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País

Gramont Berres nos sigue estafando

 

Recuerdo que a mediados de los ‘80, en mis épocas de colegio, cuando en Paraguay teníamos que conformarnos con la limitada programación de un par de canales de televisión y, con un poco de suerte, sintonizar aquel canal formoseño que mis contemporáneos recordarán perfectamente, había un señor muy elegante que aparecía cada semana para hablar de los maravillosos descubrimientos que había hecho en el curso de sus fantásticos viajes alrededor del mundo.

En aquel tiempo, lo único que sabía de ese señor es que era uruguayo, diplomático o algo por estilo, y muy cercano al gobierno de la época, ya que estaba casado con una señora del entorno -o pariente, no lo recuerdo con exactitud- del por entonces decrépito dictador. El hombre en cuestión se llamaba Gustavo Gramont Berres.

Unos años más tarde, pude enterarme de que ese señor no era uruguayo, sino argentino; que su verdadero nombre no era el distinguido Gramont Berres, sino Benjamín Levy Avzarradel, y que en la misma época en que tenía aquel programa televisivo de mis recuerdos, estaba urdiendo una de las más fenomenales estafas que registre la historia de la República del Paraguay.

Efectivamente, en 1986, Gramont obtuvo un millonario crédito del Overland Trust Banque para financiar dos proyectos agroforestales bajo las firmas “Rosi SA” y “Lapachos San Isidro SA”. Presentando documentación fraudulenta, el por entonces cónsul en Ginebra y más tarde “embajador itinerante”, pretendió involucrar al Estado paraguayo como garante de los empréstitos.

Cayó la dictadura y el negociado saltó a la opinión pública cuando venció el primer pagaré firmado por el impostor. Ante la falta de pago, el banco presentó el reclamo a la aseguradora estatal italiana que había cubierto el crédito.

Este hecho motivó un reclamo del Gobierno de Italia al de nuestro país, que fue respondido por el canciller de la época, doctor Luis María Argaña, el 20 de febrero de 1990, en nota dirigida al ministro de aquel país europeo, Gianni de Michelis, en la que le expresaba que, tras un análisis minucioso del caso, resultaba que no se habían cumplido las formalidades constitucionales ni legales para que el Estado paraguayo tuviera comprometida su garantía.

Esta ha sido la postura inalterable del Paraguay durante dos décadas. Una batalla legal y jurídica sin precedentes fue librada durante casi quince años por otro canciller nacional, el doctor Luis María Ramírez Boettner, para preservar los intereses nacionales en esta causa. Gramont Berres fue condenado en Paraguay y apresado por largos años. Luego, fue extraditado a Suiza, donde se le seguía un juicio penal por “tentativa de estafa”.

Con los años, el Overland Trust Banque vendió los títulos de la deuda privada que contrajo Gramont Berres a diez bancos europeos y norteamericanos, que demandaron a nuestro país ante los estrados suizos exigiéndole el pago de algo en lo que siempre había estado completamente ajeno. En primera instancia ganó el Paraguay, pero la segunda y la última favorecieron a las instituciones financieras. Suiza optó por priorizar los intereses de los banqueros, sus bienhadados banqueros.

Ese sindicato de bancos reclama a nuestro país el pago de unos 100 millones de dólares, así como los honorarios de sus abogados en Suiza y en Paraguay. Hasta aquí, espero que el amable lector haya entendido mínimamente mi breve y desprolijo relato.

Lo que seguramente no podrá comprender, es más, ni siquiera podrá concebir como algo lógico y aceptable, es que ahora surjan voces en nuestro propio país que convoquen al pago de esa deuda fraudulenta, que no es nuestra, que no nos corresponde; que reclamen un “arreglo” con los banqueros en, dicen ellos, salvaguarda del “buen nombre” del país.

¿Puede usted imaginarse una felonía tal? Yo no, no lo puedo comprender. Es como si Gustavo Gramont Berres… perdón, Benjamín Levy Avzarradel, se siguiera mofando de todos y cada uno de nosotros aún hoy. Me pregunto, ¿qué hace el Gobierno del “cambio” mientras tanto? Por lo visto, el “cambio” también significa un giro copernicano en esta grave materia. Ahora nos sentaremos a negociar con nuestros propios verdugos.

31 de Mayo de 2011

por Adrián Cattivelli

http://www.abc.com.py/nota/gramont-berres-nos-sigue-estafando/

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

12 comentarios en “Gramont Berres nos sigue estafando

  1. Gramont Berres, cuidado

    La sentencia a favor de Paraguay es para gritar de gusto, pero mucho cuidado , solo empatamos el partido. En suiza la sentencia fue en contra de Paraguay y a los europeos les importa un comino la sentencia a favor lograda en EE.UU.

    Podremos depositar los fondos en los EE.UU., pero luego de unos años todos pensarán que ya ganamos la guerra y no es así.

    Va a haber gente que tiene en su poder documentos con los cuales nos pueden embargar y ejecutar los fondos si se depositan en Europa o en alguno de sus feudos a lo largo del mundo. De nada nos va a servir gritar que en EE.UU., ganamos. Y el monto va a ser mucho mayor.

    Dependiendo de los años. También existe la posibilidad de que algún funcionario despistado lo deposite en europa creyendo que el problema terminó. O que nos ofrezcan tasas altas y caigamos en la tentación.

    Podría ser aún peor, que compren a algún funcionario paraguayo para que “sin querer” lo deposite en Europa. Claro que esto es solo una suposición ya que en el Paraguay no hay políticos ni funcionarios corruptos.

    Mientras Paraguay no compre esos títulos, no vamos a poder dormir en paz. Adquirirlos va a ser doloroso pero beneficioso porque podremos acceder a la mejor tasa de interés en cualquier lugar sin estar atados a los EE.UU.

