La corrupción es un vicio característico del sector público, que es donde nació, se arraigó y encontró sus reglas y mecanismos de funcionamiento. Pero tiene un largo tentáculo en el sector privado, desde donde provienen las tentaciones y las ofertas que la mantienen como vicio fuerte y saludable, y alejado de las posibilidades de ser erradicado por quienes vanamente se empeñan en ello.
“La sociedad civil necesita adquirir plena conciencia de que la corrupción de empresas es el origen de muchos otros problemas sociales, de desarrollo y de problemas ambientales”, decía Carneiro Magri, del Instituto Ethos, en una reciente conferencia.
Citó que, solamente en países en desarrollo, los sobornos que se pagan a políticos y funcionarios de gobiernos corruptos oscilan entre 7.000 y 40.000 millones de dólares al año.
En nuestro país se hizo costumbre que la iniciativa en los actos administrativos viciados de corrupción arranque del mismo sector público, que es el que pone las condiciones y arregla los procedimientos para que las coimas y sobornos desaparezcan en los pliegos, contratos y facturas.
Por lo general, el sector privado se limita a seguir los pasos que se le indican, pero aportando lo sustancial: el provecho económico marginal o indebido.
En nuestra experiencia nacional, sabemos bien que la empresa o persona concursante que no se aviene a las condiciones que se le imponen, en lo que se refiere a métodos corruptos, muy pocas posibilidades tiene de ganar licitaciones, concursos y contratar con una entidad pública. En ciertas circunstancias, son las mismas empresas concursantes las que ofrecen los “estímulos” para que algunos proyectos de obras o servicios, completamente superfluos, sean contratados a costos super onerosos.
Un tercer personaje que suele aparecer en los procesos económicos administrativos ilícitos son los sindicalistas. Estos personajes son dirigentes del sector laboral estatal que, por la índole de sus tareas y por su presencia en la actividad cotidiana de empresas y oficinas estatales, no pueden desconocer el mecanismo del vicio tal como campea en ellas.
Nadie está en mejor posición que los sindicalistas de empresas y oficinas públicas para develar y denunciar los actos de corrupción; nadie podría tener acceso más expedito que ellos a las pruebas y otras evidencias necesarias para darles publicidad, combatirlos y desterrarlos, pero raramente lo hacen, lo cual induce a sospechar que sus dirigentes forman también parte de la rosca que se beneficia con los sucios negociados que esquilman las arcas del Estado.
La conclusión que podemos obtener de estas consideraciones es casi automática: que la corrupción es un mal que no puede ser combatido eficazmente sino entre todos, principalmente entre sus tres grandes promotores y beneficiarios: los administradores del Estado, el sector privado que contrata con ellos y los sindicatos de funcionarios públicos.
Pero estos son, precisamente y ahora mismo, las personas a quienes menos conviene erradicar esas prácticas corruptas que tanto daño causan a las posibilidades de progreso de nuestro país.
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
El buen ciudadano debe denunciar a los corruptos
Una vieja lacra que nuestro país mantiene, soporta y, por supuesto, financia, es el hábito de aquellos funcionarios públicos que adoptan la viciosa convicción personal de considerarse y comportarse como dueños de los organismos del Estado confiados a su administración.
Esto deriva de la época del stronismo, cuando era solo Stroessner quien designaba a los titulares de los principales organismos del Estado, desde ministerios hasta presidencias de empresas públicas descentralizadas y consejos de entes varios, y nadie se atrevía a discutir su decisión aun cuando estuviera signada por la equivocación o el parcialismo más notorio.
Así estuvieron, atornillados a sus sillones durante décadas y décadas, despreciables personajes que a la larga acabaron identificados en cuerpo y alma con el inicuo régimen stronista y aparecían como propietarios de las instituciones que presidían, tales como Delfín Ugarte Centurión en el Ministerio de Industria y Comercio, César Barrientos en Hacienda, “Manito” Duarte en Antelco, “Papacito” Frutos en el Instituto de Bienestar Rural, César Romeo Acosta en el Banco Central, Hugo Dejesús Araújo en el IPS, y tantos más. Hábito que prosiguió durante algún tiempo después del derrocamiento de ese régimen, con personajes reconvertidos falsamente a la democracia, tales como “Icho” Planás en Obras Públicas, Walter Bower en Interior, Nelson Argaña en Defensa, y otros que, durante el coloradismo post-stronista, se sucedieron en ministerios y jefaturas del Poder Ejecutivo.
Como el mal ejemplo cunde con facilidad, tantos funcionarios los imitaron que se diría que llegó a formarse una “escuela de gestión stronista”.
Confundieron los bienes públicos con los suyos, daban órdenes “superiores”, arbitrarias o intempestivas; destituían o imponían subalternos de acuerdo a su capricho o conveniencia; malversaban sin pudor; robaban o dilapidaban recursos estatales en gastos de campañas electorales, mítines o manifestaciones de loas al mandamás de turno. Los más descarados hasta construyeron sus casas y sus estancias con materiales, vehículos y mano de obra proporcionados por entidades gubernamentales.
Lamentablemente, esto no cambió en la medida deseada desde que los colorados corruptos del stronismo fueron desalojados del poder. No pocas de estas malas costumbres campean todavía, por el simple motivo de haberse incorporado el cáncer moral stronista al sistema mismo de la administración pública, del cual va a ser extirpado o por lo menos disminuido solamente si la ciudadanía coopera en la tarea.
Además, hay otro motivo bastante obvio: la tal conducta, consistente en apropiarse de la administración de los bienes de organismos públicos y hacerlos rendir para provecho particular, redunda siempre en grandes beneficios no solamente para quienes lo perpetran de modo directo, sino para los que están más arriba y comparten el “proyecto”, la mayoría de ellos con conocimiento o, directamente, con la complicidad de los más altos jefes.
Con este método se continúan dotando a sí mismos de recursos los movimientos, grupos y partidos políticos, financiando sus organizaciones, manifestaciones, publicidad, equipamiento, gastos de proselitismo y un sinfín de actividades políticas particulares que, de otro modo, tendrían que ser pagadas con el dinero de los beneficiarios de ellos. He ahí, a la vista y paciencia de la ciudadanía, por ejemplo, el modus operandi de la ya famosa caja de los “Gastos Sociales” de Itaipú Binacional.
Este pernicioso modo de hacer política es uno de los puntos más llamativos para quienes nos observan desde afuera y nos juzgan con calificativos que no nos enorgullecen. Y los funcionarios públicos subalternos, así como sus sindicatos, pese a conocer perfectamente todo este vicioso modo de administrar sus instituciones (puesto que son testigos directos), optan por el silencio cobarde o forman parte de la rosca, aun cuando los malversadores y abusivos sean de otro partido, porque piensan que mañana muy bien podría volver a tocarles a ellos la oportunidad de hacer lo mismo, protegidos por idéntico silencio cómplice.
Nuestro país continúa sufriendo de esta manera la pesada herencia de inmoralidad legada por el stronismo. Todos los paraguayos y paraguayas debemos poner empeño y voluntad política para volver a encauzar a nuestra administración pública en el sendero en el que don Manuel Franco, don Eligio Ayala o don Eusebio Ayala quisieron dejarnos encarrilados.
Es preciso realizar el esfuerzo de exorcizar al Estado de los demonios de la corrupción encarnados en la conducta de los jefes administrativos y su inmoralidad, empotrados en la administración pública del país.
Denunciar por los medios de comunicación debe ser la tarea de la nueva ciudadanía, la que en verdad quiere “un cambio”, sobre todo de la que es joven y limpia de vicios pasados, que cree en sus fuerzas y aspira verdaderamente a un futuro mejor para todos.
21 de Julio de 2011
http://www.abc.com.py/nota/el-buen-ciudadano-debe-denunciar-a-los-corruptos/
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La idoneidad y la honestidad son requisitos esenciales para los que ejercen la función pública
La función pública, aunque haya sido aceptada por quien la ejerce, es una carga, y ha de ser desempeñada sin mácula. El funcionario público, no importa quién lo haya nombrado, está en su puesto para servir a las personas a las que debe exclusivamente toda su lealtad. Ninguna consideración personal ni partidaria puede modificar el hecho de que el funcionario es servidor público sin distingos, y que maneja bienes ajenos. Ninguno de ellos -no importa cuáles sean sus méritos- puede olvidar que su situación es siempre la de un empleado que debe rendir cuentas a su empleador: el pueblo.
Dos son los requisitos fundamentales para ser un buen funcionario: idoneidad y honestidad. Ambos son condicionantes y de ninguna manera pueden ser obviados. Una eminencia deshonesta es tan perniciosa o más que un honestísimo sin capacidad para su cargo.
La idoneidad puede ser presumida a través del currículum del postulante y de los títulos que presente; pero la honestidad es asunto que debe ser ratificado cotidianamente. Y si llega a surgir alguna duda razonable, se la ha de dilucidar de inmediato, suspendiendo inclusive las funciones del afectado hasta que se demuestre que sigue siendo honesto.
Cuando es conocida la situación económica anterior de un funcionario público, así como los progresos que pueda realizar con la remuneración que recibe, y sin embargo, el mismo va exhibiendo una posición económica que no concuerda en absoluto con esos datos, se puede pensar que la honestidad es un requisito ausente.
El crecimiento patrimonial injustificado puede ser prueba suficiente de que un funcionario que gana una cierta cantidad no puede poseer una residencia que cuesta varias veces más ni llevar un tren de vida que sobrepasa esa relación. Si lo hace, es porque está utilizando su cargo de servidor público en beneficio personal, lo cual es un delito con mayúscula y debe ser penado por esa transgresión.
El funcionario descubierto y señalado no debe continuar en su cargo. Para una nación, y más si se trata de una de recursos limitados, es un ejemplo negativo para todos el ver que la función pública convierta en magnates a los servidores públicos.
En nuestra administración pública, lamentablemente, hubo y hay funcionarios que habiendo sido antes personas de escasos recursos y modesto nivel de vida, se convirtieron en millonarios con un tren rumboso que suscita abiertamente el rechazo general.
Ningún cálculo, ninguna inteligencia, ninguna contracción al trabajo producen tales resultados si no media una deshonestidad ostensible. A juzgar por los resultados a la vista, hay funcionarios que han practicado de todo, desde el simple desfalco, hasta la más elaborada colusión, pasando por las comisiones, por adquisiciones y la manipulación de licitaciones públicas.
Estos funcionarios tienen que ser separados de sus cargos, no tanto por lo que la gente dice de ellos -que es mucho-, sino por la acusación que los mismos se hacen al evidenciar un patrimonio que honestamente jamás habrían podido concretar.
Los pilares fundamentales del progreso sostenido descansan en la decencia y honestidad prístina de los servidores de la República.
Si las instituciones no funcionan para sancionar a los funcionarios corruptos, es la ciudadanía la que debe erigirse en severos jueces para aplicar por lo menos sanciones morales. Para una sociedad, no hay nada peor que la impunidad.
http://www.ultimahora.com/notas/447982-La-idoneidad-y-la-honestidad-son-requisitos-esenciales-para-los-que-ejercen-la-funcion-publica
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El funcionariado público requiere ser jerarquizado
Dos obstáculos principales causantes de la mediocre administración pública en nuestro país constituyen, por un lado, la falta de carreras académicas especializadas en la función pública en general y, por el otro, en la diplomacia en particular.
De hecho, la formación superior en estas materias existe, pues varias universidades ofrecen la carrera o especialidad denominada “Administración”, de la que se supone emergen profesionales capacitados para el área pública. Asimismo, hay una academia diplomática, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. El problema es que los gobiernos –sea quienes fuesen los partidos y personas que los ejerzan– no seleccionan a sus diplomáticos, ejecutivos o funcionarios de entre los egresados de dichos centros educacionales, sino de cualquier otra cantera, por ejemplo, de las listas que envían los partidos, los correligionarios, los padrinos o los prebendados tradicionales.
¿Cuál es la consecuencia? Está a la vista de quien quiera ver y experimentar: inhabilidad para cumplir tareas elementales, escasa o nula afición al trabajo que se le asigna, ninguna capacidad de comprender el sentido de “cosa pública” y su manejo, fragilidad extrema ante las tentaciones del soborno y de la traición a los intereses de su patrón, el Estado. Esta clase de “servidores del Estado”, como pretenciosamente se les denomina en los textos legales, no tienen ningún apego a otra cosa que no sea su estabilidad en el puesto y su salario. Se organizan en sindicatos y sostienen a dirigentes holgazanes y oportunistas dedicados exclusivamente, todos ellos, a conservar el privilegio de ganar remuneraciones con el menor esfuerzo posible, y así sucesivamente.
Por consiguiente, las perspectivas que tienen los funcionarios públicos y diplomáticos paraguayos de –como debe ser– ascender gradualmente en el escalafón de sus entidades y ámbitos profesionales son también escasas. No se organiza un sistema que permita ofrecerles la oportunidad y la opción de mejorar su desempeño por la capacitación.
En cada cambio político de los que se realizan periódicamente, los nuevos titulares que van designándose y asumiendo las direcciones y puestos de importancia dentro de la administración pública, antes que promover a los funcionarios que ya están, que tienen antigüedad, experiencia y que demuestran conocimientos y virtudes morales, prefieren traer personas de afuera, “de confianza”, o sea correligionarios y secuaces que los ayudarán a ejercitar el espionaje interno, informar, intrigar, dividir u organizar mejor el latrocinio para el que muchos políticos vienen preparados al ser designados para ocupar algún cargo.
Ante esta casi nula perspectiva de poder realizar una carrera completa en una función pública especializada, las personas que desean dedicarse a su tarea con seriedad y responsabilidad no reciben estímulo y, a consecuencia de esto, se pasan la etapa más fructífera de su vida en la intrascendencia de los actos repetidos rutinariamente todos los días.
