | 28/06/2014, 7:41 am
  30. Pésima gestión municipal en Asunción

    La pésima labor municipal en Asunción es deprimente. Se alegará que esto mismo se dijo de varias administraciones anteriores en muchas ocasiones y que, pese a esto, la mayoría de los asuncenos volvió a cometer el mismo error, es decir, votar por candidatos de los que anticipadamente ya se sabía que serían ineptos para el cargo o que estarían más interesados en escalar posiciones políticas antes que servir a la ciudad y a sus habitantes.

    Los partidos políticos son los culpables de que candidatos inoperantes, incapaces o negligentes lleguen a los cargos de intendente y gobernadores, al permitir que puedan participar en las internas.

    De modo que si en las organizaciones políticas los más mediocres logran superar a los mejores, hay que inferir que, además de la incultura política predominante en nuestro electorado, es criticable la ineptitud de los partidos, fracasando en su misión principal de educar al adherente, orientar al elector y elevar el nivel cultural de la ciudadanía, finalidad para la cual cobran miles de millones de guaraníes del erario.

    Así que, dentro de la democracia que tenemos aquí y ahora, es fácil que personas venales, ineptas o haraganes sin conchabo presenten su candidatura, repartan suficiente cantidad de dádivas y acaben ganando elecciones, para terminar ocupando cargos públicos en que se administran el dinero, el interés y el futuro de la gente, valores fundamentales cuya suerte, de esta manera, queda en las peores manos.

    Júzguense solamente algunos puntos: en Asunción, en la actualidad, no existe ninguna acción municipal destinada a mantener las vías públicas en un estado de utilización regular. Calles y avenidas están llenas de baches, que se agrandan con cada lluvia. Las reparaciones que se hacen son tan deficientes que no soportan un chaparrón. Los paseos centrales están descuidados, algunos llenos de basura, otros con plantas desatendidas u ocupados por vendedores informales que los destruyen aún más que el abandono.

    La ineptitud de la administración comunal se advierte en algo tan elemental como el arbolado de los espacios públicos. Mantener la vegetación en esta ciudad ha de ser la tarea más fácil del mundo, pues la naturaleza hace casi todo el trabajo. En lo único que debe complementársela es con una o dos sanitaciones, una poda anual y un poco de riego. Es una nimiedad, pero ni esto se puede ejecutar. Baste con pasear por la avenida Mariscal López –una vía por la que el intendente, los concejales y la mayoría de los funcionarios transitan diariamente– observando el estado en que se encuentran sus árboles para tener una radiografía de la incapacidad comunal y, más que nada, de su indiferencia.

    El pésimo estado de las veredas, especialmente las del centro histórico, señala con el dedo acusador a todas las administraciones municipales de los últimos treinta años. En esas veredas es imposible que sin ayuda caminen niños pequeños, ancianos, personas que tienen problemas de locomoción o con dificultades de equilibrio. ¿Qué iniciativa toma la autoridad municipal para resolver este problema que convierte a nuestro centro histórico en un lugar inhóspito y desagradable? Nada. Ni se entera del problema.

    Luego viene el caso de los desechos esparcidos en calzadas y aceras, las aguas servidas, los semáforos inconexos de las calles Montevideo, Estados Unidos, Brasil y transversales, por poner solo algunos ejemplos, aparatos obsoletos que más que ayudar entorpecen, asociándose a la falta de ochavas en las esquinas y al mal estado del pavimento para lograr que la fluidez del tránsito en Asunción sea una de las peores del país. Sin olvidar la apropiación de veredas por parte de particulares, para estacionamiento, “show room” comercial, lavadero de vehículos, talleres, depósito y los más diversos fines, que acaban por retratar una capital que, en este momento, quizás sea una de las más desatendidas del continente.

    Ni hablemos del tránsito que diariamente debe soportar el habitante de la ciudad, totalmente caótico, y en medio del cual, como dijimos en un reciente editorial, el más bruto pasa primero.

    Si las actuales autoridades municipales asuncenas quieren consolarse, podrían decir que “ninguno de estos males apareció recién cuando nosotros nos hicimos cargo”. Eso es cierto; preexistían; pero los males de hoy son la acumulación de las torpezas y negligencias de las administraciones anteriores, y aumentarán a su vez la base de los problemas que esta deje en herencia, haciendo que sean mayores, más difíciles y onerosas sus soluciones.

    El intendente asunceno Arnaldo Samaniego, antes de dormir, debería todas las noches releer su programa de gobierno, para recordar las promesas que formuló a su electorado –y que personalmente, con todo su equipo, vino a hacernos en ABC Color–, así como revisar las peticiones que le listaron los vecinos de los barrios que recorrió a lo largo de su campaña electoral y, después, cotejar con lo que hizo hasta ahora. Si todavía le importan su prestigio personal y la imagen que va a dejar impresa en las páginas de la historia de la política y de la ciudad –más aún considerando que tiene intenciones de reelección–, seguramente se levantará al día siguiente con el ímpetu necesario para tomar la enérgica e irreversible determinación de exigir a sus colaboradores solucionar al menos varios de esos problemas.

    La casi cinco veces centenaria ciudad de Asunción, capital eterna de la República, merece gente más ética y patrióticamente comprometida con ella que la que, lamentablemente, le toca en suerte en cada elección municipal de intendente. En la próxima, el electorado capitalino debe tener mejor visión y conciencia cívica al momento de marcar su boletín de voto y elegir a quienes sí poseen méritos y antecedentes que los avalen para tan importante cargo, y no solamente el haber andado agitando pañuelos partidarios durante varios años. Como los políticos han demostrado que de ellos se puede esp
    erar bien poco, en manos de la ciudadanía está depositada la posibilidad de un cambio real, involucrándose de lleno en las actividades cívicas, ya sea impulsando a algún líder sobresaliente en su comunidad, formando nuevos movimientos o, inclusive, desenmascarando a los ladrones públicos y otros averiados que pugnan por los cargos de intendentes o concejales.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/pesima-gestion-municipal-en-asuncion-1259623.html

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    Publicado por jotaefeb | 28/06/2014, 7:40 am
  31. Mercado 4… ¡la reelección!

    Hay mucho interés detrás de todo ese apoyo. Hay mucho interés en que su hermano, Arnaldo, siga administrando Asunción, y ¡oh! casualidad, en este año donde la campaña por las municipales va a tomar más intensidad, llega ese “aporte” de la Itaipú Binacional, con el título de “para la remodelación del Mercado 4”.

