La Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, coordinada por el Ministerio de Justicia y Trabajo, presentó el proyecto y las propuestas del Plan Nacional de Derechos Humanos a ser implementados en nuestro país. La iniciativa cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas.
El evento se realizó esta mañana, viernes 23 de diciembre, a las 08:00 horas en el Hotel Granados Park con la presencia del presidente de la República, Fernando Lugo, el Ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco y el Viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Carlos María Aquino. En el acto participó además el Coordinador Residente de las Naciones Unidas a.i. Dr. Rubén Figueroa (representante de la Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud) y la Asesora de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Liliana Valiña.
El Plan de Acción en Derechos Humanos busca generar las condiciones de consenso entre el Estado y la sociedad civil a fin de realizar un diagnóstico sobre la situación de DD.HH. para elaborar un plan donde participen sectores estatales, sociales académicos, que identifiquen metas a corto, mediano y largo plazo y cuya implementación sea sostenible.
Un año extraordinario para los derechos humanos
Discurso del Dr. Rubén Figueroa, Coordinador Residente a.i. de las Naciones Unidas en el Paraguay en el acto de presentación del Plan de Derechos Humanos del gobierno paraguayo
La presentación del Plan Nacional de Derechos Humanos en el mes en que se celebra los Derechos Humanos a nivel internacional, y en el año en que se conmemora el bicentenario de la independencia del Paraguay, representa un valor de gran significancia para las Naciones Unidas, pues constituye un importante progreso para el mayor alcance en el País de las enunciaciones contempladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adquiere el Plan un mayor dimensión al ser el resultado de una elaboración colectiva.
También debe destacarse que por medio del Plan las metas trazadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, encuentran un mayor sustento de alcance, ya que la existencia del Plan identifica en forma específica los desafíos delineados para asegurar el cumplimiento de los mismos.
Este año ha sido calificado por el Secretario General de las Naciones Unidas como “un año extraordinario para los derechos humanos […] por los logros alcanzados […]. [Se] han echado a andar nuevas democracias, se han dado nuevos pasos para asegurar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, y existe una nueva conciencia de los derechos mismos que no hace sino aumentar”.
El Paraguay se suma a los logros obtenidos en materia de derechos humanos con el aporte de este documento que se presenta hoy y que surge como producto de la participación articulada entre las instituciones del Estado y la sociedad civil.
En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, “Los derechos humanos nos pertenecen a todos y cada uno de nosotros, sin excepción. Pero, a menos que los conozcamos, a menos que exijamos su respeto y que defendamos nuestro derecho —y el de los demás— a ejercerlos, no serán más que palabras en un documento redactado hace decenios”.
La existencia de una conciencia pública y el ejercicio de los derechos humanos por la sociedad paraguaya y el Estado es el desafío que contempla este documento de Plan Nacional de Derechos Humanos.
Este año Señor Presidente, se ha subrayado una y otra vez la importancia de los derechos humanos. En todo el mundo la población se ha movilizado para exigir justicia, dignidad, igualdad y participación; movilizaciones que muchas veces fueron violentas. Esta violencia no fue el caso en el Paraguay, pero sí es el caso poner de relieve en el plano internacional avances concretos de su Gobierno que hay que consolidarlos como Políticas de Estado. Mi experiencia concreta en éste sentido proviene del ámbito de la salud pública. En mi carácter de Representante de la OPS/OMS en el Paraguay, debo mencionar en primer lugar el tremendo salto cuantitativo y cualitativo que significan para el ejercicio del derecho a la salud, incluido en el Plan Nacional que hoy se presenta, la gratuidad de los servicios públicos y la instalación de más de 700 Unidades de Salud Familiar. Esto es acceso a servicios básicos, y acceso es la estrategia por excelencia para garantizar el derecho a la salud del pueblo paraguayo.
El segundo ejemplo concreto excede al ámbito sanitario, pero tiene que ver con los determinantes sociales y sus consecuencias sobre la salud de las personas. La lucha contra la pobreza es entonces un desafío para el Gabinete Social y estamos avanzando en la construcción de una propuesta integral e intersectorial que brinde iguales oportunidades a todas y todos en el Paraguay, particularmente en aquellos territorios sociales como el Chaco, donde es un imperativo ético mejorar la presencia del Estado como una manifestación de trabajo con abordaje de equidad.
Son miradas desde los derechos humanos, no desde la burocracia ni desde el discurso político de diagnósticos de situación.
