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Antes que exigir dinero, los intendentes tienen que rendir cuentas a Hacienda

Los intendentes reclaman al Ejecutivo mayor cantidad de dinero por los royalties de Itaipú, de acuerdo a lo que establece la ley vigente. Sin embargo, muchos de los que cierran rutas para hacerse escuchar no han cumplido con la exigencia de rendir minuciosa cuenta del destino dado a los fondos entregados anteriormente. Si no dicen en qué fueron empleados los recursos, la ciudadanía tiene todo el derecho de sospechar que no fueron utilizados para dar mayor bienestar a sus comunidades.

Los intendentes anuncian el cierre de rutas en diversos puntos de la República para exigir al Ministerio de Hacienda el desembolso de los fondos provenientes de los royalties de Itaipú que legalmente les corresponde. Están en su legítimo derecho. La Constitución garantiza el derecho a peticionar a las autoridades.

Lo que alegan es que teniendo derecho a recibir más dinero, conforme a la modificación de la ley vigente en la materia, no cuentan con la transferencia en sus respectivas cuentas.

Esa es la causa de la protesta, que no afecta directamente a los que deben remitirles la remesa de fondos, sino a la ciudadanía que no tiene nada que ver con el tema, gente indefensa que circula por las rutas del país y que recibe, de un modo injusto, el ramalazo del reclamo al Ejecutivo.

Si bien los titulares de los ejecutivos comunales están habilitados a manifestarse en defensa de sus intereses, ellos no tienen ningún derecho a no cumplir la exigencia de rendir detallada cuenta del destino que les dan a los fondos provenientes de los royalties.

Este es un problema de larga data. La cultura de la deshonestidad en la que los intendentes y las juntas municipales también están inmersos hace que los administradores del dinero público se hayan negado -no todos, pero un alto porcentaje- a enviar a Hacienda un informe acerca de cómo usaron el dinero y sus facturas legales.

No hace falta conocer muy profundamente los mecanismos con los que opera la irresponsabilidad de los que dirigen los destinos de los pueblos y ciudades. Los fondos tienen que ser usados exclusivamente en obras que redunden en beneficio de las comunidades, no para gastos corrientes (pago de sueldos del personal municipal, o dietas de concejales, por ejemplo). Como hacen lo indebido, no pueden presentar facturas legales.

Lo que Hacienda les pide es lo correcto: que cumplan con la rendición de cuentas y van a tener sus asignaciones.

La culpa por no recibir lo que es de ellos, entonces, no es de la institución pública que administra la plata del Estado sino de los mismos intendentes irresponsables que alegan que, en todo caso, es la Contraloría la que tiene que juzgar sus estados contables, no Hacienda. Es tan solo un excusa más para no cumplir con su obligación.

Ante esta realidad, la protesta de los intendentes carece del amparo moral que debe acompañar a toda petición para lograr el fin que se propone. Es inadmisible solicitar a un ministerio que se ubique dentro de la legalidad si los solicitantes son los primeros que transgreden las normas.

Antes que cerrar rutas e impedir el paso de las personas, ocasionándoles perjuicios, lo que los intendentes tienen que hacer es sanear sus administraciones y adecuarse a lo que Hacienda les pide.

Tienen que darse cuenta de que la ciudadanía no es tonta: hay sobradas causas para sospechar que si no rinden cuentas es porque usaron el dinero en fines que no atañen a las comunidades y, por lo tanto, no pueden presentar los documentos que se les piden. Sencilla es la explicación.

http://www.ultimahora.com/notas/441279–Antes-que-exigir-dinero,-los-intendentes-tienen-que-rendir-cuentas-a-Hacienda

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Comentarios

6 comentarios en “Antes que exigir dinero, los intendentes tienen que rendir cuentas a Hacienda

  1. El negocio de las rutas

    El Paraguay registra unas 1.200 muertes al año por percances en el tránsito. Si los familiares de estas víctimas accionaran, es seguro que todo llamado para cargos de ministro de Obras Públicas y de Intendente Municipal se declare desierto.