    Raúl Rivarola

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    Publicado por jotaefeb | 25 mayo, 2017, 10:34 am
  2. Discutamos sobre el uso de las Reservas
    2 mayo, 2017

    El reciente finiquito del “caso Gramont”, después de tres décadas, va mucho más allá de librarnos de tener que pagar una deuda espuria de aproximadamente 100 millones de dólares, lo que de por sí tiene una importancia extraordinaria. Al quedar firme la sentencia dictada por la jueza Federal del Distrito Columbia de Washington D.C, Ketanji Brown Jackson, en contra de las pretensiones de la empresa italiana SACE S.A, el Paraguay recuperó el derecho a disponer de sus reservas internacionales, que hasta ahora no podían ser movidas del Banco Internacional de Pagos (BIS), con sede en Suiza. En dicha entidad financiera estaban protegidas ante cualquier eventual embargo, pero al costo de percibir una tasa de rendimiento anual de apenas el 0,3%,equivalente a 20 millones de dólares, aproximadamente. Ahora no solo podrán colocarse esos fondos en bancos de los Estados Unidos, a un interés que representará ingresos al Tesoro por más de 200 millones de dólares/año, sino que, además, un porcentaje de las reservas bien podría utilizarse a los fines del desarrollo y de la prosecución del combate a la pobreza, lo que por cierto amerita un debate amplio y serio.

    ¿Para qué sirven las reservas, se preguntarán muchos lectores? Un ejemplo local de su correcta utilización es la relativa a la estabilidad monetaria y al control de la inflación, que en nuestro país se ha mostrado exitosa, a lo que debe sumarse que es un reaseguro que tenemos contra cambios bruscos en los mercados financieros, ataques especulativos o a la violenta caída de las exportaciones e importaciones, por la crisis regional y mundial, entre otras.

    Ahora bien, las reservas paraguayas se mantienen en el orden de los 7.000 millones de dólares, cifra cercana al 23% de su Producto Interno Bruto (PIB), cuando la media de los países latinoamericanos no supera el 15% y en algunos de ellos es incluso inferior al 10%, como Chile, Brasil y México, sin tomar en consideración a los países desarrollados, en la mayoría de los cuales no es mayor al 7%.

    Los economistas “ortodoxos” sostienen la tesis de que las reservas “no se tocan”, más allá de ser empleadas para los fines antes mencionados. Pero nunca tuvieron la solvencia suficiente para explicar las razones por las cuales los países deben acumular indefinidamente su capital en ese concepto, que sería igual a que una familia o una empresa aumenten su ahorro o capital, pero no puedan hacer uso de una parte de esos fondos para desarrollar nuevos emprendimientos que le sean rentables.

    Imaginemos solo por un instante lo que podríamos hacer si tomamos 1.000 o 1.500 millones de dólares de las reservas internacionales para potenciar aún más los planes de viviendas sociales, poner en condiciones las escuelas y colegios, reparar y construir hospitales, así como para impulsar otras obras de infraestructura. Imaginemos el fenomenal empuje que daría esto a la economía, a la generación de puestos de trabajo, al aumento del consumo y al mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo. Y todo ello, sin endeudar al país en un solo centavo.

    Es más, hasta podríamos prescindir de los intereses que se obtengan por colocar las reservas en los bancos de plaza y destinarlos íntegramente a acrecentarlas nuevamente de manera acelerada, para poder repetir la misma operación en un futuro no lejano.

    Por lo pronto, es una obviedad que tras la conquista obtenida por el país en el “caso Gramont”, lo que surge de inmediato es la necesidad de elaborar una ingeniería financiera para sacarle el máximo provecho a las reservas y conseguir recursos frescos todos los años, al tiempo de impulsar la discusión sobre la conveniencia de emplear una parte de ellas para responder a problemas acuciantes de la realidad, en el marco de la más absoluta transparencia.

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    Publicado por jotaefeb | 2 mayo, 2017, 8:46 am
  3. Caso Gramont Berres: la deuda que otros querían pagar ¿a cambio de qué?
    Jorge Torres Romero (@jtorresromero)

    El expresidente Federico Franco, el senador Miguel López Perito y el periodista Benjamín Fernández Bogado en diferentes situaciones abogaron para que el Paraguay termine pagando la millonaria deuda espuria. El procurador general de la República, Roberto Moreno destacó el triunfo paraguayo en tribunales internaciones y sostuvo que hay noticias que se escriben para el diario de mañana, pero otras que están destinadas a escribirse en los libros de historia y el caso Gramont Berres es una de ellas.

    El 27 de junio de 2012, apenas unos días después de haber asumido la presidencia de la República, Federico Franco, acompañado de sus ministros, se reunió con diputados y senadores de diversos partidos políticos para solicitar apoyo a su decisión de pagar la deuda contraída por Gustavo Gramont Berres de manera fraudulenta.

    Franco había dicho que el plan era viajar a Suiza “para destrabar esa cuenta y pagar la plata que queremos pagar”, teniendo en cuenta que conseguirían una quita importante.

    El país había sido condenado por el Tribunal Federal de Suiza a pagar 85 millones de dólares por la deuda obtenida por Gramont Berres entre 1986 y 1987. Para obtener el préstamo, el embajador itinerante de Stroessner presentó un supuesto aval del Estado paraguayo al banco Overland Trust de Ginebra (Suiza), con el objetivo de instalar dos fábricas en nuestro país, lo que nunca se concretó.

    El ministro de Hacienda de ese entonces, Manuel Ferreira Brusquetti, justificó la operación alegando que sobre las reservas internacionales pesaba riesgo de embargo y señaló que para concretar ese proyecto se debía tomar una medida rápida al respecto.

    OTROS QUE QUISIERON PAGAR

    Un plan similar de colocación de las reservas fue presentado en marzo de ese mismo año por el actual senador Miguel Angel López Perito, exjefe de gabinete de Fernando Lugo. En setiembre de 2015, ya como legislador de Avanza País, López Perito dio por perdida nuevamente la causa y dijo: “El caso Gramont Berres es una causa perdida por la irresponsabilidad, inoperancia e incompetencia de los representantes del Estado paraguayo en diferentes momentos”, había declarado el senador.