Este es el funcionario público que todos conocemos y padecemos; el que atiende de mala gana, que posterga todas las solicitudes, que trata al contribuyente con desprecio, indiferencia o mala educación, el que recarga los ya complicados trámites burocráticos con más y más inútiles exigencias. El que, en fin, está a la expectativa de obtener comisiones o remuneraciones “especiales” por una tarea que está obligado a realizar, y que si no la recibe, la atrasa o simplemente se abstiene de cumplir con tal obligación.
Si las carreras administrativas en la administración pública existieran y funcionaran, tanto en su etapa académica como en la de ejercicio de la función de servidor público, muchos de estos males desaparecerían. El funcionario se sentiría seguro de sí mismo, firme en su puesto y sus derechos laborales, confiado en la posibilidad de ascensos y progresiones; sería mucho menos vulnerable a los sobornos, pues cuidaría su reputación y su estabilidad.
La creación de la Secretaría de la Función Pública pareció ser una decisión destinada a revertir esta grave deficiencia de nuestro sistema laboral estatal, pero aún no se ven los frutos de su labor. Al parecer, no tiene fuerza institucional suficiente para imponer sus criterios de selección en la calidad de los postulantes y, en tal situación, las oficinas de entidades estatales continúan rellenándose con improvisados, recomendados y advenedizos.
Mientras no exista la carrera administrativa pública que forme a los funcionarios y los mantenga alejados de las tentaciones y de las vicisitudes de venganzas o de destituciones intempestivas, el subdesarrollo de nuestras instituciones del Estado persistirá inamovible bajo el peso del aparato burocrático inepto y corrupto que conocemos y padecemos todos los días.
22 de Julio de 2011
http://www.abc.com.py/nota/el-funcionariado-publico-requiere-ser-jerarquizado/
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LA DIGNIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTÁ EN MARCHA
Los editoriales de ABC Color y Última Hora, del viernes 22 de julio de 2011, realizan señalamientos con relación al funcionariado público y a los procesos de trabajo que se realizan en el ámbito de la función pública. Saludamos el interés manifestado, ya que es de vital importancia para la promoción del debate sobre la administración pública que tenemos, y sobre la que necesitamos, temática que estuvo casi ausente durante décadas.
Consideramos que los editoriales no han tenido en cuenta información básica referente a la problemática general en la función pública y a los avances que se han tenido en los últimos años. En aras de contribuir con dar precisión y rigurosidad al tema abordado, y como institución responsable de lograr que los esfuerzos realizados se consoliden como políticas de Estado, la SFP recuerda:
* Ambos editoriales señalan como aspectos centrales de la función pública la idoneidad, honestidad, vocación de servicio, y, con tonos distintos, dan cuerpo a sus razonamientos. Consideramos elemental la idoneidad en la función pública, no solo para la incorporación de personas a la burocracia pública, sino también durante el desarrollo de sus respectivas trayectorias laborales.
Esta administración ha promovido la formación sostenida de funcionarios y funcionarias de todos los niveles jerárquicos de la administración. El resultado, al cabo de 2 años y 1/2, es el egreso de más de 1.451 funcionarios y funcionarias, así como 142 directivos públicos, de cursos impulsados por primera vez desde la SFP, con mallas curriculares surgidas de diagnósticos rigurosos sobre necesidades de capacitación. Además, más de 3 mil funcionarios y funcionarias han accedido a la educación universitaria mediante convenios firmados por la SFP con universidades privadas, y procesos públicos de selección de personas para asistir a cursos de capacitación en el exterior, liquidando los viajes turísticos y las designaciones discrecionales. Está previsto duplicar el número de funcionarios/as formados, y triplicar el de directivos públicos, en los próximos 2 años.
* Estos dos años han sido históricos en la selección meritocrática para el ingreso y la promoción de personas en la función pública. Desde agosto de 2008 a febrero de 2011, la cantidad de puestos concursados pasó de 7 registrados en la SFP en sus 8 años de vigencia -2000 al 2008- a 11.620. Esto ha implicado el diseño de perfiles, estudios de currículos y competencias, convocatorias públicas, exámenes y entrevistas a más de 31.000 postulantes, procesos nunca antes vistos en la administración pública paraguaya. La construcción de un Portal Único del Empleo Público, que hoy está en marcha, implicará un aporte clave a la transparencia de las vacancias y los sistemas de acceso y promoción en la función pública. Queda el desafío de que todos y cada uno de los puestos vacantes en la función pública sean llenados a través de concursos. No reconocer el salto radical en los últimos 2 años, resulta en una omisión que termina favoreciendo a los mecanismos clientelistas que buscamos erradicar.
* Las afirmaciones prejuiciosas sobre el funcionariado público, como aquellas que dejan entrever una casi tendencia a la corrupción, al enriquecimiento ilícito, al escaso apego a sus tareas por parte de quienes se desempeñan en el sector público, son expresiones que definitivamente debemos desnaturalizar.
* Sin duda es una falencia histórica de la función pública paraguaya que no se haya implementado la carrera laboral en el Estado, con un escalafón vinculado a remuneraciones, funciones, perfiles de cargos y desempeño. Esto no se dio porque imperó un sistema prebendario y discrecional, propio de un Estado patrimonialista. Sin embargo, fue la actual administración la que inició el diseño de la Carrera Administrativa (o servicio civil), a partir de análisis complejos, como estudiar todo el sistema presupuestario, normativo y herramientas vigentes, para hacer nuevas propuestas en todos los niveles de gobierno.
* Como sociedad debemos asumir que no se visibilizaron suficientemente las condiciones laborales que han predominado en la función pública para quebrar las posibilidades de un servicio público ético, democrático y con vocación de servicio. Lo que se detectó en agosto de 2008 alcanzaba importantes niveles de atrocidad: casi 30 mil funcionarios/as ganaban menos del salario mínimo, nombramientos ad honórem, recontrataciones mensuales sucesivas por décadas, discriminación y desigualdad de género, cultural, étnica y contra las personas con discapacidad. En dos años se han dado pasos importantes contra estas situaciones.
Secretaría de la Función Pública
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INNOVACIÓN ESTRUCTURAL DEL PODER EJECUTIVO: UN APORTE AL DESMONTAJE DE UN SISTEMA FEUDAL
de Lilian Soto
A lo largo de varias décadas, la institucionalidad del Estado paraguayo fue estructurada para la discrecionalidad de los principales responsables de turno, instalando un sistema de feudos en el que cada autoridad institucional tiene la posibilidad de actuar sin coordinación ni dirección política. De hecho, en la actual organización del Poder Ejecutivo, más de 70 instituciones públicas dependen directamente de quien ejerce la Presidencia de la República. Los nombres pueden ser diferentes, pero Ministros, Secretarios, Presidentes o Directores de esa cantidad de instituciones públicas, reportan de forma directa a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo.
El resultado de una estructura organizativa de estas características es evidente: quien ejerce la Presidencia de la República no tiene posibilidades de abarcar, en una mirada de conjunto, a las políticas públicas que se encuentran bajo su responsabilidad, y si dedicara un día a cada institución bajo su dependencia directa tardaría más de tres meses en una ronda por todas ellas. La capacidad de dirección que debe ser ejercida desde el máximo nivel de autoridad del poder Ejecutivo está cercenada desde la misma base organizativa estatal. Esta comprobación, por sí sola, fundamenta la necesidad de una reforma de la institucionalidad del poder administrador del Estado.
Si a esto sumamos la inexistencia de reglas claras para el funcionamiento de instancias de coordinación claves, es posible comprender el carácter ineludible de la reforma. En efecto, organismos como el Consejo de Ministros, establecido constitucionalmente, o los gabinetes de las áreas que requieren una coordinación obligatoria para la coherencia de las políticas públicas, carecen de las normativas adecuadas para su correcto funcionamiento, y para que la ciudadanía de nuestro país sepa qué debe esperar de los mismos.
No son estos los únicos problemas que fundamentan la innovación de la estructura del Poder Ejecutivo. Áreas de políticas de las que el Estado debe ocuparse no tienen hoy instituciones responsables. No existe normativa que establezca instancias de participación ciudadana en las instituciones públicas a fin de efectivizar el artículo constitucional que define a nuestra democracia como participativa y pluralista. La rendición de cuentas de las instituciones públicas a la ciudadanía no es obligatoria. No existe una instancia -que involucre a los actores sociales- responsable de compatibilizar las diversas visiones de país existentes de modo a construir una visión común de la sociedad paraguaya a largo plazo.
El empeño de este gobierno en dar una respuesta a los múltiples problemas enunciados y varios más referidos a la institucionalidad, ha sido explícito desde el principio. El programa de gobierno planteado a la población paraguaya, estableció, como compromiso electoral, la recuperación institucional del país. Ello incluye, entre otros aspectos “un marco jurídico adecuado que permita optimizar las instituciones del Estado, sus funciones y estructuras” [1].
El compromiso fue renovado en todo el proceso de planificación gubernamental. Ya el Plan Estratégico Económico y Social (PEES), cuyas líneas de base fueron definidas por el equipo de gobierno designado después de las elecciones del 20 de abril de 2008, antes de asumir funciones, estableció con claridad como una línea estratégica clave el objetivo de modernizar la administración pública debido al desorden de la misma. Seguidamente, la Primera Jornada de Planificación Integral, realizada en el mes de enero de 2009[2] que definió el legado político institucional al 2013 de este gobierno, ratificó como legado clave el fortalecimiento institucional y la modernización del Estado. El Plan 2020 de Política Pública para el Desarrollo Social vuelve a confirmar, como eje estratégico para el desarrollo de la política social, el fortalecimiento institucional.
Estos compromisos, y la decisión de realizar un proceso racional e incluyente que resulte en una propuesta abarcante y fundamentada, definieron el inicio del proceso de innovación estructural del Poder Ejecutivo, en setiembre de 2009. Luego de un año y medio de trabajo se presenta, para el debate, la propuesta de nueva estructura. En este tiempo fueron relevados los planteamientos existentes, se solicitó el aporte de ideas, se estudiaron los proyectos que fueron enunciados a partir del año 1989, se analizaron las normativas, las expectativas de los diferentes sectores, las dificultades causadas por la institucionalidad existente.
El trabajo involucró a un equipo interinstitucional conformado por la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría Técnica de Planificación, la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública. Más de 10 reuniones con representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria (PLRA, UNACE, PPQ y Frente Guasu), presentaciones en estos partidos, 40 eventos de socialización y debate con más de 100 gremios y la participación de casi 1.000 personas, sentaron las bases de un proceso incluyente y plural.
La propuesta tiene bases simples en cuanto a la estructura. De alrededor de 70 instituciones que hoy actúan casi de forma independiente y reportan directamente a la Presidencia, quedarían 18 instituciones con la denominación de Ministerio, tal como lo establece la C.N.; de los mismos dependerían las demás entidades. Esta subordinación implica la desaparición de las estructuras actuales de las entidades que pasarán a integrar cada Ministerio con la necesaria unificación de sus estructuras de apoyo, y la permanencia o creación de las respectivas áreas de competencias o misionales que pasarán a denominarse Secretarías de Estado dependientes de cada Ministerio. Se produce, en consecuencia, una unificación de rangos y jerarquías y una simplificación de la estructura administrativa así como la definición clara de la visibilidad y la conceptualización de las áreas de políticas.
El planteamiento instituye también la reglamentación de las instancias de coordinación existentes y la creación de aquellas necesarias a fin de que las tres áreas del poder administrador –político institucional, económico productiva y social- definan e implementen políticas públicas coherentes. Se establece asimismo la obligatoriedad de la instalación de mecanismos e instancias de participación ciudadana y rendición de cuentas.
El debate que se plantea es fundamental para el futuro de nuestro país. Sin embargo, es comprensible que haya dificultad para visualizar la relación de las estructuras institucionales con la calidad de vida de la población en una sociedad que ha discutido con escasa profundidad lo público y su institucionalidad. Será lógico además que se pretenda instalar un debate maniqueo y limitado como el que se expresa cuando se intenta reducir el análisis a si habrá agrandamiento o achicamiento del Estado –terminología ya perimida pues el debate actual apunta a establecer el Estado necesario para atender a las responsabilidades-.
Pero estas dificultades no pueden poner orejeras a los liderazgos políticos, públicos y de la sociedad civil. Por eso, el gobierno coloca hoy esta apuesta al debate, con un planteamiento que mira al futuro. Si los resultados son auspiciosos podremos instalar una institucionalidad adecuada que permita el diseño y la implementación de las políticas públicas que requiere nuestra sociedad. Habremos dado así un paso importante para que la población paraguaya pueda ejercer, plenamente, todos sus derechos.
[1]Carta de Acuerdo Político entre el Bloque Social y Popular y la Concertación Nacional, 27 de agosto de 2007
[2] http://www.stp.gov.py/sisplan_spd_d/6586
Lilian Soto
Secretaria Ejecutiva de la Función Pública
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AGRANDAR PARA ACHICAR
por Nancy Espínola
El gigantismo estatal es una triste realidad de nuestro país. Con poco más de 7 millones de habitantes, tenemos un total de 111 instituciones públicas -excluyendo las municipalidades y las binacionales- que albergan a 236.227 funcionarios públicos. O sea, 1 funcionario por cada 29 personas.
Más de un ciudadano habrá sufrido en las diversas oficinas estatales el maltrato y la absoluta falta de interés del funcionariado de atenderlo al menos con deferencia al que está colaborando para que él pueda cobrar su sueldo. Mientras, las oficinas siempre están atestadas de personas que pasan las horas limándose las uñas, las mujeres; y tomando tereré o contando chistes, los hombres. No son todos, pero es la mayoría.
Quién no llegó alguna vez a la ventanilla de una oficina de Essap, ANDE o Copaco y fue maltratado o lo miraron con absoluto desprecio, cuando en realidad lo que debería recibir es agradecimiento por estar aportando al Estado. ¿Alguna vez vieron cuando los funcionarios de Essap reparan un caño roto en la calle? Siempre son dos los que trabajan y cinco miran cómo los otros dos trabajan. Eso significa que con dos funcionarios ya alcanza para reparar el caño. Pero no, van cinco.
Cuando en abril de 2010 la ministra de la Función Pública Lilian Soto y el presidente Fernando Lugo comenzaron a hablar de elaborar un proyecto de reforma del Estado, sonó interesante. Por fin se escuchaba a las autoridades traer a agenda un tema central, y lo mejor, hablaban de trabajarlo ya nomás.
Lograron interesar al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), institución que rápidamente aprobó un préstamo no reembolsable de 120.000 dólares. Lugo visitó todos los partidos políticos con su propuesta bajo el brazo, y recibió la aprobación de la clase política.
El martes de vuelta inició su recorrido por los partidos con un proyecto terminado. Pero, lejos de proponer un Poder Ejecutivo más pequeño, acorde a nuestra realidad, plantea ¡crear ocho ministerios más! Ahora tenemos 10. Llegaríamos a 18. La gente del Gobierno asegura que no significará aumentar el número de funcionarios públicos, cosa difícil de creer. Solo basta ver la infraestructura y el equipo humano que maneja un ministerio.
Lugo, de hecho, durante su gobierno ya creó varias instituciones. La más emblemática es la Secretaría de Comunicación, donde a lo largo de estos tres años se fue contratando más y más gente, y generando un millonario presupuesto que hoy debe ser sostenido con impuestos. Su tarea, casi exclusiva, es buscar hacer creer al pueblo que el Gobierno trabaja.
No se puede entender cómo el Gobierno propone crear más ministerios cuando el presupuesto ya no alcanza. Gran parte del dinero se destina a sostener el gigantesco aparato estatal, mientras se deja de atender problemas crónicos que tienen que ver con la salud o la educación.
Todo está al revés en nuestro país; y todo se hace del revés. Así como el aeropuerto de Asunción queda en Luque, el lago Ypacaraí queda en San Bernardino y el ministro Alegre es el que menos ríe, ahora vamos a agrandar para achicar el Estado. ¿Se entiende?
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El vergonzoso ejercicio de la recomendación
Por pa’i Oliva – http://www.paioliva.blogspot.com
Nunca he visto al pueblo más triste que cuando se me acerca a contar sus humillaciones. Y no pocas provienen de instituciones públicas. Oficinas, hospitales, comisarías, etcétera.
Funcionarios públicos secundarios se están adelantando a lo que creen va a ser el 2013 si vuelve la prepotencia partidaria. Comienzan a no hacer nada cuando una persona carenciada y no correligionaria presenta una solicitud referente a salud, trabajo, o a hacer alguna reclamación.
Simplemente la encarpetan o le dicen que vuelva otro día.
Mi consejo es muy senci- llo: «Vamos a descubrir cómo son. Nómbrenles a un personaje conocido. Por supuesto que la treta, en ocasiones, no sirve para nada. Ni lo conocen. Pero…
Riéndose me lo han contado luego en otras no pocas veces, y riéndonos se les ha quitado la humillación del desaire anterior. «¡Cómo corrieron en solucionarme el problema! Ja, ja, ja, ¡tenían… miedo!».
Señores funcionarios de la categoría que sea: en el año 2011 o en el 2013, toda persona que se le acerca es digna, por sí misma, de ser atendida con interés, y sobra toda recomendación. Y, cuanto más pobre sea, más deferencia ha de recibir del funcionario.
En el Paraguay que queremos, todos hemos de ser tratados con equidad. Eso significa darle más al que tiene menos. Lo conquistamos un 20 de abril, y no queremos que se pierda en el futuro.
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Bienes del Estado
Es un mal con el que convivimos diariamente. Los vehículos de instituciones del Estado, comprados y pagados por todos nosotros, son utilizados como bien propio por funcionarios de diversos rangos; secretarios, choferes, jefes, etc., que descaradamente van a todos lados para sus cuestiones particulares. Los llevan a sus casas, salen, farrean, van al súper. Con vidrios polarizados, y muchos sin chapa. Y para colmo los conductores manejan en forma prepotente, imprudente, cometiendo barbaridades con total desparpajo e impunidad. Ni Contraloría, ni el Poder Judicial ni municipal los sancionan. Da la casualidad y causalidad que los que deben combatir este abuso son también funcionarios infractores de esta vieja práctica que se movilizan gratis, porque juan pueblo paga sus gastos. Exigir corrección y castigo es pretender que la vaca dé huevos en vez de leche. El mal gasto del bien público está íntimamente ligado a los mayores males del país. La corrupción y más que eso, la impunidad.
Gustavo Martínez
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Sin vuelta de hoja | Indemnizaciones y privilegios
Por Benjamín Fernández Bogado –
Que el Paraguay es un país rico en recursos pero contradictoriamente pobre lo sabemos todos. Lo sentimos, lo vivimos y lo padecemos.También ahora nos hemos dado cuenta en democracia que la actitud del Estado es no cuidar los bienes colectivos, sino disponer de ellos para quienes administran circunstancialmente el poder. Se fue el único dispensador por 35 años y llegaron los demócratas para continuar con la piñata.
Vamos a los ejemplos. Todo funcionario de Copaco, ANDE, Essap o cualquier otra entidad pública solo paga una fracción de lo que consume mensualmente de esos servicios. Los privilegios se extienden a uno o más salarios de compensación anual por alguna razón, sin fundamento, que esgrimen desde los altos marajás de Itaipú y Yacyretá, hasta los pinches que se creen con derecho a vivir a costillas de nosotros como verdaderos monarcas.
Los maestros se creen con derecho a jubilarse a los 40 años si suman los hijos que tuvieron. Lo hacen para luego continuar enseñando en colegios privados, que reciben a los docentes en el mejor momento de su capacidad, luego de que el Estado les jubilara. Los privilegios en el sector público son enormes. Hay dinero por traslado, por desplazamiento del lugar físico, por sentarse o por levantarse, por viajes al exterior, por hijos o ¡por título universitario! Un país serio no puede funcionar en este régimen que violenta el principio de igualdad entre los paraguayos. Pareciera que haber alcanzado un lugar en la función pública les diera derecho a unos privilegios extraordinarios, que los exhiben con total impudicia ante los demás mortales que financian y padecen ese nivel de vida.
Si los de abajo que viven mal observan estos ejemplos, no es raro que soliciten que el Estado les dé 190 mil guaraníes al mes por ser pobres, aunque con eso en realidad lo que hacen es darles el certificado de indigentes, porque vivir con dos dólares diarios es condenarse a vivir eternamente en el pozo. Lo peor es que el Estado administrador ¡siente orgullo de este logro! Mientras tanto, ese mismo administrador pierde casos judiciales por centenas anualmente y se ve obligado a pagar millonarias indemnizaciones por no haber cumplido los mandatos laborales en casos de despidos injustificados o ilegales. Finalmente, a nadie le importa, total el dinero no sale de sus bolsillos y la responsabilidad personal en el cargo se diluye en interpretaciones baladíes y absurdas.
Ahora se suma otro grupo que, por haber trabajado y cobrado bien durante la construcción de la presa de Itaipú, se creen con derecho a pedir indemnización ¡por haber laborado! De la mano de un congresista liberal van a presentar una propuesta para que se les pague ¡por haber sido obreros! Con este argumento cualquier colectivo humano que haya trabajado terminará por hacerle un juicio al Estado, ya que al ser solo una minoría que pudo hacerlo, mientras la mayoría no trabaja o se dedica a la holganza, ellos tienen derecho a cobrarle al Estado, o sea a nosotros que financiamos al monstruo, una cantidad de dinero por habérseles «condenado a trabajar» en un país de holgazanes, desempleados o marginales. Claro, todo esto no es más que resultado de la misma lógica que describía más arriba. Si por ser funcionario público tengo derechos compensatorios absurdos que figuran como derechos ganados, si los pescadores cobran en tiempos de veda ¿por qué los que trabajaron en la construcción de Itaipú no tendrían derecho a ser indemnizados?
Estamos perdiendo la cordura como país. Mientras los privilegios y las indemnizaciones continúen, las pícaras y múltiples cigarras se seguirán mofando de las tontas y minoritarias hormigas.
http://www.benajaminfernandezbogado.wordpress.com
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Facebook
Andrés Granje
El Presidente del Parlamento Nacional, Jorge Oviedo Matto, resolución de por medio prohibió el uso de Facebook, en las oficinas del congreso. Lo gratificante de la medida adoptada reside en que la prohibición se extiende a todo el personal, según trascendidos, es decir no solamente el funcionariado de menor rango cumplirá la medida sino hasta los directores y dicen que también los parlamentarios cuando estén en el recinto del congreso. Esta medida que a priori, es antipática, sin embargo encuentra justificación en el hecho del tiempo que los funcionarios públicos y empleados de empresas privadas pierden en horario de trabajo al internarse en las redes sociales que los mantienen abstraídos y alejados de sus tareas cotidianas.
Es increíble cómo se pierde el tiempo con las interconexiones con el Facebook, entonces es pertinente que un tiempo que paga el pueblo al funcionario público sea precautelado por las autoridades haciendo que esas personas trabajen y no se pase el tiempo pendiente única y exclusivamente del ir y venir de informaciones intercambiadas de forma ininterrumpida por este nuevo hallazgo tecnológico de la mano de Internet. Es común ver a personas de todas las edades ensimismada frente a la pantalla del ordenador, absorto y lejos del mundo circundante, cualquiera pensará que está atareado en un trabajo de mucha responsabilidad, no. Simplemente se está comunicando por facebook con amigos y celebrando las respuestas que estos dan al tema planteado.
No se puede negar el aporte inestimable a la civilización que presta internet y las redes sociales, inclusive para lograr la liberación de pueblos sojuzgados por oprobiosas dictaduras como la Egipcia de Mubarak y ahora la Libia de Gadafi, estos pueblos encontraron en estas redes una poderosa aliada para sus movilizaciones y protestas que finalmente determinaron la caída de estos regímenes totalitarios y criminales. Aparte de comunicar de forma instantánea cualquier acontecimiento de índole privado o público con una rapidez fantástica, marca el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad. De eso todos somos conscientes y ninguna persona con sentido común puede dudar.
Pero donde le damos la razón al Senador Oviedo Matto es que deben ser utilizados en su justa medida y en horarios permitidos, así como es criticable y debe combatirse las adicciones cualquiera sean sus formas, drogas, tabaco, juegos, comida, sexo, así igualmente es preocupante cuando en las oficinas públicas especialmente, pues se paga con el dinero del pueblo los salarios de funcionarios, se malgastan tiempo y recursos pasando horas y horas en las redes sociales y desatendiendo tareas especificas, por eso y a pesar que toda prohibición siempre lleva el germen del autoritarismo, pensamos que en este caso la medida es pertinente para ser mas productivos el trabajo de los funcionarios del Poder Legislativo.
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Los funcionarios públicos continúan a la deriva
Si hay un problema pernicioso en la administración pública fácil de advertir, es que la calidad del servicio de los funcionarios estatales es de deficiente para mala. Ningún funcionario es respetado en su carrera por más años de servicio que tenga, porque la carrera administrativa en el seno del Estado sencillamente en la realidad no existe ni hay ganas de promoverla. ¿El motivo? Simple: estorbaría el régimen prebendario de manejo del aparato burocrático por parte de partidos y de políticos.
Más allá del hecho conocido de que ahora, en democracia, tenemos más del cuádruple de funcionarios públicos de los que teníamos durante la dictadura, lo paradójico de esta situación es que el servicio estatal redujo su calidad hasta niveles mínimos. Además, los que trabajan para el Estado cada vez pretenden más salarios, menos horas de trabajo, más prestaciones sociales gratuitas y menos responsabilidades legales por sus falencias.
Los sindicatos, que en tiempos de Stroessner existían solamente para rendirle homenajes al dictador, desfilar frente a él agitando la banderita colorada, hacer hurras en las manifestaciones de exaltación del “único líder” o servir de “pyrague” del Departamento de Investigaciones, ahora se han convertido en pequeños feudos gobernados por caudillejos vociferantes, empotrados en la conducción de sus organizaciones, haciéndose reelegir periodo tras periodo, conformando grupos de privilegiados que emplean sus fueros sindicales para haraganear y eludir los despidos que merecen, para presionar sobre los directivos, organizar conflictos, extorsionar y trabar todos los proyectos de cambio que sean peligrosos para ellos y sus prerrogativas excepcionales.
Pese a que la Constitución y las leyes orgánicas establecen la responsabilidad legal de los funcionarios por los daños y perjuicios que puedan derivarse de sus actos ilícitos o negligentes, o de su inacción, en la práctica no se conoce caso judicial alguno en que un funcionario público haya sido obligado a satisfacer una obligación de estas. Como consecuencia, ellos se sienten impunes y actúan como tales.
Por poner un ejemplo sencillo: el empleado municipal encargado de recoger los desechos carece de toda obligación respecto a las personas a las que teóricamente sirve, que fueron las que votaron por su jefe, el intendente, y que pagan tributos para sostener el servicio y sufragar sus respectivos salarios. El empleado fue puesto en el cargo a pedido de algún político con el cual el intendente mantiene alguna variedad de relación de favores mutuos. Ese empleado municipal nada sabe de desechos, de higiene pública o de problemática ambiental; no conoce sus obligaciones legales ni estos temas le interesan en lo más mínimo. Lo único que sabe es quién es su “caballo” y lo único que le interesa es cuánto tiempo lo va a sostener en el puesto, haga lo que haga, y aun no haciendo nada.
Los funcionarios públicos asignados a tareas menores, como el mantenimiento y cuidado de la infraestructura, maquinaria, edificios, equipos, herramientas, etc., demasiadas veces son personas escogidas de una lista cualquiera, que generalmente carecen de toda experiencia anterior en esa labor. Cuando comienzan a aprender algo de la misma y parecería que van camino a convertirse en obreros o funcionarios calificados, se cambia el intendente o el ministro, o se trasladan los directores y jefes de sección, y su destino se torna incierto. Entonces vienen otros a quienes la función que le encomendaron nada les interesa precisamente porque no saben cuánto tiempo durarán en ella, teniendo a la vista la experiencia de sus antecesores.
