estás leyendo...
País

El Consejo de la Magistratura

 

Creo que ningún paraguayo es ajeno hoy a la catastrófica situación moral en que se encuentra el Poder Judicial de nuestra república, sumido en la más oscura sima (con “s”), en el más hondo pozo en el que jamás se haya encontrado desde que nos dimos nuestra feliz Independencia.

Tanta conciencia hay sobre el problema que incluso los políticos, que son algunos de los beneficiarios de tanta podredumbre, están ya preocupados y presentando proyectos de enmienda a nuestra Constitución para modificar el Consejo de la Magistratura que, en efecto, ha sido uno de los principales instrumentos de la actual degradación del sistema judicial.

Dice el Artículo 262 de nuestra Ley Fundamental que “el Consejo de la Magistratura está compuesto por: un miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por ésta; un representante del Poder Ejecutivo; un Senador y un Diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva; dos abogados de la matrícula, nombrados por sus pares en elección directa; un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional, elegido por sus pares, y un profesor de las facultades de Derecho con no menos de veinte años de funcionamiento, de las Universidades privadas, elegido por sus pares”.

El Artículo 263 de nuestra Carta Magna dispone que “los miembros del Consejo de la Magistratura deben reunir los siguientes requisitos: Ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta y cinco años, poseer título universitario de abogado, y, durante el término de diez años cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesión, o desempeñado funciones en la magistratura judicial, o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, separado o alternativamente”.

A mi modo de ver el problema de la nominación de los pésimos magistrados que ahora deshonran al sistema judicial paraguayo tiene que ver con la promoción de personas en base a recomendaciones y a pactos particulares entre los políticos, pero no solamente entre ellos.

Los magistrados se comportan igual y el caso que afecta a la nuera del senador Saguier lo demuestra claramente.

A la magistratura paraguaya no entran los mejores, entran los que tienen recomendaciones más eficaces y los resultados, horrendos, están a la vista y son evidentes por sí mismos.

El proceso de nominación de jueces, en todo el mundo democrático, como se han encargado de repetir hasta el hartazgo los políticos para justificar sus sucias componendas, es político. Y no puede ser sino político, porque debe ser un proceso democrático.

Pero debe ser un proceso político en el que los conflictos de interés deberían ser reducidos al mínimo posible o eliminados.

La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, ya participa en el proceso de selección de jueces como la instancia decisiva (Art. 264, Inc. 2). Su presencia en el Consejo no solamente es redundante y peligrosa (los ministros de la Corte Suprema quedan envueltos en las sórdidas transacciones de los políticos), sino que genera un conflicto de interés cuando el Consejo nomina a los integrantes de ella misma (Art. 264, Inc. 1).

Por tanto, tras veinte años de experiencia negativa, la Corte debería dejar de tener representación en el Consejo.

Los abogados son, por definición, litigantes ante los jueces. Un juez que le debe el cargo al abogado que influye en el gremio representado en el Consejo difícilmente podría ser imparcial en cualquier caso en que dicho abogado participe. Es un claro conflicto de intereses que perjudica a todos los abogados que no influyen en el gremio y, lo más importante, que perjudica irremediablemente al principio de imparcialidad.

Consecuentemente, después de veinte años de malos resultados, el gremio de los abogados no debería seguir teniendo representación en el Consejo.

Las universidades, por otra parte, son las que han dado títulos a las nulidades que hoy ostentan el certificado de abogados, y aún de doctores de la ley, y que deshonran al sistema judicial no solamente por los casos de corrupción que salen a luz diariamente, sino por la ignorancia supina que suelen demostrar no sólo en sus sentencias, sino incluso cuando hablan.

El pueblo paraguayo no tiene por qué confiar en tales universidades la nominación de los jueces. Por sus frutos los conoceréis decía Jesús de Nazareth (Mateo, 7:16) y el de las facultades de Derecho está casi todo podrido.