    El vyrorei está posicionado en este bendito país, corazón de América del sur, de poca infraestructura en obras públicas y escaso mantenimiento. Esta dejadez, específicamente en las rutas, las convierte en trincheras donde van a terminar inocentes desprevenidos.

    Un 70 por ciento de las avenidas o caminos con pavimentos en el Paraguay presentan discapacidades mayores a las de sordo- mudo, porque fueron abandonados una vez concebidos sin siquiera otorgarles la posibilidad de ser atendidos por terceros.

    Se cobran peajes y tasas de mantenimiento. El MOPC, como las municipalidades, no descuidan este hecho, pero al momento de la inversión caen en un cuadro de surmenage que imposibilita toda reposición de carteles de señalización o trabajos de bacheo.

    La zona del Alto Paraná es definitivamente un mundo aparte del territorio paraguayo. Unos empresarios, más con visión comercial que sensiblería, tomaron la posta desatendida por el MOPC e invirtieron para mejorar, operar y mantener la Ruta VII “Dr. Gaspar Rodríguez de Francia” a cambio de la percepción de un peaje.

    Como el negocio es contar con la mayor cantidad de usuarios, es decir conductores que circulan en sus vehículos por el tramo concesionado, implementaron una campaña de información sobre reglas y procedimientos para una buena conducción.

    Cada chofer, al pagar su peaje, recibe un folleto didáctico, con fotografías en colores y recomendaciones técnicas básicas, que buscan alertarlos sobre la necesidad de asumir una actitud preventiva que vaya acompañada de la cortesía y los códigos mínimos del buen manejo para disminuir los accidentes en la ruta.

    Al ministro de Obras Públicas o a los intendentes en nada les interesa este tipo de emprendimientos. Ellos están contentos con salir en sociales y cobrar mensualmente su paga. Su negocio no es cuidar las avenidas y rutas, por que a lo sumo estarán en el cargo por cinco años o hasta que le envíen un mensaje de texto.

    Eliseo Martín Álvarez

    Publicado por jotaefeb | 10/12/2011, 7:42 AM
  2. NO AL FONDES

    El presidente Lugo, la ministra de salud y el ministro de hacienda pretenden que los royalties que recibirá el estado paraguayo 240.000.000 USS y no el gobierno de Lugo sean desviados hacia la creación de un fondo el FONDES, para evitar el control y ser manejado por decreto SOLO DEL EJECUTIVO.

    Los royalties representan ingresos genuinos como los impuestos que pagamos todos y deben integrar el Presupuesto General de la Nación.

    El citado fondo pretende entre otros objetivos construir 17 regiones sanitarias nuevas?????????, y LAS EXISTENTES, ¿QUE PASA EN ELLAS?.

    Sin embargo este fondo no contempla que el MSP y BS posee más de 1.000 establecimientos de salud prácticamente abandonados a su suerte como el de CDE, sin médicos, enfermera y otros en cantidad suficiente para lograr su funcionamiento aceptable.

    Mientras tanto estas regiones sanitarias y centros de salud, a pesar del nuevo gobierno, continúan con las improvisación y subsistiendo mediante donaciones pues el ministro de hacienda dice que NO HAY PLATA, la excusa perfecta para continuar postergando la atención de los enfermos

    Entonces por qué no aprovechar estos royalties y fortalecer las instituciones de salud para que funcionen adecuadamente de acuerdo a las necesidades de la población enferma. O ESTAMOS CONDENADOS A VIVIR EN LA INDIGENCIA????????

    Las farmacias continúan desabastecidas, con falta de equipos biomédicos, falta de camas para internaciones y cirugías.

    Esta situación se debe no a la falta de infraestructura sino a la falta de RRHH y ello a su vez se debe a la falta de presupuesto. ESA ES LA EXCUSA MAS COMUN

    La brecha existente de falta de RRRR: médicos, enfermeras, odontólogos, químicos en los hospitales AUMENTARA con los años debido a la política equivocada de incentivos al profesional para que trabaje solo en atención primaria del salud y no en los hospitales como especialistas.

    EL bajo salario que se paga al que queda en los hospitales CONTRIBUIRÁ A LA MIGRACIÓN DE MÉDICOS FUERA DE LOS HOSPITALES y ESTO SE INCREMENTARA en el 2012, por el anteproyecto de presupuesto enviado que no contempla aumentos o incentivos al funcionario que trabaja en los hospitales.

    Unos 28.000 funcionarios, olvidados nuevamente en el presupuesto del año que viene.

    La fatal de presupuesto año tras año desemboca en

    — Incumplimiento de los pisos salariales (hospitales)
    — Retraso en pago de salarios
    — Falta de pago de insalubridad
    — Falta de pago de seguro medico
    — Falta de pago de bonificación por guardia
    — Falta de categorizaciones al personal egresado en carreras universitarias.

    NO se puede pretender fortalecer la salud pública, supuestamente para mejorar la atención de los enfermos y olvidarse de sus RRHH que SE ENCUENTRAN PROFUNDAMENTE DESMOTIVADOS.
    Primero arreglemos la casa poniendo las cosas al día, salarios, contratos, insumos, medicamentos, etc., luego pensar en avanzar todos juntos.
    AHORA NO HAY EXCUSA DE FALTA DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO. ESTA A LA VISTA QUE ES FALTA DE VOLUNTAD POLITICA Y SOBRE TODO PATRIOTISMOS DE NUESTRAS AUTORIDADES
    LOS ROYALTIES DEBEN INGRESAR AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Y DISTRIBUIRSE EN LOS MINISTERIOS.
    Dr. PIMIENTA

    Publicado por jotaefeb | 07/07/2011, 8:48 AM
  3. Cierre de rutas, delito y derechos

    Por Susana Oviedo

    En los 22 años de vida democrática del país hubo significativos avances en materia de derechos humanos. Así lo demuestran los estudios que anualmente evalúan este aspecto fundamental.

    Sin embargo, dos décadas evidentemente no son suficientes para que el respeto a los derechos sea una actitud connatural, incorporada a nuestro modus vivendi.

    Un ejemplo concreto es la ilegal, impopular y prepotente manera de reclamar, defender una reivindicación o manifestar rechazo o adhesión bloqueando calles, rutas o puentes.

    Cuando se trata de un grupo de trabajadores, campesinos sin tierra, mesiteros de Ciudad del Este, ciudadanos contra la suba del pasaje, etc., en un 99,9 % la acción -que es un delito- es reprimida por la Policía Nacional, si los participantes se rehusan a desistir de la medida que configura la transgresión de un principio constitucional: la libre circulación.

    La ley no se negocia; se acata; si no, solo queda pagar las consecuencias.

    Sin embargo, en más de una ocasión se ha debido recurrir a un fiscal o a un comisario para preservar este derecho, persuadiendo a los manifestantes de no pisotear una norma y violar derechos de terceros.

    Cuando las propias autoridades convocan a cometer este delito, otra es la actitud de las instituciones que deben velar por que no se vulnere la ley ni se atropellen los derechos de los demás.

    Es lo que sucedió el lunes con la jornada de protesta convocada por los intendentes de todo el país y los gobernadores en reclamo de fondos que forman parte de los royalties que recibe el Gobierno de Itaipú y Yacyretá.

    Las autoridades departamentales y municipales cerraron rutas principales y puentes para ejercer presión sobre el Poder Ejecutivo.

    Crearon un caos en distintos puntos de la república utilizando, para colmo, recursos humanos y materiales de las instituciones que representan.

    Actitudes como estas no generan la adhesión ciudadana. Por el contrario, provocan reacciones de repudio y terminan opacando la causa de la movilización. Ratifican la triste constatación de que en el país no se sabe dialogar para buscar un acuerdo y que existe un peligroso desapego de las leyes. En esta ocasión propiciado por quienes deben dar el sano ejemplo.

    Es muy grave que las propias autoridades cierren rutas y se sitúen por encima de la ley. Que alienten la equivocada y muy enraizada idea de que en el Paraguay las reivindicaciones se alcanzan y los derechos cobran vigencia solo recurriendo a medidas de fuerza extremas o ilegales, como el impedir el paso a otros compatriotas, bloqueando una ruta y coartando el derecho de otros. Un acto de prepotencia, provenga de campesinos desarraigados o del más renombrado gobernador.

    ¿Con qué autoridad moral los intendentes y gobernadores pueden exigir respeto a las reglas o reclamar la aplicación irrestricta de estas, después de lo que hicieron el lunes?

    Y a propósito, estas autoridades, como tales también tienen que ser modelos en su gestión cumpliendo con obligaciones elementales, como el presentar la rendición de cuenta sobre el uso que dan a los fondos provenientes de los royalties, antes de reclamar una siguiente transferencia. En esto también fallan varios de ellos, según el contralor general de la República.

    Si no son capaces de hacer correctamente algo tan básico como esto, es poco alentador lo que se puede esperar de los intendentes y gobernadores en términos de eficiencia y transparencia.

    Siguiendo la vía de la presión, y no del diálogo y la propuesta, los intendentes y gobernadores advirtieron que prevén adoptar medidas más fuertes aún la semana entrante. Si esta vez obstruyeron el libre tránsito, roguemos porque un soplo de racionalidad les persuada de pisotear un derecho para reclamar otro.

    http://www.ultimahora.com/notas/441892-Cierre-de-rutas,–delito-y-derechos

    Publicado por jotaefeb | 04/07/2011, 7:36 AM
  4. “OH TEMPORA, OH MORES”
    Así gritaba el romano Cicerón.
    Al leer UH de 27 de junio, página 7, el artículo titulado “Munícipes bloquean rutas y puentes por más royalties”, quedé profundamente indignado y decidí escribir mi opinión.
    El texto que más me impresionó=enojó, fue en principio del artículo mencionado, cito:
    “Con excepción de Amambay, la mayoría de los departamentos de la Región Oriental ejercerán hoy 27-VI-11 a través de sus intendentes y gobernadores una presión contra la determinación de Hacienda de no liberarles los montos correspondientes a royalties, según las autoridades denunciantes”.

    “19 intendentes municipales de San Pedro bloquearán hoy 27 de junio de 2011 la Ruta III Gral Elizardo Aquino, a la altura de cruce Guairá, en San Estanislao para exigir al Presidente Fernando Lugo la firma del decreto que les posibilitara a los municipios recibir el monto establecido por la ley por royalties y compensaciones” (fin de citado).
    La Constitución Nacional, artículo 41, dice entre otros, que “los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional…,” todo cierre de rutas o caminos es inconstitucional, porque impide el libre ejercicio de tránsito de las personas: perjudica la vida, la educación, la salud, la economía, en una palabra, perjudica al Paraguay y a todos sus habitantes.
    Los intendentes, gobernadores y todas las autoridades – incluso a Presidente de la Nación juraron (20-VI-2011) cumplir la ley y hacerla cumplir; y si no lo hicieren que Dios y la Patria se los demande.
    Tal vez los reclamos de los intendentes y gobernadores son justas, pero eligieron modos injustos de reclamarlos.
    Juraron cumplir las leyes y ahora ellos mismos los pisotean. Comenten perjurio y nadie les demanda. Aquí se viola la Constitución.
    ¿Dónde está el Fiscal General de la Nación? ¿Dónde está el Defensor del Pueblo?.
    ¿Hasta cuándo se permitirá tanta barbarie, injusticia que perjudica a todos que atrasa el desarrollo del país?
    Ya el cierre de rutas y caminos se hace costumbre, y nadie grita, nadie protesta. Entonces vamos a la anarquía, ingobernabilidad, vamos al fracaso. Si las mismas autoridades que prometieron cumplir las leyes, las violan, ¿dónde va el Paraguay?.
    Que el Bicentenario sea el renacimiento del respeto a la ley y el principio de su recuperación moral.
    Antonio Braczek
    CINº 980.891