Para las Naciones Unidas representa el compromiso de Paraguay por promover y defender los derechos de todas y todos, ante el cual continuaremos acompañando y brindando nuestra cooperación para el logro de las metas que sociedad y Estado acuerdan alcanzar.
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Discurso de Liliana Valiña, Asesora de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Paraguay
“Un nuevo proyecto de país abre oportunidades para transformar los desafíos en acciones y éstas en logros para el Paraguay”
Por Liliana VALIÑA
Asesora en Derechos Humanos de la ONU para Paraguay
A más de 10 años de haber entrado en el nuevo milenio, los desafíos para la humanidad siguen vigentes en numerosas áreas perpetuando los anhelos representados por la Declaración Universal de Derechos Humanos. El reto sigue ubicándose en el gran objetivo de pasar de la retórica a la acción y de la acción a los cambios en la vida de las personas. En la consecución de estos objetivos, la Declaración y Programa de Acción de Viena identificó, en el marco de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1993, las fortalezas de articular las políticas públicas de derechos humanos, desembocando en el compromiso de los Estados de elaborar planes de acción en la materia. En la búsqueda adicional de cambios significativos concretos, la Declaración del Milenio y sus objetivos de desarrollo complementan esos compromisos y condensan las aspiraciones de dar respuestas a varias de las más extremas exclusiones e indiferencias institucionalizadas.
En la mencionada Declaración de Viena, los estados reafirmaron claramente la interdependencia y universalidad de los derechos humanos, aun cuando es evidente que las prioridades no son las mismas en todos los segmentos de una población, ya que dependen del contexto y de la situación en la que ellos se encuentran, y que se requiere de respuestas diferenciadas para atender sus necesidades específicas. No obstante, como varias de esas comunidades permanecen invisibles o invisibilizadas, pues no aparecen en muchas estadísticas, no se miden sus realidades de manera particular o no son tomadas en cuenta en los diseños y toma de decisiones vinculadas a las políticas públicas esenciales, las respuestas de los Estados son con frecuencia insuficientes.
En este contexto, 2011 ha sido un año en el que se han desarrollado protestas y manifestaciones públicas en varios países de distintos continentes. En alusión a esto, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, manifestó, en su discurso para el 10 de Diciembre, Día de los Derechos Humanos, que “millones de personas de todos los sectores sociales se movilizaron para plantear sus propias demandas de dignidad humana”, “desempolvaron la promesa de la Declaración Universal de Derechos Humanos y exigieron «libertad para vivir sin temor y sin miseria», expresión resumida de todos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que contiene la Declaración. Recordaron a los gobiernos y a las instituciones internacionales que la atención de la salud, la educación y la vivienda, y el acceso a la justicia no son mercancías que se venden a unos pocos, sino derechos garantizados para todos en todas partes sin discriminación” destacó la señora Pillay, señalando que más allá de “la dinámica e incontenible ola de los medios de comunicación sociales”, “estamos viendo gente de verdad, luchando de verdad, transmitiendo en tiempo real, y por muchos motivos lo que vemos es estimulante. En resumen, para la Alta Comisionada, “en 2011, la defensa de los derechos humanos se extendió como un reguero de pólvora”.
La participación social, la igualdad y el combate a la discriminación, son parte de una estrategia que debe guiar la acción de los Estados. La consolidación de una cultura de derechos humanos, de prácticas democráticas, participativas y respetuosas de la dignidad y la diversidad, se da en procesos lentos y largos pero definitivamente representan las mejores estrategias.
Paraguay está trabajando arduamente para hacer frente a sus desafíos y ello explica el desarrollo de un proceso participativo para la elaboración de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos que apunta a transformar la realidad de discriminación en la de reivindicación de la dignidad y el respeto por la diversidad. El gran logro de este proceso ha sido la inclusión de sectores muy diversos de la sociedad, en Asunción pero también en otros departamentos del país, en un esfuerzo conjunto con el Gobierno y otros poderes del Estado en la búsqueda de establecer sus metas de protección y respeto de los derechos y libertades fundamentales, superando los obstáculos encontrados.
En este sentido, me gustaría destacar el papel fundamental que cumplen los y las defensoras de derechos humanos en el impulso de acciones, medidas y programas que buscan las transformaciones necesarias para garantizar el goce y la protección plena de los derechos humanos de todas las personas.
Es por ello que se requiere profundizar constantemente los espacios de actuación y de expresión de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas que defienden, promueven los derechos y libertades fundamentales, así como que denuncian las violaciones, exclusiones y situaciones de discriminación que viven personas, grupos y comunidades. Muchas veces los defensores de derechos humanos ayudan a hacer visibles las realidades de quienes no tienen voz ni espacios de poder en nuestras sociedades.