Estos casos, que podrían multiplicarse en miles de otros ejemplos similares, demuestran un hecho que no constituye ninguna novedad porque de él ya se habló mucho: en nuestro país no existe la profesionalización en el seno de la administración pública; no hay carrera para el funcionario estatal; sus promociones y ascensos raramente dependen de sus habilidades y méritos o, en el mejor de los casos, de su antigüedad; pero en el peor y con mucha frecuencia, de su “recomendación” partidaria o palancas de parecida índole donde las polleras no están ausentes.
Recientemente, pudo verse un caso patético del fenómeno que se describe. El presidente Lugo destituyó inopinadamente –como ya hizo costumbre– a su ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; el nuevo, a su vez, sustituyó a los subalternos y, así, las cosas se reiniciaron de cero. El que ya había aprendido algo se fue a su casa, y el que se le nombra comienza a tratar de aprender. Así, los proyectos diseñados, iniciados o impulsados por los que fueron destituidos, con frecuencia quedan archivados en los cajones porque los recién llegados introducen sus propios proyectos, como si aprovechar el trabajo ya hecho no fuera lo más sensato para todos y lo más conveniente para el interés público.
Por esta falta de profesionalismo y sentido de continuidad de nuestros políticos gobernantes es que nuestro país está destruido. Por este motivo tenemos las empresas estatales que padecemos, los aeropuertos que tenemos, los puestos de salud, las comisarías, las escuelas y el sistema de justicia, por citar algunos de nuestros males más visibles.
La carrera del funcionariado estatal debe ser respetada, potenciada y garantizada, y los empleados públicos definitivamente desvinculados del partidismo sectario y clientelista. Solamente así es posible pensar en mejorar el mal servicio de la administración pública contra el que diariamente deben luchar los habitantes de este país.
5 de Noviembre de 2011
http://www.abc.com.py/nota/los-funcionarios-publicos-continuan-a-la-deriva-5168/
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Mentiroso recurso de Alan Flores para eludir a la justicia
La solicitud de asilo que hizo al Gobierno argentino el ex dirigente sindical Alan Flores, procesado y condenado a siete años de cárcel por integrar la banda que vació de fondos el quebrado Banco Nacional de Trabajadores, constituye una grosera y audaz bofetada al rostro de la justicia de ambos países.
Flores no es ni fue jamás un perseguido político, como descaradamente se presenta ahora ante los argentinos. Simplemente, fue uno de los miembros de la camarilla de dirigentes sindicales sinvergüenzas que, integrando una asociación ilícita para delinquir, se reunió con directivos y el presidente del BNT, el también refugiado en la Argentina, Edgar Cataldi Casal Ribeiro, los que, traficando influencias con políticos colorados adictos al gobierno del momento, y realizando maniobras ilícitas, se quedaron con dinero de los aportantes del banco, que eran nada menos que los obreros del país. Vaciaron el BNT, lo enviaron a la quiebra y ellos quedaron multimillonarios.
Pero en el caso de los dirigentes sindicales el mal fue mucho mayor, pues dejaron sin aportes y sin banco a sus propios compañeros. Perpetraron, por consiguiente, un crimen de índole económico y también una traición, grave acto de índole moral.
Ahora uno de ellos, Alan Flores, alega nada menos que persecución política. ¿Quién lo acosa? ¿Quién lo quiere cazar? Nadie más que la justicia y los defraudados. ¿Qué tiene esto de persecución política? El lector lo dirá haciendo uso de propio sentido común.
El desfachatado pedido de Flores de asilo político somete a la justicia argentina y a sus gobernantes a una prueba de fuego. Se verá si en los tribunales y pasillos burocráticos del Gobierno argentino triunfan el sentido común y la justicia, o la confabulación para la complicidad entre amigotes, tal como sucedió en el Brasil del Partido Trabalhista con los reos prófugos Juan Arrom y Anuncio Martí, procesados por el crimen común de secuestro de persona, quienes fueron protegidos por la justicia brasileña otorgándoseles el estatus de refugiados políticos, no teniendo derecho tales presuntos delincuentes comunes a semejante privilegio.
El caso de Arrom y Martí es ejemplar, pues cuando pidieron asilo en Brasil, en el Paraguay gobernaba el Partido Colorado, del cual los prófugos se decían perseguidos por motivos ideológicos; ahora, desde hace tres años, el Paraguay está gobernado por un régimen de izquierda afín con ellos, un régimen integrado por sus amigos y “compañeros de ruta”, podría decirse, pero Arrom y Martí todavía mantienen en el Brasil su carácter de “perseguidos políticos”.
Estas maniobras realizadas como cínica y mentirosa manera de desvirtuar y envilecer nobles instituciones como la del asilo y el refugio, son las que van minando la credibilidad de las mismas, de los políticos que, debiendo conservar su eficacia, las ensucian, y de los organismos gubernamentales, como tribunales y cancillerías, que, en vez de negarse a soliviantar los principios, se prestan a la farsa montada por unos cuantos sinvergüenzas con afinidad política con ellos.
Para un gobierno socialista, como se declara a sí mismo el de Cristina Kirchner, robarles el dinero a los trabajadores debería constituir un crimen de gran ponderación y repudio, y bajo esa lógica, Alan Flores tendría que ser rechazado como residente indigno y devuelto a este país para cumplir irrebatiblemente la suerte que le deparó la condena judicial, porque la merece sobradamente.
Con este caso, la justicia argentina será puesta bajo el microscopio, y entonces se verá la fortaleza real de sus varas, es decir, si sus magistrados también responden sumisamente a los llamados telefónicos de los gobernantes, como ya sucedió con el caso de Edgar Cataldi, hace ya varios años, en la provincia de Misiones, y, en el Brasil, con el de los prófugos Arrom y Martí.
La justicia paraguaya requiere poder hacer cumplir sus fallos con rigor y seriedad, para impedir la impunidad, viejo y grave mal que nos aqueja. Por su parte, la justicia argentina no debería entorpecer esta necesidad prestándose a fortalecer ese mal, como ya hiciera hace algunos años en el caso Edgar Cataldi. Esperemos de ella un gesto de decencia y buena vecindad, así como de respeto por la ley y por la institución del asilo político, rechazando el cínico y mentiroso recurso de Alan Flores, dando así un ejemplo para desalentar intenciones criminales similares que puedan aquejarnos en el futuro.
21 de Noviembre de 2011
http://www.abc.com.py/nota/mentiroso-recurso-de-alan-flores-para-eludir-a-la-justicia-3306/
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Incompetencia y algo más
UN ELEVADÍSIMO COSTO TIENE LA CORRUPCIÓN
Por Gustavo Ortiz G.
Están de moda nuevamente en el país las sospechas y acusaciones de corrupción, o como mínimo los visos de una tremenda ineptitud de algunas áreas de la función pública. Los planes de obras oficiales, los pocos que hay, lastimosamente forman parte de ese mar de desconfianzas y de aparentes falencias de los proyectos.
Los procesos de licitación y contratación de empresas viales para la refacción de la ruta 9 o Transchaco, para la construcción de la avenida Ñu Guasu y el plan de instalación del metrobús están siendo objeto de acusaciones de falta de transparencia o de posibles favoritismos. Y no solo sobre el MOPC hay miradas de preocupación por este tipo de hechos.
Otra de las instituciones que entraron de nuevo en la categoría de altamente sospechosas es la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), cuyas autoridades liberaron recientemente un cargamento de perfumes ingresados al país con la denominación de otros productos que requieren menor carga tributaria. Según los especialistas, dicha operación de “importación” fue ilegal y la entrega de las mercaderías a quien se presentó a reclamarlas fue irregular.
Si estos hechos hubiesen sucedido en naciones con trayectoria de seriedad en la aplicación de normas y leyes en general, los directivos de esas instituciones estatales ya hubiesen sido cambiados, si es que ellos mismos no se hubieran anticipado al presentar sus renuncias.
Algunas personas creen que en la función pública nacional existe más ineptitud que corrupción. Pero me permito discrepar con ello, considero que ambas cosas existen en partes iguales y cada día que pasa nos lo demuestran. Y como consecuencia de ello el Paraguay no puede desarrollarse a mayor velocidad.
Un informe de la Contraloría General de la República emitido ayer confirma cuán perjudiciales son los actos deshonestos contra el fisco: Solo en un año (2010), el Tesoro paraguayo tuvo un perjuicio superior a los 640.000 millones de guaraníes (unos 146 millones de dólares), que fueron a parar a los bolsillos de los delincuentes que defraudan al Estado de diversas formas.
Dicho monto es el “costo social de la corrupción”, dice el citado organismo, y señala que, si este dinero no se hubiese robado, se pudieron haber hecho con el numerosas obras de bien público que podrían hacer mejorar la calidad de vida de más pobladores.
Se sabe bien que se roba, siempre se conoce a los que son los perjudicadores y perjudicados, pero nunca los responsables van a prisión. Esto debe cambiar ya.
http://www.ultimahora.com/notas/489197-Incompetencia-y-algo-mas
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Deberíamos vivir en castillos
Seis millones de habitantes. Son extremadamente pocos para el tamaño geográfico del país. ¿Qué excusas tienen los altos ejecutivos del gobierno? País más administrable imposible encontrar. ¿Para qué tantos funcionarios? Miles de millones de guaraníes se desperdician en pseudoservidores del Estado que lo único que esperan es su tan anhelada jubilación. Lo destinado a las obras públicas son tan sólo sobras de lo destinado a salarios. Si se realiza un análisis de eficiencia y se despiden a los funcionarios innecesarios del Poder Judicial, tal vez tendríamos una tan reclamada nueva penitenciaría. Si se despiden a los funcionarios ineptos del MEC, tal vez tendríamos enormes centros tecnológicos. Pero todo esto es solo fantasear, sabemos que no va a ocurrir. Sin embargo, no hay que desprestigiar a esos míticos excelentes funcionarios que son opacados por olas de inoperantes que hacen que los grandes edificios públicos parezcan pequeños.
Braim Falcó
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Ya ni se ocultan los delitos
Los robos al fisco y la impunidad persisten. Figurar en múltiples cargos estatales y percibir salarios por cada uno de ellos, en contravención a la ley y pese a que es imposible cumplir con todos ellos, así como los fraudes en las licitaciones públicas para desangrar al fisco, se volvieron una práctica que ya ni se esconde y que está recrudeciendo en estos momentos en diferentes instituciones del servicio público.
Me gustaría saber cómo hace un político del Sur del país para cumplir con todas las funciones públicas que tiene asignadas y por las que el Tesoro Nacional le paga, pues no creo que tenga clones. Es concejal departamental, médico forense de la Fiscalía, y también es empleado del Centro de Salud de Ayolas y del Instituto de Previsión Social, según las denuncias periodísticas.
La única explicación que sugiere el caso es que sería un planillero en uno o más cargos que ostenta, es decir, figura con esas funciones pero no las cumpliría como corresponde. Y casos como ese hay a montones, pese a que la Ley n.º 1626 de la Función Pública proscribe la percepción al mismo tiempo de dos o más remuneraciones de organismos o entidades del Estado.
A dicha clase de episodios se llegó en el país debido al ejercicio abusivo del poder, a padrinazgos políticos, desvergüenza y corrupción en las esferas oficiales o políticas, con una complicidad que abarca a los tres poderes del Estado, donde el tráfico de influencia es constante e imparable.
El problema que se causa con lo señalado, es que el que tiene más de una función, además de no hacer bien el trabajo que le correspondería, impide que se contrate a otra gente que sí podría desempeñar la función por la que se le pagará. El que más pierde es el poblador. Este tendría beneficios de contarse con más funcionarios que respondan a sus obligaciones.
La astucia delincuencial para escamotear fondos al fisco y, por ende, al pueblo, es infinita. Ello ocurre también con licitaciones públicas. Los bandidos ya encontraron la forma de burlar el espíritu de un concurso de ofertas, que es obtener siempre los mejores productos pero a precios ventajosos. Mediante el pago de coimas, generalmente, algunas “empresas” consiguen que sus artículos o servicios, caros y sin más calidad que otros, sean los que ganen en esas convocatorias, y así, se desangra al Tesoro Nacional.
De aquella forma, bienes y obras comunes cuestan como si estuvieran forrados con oro, ya sean carretillas, lapiceras, papel, jabones, coches o pavimentación de algún caminito. En esa ingeniería criminal ya no están involucrados solo los pseudopolíticos y sus cómplices que simulan ser hombres de negocios, sino que ya incursionan sus hijos y otros parientes, como para asegurar que la mentalidad criminal persista en las nuevas generaciones.
Por Gustavo Ortiz G.
http://www.ultimahora.com/notas/493935-Los-robos-al-fisco-y-la-impunidad-persisten
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Méritos
Aunque se haya repetido mil veces que el mérito es la principal virtud a buscarse en las personas a quienes se llama a ejercer funciones en la administración pública, la realidad política cotidiana en el Paraguay evidencia que, justamente, los méritos de los candidatos son aquí los que menos cuentan. Los colores partidarios, las cuotas, el amiguismo, las recomendaciones priman en el momento de optar por uno u otro candidato para ocupar cargos públicos.
Por ejemplo, miremos hacia el Brasil. Allí la presidenta Dilma hace unos días designó presidenta de la gigantesca Petrobras a una mujer escogida por sus conocimientos y experiencia profesionales, acumuladas en muchos años de ejercer el oficio dentro de la empresa.
Nada de sinuosos contactos e influencias políticas, nada de recomendaciones desde arriba, nada de listas con cuotas femeninas imperativamente impuestas, nada de selección especial a cambio de “retribuciones” también especiales, la señora María das Graças Foster fue escogida por sus reconocidos merecimientos de entre, seguramente, muchos otros buenos candidatos.
Pero, claro, en nuestro país, con esta manera de escoger altos funcionarios de máxima responsabilidad en la administración de los fondos públicos, el sistema político prebendario vigente colapsaría irremisiblemente.
¿Imagina el lector qué pasaría en el Paraguay si los presidentes y directores de las binacionales hidroeléctricas, de Petropar, de INC, de Aduanas, de ANDE, etc., etc., fueran elegidos por su trayectoria en la institución o en otras empresas similares, su experiencia profesional, su probada honestidad en el manejo de los intereses ajenos, su prescindencia del partidismo y de todo tipo de colusión con el presidente de la República, los legisladores y demás propietarios del poder fáctico?
Significaría, lisa y llanamente, el final de la carrera política de muchas personas, la quiebra económica de muchos partidos y, definitivamente, la clausura del acceso a la riqueza fácil y veloz de senadores, diputados, ministros, gobernadores, intendentes, jefes administrativos, militares y policiales, entre muchos otros.
Miles de funcionarios públicos, recomendados especiales y ahijados partidarios quedarían en la calle, desempleados, pero reemplazados por otros tantos funcionarios que ascenderían sin recomendaciones pero con méritos. Hombres y mujeres jóvenes iniciarían sus carreras en libre competencia de talentos y esfuerzo, que nos llevaría a los paraguayos, de aquí a una década, a tener el placer y la satisfacción de poder escoger de entre los buenos los mejores.
En la administración pública del Paraguay en los últimos sesenta años funcionó exclusivamente el sistema del parentesco y la recomendación política, junto con el cual campearon, por supuesto, el abuso, la corrupción, la ineptitud y la negligencia, vicios inherentes a ese sistema. En algunos contados y rarísimos casos, los presidentes de la República de los últimos períodos designaron a personas con méritos en algunos pocos cargos, con la intención de que la honestidad y el talento de esos funcionarios sirvan de bandera ondeando en lo alto del mástil propagandístico del Gobierno, desviando la mirada general de la basura de siempre, acumulándose allá abajo.
Pero estas excepciones no salvan la reputación ni el buen nombre público de los Wasmosy, González Macchi, Duarte Frutos, Lugo Méndez, ni les asegurará un mejor lugar en la historia. El haber tenido en sus administraciones dos o tres funcionarios correctamente escogidos les habrá sido útil para la propaganda del momento y para exhibirlos como engañosos modelos en algunas reuniones internacionales, pero no les servirán de moneda para saldar con la ciudadanía sus inmensas deudas con la honestidad política, la dignidad del cargo que ejercieron o ejercen, y con su decoro personal.
Tenemos que hacer fuerza los paraguayos para nosotros también en la brevedad posible disfrutar de la satisfacción de ver nombrados en los más delicados cargos de la administración, de la justicia, de la diplomacia, de las jefaturas militares, etc., a mujeres y varones que compitieron con méritos y ganaron el puesto –al que sin duda alguna estimarán y protegerán mejor que nadie– con sus virtudes y talentos. Personas que a fin de mes no tendrán que enviar “maletines” ni boletas de depósito bancario a ningún político, que no se verán apremiadas por financiar campañas electorales, a pagar sueldos a entenados ineptos, a tener que callarse sumisamente por temor a perder el cargo ante los excesos y robos descarados de sus jefes, enviciados por el prebendarismo, enceguecidos por el poder y el dinero fácil, y protegidos por la impunidad.
Mientras en el Paraguay el mérito profesional y la honestidad no constituyan las únicas medidas para seleccionar a quienes van a administrar los intereses generales de la Nación, esos vicios políticos continuarán siendo la norma que hunda cada vez más a nuestro pueblo en la desesperanza y la miseria.
28 de Enero de 2012
http://www.abc.com.py/nota/meritos-1634/
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José Luis Miranda
por Alcibiades González Delvalle
El maestro José Luis Miranda fue destituido del Conservatorio Nacional de Música cuya dirección venía ejerciendo desde hacía seis meses. Nada tendría de particular la decisión de las autoridades del Ministerio de Educación. Los cargos públicos están sujetos a los cambios y estos, ya se sabe, no siempre obedecen a razones profesionales.
Tiene de particular esta remoción la forma desconsiderada y humillante utilizada con una persona enteramente digna por su talento, su sensibilidad, su aporte a la música. Nadie, por más ministro o vice que fuere, tiene el derecho de jugar con la dignidad de nadie, menos con la de un artista de la calidad del maestro Miranda.
¿Cómo? ¿No saben los del Ministerio de Educación quién es José Luis Miranda? ¿O lo saben y planificaron el medio más innoble para alejar del Conservatorio a una figura que honraba a la institución?
El Ministerio nada dice acerca del cambio. O lo dice, con lo que se enreda más todavía la cuestión. El viceministro de Culto, del que depende el Conservatorio Nacional de Música (leyó usted bien, el Conservatorio de Música depende del Viceministerio de Culto) “muy emocionado pidió un gran aplauso para el saliente”. (ABC del martes).
¿Qué le emocionó al viceministro Hugo Brítez? ¿Qué cosas movieron las fibras íntimas de su corazón? Y si el maestro Miranda es digno de aplausos -y lo es- ¿por qué se lo despide? ¿El aplauso solicitado es para blanquear la mala conciencia de quien firmó la resolución? ¿Se debe permitir a una personalidad para quien se pide aplausos dejar la institución tal vez con un merecido rencor anudado en la garganta?
La emoción y los vítores no sustituyen la cuestión esencial: la causa de la destitución. Por culpa de este silencio los pasillos del Conservatorio y la calle se llenan de rumores. E incluso se habla de que sería a consecuencia de concretas denuncias de malos manejos administrativos de directores anteriores hechas por el mismo Miranda.
En su despedida, el maestro dijo: “Todo esto me sorprendió bastante y ahora que he visto la relación de fecha, encuentro que ya ponen a uno antes de sacar al otro y esto es una irregularidad administrativa”. Se refería a la resolución del 30 de diciembre que nombraba al nuevo director; y al decreto del 18 de enero que lo destituía. O sea, el Conservatorio Nacional de Música tuvo dos directores durante 18 días, sin que uno de ellos -el saliente- lo supiera. Y posiblemente ni el entrante. Pero hay más: el Conservatorio depende del Viceministerio de Culto pero la resolución de nombramiento -que tiene que ser por decreto del Poder Ejecutivo- está firmada por el viceministro de Educación, Francisco Giménez.
Esta desprolijidad -en el mejor de los casos- no es admisible en las instituciones públicas, menos aún en el Ministerio de Educación y Cultura. Proyecta una imagen de desaliño, desconfianza, improvisación.
El jueves, en el Cabildo, se dio apertura a la firma de una petición al presidente de la República por la reincorporación de José Luis. Se hicieron presentes algunas de las más conocidas figuras de la música y del arte en general que expresan así su cariño y respeto al maestro Miranda; al mismo tiempo, el enfado por la inexplicable actitud ministerial.
El maestro Lito Barrios dijo a este diario (edición del miércoles) que “un grupo de personas nos animamos a no quedarnos calladas, porque el que acepta una cosa como esta, un manoseo a la cultura, no puede apuntar al porvenir. Nosotros empezamos la campaña ‘Miranda no se va, Miranda se queda’ porque confiamos absolutamente en su capacidad, en su formación, en su liderazgo y en todos los valores que Miranda siempre inculcó a sus alumnos y a los maestros. Todos conocemos lo que es y vale el profesor Miranda, y todos los que ahora están representando al Paraguay en el mundo, pasaron por las manos de Miranda”.
José Luis venía trabajando en un ambicioso proyecto que pensaba implementar desde este año con la intención de recuperar el Conservatorio “artística y administrativamente”, como dijo a la prensa. Pero, en palabras del maestro Palito Miranda, “todo se tira al tacho en este país donde no se aprecian el talento y el deseo de trabajar con honestidad”.
29 de Enero de 2012
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NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL.
Ex de Essap acusa a Sixto Pereira de hacer de la empresa un botín político. En tiempos electorales, los políticos prometen el oro y el moro. Los que ya están en el poder se tapujan para controlar las instituciones y financiar a través de ellas sus campañas. (Emiliano) INSFRAN denuncia que usan ESSAP para la campaña de Sixto Pereira.
ABC color, domingo 29/01/12
Se dice que un escrito es seminal cuando expone una idea original y de gran influencia en el desarrollo o la evolución de nuevas ideas. Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith, de la New York University, recientemente publicaron el libro Manual de los Dictadores: porque el mal comportamiento es casi siempre bueno para los políticos (The Dictator’s Handbook: Why Bad Behavior is Almost Always Good Politics, Public Affairs, NY, 2011). Afirman que no hay diferencia esenciales entre demócratas y tiranos (Cuba, Corea del Norte, China) o autócratas bajo fachada democrática (Venezuela, Bolivia, Ecuador, etc.) porque los gobiernos no difieren en tipos, sino mas bien solamente en el numero de elementos de soportes esenciales que necesitan para permanecer en el poder. Lo que lo mantiene juntos, afirman los autores, es la lógica de la política, las reglas que reglan a los que rigen y detentan el poder.”
“Una importante lección…es que cuando los políticos están entremetidos, ideología, nacionalidad, cultura, no cuentan demasiado. Cuanto antes aprendamos a no pensar utilizar sentencias como “Los Estados Unidos deben…, el pueblo Americano quiere…o el gobierno de China (o México…Brasil, etc.) deben hacer…”, mejor comprenderemos el gobierno, los negocios y otras formas de organización.
Los autores no dudan en afirmar algo que intuitivamente cualquier ciudadano informado y no sesgado ya lo percibe: que el principal objetivo de los líderes, si no el único, es permanecer en el poder.
Partiendo de esta visión cínica pero realista y precisa, concluyen que una vez que entendamos que llevan a los líderes al poder y los mantiene allí, “comenzaremos a ver como enderezar a los políticos. La política, como las cosas de la vida, es acerca de individuos, cada uno motivado a hacer lo que es bueno para ellos, no por lo que es bueno para los otros.”.
También identifican un conjunto de reglas básicas que han caracterizado históricamente el comportamiento de muchos líderes políticos: limitar al extremo los círculos de confianza, asegurarse de que ningún aliado sea irreemplazable, controlar el flujo de recursos públicos acumulando mucha fortuna personal, dividir la riqueza para favorecer a los aliados y evitar tener que depender de sus aportes.
Desde década atrás, como consecuencia de los severos desarreglos político-institucionales, por los cambios permanentes en las reglas del juego, la discrecionalidad de los funcionarios, la falta de transparencia y la corrupción, la mala calidad de la regulación y la escasísima credibilidad de la Justicia, nuestro país tiene una mala reputación en el mundo de los negocios y una pobre estima en el concierto de las naciones.
Y mirando el futuro gobierno, cualquiera ella sea, pareciera que no hay grandes perspectivas de cambiar este rumbo.
Guillermo López Flores
ISC Engineering Procurement PM
616th San Salvador St
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isc_info@isc.com.py
Asunción, Paraguay
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Los privilegiados que nacieron con derechos sobre los demás
No pocas personas están convencidas de que nacieron exclusivamente con derechos. Esto es fácilmente detectable observándolos en su actuar diario. Basta con verlos arrojar botellas, latas o papeles por las ventanillas de sus vehículos, total es deber de otros recoger su basura; o si se les cae un artículo simplemente no lo levantan, porque no están para eso.
También podemos advertirlos en el tránsito, donde haciendo adelantamientos indebidos son los que con un insistente cambio de luces indican al conductor que se desplaza correctamente en su vía y sentido contrario, que más vale que se eche a un lado, si en algo aprecia su vida. Cabe mencionar a los que poniendo a cada instante de manifiesto su ignorancia en cuanto a leyes utilizan su grosero y ordinario vocabulario, para insultar a los gritos al semejante.
Dentro de los personajes con derechos no puedo dejar de mencionar a los funcionarios públicos de todos los rangos, que ejerciendo su prepotencia y arrogancia te hacen esperar o venir reiteradas veces solo por el hecho de demostrar su “superioridad o poder” y si no quieres someterte a posteriores chicanerías tendrás que aprender a tragar sapos, pagar una coima o enfermarte.
Además están los que se creen dueños del tiempo. Entre estos están mayormente las Sras. que asisten al supermercado convencidas de que nadie trabaja. En las cajas demoran en sacar su chequera o sus tarjetas de crédito porque no recuerdan su Pin o no saben la que está vigente o disponible, o quizás se distraigan con el celular. Mientras tanto, la larga fila debe aguardar pacientemente a que la distinguida Sra. finalice sus operaciones. Algo muy parecido ocurre ante los cajeros automáticos, etc., etc., etc. En fin, mientras que la mayoría no respeta los derechos de los demás, no podrá haber nunca una convivencia armónica entre los seres humanos. Mis derechos comienzan donde terminan los tuyos o viceversa. Lastimosamente, son solo palabras.
Helga Behage
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Queja sobre Correos y Aduanas
Quiero comentar una situación que ha vivido una amiga. Ella y yo residimos en el extranjero. Mi amiga ha enviado un paquete a su familia, y cuando esta recibe el paquete, estaba vacío. Al reclamar, un funcionario de Correos contesta diciendo: “No hay que luego mandar cosas caras”. ¿Es decir que no tenemos derecho a enviar nada de valor ya que podría ser del interés de los “funcionarios”? ¿Es decir, no tienen suficiente con estar robando? Es una vergüenza, es lamentable, para que luego nos pregunten por qué no queremos regresar al país. Quiero creer que aún quedan algunas personas honestas y capaces de respetar el sacrificio que hacemos para alcanzar aquello que tenemos, no porque estemos fuera vivimos mejor, es solo que algunos tenemos mejores oportunidades. Me lastima tener que hablar así de mi gente, pero sentimos una gran impotencia al vernos desprotegidos ante estos hechos. Seguro quedará impune y seguirán robándonos.
Fátima Chiuzano Abente
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Funcionarios inútiles
Los tormentos que viene soportando la ciudadanía esteña en los últimos días, a raíz de la falta de energía y agua, resultan intolerables en una región que se vanagloria de contar con dos hidroelécricas, lagos, ríos y arroyos, que certifican que los recursos que no reciben los pobladores, en realidad se encuentran en abundancia en nuestra zona. El problema que se interpone entre los usuarios y los recursos disponibles son los funcionarios inútiles, haraganes y corrompidos, que nada hicieron por garantizar a la población la provisión de servicios tan básicos y vitales, como agua corriente y energía eléctrica.
Primeramente, veamos el problema crónico de la provisión de energía. A pesar de que Paraguay es uno de los mayores productores de energía del continente, nuestra población debe soportar con mucha frecuencia cortes de energía -y los consecuentes daños en los aparatos electrodomésticos-, debido a las deficiencias arrastradas desde hace décadas por la red de transmisión y los sistemas de fraccionamiento y distribución. En promedio, la Ande paga cada año entre G. 150 y G. 170 millones en concepto de reparación por los daños causados por los apagones.
El núcleo del problema no puede encontrarse naturalmente en la generación de energía. Las dos hidroeléctricas que nuestro país comparte con Argentina y Brasil la generan en cantidades que superan por lejos las necesidades del mercado local. El problema se halla más bien en los sistemas de transmisión y redes de reparto a nivel urbano. Los técnicos de la Ande no tienen dificultades en admitir que una parte importante de estos equipos está obsoleta desde hace bastante tiempo. Existen alrededor de 50.000 transformadores en nuestro país, muchos de los cuales han superado ya su vida útil o funcionan precariamente. A las fallas en las maquinarias, se suma otro problema muy grave para la Ande: las conexiones clandestinas. Las inversiones en el sistema eléctrico nacional no pueden circunscribirse a la construcción de grandes instalaciones. Deben extenderse a los barrios, hasta llegar a las conexiones domiciliarias. Esa es la única manera de evitarle a la ciudadanía las consecuencias de la falta de luz.
Lo que debemos de preguntarnos sobre este problema particular es, qué hicieron los funcionarios, que supuestamente están en sus cargos para garantizar el bienestar de los ciudadanos? Por ejemplo, Qué hicieron Sandra Mcleod, intendenta de Ciudad del Este, o su marido, Javier Zacarías Irún, quienes desde 2001 están manejando la administración comunal de la capital departamental? Si bien es cierto que la comuna no es la encargada de la provisión de energía, los jefes comunales hace rato ya deberían haber golpeado las puertas de la Estatal, en Asunción, para reclamar energéticamente por esta tortuosa situación, que afecta a la gran mayoría de los pobladores esteños. No sería una exageración afirmar que, como mínimo, la intendenta podría haber elevado una formal protesta al presidente de la Ande, en Asunción, y no permitir que desesperados ciudadanos lleguen a quemar cubiertas, como lo hicieron los moradores del barrio San Rafael, quienes soportaron una semana sin energía y sin agua.
Igual reclamo debe hacerse al gobernador de Alto Paraná, Nelson Aguinagalde (ANR), quien jamás, desde su asunción al cargo, en 2008, se ha pronunciado sobre esta dramática situación que afecta a miles y miles de habitantes altoparanaenses. Es como si la falta de energía no fuera una realidad, sino apenas una invención de los medios de prensa. Lo mismo vale para los concejales departamentales, para los diputados regionales, para los intendentes y ediles de otros distritos, quienes con su silencio cómplice, permiten que los cortes de energía sean una trágica realidad de todos los días.
Pero es en la falta de agua en donde las autoridades departamentales y regionales tienen aún mayor responsabilidad. Hace más de una década, la Essap viene alertando que el lago de la República, reservorio de agua de Ciudad del Este y distritos vecinos, ya no abastece. Sin embargo, salvo algunas soluciones “parche”, como extraer agua del río Monday (proyecto que hasta ahora no ha sido implementado), no se ha avanzado en nada en la solución de este problema.
Hace tiempo, se viene diciendo que la única solución verdadera es la construcción de una planta de tratamiento de agua sobre el lago de Itaipú, que cuenta con suficiente potencial para ofrecer agua a Ciudad del Este y distritos vecinos por un periodo de 200 años, como mínimo. Incluso se llegó a conseguir un préstamo del gobierno de Japón, sin embargo la codicia desenfrenada de los políticos, específicamente de Javier Zacarías Irún y el gobernador Nelson Aguinagalde, hicieron que el proyecto se abortara, ya que ambos querían manejar los 200 millones de dólares del préstamo internacional, lo cual desencadenó incluso en el “divorcio” irreconciliable de ambos políticos.
En síntesis, mientras los funcionarios inútiles siguen haciendo caso omiso, la ciudadanía soporta las consecuencias nefastas de la falta de agua y energía y todo lo que ello conlleva. Los que trabajan para el Estado cada vez pretenden más salarios, menos horas de trabajo, más prestaciones sociales gratuitas y menos responsabilidades legales por sus falencias.
Los sindicatos se han convertido en pequeños feudos gobernados por caudillejos vociferantes, empotrados en la conducción de sus organizaciones, haciéndose reelegir periodo tras periodo, conformando grupos de privilegiados que emplean sus fueros sindicales para haraganear y eludir los despidos que merecen, para presionar sobre los directivos, organizar conflictos, extorsionar y trabar todos los proyectos de cambio que sean peligrosos para ellos y sus prerrogativas excepcionales. Pese a que la Constitución y las leyes orgánicas establecen la responsabilidad legal de los funcionarios por los daños y perjuicios que deriven de sus actos ilícitos o negligentes, o de su inacción, en la práctica no se conoce caso judicial alguno en que un funcionario público haya sido obligado a satisfacer una obligación de estas. Como consecuencia, ellos se sienten impunes y actúan en consecuencia. Otro problema grave es que en nuestro país no existe la profesionalización en la administración pública, no hay carrera para el funcionario estatal, sus promociones y ascensos raramente dependen de sus habilidades y méritos o, en el mejor de los casos, de su antigüedad, pero en el peor y con mucha frecuencia, de su recomendación partidaria o de palancas de parecida índole. Ya es hora que la ciudadanía eleve su voz de protesta y exija a sus autoridades encargarse de inmediato de los cortes de energía y la falta de agua, y si no pueden, que renuncien sin más trámites y permitan que otras personas, con nuevas ideas y proyectos, puedan tomar las riendas e intentar dar solución a los esteños, que merecen que los servicios básicos les sean proveídos sin más sobresaltos.
http://diariovanguardia.com.py/component/content/article/98-editorial/26453-funcionarios-inutiles.html
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Tres categorías de funcionario público
Cómo hacer la administración pública más eficiente y menos costosa
HERNÁN A. ROJAS ANGULO PROFESOR UNIVERSITARIO
Con un verdadero sistema de evaluación de desempeño y un equipo gerencial mejor calificado, la administración pública podría ser más eficiente y menos costosa.
No hace falta realizar un gran estudio para descubrir que los funcionarios públicos, tanto hombres como mujeres, pueden clasificarse al menos en tres categorías: una la conforman las y los servidores públicos que se ganan honradamente su salario realizando las tareas y actividades por las cuales fueron contratados; es decir, aprecian esa oportunidad laboral y se dedican a trabajar lo necesario, ni más ni menos, tal vez porque aún no encuentran motivación para hacer más de lo que les corresponde.
Existe otro grupo de funcionarios que van más allá de su trabajo rutinario y a diferencia del anterior aportan más de lo requerido, ya sea porque el mismo trabajo les genera un importante grado de motivación o simplemente porque les gusta y valoran lo que hacen, aunque no son estimulados por sus jefes o instituciones.
Desdichadamente, existe un tercer grupo de personas que no valoran esa oportunidad de trabajo ni agradecen el salario que reciben sin mucho esfuerzo, y que, a diferencia de los grupos anteriores, ni siquiera hacen el mínimo que les corresponde; es decir, se limitan a presentarse a su oficina y probablemente todo lo que realizan durante la jornada laboral se puede hacer en una o dos horas.
Están siempre buscando razones para no trabajar, desean más que nadie los fines de semanas y los feriados, están siempre disconformes con todo y tratan de generar caos en la oficina para esconderse en él o disimular su vagancia.
Este grupo de personas nunca cambiará a menos que la administración haga algo por cambiar su actitud y por eliminar de las instituciones estatales el paradigma de la inamovilidad laboral del funcionario público.
Sistema de evaluación. Complementariamente se presentan dos problemas más en nuestro apreciado sector público: uno es que el sistema de evaluación de desempeño no distingue estos tres tipos de empleado, ya sea por imperfecciones del mismo sistema de evaluación o por la incapacidad de los jefes en aplicarlo; y lo segundo, y más grave aún, es que el funcionario público no experimenta ninguna diferencia de pertenecer a uno u otro grupo; es decir, si es un trabajador malo, bueno o excelente, no pasa absolutamente nada.
Un adecuado sistema de evaluación de desempeño debería otorgar el puntaje mínimo o aceptable a quienes apenas realizan las labores por las que fueron contratados y, a partir de él, otorgar puntaje adicional a quienes adicionalmente aportan más de lo que se les pide. El resto de funcionarios públicos, los que tuvieron un resultado deficiente, tendrán oportunidad de demostrar un mejor desempeño luego de la aplicación de un plan remedial particular o de las medidas correctivas que se tomen; de lo contrario, se estaría exponiendo a la apertura de un procedimiento administrativo que le garantice su derecho de defensa pero que, además, le permita a la administración desvincularlo en caso de encontrarlo responsable de su bajo rendimiento y de su apatía hacia el trabajo. Por el contrario, se debe crear un sistema de incentivos que no solo retribuya el buen desempeño, sino que incentive a los otros grupos para mejorar el suyo.
Otro de los aspectos que deberá trabajar la administración es la gestión gerencial que se realiza sobre la evaluación del desempeño, pues no necesariamente los jefes responsables de esa labor se hallan en el grupo élite, la categoría de los desempeños excelentes.
Uno de los incentivos que deben tener quienes pertenezcan a este selecto grupo debe ser su acceso a los puestos o niveles de jefatura, no solo porque se lo merezcan, sino porque sería el inicio de una administración pública ideal, liderada por un nivel gerencial de excelencia, al que no le temblará el pulso para demostrar el verdadero desempeño de sus colaboradores al aplicar el sistema de evaluación.
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DICCIONARIO DESILUSTRADO
Como todo tiene que ser dicho por su nombre y algunos nombres o términos no significan lo mismo de una persona a otra, es que prácticamente todos tenemos un diccionario personal en la cabeza. Nuestro entendimiento se mueve, entonces, por esos caprichosos parámetros que confunden muchas veces, por eso el mundo anda como anda.
Paso a enumerar mi diccionario personal, con algunas palabras o pequeñas frases y lo que significan para mí, o sea, algo más de lo que dicen. Por ejemplo:
Son traidores: No están con nosotros.
Magnánimos: Los que se alzan el sueldo por decreto y después dicen que no les alcanza.
Muralla China: Si se la hubieran dado a los políticos latinos la construcción, en 1660, todavía estarían discutiendo si vale la pena.
Conversatorio: Gente que cree saber algo que otro no sabe y que por tal motivo debemos pagarle por ello.
Parlasur: Arte que consiste en hablar de todo y no hacer nada.
Simpatía: Eso que los empleados estatales odian compartir con los contribuyentes que deben atender.
Logros: Hay varios senadores que a lo único que han llegado es a ser cenadores.
Pobres: Son los que no se conforman con lo que no tienen.
Experiencia: Eso que ahora sabés hacer perfectamente, pero la tecnología ha cambiado y ya no sirve para nada.
Lujo: El que come algún plato sofisticado y caro sin tener hambre.
Lamento: Algo que sucede el día después de un vencimiento o del olvido de los papeles cuando te los exigen para algún trámite.
Prórroga: Sedante para otro vencimiento.
Desinterés: Extraño fenómeno que les pasa a los políticos con las promesas que hicieron en las elecciones.
Absurdo: Llegar tarde a un lugar donde uno no ha sido invitado.
Vergüenza: Algo que muchos han perdido hace ya tiempo y no les interesa recuperar.
Arena política: Campo de batalla de los voraces o caja para que gatos oportunistas hagan sus necesidades.
Adorno: Ese señor, señora o señorita que está detrás de un mostrador y no sabe para qué.
Como sociedad en mucho nos parecemos, pero a algunos les falla la cabeza, como a mí, que estoy siempre al borde, hablando de cualquier cosa, cuando hay temas tan importantes para debatir.
Por César González Páez
http://www.ultimahora.com/notas/514567-Diccionario-desilustrado
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Contratos y sin tratos
Si hay algo que cae pesado, como un caldo de chancho o una butifarra con mosto de caña de azúcar, es esta cuestión de la gente que el Estado contrata a sabiendas de que no cuenta con el perfil deseado para el cargo y que jamás podrá ser útil para las reparticiones públicas. Cae pesado porque entre todos debemos pagarle su sueldo.
Muchas de las absurdas contrataciones no dejan de ser un mero y sustancioso zoquete que se entrega a los amigos, a las amiwis, a los parientes y a los correligionarios. No existe otro fundamento que evidencie la necesidad de esos contratos.
Lo confirman las empresas públicas superpobladas de gente que se rasca hasta lo que no tienen. En el Paraguay casi todas las empresas públicas pierden plata por más que hayan sido creadas para ganar y ofertar un servicio básico como el agua, la electricidad y la comunicación. Además se adhieren incondicionalmente para la joda y para delinquir otras empresas criollas como el Indert, Petropar, la Industria Nacional del Cemento y varias que también portan el estandarte de la corrupción.
Una empresa (?) que lleva el palo mayor y en donde desde hace mucho tiempo hizo residencia el vicio y la perversión es la actual Copaco (Compañía Paraguaya de Comunicaciones), la ex Antelco. Ahí aterrizan los muchachos sin necesidad del mínimo carreteo profesional. Esta cucha de muchos forajidos sigue siendo tan idéntica como en la época republicana, donde se continúan instalando personas sin ninguna base profesional.