    La misma postura había tomado el periodista Benjamín Fernández Bogado, quien pidió “dejar de ser Mariscal López”, y actuar con la razón, aceptando la derrota en todas las instancias en la Justicia de Suiza y pagar la deuda que fue contraída en forma totalmente ilegítima. “El caso Gramont es un caso juzgado en el cual sólo se está discutiendo cuándo se va a pagar, no si se va a pagar o no. Es cierto que es un fallo injusto, pero Paraguay perdió el caso. Entonces ya no hay otra posibilidad más que aceptar el hecho y negociar el pago”, sostuvo Fernández.

    La pregunta que surge ante todas estas intenciones de hacer pagar al Estado paraguayo una deuda inexistente, es ¿de dónde surge tanto interés? ¿a cambio de qué se haría dicho pago? ¿Quiénes intervendrían en la operación?

    El 21 de marzo pasado, el presidente Horacio Cartes comunicaba a la opinión pública nacional e internacional que la Jueza Federal del Distrito de Columbia de Washington D.C., Ketanji Brown Jackson, había dictado sentencia haciendo lugar a la defensa del Estado paraguayo y rechazando la demanda iniciada en los Estados Unidos de América contra la República del Paraguay por la empresa aseguradora italiana SACE.

    Posteriormente se confirmaba que la aseguradora italiana SACE SA no apeló en el plazo que correspondía el fallo de la Corte Estadounidense ante la cual había reclamado el pago de la deuda espuria. Ante esta circunstancia y vencido el plazo para la citada diligencia judicial internacional, se consolida de manera definitiva la tesis paraguaya de que dicha deuda de 100 millones de dólares atribuida al Paraguay no tenía sustento jurídico.

    Este hecho motivó al propio Jefe de Estado, Horacio Cartes, a destacar la importancia de la victoria jurídica paraguaya durante un desayuno de trabajo en la residencia presidencial con los periodistas acreditados en el Palacio de López.

    El procurador general de la República, Roberto Moreno en declaraciones a la 650 AM dijo que hay noticias que se escriben para el diario de mañana, pero otras que están destinadas a escribirse en los libros de historia y esta es una de ellas.

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    Publicado por jotaefeb | 1 mayo, 2017, 7:58 am
  4. El Caso Gramont y los stronistas
    25 marzo, 2017

    La histórica sentencia de un tribunal de los Estados Unidos a favor del Estado paraguayo, liberándolo de la carga de pagar una deuda espuria de unos 100 millones de dólares por el caso conocido como Gramont Berres, es un lastre, hay que recordarlo, del stronismo y los stronistas, que manejaban así irresponsablemente y sin rendir cuentas a nadie, los destinos del país.

    Y es bueno además, poner el asunto en perspectiva porque la amenaza del retorno al autoritarismo está nuevamente latente con el grupo stronista-marioabdista que está empeñado en hacerse del poder, a como dé lugar. Por eso la fobia al gobierno de HC.

    Si en un momento sus representantes prefirieron mantenerse ocultos hasta que pasara el vendaval de investigaciones, imputaciones y cárcel para los seguidores del dictador, que enrealidad todo fue muy leve, hace pocos años decidieron que el peligro había pasado y que podían sacarse la careta, mostrándose tal cual son en realidad, personajes turbios, hartos de las libertades consagradas y respetadas y con muchas ganas de cortar toda manifestación democrática que permita al pueblo a decir lo que piensa.

    Gustavo Gramont Berres fue un “embajador itinerante”, cargo creado exclusivamente para este estafador chupamedias del dictador Stroessner, a quien simuló servir para servirse de él, en realidad y sobre todo de su poder omnímodo.

    Todos los negociados en los que involucró al país los hizo en nombre de su jefe. Es por eso que cuando, ya en plena democracia, el escándalo estalló y el país tuvo que enfrentar una denuncia internacional, hubo un sector que pretendió pagarla, con la excusa de que de esa manera se terminaría el problema.

    La decisión tomada por Horacio Cartes, de presentar pelea ante los tribunales internacionales, hizo que, 2 años después de la demanda, una jueza americana dictara sentencia a favor nuestro, liberándonos de esa deuda que habría de hipotecar el futuro de nuestra gente. Ninguno de los retoños, de la antigua “tierna podredumbre” por lo menos cerró el pico, no, sangraron por la herida, pichados, aunque no sabían para dónde tirar, ni con que argumento, se permitieron criticar el tema. Esa es su esencia. El mal, ni siquiera un resquicio de patriotismo

    Insistimos, la amenaza no ha terminado. Ellos pretenden volver, y utilizan cualquier espacio que consiguen, como el Senado, para desde allí torpedear todo el proceso político, económico y social del país, a fin de volver como “los salvadores de la patria”, vaya y ¡qué salvadores!

    Aunque han acusado el golpe de esta sentencia que nos ubica de nuevo en el sitio que nos corresponde, ellos no han tirado la toalla. Están tan dispuestos como antes a dar pelea y para ello utilizan toda su artillería para atacar permanentemente al gobierno, aunque ello implique un ataque directo y agresivo al país.

    No hay que bajar la guardia. Estos personajes siniestros deben formar parte definitivamente del basurero de la historia.

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    Publicado por Anónimo | 6 abril, 2017, 11:34 am
  5. El triple del año

    En las últimas dos semanas los paraguayos hemos vivido eventos muy significativos, que son imposibles de ignorar: 1. La sentencia emitida por un tribunal de Washington por la que se rechaza la demanda promovida contra el Estado paraguayo con motivo del espúreo crédito otorgado por un banco suizo al nunca bien recordado Gramont Berres.

    Cuando se anunció que el Estado paraguayo plantearía una demanda para impugnar la legalidad del crédito reclamado, pensé que se trataba de una aventura jurídica con un final desastroso para la pretensión paraguaya.

    Felizmente debo reconocer que me equivoqué y que se trata de una noticia que es punto inicial para dejar definitivamente libre al país de tan espúreo reclamo. No es común que una pretensión del Estado paraguayo tenga una respuesta de alcances jurídicos y económicos que nadie puede discutir. Y por si alguno cuestiona los honorarios abonados a los abogados americanos, el monto no representa ni el uno por ciento (1%) del capital reclamado.