El proceso de elaboración de este significativo documento que se presenta hoy es una buena práctica en este sentido y representa un compromiso para la acción, que requerirá de mecanismos participativos de seguimiento, monitoreo y evaluación de su implementación.
Un plan de derechos humanos, desde la perspectiva de un plan de estado, representa un nuevo proyecto de país. Cada país identifica sus propios desafíos, prioridades y metas. Qué alentador es constatar que Paraguay decidió trabajar su plan de derechos humanos en coincidencia con el año de la celebración de su Bicentenario. Cada sociedad se mira y analiza, con un arraigo en sus raíces, su pasado y sus memorias, para proyectarse hacia adelante como una sociedad transformada en la que sus sueños y proyectos se materializan y dan espacio a la diversidad, la dignidad, la equidad y la igualdad de oportunidades.
Durante la reciente misión oficial a Paraguay, la Alta Comisionada Adjunta, Kyung Khua Kang, manifestó que el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos representaría “el compromiso del Estado y de la sociedad civil hacia un ejercicio efectivo de los derechos humanos, por lo que exhortó a todos los sectores a trabajar juntos hacia su concreción e implementación”.
Permítanme finalizar haciendo un reconocimiento al Gobierno de Paraguay, a la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, a los y las integrantes del Comité Coordinador para la elaboración del Plan, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil y las universidades, así como a todas las personas que aportaron sus contribuciones a este valioso proceso. Para las Naciones Unidas ha sido una satisfacción haber podido acompañar y ser testigo de acalorados debates y discusiones que desembocaron en acuerdos que muestran la madurez de la sociedad paraguaya para consolidar sus planteamientos y definir sus propias estrategias. Lo valioso de este ejercicio no radica sólo en sus resultados plasmados en un documento sino fundamentalmente en los consensos y la participación plural que su proceso permitió. Retomo las palabras de la Sra. Kang, invitando a todos los sectores a apropiarse de estos logros y a continuar trabajando para consolidar el compromiso de todos hacia un plan de derechos humanos y su pronta puesta en práctica. Asimismo, reafirmo nuestro profundo compromiso de continuar apoyando a Paraguay en este camino alentador de construcción y acción.
Me permito compartir mis deseos en este fin de año: por los derechos humanos, por el Paraguay, y por un nuevo año pleno de esperanzas transformadas en acciones y resultados en la vida cotidiana de las personas que habitan este maravilloso suelo.
Muchas gracias.
Liliana Valiña
Asesora en Derechos Humanos para Paraguay
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
El archivo del terror
Nunca está de más recordar las criminales torturas y muertes que sufrieron miles de compatriotas en los 35 años de una brutal dictadura que la memoria colectiva del pueblo no debiera olvidar nunca, por tratarse de un sistema represivo que a través del terrorismo de Estado acalló los ideales de muchas familias paraguayas.
Hace 20 años quedaron al descubierto los secretos del funcionamiento represivo instalado por el General Alfredo Stroessner. Dos jueces habían allanado una sede policial situada en Lambaré, en la que encontraron un vagón de documentos que testimoniaban la brutal violación de los derechos humanos a quienes osaron oponerse a la dictadura de entonces. El hallazgo fue bautizado como el “archivo del terror” por el contenido atroz de las documentaciones encontradas.
Olvidar este hecho constituye un peligro para todos los paraguayos de bien. La memoria colectiva del pueblo debe utilizarlo como combustible para seguir forjando los ideales de un país que sigue transitando el camino hacia una verdadera democracia, que permita a todos los paraguayos vivir sin las necesidades básicas que terminan arrebatando hasta la dignidad de las personas.
El archivo del terror contiene valiosos documentos, con las manchas amarillas propias del paso del tiempo. Fotografías impactantes, rostros de muchos desaparecidos, interrogatorios, prontuarios, declaraciones indagatorias, detenidos, informes sobre los opositores, controles a personas, entre otros documentos que certificaban la bárbara crueldad del gobierno de Stroessner.
Este acontecimiento – el hallazgo del archivo del terror – también fue útil para el inicio de una serie de acciones judiciales con la esperanza de encontrar justicia para tantos compatriotas que sufrieron en carne propia la crueldad de los crímenes de lesa humanidad propiciados y promovidos por el tiranosaurio.