En esta empresa comunicacional se sigue incrustando a la gente incompetente para engrosar sus cuantiosas pérdidas. En el 2011, año en que le fue un poco mejor, perdió solamente 22 mil millones de guaraníes. La Copaco maneja 390.000 líneas y cuenta con una “pequeña dotación” de 5.300 funcionarios. Este diario rescató que el récord llegó en 1996 cuando había un poco más de 176.000 líneas con 6.017 funcionarios. Se estima que esta deficitaria Copaco, en donde se aceptan los pedidos partidarios, puede funcionar con 3.000 empleados, lo que ocurrirá cuando se use la política del buen turno del personal y no a los peleles de los políticos de turno.
En las Aduanas siguen contratando monigotes para que llenen sus bolsillos y los maletines que deben subvencionar campañas políticas. Actúan tan en camuflaje que hasta confunden perfumes por tinte de pelos.
La Essap es esa empresa aguatera que saca libremente el agua del río para vendernos y para perder plata. Sirve igualmente como “agencia de colocación” de correligionarios. La Ande no anda lejos y también sirve para lo mismo. Por lo sobredimensionado, sus desmedidas contrataciones y por la corrupción que impera en el ente, sus números nunca avanzan hacia el destino positivo del haber.
La monopolizadora empresa Petropar sigue siendo presa de los muchachos que tienen el mando y el mango del poder. Monopoliza el combustible, no tiene competencia, es mayorista y pierde plata. Para perder más dinero, intenta levantar gasolineras en todo el país. Es otra agencia colocadora de correligionarios. Ocurre lo mismo con el cemento, la Industria que maneja pierde mucha plata al cierre de cada ejercicio, pero sus distribuidores ya ni saben lo que ganan. Sigue siendo una agencia de colocación partidaria.
Con la empresa privada y los clubes deportivos no ocurre lo mismo. La pérdida de algunos puntitos ya implica que los técnicos deben rajar ante el abucheo de la rencorosa parcialidad. En una firma privada, si los números no cierran, se cierra el negocio y el gerente, junto a su equipo de trabajo, son despedidos sin bombos ni platillos.
Los excelentes ministros Efraín Alegre y Rafael Filizzola fueron despedidos por una eficiente gestión. Este gobierno comunica que, por un año más y por coherencia, seguirá contratando a los mediocres…
Por Caio Scavone, ABC Color.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/contratos-y-sin-tratos-391175.html
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La bolsa del presidente
Por Nancy Ovelar
Las expresiones del presidente del Congreso paraguayo afirmando sin rubor alguno que el Estado es una “bolsa de trabajo” no es más que la evidencia lamentable del paupérrimo nivel en el ejercicio de la política paraguaya. Cosa muy sabida.
Con sus expresiones, este señor no hace más que recordarnos casi con arrogancia e impaciencia, que estamos representados por una “oligarquía de pysã troncos”, el summum de la estulticia que ni siquiera guarda las formas y nos refriega en la cara que son sus criterios los que valen, si es que a eso se le puede llamar criterio.
Si un sujeto sin filtro alguno para expresar sus míseras ideas es el que lidera nada más y nada menos que el Congreso de la República, es difícil imaginar el nivel del resto; habrá excepciones, pero en realidad el nivel de este señor es el nivel de la mayoría y no hay mucho más.
¿Acaso salió algún parlamentario a decir algo más atinado, interpelado por semejante barrabasada de su colega?
Con relación a su concepción del estado como “bolsa de trabajo” es sabido que los políticos de su clase no son capaces de ver más allá, porque son los que más se benefician del clientelismo político que mantiene adormecidas a las masas, que se conforman con un puestito en los gobiernos, con ayudas efímeras y la protección de algún padrino.
Imagino que en las bolsas de todos ellos hay muchas cosas: menos patriotismo, menos genuina preocupación por el destino de nuestro país, menos visión de futuro, menos compromiso, menos lealtad, menos sensibilidad, menos honestidad, menos aspiración por superar las barreras de su propia ignorancia y pensar en horizontes más elevados.
Lo que sí podrá encontrarse y en abundancia en las bolsas de la mayoría de estos señores que fungen representar a la ciudadanía es: desvergüenza total, moral de la conveniencia por toneladas, oportunismo descarado, cero conciencia de su responsabilidad pública, mucha ignorancia y avaricia sin límites. Lo cual, los convierte a todos juntos en una “bolsa de gatos” que impiden, paralizan y obstruyen el progreso de este país.
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AUDITORÍA EN LA MUNICIPALIDAD DE CDE ES SALUDABLE Y NECESARIA
POSTED BY JOTAEFEB ⋅ 16 DE JULIO DE 2012 ⋅ DEJAR UN COMENTARIO
ARCHIVADO BAJO POLITICA
Es sumamente importante que la Contraloría General de la República pueda efectuar una auditoría en la Municipalidad de Ciudad del Este. En ese sentido, es significativo tener en cuenta que una auditoría, que nada más es que un examen contable, no significa explícita o implícitamente la culpabilidad de la administración auditada.
Hace años se viene cuestionando que la Municipalidad se erigió en una especie de “fortaleza inexpugnable” para la Contraloría. El argumento de los responsables de la Comuna siempre ha sido que “todos los documentos se enviaron al tribunal de cuentas” y que no era necesaria la intervención de la Contraloría. Sin embargo, es saludable que los exámenes sean realizados también por otros organismos de control, siendo el más representativo justamente la Contraloría.
En los últimos meses, surgieron muchas denuncias respecto a presuntos malos manejos en la administración de Sandra Mcleod de Zacarías, como la presencia de planilleros, operadores políticos, sugestivos pedidos de aumentos y ampliaciones presupuestarias, supuestos negociados con inmuebles públicos, entre otras cosas, que merecen ser aclaradas debidamente.
Hace más de diez años, Javier Zacarías Irún se hizo cargo de la Municipalidad; se vieron muchas transformaciones en Ciudad del Este, gracias a su gestión, pero también siempre hubo sombras y dudas, sumadas a las denuncias de que era “imposible auditar su gestión”.
Por ello, es importante que se eche luz sobre estos asuntos, en señal de respeto a la ciudadanía esteña, al contribuyente que mes tras mes paga sus obligaciones y quiere ser compensado con un buen servicio, recolección de basuras eficiente, calles y plazas iluminadas, avenidas bacheadas y en lo posible asfaltadas, una Policía de Tránsito eficiente, etc. Y se debe ir mucho más allá, la Comuna local debe impulsar otras cuestiones sumamente importantes, como la terminación de vías alternativas, para descompensar el tránsito caótico, asegurarse de que la ciudadanía tenga acceso a agua potable, en conjunto con la Essap, entre varias otras cuestiones prioritarias.
Es de esperar que los auditores de la Contraloría puedan echar luz sobre las denuncias y desestimarlas, o entonces encaminarlas adonde corresponda, para que los responsables paguen por los errores cometidos. Asimismo, debe de servir de estímulo a la intendenta a exigirse más y cumplir una mejor tarea, en beneficio de la ciudadanía que ha depositado el voto de confianza en su persona.
Si eventualmente se hiciera la auditoría y se encontrara que todo está en orden, como afirman tanto Javier Zacarías como Sandra McLeod, esto sería el mejor cartel político para sus aspiraciones. Transparentar el manejo del dinero público debe ser lo más normal para un político y no presentarlo como si fuera una catástrofe.
http://diariovanguardia.com.py/component/content/article/98-editorial/32681-auditoria-en-la-municipalidad-de-cde-es-saludable-y-necesaria.html
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Quien reparte el dinero…
Por Ilde Silvero
Quien reparte se queda con la mejor parte, nos advierte un sabio refrán. Es frecuente que quienes administran el dinero en las instituciones privadas y en las públicas tengan los más altos salarios. No existe razón lógica o estratégica que justifique esto. Los que manejan la plata se quedan con la mejor tajada. No es justo ni ético.
¿Quiénes administran la plata del Estado? Los diputados y senadores, que aprueban el presupuesto general de la nación; los directivos del Banco Central del Paraguay y, por supuesto, los que elaboran el presupuesto en el Ministerio de Hacienda. Ellos son la elite de los funcionarios públicos mejor remunerados del país. Además, cuentan con gratificaciones, dobles y triples aguinaldos, premios por logro de objetivos, gastos de representación, etc.
Aparte están los funcionarios públicos de tan baja remuneración que ni siquiera llegan al sueldo mínimo. En estos días estuvieron de huelga los guardiacárceles porque tienen atrasados sus sueldos de G. 1.500.000. Hay centenares de maestros en escuelas rurales que ganan G. 800.000. Cuántas enfermeras en los centros de salud del interior perciben menos del mínimo por los descuentos. Los policías debutantes también deben arreglarse con el salario básico.
En este contexto de país pobre, con una población que sufre tantas necesidades, con parte de la población subempleada o sin trabajo, con miles de empleados públicos escasamente remunerados, resulta inaceptable, irritante y vergonzoso el reclamo de los funcionarios de Hacienda por incrementar aún más sus privilegios salariales.
Quienes trabajan en el ministerio que administra la plata del Estado se declaran en huelga porque reclaman que quieren tener seis aguinaldos extras por año en vez de los cuatro que ya poseen actualmente. Un dirigente sindical vociferaba en la calle que, como son profesionales, les parece poco el salario básico de G. 2.400.000 y que, aunque la mayoría gana más que dicha cifra y que por contrato colectivo tienen remuneraciones adicionales por título universitario, por logro de objetivos, por maternidad, por horas extras, por trabajo insalubre, etc., todo lo cual redondea los 16 sueldos completos por año, no les parece suficiente y dicen que merecen ganar más; por eso ahora piden un salario más por “logro de objetivos” y otro salario completo por año para sus vacaciones.
Estos funcionarios tal vez creen que son ejecutivos de bancos suizos, directivos de la Microsoft Corporation o hijos de jeques áreas productores de petróleo. Despiértense. Estamos en Paraguay, donde un tercio de la población sobrevive en la pobreza y un 18 por ciento en la miseria extrema.
Ojalá todos los paraguayos pudiésemos cobrar 16 salarios por año como tienen ustedes. Quiera Dios que todos ganemos los altos sueldos que ustedes perciben, al igual que los parlamentarios y los directivos del BCP. Pero no es así. En la dura realidad, la gente se rompe el lomo todos los días para llevar comida a casa. Aún así, miles de trabajadores ni siquiera ganan el salario mínimo. Basta de privilegios injustos e irritantes. Hagan patria y renuncien a los tres salarios adicionales que reciben y quédense con 13 sueldos por año que es lo legal y normal en el sector privado.
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El valor de los mandos medios
El hecho que se relata a continuación es real y ocurrió en Asunción. El director de un canal de TV recién aparecido en el espectro televisivo llamó a su gerente de noticias y le dio esta instrucción: “Estamos a fin de año. Para junio próximo quiero un noticiero del mediodía completamente nuevo, que quiebre los paradigmas clásicos y se posicione en las mediciones de rating”. El interpelado pidió instrucciones: “¿Qué tipo de noticiero es ése?” La respuesta, desconcertante.
“Eso yo no lo sé. Pero por algo Ud. es gerente de noticias, ¿verdad? Busque, indague”, y agregó: “Si para junio el noticiero no está, tenga la seguridad de que se lo cobro”. El noticiero estuvo listo en junio y fue un éxito. La fórmula había funcionado: un CEO motivador y un gerente capaz de responder al desafío planteado.
Este caso revela el valor del mando medio, entendido como aquel individuo que está exactamente en el lugar y el momento apropiado, en cuanto a los niveles de responsabilidad y de autonomía para la toma de decisiones trascendentes. Generar este tipo de personas no es fácil en sociedades que, como la paraguaya, han sido educadas tradicionalmente en el verticalismo y la costumbre de recibir y transmitir órdenes en forma acrítica. Un gerente o un jefe de área es un típico “mando medio”, que está “en medio” de las distintas capas de decisiones y acciones que conforman una empresa y que debe entrenarse en la evaluación crítica de situaciones y la adopción de decisiones en forma independiente cuando sea necesario. Este formato reemplaza a la empresa vertical en la que todo se hace según ordenes del “patrón” y en donde nadie, a excepción de él, puede ordenar originalmente nada. A lo sumo, se limitan a transmitir órdenes. Este esquema es muy cómodo para el “mandado”, ya que lo exime del duro trabajo de pensar y lo libera de la carga de responsabilidades.
La empresa horizontal, en cambio, necesita y vive de personas con iniciativa y con carácter para tomar decisiones dentro de un plan de desarrollo determinado. Es por eso que el entrenamiento de mandos medios se hace la mitad mediante entrenamiento académico y la otra mitad en horas de empresa, no como “pasantía” sino como trabajo efectivo. Los empresarios de hoy lo saben y cada vez se acercan más a aquellos institutos o facultades con estudios técnicos o terciarios que formen futuros mandos medios, porque de allí saldrán sus gerentes y sus jefes de área con bagaje suficiente para mover procesos de producción con eficiencia, rapidez y manejo de costos, e incluso aportes innovadores a esos mismos procesos.
En suma, el concepto de “mando medio” está cobrando otra dimensión en los procesos empresarios contemporáneos, y hay allí una cantera inagotable para la creación de empleo calificado. Algo viable, al alcance general, y con poca inversión.
http://www.5dias.com.py/32756-el-valor-de-los-mandos-medios
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Senadores traicionan el voto popular
Editorial ABC color
El Senado revocó una resolución por la cual su presidente, Blas Llano, había anulado el pago de las gratificaciones que sus 553 funcionarios, así como los 362 del Congreso, debían percibir en septiembre y diciembre de este año. Como la decisión rige para el futuro, solo quedaría sin efecto el pago del tercero de los cuatro “aguinaldos” adicionales presupuestados. Esto significa que en tales conceptos se abonarán este año algo más de 12.344 millones de guaraníes, es decir, unos 3.500 millones más de lo que se gastaría si la medida del ordenador de gastos hubiera sido respetada.