    La colocación de los bonos del Tesoro, a pesar del inmisericorde boicot iniciado desde el Senado para cuestionar la legalidad de su emisión, demostró la estabilidad y confiabilidad de la economía paraguaya. El monto total de las ofertas presentadas por los inversores superó los US$ 3.000.000.000, suma muy superior a los US$ 550.000.000 que constituían el monto de la emisión.
    Además, la tasa de interés obtenida (4.7% anual) es por demás aceptable y refleja el bajo nivel de riesgo con que el país se presenta ante los inversores del exterior.

    Sobre esos dos temas, escuché una entrevista radial al ministro de Hacienda, Santiago Peña, quien con una increíble tranquilidad y solvencia expuso la justificación de la emisión de los bonos, su incontrovertible legalidad, las consecuencias de su no emisión y el destino que tendrían esos fondos. Los periodistas que lo entrevistaron obtuvieron una sustancial e irrefutable respuesta por parte del ministro de Hacienda, quien contestó con elocuencia a todas sus preguntas, aun aquellas cargadas de subjetividad y diría hasta de alguna malicia.

    En cualquier caso, la colocación de esos bonos evitará que el país caiga en cesación de pagos y también permitirá que las tasas de interés sean menores y el préstamo pagadero a más largo plazo.

    Creo que han sido unos días en los que, aun los más temerarios tiroteadores contra la gestión del gobierno, estarán satisfechos o, al menos, deberán guardar silencio tratando de minimizar esos dos acontecimientos muy relevantes para la economía del país.

    Y como corolario de un tiempo de buenas noticias, los ciudadanos que trabajan honestamente y aman a este país, esperan con ansias el anuncio sobre un eventual acuerdo entre los gobiernos de Paraguay y Argentina sobre los aportes e intereses reclamados por este último para la construcción de la Represa Yacyretá.
    De darse el acuerdo concluirá definitivamente una interminable discusión que ya lleva décadas sin ser resuelta. Pero además, ese acuerdo podría facilitar la instalación de las turbinas en el brazo de Aña Cuá y la construcción de la Represa de Corpus, la que, lógicamente, requerirá la aprobación previa del Congreso Nacional. Esas construcciones requerirán inversiones varias veces millonarias y generarán fuentes de trabajo para miles de paraguayos.

    Sin desconocer los méritos del gobierno nacional, estos son días en los que uno puede decir que Dios bendijo al Paraguay y de esto podemos estar seguros.

    Por Óscar Germán Latorre

    http://www.lanacion.com.py/columnistas/2017/03/26/el-triple-del-ano/

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    Publicado por Anónimo | 6 abril, 2017, 11:33 am
  6. Extorsión judicial

    Por Guido Rodríguez Alcalá

    Hace varios años, sucedió el caso que menciono sin dar los nombres reales.

    El señor A encontró la firma del señor B en el plano de una casa (B era arquitecto) y la usó para crear una deuda falsa: Pagaré al señor A la suma de X guaraníes. Cuando llegó el vencimiento del pagaré falso, A le reclamó el pago a B. ¿Qué pasó? Que B no le pagó nada y A se fue preso por estafa.

    Cambiando lo que se debe cambiar, se utilizó el mismo esquema delictivo en el caso de Gustavo Gramont Berres. Falsificando documentos, Gramont creó una deuda falsa a cargo del Estado paraguayo. (Entre los documentos falsificados estaba el documento de identidad de Gramont, que se llamaba Levy). ¿Qué pasó? Cuando llegó el vencimiento de la falsa deuda, quisieron cobrársela al Paraguay. ¿Fue un señor A? ¡No, fue un país soberano y amigo! ¡Porca miseria!

    El engaño se fraguó en tiempos de Stroessner, sin que lo supieran él ni sus colaboradores.

    Cayó Stroessner en 1989, y llegó la reclamación del Gobierno italiano en 1990: el cónsul paraguayo en Ginebra, Gustavo Gramont Berres, recibió dinero prestado de un consorcio de bancos europeos presidido por el Overland Trust Bank (OTB); Gramont no pagó la deuda a su vencimiento y corresponde que la pague el Gobierno paraguayo, puesto que avaló la deuda de Gramont.

    Nuestra Cancillería contestó: (1) que el Paraguay nunca le dio ninguna garantía a Gramont; (2) el Paraguay nunca le concedió facultades a Gramont para comprometerlo; (3) el Paraguay, para asumir la responsabilidad de una deuda, requiere la aprobación del Congreso, que no la dio y ni siquiera sabía del asunto; (4) hubo fraude en todo el manejo del asunto.

    Esto último se comprobó cuando Gramont, requerido por la Justicia norteamericana, suiza y paraguaya, fue extraditado a nuestro país, donde fue juzgado.

    En el juicio se comprobó que él había recibido una comisión de varios millones de dólares por su participación en la maniobra. No sabemos cuánto recibieron sus cómplices italianos Francesco Nicoletti y Roberto Ruberti, también presos y procesados.

    Nicoletti era el gerente del OTB, quebrado fraudulentamente, y sabía que Gramont no tenía el aval del Paraguay, porque se lo dijo el Ministerio de Relaciones suizo; si le concedió dos créditos que rondaban los 90 millones de dólares sin ninguna garantía válida (p. e., una hipoteca), fue con mala fe. Roberto Ruberti era el presidente de la SACE, empresa gubernamental italiana que asegura las operaciones de empresas italianas en el extranjero; las asegura contra los riesgos imprevistos (p. e., confiscaciones), pero en este caso aseguró al OTB contra su propio fraude.

    Después de pagarle al OTB, le reclamó lo pagado al Paraguay, aunque un tribunal italiano hubiese decidido: el Paraguay no debe pagar.

    Después de encarcelado Ruberti, la SACE siguió reclamándonos el pago en tribunales internacionales: primero en Suiza y ahora en los Estados Unidos.