El documento complementario a los encontrados en el archivo del terror fue el minucioso trabajo de investigación realizado por la Comisión Verdad y Justicia, que desgraciadamente no ha tenido la difusión que merece esa valiosa compilación de hechos de corrupción en la entrega de tierras a precios irrisorios, a personeros del régimen stronista que nunca fueron sujetos de la reforma agraria.
Hasta cuándo tenemos que esperar para que las 7.800.000 hectáreas de tierra mal habida, denunciada detalladamente por la Comisión Verdad y Justicia, sean recuperadas para que el Estado disponga de ellas en beneficio de quienes en verdad son acreedores de tener un pedazo de tierra propia para trabajarla y combatir la franciscana pobreza en la que viven.
Tanto el archivo del terror como el trabajo realizado por la Comisión Verdad y Justicia, deben ser documentos considerados como patrimonio nacional, en memoria de quienes dieron su vida por un Paraguay democrático.
http://www.diariovanguardia.com.py/component/content/article/98-editorial/39443-el-archivo-del-terror.html
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El importante rol de los institutos de Derechos Humanos en América
Jacques Maritain influyó de manera decisiva en la filosofía moral contemporánea al desarrollar el fundamento racional de los derechos humanos. Entre otros, el filósofo cristiano logró arraigar su tesis de que el “fundamento filosófico de los derechos del hombre es el derecho natural”, tal como proclamaron las Declaraciones americana y francesa del siglo XVIII.
El intento de restringir el financiamiento de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) por los países de la Alianza Bolivariana –ALBA– (Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua) no tuvo otro objetivo que debilitar su funcionamiento y estrangularlos. El sistema está integrado, principalmente, por dos órganos autónomos de la OEA: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión tiene como objetivo promover la observancia de los derechos humanos; y la Corte, como institución judicial autónoma, la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. A ellos hay que agregar el peso de las relatorías, en concreto la de libertad de expresión.
Los países del ALBA exigían que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se financie únicamente con el dinero de los Estados miembros, sin aportaciones de otros países o procedentes de fondos independientes. Pero es bien sabido que la OEA no tiene los fondos suficientes para el SIDH y que, al cortar los provenientes de Europa, hacían morir, silenciosamente, a todo el sistema. La intención apuntaba también contra la libertad de prensa, uno de los pilares esenciales de la democracia. Su antecedente más próximo puede verse en la determinación de la Comisión-CIDH, en febrero de 2012, cuando solicitó al Gobierno de Ecuador medidas cautelares para dejar sin efecto la ejecución de la condena a tres años de cárcel y el pago de 40 millones de dólares contra los directivos del periódico El Universo, por injuria al presidente Rafael Correa. La sentencia fue, evidentemente, la muestra de la sumisión de los tribunales de ese país al detentador del poder y una afrenta a la libertad de prensa.
Los Tratados y las Declaraciones sobre los Derechos Humanos serán puras afirmaciones líricas si no cuentan con el mecanismo que garantice su aplicación. Por eso, la creación de ambos órganos –la Comisión y la Corte– son una verdadera conquista, pues constituyen el reconocimiento de que los derechos naturales humanos son inalienables, porque se basan en la naturaleza misma del hombre, que como consecuencia nadie puede perder. Primero en Europa, al concluir la segunda guerra mundial, se crea el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y después en nuestro continente los dos órganos interamericanos. Ambos sistemas imponen una serie de obligaciones a los Estados que la ratifiquen, como ser el respeto de los derechos humanos allí reconocidos.
El meollo, lo fundamental del sistema, es que cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de derechos humanos por un Estado parte. Por primera vez en la historia se le faculta a la persona, a los individuos, la potestad de denunciar e impugnar la violación de sus derechos fundamentales ante órganos o tribunales internacionales.
Por estas razones, la posición del Paraguay –como la que se sostuvo recientemente en Washington– debe ser permanente y enérgica: la defensa de los Institutos de promoción y de protección de los Derechos Humanos. Lo contrario será un grave retroceso en la historia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Sería volver a una época de una sociedad primitiva y peligrosa.
Por Luis Enrique Chase Plate (*)
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Derechos humanos
Alcibiades González Delvalle
El próximo miércoles se recordará el Día de los Derechos Humanos establecido el 10 de diciembre de 1948. En esta fecha se dio a conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que nuestro país es signatario. O sea, asumió el compromiso de cumplir su mandato.
Existen otros documentos como el Pacto de San José, del 22 de noviembre de 1969; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del 2 de mayo de 1948 –precursora de la del 10 de diciembre del mismo año– que exigen a nuestro país atender los derechos humanos.