La revocación en beneficio de los paniaguados de los legisladores y en perjuicio de la población fue dispuesta por unanimidad, a pedido de la senadora Desirée Masi, que se dice estar tan preocupada siempre por las carencias de la salud pública.
Cuando el titular de la Cámara Alta resolvió en julio eliminar las dos gratificaciones pendientes de pago, sus colegas no mostraron ningún desacuerdo: también ellos sabían de la general indignación causada por el enorme derroche en materia de retribuciones en el sector público. Ahora creyeron oportuno aprovechar que el narcotráfico está atrayendo desde hace un mes la atención de la gente. Vuelven a las andadas porque, aparte de que otra calamidad ha ocupado el primer plano, confían en que la memoria de la ciudadanía sea lo bastante corta como para olvidar el escándalo desatado hace menos de un año. Entonces, hoy resulta que la medida revocada fue injusta, que el pago de las gratificaciones insume solo una parte “ínfima” del presupuesto del Senado y que las partidas para el efecto deben ser usadas por el simple hecho de que ya están presupuestadas.
El recorte inicial habría angustiado a muchos funcionarios, es decir, a los parientes, amigos, planilleros y operadores políticos de los legisladores, que vagan por los pasillos del Palacio Legislativo porque no solo no tienen nada que hacer, sino que ni sillas para sentarse. Gozan del privilegio de estar allegados a quienes sancionan el presupuesto; así que la mayoría tiene un salario de entre cinco y siete millones de guaraníes mensuales, al que deben sumarse las retribuciones complementarias, sin olvidar tampoco que el fisco les paga un seguro privado que cubre a toda su familia. Ganan muchísimo más que quienes en verdad realizan tareas similares en el sector privado, y que no suelen ser premiados con una suerte de aguinaldos extraordinarios por cumplir con su deber. Los “pobrecitos” habrían quedado afligidos y los senadores –siempre tan generosos con el dinero ajeno– decidieron mantener una flagrante injusticia que crea una casta de privilegiados en relación a los demás trabajadores del país.
En realidad, lo aberrante es que esos haraganes vivan a costa de los contribuyentes, ocupando puestos innecesarios y teniendo unos ingresos desmedidos. También lo es que tengan unas gratificaciones que no perciben todos los demás servidores públicos, ni incluso los contratados –ilegalmente– por el Senado y el Congreso para hacer o no hacer lo mismo que ellos. Por si haga falta decirlo, lo justo sería que todos dejen de percibirlas.
En cuanto a eso de que el monto de los “aguinaldos” adicionales sea relativamente insignificante, atendiendo el volumen del presupuesto, solo cabe preguntarse –y sería saludable que lo haga también la senadora Masi– cuántos remedios o jeringas pueden comprarse con esos miles de millones de guaraníes dilapidados en estos parásitos. Los senadores parecen ignorar que ese dinero que despilfarran no les pertenece ni cae del cielo, sino que proviene del sudor de sus conciudadanos que pagan sus impuestos. No pueden hacer con él lo que les dé la gana, sino solo aquello que responda al interés general, tan distinto del de sus protegidos.
Si bien los fondos asignados en este caso sean solo una parte pequeña del presupuesto, deben ser empleados, como corresponde, solo cuando haya necesidad de hacerlo. En el caso en cuestión, los destinados al pago de los “aguinaldos” adicionales nunca debieron haberse incluido en el presupuesto del Senado porque son injustificados. El hecho de que ya han sido presupuestados no supone que exista la obligación de erogarlos, a diferencia de la que existe con respecto al pago de los salarios.
Lo resuelto por los senadores de todo pelaje muestra de nuevo que la reducción del gasto público les importa un bledo, y que están dispuestos a seguir repartiendo el dinero del pueblo como se les antoje. Podrán haber sancionado a las cansadas la Ley de Responsabilidad Fiscal o tendrán otra que regula la concesión de pensiones graciables, pero lo que en realidad hacen es derrochar a manos llenas el dinero público, ignorando la letra y el espíritu de las normas que ellos mismos aprueban. Algunos de ellos censuran a los corruptos y se llenan la boca con el concepto “justicia social”, pero a la vez distribuyen verdaderas limosnas para contar con estómagos agradecidos. Nuestros parlamentarios pueden discrepar en muchas cosas, pero en lo único que todos siempre coinciden es en que está bien valerse del presupuesto para favorecer a su clientela.
Se ha visto una vez más que el dispendio tiene un carácter interpartidario; así que la pertinente repulsa ciudadana debe comprender a todos los colores. Se impone que la sociedad civil haga saber a esos desvergonzados que no deben seguir tomándole del pelo, y que si quieren favorecer a sus acólitos parásitos, que lo hagan con dinero sacado de sus propios bolsillos. El dinero público que hacen llover sobre los suyos debe servir para atender las necesidades permanentes del pueblo y no de un pequeño grupo de personas que actúan como vividores consentidos por quienes traicionan el voto popular.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/senadores-traicionan-el-voto-popular-1309633.html
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Digitalización para reducir la corrupción
Como debería saberse, la corrupción es uno de los peores castigos para nuestra sociedad. La corrupción trae pobreza y estanca nuestro desarrollo, ahuyenta las inversiones e impide al país su avance para lograr una sociedad más justa y equitativa. Una de las herramientas para disminuir la corrupción, recomendadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su informe de junio del año en año (EFE), es la digitalización de todo tipo de trámites. No ajenos al desconocimiento en Paraguay de la famosa TL (tasa de lubricación), que ayuda a mover expedientes y destrabar procesos en forma corrupta. Estamos convencidos de que cuanto más digitalizados los procesos, transparentes y visualizables a través de una PC o celular, al ojo de todos los ciudadanos, los niveles de corrupción bajarán.
Según el informe publicado por el BID la digitalización de los trámites reduce la corrupción y los costos de la burocracia en Latinoamérica y el Caribe. Su estudio además viene con una recomendación a los países de la región, para dar pasos en esa dirección.
El trabajo “Fin del Trámite Eterno: Ciudadanos, Burocracia y Gobierno Digital” reveló que prestar gestiones presenciales cuesta a los gobiernos locales hasta 40 veces más de lo que podría costar el servicio equivalente a una plataforma digital, una actividad aún poco desarrollada en la región. Mientras que en la Unión Europea es posible empezar el 81 % de los trámites en línea, en Latinoamérica solo el 7 % de las personas han realizado su último procedimiento burocrático a través de herramientas digitales.
Además, el análisis del BID descubrió que solamente la mitad de las tramitaciones se resuelven en una sola interacción con la entidad pública y el 25% de ellos requiere por lo menos tres interacciones. Por otro lado, los investigadores encontraron que los costos de los trámites son más altos para las personas de bajos ingresos, ya que tienen menos flexibilidad laboral y pierden ingresos cuando tienen que pasar horas en fila para ejecutar un trámite.
Para paliar esta situación, el BID aconsejó a los gobiernos de la región eliminar procedimientos “innecesarios, redundantes u obsoletos” y destinar más recursos para facilitar el acceso a trámites digitales. Además, abogó por fomentar el desarrollo de las plataformas en línea a través de herramientas como programas de interoperabilidad, identidad y firma digital, entre otros.
“Este estudio aporta una hoja de ruta para hacer reformas de simplificación y digitalización de trámites enfocadas en la experiencia ciudadana y haciendo uso estratégico de instrumentos digitales” señaló la gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID, la colombiana Ana María Rodríguez-Ortiz.
Paraguay está todavía muy lejos de la digitalización de trámites, salvo programas implementados por la SET, algunos trámites de IPS, Ministerio de Trabajo, Ventanillas únicas de importación/exportación, entre algunos avances estos últimos años. Estamos años luz de lograr ratios razonables digitales en comparación tan siquiera con nuestros vecinos.
Estamos convencidos que la solución está en nuestras manos, en cada gremio empresarial. Y especialmente, en cada político de bien, en cada ciudadano, exigiendo y presionando cada vez más para que la digitalización suceda. No será todo, pero lograremos de este modo, sin temor a equivocarnos, mejores calificaciones en los niveles de transparencia país.
Por Matías Ordeix
https://www.lanacion.com.py/columnistas/2018/08/04/digitalizacion-para-reducir-la-corrupcion/
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Impuestos y corrupción
Ante los casos de corrupción que diariamente salen a la luz en nuestro país, la reacción de querer dejar de pagar los impuestos correspondientes puede parecer hasta justificada.
Sin embargo, el deber de pagar impuestos implica que hay una parte de nuestro patrimonio que no nos pertenece como individuos, sino que pertenece al Estado. Por lo tanto, si alguna autoridad que administra fondos públicos de una u otra manera o los desvía en provecho propio, reaccionar no pagando los tributos no es otra cosa que unirse al festín de la corrupción.
Poner como excusa que no se pagará un impuesto porque considera a un intendente un corrupto, como lo expresó el ex senador Julio Pichín Quiñónez (ANR), días atrás, habla también muy poco de la honestidad del exlegislador como empresario. Esto teniendo en cuenta que lleva más de 22 años evadiendo el pago de la patente municipal.
El intendente de Tobatí, Dan González (PLRA), a quien Quiñónez acusó de corrupto lleva menos de ocho años administrando la Municipalidad. Es decir, para el exlegislador la corrupción al parecer siempre fue su excusa porque los catorce años anteriores a la administración de González tampoco pagó sus impuestos, de acuerdo a los datos.
Quiñónez dijo estar cansado de los corruptos, pero la única manera de acabar con la corrupción es con voluntad política. Para eso tendría que haber una cultura de la legalidad.
La voluntad política también se traduce en una justicia eficiente a la hora de castigar a los corruptos. Significa que quienes defrauden el erario paguen con cárcel en las prisiones, no en sus casas. Sin ningún derecho a reducción de pena; y que, además, se les expropien todos sus bienes y congelen sus cuentas.
Es decir, si el jefe comunal de Tobatí, Dan González (PLRA), es un corrupto tal como afirma Quiñónez, debe ser procesado y castigado, pero esto también implica que el exlegislador y exgobernador de Cordillera, Julio Quiñónez (ANR), deba sufrir la misma suerte, por ser un evasor de impuestos confeso.
La mejor prédica se da con el ejemplo, si vamos a exigir transparencia y denunciar la corrupción, es necesario comenzar cumpliendo con nuestras obligaciones de ciudadanos responsables. Una de ellas es pagar los impuestos que nos corresponden, sin excusas.
Por Desiré Cabrera
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/impuestos-y-corrupcion-1727893.html
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El empresario y la corrupción
Es muy frecuente que cuando hacemos uso de la palabra “corrupción” la asociemos inmediatamente con lo “político”. Y no es para menos, sobre todo últimamente que, por fortuna, mediante presión ciudadana, denuncias fiscales y prensa, algunos políticos han tenido que dejar sus cargos.
Sin embargo, el empresario o los actores privados son muchas veces responsables directos o cómplices de la corrupción. Directamente cuando coimean al funcionario público, “aceitan” una licitación o sobornan ante cualquier trámite o proceso. Cómplices porque no denuncian la corrupción, pues muchas veces les es más fácil decir “es así nomás luego” que intentar tan siquiera forzar el cambio, incluso ante las cosas más pequeñas.
En un trabajo realizado por IESE Business School, denominado “La Corrupción y las Empresas”, nos permite poner un poco de luz al impacto, formas y acciones en contra de la corrupción en el sector empresarial.
Las empresas tienen muchas razones para rechazar la corrupción, aunque se lleve a cabo en presunto beneficio de la empresa: tiene altos costos directos (desde multas hasta penas de prisión) e indirectos; suele reducir la transparencia (obligando a la falsedad contable y fiscal); los riesgos que lleva consigo pueden ser grandes y, a menudo, de difícil valoración porque se escapan de su control. Y, en fin, deteriora la reputación de la empresa, su capacidad de supervivencia y su rentabilidad futura. Además, incurrir en actuaciones corruptas es una estrategia equivocada. La ventaja competitiva que puede adquirir la empresa corrupta, por ejemplo, aumentando sus ventas mediante sobornos, es poco sostenible y muy costosa.
Muchas veces, como comentaba antes, con la tentación de hacer las cosas en forma más rápida y acortando los tiempos de los trámites, el empresario prefiere pagar un “gestor”, que en realidad será una persona que distribuirá parte de sus honorarios, por ejemplo, dentro de una entidad pública o municipal para acelerar procesos y aceitar trámites. Estamos de este modo fomentando la informalidad y la corrupción.
Pero podemos tomar las riendas y hacer el esfuerzo de prevenir la corrupción como empresarios y dentro de nuestras propias organizaciones. Pues la prevención de la corrupción dentro de las empresas forma parte de su responsabilidad corporativa y utiliza sus mismos medios: códigos de conducta, memorias, auditorías, formación del personal, exigencia de transparencia a sus proveedores y socios, etc. Lo que la lucha contra la corrupción añade a esos instrumentos es un conocimiento claro de la naturaleza, causas y problemas creados por la corrupción, la identificación de los puntos débiles en las relaciones externas de la empresa y una voluntad firme y decidida de oponerse a ella, además de algunos medios específicos.
El resultado será el respeto a la ley, la creación de un clima de confianza dentro de la organización y de lealtad con sus stakeholders externos, además de una gestión de mayor calidad y una sólida reputación que, a la larga, se traducirá en unos mejores resultados económicos, sociales, humanos y éticos.
Finalmente, si le vamos a exigir al funcionario público o al político que ya es hora de terminar con la corrupción y ser transparentes, seamos coherentes y empecemos nosotros los privados por hacer nuestra parte. Si no nos ocupamos, perdemos credibilidad ante este impostergable reclamo.
por Matías Ordeix
https://www.lanacion.com.py/columnistas/2018/09/01/el-empresario-y-la-corrupcion/
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