Luego, con veinte años continuos de fiasco, las universidades carecen de cualquier justificación para tener representación en el Consejo.

Los frutos de los políticos no son mejores, pero en las democracias deben respetarse algunos principios para que ellas sigan siendo democracias. Uno de ellos es que, en las democracias, la justicia emana del pueblo (Artículo 3 de nuestra Constitución).

Esto significa no solamente que se debe juzgar en nombre del pueblo, sino que el pueblo es el que debe decidir, directamente o través de sus representantes, quiénes juzgan.

Señalo esto porque, desde el punto de vista de la aplicación del principio de justicia popular, no solamente es correcta sino que es necesaria la participación de los delegados de las cámaras del Congreso en el Consejo de la Magistratura, pues ellas invisten claramente la representación del pueblo.

La ventaja decisiva está en que nosotros, el pueblo, podemos castigar a los miembros del Congreso y, en cambio, no podemos castigar a los ministros de la Corte, al gremio de los abogados ni a las universidades. Nosotros, el pueblo, controlamos al Congreso, pero no a la Corte, ni al gremio de los abogados, ni a las universidades.

Hay una subrepresentación del pueblo en el actual Consejo, debería haber más senadores y diputados en lugar de representantes corporativos del gremio de los abogados (actualmente dos representantes directos del gremio, más dos profesores universitarios, para no mencionar que todos los miembros del Consejo deben, innecesariamente, sin motivo alguno, ser abogados –Art. 263-).

Los abogados miembros del Congreso tampoco deberían ser miembros del Consejo (lo cual requiere una enmienda del Artículo 263 de nuestra Constitución) porque para ellos se aplica plenamente también el conflicto de interés que existe para el gremio de los abogados, más todavía si se considera que los abogados miembros del Congreso litigan (como Óscar Tuma y Fernando Silva Facetti).

Sin la presencia de representantes del pueblo, como pretende el diputado Cándido Aguilera, el Consejo de la Magistratura sería una especie de Cámara de los Fascios y las Corporaciones de Benito Mussolini.

Para los políticos que no lo saben, la Cámara de Fascios y Corporaciones era el poder legislativo italiano durante la dictadura fascista y estaba integrada por representantes de gremios y universidades y no por representantes del pueblo.

Es el pueblo el que debe tener la palabra en la nominación de los jueces y no las corporaciones. Y en esa dirección debería encaminarse la reforma del Consejo de la Magistratura.

Enrique Vargas Peña

http://www.lanacion.com.py/articulo.php?enrique-vargas-pena&edicion=3&sec=12&art=23982

Anuncios

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

3 comentarios en “El Consejo de la Magistratura

  1. Cuando los políticos meten la mano en todo
    24 enero, 2017

    Adrían Salas y Claudio Bacchetta fueron electos por los abogados como representantes en el Consejo de la Magistratura, en la elección del domingo pasado. Hubo una participación de poco más del 50%. Más que una elección de profesionales del foro, fue una demostración de fuerzas de los partidos políticos tradicionales. A eso eso se uma que los jefes de campaña eran jueces y fiscales de las distintas circunscripciones del país.
    El interés de magistrados y fiscales en hacer campaña a favor de los candidatos, radica en que quedarán en manos de los letrados cuestiones ligadas a sus respectivos cargos. En el caso de Salas, por ejemplo, es además miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), razón más que poderosa para apoyar su candidatura. Sobre todo, viniendo de jueces y fiscales de nefastas actuaciones, cuya cabeza depende del JEM y su continuidad en el cargo del Consejo.
    El abogado Óscar Kuchenmeister manifestó que los seleccionados no representan a los abogados, ya que los que los llevaron al cargo fueron campañas de políticos, magistrados y fiscales y no la conciencia independiente de sus colegas, que todos los días deben batallar en los pasillos de los tribunales.
    Era lamentable ver en las filas a jueces y fiscales esperando turno para votar y así asegurar algún blindaje, si ganaba su candidato. Es que la Corte Suprema de Justicia habilitó a todos los funcionarios públicos para el sufragio y con eso, según Kuchenmeister, solo se desnaturalizó aun más la elección de abogados.
    Dos instituciones de funciones tan importantes y sensibles como la del Consejo y el JEM, que deben velar por la correcta administración de la Justicia, en teoría extra poder, se han convertido en dos entidades políticas más, sumisas al poder político.
    Con qué independencia actuarán los electos si recibieron aportes de jueces y fiscales de manera alevosa para llegar al cargo. Actuaciones perversas de esta naturaleza pudren a todas a las instituciones creadas como contrapeso al poder político y dejan desamparada a la ciudadanía. Cuando los políticos meten la mano en todo, embarrando la función de instituciones independientes, corrompen todo y así se vulnera el estado de derecho.