    Nadie duda de que el Mercado 4 es uno de los símbolos del atraso en el país, más allá de que el singular centro comercial sea la fuente de sustento de miles y miles de paraguayos, y sea, además, el lugar que cubre casi todas las necesidades de un gran sector de la población del país. Pero así como es “la salvación” sobre todo para el sector humilde, es también “la salvación” para políticos y operadores políticos que hacen uso de algún carguito, sobre todo en la Municipalidad de la capital del país.

    Hoy en día, el Mercado 4 es una, para qué negarlo, verdadera bomba de tiempo. Una bomba que en el momento que explota, ojalá no llegue eso, puede ser tan letal, que miles y miles de paraguayos serían las víctimas de ese centro comercial que, desde hace muchos años, viene sufriendo el olvido de quienes deben ser los puntales para modernizarlo y ponerlo al servicio del pueblo. Es decir las autoridades municipales.

    Hoy nuevamente se habla de reestructuración. Incluso la Itaipú Binacional puso una millonaria suma de dinero, alrededor de 6 millones de dólares, para dotar de toda la infraestructura necesaria, y poner a punto lo que ya hay, en el Mercado 4. Pero claro, como en este país, y con mucha razón, todo se pone en duda, esta “ayuda” del ente binacional ya comenzó a generar todo tipo de desconfianza sobre el destino del dinero.

    Y bien, estamos en el año 2014, un año que precede a las elecciones municipales y donde están en juego muchas cosas, sobre todo en el municipio capitalino, un bastión que los colorados no quieren volver a perder nunca más. Entonces claro, la gran duda viene por este lado. El colorado Arnaldo Samaniego, actual intendente de Asunción, tiene el respaldo partidario, en cuya cabeza está justamente su hermana, Lilian, y ésta es algo así como uno de los “puntales políticos” del presidente Horacio Cartes, por quien “se viene jugando la vida” dándole su apoyo. Pero ese apoyo no es gratis.

    Hay mucho interés detrás de todo ese apoyo. Hay mucho interés en que su hermano, Arnaldo, siga administrando Asunción, y ¡oh! casualidad, en este año donde la campaña por las municipales va a tomar más intensidad, llega ese “aporte” de la Itaipú Binacional, con el título de “para la remodelación del Mercado 4”.

    El Partido Colorado quiere retener la municipalidad pero, especialmente, la cúpula quiere la reelección de Samaniego. La Junta de Gobierno no mira a otro candidato. Ni Oscar Tuma ni Dany Durand, ni nadie que se le parezca. Y para eso debe contar por un importante capital.

    Y llama la atención lo del Mercado 4. La administración Samaniego está al frente de la Municipalidad de Asunción desde hace casi 4 años, pero recién ahora surge el interés sobre esa bomba de tiempo. Recién en este momento, en ya casi el final de su administración actual, sale a luz que el Mercado debe tener una nueva fisonomía, una extrema seguridad, y surge el aporte “solidario” de la Itaipú Binacional.

    A veces las dudas llegan a ser antipáticas, pero lamentablemente surgen en los momentos menos esperados (o muy esperados), para no olvidar esa costumbre bien paraguaya de no perder la oportunidad de dudar, y si es de un político, mejor aún.

    Quien tenga dudas sobre lo que escribí, tiene la oportunidad de réplica. Peichante voi ko asunto.

    Antonio López

    http://www.lanacion.com.py/articulo/165921-mercado-4-la-reeleccion.html

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    Publicado por jotaefeb | 29/05/2014, 5:47 am
  32. Noé contra el Diluvio

    Por Jesús Ruiz Nestosa

    Asunción es una de esas ciudades prestas a sorprendernos. Cuando pensamos que ya lo vimos todo, salta una nueva posibilidad, mucho más sorprendente que el conejo que salta de la galera del mago, porque todos esperamos al conejo, mientras que lo que nos ofrece la ciudad es inesperado. Estoy convencido de que Asunción es la única ciudad ¡en el mundo! en la que podemos ver a Noé en el cine y el Diluvio en la calle. Es un Diluvio mucho más impactante que el que vemos en la pantalla porque este nos moja; incluso podemos ahogarnos. Sin embargo, difiere del relato bíblico ya que aquel fue un castigo de Yahvé por la conducta pecaminosa de los hombres. En nuestro caso es un castigo del intendente de Asunción que dice administrar la ciudad y sin embargo no sabe qué hacer con ella; y la conducta pecaminosa no es de los ciudadanos que somos todos inocentes, sino la de su equipo y su Junta; o bien “su junta”.

    Las noticias publicadas en estos días en la prensa local nos han entregado su propia sorpresa: Paraguay es el penúltimo país sudamericano en materia de infraestructura. La propaganda de la dictadura nos había vendido la mentira, entre varias otras, que estábamos progresando gracias al espíritu emprendedor del tirano que abría caminos, sistemas de agua corriente, desagües cloacales, puentes y otras maravillas de la modernidad. Los más críticos de su régimen rechazaban la propaganda diciendo que estaba haciendo lo que debía de hacer. ¿No es esta, acaso, la obligación de todo presidente, la de mejorar las condiciones de vida de su país y de su gente? Ahora descubrimos que ni siquiera había hecho lo que debía hacer y nos mintió, como es propio de todos los políticos, ni qué decir de los dictadores, con una decena de kilómetros de rutas asfaltadas y un sistema de aguas corrientes que colapsó mucho antes de lo que debería haber colapsado.

    En las grandes ciudades de la antigüedad, digo, aquellas construidas siglos antes de nuestra era, poseían una red de cloacas y de suministro de agua con las que no podemos ni siquiera soñar hoy más de dos mil de años más tarde. Ausente del país durante varios años, me deslumbró la abundancia de nuevos edificios, uno más lujoso que el otro, deslumbramiento que me duró muy poco al enterarme que en dichas zonas, donde el metro cuadrado de tierra se cotiza en dólares y en cifras de cuatro dígitos, no hay cloacas. Cada edificio tendrá que poseer un camión encargado de retirar los residuos fecales de sus moradores una vez a la semana, o en la quincena, por mes, dependiendo de la actividad intestinal de sus moradores. Si se me permite utilizar ejemplos grandes para hablar de hechos pequeños como decía Ovidio en sus “Odas”, nuestra Nínive dorada estará flotando en un mar de excrementos.

    Pregunté qué se hacía con los impuestos, cuál era el destino que se les daba y la respuesta fue clara: el 90% de lo que se recauda se destina a pagar salarios; del 10% una parte se esfuma como el rocío de la madrugada y lo que queda se destina a realizar alguna que otra obra que se pueda agitar al viento en las próximas elecciones y engañar de tal manera a los electores.