    Ahora un juez norteamericano, sin tener ninguna jurisdicción, estudia el caso y puede condenarnos a pagarle a la SACE el monto de la estafa de Gramont, Nicoletti y Ruberti, más gastos judiciales. Por lo visto, no solo en el Poder Judicial paraguayo hay trampas.

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    Publicado por jotaefeb | 5 febrero, 2017, 3:00 pm
  7. Stiglitz y affaire Gramont

    En su libro El malestar en la globalización, dice Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía: “La globalización pareciera reemplazar la vieja dictadura de las élites nacionales por la nueva dictadura de las finanzas internacionales”. Aunque Stiglitz no se refiera al affaire Gramont, nos ayuda a comprender la influencia de los intereses financieros en el escenario internacional.

    La historia que nos atañe comenzó en tiempos de Stroessner, y sin que Stroessner lo supiera. Gustavo Gramont Berres, cónsul paraguayo en Suiza, consiguió dos créditos, por unos 85 millones de dólares, de un grupo de bancos europeos dirigidos por Francesco Nicoletti, directivo del Overland Trust Bank (OTB); OTB quebró y Nicoletti fue preso, pero no adelantemos. El primero, fue de unos 25 millones de dólares, se concedió para montar la empresa Rosi SA, que nunca funcionó. El propietario era Gramont, que recibió una comisión de 5 millones de dólares, algo muy sospechoso. Más sospechoso fue el presunto aval del Gobierno paraguayo; presunto porque el gobierno nunca lo dio. Esto lo sabían los banqueros, porque se lo dijo el Ministerio de Relaciones suizo: Gramont no tiene el aval de su gobierno. Sin embargo, los banqueros le dieron un crédito al amigo, de un monto mucho mayor para montar una segunda empresa, Lapacho; el beneficio fue mucho mayor, porque ni siquiera hubo un amago de construcción de la empresa, que ni siquiera tenía un terreno para construirse.

    Después de caído Stroessner, llegó a Asunción la factura oficial: Gramont no devolvió y deben pagar ustedes como avalistas. Asunción respondió: para aceptarse un crédito, se necesita la aprobación del Congreso, que no la dio; ni siquiera estábamos enterados de la operación del cónsul, buscado por la Justicia del Paraguay y de otros países por ese y otros delitos. Gramont fue juzgado, confesó su fraude al alimón con los banqueros, y fue condenado por eso.

    Eso no importó. La SACE, una empresa estatal italiana que asegura a las empresas italianas por los riesgos que corren en el extranjero, ha demandado al Paraguay en un tribunal norteamericano. El argumento de la SACE es: nosotros les pagamos a los banqueros el dinero que le prestaron a Gramont; devuélvannos ese dinero. Lo que no dice la SACE es que su ex director, Roberto Ruberti, fue preso y procesado por haberles pagado. Era evidente que se trataba de una operación ilícita, y eso lo sabían el director, Gramont y los banqueros capitaneados por Nicoletti. Hace mal la SACE al demandar al Paraguay en los Estados Unidos, y hace mal el tribunal norteamericano en aceptar la demanda porque, para comenzar, no tiene jurisdicción para aceptarla. Sin embargo, como dice Stiglitz, los intereses financieros tienen demasiado peso.

    Por Guido Rodríguez Alcalá

    http://www.ultimahora.com/stiglitz-y-affaire-gramont-n1027523.html

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    Publicado por Anónimo | 30 septiembre, 2016, 5:28 am
  8. Una berlusconada

    Italia demanda al Paraguay por una deuda inexistente: la urdida por ciertas empresas europeas con Gustavo Gramont Berres, condenado por la estafa. A la Cancillería paraguaya le parece que está bien; a mí me parece una berlusconada, una barrabasada digna del inefable Mario Berlusconi.

    La demanda se presentó en los Estados Unidos, que no tiene jurisdicción, pero no importa porque sirve como medida de presión. Era la práctica habitual del siglo XIX, en tiempos del colonialismo, repudiado por la Carta de las Naciones Unidas y que se pretende restablecer.

    Nuestro primer encuentro con la justicia internacional se dio en 1859, cuando desembarcó en Asunción el juez norteamericano James Bowlin, apoyado por una flota de guerra, original jurisprudencia. Un promotor de la invasión fue el ex cónsul norteamericano en el Paraguay Edward Hopkins, personaje curioso. Él había estado ante- riormente en Buenos Aires, donde se convirtió en admirador del gobernador Juan Manuel de Rosas, a quien consideraba una víctima del presidente Carlos Antonio López. Una estadía en el Paraguay le hizo cambiar de idea: no, la verdadera víctima no era Rosas, sino López, a quien se le ofreció para secuestrar a Rosas.

    Quitando el secuestro, López agradeció esa predisposición, creyendo que ese mozo de 23 años podía serle útil si se lo controlaba y se equivocó, porque era incontrolable. De todos modos, lo nombró cónsul, y le gustó el entusiasmo con que el yanqui tomaba su trabajo. Para atraer inversionistas, Hopkins dio el ejemplo poniendo una fábrica de ladri- llos y de cigarros en el Para- guay. Don Carlos lo ayudó prestándole 11.500 pesos, o sea, 11.500 dólares, las dos monedas valían lo mismo, (una suma considerable porque la catedral de Asunción, inaugurada en 1845, costó 50.000 pesos).

    Con el tiempo, el cónsul comenzó a comportarse como si él fuera el presidente y López, que no lo necesitaba como colega, lo expulsó del país. Furioso, el expulsado movió cielo y tierra en Washington, pidiendo el envío de una flota para que el bárbaro López le devolviera todo el dinero que le había hecho perder; le favoreció que, al mismo tiempo, el capitán Thomas Page también pidiera una invasión.

    Page estaba indignado porque a un barco norteameri- cano, el Water Witch, lo caño- neó la batería de Itapirú por navegar en aguas territoriales paraguayas sin permiso. Y así partieron los 23 barcos de guerra con destino al Paraguay.

    López no tenía muchas ganas de recibir al juez Bowlin, pero debió negociar con él. En las negociaciones, el presidente dijo que las máquinas traídas por Hopkins al Paraguay valían 12.000 pesos; que se las podía llevar de vuelta y quedarse con los 11.500 pesos prestados para cancelar la deuda. Bowlin replicó que a Hopkins se le debían 935.000 dólares (o pesos), una estimación piratesca; finalmente, se decidió someter el asunto a un tribunal arbitral norteamericano.

    El 13 de agosto de 1860, el tribunal de Washington deci- dió que a Hopkins no se le de- bía nada (véase Harris Gaylord Warren, Paraguay: Revoluciones y finanzas). La extorsión de Hopkins terminó en una desgracia con suerte para el Paraguay, que no podrá tenerla siempre en tribunales internacionales que desconocen su soberanía, con criterios colonialistas del siglo XIX.

    Por Guido Rodríguez Alcalá

    http://www.ultimahora.com/una-berlusconada-n1021245.html

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    Publicado por Anónimo | 6 septiembre, 2016, 7:52 am
  9. La U.S. NAVY y la Justicia

    Con todo derecho, el Paraguay sigue negándose a asumir las consecuencias del multimillonario fraude cometido entre 1986 y 1987 por el argentino-uruguayo Benjamín Levy Avzarradel, alias Gustavo Gramont Berres, devenido “embajador itinerante” del dictador Alfredo Stroessner. Mediante la falsificación de una nota del entonces ministro de Hacienda César Barrientos, obtuvo dos créditos del ya desaparecido banco suizo Overland Trust, supuestamente avalados por el Estado paraguayo, para montar en nuestro país otras tantas fábricas. Ellas nunca fueron construidas porque este personaje solo tenía en mente una monumental estafa, de la que ahora los paraguayos tendríamos que hacernos cargo si una jueza norteamericana admitiera una demanda por valor de 95 millones de dólares, promovida en 2015 por la aseguradora estatal italiana Societá Assicurazione al Commercio Estero (SACE), que había emitido las pólizas respaldatorias de los empréstitos.

    Como correspondía, los Gobiernos que se sucedieron tras la caída de la dictadura se negaron a reconocer esa deuda del todo ilegítima porque Gramont Berres, que fungía de cónsul honorario en Ginebra, carecía de los poderes que necesitaba para gestionar en nombre del Paraguay unos empréstitos que, además, y lo más importante, nunca fueron aprobados por el Congreso.

    Tras la caída de la dictadura, el delincuente de guante blanco fue condenado en nuestro país y luego extraditado a Suiza, en tanto que sus cómplices –altos ejecutivos de la SACE– fueron condenados por la Justicia italiana por delitos financieros. El Estado paraguayo no tuvo ninguna intervención en lo que, en verdad, representaba una estafa perpetrada, como lo reconoció en primera instancia un tribunal suizo al rechazar la demanda de los bancos europeos que compraron la deuda del Overland Trust Bank. Sin embargo, en 2005, insólitamente un Tribunal Federal condenó a nuestro país, pues, según este fallo, el defraudador habría tenido una representación “aparente”, como si el banco no debía haberse informado fidedignamente y tomado recaudos para asegurarse de la autenticidad del documento internacional presentado, y estar sabiendo que el Congreso debía aprobar el contrato de préstamo, tal como lo exigía –y lo exige– la Constitución Nacional.

    No se le ocurrió efectuar consultas con la sede diplomática de la Confederación Helvética en el Paraguay y, sospechosamente, se dio por satisfecho con un papel entregado por Gramont Berres para otorgarle tan enorme suma de dinero. Nadie puede alegar en favor suyo su propia torpeza.

    Es de toda evidencia que el Estado paraguayo no tiene por qué pagar los platos rotos, tal como lo declaró la Cámara de Senadores al rechazar con firmeza el fallo referido, y a la vez exhortar al Poder Ejecutivo a “no reconocer ni pagar” la inexistente deuda. En tal sentido, el Decreto Nº 6395/05 encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo entonces de Leila Rachid, que comunique al Gobierno de la Confederación Helvética la negativa paraguaya a cumplir con la sentencia y a promover el reclamo pertinente ante la Corte Internacional de las Naciones Unidas. Es de lamentar que este reclamo ante La Haya nunca fuera efectuado y que la omisión obligue ahora al procurador general de la República, Roberto Moreno, a litigar ante un juzgado de Estados Unidos. Como bien sostiene este funcionario, así como el Estado paraguayo nunca tuvo la menor actuación en la deuda contraída por el cónsul “honorario” de la dictadura, la Justicia de ese país “no tiene jurisdicción sobre el caso”, pues las partes y los hechos no tienen ninguna relación con él.

    De esta forma, la SACE pretende que la Justicia de un país ajeno a la cuestión obligue al nuestro a resarcirle la suma que tuvo que pagar por haber otorgado con ligereza o complicidad una póliza de seguro fundada, en última instancia, en una estafa colosal en su contra en la que el Estado paraguayo no intervino en modo alguno.

    No tenemos por qué pagar los platos rotos por un delito cometido no solo por Gramont Berres sino también por sus cómplices que manejaban la SACE.

    En toda esta sórdida cuestión, con la que los paraguayos nada tuvimos que ver, hubo varios actores que incurrieron en dolo o negligencia, incluidos los diez bancos internacionales que compraron del Overland Trust Bank los títulos de una deuda ilegal.

    Aparte de pedir explicaciones a los ministros de Relaciones Exteriores que desde 2005 han incumplido el encargo del Poder Ejecutivo de recurrir a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, cabe exhortar al actual Gobierno a que se mantenga en la brecha, sin temer que la resistencia afecte “la imagen del país”, tal como supuso hace cinco años el actual presidente del Consejo de Administración del IPS, Benigno López, entonces miembro del directorio del Banco Central, cuando sugirió la “revisión y solución” del escandaloso asunto.