Son muchos los compromisos que el Paraguay debe honrar ante sí mismo y ante la comunidad internacional. Somos deudores habituales de una larga serie de pactos sobre los derechos humanos. Por razones de espacio, voy a mencionar sólo dos: la educación y los derechos políticos.
La Declaración Universal, en su artículo 26.1 expresa: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.
Nada más lejos de nuestra realidad este mandamiento. Ahora mismo hay como 200.000 paraguayos, de 5 a 18 años, que no asisten a ninguna institución educativa. La cifra es aterradora. Más de un cuarto del millón –por el momento– está condenado a vivir en la marginalidad. Sin estudios, nunca serán ciudadanos que ayuden al desarrollo del país. Al contrario, serán –muchos de ellos seguramente ya lo son– un estorbo, un palo en la rueda del progreso. Y para que la situación sea peor, tal vez muchos de esos ciudadanos vivan el drama fuera de su voluntad. Nadie es analfabeto porque quiere. Nadie vive en la miseria porque le causa placer. En la pobreza de los pueblos, como el nuestro, hay causas que no se quieren remediar porque hay quienes se benefician de ello. El colmo del egoísmo, la codicia, la inmoralidad, es enterrar a los más débiles para que sus despojos nos den de comer.
Y en este punto cabe la segunda cuestión: los derechos políticos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa en su artículo 20.3: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto y otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.
En nuestro país se cumple el rito de las urnas, pero el atropello a los derechos humanos se da en la falta de garantías para ejercer “la libertad del voto”. ¿Qué libertad tiene el ciudadano amarrado al dinero del político que compra su voto? ¿Vota con libertad el que vende su opinión? Sí, “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”. Pero esa voluntad no es tal cuando está sometida a la dictadura del dinero. Y ese dinero no solo es la expresión de un poder económico, tal vez ilimitado, tal vez delictivo como los narcos. Antes que nada es la perversión de un modelo político, la democracia, que podría ayudarnos a resolver nuestros problemas. Pero nada puede funcionar razonablemente bien con políticos –o empresarios que se meten o le meten en política– valiéndose, él y su entorno, de lo único que puede ayudarles a subir o mantenerse en el poder: el dinero. Y si este es malhabido, peor todavía.
Desde luego que el dinero en sí mismo no es una maldición. Al contrario. Bien utilizado es el motor de las grandes realizaciones, en todos los órdenes. Pero tenerlo para rodearse de zánganos y alimentar ambiciones desmedidas, entonces el dinero es una desgracia nacional. O sea, un grave atropello a los derechos humanos.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/derechos-humanos-1313539.html
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Retrocesos en Paraguay
Paulo López denuncia represión contra los comunicadores, concentración de medios, precarización laboral, persecución sindical y ataque contra la sustentabilidad de las radios comunitarias en Paraguay.
Por Paulo López * Desde Asunción
Desde la caída de Alfredo Stroessner (1989) y la asunción de Andrés Rodríguez, su colaborador, consuegro y militar colorado al igual que el dictador, no se han vivido niveles tan altos de represión contra los comunicadores como los registrados desde la toma de mando del también colorado Horacio Cartes en agosto de 2013.
Un capítulo del informe “Derechos Humanos en Paraguay 2014” de la Codehupy dedicado a la libertad de expresión y elaborado por Vicente Páez, del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), alerta que “el recrudecimiento de los crímenes y las amenazas contra los y las periodistas tuvo su pico en el 2014. Varios comunicadores y comunicadoras fueron acallados por las balas asesinas. La narcopolítica aparece con brutalidad. Torturas y agresiones de parte de agentes policiales se insertan en este cuadro. La precarización laboral, la agudización de la concentración de medios, la represión a las emisoras radiales comunitarias y el debilitamiento de medios públicos cierran el nefasto circuito”.
El caso más emblemático entre los crímenes contra periodistas fue el de Santiago Leguizamón, asesinado el 26 de abril de 1991 en Pedro Juan Caballero (departamento de Amambay) por sicarios al servicio del narcotráfico. El crimen salpicó al mismo presidente Rodríguez, quien mantenía vínculos con el capo mafioso Fahd Jamil, principal sospechoso de la autoría intelectual del asesinato. Jamil también mantuvo negocios con el presidente Cartes mediante la casa de cambios del actual mandatario, cuyo esquema de lavado de activos del narco es descrito por información oficial de la inteligencia norteamericana y que fuera filtrada por Wikileaks.
El pasado 16 de octubre de 2014 fue asesinado en Villa Ygatimi, departamento de Canindeyú, el periodista de ABC Color Pablo Medina y su asistente Antonia Almada. El entonces intendente de Ypehú, Vilmar “Neneco” Acosta (oficialista), fue señalado como responsable del asesinato presuntamente en represalia por las publicaciones periodísticas que lo comprometían con el narcotráfico. El político colorado es un aliado cercano del presidente Cartes y, según la declaración de un detenido, la propia policía facilitó su huida al Brasil.
Además de los dos asesinatos mencionados, este 2014 también fueron silenciados Fausto Alcaraz y Edgar Fernández en zonas rurales donde predominan las narcoestancias, establecimientos que realizan actividades agropecuarias para disfrazar el tráfico de drogas.
En el período del informe se registraron, además de la tolerancia estatal hacia el acallamiento de las voces vía el asesinato, acciones en las que el propio Estado fue protagonista directo de las violaciones del derecho humano a comunicar. Durante varias movilizaciones, periodistas fueron arrestados, agredidos por registrar la intervención policial contra manifestaciones públicas y sus materiales de trabajo secuestrados. También se denunciaron amenazas contra periodistas por razones ligadas a su trabajo y despidos injustificados en empresas privadas.
A esto se añade la ley 4179/11 que, entre otros puntos, inviabiliza el funcionamiento de las radios comunitarias reduciéndolas a una mínima potencia (pequeña cobertura hasta 50 watts y de mediana cobertura hasta 300 watts). La potencia permitida a las radios comerciales va de 1000 a 50.000 watts. La normativa también atenta contra la sustentabilidad de las emisoras comunitarias al establecer que no podrán efectuar “mención, publicidad o propaganda en ninguna de sus formas”. Además otorga amplias facultades al Ministerio Público y a la autoridad de aplicación de las telecomunicaciones para incautar los equipos, multar y procesar a los responsables de las radios comunitarias.
En este contexto, el 97 por ciento del espectro radioeléctrico es acaparado por empresas privadas frente a un 2 por ciento de radios comunitarias y uno por ciento de medios públicos, que tras el golpe de 2012 fueron vaciados de contenido y de los cuales ni siquiera han quedado los nombres. En una clara muestra de aversión a lo público, el gobierno de Cartes transformó el sitio Información Pública Paraguay y la TV Pública en Agencia de Información Paraguaya y Paraguay TV HD Digital, respectivamente.
Como respuesta al alarmante retroceso en materia de derechos humanos acaecido desde el golpe y la asunción de Cartes, ha emergido un frente en el que convergen organizaciones sociales y políticas que asumen que ante la clausura de las vías institucionales el único recurso que queda es la movilización. Así, las calles se han convertido en el escenario central donde las voces soterradas dicen su palabra. Mientras haya palabras, la llama seguirá encendida.
Periodista del diario digital E’a de Asunción.
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“Es mi informe”
Por Alcibiades González Delvalle
El 22 de diciembre de 1992 el país fue sacudido por un hallazgo inesperado: los archivos del Departamento de Investigaciones de la dictadura. Son documentos de gran valor para conocer –y horrorizarse– el sistema utilizado por el estronismo para silenciar a quienes pensaban distinto y luchaban por la libertad y la decencia.
Hace unos días se publicó la sexta edición de “Es mi informe – Los archivos secretos de la Policía de Stroessner”, de Alfredo Boccia Paz, Myrian Angélica González y Rosa Palau Aguilar. Es un libro que nos aproxima a la vida cotidiana en el Departamento de Investigaciones: golpes, muertes, desapariciones, registrados con riguroso sentido burocrático.
Gracias a ese archivo –bautizado como el Archivo del Terror– fue posible que algunos de los más pintados torturadores fuesen condenados, aunque nunca de manera suficiente conforme a sus graves delitos. Pero si no hubiera sido por ese milagroso hallazgo, no se habría podido probar con suficiencia –salvo el testimonio de las víctimas o de sus familiares– las violaciones a los derechos humanos de políticos, líderes sociales, obreros, artistas, intelectuales, sacerdotes, estudiantes, etc.
Desde que se encontraron esas pruebas de los procedimientos inhumanos de la dictadura revolotea la pregunta de por qué Investigaciones no las destruyó, tal como se hizo en otros países igualmente dictatoriales. Tiempo tuvo suficiente para prenderles fuego, mucho más de lo empleado para empaquetarlas y trasladarlas. Por suerte decidió esconderlas y allí están en el Palacio de Justicia para recordarnos los padecimientos de miles de compatriotas y sus sueños de un país mejor.
Esos documentos sirven también para desmentir a gritos la mentira reiterada de los estronistas, según la cual el dictador no se enteraba de lo que pasaba. Estaba perfectamente al tanto desde el momento en que recibía los informes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, tal como podemos apreciar algunos de ellos en el libro mencionado, cuya sexta edición nos habla del interés de la ciudadanía por nuestro pasado reciente.
En la certeza de que ningún comentario alcanzará a describir con precisión el contenido de los documentos guardados en el Archivo del Terror, a continuación transcribimos algunos de esos informes:
“Memorando del jefe de Investigaciones para Su Excelencia, el señor presidente de la República: Elevo a vuestra excelencia la información que hasta el momento nos proporcionó Jhony Usuria Sisten (guardaespalda de Goiburú)…
“3. Actualmente Goiburú reside en Paraná, pero suele venir todos los meses en el lugar llamado Espinillo, cerca de Posadas, donde tiene una plantación de pino (…), seguiré informando a Vuestra Excelencia. Asunción, 30 de diciembre de 1975. Pastor Coronel – Jefe del Departamento de Investigaciones”.
Otro informe para el presidente de la República: “Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de hacerle llegar el siguiente informe recibido de nuestro confidencial que milita dentro del grupo de Epifanio Méndez…”.
Y este otro que hoy nos parece estúpido pero en su tiempo tenía una importancia vital. Dice: “Asunción, 18 de mayo de 1973, Declaración No. 21 (…) ante mí, Pastor M. Coronel, jefe del III Dpto. de Investigaciones, comparece el detenido Cristóbal Giménez Ávalos, a objeto de prestar declaración indagatoria sobre un insistente pedido para la ejecución de la Polca 18 de octubre en el recinto de una parrillada céntrica”. Suponemos que la insistencia sería porque los músicos se negaron a complacerle a sabiendas de que podrían ir también presos y perder el trabajo en esa y las demás parrilladas.
Por estas y otras cosas los ciudadanos se iban presos, según el informe del 8 de setiembre de 1962, firmado por Alberto Planás, jefe del Dpto. de Investigaciones:
“Máximo Saúl Gómez (…), colorado de la línea epifanista – Lionel Enrique Lara: por haberse manifestado abiertamente en contra del gobierno nacional en audiciones radiales desde Resistencia – Carlos Villagra Marsal: por escribir un poema de carácter comunista (Nerudiano) dedicado al maleante muerto Juan José Rotela en cuyos versos atacó al gobierno nacional. Manifiesta ser liberal – Virgilio Oviedo: por faltar al respeto a una autoridad militar de la presidencia de la República”.
“Es mi informe” se trata, en resumen, de un libro que recoge en sus 450 páginas una pequeña parte de los atropellos del estronismo a la dignidad humana. A la vez, nos hace desear intensamente que esos tiempos nunca más vuelvan.
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¿Qué dirá el santo padre?
Por Guido Rodríguez Alcalá
El día 3 de febrero de 1989, en el local del Partido Colorado, se reunieron muchos colorados para festejar la caída de Alfredo Stroessner.
Entre los que en esa ocasión festejaban estaban varios de los que habían apoyado a la dictadura hasta el 2 de febrero de aquel año y cambiaron de postura oportunamente.
Atorrantes de ese tipo los hubo en todos los países y en todos los tiempos: siempre existieron falsos demócratas y falsas víctimas de la dictadura.
Eso no significa que no hayan existido verdaderos demócratas y verdaderas víctimas.
En las leyes internacionales aceptadas por todos los países civilizados se reconocen dos cosas: (1) que los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca, o sea, que pueden ser materia de acción penal en cualquier momento; (2) que las víctimas tienen derecho a la indemnización por el daño sufrido a causa de la violación de sus derechos humanos.
Nuestra Ley número 838 de 1996, en su artículo 1, concede el derecho a la indemnización a las personas que sufrieron violación de sus derechos humanos entre 1954 y 1989 en el Paraguay.
El artículo 2 del citado instrumento legal considera que son violaciones de los derechos humanos: la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura y la privación ilegítima de libertad. Una ley posterior, la 4381 de 2011, amplió el derecho a reclamar indemnización al afirmar que el derecho a peticionarla por parte de las víctimas es imprescriptible (artículo 1).