    El único país que nos supera en tamañas deficiencias de infraestructura es Haití, un país desbastado por la miseria, el hambre y la ignorancia. Para más inri de tanto en tanto alguna calamidad de la naturaleza corona la actividad destructora de los hombres. Analizando estos factores pienso que debería invertir el orden y comenzar por la ignorancia que es la que produce la miseria que termina arrastrando al hambre. Al poner las cosas en este orden es posible que cuando la encuesta que comento se repita en los años venideros, pelearemos con bravura contra Haití para conquistar ese último puesto ya que mucho más pronto de lo que algunos piensan, el robo insultante del dinero que se debería haber invertido en educación, mostrará sus frutos; unos frutos repulsivos, nauseabundos, irremediables, irreversibles, desbastadores.

    En nuestro caso, ante este diluvio no enviado por Yahvé sino fabricado por los hombres corruptos, no debemos confiar en la paloma con la ramita de olivo en el pico, sino en la espada de la Justicia que venga cortando cabezas como aquella imagen de Santiago Matamoros.

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    Publicado por Anónimo | 05/05/2014, 9:25 am
  33. Crónica de un paseo por “Venecia”

    Entre los lugares que aún anhelo conocer, está Venecia. Quisiera tomar un café en su famosa plaza y pasear en góndolas por sus canales. Como en un sueño escapado de uno de los cuentos de García Márquez, con realismo mágico incluido, acabo de llegar de la Venecia de mis pagos, y se los cuento en esta crónica.

    En algún momento en que parecía que amainó la tormenta, salí de casa rumbo al trabajo. Remonté el conocido río llamado Ettienne y/o Waldino R. Lovera y mi querida camioneta que siempre supo sortear los peores raudales en estos siete años, comenzó a soquear (no sé si es el término) y se negó a continuar adelante.

    Estaba en medio de un espejo inmenso de agua, con olas y profundos abismos difíciles de adivinar, porque desde hace dos meses las calles fernandinas están llenas de enormes agujeros. Un señor que se cruzó conmigo en una camioneta alta me dijo que no siga, que más allá estaba peor… Un enorme camión logró pasar, pero el conductor al ver que mi utilitario no podía seguir, se arremangó los pantalones y como un héroe vino a mi encuentro. No puede quedarse aquí, es muy hondo y va a venir más agua porque va a llover mucho más, dijo preocupado. No puedo continuar, no responde, le dije. Entonces, sacando fuerzas, nos empujó (a mi camioneta y a mí, lo cual no es poca cosa) para salir una cuadra más arriba y esperar que pase la tormenta.

    Pero así como en la vida real, a veces las tormentas duran más tiempo de lo que quisiéramos…, entonces me quedé en un costado escuchando mi programa de radio favorito, me tapé con la campera y escuché caer la lluvia sobre el techo. Una hora después mi guapa Mitsubishi arrancó y seguimos viaje… mi góndola se bamboleó entre baches y raudales hasta llegar al costado de la Municipalidad de Fernando de la Mora e hizo agua debajo de mis pies. Al girar por detrás, hacia la izquierda, la riada me impidió continuar. Allí no solo soqueba, se quedó sin ganas de seguir.

    Puse mi luz de stop y comencé a sudar– atrás un conductor al que le faltaba un poco de sentido común me bocinó como poseído. Habrá creído que era placentero quedarse en el medio de la calle, obstruyendo el tráfico y escuchando la forma en que el agua golpeaba a mi pobre vehículo. Llamé al servicio de grúa de mi seguro… Hola, ¿me pueden ayudar? y le cuento mi historia. Ah, usted necesita un servicio de rescate y no de auxilio, me dijo el amable joven. Sí, yo necesitaba que me rescaten, pero los hombres que estaban en esa fila, no querían rescatar a una cincuentona doncella, solo que se moviera de allí y los dejara continuar su camino. Media hora después volví a probar si podía avanzar… y oh milagro! salí del atolladero. Me quedé a un costado para dejar pasar el agua, las ramas, los pomelos y cuanto desecho se llevaba el agua y cancelé el pedido de ayuda a la grúa, que tenía otros doscientos auxilios antes del mío. Luego, volví a tomar valor y seguimos viaje.

    El gondolero imaginario no pudo suspender su lámpara en lo alto de su embarcación, porque seguía diluviando… me consolé escuchando a Roberto Carlos en la radio y manejé despacio sobre Zavala Cue, adivinando baches, lomos de burro y troncos flotadores debajo del agua que bajaba con una fuerza y velocidad increíbles. Por fin pude ver la cúpula de la Basílica de San Marcos… ah no, era nomás el edificio de La Nación. Pero me sentí muy aliviada.

    Por Milia Gayoso Manzur

    http://www.lanacion.com.py/articulo/163542-cronica-de-un-paseo-por-venecia.html

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    Publicado por Anónimo | 05/05/2014, 9:24 am
  34. Recuperación del centro histórico

    Estas instituciones, junto con el Colegio de Arquitectos del Paraguay y la Asociación de Arquitectos, han resuelto impulsar el Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción, un marco legal y técnico para la recuperación plena y la promoción del área histórica y culturalmente más importante de la capital. Mabel Causarano, secretaria de Cultura, señaló que varias “líneas de trabajo, desde el medio ambiente, la economía, la cultura y el turismo van a estar expresadas en este Plan Maestro”. Por su parte, Julio Samaniego, director general de la Franja Costera y Reconversión del Centro Histórico de Asunción, declaró al término de la firma de la alianza que el centro histórico “no será solo un mausoleo sino que se darán verdaderas intervenciones en lo urbanístico, ambiental cultural, económico y turístico”. Un aspecto sumamente positivo de esta excelente iniciativa es la apertura de un concurso de ideas a través del cual la ciudadanía podrá acercar sus inquietudes y sugerencias en torno a este proyecto que pretende una verdadera revolución en la capital.
    A pesar de su enorme valor arquitectónico e histórico, el centro de Asunción no solo no explota sus grandes potencialidades sino que además se encuentra en un estado prácticamente de abandono. Cualquiera que haga un breve recorrido por las calles del centro verá antiguas casas deshabitadas y descuidadas, viejas fachadas derruidas o descascaradas y que no reciben una mínima de labor de mantenimiento desde hace años. Ni siquiera las edificaciones públicas o los monumentos se libran de esta tónica. Los espacios públicos –donde alguna vez se paseaban familias asuncenas o turistas extranjeros– son cada vez más sucios, descuidados, mal iluminados y ganados por delincuentes. El microcentro, histórico ámbito de reunión social y de expresiones culturales, se convierte en un desierto hostil cuando cae la noche o en los días no laborables. Escenario de los más trascendentales acontecimientos de nuestra historia, testigo del paso de modas y tendencias arquitectónicas, patrimonio cultural de la nación, el casco histórico de Asunción fue objeto durante mucho tiempo de una tan cruel como irreversible depredación y venía sufriendo hasta hoy de la indiferencia y la desidia de autoridades nacionales y municipales. No se han salvado del abandono las antiguas y ostentosas residencias en su momento lujosas, los viejos comercios tradicionales y ni siquiera los edificios y monumentos públicos que señalan y singularizan nuestra identidad.
    Existe una gran cantidad de ejemplos de ciudades que han conseguido congeniar el crecimiento económico y la expansión edilicia con el respeto, el rescate y la promoción de sus espacios históricos, generalmente reconvertidos en zonas de intensa vida cultural, artística, gastronómica y social. Este es precisamente el desafío para Asunción: proteger su rico patrimonio histórico y arquitectónico, transformándolo en un nuevo foco de atracción para sus propios ciudadanos, para el turismo y para los inversionistas. Para que el centro histórico recobre su brillo no bastan unas manos de pintura o alguna otra medida cosmética similar, sino que es preciso aplicar un plan que apunte a repoblar el lugar.
    El acuerdo entre las instituciones antes mencionadas marca un punto de inflexión en la historia de nuestra capital. El consenso político para llevar adelante los cambios que necesita Asunción es quizás solo el primer paso, pero es un avance que no se había logrado antes.

    http://www.lanacion.com.py/articulo/162536-recuperacion-del-centro-historico.html

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    Publicado por jotaefeb | 20/04/2014, 8:26 am
  35. Desagüe pluvial y tránsito

    Con la aprobación de la Ley de Capitalidad en la Cámara de Diputados, Asunción ha dado un gran paso adelante en el objetivo de conseguir los recursos necesarios para impulsar obras de infraestructura largamente demoradas. Falta ahora el visto bueno de la Cámara de Senadores, aunque es improbable que esta iniciativa encuentre obstáculos. Con esta legislación, el municipio capitalino recibirá en transferencia por parte del Estado cerca de G. 150.000 millones que serán utilizados en nueve proyectos que constan en el documento aprobado por los diputados.

    La mayor parte de estas obras se enfocan en dos ejes esenciales para Asunción: la ampliación del sistema de desagüe pluvial y el mejoramiento del tránsito automotor. Son insistentes y cada vez más numerosas las quejas y reclamos de los asuncenos en torno a estos dos temas.

    La más mínima lluvia pone en evidencia las terribles deficiencias del desagüe pluvial. La circulación de los vehículos se vuelve prácticamente imposible en muchas de las principales arterias, en tanto que existen barrios enteros que quedan aislados por el anegamiento de las calles y los raudales. Las tormentas más copiosas simplemente hacen colapsar la ciudad, demorando o deteniendo la normal actividad de los ciudadanos. Se han registrado muertes incluso debido a los raudales que se forman con el agua caída.

    La Municipalidad de Asunción tendrá la oportunidad de abandonar la histórica política de “parches” –medidas paliativas que a la larga solo agravan las dificultades– y emprender planes que ataquen la raíz de los problemas urbanos. Con los recursos provenientes de la Ley de Capitalidad y con el cobro de las deudas atrasadas que tiene muchas instituciones del gobierno central con la comuna se pueden financiar las obras que verdaderamente se necesitan, las soluciones que van al fondo de los problemas y que no se quedan sencillamente en la superficie. Por distintas razones, se tiende a dar mayor importancia a las iniciativas más notorias y de impacto paisajístico, como la avenida Costanera o las áreas adyacentes al río, pero se dejan en el olvido proyectos que si bien no tienen el brillo ni la visibilidad de los mencionados, pero que son absolutamente necesarios para un crecimiento ordenado y para el bienestar de la población, como el desagüe pluvial y el alcantarillado sanitario. Las obras para el desagüe pluvial –que son responsabilidad de la comuna– deben encararse en coordinación con la Ande y la Essap a fin de evitar la superposición o interferencia de los trabajos de las distintas instituciones, algo que hoy en día todavía ocurre con frecuencia. La ausencia de instancias permanentes de coordinación entre los organismos del gobierno local y del gobierno nacional entorpece y dilata la ejecución de obras claves para la población.

    El crecimiento exponencial del parque automotor –con la circulación de una enorme cantidad de motocicletas y vehículos usados– ha colocado al borde del colapso al tránsito en Asunción y el área metropolitana. El tráfico automotor en la capital y las ciudades aledañas lleva muchos años arrastrando problemas crónicos que no serán resueltos de la noche a la mañana. Sin embargo, para hacer más fluido y funcional el tránsito no basta con la apertura de nuevos accesos rápidos a la capital y la habilitación de caminos alternativos. La clave de este problema es un transporte público de pasajeros eficiente, limpio y en funcionamiento en todo tiempo. Los buses chatarra son comprobadamente una de las causas del caos y el colapso del tránsito.

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    Publicado por jotaefeb | 19/04/2014, 9:18 am
  36. ¿Concejales o verdugos?

    A propuesta del concejal liberal Pablo Faccioli, la Junta Municipal de Asunción declaró “persona no grata” a la directora del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, la señora Maris Llorens. Pidieron al intendente Arnaldo Samaniego que la remueva del cargo y lo chantajean con dejar de estudiar los expedientes que envíe la Intendencia relacionados a esta persona.

    De este modo, los concejales de Asunción, muchos de los cuales dicen ser defensores de la fauna, la flora y la ciudadanía, podrían dejar sin provisiones o medicamentos al Zoológico, sin importarles que los animales mueran de hambre. La disposición es desde todo punto de vista ridícula, improcedente y traída de los pelos.

    El enojo de los integrantes de la otrora Honorable Corporación Legislativa surgió a raíz de un altercado que tuvieron los ediles Hugo Ramírez (ANR) y Félix Ayala (PLRA) con los guardias del Parque que no autorizan jugar fútbol fuera de los sectores permitidos, tal cual lo establece el Plan Maestro del Jardín Botánico y Zoológico, aprobado por Ordenanza 81/98.

    Los jardines botánicos surgieron en Europa durante el Renacimiento (siglos XV y XVI) tomando como referencia los pequeños jardines enclaustrados de la Edad Media. Aunque existen anteriores, el considerado como primero es el de Montpellier, Francia, creado en 1593. La gran mayoría de estos jardines surgió al amparo de las universidades. De hecho, sus fines son el “estudio, conservación y divulgación de la diversidad vegetal”.

    El Jardín Botánico de Asunción se creó hace 100 años, en 1914, y es considerado Patrimonio Nacional, Histórico, Ecológico y Científico. Originalmente, tenía 450 hectáreas, luego desmembradas y repartidas a lo largo del tiempo por culpa de autoridades municipales incompetentes. Hoy apenas le quedan 250 hectáreas que deben ser utilizadas de la mejor forma como principal pulmón asunceno.

    El área deportiva del Botánico está bien delimitada, no se puede jugar a la pelota en los jardines históricos, en el patio de la Casa Alta de los López, en la Casa Baja, donde funciona el Museo de Historia Natural, ni mucho menos en la reserva forestal. Toda actividad fuera de su sector no se debe permitir, incluyendo los festivales y asadeadas.

    ¿Quién se atrevería a jugar fútbol en el Jardín Botánico de Curitiba, Buenos Aires o Río de Janeiro? Quien quiere ir a parar a la cárcel, que haga la prueba.

    Incluso, las caminatas no pueden hacerse fuera de los senderos porque el pasto queda como una telaraña de surcos abiertos. Lo que los legisladores asuncenos deberían hacer es conversar con la directora y benefactora Maris Llorens, tal como propuso Carlos Galarza (FG) apoyado por Gustavo Lird y Rafael Villarejo (PPQ). De este modo, ayudarán a mejorar el Botánico y no se convertirán en verdugos de uno de los pocos paraísos naturales de Asunción.

    Y si van a nombrar “persona no grata” a todos aquellos que les critiquen o cuestionen en su gestión, deberían empezar a repartir pergaminos a todos los contribuyentes, que por cierto les costean la dieta. Quien más quien menos tiene un reclamo que hacerles, y con justa razón.

    Por Pedro Gómez Silgueira

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/concejales-o-verdugos-1234698.html

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    Publicado por jotaefeb | 19/04/2014, 9:10 am
  37. Chapuzas

    Una larga cola de vehículos, propia de esas películas en las que una marea de automóviles, camiones, motos y ómnibus –y cada tanto algún carrito tirado por caballos– se mueven a paso de tortuga. Enormes baches cubiertos de charcos en los que se precipitan las ruedas propinando golpazos a los usuarios y bañando a los peatones. Nubes de mosquitos que ingresan por las ventanillas. Tedio. Nerviosismo. Calor húmedo. Sopor de mediodía.

    Son los ingredientes que conforman el suplicio diario de los usuarios de la avenida Artigas, uno de los accesos más importantes al centro de Asunción, desde que la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) inició los trabajos de Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario a través del Consorcio Asupar, representado por Francisco Maioli.

    A los obreros muy poco se los ve y los fines de semana solo las moscas revolotean en el sitio de los trabajos. No hay obra que avance ni concluya bien y pronto en estas condiciones.

    La precariedad con que se realizan trabajos de envergadura habla bien poco o nada de encarar con seriedad una obra pública y solo demuestra una gran chapucería. Más aún cuando de separador de carriles hacen unos tambores abollados y despintados. Como protectores de los boquetes abiertos se usan mallas rotosas. Con el agravante de que por la noche se vuelven todo un peligro, pues prácticamente no se los ve.

    Para decoración nunca faltan carteles con las leyendas “hombres trabajando” o “zona de obras”.

    En otros países las obras públicas se realizan como debe ser, de la forma más ordenada y pulcra. Se trabaja de día y noche, e inclusive los fines de semana y domingos para apurar la rehabilitación de una avenida importante. Por demás, se establecen buenas alternativas de circulación con señales luminosas y todos los recaudos necesarios.

    Atravesar el nudo de la Avda. Artigas y General Santos lleva 60 minutos en horas pico y un poquito menos en el resto de la jornada. El tedio en el tránsito influye negativamente en los trabajadores, tanto para quienes se dirigen a sus puestos laborales como para quienes están regresando a sus casas para descansar.

    Esto todo el mundo lo sabe, menos las autoridades municipales y los responsables de las empresas públicas y contratistas.

    No es posible que en la capital de la República se siga trabajando como se haría en el más remoto pueblo del interior y con albañiles de media cuchara.

    Las instituciones públicas y empresas de servicios debieran tener mayor cuidado y esmero en la ejecución de los emprendimientos. Ya dice el refrán, “obras son amores y no buenas razones”.

    Los ciudadanos de Asunción y los visitantes merecen respeto de parte de las autoridades y de quienes causen perturbaciones en la vía pública, aunque los fines sean los más nobles y beneficiosos para la ciudad. Por lo menos, deberían pedir disculpas por las molestias y la indignación ocasionadas.

    Por Pedro Gómez Silgueira

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/chapuzas-1232289.html

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    Publicado por jotaefeb | 10/04/2014, 4:47 pm
  38. Calidad de gestión en los municipios

    A pesar de que son los más cercanos a la vida cotidiana de la gente y que quienes acceden a esas instancias son conocidos casi directamente por los ciudadanos, los gobiernos municipales en nuestro país adolecen de las mismas deficiencias y vicios de la administración central.

    Resulta asombrosa la pasividad con que la mayor parte de la ciudadanía reacciona delante del enriquecimiento ostentoso e inexplicable de muchos de los que se eligen como autoridades en las diferentes ciudades. El caudillo o cacique partidario que hasta hace poco iba llevando con esfuerzo la vida se convierte de pronto en el nuevo potentado del barrio y la ciudad. Este fenómeno –el crecimiento a todas luces injustificable del patrimonio de intendentes y concejales– es especialmente notorio en los municipios pequeños. Pero además de la corrupción y la venalidad –comunes en todas las instancias administrativas de nuestra estructura jurídica y política–, existe también un problema muy serio de desidia y gestión negligente.

    Se pueden mencionar varios casos emblemáticos a nivel municipal en este sentido, los cuales constituyen pruebas patentes de la urgente necesidad de profundas transformaciones en la política local y en los mecanismos de control sobre las autoridades municipales. El combate contra el dengue es un claro ejemplo. Los municipios –antes incluso que los organismos del Gobierno– deberían ser los responsables de organizar y movilizar a los vecinos para limpiar los barrios de cada ciudad.