    Confiamos en que la postura expresada por el procurador general de la República sea aceptada en un país cuya Justicia “es más grande que su escuadra”, como dijo Manuel Gondra al referirse al Laudo Hayes.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-us-navy-y-la-justicia-1514292.html

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    Publicado por Anónimo | 2 septiembre, 2016, 8:35 am
  10. NEGLIGENCIA DEL GOBIERNO EN EL CASO GRAMONT BERRES

    Con la excusa de que el asunto está “afectando la imagen del país”, Benigno López, miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), recomendó una sugestiva “revisión y solución” del caso Gustavo Gramont Berres, quien a fines de la década del 80 urdió una monumental estafa internacional en perjuicio del Estado paraguayo, obteniendo créditos con falsas garantías del Gobierno.

    Por este hecho, el denominado “embajador itinerante” de la dictadura stronista guardó largos años de reclusión en nuestro país, y luego fue extraditado a Suiza.

    Antes que nada, se impone lamentar que un alto funcionario del Estado pretenda sugerir siquiera que el Paraguay reconozca como propia una deuda absolutamente ilegítima, con argumentos tales como que “se pierden oportunidades”, y que “al inversor poco y nada le importa el porqué del no pago de una deuda considerada legal por una jurisdicción extraña”. Pues bien, al inversor puede no interesarle, pero al pueblo paraguayo sí le importa, y en considerable medida, puesto que es su dinero y su propia honorabilidad los que están en juego.

    El caso que nos ocupa revistió características típicamente fraudulentas desde un inicio, comenzando por su principal actor, Gustavo Gramont Berres, quien se presentaba ante la sociedad paraguaya de la época como un ciudadano uruguayo proveniente de una importante familia de aquel país vecino. Sin embargo, cuando la estafa que protagonizó se conoció públicamente, se pudo saber que falsificaba su identidad, tratándose en verdad del argentino Benjamín Levy Avzarradel.

    Este oscuro personaje, que en 1986 se desempeñaba como cónsul honorario en Ginebra, gestionó créditos ante el Overland Trust Bank, con el supuesto aval del Estado paraguayo, para instalar dos fábricas en nuestro país. Aunque el dinero fue desembolsado, las mentadas “inversiones” nunca se efectuaron. El empréstito era respaldado por una póliza de seguro extendida por la “Societá Assicurazione al Commercio Estero” (SACE), de Italia.

    Ahora bien, Gramont Berres no contaba con las plenipotencias (plenos poderes) que se requerían para actuar en representación del Paraguay en la gestión de los citados créditos, ni el Congreso aprobó nunca tales empréstitos. A fin de obtenerlos, este sujeto se limitó a presentar una carta con la firma falsificada del entonces ministro de Hacienda. En la consumación de la estafa, el “embajador itinerante” actuó siempre en connivencia con altos ejecutivos de la SACE, que con posterioridad fueron condenados por la justicia por delitos financieros.

    Todo esto quedó debidamente comprobado en el juicio penal seguido contra Gramont en los estrados helvéticos. La posición paraguaya fue incluso avalada en primera instancia por un tribunal en lo civil de Suiza, cuando el sindicato de bancos europeos que había adquirido la deuda del disuelto Overland Trust Bank demandó a nuestro país exigiendo el pago de los créditos.

    No obstante, el 31 de mayo de 2005, el Tribunal Federal de Suiza dictó sentencia condenatoria contra el Paraguay, alegando que Gramont Berres tenía una representación ¡“aparente”! El fallo exige el pago de 85 millones de dólares más intereses.

    Lamentablemente, el Gobierno de Suiza se ha prestado a legitimar este bochornoso juego en defensa de los intereses corporativos de su propia banca, sentando a un país soberano en el banquillo de los acusados de manera arbitraria e indebida. En respuesta a esa inicua sentencia, la Cámara de Senadores emitió el 23 de julio de 2005 una resolución mediante la cual expresó su “firme rechazo” al fallo y exhortó al Poder Ejecutivo a “no reconocer ni pagar” la suma en cuestión.

    Con dicho antecedente, mediante el Decreto número 6395 del 26 de agosto del mismo año, el Poder Ejecutivo encomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores “la comunicación oficial del presente decreto al Gobierno de la Confederación Helvética y la consecuente negativa al cumplimiento de las sentencias dictadas en la causa mencionada, así como la promoción del reclamo pertinente ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas”.

    Inexplicablemente, el gobierno anterior y el actual nada hicieron por promover la demanda contra la Confederación Helvética ante el tribunal de La Haya, lesionando por su lenidad y negligencia la defensa de los derechos irrenunciables de la República del Paraguay.

    Amén del despropósito que implica la desafortunada declaración de López, nadie logra tampoco explicarse el espeso y cómplice silencio del Ministerio de Relaciones Exteriores en esta muy sensible cuestión, que parece haberse desentendido del caso como si de uno de poca monta se tratara, cuando es la dignidad del pueblo paraguayo la que está en juego.

    La diplomacia paraguaya debiera actuar de manera más consustanciada con la misión que la Constitución Nacional le encomienda, cual es la defensa de los altos intereses de la patria. Por lo pronto, los paraguayos contamos con un argumento de peso que ventilar en La Haya: el Estado nunca tuvo actuación en la deuda contraída por Gramont Berres; por lo tanto, corresponde plantear un reclamo contra la Confederación Helvética por denegación de justicia, puesto que tanto el Tribunal de Apelación como el Federal dejaron las pruebas a un lado y solo se remitieron a la “apariencia” de la representación ejercida por aquel ciudadano argentino.

    Este es el principio innegociable que el gobierno de Fernando Lugo, su Cancillería y la Procuraduría General de la República deben hacer valer ante el mundo.