    Publicado por jotaefeb | 04/07/2011, 7:35 AM
  5. Hacienda aclara sobre transferencias a gobiernos sub nacionales

    Intendentes y Gobernadores reclaman entrega de más dinero al Estado

    Desde el 2003 hasta junio de este año, las transferencias financieras a gobernaciones y municipalidades por parte del Tesoro Nacional sumaron el equivalente a 1.012 millones de dólares, mientras que en lo que va del 2011 se ha transferido un total de 439.198 millones de guaraníes equivalentes a unos 103 millones de dólares y aún queda por ser ejecutados un total de 605.268 millones de guaraníes, unos 141,8 millones de la moneda americana. Entre el 2003 y el 2010 las transferencias de recursos desde Hacienda a las 17 gobernaciones y 238 municipios se quintuplicaron, pasando de 37 millones a 193 millones de dólares, lo cual representa un aumento de 515 veces.

    A través de un informe remitido a la Dirección General de Información Presidencial, el Ministerio de Haciendo aclara respecto a los desembolsos realizados a las gobernaciones y municipios en el presente año, así como un detalle de lo ejecutado desde el año 2003.

    Explica que a favor de los gobiernos departamentales se han transferido un total de 272.323 millones de guaraníes, 64 millones en dólares, el cual representa un 57% de ejecución del Plan Financiero vigente, quedando pendiente de ejecución alrededor de 207.423 millones de nuestra moneda, lo que equivale a 48,6 millones de dólares.

    Las municipalidades han recibido recursos por un total de 166.875 millones de guaraníes, en dólares suman 39 millones, lo que equivale a un nivel de ejecución presupuestario del 30%, quedando aún por ser ejecutado 397.846 millones de guaraníes, 93,2 millones en dólares.

    La Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF) del Ministerio de Hacienda aclara nuevamente que la secretaría de Estado no retiene recursos que pertenecen a municipios y gobernaciones, y las transferencias se realizan ajustándose estrictamente a las normativas que regulan la administración financiera de los recursos del Estado. Tal es así, que desde el año 2008 hasta la fecha ha transferido un total de 634 millones de dólares.

    Dentro del proceso de apoyo al fortalecimiento de la gestión de los gobiernos municipales, por primera vez en la historia del Paraguay desde mayo de 2011 se está procediendo a implementar el proceso de automatización de las transferencias de royalties y compensaciones a gobiernos municipales. Esto significa una mayor rapidez, eficiencia, transparencia y entrega en tiempo y forma de los citados recursos.

    El rol del Ministerio de Hacienda es concretar las transferencias de recursos financieros en tiempo y forma, pero no controlar su utilización ya que esto es función de los legislativos departamentales (Juntas Departamentales) y municipales (Juntas Municipales), como así también de la Contraloría General de la República, institución que no depende del Poder Ejecutivo.

    Capacitación y asistencia técnica

    A fin de contribuir al fortalecimiento institucional de las 238 municipalidades del país, desde el 2010 el Ministerio de Hacienda viene ofreciendo un programa de capacitación y asistencia técnica, a través del PROCADEM, sin costo para las municipalidades y con cargo del presupuesto público, sobre contabilidad, administración de bienes patrimoniales, política presupuestaria, desarrollo económico territorial, descentralización y otros temas similares.