    Los gobiernos comunales son los que tienen una mayor cercanía con los ciudadanos, con sus grupos, clubes, asociaciones y cooperativas. La mayoría de los gobiernos municipales desarrolla planes y programas de trabajo con comisiones vecinales que van desde el arreglo de plazas y el empedrado de calles hasta la realización de actos de solidaridad o festivales artísticos. Por la naturaleza de sus funciones, son las autoridades municipales las que tienen un contacto más estrecho con la población y sus necesidades.

    En fin, el combate al dengue no puede sino diseñarse y canalizarse a través de las municipalidades. Sin embargo, por lo general son los gobiernos municipales los grandes ausentes de las campañas lanzadas por el Ministerio de Salud o cuando se impulsa la articulación con el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público para lograr mayor eficacia en los planes de lucha contra la enfermedad.

    Otro caso todavía más escandaloso son los recursos del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide) que debían destinarse a la mejora de la infraestructura educativa canalizados a través de los gobiernos municipales. Más de un parlamentario ha denunciado la mala utilización del dinero transferido desde este fondo a las municipalidades.

    El diputado Víctor Ríos, ex ministro de Educación, llegó a afirmar que conoce casos de intendentes que han adquirido estancias y ganado con estos fondos públicos. En once meses se repartieron US$ 60 millones a 246 municipios sin que se vea el más pequeño avance en las escuelas y colegios de las ciudades beneficiadas. Los mismos funcionarios del Ministerio de Educación aseguran que un recorrido por las instituciones del interior sirve para comprobar que ese dinero fue a parar a otra parte.

    Los gobiernos municipales muestran una completa ineficiencia en la atención de problemas urbanos básicos, como el cuidado de calles y espacios públicos y la recolección de basura. Pero si a eso se agrega el despilfarro de millones de dólares que debían emplearse en mejorar la educación la cuestión empeora hasta límites intolerables.

    Para la superación de la pobreza y el atraso, la calidad de la política paraguaya debe mejorar sustancialmente mediante una profunda renovación ética que apunte a la excelencia en la gestión pública para beneficio de todos.

    http://www.lanacion.com.py/articulo/152781-calidad-de-gestion-en-los-municipios.html

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    Publicado por Anónimo | 14/01/2014, 9:11 am
  39. MOPC y municipalidades violan la Constitución y las leyes

    En el marco de un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú hizo asfaltar cuatro cuadras adoquinadas de su principal avenida, que cruza el casco histórico de la ciudad. El acuerdo era asfaltar 40 cuadras empedradas, pero, como solo había 36, la Junta Municipal autorizó al intendente a pavimentar las cuatro restantes, pese a que sus adoquines se hallaban en buen estado.

    Más allá de que la obra fuera innecesaria, de que afecta al paisaje urbano y de la torpeza que implica planear el asfaltado de más cuadras empedradas de las existentes, el emprendimiento fue realizado con fondos del MOPC y tuvo evidentes fines electorales. Sin perjuicio de que también se haya podido aprovechar la ocasión para apropiarse ilícitamente del dinero público, claro. Además de haber violado notoriamente leyes vigentes.

    El acuerdo del 14 de noviembre último entre el MOPC y 88 municipalidades, para que el ministerio financiara el asfaltado de 388 kilómetros de calles y las comunas las señalizaran, violó el art. 168 de la Carta Magna, según el cual estas tienen la libre gestión en materias de su competencia, particularmente en la de urbanismo; el art. 12 de la Ley Orgánica Municipal (LOM), que dice que construir y mantener las calles y avenidas es una función de las municipalidades, y los arts. 13 y 14 de la Ley Orgánica del MOPC, que encargan a ese ministerio la construcción y el mantenimiento de los caminos nacionales y vecinales. Aunque el art. 16 de la LOM prevé que se deleguen por convenio competencias nacionales o departamentales en las municipalidades en materias que afecten a sus intereses, con este acuerdo se hizo lo contrario: un órgano nacional ejerció la competencia municipal de asfaltar calles y avenidas. Mientras el art. 16 apunta a la descentralización, este acuerdo, al delegar una competencia municipal en un órgano nacional, implicó una centralización.

    La irresponsabilidad de los involucrados en el acuerdo resulta evidente a la luz de los arts. 166 y siguientes de la LOM. Allí se crea un fondo especial para la pavimentación y las obras complementarias, constituido por una contribución especial de los dueños de inmuebles y de rodados, así como por fondos municipales, transferencias de royalties y compensaciones de Itaipú y Yacyretá, más los empréstitos a definirse en el presupuesto municipal. ¿Cuentan las municipalidades con ese fondo especial? En todo caso, los recursos del MOPC no lo integran.

    La municipalidad debe elaborar un plan quinquenal de pavimentación, basado en un relevamiento técnico, en el interés general y en las estimaciones financieras de ese fondo especial, actualizado anualmente y cuya ejecución esté incorporada en el presupuesto municipal. ¿Previeron las municipalidades el costo de conservación del asfaltado? Según la ley, debe ser cubierto por las contribuciones especiales de los dueños de inmuebles y de autovehículos de carga, fijadas en una ordenanza. ¿Se estudió la capacidad económica y la predisposición de esos dueños? ¿Se consultó a la ciudadanía antes de aceptar el “regalo” del MOPC?

    El emprendimiento, hecho a tontas y a locas, habría sido posible porque la Ley del Presupuesto General de la Nación previó fondos para pavimentar calles y avenidas en zonas urbanas, con lo cual violó la Constitución, la LOM y la Ley Orgánica del MOPC. Más aún, se opuso al art. 7°, inc. a, de la Ley de Administración Financiera del Estado, según el cual “en ningún caso los organismos y entidades del Estado incluirán en sus presupuestos recursos para desarrollar planes o programas que no guarden relación directa con sus fines y objetivos establecidos por la Constitución, la ley o sus cartas orgánicas”.

    Se utilizó el dinero que proviene de los contribuyentes de todo el país para beneficiar, aparentemente, a uno o más municipios, ignorando las funciones de los órganos municipales y nacionales. Se restringió la competencia de las municipalidades y se amplió la del MOPC. Se hizo caso omiso de la autonomía política, normativa y administrativa, así como de la autarquía de las primeras. Se atentó contra la descentralización, consagrada en el art. 1° de la Carta Magna.

    Las municipalidades deben realizar las obras públicas que necesiten con sus propios recursos, así como con las transferencias de royalties y compensaciones de las entidades binacionales. Al sancionar el presupuesto nacional, ¿estiman los parlamentarios, al menos, la solvencia financiera de la municipalidad y de los vecinos para sostener los gastos de conservación del pavimento?
    El Poder Legislativo no debe asumir tareas propias de una Junta Municipal, y el Presidente de la República no debe asumir tareas propias de un intendente. En suma, se deben respetar la Constitución y las leyes.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/mopc-y-municipalidades-violan-la-constitucion-y-las-leyes-609071.html

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    Publicado por jotaefeb | 22/08/2013, 7:03 am
  40. Fusionar municipios, antes que crear otros nuevos

    La Cámara de Diputados acaba de rechazar el proyecto de ley que crea el municipio de Posta Ybycuá, una comunidad actualmente dependiente de Capiatá. Con buen criterio, el diputado Hugo Rubín dijo en la ocasión que, antes que crear nuevos municipios, se debería disminuir la cantidad de los existentes, una opinión que compartimos porque muchos de los actuales no reúnen los requisitos exigidos por ley para constituirse en tales.

    Sin embargo, la anterior Cámara de Diputados había aprobado en los últimos tramos de su gestión la “distritación” de Remansito (Villa Hayes) y tenía dictamen favorable para la creación de otros tres municipios.

    Si en 1992 había 207 municipios, hoy ya son 246. Seis de ellos fueron creados bajo la vigente Ley Orgánica Municipal (LOM) del año 2010, cuyo art. 2º fija las condiciones que debe reunir el nuevo municipio. Entre ellas, debe tener al menos diez mil habitantes, salvo que el tamaño y la distribución poblacional aconsejen dividir un municipio para crear el nuevo, una capacidad económica bastante para sostener la administración comunal y los servicios municipales básicos, y una infraestructura con calles, escuelas, colegios, centro de salud, comisaría policial, oficina del registro civil y oficinas de los entes proveedores de agua y de electricidad. La gran mayoría de los municipios creados desde 1992, si no todos, estuvieron y siguen estando lejos de reunir esas características. En su momento, ni siquiera satisfacían las modestas exigencias de la LOM de 1987, como la de tener una población mínima de solo cinco mil habitantes. En realidad, como las leyes son de igual rango, la que creara un municipio podría ignorar la LOM, sin ser por ello inconstitucional.

    El nacimiento de un municipio suele responder al deseo de los dirigentes políticos locales de administrar impuestos, tasas, royalties y ahora hasta recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). De paso, podrán disponer de un par de cargos a favor de sus allegados y cobrar un sueldo como intendente o una dieta como concejal, que les servirán para cubrir sus gastos menores, sin que el ejercicio de sus funciones les insuma mucho tiempo. Por lo demás, esos cargos electivos confieren cierto prestigio. Lograr que el pedido de “distritación” sea firmado por mil vecinos, como lo requiere la LOM, es lo de menos. Es irrelevante que la comunidad no pueda costear la administración municipal y la provisión de servicios básicos, ni que carezca de una infraestructura urbana mínima, como exige la ley. Se supone que todo eso vendrá después. Una de las razones alegadas para crear un municipio es, justamente, que solo así la compañía o colonia tendría lo que la ley exige que preexista a la creación. Es decir, un procedimiento al revés de la exigencia legal. Por de pronto, se reduce la capacidad financiera del “municipio madre”, con lo cual la provisión de servicios básicos se resiente y la autarquía dispuesta por la Constitución se torna aún más ilusoria. Como el nuevo municipio carece de suficientes recursos económicos propios, no podrá bastarse a sí mismo y dependerá de las demoradas transferencias del Ministerio de Hacienda.

    Se podrían invocar las grandes distancias para independizar una comunidad muy alejada del casco urbano. Sin embargo, parece más aconsejable potenciar las marginadas Juntas Comunales de Vecinos para que realmente colaboren con la Intendencia Municipal en el cobro de tributos, en la realización de obras comunitarias y en la prestación de servicios básicos.

    Atendiendo el factor geográfico, justamente, habría que hacer una reforma territorial para revisar los límites de aquellos municipios que tienen compañías y colonias muy distantes del asiento del gobierno comunal. Dado que muchas veces ellas están más cerca de la zona urbana de un municipio contiguo, una revisión de los límites permitiría acortar las distancias entre la administración y los vecinos.

    Ninguna compañía o colonia debería estar más alejada del área urbana de su propio municipio que del área urbana de otro. Esta reforma no sería ni más radical ni más nociva que la creación de un municipio a costa de otro. La delimitación territorial debería fundarse en la racionalidad antes que en la tradición.

    En vez de disgregar municipios y multiplicar así unas administraciones locales que no puedan cumplir correctamente sus funciones, habría que fusionarlos cuando la cercanía y las vías de comunicación lo permitieran. Si hay compañías y colonias que integran un mismo municipio aunque estén separadas por decenas de kilómetros, bien podrían unirse dos o más municipios cuyas zonas urbanas estén muy próximas, como los de la Gran Asunción o los de Encarnación y Cambyretá. La fusión permitiría aumentar la capacidad financiera municipal, reducir los gastos administrativos –un solo aparato administrativo sería menos costoso que dos– y abaratar los servicios esenciales, considerando la economía de escala. Si la fusión no fuera posible por motivos políticos y emocionales, habría que alentar una estrecha asociación entre los gobiernos de los municipios colindantes, plenamente urbanizados, para abordar tareas tales como la recolección y el tratamiento de residuos, la prevención de la contaminación ambiental o la organización y el mantenimiento de centros de abasto y de sistemas de desagüe pluvial. La Asociación de Municipalidades del Área Metropolitana (Amuam) podría hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. No obstante, es un modelo que podría ser imitado en el área Ciudad del Este- Presidente Franco-Hernandarias, donde los intereses comunes deberían prevalecer, por cierto, sobre la absurda cuestión limítrofe surgida entre las dos primeras ciudades. En cualquiera de los casos, habría que reforzar las organizaciones vecinales.

    En las últimas dos décadas se crearon municipios que no pueden mantener una buena administración, dotarse de servicios comunales básicos y tener una mínima infraestructura urbana. Solo unas municipalidades fuertes podrán cumplir cabalmente las funciones que les dan la Constitución y la LOM. El diseño territorial influye en la capacidad de gestión y está ligado a esa importante fuente de recursos municipales que es el impuesto inmobiliario. Habría que empezar a discutirlo seriamente, en vez de seguir generando municipalidades débiles para beneficio, a lo sumo, de los caudillos locales. La ley también puede servir para unir municipios y cambiar sus límites, en función de la calidad de vida de los vecinos.