    30 de Mayo de 2011

    http://www.abc.com.py/nota/negligencia-del-gobierno-en-el-caso-gramont-berres-3872/

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    Publicado por jotaefeb | 20 septiembre, 2015, 9:53 am
  11. EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN GRAMONT

    Una vez más resurgió el famoso y triste caso del argentino-uruguayo Gramont Berres, cuyo nombre verdadero es Benjamín Levy Avzarradel. Al igual que el cuento del estadounidense F. Scott Fitzgerald (1922) –interpretada en la pantalla grande por Brad Pitt y Cate Blanchett (2008)–, el caso de Gramont rejuvenece con las décadas.

    No hay presidente de la República –desde el Gral. Andrés Rodríguez (1989-1993) a hoy– que se haya salvado de este dolor de cabeza. Todos los gobiernos de la transición democrática se negaron a pagar pero patearon para adelante el problema, que se puede traducir hoy en unos US$ 85 millones.

    Para quienes no están bien al tanto de esta situación, conviene recordar que Gramont o Levy Avzarradel vino al Paraguay en la década del 80 y tuvo la habilidad de acercarse y codearse con el dictador Stroessner. A tal punto que lo nombró “embajador itinerante” y cónsul honorario de Paraguay en Ginebra (Suiza). Con ese título casi nobiliario gestionó y obtuvo dos préstamos internacionales del Banco Overland Trust de Ginebra para ejecutar proyectos de inversión en Paraguay, que por cierto nunca se concretaron.

    Gramont falsificó burdamente documentos oficiales, que presentó como la garantía del Estado paraguayo. Llamativamente los bancos aceptaron como verdaderos los papeles y aprobaron los préstamos entre los años 1986 y 1987. La operación fue garantizada por la empresa estatal italiana SACE.

    Cayó Stroessner, el 2 y 3 de febrero de 1989, y desesperados los bancos quisieron que el nuevo Gobierno de Paraguay pague la primera cuota. Felizmente nuestro país se negó en múltiples ocasiones hasta que los bancos recurrieron a la justicia suiza para ejecutar los títulos de la deuda y obtuvieron una sentencia del máximo tribunal en julio de 2005.

    Vale la pena recordar a dos personas que públicamente fueron los primeros paraguayos en alzar su voz de protesta ante este fraude gigantesco: el entonces embajador compatriota en Italia, Pascual Scavone, y el reconocido diplomático y excanciller Luis María Ramírez Boettner.

    Ahora le toca al gobierno de Horacio Cartes decidir qué hacer. Tiene dos caminos: chutar para adelante o asumir con coraje una demanda en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya (Holanda) contra el Estado italiano para gritar en el seno de las Naciones Unidas la injusticia que están cometiendo contra un país pequeño y con poco peso internacional, pero con una rica historia y dignidad. Si así piensa el “Nuevo Rumbo”, al Mandatario no le debe temblar la mano para tomar esa decisión.

    Si el objetivo de Cartes es “arreglar la deuda” para recuperar el dinero con los intereses de las reservas internacionales –aunque se ponga en descubierto nuestras reservas internacionales–, entonces estamos perdidos.

    Por Pablo Guerrero

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/el-curioso-caso-de-benjamin-gramont-1407347.html

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    Publicado por jotaefeb | 20 septiembre, 2015, 9:51 am
  12. BUITRES CONTRA EL PARAGUAY

    La SACE, una empresa pública italiana, exige al Paraguay 85 millones de dólares, más intereses y gastos judiciales. La SACE asegura a las compañías privadas italianas que operan en el extranjero contra los daños emergentes de los desastres naturales, golpes de Estado, etc. Esto es aceptable; lo inaceptable es que las asegure contra las consecuencias de sus propios fraudes, que sería como asegurar contra incendios una casa para quemarla y cobrar el seguro. Cambiando lo que se debe cambiar, esto es lo que ha pasado en el affaire Gustavo Gramont.

    Un grupo de bancos concedió a Gustavo Gramont, en forma irregular, un crédito millonario. Como Gramont no lo devolvió, pidió compensación a la SACE. La SACE les pagó, también en forma irregular, y por eso fue preso el entonces director de la empresa, Roberto Roberti (por ese y por otros seguros ilegales). Ahora la SACE exige al Paraguay la devolución del dinero pagado ilegalmente por ella.

    ¿Por qué? Porque, supuestamente, Gramont actuó en representación y con la garantía del Paraguay. Falso. El Ministerio de Relaciones suizo les explicó a los bancos que Gramont no tenía facultades para representar al Paraguay en una operación de ese tipo, que, por otra parte, hubiera requerido la aprobación del Congreso. El Congreso no sabía nada, ni tampoco lo sabía Stroessner, ajeno al perjuicio causado al Estado paraguayo por Gramont y los bancos buitres. No, tampoco le podemos echar la culpa de todo a Stroessner.

    En los juicios del affaire Gramont, los buitres no pudieron explicar ni a quién, ni cuándo ni cómo habían entregado los millones reclamados por ellos. Además, reconocieron que no se habían informado ni sobre el capital, ni sobre los proyectos, ni sobre la solvencia de las empresas beneficiadas, dos empresas de Gramont. Una de ellas, Lapacho, recibió un préstamo de unos 27 millones de dólares para construir una fábrica, pero ni siquiera tenía el terreno para construirla; la otra empresa, Rosi, tenía algo más, pero no llegó a recibir los millones después reclamados por los buitres. De acuerdo con los estatutos, las dos empresas necesitaban la firma de dos directivos para endeudarse, pero bastó con la de Gramont, que resulta raro. Más raro es que Gramont hubiera recibido una comisión de seis millones de dólares, según se probó en un proceso criminal. Hasta los mismos buitres admitieron que hubo una defraudación contra el Estado paraguayo.

    Gramont es uno de los nombres falsos usados por el estafador internacional Benjamín Levy. Tanto Levy como el director de la SACE metido en la tramoya fueron presos. Sin embargo, se reclama el pago de la deuda como si fuera legítima. Quitando el afán de lucro, resulta incomprensible.

    Por Guido Rodríguez Alcalá

    http://www.ultimahora.com/buitres-contra-el-paraguay-n930883.html

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    Publicado por jotaefeb | 20 septiembre, 2015, 9:51 am

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