    Me gusta

    Publicado por jotaefeb | 26 enero, 2017, 3:44 pm
  2. El partidismo prostituye el Consejo de la Magistratura

    El colectivo de abogados matriculados de nuestro país elegirá mañana a sus dos representantes en el Consejo de la Magistratura, órgano de origen constitucional cuyas funciones principales son elevar al Senado las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que los nombre con acuerdo del Poder Ejecutivo; y proponer a la máxima instancia judicial las ternas de candidatos para los cargos de camarista, juez y agente fiscal, debiendo considerar, en todos los casos, los méritos y las aptitudes de los postulantes.

    Mediante la conformación plural del Consejo, del que también forman parte un ministro de la Corte, un representante del Poder Ejecutivo, dos legisladores y dos profesores de Derecho elegidos por sus pares, la Constitución buscó favorecer la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, impidiendo que su integración dependa exclusivamente de los poderes políticos. Al mismo objetivo apuntó la exigencia de que el criterio de selección de los magistrados y de los agentes fiscales sea el de la idoneidad para los cargos respectivos.

    En la práctica, la atinada intención de los convencionales de 1992 resultó frustrada por la partidocracia dominante; es decir, por el mismo perverso sistema que quisieron contrarrestar. En efecto, la gestión del Consejo, a lo largo de estos años, muestra que fue incapaz de impedir que el carnet partidario o las recomendaciones sean decisivos a la hora de efectuar los nombramientos.

    El grave problema, el obstáculo inicial, radica en la designación de los consejeros. Podría afirmarse que es ingenuo pretender que los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo ignoren los factores político-partidarios en el ejercicio de algún cargo, siendo ellos mismos políticos, pero al menos cabía esperar que los abogados y los profesores de Derecho escojan a los suyos considerando solo su interés profesional de que la administración de justicia esté en manos de colegas honorables, capaces y diligentes. Se confió en que sus representantes responderían a la confianza depositada en ellos, ajustándose a la letra y al espíritu de la Constitución. Lo que ocurrió, en cambio, fue que la ANR y el PLRA metieron la mano en los comicios de estos gremios, con el fin de influir en los resultados, acabando por convertir el sistema judicial en un “mecanismo prebendario”, según confesó Enrique Riera, expresidente del degradado organismo.

    La influencia de la mafia partidocrática es tan fuerte que la ciudadanía puede tener la certeza de que los representantes de los abogados serán elegidos atendiendo su condición de miembros de un partido tradicional y hasta su adhesión a algún movimiento interno. De hecho, entonces, no habrá elecciones gremiales, sino una votación partidaria. Los candidatos que ganen serán quienes hayan obtenido un mejor respaldo partidario, y sus virtudes, si las tuviesen, serán totalmente ignoradas.

    Uno de ellos, Antonio Cuevas, ha llegado al extremo de propagar a través de una red social varios videos en los que conocidos dirigentes de su partido, empezando por quien lo preside, le dan su apoyo en mensajes obviamente dirigidos a los correligionarios “incondicionales”. Esto, desde luego, sin perjuicio de que hayan señalado la necesidad de contar con un Poder Judicial “libre, independiente y pluralista”, y de “terminar con las visitas a los políticos para pedirles la recomendación” que permita incorporarse a dicho Poder. Lo que parece un chiste de mal gusto no lo es para quienes están inmersos en una cultura política aberrante, que bastardea las instituciones en beneficio de ellos mismos.