    También se habilitó un “Centro de Atención a Gobernaciones y Municipalidades”. Mayores informaciones sobre estos servicios se pueden obtener recurriendo a la Unidad de Departamentos y Municipios (UDM) ubicada en la calle Presidente Franco 173 y Ntra. Sra. de la Asunción, edificio Ybaga, 4º piso o al Teléfono 492 996 o bien a la siguiente dirección de correo electrónico descentralización@hacienda.gov.py

    SICOM/DGIP

    Publicado por jotaefeb | 27/06/2011, 8:31 AM
  6. LOS ROYALTIES

    Gobernadores e intendentes del interior del país anuncian que hoy cerrarán las rutas de sus respectivas zonas, otros declararán asueto y algunos más radicales dicen que cerraran el Puente de la Amistad que une Paraguay con Brasil.

    Tal medida será en protesta porque el gobierno de Fernando Lugo está retrasando la entrega de unos 60 millones de dólares que por ley corresponde a las gobernaciones y municipios. Ese dinero es parte del denominado royalties, que no es otra cosa que lo que el país recibe de las dos centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá.

    Si la protesta alcanza la envergadura que sus organizadores están anunciando, de hecho va a ocasionar serios problemas, especialmente de tránsito y la ciudadanía pagará las consecuencias.

    Los departamentos que se están revelando son Alto Paraná, Itapúa, Caazapá y Paraguarí. Al menos son los que encabezan la organización, pero detrás están todos los departamentos y los más de 200 municipios del país.

    Si los altoparanaenses cumplen la amenaza de cerrar el puente con Brasil, uno se pregunta si no será que estén echando sobre sus pies su propio machete, porque bien sabido es que el floreciente comercio de Ciudad del Este no funciona si no llegan los compristas brasileños. Al mismo tiempo habrá que medir la legalidad de la manifestación de cierre de rutas, porque a primera vista es una infracción que las autoridades saben muy bien. Que no sea el caso que gobernadores e intendentes quieran aplicar la ley solamente contra los campesinos o contra organizaciones sociales que se manifiestan en contra de esas mismas autoridades, pero que esa misma ley desconocen cuando ellos consideran que tienen también derecho de manifestarse.

    Pero en este tema de royalties llama mucho la atención un informe dado a conocer por el Ministerio de Hacienda, que sin desconocer la deuda actual, refiere que desde el año 2003 ya se han transferido 1.000 millones de dólares a las gobernaciones y municipios de todo el Paraguay en concepto de royalties

    !Por Dios! La suma de 1.000 millones de dólares para un país como el nuestro, es mucho, es muchísima plata, un dinero colosal. ¿Y qué se ha hecho de esa impresionante cantidad que al cambio actual representan 4 mil billones de guaraníes?

    Si uno tuviera que calificar a simple vista el uso del dinero que hacen los políticos del interior, prácticamente no existe nada. Las grandes ciudades y capitales departamentales no han mejorado en nada y las obras públicas siempre vuelven a hacer el gobierno de Asunción. ¿En dónde fueron entonces los 1.000 millones de dólares? Al bolsillo de los partidarios del mandamás de turno. Esta es la respuesta más certera que ofrecen mucha gente a quien tuve la oportunidad de preguntar, justamente, sobre el destino de la asistencia gubernamental.

    Ni los gobernadores ni los intendentes quieren reconocer, ni querrán reconocer, que por años mal utilizaron el “regalo” de la plata de Itaipú y Yacyretá. La realidad es que son malos administradores y como se dice habitualmente, ese colosal dinero se fue todo “política ro´ope”.

    Si la Contraloría, o el propio Congreso que hizo la ley se preocupara por investigar el destino que se dan a ese dinero, de hecho van a encontrar muchas “sorpresas de corrupción”, pero no lo harán porque con el sistema de asistencia con plata dulce, muchos diputados y senadores se han asegurado su banca en el Parlamento.

    Abogado Claudio Baranda

    Publicado por jotaefeb | 27/06/2011, 5:34 AM

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