    Es plausible, pues, que la nueva Cámara de Diputados, por lo menos en esta materia, ponga fin a la tendencia de la anterior de dar rienda suelta al clientelismo político en desmedro de las leyes vigentes.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/fusionar-municipios-antes-que-crear-otros-nuevos-600341.html

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    Publicado por jotaefeb | 31/07/2013, 9:07 am
  41. Intendentes que renunciaron

    Cuando los ciudadanos expresan su voluntad en las urnas, votan a sus candidatos para cargos específicos: presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados, intendentes o concejales. Los electores, por lo tanto, los votan confiados en que han de cumplir un buen papel en las funciones para las que se postularon.

    Sin embargo, hay intendentes que en los pasados comicios generales presentaron renuncias a sus cargos para postularse a bancas en el Congreso. Tales son los casos de los intendentes de Yby Yaú (Departamento de Concepción), Villa Florida (Misiones), Ñemby (Central), Curuguaty (Canindeyú) y José Leandro Oviedo (Itapúa).

    La ley establece que si los titulares de los ejecutivos comunales renuncian antes de que se cumplan los tres primeros años de su gestión, la autoridad electoral está obligada a organizar nuevos comicios.

    Ante esta situación, el TSJE convoca a nuevas elecciones para el 8 de setiembre en los municipios citados, con el propósito de elegir en las urnas a los sucesores de los que renunciaron. Por lo tanto, esa institución está obligada a organizar el proceso que desemboque en la votación y a solventar los gastos que ello conlleva.

    A pesar de que la situación creada se enmarca dentro de lo que mandan las leyes, es evidente que no resulta saludable para la salud de los gobiernos locales. A un intendente se lo elige para un periodo completo de gobierno por determinadas cualidades, promesas hechas a los electores y con la esperanza de que su gestión implicará un mayor bienestar para los que viven en sus municipios.

    Si en algún momento de su gestión cambia de ambiciones políticas y se postula para otros cargos presentando su renuncia, traiciona la voluntad popular y envía a sus electores el mensaje de que su decisión no ha servido para mucho. Es una falta de respeto a los que confiaron en que iba a hacer un buen gobierno dentro de la comunidad.

    Aun cuando las normas permitan dar la espalda a la voluntad popular, no es menos cierto que la clase política en el poder es la que aprueba ese tipo de actitudes al incluirlos en sus listas de aspirantes al Parlamento. Si las cúpulas partidarias hubiesen impedido esa práctica a sus correligionarios, hoy el TSJE no se hubiera visto forzado a desembolsar dos veces fondos para comicios en un mismo municipio.

    Al haber dos intendentes en un periodo, se desnaturaliza el sistema democrático, que otorga un tiempo razonable a cada administrador para que ejecute sus proyectos de gobierno.

    La realidad de los intendentes que estafan a sus electores debe llevar a pensar en la modificación de las normas, para impedir que continúe la práctica de ser electo como intendente y renunciar luego para correr detrás de otro cargo.

    http://www.ultimahora.com/intendentes-que-renunciaron-n707016.html

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    Publicado por jotaefeb | 31/07/2013, 9:06 am
  42. APOYO A LA EMPRESA EMPO

    Me dirijo a ÚH como una pobladora villahayense, con relación a la publicación del día 01-09-2011, con el título “Aclaración de la empresa Empo”, apoyando las afirmaciones del licenciado Enrique Ortuoste.

    No es la primera vez que los recicladores que trabajan en El Farol SA, aglutinados en una llamada organización Frente Social Ciudadano, acuden a supuestas movilizaciones fuertemente armados y en patotas, dirigidos siempre por su nefasto dirigente Lorenzo Alfonzo, empleado de Adelaida Cañete, dueña del Farol SA, que dice defender su derecho como poblador remansiteño.

    Totalmente falso de toda falsedad, porque el ya no vive en el lugar. Junto a su patrona lo único que buscan es que la empresa Empo no pueda ingresar, ni trabajar en Villa Hayes no a favor del medio ambiente, sino a favor de sus intereses económicos y personales.

    Todas las afirmaciones del licenciado Ortuose sobre las amenazas son ciertas, ya que en Villa Hayes las autoridades parecen estar ciegas, sordas y mudas, cuando se refiere al Farol.

    Todos tenemos derecho a trabajar dignamente y a ser tratados con justicia. Sin otro particular me despido atentamente.

    María Luisa Ayala Oheda

    CI n.º 1.709.409

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    Publicado por jotaefeb | 14/09/2011, 6:12 am
  43. Invasión publicitaria

    Sentí una especie de alivio personal cuando vi que retiraron los carteles inmensos de publicidad en la avenida Mariscal López, porque –a pesar de que la muralla pelada por debajo es horrible– consideraba a esos carteles como una invasión de nuestro espacio visual.

    Sinceramente, no sé qué les pasa a nuestras autoridades que no regulan esta cuestión de la publicidad en la vía pública y no se dan cuenta de que causan estrés, pueden causar accidentes y, sobre todo, son una invasión del cielo, el aire, el campo visual. ¿Qué espacio les resta por vender a los que están siempre ávidos de lucro? Larissa Riquelme vendió hasta su entreseno y luego uno de sus senos, tatuándose la marca de un desodorante.

    Cuando enviamos un correo electrónico, nos bombardean con publicidad y queda claro que lo que escribimos no es privado porque se escanea el contenido y a partir de allí se generan los correos electrónicos para recomendar publicidad enlazada al contenido. Por ejemplo, si escribo “Buenos Aires”, inmediatamente en la columna de al lado me aparecen mensajes de tipo: “Hoteles en Buenos Aires”, “Pasajes en Buenos Aires”.

    Incluso nuestros hijos en las escuelas son usados como vehículos publicitarios, porque en el Día de la Madre del colegio nos mandan una foto de ellos en un portarretratos de una marca de cosméticos. ¿Quién tiraría la foto de su hijo? Es muy perverso hacer eso.

    Ni qué decir en los noticieros, cuando cada dos palabras nos cuentan que toman leche tal, jugo cual, que se comunican con tal empresa y así.

    ¡Por favor! Que alguien regule esta situación y nos dejen de considerar máquinas de consumo. El bombardeo es insoportable y no nos deja paz.

    Andrea Pereira

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    Publicado por jotaefeb | 03/07/2011, 6:21 am

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