Sobre la base de estas leyes y de acuerdos internacionales, el Estado paraguayo ha indemnizado a víctimas de Stroessner. Sin embargo, ahora surgen quejas por parte de abogados encargados de la defensa de los derechos humanos y de personas que reclaman indemnización. Las quejas se refieren a la imposibilidad de obtener la debida reparación, por dos razones: (1) que Hacienda se niega a efectuar los pagos a personas a quienes se les ha reconocido el derecho a la indemnización; (2) que con resoluciones judiciales dudosas se deja sin efecto lo dispuesto por las leyes 838/96, 4381/11. Esta nueva postura del Estado paraguayo coincide con el nuevo rumbo adoptado por las autoridades a partir del nuevo gobierno, y está relacionada con la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, independientes en teoría, y en la práctica no tanto o demasiado independiente de acuerdo con la dinámica de las fuerzas políticas.
Yo concedo que en ciertos casos se ha pagado a falsas víctimas, un abuso que debe suprimirse y castigarse. Eso no significa negarles el derecho a la justicia a las víctimas reales, que la merecen, y que en muchos casos están en desventaja para reclamarla. La justicia debería ser pronta y barata, pero aquí no lo es por regla. Aunque no se la pueda mejorar en todo, se la debe mejorar en lo posible y en lo visible. Esta es una cuestión de principios y de conveniencia, porque se acerca la visita del papa Francisco, un decidido defensor de los derechos humanos. Atender los justificados pedidos de compensación será más inteligente que archivar los expedientes judiciales por orden superior. Pese a mi corta devoción, voy a rezar para que esto último no suceda.
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Las grandes ligas de la hipocresía
El gobierno de Cartes ha consumado lo que se temía hace meses. Ha dejado sin representante a nuestro país en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA al negarse a volver a postular a una compatriota que ocupaba el cargo desde 2012. El puesto era enormemente relevante y había sido alcanzado luego de difíciles negociaciones en las que uno de los argumentos paraguayos era el de estar tradicionalmente subrepresentado en instancias internacionales.
La candidata no era cualquier persona. Rosa María Ortiz, fundadora de Global Infancia, es experta en derechos de la niñez y la adolescencia y llegó a ser vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Su prestigio es tal que, hace pocas semanas, el Estado mexicano la eligió como ganadora del Premio por la Igualdad y No Discriminación en la categoría Internacional, por sus destacados aportes en defensa de los derechos de la infancia. Obviamente Paraguay pierde presencia en una instancia internacional en la que nunca estuvo antes y, esta vez, no fue por desidia burocrática.
Fue una decisión meditada e intencionada del Gobierno. Con esto le decimos al mundo que no nos interesa estar presentes en ese lugar. Numerosas voces de dentro y fuera del país venían reclamado desde hace meses que la Cancillería renueve el apoyo a la candidatura de Rosa María Ortiz. Entre ellas estaban las del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y la de organismos nacionales de derechos humanos. Si a nivel internacional la actitud del gobierno de Cartes causó extrañeza, internamente la sorpresa no fue tanta, pues el desinterés hacia ese tipo de temas parece ser una marca registrada por el nuevo rumbo.
Lo que resulta agraviante al sentido común son las explicaciones del Gobierno. Hace dos semanas el canciller Loizaga dijo ante el secretario general de la ONU que “la protección de los derechos humanos, desde la apertura democrática, es la piedra angular de la política exterior del Paraguay”. ¿Debemos suponer que como parte del empeño en mejorar la imagen internacional del país se haya resuelto no integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Insólitamente, se sostiene que el objetivo es “expandir” la presencia paraguaya en organismos multilaterales, para lo cual es preciso negar la postulación a una de las pocas compatriotas reconocidas internacionalmente. De acuerdo con esta lógica, la salida de Rosa María Ortiz nos permitiría hipotéticamente ingresar a los consejos de la Unesco y de otro organismo llamado Ecosoc.
Esta historia, tan difícil de creer, es reafirmada por el canciller Loizaga con el argumento de que “hoy el Paraguay está en una liga mayor”. Es decir, apunta hacia objetivos más ambiciosos que los simples derechos humanos. Hubiera sido menos mentiroso reconocer que a los stronistas los derechos humanos les producen urticaria. El bajísimo nivel de nuestra diplomacia obliga a colocar la frase en las grandes ligas de la hipocresía.
Por Alfredo Boccia
http://www.ultimahora.com/las-grandes-ligas-la-hipocresia-n880212.html
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