    Como el funesto partidismo incide tan decisivamente en la integración del Consejo, es lógico que el vicio también se refleje en la composición de las ternas de candidatos que elabora, pese a las buenas intenciones de la Constitución. Cuando se afirma que el Poder Judicial debe ser “pluralista”, lo que se está diciendo, en realidad, es que debe haber un “cuoteo” en función de la filiación partidaria, algo que desde ya se refleja en la composición de la Corte, uno de cuyos ministros, Sindulfo Blanco, no ha sido destituido a través del juicio político por la simple razón de que es incierto que sea sustituido por un correligionario suyo. Quizá las elecciones comentadas sirvan para destrabar la situación, pero no servirán –infelizmente– para que la partidocracia deje de contaminar el Consejo y, a través de él, el mismo Poder Judicial.

    La prostitución política de este órgano muestra que ninguna Constitución, por excelente que sea, puede asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones, en especial si sus integrantes lo desvirtúan con su inmoral comportamiento. Ella no puede prohibir que los abogados voten con la anteojera partidaria, pero cabría esperar que actúen desprovistos de ella, respetando los dictados de su recta conciencia y atendiendo el bien de la Justicia. Pero muchos –posiblemente, la mayoría– votarán confiados en que su apoyo será luego retribuido, al menos con un lugar en alguna terna o con algún “carguito”.

    La terna más relevante es la conformada para designar a un ministro de la Corte, siempre respetando el “cuoteo”. Si la máxima instancia judicial responde a este criterio, también los tribunales de apelación, los juzgados y las fiscalías serán previsiblemente ocupados conforme a la corrupta regla, para reproducir así la repartija iniciada en el Consejo. La culpa de esto no es atribuible a la Constitución, sino a los políticos inescrupulosos.

    La inicua manipulación del Consejo, con el deplorable auxilio de los abogados sometidos a la partidocracia, viola el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por magistrados capaces, independientes e imparciales. No se dará a cada uno lo suyo, como regla de justicia, mientras la partidocracia siga metiendo sus sucias manos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, es decir, mientras incida en la designación de ministros de la Corte, camaristas, jueces y fiscales. La igualdad ante la ley y la igualdad para el acceso a la Justicia, que el Estado debe garantizar, continuarán siendo letra muerta.

    Tendrán que ser los jóvenes legistas, varones y mujeres, quienes cambien esta deplorable situación. Deben crear nuevas asociaciones, reunirse para debatir sobre sus problemas, forjar una nueva conciencia gremial y, finalmente, cobrar fuerza ética para participar en unos comicios, como estos, que contribuyan a realzar el prestigio de la profesión y a desalojar de las instituciones a sus colegas corrompidos por el partidismo.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/el-partidismo-prostituye-el-consejo-de-la-magistratura-1557878.html

    Me gusta

    Publicado por jotaefeb | 26 enero, 2017, 3:44 pm
  3. Que propones? como debiera integrarse el consejo de la magistratura?

    Me gusta

    Publicado por Anónimo | 21 julio, 2011, 12:25 pm

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

el clima ✓

Click for Asunción, Paraguay Forecast

ÑE’ÊNGA ✓

Péva ndejoráne, he’íje oka’úva mondahare.25/07/17

fotociclo ✓

El Cirque du Soleil presentará Amaluna, del 26 de julio al 13 de agosto en Asunción

VIÑETAS ✓

Nico

Melki

Caló

impresos ✓

abcCOLOR

ULTIMA HORA

LA NACIÓN

EXTRA

POPULAR

CRÓNICA

5dias.com.py

5días

A %d blogueros les gusta esto: